Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2024-01480-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2024-01480-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 25000-23-41-000-2024-01480-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
26 de marzo de 2026
Demandante: Mildred Tatiana Ramos Sánchez
Demandado: Néstor Augusto Pongutá Puerto
Rad.: 25000-23-41-000-2024-01480-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de marzo dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicado: 25000-23-41-000-2024-01480-01
Demandante: MILDRED TATIANA RAMOS SÁNCHEZ
Demandado: NÉSTOR AUGUSTO PONGUTÁ PUERTO - CONSEJERO
DE RELACIONES EXTERIORES ADSCRITO A LA
MISIÓN PERMANENTE DE COLOMBIA ANTE LA
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO), CON SEDE
EN ROMA, REPÚBLICA ITALIANA
Temas: Nombramiento en provisionalidad en empleos de Carrera
Diplomática y Consular. Alternación y Disponibilidad.
Requisitos para ocupar el cargo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por la demandante, el
demandado y el Ministerio de Relaciones Exteriores, contra la sentencia del 28
de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección «B», adicionada mediante providencia del 7 de
noviembre de 2025, que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La ciudadana Mildred Tatiana Ramos Sánchez, obrando en nombre propio,
instauró demanda en ejercicio del medio de control establecido en el artículo
139 de la Ley 1437 de 2011, tendiente a obtener la nulidad del acto mediante el
cual se designó al señor Néstor Augusto Pongutá Puerto en el cargo de
consejero de relaciones exteriores, código 1012, grado 11, adscrito a la Misión
Permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), con sede en Roma, República Italiana.
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Demandante: Mildred Tatiana Ramos Sánchez
Demandado: Néstor Augusto Pongutá Puerto
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1.2. Hechos
Sostuvo que por medio del Decreto 0826 de 4 de julio de 2024 se designó a
Néstor Augusto Pongutá Puerto como consejero de relaciones exteriores, código
1012, grado 11, adscrito a la Misión Permanente de Colombia ante la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), con sede en Roma, República Italiana.
Indicó que el demandado no pertenece a la carrera diplomática y consular y
tampoco cumple los requisitos exigidos para ocupar el cargo en el que fue
nombrado.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
Con sustento en los anteriores supuestos fácticos, la demandante afirma que el
acto acusado infringe los artículos 29 y 125 de la Constitución Política; 37, 60 y
61 del Decreto Ley 274 de 2000; 275.5 del CPACA; 2.2.2.3.8. del Decreto 1083
de 2015 y el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales
para los empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Los cargos de nulidad son los siguientes:
a) Disponibilidad de funcionarios de Carrera Diplomática y Consular para
ocupar el cargo del demandado
Advirtió que el acto acusado violó la Constitución Política, concretamente, los
artículos 29 debido a que la designación del demandado se efectuó sin observar
los procedimientos y la figura aplicable para procurar la especialidad y el mérito
y 125 en cuanto establece que por regla general los empleos públicos son de
carrera.
Explicó que, el Decreto Ley 274 de 2000 dispone que el cargo de consejero de
relaciones exteriores es de Carrera Diplomática y Consular, por lo tanto, debía
nombrarse una persona que perteneciera a dicho régimen.
Sostuvo que se desatendió el artículo 60 de la referida norma, el cual permite
nombrar en provisionalidad a personas externas a la carrera, cuando no sea
posible designar a funcionarios de ese régimen.
Adujo que las pruebas allegadas al plenario, como ocurre con las actas de
posesión y la certificación I-GCDA-24-010097 del 12 de junio de 2024, dan
cuenta de la disponibilidad de veintinueve (29) funcionarios que, en atención a lo
previsto en el artículo 37 del Decreto Ley 274 de 2000, podían ocupar el cargo
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Demandado: Néstor Augusto Pongutá Puerto
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en el que se nombró al demandado.
b) Falta de requisitos de Néstor Augusto Pongutá Puerto para ocupar el
cargo
Señaló que el acto acusado está incurso en la causal de nulidad contemplada
en el numeral 5.° del artículo 275 del CPACA, por cuanto al momento de ser
designado el señor Néstor Augusto Pongutá Puerto como consejero de
relaciones exteriores adscrito a la Misión Permanente de Colombia ante la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), con sede en Roma, República Italiana, no reunía los requisitos previstos
en el artículo 61 del Decreto Ley 274 de 2000, ni en el Manual Específico de
Funciones y Competencias Laborales.
Al respecto, mencionó que el señor Pongutá Puerto no acreditó el dominio de un
segundo idioma.
En punto de la formación académica, sostuvo que no cuenta con certificados
que acrediten título de pregrado y de posgrado.
Frente a la experiencia, manifestó que en las certificaciones laborales
únicamente se logran evidenciar como tal «quince (15) días y once (11) meses»,
cuando lo requerido son cinco (5) años. Además, no cumplen los requisitos
establecidos en el artículo 2.2.2.3.8. del Decreto 1083 de 2015, comoquiera que
no relacionan las funciones que desempeñó el demandado.
1.4. Trámite procesal relevante
A través de auto del 2 de noviembre de 20241, se admitió la demanda de la
referencia.
Mediante proveído del 3 de junio de 20252, el a quo, en virtud de lo establecido
en el artículo 182A del CPACA, resolvió, entre otros aspectos: i) dar aplicación a
la figura de la sentencia anticipada, ii) decretar pruebas y iii) fijar el litigio en los
siguientes términos:
Así las cosas, los problemas jurídicos asociados sugieren, establecer a la luz de
la normatividad vigente:
i) ¿Si el nombramiento del señor NÉSTOR AUGUSTO PONGUTÁ PUERTO, se
realizó con desconocimiento del régimen de carrera diplomática y consular?;
ii) ¿Si el señor NÉSTOR AUGUSTO PONGUTÁ PUERTO, cumplía con los
requisitos establecidos para ser nombrado Consejero de Relaciones Exteriores,
1 Samai, índice 16 de la primera instancia.
2 Samai, índice 55 de la primera instancia.
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en el cargo y rango designado o si debía nombrarse a aquellos funcionarios que
se encontraban inscritos en carrera diplomática y consular?; y
iii) ¿Si se cumplieron los presupuestos legales para dar aplicación al artículo 60
del Decreto Ley 274 de 2000 por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores al
realizar el nombramiento de NÉSTOR AUGUSTO PONGUTÁ PUERTO?
Además, corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para que rindiera concepto, quienes presentaron los escritos
respectivos.
1.5. La sentencia apelada
La Sección Primera, Subsección «B», del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a través de sentencia del 28 de agosto de 2025, adicionada
mediante providencia del 7 de noviembre de 2025, accedió a las pretensiones
de la demanda, con los siguientes argumentos:
a) Disponibilidad de funcionarios de Carrera Diplomática y Consular
Adujo que, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 274 de 2000, para
que proceda un nombramiento provisional se debe tener en cuenta i) que no
existan funcionarios de Carrera Diplomática y Consular disponibles (artículo 60);
ii) que si existen, estén en disponibilidad de ocupar el cargo vacante, es decir, a)
que ocupan cargos de menor jerarquía en el escalafón y no han culminado su
periodo de alternación (artículo 37); y b) que a pesar de estar cumpliendo su
período de alternación en el exterior, hayan cumplido doce (12) meses de
servicio en la sede respectiva (parágrafo artículo 37).
Acerca de la disponibilidad de funcionarios de carrera para ser nombrados en la
plaza bajo controversia, adujo que para el momento de la designación acusada
no había empleados de carrera en el grado de consejero que hubieran
culminado su periodo de alternación.
Agregó que, de este modo, se debe acudir al supuesto consistente en
establecer los funcionarios que, aun en cumplimiento de su periodo de
alternación, superaban el término de doce (12) meses en la sede respectiva.
Recordó que el criterio de antaño de esa sala sostenía que el hecho de superar
tal lapso, y estar en el escalafón respectivo, no hacía procedente exigir el
traslado indiscriminado de funcionarios a otro país, por cuanto ello, además del
impacto en la prestación del servicio, conllevaría a acudir nuevamente a la
provisionalidad para proveer la plaza que quedaba vacante.
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Mencionó que, sin embargo, el Consejo de Estado3 es de la tesis según la cual,
incluso cuando se trata de funcionarios ubicados en la misma categoría del
nombramiento demandado, que superaron los doce (12) meses en el exterior,
están disponibles para ser nombrados.
Manifestó que, aunque acoge esta postura, la misma pugna con la prestación
del servicio y con los derechos de los funcionarios, además de las erogaciones
que implican los traslados.
Precisó que el desempeño de la función diplomática y consular en otro país
acarrea un cambio del lugar de residencia, costos de traslado, acomodación, y
gastos de fondos públicos en los que la administración incurriría cada año para
trasladar al mismo funcionario a otra ciudad del exterior cada vez que cumple
los doce (12) meses en la sede respectiva, lo cual conduce a un servicio
inestable, ineficiente, costoso y traumático para el servidor y su familia.
Agregó que, sin embargo, pese a que esa sala ha hecho hincapié en que la
cartera de relaciones exteriores «debe ofertar entre los funcionarios que
cumplan dicho tiempo en la sede externa la vacante que se apertura, este ha
ignorado tal advertencia, limitándose a indicar, en el sub lite que ninguno de los
servidores ha manifestado su intención de traslado, no obstante, la entidad
vinculada no demostró que haya cumplido con lo requerido, esto brindar (sic)
una oportunidad real para la postulación a través de la convocatoria pública
entre los referidos servidores».
Ahora bien, en punto a seguir el precedente de la Sección Quinta del Consejo
de Estado, procedió a verificar si para el momento del nombramiento
demandado, existían funcionarios disponibles para ser nombrados, por haber
superado el lapso de doce (12) meses en el servicio exterior, para lo cual
relacionó una tabla con varios servidores en esa situación, por lo que concluyó
que alguno de ellos debió designarse en la plaza cuestionada.
b) Excepción de inconstitucionalidad del parágrafo del artículo 37 del
Decreto Ley 274 de 2000
En cuanto a la solicitud del apoderado del demandado de inaplicar el parágrafo
del artículo 37 del Decreto Ley 274 de 2000, porque, a su juicio, vulnera los
artículos 2, 6, 13, 25, 29, 125 y 209 de la Constitución Política, explicó que no le
asistía razón, por cuanto dicho precepto legal:
i) Establece de manera clara el tiempo de permanencia de los funcionarios de
carrera consular en cada una de sus alternaciones lo que garantiza que tengan
3 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP Luis Alberto Álvarez Parra, sentencia del 14 de diciembre de
2023, Exp. 25000-23-41-000-2023-00045-01 (principal) - 25000-23-41-000-2023-00052-00.
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una estabilidad laboral y familiar, cumplan sus tareas correspondientes a las
relaciones internacionales manera paulatina, constante y sólida, así como
acceder a sus cargos en condición de igualdad de condiciones.
ii) Los lapsos de alternancia son concordantes con el propósito de la política
exterior y carrera consular, dado que concede la posibilidad a los funcionarios
de adquirir y conocimientos en los diversos territorios extranjeros (embajadas y
consulados) y luego de ponerlos en práctica en el país y a su vez, remembrar
los intereses del Estado que protege al asistir a sus nacionales en el exterior.
iii) El término de doce (12) meses corresponde a una posibilidad con la que
cuenta la administración para efectuar traslados de funcionarios que lleven más
de ese lapso en una sede y reubicarlos en otra, lo que no implica que cada vez
que este se cumpla, aquellos deban pasar obligatoriamente de un país a otro.
En ese orden, evidenció que el extremo pasivo no cuestionó la
constitucionalidad de la norma en referencia ni los efectos que esta produce en
el caso concreto, es decir, no se encaminan a evidenciar las consecuencias en
la situación particular del señor Néstor Augusto Pongutá Puerto, sino a
controvertir la interpretación y el alcance que de dicha norma ha realizado el
Consejo de Estado.
En consecuencia, concluyó que el parágrafo del artículo 37 del Decreto Ley 274
de 2000 sí es constitucional.
c) Requisitos exigidos para ocupar, en provisionalidad, el cargo de
consejero de relaciones exteriores
Al respecto, observó que, en el Formato Único de Hoja de Vida de Persona
Natural el demandado indicó que: i) tiene nacionalidad colombiana, ii) un título
de pregrado en técnica profesional en locución y periodismo electrónico
aprobado en seis (6) semestres (1998), iii) un título de postgrado en
«comunicazione istituzionale» y iv) que habla, lee y escribe además del español,
el idioma italiano.
Además, relacionó un total de veintitrés (23) años y nueve (9) meses,
discriminados así: servidor público dieciséis (16) años, empleado del sector
privado cuatro (4) años y un (1) mes y trabajador independiente tres (3) años y
seis (6) meses.
En cuanto a la formación académica evidenció que en el plenario obra el título
de «técnico profesional en locución y periodismo electrónico» proferido por la
Corporación Técnica de Colombia el 4 de diciembre de 1998 y certificados en
idioma italiano de la participación del demandado en lo siguiente: «VII corso di
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specializzazione in informazione religiosa», «Alcune chiavi di lettura per capire la
Chiesa Cattolica all´inizio del pontificato di Benedetto XVI», «Corso in web
agency Professione Social Media Manger» y «corso di Baccalaureo in Scienze
della Comunizacione Social», este último expedido por Universitá Pontificia
Alesina.
Asimismo, visualizó un documento emitido por la UNIVERITÁ PER STRANIERI
DI PERUGIA en el que consta que el demandado asistió en el periodo
académico 2001/2002 a clase de lengua italiana y la certificación de tiempo
laborado y funciones desempañadas como «periodista vaticanista e
internacionalista» en Radio María Argentina.
El accionado también aportó constancia emitida por la Coordinadora del Grupo
Interno de Trabajo de Administración de Personal del Ministerio de Relaciones
Exteriores en la se indica que el demandado ocupó los siguientes empleos:
➢ Primer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2112, grado 19, de la planta
global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de
Colombia ante el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo, Misión
ante la Unión Europea, entre el 7 de marzo de 2011 y el 10 de julio de 2015.
➢ Consejero de Relaciones Exteriores, código 2112, grado 19, de la planta global
del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia
ante el Gobierno de la República italiana, entre el 1.° de abril de 2019 y el 16 de
abril de 2023.
Aunado a lo anterior, allegó certificaciones expedidas por Caracol Radio en las
que costa el lapso laborado por el accionado como corresponsal de la W de
Roma y por la jefe del Área de Contratos del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, en la cual relacionan funciones consistentes en
«diseñar, desarrollar y apoyar la ejecución de la estrategia de las
comunicaciones en Italia y Grecia, encaminada a la promoción de la imagen de
Colombia, las políticas y los logros del Gobierno Nacional ante los Gobiernos de
Italia y Grecia …».
En ese orden, pudo establecer que el señor Néstor Augusto Pongutá Puerto:
i) Es nacional colombiano.
ii) Demostró el manejo de una segunda lengua con la certificación en la que
consta que estudió italiano por el periodo de un (1) año y participó en varios
cursos académicos en tal idioma.
Frente a este aspecto, precisó que, si bien en los antecedentes administrativos
no reposa una certificación como el CILS, CERTIT o algún otros examen oficial,
tanto la documentación anterior como el desarrollo de sus funciones como
contratista del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
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puntualmente para ejecutar la estrategia de comunicaciones en Italia, por
aproximadamente seis (6) años, permiten racionalmente concluir que el señor
Pongutá Puerto habla, lee y escribe italiano.
iii) Cuenta con la experiencia laboral relacionada requerida, pues la certificación
emitida por la Coordinadora del GIT de Administración de Personal del Ministerio
de Relaciones Exteriores da cuenta que ha laborado en esta entidad de manera
interrumpida por aproximadamente ocho (8) años, cumpliendo lo establecido en
el artículo 2.2.2.7.3. del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, que exige
cinco (5) años de experiencia.
En cuanto al último documento, explicó que, aunque no relaciona las tareas
desempeñadas por el demandado, el reglamento contenido en la Resolución
10380 de 2023, por la cual se cual se actualiza el Manual Específico de
Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de
Personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, determina las funciones de los
cargos de primer y segundo secretario y de consejero de relaciones exteriores.
Así las cosas, estimó que, aunque el señor Pongutá Puerto no demostró tener
un título universitario del nivel profesional sino de técnico, se encuentra relevado
de acreditar el requisito de formación académica, por cuanto demostró la
experiencia relacionada que establece el artículo 61, literal a), numeral 2.° del
Decreto Ley 274 de 2000.
Sin embargo, declaró la nulidad del acto demandado comoquiera se acreditó
con suficiencia que, para el 4 de julio de 2024, había personal disponible de
carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores para ser designado en el empleo
ocupado por el señor Néstor Augusto Pongutá Puerto.
1.6. Los recursos de apelación
1.6.1. Mildred Tatiana Ramos Sánchez (demandante)
a) Requisitos exigidos para ocupar, en provisionalidad, el cargo de
consejero de relaciones exteriores
Manifestó que, contrario a lo expuesto por el a quo, el demandado no cumple los
requisitos exigidos para ser nombrado en provisionalidad como consejero de
relaciones exteriores, código 1012, grado 11, adscrito a la Misión Permanente
de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO), con sede en Roma, República Italiana.
A su juicio, el nombramiento de Néstor Augusto Pongutá Puerto reviste especial
gravedad, debido a que no cuenta con un título profesional y fue designado en
un cargo del servicio exterior que es profesionalizado.
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Cuestionó que, aunque el tribunal reconoció que el demandado no contaba con
título de pregrado, tuvo en cuenta una experiencia que no supera las exigencias
de la ley. Sobre el particular, mencionó que las certificaciones de experiencia
allegadas al plenario no cumplen los requisitos mínimos establecidos en el
artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015, concretamente, porque no
relacionan las funciones desempeñadas por el demandado.
Indicó que el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales no
demuestra que la parte accionada hubiera desempeñado las funciones allí
relacionadas, como lo concluyó el a quo.
Reparó en que el tribunal hubiera efectuado una homologación de requisitos y,
en tal sentido, concluyera que la experiencia suple el título profesional y que los
cursos informales reemplazan la exigencia relacionada con el manejo del
segundo idioma, pues, ello carece de respaldo normativo y vulnera el principio
de legalidad estricta en materia de requisitos para ocupar cargos diplomáticos.
En cuanto al manejo del segundo idioma, explicó que el artículo 61 del Decreto
Ley 274 de 2000 exige que el designado hable y escriba un idioma oficial de
Naciones Unidas y que ese requisito es objetivo, verificable y no admite
presunciones. En ese orden, censuró que el tribunal tuviera por acreditada esta
exigencia por parte del señor Pongutá Puerto, por el hecho de haber realizado
cursos informales, porque vivió o trabajó en Italia y por las declaraciones
contenidas en el formato único de hoja de vida.
Al respecto, manifestó que la conclusión a la que arribó el a quo desconoce que
los documentos que aportó el demandado con su hoja de vida no constituyen
medios válidos de acreditación lingüística y que en el expediente no existe un
solo certificado expedido por la entidad competente como CILS, CERTIT, CELI,
universidades homologadas o instituciones evaluadoras, ni prueba apostillada o
de acreditación, conforme a los estándares del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas.
Para terminar, recalcó que «la ley exige la acreditación formal del idioma», la
cual, en este caso, presumió el a quo, por lo tanto, solicitó que también se
declare la nulidad del acto acusado por falta de requisitos del señor Néstor
Augusto Pongutá Puerto para ocupar el cargo en el que fue nombrado.
1.6.2. Néstor Augusto Pongutá Puerto (demandado)
a) Disponibilidad de funcionarios de Carrera Diplomática y Consular
A través de apoderado, manifestó que, el hecho de que un funcionario cumpla
doce (12) meses de servicio en el exterior no implica que deba ser trasladado o
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reubicado en otro cargo de la misma categoría en el escalafón, sin haber
completado el período de alternancia previsto en el literal a) del artículo 37 del
Decreto Ley 274 de 2000.
Sostuvo que la interpretación vigente del Consejo de Estado es que el parágrafo
del referido artículo resulta aplicable, cuando los funcionarios están designados
en el exterior cumpliendo con el lapso de alternación en un cargo de menor
jerarquía al que pertenecen en el escalafón.
Adujo que el nombramiento del demandado se realizó de acuerdo con lo
previsto en el artículo 60 del Decreto Ley 274 de 2000, pues cada uno de los
funcionarios de carrera inscritos en la categoría de consejero están cumpliendo
los lapsos de alternación en la planta interna y externa y no hay funcionarios de
esta categoría que estén designados en cargos por debajo de ella, por lo que no
era posible designar a un empleado perteneciente a ese régimen y cargo de la
planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores.
b) Excepción de inconstitucionalidad del parágrafo del artículo 37 del
Decreto Ley 274 de 2000
Adujo que no está cuestionando la interpretación y posición jurisprudencial del
Consejo de Estado sobre el parágrafo del artículo 37 del Decreto Ley 274 de
2000 y que contrario a lo manifestado por el a quo, la excepción de
inconstitucionalidad planteada es de forma concreta, respecto a las situaciones
administrativas para definir este proceso, sin la aplicación de esa norma.
En ese orden, explicó que, para el caso concreto de Néstor Augusto Pongutá
Puerto, el traslado o reubicación de un funcionario tras superar los doce (12)
meses de servicio en el exterior en un cargo de la categoría a la que pertenece
en el escalafón, contradice los artículos 2, 6, 13, 25, 29, 125 y 209 de la
Constitución Política, por cuanto:
1) No se cumplen los fines del Estado en el exterior, toda vez que un funcionario
en doce (12) meses en un destino no adquiere la experiencia y conocimiento
necesario, afectando la eficiencia del servicio.
2) Existe contradicción con el artículo 6 constitucional, pues los funcionarios
deben cumplir obligaciones específicas y la alternancia debe ser de cuatro (4)
años en la planta externa, según el literal a) del artículo 37 del Decreto Ley 274
de 2000.
3) La rotación de destinos anual vulnera el artículo 125 de la Constitución
Política al afectar la estabilidad laboral y personal de los funcionarios,
impidiendo el arraigo y el cumplimiento de garantías laborales y personales.
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4) Se vulnera el artículo 29 superior, sobre el debido proceso administrativo, al
ordenar desplazamientos cada doce (12) meses sin cumplir formalidades,
afectando a más de 300 funcionarios globalmente.
5) La reubicación perentoria contradice el acceso y permanencia en cargos de
carrera, según el artículo 125, y desconoce los beneficios especiales necesarios
para el servicio exterior.
6) Contradice el artículo 209, ya que en doce (12) meses no se pueden
implementar políticas públicas ni conocer las dinámicas de la población
colombiana en el exterior, afectando la eficiencia y eficacia administrativa.
En conclusión, estimó que la aplicación imperativa de la norma potestativa
afecta la prestación de servicios, el interés general y el cumplimiento de los fines
estatales, presentándose una incompatibilidad entre la Constitución y el Decreto
Ley que regula el sistema de Carrera Diplomática y Consular.
1.6.3. Ministerio de Relaciones Exteriores
a) Disponibilidad de funcionarios de Carrera Diplomática y Consular
Su representante explicó que el hecho de que un funcionario de carrera cumpla
doce (12) meses de servicio en el exterior, no conlleva a que deba ser
nombrado en otro cargo en planta externa sin haber cumplido el período de
alternación, según el literal a) del artículo 37 del Decreto Ley 274 de 2000, a
menos que esté designado en un cargo de menor categoría en el escalafón al
que pertenece, tal como se establece en las posiciones vigentes de la Sección
Quinta del Consejo de Estado4.
Mencionó que se debe garantizar la prestación del servicio en favor del interés
general en el exterior, y en ese sentido, es necesario acudir a la provisionalidad
porque no hay suficientes funcionarios inscritos en el escalafón de carrera.
Al respecto, precisó que de los ochenta y nueve (89) cargos que existen en la
planta global de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, hay que
proveer cincuenta y nueve (59) vacantes que restan, teniendo en cuenta los
treinta (30) que, según la sentencia de primer grado, habían superado los doce
(12) meses de servicio en planta externa.
Explicó que i) no existen funcionarios ejerciendo cargos por debajo de la
categoría a la que pertenecen -consejero-, ii) cada uno está designado en el
4 Sentencia del 3 de febrero de 2025, Exp. 25000234100020240115900, sentencia del 13 de marzo de
2025, Exp. 25000234100020240002100, auto del 17 de julio de 2025, Exp. 5000234100020250035401,
sentencia del 14 de agosto de 2025, Exp. 25000234100020250000900.
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cargo de consejero en cumplimiento de sus lapsos de alternación, prestando sus
servicios tanto en el exterior como en el país, respectivamente (planta global de
personal) y iii) no era necesario designar en un cargo en el exterior a uno de los
treinta (30) funcionarios por haber superado los doce (12) meses de servicio en
el exterior, comoquiera que, están designados en el cargo de consejero, esto es,
en un cargo equivalente al que pertenecen en el escalafón -planta global-.
1.7. Actuaciones de segunda instancia
1.7.1. Alegatos de conclusión
1.7.1.1. Mildred Tatiana Ramos Sánchez (demandante)
Solicitó tener en cuenta los reparos expuestos en el recurso de apelación.
1.7.1.2. Néstor Augusto Pongutá Puerto (demandado)
Por conducto se du apoderado, insistió en sus argumentos de defensa.
1.7.1.3. Ministerio de Relaciones Exteriores
Su representante ratificó los argumentos planteados en el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia.
1.7.1.4. Concepto del Ministerio Público
La procuradora séptima delegada ante esta corporación solicitó confirmar la
sentencia apelada, argumentando que el análisis probatorio que hizo el a quo en
la sentencia complementaria, en la cual encontró acreditados los requisitos
establecidos en el artículo 61 del Decreto Ley 274 de 2000, esto es, la calidad
de nacional colombiano del demandado, el dominio del idioma italiano y la
experiencia laboral relacionada, se ajustó a los medios de convicción obrantes
en el expediente, así como a las facultades del juez de lo Contencioso
Administrativo para valorar documentos públicos y normas generales, como el
manual de funciones contenido en la Resolución 10380 de 2023.
Mencionó que, contrario a lo afirmado por los recurrentes, sí existían
funcionarios pertenecientes a la Carrera Diplomática y Consular que, para la
fecha en que se expidió el acto acusado, estaban habilitados para ser
nombrados en el cargo en cuestión, situación que, a la luz del criterio
jurisprudencial reiterado, pacífico y vigente de la Sección Quinta del Consejo de
Estado, resulta suficiente para declarar la nulidad del Decreto 0826 de 4 de julio
de 2024, tal como se precisó en el fallo de primera instancia.
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver los
recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del 28 de agosto de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección «B», adicionada mediante providencia del 7 de noviembre
de 2025, de conformidad con lo establecido en los artículos 1505 y 1526 numeral
7.c del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
2.2. Problema jurídico
De acuerdo con el fallo de primera instancia y los argumentos expuestos en los
recursos de apelación, corresponde a esta Sección determinar si confirma,
modifica o revoca la sentencia de primera instancia, mediante la cual se declaró
la nulidad del acto de nombramiento de Néstor Augusto Pongutá Puerto en el
cargo de consejero de relaciones exteriores, código 1012, grado 11, adscrito a la
Misión Permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con sede en Roma, República
Italiana.
Así entonces, con el fin de emitir un pronunciamiento, la Sala abordará la
segunda instancia desde los siguientes ejes temáticos: i) el principio de
especialidad en la Carrera Diplomática y Consular; ii) la situación administrativa
de alternación al interior de esta; iii) el nombramiento en provisionalidad; iv) los
requisitos para ocupar, en provisionalidad, el cargo de consejero de relaciones
exteriores y, finalmente, v) el caso concreto.
2.3. El principio de especialidad en la Carrera Diplomática y Consular
En atención a lo establecido en los artículos 1257 y 1308 de la Constitución
5Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. «El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación…»
6Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. «Los tribunales
administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(…)
7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:
(…)
c. De la nulidad de los actos de elección o llamamiento a ocupar curul, según el caso, distintos de los de
voto popular, y de los de nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del derecho de empleados
públicos del nivel directivo, asesor o sus equivalentes en los órdenes nacional, departamental y distrital…»
7 ARTÍCULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de
elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que
determine la ley. (…)
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Política, se tiene que el sistema de carrera administrativa es la regla general
para el acceso, promoción, permanencia y retiro del empleo público, el cual
admite excepciones en virtud del principio de especialidad, como es el caso del
Régimen de Carrera Diplomática y Consular. Así lo avaló la Corte Constitucional
desde la sentencia C-129 de 1994, en la que precisó:
La Carrera diplomática y consular tiene un régimen especial y diferenciado
respecto de la Carrera administrativa. Por tanto, no pueden aplicarse los mismos
principios a las dos carreras, ya que el legislador extraordinario, teniendo en
cuenta la naturaleza de las funciones atribuidas al servicio exterior, al Ministerio
de Relaciones Exteriores y a las misiones diplomáticas y consulares, dispuso un
sistema diferente, adecuado con las funciones propias dirigidas a desarrollar "en
forma sistemática y coordinada todas las actividades relativas al estudio y
ejecución de la política internacional de Colombia, la representación de los
intereses del Estado colombiano y la tutela de los intereses de sus nacionales
ante los demás estados, las organizaciones internacionales y la comunidad
internacional" (art. 2o. Decreto Ley 10 de 1992)9."
Este régimen encuentra entonces su justificación en la naturaleza específica del
servicio exterior, entendido como la actividad a cargo de la Cancillería en
desarrollo de la política exterior del Estado (dentro y fuera del territorio nacional),
para efectos de representar los intereses estatales y proteger los derechos de
los colombianos en otros países (art. 3 del Decreto Ley 274 de 2000), cuya
prestación efectiva requiere de personal idóneo, con formación y experiencia en
la materia, tal como lo reconoció el legislador extraordinario cuando señaló que
«el servicio exterior es un servicio especializado, profesional, jerarquizado y
disciplinado, que se funda en el principio del mérito» (artículo 13 ejusdem).
El régimen jerarquizado que rige esta carrera especial se encuentra regulado
por el Decreto Ley 274 de 2000, que refuerza el rol de la academia en el ingreso
y promoción dentro de aquella en razón de su especialidad, para la
profesionalización del personal diplomático responsable de la prestación del
servicio en planta externa tanto en la Cancillería como en las embajadas,
delegaciones ante organismos internacionales y consulados colombianos fuera
del país, de conformidad con la política exterior del Estado y las reglas y
prácticas propias de las relaciones internacionales.
2.4. La alternación como situación administrativa en dicho régimen
La alternación se encuentra definida por el artículo 13 del Decreto Ley 274 de
2000 como una situación administrativa especial de los funcionarios
pertenecientes a la Carrera Diplomática y Consular, que:
8 ARTÍCULO 130. Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la administración y
vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial.
9 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-129 del 17 de marzo de 1994, M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa.
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(…) permite, entonces, la óptima utilización de los recursos disponibles "[d]e
suerte que sea posible ejecutar la Misión y las atribuciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores en forma adecuada y oportuna" (art. 4, núm. 2, D.L.
274/2000), materializándose así los principios de eficiencia y eficacia (ibídem).
En concordancia con tales principios se suma la prevalencia del interés general
sobre el particular (art. 2 CP) que el Decreto 274 desarrolla bajo el principio de
transparencia, así: "[p]revalencia de los intereses de la colectividad nacional
respecto de los intereses personales de cada funcionario, en orden a una
prestación del servicio acorde con las responsabilidades de quienes ejercen
función pública en desarrollo de la política internacional del Estado"10.
Su justificación ha sido precisada tanto por la jurisprudencia constitucional como
la contencioso-administrativa, en el sentido de que con esta figura «(…) se
busca que los funcionarios que pertenecen a la carrera no permanezcan
indefinidamente en el servicio exterior, circunstancia que les impediría
mantenerse en un contacto directo y saludable con la problemática nacional y
que iría en desmedro de su propia identidad cultural. Por ello se establece la
obligación de trabajar, durante lapsos alternativos, en el servicio exterior y en el
interior»11; así lo ha entendido también esta Sala12 al explicar que con la
alternación «(…) se pretende que quienes prestan sus servicios en el extranjero
no lo hagan en forma indefinida sino que retornen, así sea por un tiempo, al país
para que se mantengan en permanente contacto con la realidad de su lugar de
origen y puedan representar mejor los intereses del Estado».
En este orden, dicha figura está regulada en los artículos 35 a 40 ejusdem, que
establecen su naturaleza jurídica, lapsos, frecuencia, obligatoriedad, aplicación y
excepciones, respectivamente, a partir de los cuales se deducen las siguientes
características:
(i) Consiste en el deber de los empleados de la carrera especial de desempeñar
sus funciones con lapsos de alternación entre su servicio en planta interna y
externa, en referencia a la ubicación territorial de su sede de trabajo, dentro o
fuera del país, en virtud de los principios de eficiencia y especialidad.
(ii) Tales periodos se deben cumplir con la siguiente frecuencia: el tiempo de
servicio en planta externa será de cuatro (4) años, prorrogables hasta por dos
(2) años más bajo condiciones, y en planta interna de tres (3) años prorrogables
con excepciones (sin definir un límite máximo), a solicitud del funcionario,
aprobada por la Comisión de Personal de esta carrera especial. Quienes se
encuentren cumpliendo su alternancia en planta externa no podrán ser
designados en otro cargo en el exterior antes de cumplir doce (12) meses en la
sede respectiva, salvo casos extraordinarios.
(iii) Dicha frecuencia se contabilizará desde la fecha en que el funcionario
respectivo se posesione o asuma funciones en el exterior, o tome posesión en el
10 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 30 de abril de 2018, Radicación:
2365, M.P. Álvaro Namén Vargas.
11 Corte Constitucional. Sentencia C-129 del 17 de marzo de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
Reiterada en la Sentencia C-808 del 1 de agosto de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
12 Sentencia de 16 de octubre de 2014. Exp: 25000-23-41-000-2014-00013-01.
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cargo de planta interna; el tiempo de servicio que exceda aquella, mientras se
hace efectivo el desplazamiento a que haya lugar, no será considerado como
tiempo de prórroga.
(iv) Es obligación prestar el servicio en planta interna como condición para la
aplicación de la alternación en el servicio exterior y su incumplimiento es causal
de retiro de la carrera.
(v) Son excepciones a su debido cumplimiento las circunstancias probadas por
el funcionario de fuerza mayor y caso fortuito, la disponibilidad para ser
designado en otro cargo en el exterior, por haber superado el lapso de doce (12)
meses en la sede externa respectiva (se aplica únicamente en relación con el
tiempo de servicio en planta externa) o aquellas de naturaleza especial,
calificadas como tales por la Comisión de Personal, como razones de salud
física o mental y dependencia económica de un pariente (válidas solo en
relación con el tiempo de servicio en planta interna) y la comisión para
situaciones especiales en los términos de los literales a) y b) del artículo 53 del
Decreto Ley 274 de 2000.
(vi) El procedimiento administrativo para aplicar la alternación comprende que la
Dirección del Talento Humano mantenga un registro actualizado de los periodos
de alternación que cumple cada funcionario y coordine las gestiones necesarias
para los desplazamientos a que haya lugar, en la medida en que vayan
cumpliendo la frecuencia de sus correspondientes lapsos en planta interna y
externa, según el siguiente cronograma: durante el mes de julio, se harán
efectivos los que se causen en el primer semestre y en enero los causados
durante el segundo semestre, según lo dispuesto en el parágrafo primero del
artículo 39 del Decreto Ley 274 de 200013.
2.5. El nombramiento en provisionalidad
Esta modalidad de provisión de los empleos en este régimen de carrera se
encuentra reglada en los artículos 60 y 61 del Decreto Ley 274 de 2000, que
determinan su naturaleza, presupuesto y condiciones de aplicación, los cuales
fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-292
de 2001 (aunque con algunas salvedades y condicionamientos en cuanto al
alcance de esta última disposición).
13 PARAGRAFO PRIMERO. Para los efectos relacionados con lo previsto en este artículo, el Decreto o los
Decretos respectivos deberán ser expedidos y comunicados durante el mes de Mayo para los
desplazamientos que se produzcan en el mes de Julio y, durante el mes de Noviembre cuando el
desplazamiento se realizare en el mes de Enero. En todo caso, a partir de la comunicación del decreto
respectivo, el funcionario tendrá derecho a dos meses de plazo para iniciar sus labores en el nuevo
destino, además de los 5 días de permiso remunerado necesarios para el desplazamiento. El término de
dos meses a que hace referencia este parágrafo podrá ser prorrogado mediante resolución suscrita por el
Secretario General, a solicitud del interesado y previo acuerdo con el funcionario a reemplazar en Planta
Externa, cuando a ello hubiere lugar.
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Lo anterior, en atención a su carácter excepcional teniendo en cuenta las
necesidades del servicio, que consideró compatible con el principio del mérito
que rige el acceso, permanencia, promoción y retiro de aquella, según lo
expuesto en aquel fallo, reiterado por la sentencia C-808 del mismo año, que
declaró la existencia de cosa juzgada al respecto, con base en la motivación
original que señaló que:
La Corte advierte que en el artículo 60 la invocación del principio de especialidad
se hace para permitir el nombramiento en cargos de la carrera diplomática y
consular de personas que no pertenecen a ella y que a ello se remite la
naturaleza de los nombramientos en provisionalidad. En cuanto a esto hay que
indicar que la provisionalidad es una situación jurídica especial que hace parte
de cualquier carrera administrativa pues en muchas ocasiones la urgencia en la
prestación del servicio impone la realización de nombramientos de carácter
transitorio hasta tanto se surten los procedimientos necesarios para realizar los
nombramientos en período de prueba o en propiedad. Si ello es así, no se
advierten motivos para declarar inexequible una norma que se ha limitado a
permitir tales nombramientos previendo una solución precisamente para ese tipo
de situaciones.
(…)
De otro lado, el artículo 61 del Decreto 274 de 2000 desarrolla las condiciones
básicas para la realización de nombramientos en propiedad (…). Ante ello, la
Corte advierte que ni con los requisitos implementados en el literal a, ni con la
fijación del plazo para hacer dejación del cargo se está desconociendo la Carta
Política pues nada más natural que el legislador extraordinario, en ejercicio de
facultades legítimamente concedidas, especifique las (sic) requisitos necesarios
para realizar nombramientos en esa situación administrativa excepcional que es
la provisionalidad y que regule el plazo para que quienes han sido nombrados
en esas condiciones hagan dejación del cargo pues se trata de cargos que se
ejercen en el exterior.
En este orden, la jurisprudencia de esta sección14 ha indicado que la excepción
prevista en el referido artículo 60, no hace más que confirmar la regla general
referida a que los empleos de la planta interna y externa del Ministerio de
Relaciones Exteriores son propios de la Carrera Diplomática y Consular y, por
ende, se deben proveer en virtud de concurso de méritos, excepto cuando no
sea posible designar a funcionarios escalafonados para proveerlos, hipótesis en
que procede el nombramiento en provisionalidad de personas ajenas a ella, bajo
las siguientes reglas:
i) El nombramiento en provisionalidad en cargos pertenecientes a la Carrera
Diplomática y Consular, según lo previsto en el artículo 60 del Decreto Ley 274
de 2000, se ajusta a la Constitución Política y a ley cuando se demuestre: a) el
cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 61 ibidem por parte de la
persona designada y b) la falta de disponibilidad de funcionarios inscritos en ese
régimen especial para ocupar el respectivo cargo.
14 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP Luis Alberto Álvarez Parra, sentencia del 11 de diciembre de
2025, Rad. 25000-23-41-000-2024-00534-02.
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Frente a este último supuesto, deberá entenderse que un funcionario está
disponible en los siguientes eventos:
a) cuando ha cumplido, en el servicio exterior, los doce (12) meses que
establece el parágrafo del artículo 37 del Decreto Ley 274 de 2000.
b) para comisiones para situaciones especiales, en los términos de los literales
a) y b) del artículo 53 del decreto ibidem, como se precisa a continuación:
i) en planta externa o interna, para desempeñar cargos del régimen consular
correspondientes a categorías superiores o inferiores a la que pertenece el
empleado, según el escalafón contenido en el artículo 10 de la referida norma.
En este caso, el desplazamiento del empleado que se encuentra en el exterior,
debe considerarse siempre que se acredite el cumplimiento del plazo de doce
(12) meses de que trata el parágrafo del artículo 37 del Decreto Ley 274 de
2000.
ii) en el exterior, para desempeñar el cargo dentro de la categoría del escalafón
a la que pertenece, sin cumplir la frecuencia del lapso de alternación de tres (3)
años en el territorio nacional, previo concepto favorable de la Comisión de
Personal de la Carrera Diplomática y Consular.
Esta es la interpretación judicial vigente sobre la materia, en sede de nulidad
electoral, en observancia del artículo 125 superior, la cual favorece que los
cargos vacantes en este régimen especial sean provistos con los funcionarios
que están prestando su servicio en planta interna o externa y que se encuentran
en alguno de los supuestos mencionados en precedencia. Ello les da un
derecho no solo preferente sino además excluyente para ocuparlo frente a las
personas que no pertenecen a la Carrera Diplomática y Consular, elemento que
deberá demostrar la parte actora en este tipo de procesos.
2.6. Caso concreto
En el sub examine, el a quo declaró la nulidad del acto acusado, pues en el
expediente quedó demostrado que había servidores de carrera diplomática que,
por haber cumplido el lapso de doce (12) meses previsto en el parágrafo del
artículo 37 del Decreto Ley 274 de 2000, se encontraban en disponibilidad para
ser designados en el cargo de consejero de relaciones exteriores, código 1012,
grado 11, adscrito a la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con sede en
Roma, República Italiana, en el que se nombró al demandado.
En lo que tiene que ver con los requisitos para ser nombrado en provisionalidad
en el cargo de consejero de relaciones exteriores, el tribunal los tuvo por
acreditados por parte del señor Néstor Augusto Pongutá Puerto.
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Contra la sentencia de primera instancia, la demandante interpuso recurso de
apelación argumentando que, contrario a lo expuesto por el a quo, el
demandado no reúne los requisitos señalados en el artículo 61 del Decreto Ley
274 de 2000, ni los del Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales, para ocupar, en provisionalidad, el cargo de consejero de relaciones
exteriores, esto es, la formación académica, la experiencia y el dominio del
segundo idioma.
Además, mencionó que las certificaciones laborales que la parte accionada
aportó con su hoja de vida no relacionan las funciones desempeñadas, lo cual
desconoce lo establecido en el artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015 y
que en el plenario no obran certificados expedidos por la entidad competente
como CILS, CERTIT, CELI, universidades homologadas o instituciones
evaluadoras, ni prueba apostillada o de acreditación, conforme a los estándares
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
Por su parte, los apoderados del demandado y del Ministerio de Relaciones
Exteriores coinciden en asegurar que para la fecha en que se expidió el acto
acusado, no existían funcionarios disponibles para ser nombrados en el referido
empleo, razón por la cual la designación del demandado en provisionalidad era
procedente.
De otro lado, el representante del señor Néstor Augusto Pongutá Puerto solicitó
inaplicar el parágrafo del artículo 37 del Decreto Ley 274 de 2000 para proteger
los derechos y la estabilidad de los funcionarios diplomáticos y del demandado,
toda vez que el traslado o reubicación de un funcionario tras superar los doce
(12) meses de servicio en el exterior, contradice los artículos 2, 6, 13, 25, 29,
125 y 209 de la Constitución Política.
Para abordar el asunto, la Sala desarrollará la siguiente metodología: i) la
disponibilidad de funcionarios de Carrera Diplomática y Consular, ii) la
excepción de inconstitucionalidad y sus generalidades y iii) los requisitos para
ocupar, en provisionalidad, el cargo de consejero de relaciones exteriores.
2.6.1. Disponibilidad de funcionarios de Carrera Diplomática y Consular
El a quo advirtió que, para el 4 de julio de 2024, había varios funcionarios
escalafonados como consejeros de relaciones exteriores, que superaban el
término de doce (12) meses en la planta externa, por lo que tenían
disponibilidad para ser designados.
Los apoderados del demandado y del Ministerio de Relaciones Exteriores, en
sus alzadas, alegaron que el cumplimiento de tal lapso no conlleva su
designación en otra sede externa, toda vez que se debe cumplir el periodo de
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alternación, a menos que el funcionario esté nombrado en un cargo de menor
categoría al rango que pertenece, y advirtieron, además, la insuficiencia de
servidores inscritos en el escalafón de consejero de relaciones exteriores para
proveer todas las vacantes.
Pues bien, en primer lugar, es necesario reiterar que el parágrafo del artículo 37
del Decreto Ley 274 de 2000 permite la designación de funcionarios de Carrera
Diplomática y Consular que se encuentran en el servicio exterior, cuando han
cumplido doce (12) meses en la sede foránea respectiva, por lo que, al decir de
esta sala, se trata de una de las excepciones al cumplimiento del periodo de
alternación15.
De ahí que la postura de esta sección sobre el particular provenga del contenido
de una fuente de derecho, como es el Decreto Ley 274 de 2000, el cual justificó
que la sala modificara su posición de antaño que exigía la terminación del
periodo de alternación16.
Ahora bien, tampoco es de recibo sustentar los nombramientos provisionales en
la insuficiencia de funcionarios inscritos en el escalafón de consejero para
proveer las plazas exteriores, por lo que es del caso exhortar al Ministerio de
Relaciones Exteriores para que promueva la realización de concurso de méritos
para ocupar las plazas vacantes, y de esa manera, propender por la protección
de la Carrera Diplomática y Consular17.
Esta judicatura, en otras oportunidades, ha dicho que «la cantidad de cargos de
consejero y la diferencia con el número de funcionarios pertenecientes a la
carrera diplomática, no es un argumento válido que justifique la designación en
provisionalidad, pues, tal circunstancia, además de no encontrarse descrita
dentro de las posibilidades para optar por este tipo de nombramientos, no
pretende demostrar la legalidad del acto demandado sino poner de presente
aspectos que no corresponden a la órbita de estudio del acto en el curso de la
nulidad electoral»18.
15 Al respecto, consultar entre otras sentencias del: 9 de noviembre de 2023, MP Omar Joaquín Barreto,
Rad. 25000-23-41-000 2023-00444-01; del 14 de diciembre de 2023, MP Luis Alberto Álvarez Parra, Rad.
25000-23-41-000-2023-00044-01; del 14 de diciembre de 2023, MP Luis Alberto Álvarez Parra; del 14 de
diciembre de 2023, MP Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 25000 23-41-000-2023-00048-01; sentencia del 1°
de febrero de 2024, MP Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 25000-23-41-000-2023 00130-01; del 1° de
febrero de 2024, MP Luis Alberto Álvarez Parra (E), Rad. 25000-23-41-000-2023-00130-01; del 7 de marzo
de 2024 MP Luis Alberto Álvarez Parra (E), Rad. 25000-23-41-000-2023-00551-01.
16 Sentencia de tutela contra providencia judicial de 12 de marzo de 2015. Exp: 2014-2418-01. MP Alberto
Yepes Barreiro. La posición expuesta en esta providencia fue acogida por esta sala, en sede de nulidad
electoral, en sentencia del 31 de marzo de 2016. Exp: 25000-23-41-000-2015-00443-01. MP Lucy
Jeannette Bermúez.
17 Sección Quinta, Consejo de Estado, MP Omar Joaquín Barreto Suárez, Rad. 25000-23-41-000-2025-
00292-01 (principal), sentencia del 19 de marzo de 2026.
18 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 5 de junio de 2025. Exp: 25000-23-41-000-2024-
01670-02. MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
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De igual manera, el traslado del funcionario que cumple doce (12) meses en el
servicio exterior no es la única alternativa para proveer vacantes en la planta
externa. La Cancillería puede acudir a otras dinámicas para la gestión del
personal de Carrera Diplomática y Consular, como designar funcionarios
adscritos a ella para que cumplan la comisión para situaciones especiales en
sedes exteriores, en los términos de los literales a) y b) del artículo 53 del
Decreto Ley 274 de 200019, referidos en el numeral 2.5. de esta providencia.
Así las cosas, la comisión para situaciones especiales hace posible proveer las
plazas vacantes del servicio exterior, con funcionarios de Carrera Diplomática y
Consular, por lo que la problemática que invoca la cartera ministerial no justifica
acudir a la provisionalidad de que trata el artículo 60 del Decreto Ley 274 de
2000.
La Sala debe insistir en que «acudir a los funcionarios de carrera en primer lugar
corresponde al mandato axiológico superior del artículo 125 de la Constitución
Política que pregona, respecto del acceso al empleo público, los criterios
objetivos dentro de los que se destaca el del mérito»20, de modo que la provisión
de cargos, en provisionalidad, con funcionarios ajenos a la Carrera Diplomática
y Consular es la última alternativa a contemplar.
A su turno, la advertencia de la Cancillería, según la cual el traslado al
cumplimiento del término de doce (12) meses solo es procedente si el
funcionario está nombrado en un cargo de menor categoría en el escalafón al
que pertenece, carece de asidero legal.
La cartera ministerial parte de una hermenéutica aislada y errónea de la tesis de
esta corporación que «favorece que los cargos vacantes en este régimen
especial de carrera sean provistos con los funcionarios que están prestando su
servicio en planta interna o externa y han cumplido la frecuencia de los lapsos
de alternancia en los términos del artículo 37 del Decreto Ley 274 de 2000, en
un empleo de menor jerarquía al que les corresponde, para que puedan ocupar
aquel en el que están inscritos en el escalafón en razón del mérito, que les da
un derecho no solo preferente sino además excluyente para ocuparlo frente a
las personas que no pertenecen a ella, elemento que deberá demostrar al
19 ARTÍCULO 53. Procedencia y Fines. Los funcionarios pertenecientes a la Carrera Diplomática y
Consular podrán ser autorizados o designados para desempeñar Comisión para situaciones
especiales, en los siguientes casos:
a. Para desempeñar en Planta externa o en Planta interna cargos de la Carrera Diplomática y Consular,
correspondientes a categorías superiores o inferiores a aquella a la cual perteneciere el funcionario
dentro del escalafón de la Carrera contenido en el Artículo 10 de este Decreto.
b. Para desempeñar en el exterior el cargo dentro de la categoría del escalafón de la Carrera
Diplomática y Consular a la cual perteneciere, sin cumplir la frecuencia del lapso de alternación
dentro del Territorio de la República de Colombia a la que se refiere el art. 37, literal b., de este Estatuto,
previo concepto favorable de la Comisión de Personal de la Carrera Diplomática y Consular.
(…)
20 Ibidem.
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demandante en este tipo de procesos».
Sobre el particular, esta judicatura reitera que, como excepción a la regla
general del cumplimiento del periodo de alternación, existe la posibilidad de
trasladar a un funcionario que presta su servicio exterior a otra sede
internacional cuando completa doce (12) meses en la plaza asignada, por virtud
del parágrafo del artículo 37 del Decreto Ley 274 de 2000, norma que, en
manera alguna, exige o condiciona que el servidor que cumpla el periodo
previsto en esa disposición se encuentre desempeñando un cargo de inferior
categoría en el escalafón al que pertenece.
La alternancia, entendida como «los períodos durante los cuales el funcionario
con categoría Diplomática y Consular cumple su función tanto en Planta Externa
como en Planta Interna», al tenor del artículo 38 del Decreto Ley 274 de 2000,
respalda esta interpretación.
En efecto, según el literal a) del artículo 37 ibidem, la frecuencia de permanencia
en el exterior es de cuatro (4) años, al cabo de los cuales el funcionario debe
retornar para alternar su servicio desempeñando sus funciones en la planta
interna, con lo que «se busca que los funcionarios que pertenecen a la carrera
no permanezcan indefinidamente en el servicio exterior, circunstancia que les
impediría mantenerse en un contacto directo y saludable con la problemática
nacional y que iría en desmedro de su propia identidad cultural. Por ello se
establece la obligación de trabajar, durante lapsos alternativos, en el servicio
exterior y en el interior»21.
Adicional a ello, se insiste, es posible disponer el traslado de un servidor de
carrera a otra plaza del exterior cuando ha cumplido el lapso de doce (12)
meses en la sede respectiva, al tenor del parágrafo del artículo 37 del Decreto
Ley 274 de 2000, o para desempeñar una comisión para situaciones especiales
en los términos de los literales a) y b) del artículo 53 de la referida norma.
En ese orden, por disposición legal, la permanencia de un funcionario de
Carrera Diplomática y Consular en una sede del servicio exterior está
circunscrita, principalmente, a un lapso de cuatro (4) años, al cabo del cual debe
retornar al país, aunque podría reducirse a doce (12) meses, que es el tiempo
mínimo de permanencia en una sede, para poder disponer su traslado a otra
plaza externa, o por el término de duración de una comisión para situaciones
especiales; dinámicas que el funcionario diplomático y consular conoce y debe
cumplir.
21Corte Constitucional. Sentencia C-129 del 17 de marzo de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
Reiterada en la Sentencia C-808 del 1 de agosto de 2001, MP Manuel José Cepeda Espinosa.
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Descendiendo al caso concreto, se impone recordar que el juez electoral es
competente «(…) para decidir sobre la nulidad del acto demandado, para lo cual
es necesario conocer si existe un funcionario de carrera que tenga la
disponibilidad para suplir la vacante que se proveyó a través de la figura
excepcional de la provisionalidad, siendo una carga del demandante, aportar
las pruebas que así lo acrediten, como sucedió en el asunto en cuestión»22
(Destacado por la Sala).
Precisado lo anterior, se observa que en la demanda23 la parte actora incluyó un
enlace24 que permite acceder a las actas de posesión de los funcionarios de
carrera escalafonados en la categoría de consejero de relaciones exteriores,
código 1012, grado 11, para el 4 de julio de 2024.
Esta prueba permite constatar que al menos un funcionario de los allí
relacionados cumplía el requisito para ser nombrado en el cargo que se discute,
como ocurre con los siguientes empleados:
i) Alejandro Torres Peña
Se posesionó el 7 de febrero de 2022 en el cargo de consejero de
relaciones exteriores, código 1012, grado 11, de la planta global del
Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia
ante el Gobierno de la República de Costa Rica.
ii) Esther Camargo Camargo
Se posesionó el 4 de octubre de 2022 en el cargo de consejero de
relaciones exteriores, código 1012, grado 11, de la planta global del
Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrita al Consulado General de
Colombia en Quito, República del Ecuador.
De lo anterior se infiere que, para el 4 de julio de 2024, fecha de la designación
demandada, los empleados Alejandro Torres Peña y Esther Camargo Camargo,
por citar unos ejemplos, contaban con más de doce (12) meses en cumplimiento
del periodo de alternación en el exterior y, de esta manera, estaban disponibles
para ser nombrados en el cargo materia de esta controversia.
22 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 6 de febrero de 2020. Exp: 25000-23-41-000-2019-
00289-01.
23 Samai, índice 2 de la primera instancia.
24 https://drive.google.com/drive/folders/1ehH6maM3GcPEio8saqXY4ecQtvHHpsuN?usp=drive_link
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2.6.2. La excepción de inconstitucionalidad y sus generalidades
El apoderado del demandado solicitó inaplicar por inconstitucional el parágrafo
del artículo 37 del Decreto Ley 274 de 2000, por cuanto considera que
contradice los artículos 2, 6, 13, 25, 29, 125 y 209 de la Constitución Política.
A partir de su pedimento, se hace necesario hacer varias precisiones sobre esta
institución.
En primer lugar, es claro el carácter prevalente de la Constitución Política
expresamente consagrado en el inciso 1.° del artículo 4.°25. Por su parte, la
Corte Constitucional ha insistido en que:
[L]a excepción de inconstitucionalidad es una facultad o posibilidad (o si se
quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser
alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un
deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los
eventos en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable
a un caso concreto y las normas constitucionales26. [L]a excepción de
inconstitucionalidad únicamente puede aplicarse cuando resulta incuestionable
– conforme al texto de la disposición o clarísima jurisprudencia de la Corte
Constitucional – que viola la Carta27.
En segundo lugar, la jurisprudencia28 ha establecido unas exigencias
sustanciales de procedencia de la excepción de inconstitucionalidad, todas
ligadas a la operatividad y el alcance del control abstracto.
La primera, restringe la aplicación de la figura cuando quiera que la norma
supuestamente transgresora haya sido declarada exequible. En otras palabras,
la decisión de la Corte Constitucional impide que otras autoridades se
pronuncien sobre la incompatibilidad, pues de hacerlo se desconocería la cosa
juzgada establecida en el artículo 243 superior29. El segundo requisito tiene un
contenido finalista en la medida en que condiciona la excepción a la
comprobación de los efectos que conllevaría la aplicación de la norma.
Conforme a esas precisiones se puede deducir que la excepción de
inconstitucionalidad no puede ser aplicada con fundamento en cuestionamientos
abstractos sobre la formación de las normas inferiores.
25 “Artículo 4°. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución
y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”.
26 Corte Constitucional. Sentencia de unificación 132 del 13 de marzo de 2013. M. P. Dr. Alexei Julio
Estrada.
27 Corte Constitucional. Sentencia de Tutela 685 del 8 de agosto de 2003. M. P. Dr. Eduardo Montealegre
Lynett.
28 Corte Constitucional. Sentencia SU-132 de 2013. M.P: Luis Ernesto Vargas Silva.
29 Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada
constitucional.
Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por
razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la
confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución.
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En el caso objeto de estudio, la noma que la parte demandada afirma tiene visos
de inconstitucionalidad, dispone lo siguiente:
PARÁGRAFO. Los funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular que se
encontraren prestando su servicio en el exterior no podrán ser designados en
otro cargo en el exterior, antes de cumplir 12 meses en la sede respectiva, salvo
circunstancias excepcionales calificadas como tales por la Comisión de Personal
de dicha Carrera o designaciones en otros cargos dentro del mismo país.
En su alzada, el apoderado del demandado cuestionó la decisión del a quo de
negar la solicitud de inaplicar por inconstitucional el parágrafo del artículo 37 del
Decreto Ley 274 de 2000.
A su juicio, el traslado o reubicación de un funcionario tras superar los doce (12)
meses de servicio en el exterior, contradice los artículos 2, 6, 13, 25, 29, 125 y
209 de la Constitución Política.
Pues bien, al respecto, se impone precisar que, para hacer uso de esta figura
excepcional, es necesario que la contradicción que se alega sea manifiesta, es
decir, que la norma constitucional y legal riñan de tal manera que del simple
cotejo resulte absolutamente incompatible su aplicación30.
En el sub examine, las normas constitucionales citadas por la parte demandada
consagran los fines del Estado; disponen que los servidores públicos serán
responsables por la omisión o por extralimitación en el ejercicio de sus
funciones; que la igualdad determina que todas las personas reciban la misma
protección y trato de las autoridades y gocen de los mismos derechos, libertades
y oportunidades sin distinción alguna; que las personas tienen derecho al trabajo
digno y justo; que en todos los procesos deberá observarse el debido proceso;
que los cargos públicos son de carrera, y que el ejercicio de la función
administrativa debe desarrollarse bajo los principios de eficiencia, economía y
celeridad, entre otros (arts. 2, 6, 13, 25, 29, 125 y 209).
Así las cosas, la Sala no evidencia la contradicción del parágrafo del artículo 37
del Decreto Ley 274 de 2000 con las normas superiores que se invocan, como
pasa a explicarse:
➢ Artículo 2: No se advierte de que forma, la designación de un funcionario a otro
cargo en planta externa, una vez superado el lapso de doce (12) meses de que
trata la referida norma, resulta contrario a los fines del Estado. Por el contrario,
al consagrar como uno de ellos el de garantizar la efectividad de los principios
consagrados en la Constitución, está privilegiando el mérito, que es justamente
lo que busca proteger el mencionado parágrafo. Ello, al señalar en el artículo
30Consejo de Estado, Sección Primera, MP. María Elizabeth Garcia González, sentencia del 11 de
noviembre de 2010, Rad. 66001-23-31-000-2007-00070-01.
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125 superior, que es uno de los principios constitucionales, que «[l]os empleos
en los órganos y entidades del Estado son de carrera».
➢ Artículo 6: Tampoco se observa la manera en la que pueda contradecir el
canon que establece la responsabilidad de los servidores públicos, pues si la
norma autoriza ese movimiento de personal, su aplicación no transgrede las
disposiciones sobre Carrera Diplomática y Consular.
➢ Artículo 13: No se evidencia de qué forma resulta contrario al derecho a la
igualdad, toda vez que la norma se refiere a los movimientos de personal según
las dinámicas de las relaciones exteriores, y recae exclusivamente sobre los
funcionarios que pertenecen al régimen de Carrera Diplomática y Consular.
➢ Artículo 25: No se entiende cómo vulnera el derecho al trabajo justo y digno.
Por el contrario, establece que los empleados que accedieron a él por haber
superado el concurso de méritos y que hacen parte de dicho régimen especial,
pueden ser traslados a otra sede en el exterior, una vez cumplido el período
mínimo de permanencia fijado.
➢ Artículo 29: No se evidencia de qué manera es contrario al debido proceso. La
norma confiere al nominador la posibilidad de autorizar al funcionario su
desplazamiento desde su sede respectiva a otro cargo, según las necesidades
del servicio.
➢ Artículo 125: No se observa la forma en la que es contrario al precepto que
impone que los cargos públicos son de carrera, incluso, la norma cuestionada se
dirige, precisamente, a quienes están adscritos al régimen de Carrera
Diplomática y Consular, por haber superado un concurso de méritos.
➢ Artículo 209: El parágrafo desarrolla, precisamente, el adecuado ejercicio de la
función administrativa, particularmente, bajo los principios de eficiencia,
economía y celeridad, en procura del cumplimiento de los fines del Estado.
Además, dispone la forma de ejercer la función administrativa autorizando la
gestión de personal para que las funciones diplomáticas y consulares respondan
adecuadamente a los principios de celeridad y eficiencia, permitiendo el
nombramiento de quienes, aún en periodo de alternación, puedan desplazarse a
otra sede en el exterior para cubrir necesidades del servicio, siempre que hayan
superado los doce (12) meses en la sede respectiva.
En consecuencia, no se accederá a la aplicación de la referida excepción,
comoquiera que la tesis vigente de la Sección Quinta del Consejo de Estado es
la que garantiza en mayor medida los referidos mandatos superiores y en tal
sentido esta Sala Electoral31 ha explicado que «acudir a los funcionarios de
carrera en primer lugar, resulta ser un mandado axiológico superior, pues en la
31 MP Gloria María Gómez Montoya, sentencia del 6 de marzo de 2025, Rad. 25000-23-41-000-2023-
00624-01 (principal) y sentencia del 5 de diciembre de 2024, Rad. 25000-23-41-000-2023-01321-01
(principal), MP Pedro Pablo Vanegas Gil, sentencia del 8 de mayo de 2025, Rad. 25000-23-41-000-2023-
01197-01.
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Carta Política según las voces del artículo 125, para el acceso del empleo
público debe pregonarse los criterios objetivos, como el del mérito».
2.6.3. Requisitos para ocupar, en provisionalidad, el cargo de consejero de
relaciones exteriores
Los requisitos para ocupar, en provisionalidad, cargos de Carrera Diplomática y
Consular por parte de personas que no pertenezcan a ella, se encuentran
consagrados en el artículo 61 del Decreto Ley 274 de 2000, así:
ARTÍCULO 61. CONDICIONES BÁSICAS. La provisionalidad se regulará por
las siguientes reglas:
a. Para ser designado en provisionalidad, se deberán cumplir los siguientes
requisitos:
1) Ser nacional Colombiano
2) Poseer título universitario oficialmente reconocido, expedido por
establecimiento de Educación Superior, o acreditar experiencia según exija el
reglamento.
3) Hablar y escribir, además del español, el idioma inglés o cualquier otro de los
idiomas oficiales de Naciones Unidas. No obstante el requisito de estos idiomas,
podrá ser reemplazado por el conocimiento del idioma oficial del país de destino.
En concordancia con lo anterior, el Decreto 1083 de 201532, en el artículo
2.2.2.7.3., señala las condiciones que deben acreditar las personas designadas
en provisionalidad en cargos de Carrera Diplomática y Consular, en los
siguientes términos:
ARTÍCULO 2.2.2.7.3 EMPLEOS PERTENECIENTES A LA CARRERA
DIPLOMÁTICA Y CONSULAR DEL SERVICIO EXTERIOR DEL MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES. Las personas designadas en provisionalidad
en cargos de Carrera Diplomática y Consular del servicio exterior del Ministerio
de Relaciones Exteriores, deberán cumplir las condiciones contempladas en el
artículo 61 del Decreto Ley 274 de 2000.
Cuando la persona designada en provisionalidad deba acreditar el requisito de la
experiencia, consagrado en el artículo 61, literal a), numeral 2, del Decreto Ley
274 de 2000, la misma podrá ser profesional, o relacionada, o la adquirida en el
ejercicio de empleos de elección popular o de dirección, confianza y manejo de
que trata el artículo 1 del Decreto Ley 2351 de 1965 y con las siguientes
exigencias:
32 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
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La experiencia se acreditará mediante la presentación de constancias escritas,
expedidas por la autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales
o privadas. Cuando el interesado haya ejercido su profesión o actividad en forma
independiente, la experiencia se acreditará mediante declaración juramentada
ante Notario.
Las certificaciones de experiencia deberán contener como mínimo, la siguiente
información:
1. Nombre o razón social de la entidad o empresa.
2. Tiempo de servicio.
3. Relación de funciones desempeñadas.
En el evento en que la persona en ejercicio de su profesión haya asesorado en
el mismo período a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se
contabilizará por una sola vez.
La persona designada en provisionalidad deberá acreditar el requisito del
idioma, consagrado en el numeral 3 del literal a) del artículo 61 del Decreto-ley
274 de 2000, de conformidad con el reglamento que expida para el efecto el
Ministro de Relaciones Exteriores mediante resolución.
Por su parte, el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales
para los empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Relaciones
Exteriores, contenido en la Resolución 10380 de 22 de diciembre de 2023,
establece que quien aspire a ocupar el cargo de consejero de relaciones
exteriores debe acreditar los requisitos que a continuación se señalan:
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Asimismo, señala como funciones esenciales del referido empleo las que a
continuación se transcriben:
1. Asesorar al Jefe de Misión en el diseño y ejecución de programas y
estrategias para implementar la política exterior en asuntos bilaterales o
multilaterales, de acuerdo con las especificidades de Estado Receptor u
organismo internacional. 2. Participar en reuniones oficiales y negociaciones con
gobiernos extranjeros u organismos internacionales, de acuerdo con los
lineamientos de la política exterior en asuntos bilaterales o multilaterales y las
directrices del superior inmediato. 3. Asesorar y realizar estudios e
investigaciones que permitan mejorar la gestión de la Misión, defender los
intereses del país, garantizar los derechos de los connacionales y mejorar los
sistemas de intercambio o cooperación establecidos en los tratados y convenios
relacionados con la gestión de la Misión. 4. Asesorar y preparar los informes de
coyuntura sobre las condiciones y evolución de la actividad política, económica,
comercial, cultural y científica del Estado receptor, para que aporten elementos
de análisis que sean de utilidad, tanto para la gestión de la Misión, como para
las áreas de asuntos bilaterales y multilaterales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, de acuerdo con las directrices del Jefe de Misión. 5. Asesorar en la
formulación y ejecución de programas y actividades para fomentar las relaciones
políticas, económicas, científico-técnicas y culturales con los Gobiernos
extranjeros y los organismos internacionales, de acuerdo con las directrices del
Jefe de Misión. 6. Asesorar y realizar el seguimiento a la gestión de los
consulados de la jurisdicción de la Misión frente a los planes de acción y la
implementación de las políticas adoptadas por el Ministerio. 7. Asesorar y
preparar la documentación requerida para las visitas del Presidente de la
República, del Ministro, de los Viceministros y delegaciones del país, de acuerdo
con las instrucciones del superior inmediato. 8. Asesorar y realizar informes
relacionados con las actividades desarrolladas por la misión diplomática,
seguimiento a compromisos de su plan de acción y sobre todos los asuntos de
carácter local o internacional que puedan ser de interés para la conducción de la
política exterior de Colombia, de acuerdo con las instrucciones de Jefe de
Misión. 9. Absolver consultas y prestar asistencia técnica sobre los temas bajo
competencia de la Misión. 10. Las demás que le sean asignadas o que por su
naturaleza sean afines con las descritas en este cargo, especialmente las
establecidas por la Convención de Viena de 1961.
Con estas precisiones, la Sala se referirá a los requisitos que fueron objeto del
recurso de apelación, como pasa a explicarse:
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a) Experiencia y formación académica
El artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015 define la experiencia como «los
conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas
mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio» y, a su turno, la clasifica en
profesional, relacionada, entre otras, así:
Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación
del pensum académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de
las actividades propias de la profesión o disciplina académica exigida para el
desempeño del empleo.
En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el
Sistema de Seguridad Social en Salud, la experiencia profesional se computará
a partir de la inscripción o registro profesional.
La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las
modalidades de formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará
experiencia profesional.
Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos o
actividades que tengan funciones similares a las del cargo a proveer.
(…).
En cuanto a la experiencia «profesional relacionada» esta corporación 33 explicó
lo siguiente:
[La] experiencia profesional específica o relacionada, esto es, la adquirida a
partir de la terminación y aprobación de todas las materias que conforman el
pensum académico de la respectiva formación universitaria en el ejercicio de las
actividades propias de la profesión realizadas en un empleo o actividad de igual
naturaleza, a la del cargo por proveer, o la adquirida en el ejercicio de los
empleos que tengan funciones similares al mismo y ii) experiencia específica o
relacionada con las funciones del cargo, cual es la adquirida en el ejercicio
de las funciones de un empleo en particular o en una determinada área de
trabajo o área de la profesión, ocupación, arte u oficio, de igual naturaleza a la
del cargo por proveer, o la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan
funciones similares al mismo.
Por su parte, la Sala Electoral34 se pronunció así:
En lo atinente a la definición de “Experiencia Relacionada”, el Decreto 1083 de
2015, en su artículo 2.2.2.3.7 establece que esta es “la adquirida en el ejercicio
de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del cargo a
proveer”. En este sentido, la locución “similares”, otorga un amplio espectro a la
definición, en tanto, supone que las funciones pueden ser parecidas, semejantes
o análogas con las funciones propias del cargo. En otros términos, no se
requiere que sean idénticas, a las propias del cargo a proveer. (…). Es decir,
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, MP. Víctor Hernando Alvarado Ardila, sentencia de
18 de marzo de 2010, Rad. 52001-23-31-000-2010-00013-01.
34 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP Luis Alberto Álvarez Parra, sentencia del 4 de noviembre de
2021, Rad. 11001-03-28-000-2019-00059-00.
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basta que la experiencia se inscriba en ese conjunto amplio de funciones
similares, de manera que se advierta afinidad, conexidad o parecido con las
funciones propias del cargo al que se aspira. (…). Por lo tanto, no se necesita
que las funciones sean exactas o encajen, rigurosamente, en las mismas
funciones propias del cargo a proveer, pues, esto implicaría que la única
manera de acreditar experiencia relacionada, sería con el desempeño del
empleo al que se aspira, por lo que lo “relacionado” terminaría por convertirse
en idéntico, desdibujando, de esta manera, estos conceptos jurídicos
fundamentales. (…).
Del recuento normativo y jurisprudencial efectuado, la Sala concluye que la
experiencia profesional relacionada comprende los siguientes elementos: i) es
aquella adquirida con posterioridad a la terminación y aprobación de materias
que conforman el pénsum académico del respectivo programa universitario de
formación profesional; ii) se obtiene en ejercicio de las funciones o actividades
propias de la profesión, y iii) en los empleos desempeñados, han debido
cumplirse funciones similares a las del cargo a proveer, para lo cual, se debe
tener en cuenta, además, el nivel jerárquico de este, la responsabilidad, y haber
desarrollado funciones afines, semejantes, equivalentes, análogas o
complementarias en determinada profesión, es decir, que no es necesario haber
cumplido exactamente las mismas funciones del puesto al cual se aspira.
En el sub examine, se observa que la parte actora allegó con la demanda copia
de la hoja de vida, de los diplomas que demuestran los estudios realizados por
el demandado y de las certificaciones laborales.
Ahora bien, de las certificaciones aportadas al plenario se destaca la emitida por
el Ministerio de Relaciones Exteriores35, en la cual consta que el señor Pongutá
Puerto fue nombrado primer secretario de relaciones exteriores adscrito a la
Embajada de Colombia ante el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de
Luxemburgo y consejero de relaciones exteriores adscrito a la Embajada de
Colombia ante el Gobierno de la República de Italia, así:
35
Samai, índice 2 de la primera instancia.
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Demandante: Mildred Tatiana Ramos Sánchez
Demandado: Néstor Augusto Pongutá Puerto
Rad.: 25000-23-41-000-2024-01480-01
Nótese que, si bien, este documento no relaciona las funciones consulares que
ejerció el señor Néstor Augusto Pongutá Puerto como lo exige el artículo
2.2.2.3.8. del Decreto 1083 de 2015, lo cierto es que, previo a ocupar el cargo
que ahora se discute, se desempeñó como primer secretario de relaciones
exteriores36 adscrito a la Embajada de Colombia ante el Reino de Bélgica y el
Gran Ducado de Luxemburgo, entre el 7 de marzo de 2011 y el 10 de julio de
2015 (más de 4 años) y, posteriormente, se desempeñó como consejero de
relaciones exteriores, código 1012, grado 11, adscrito a la Embajada de
Colombia ante el Gobierno de la República de Italia, desde el 1.° de abril de
2019 hasta el 16 de abril de 2023 (más de 4 años).
Con este panorama, resulta claro que las funciones que el demandado ejercía
como primer secretario de relaciones exteriores adscrito a la Embajada de
Colombia ante el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo, son
36 La Resolución 4026 de 16 de septiembre de 2009, vigente para la fecha en que el demandado ocupó el
cargo de primer secretario de relaciones exteriores, señalaba como funciones esenciales de dicho empleo
las que a continuación se destacan: 3. Realizar estudios e investigaciones que permitan mejorar la gestión
de la Misión, defender los intereses del país, garantizar los derechos de los connacionales y mejorar los
sistemas de intercambio o cooperación establecidos en los tratados y convenios relacionados con la
gestión de la Misión (…). 4. Elaborar los informes de coyuntura sobre las condiciones y evolución de la
actividad política, económica, comercial, cultural y científica del Estado receptor, para que aporten
elementos de análisis que sean de utilidad, tanto para la gestión de la Misión, como para las áreas de
asuntos bilaterales y multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con las directrices
del Jefe de Misión. (…). 6. Realizar informes de seguimiento sobre la gestión de los consulados de la
jurisdicción de la Misión frente a los planes de acción y la implementación de las políticas adoptadas por el
Ministerio, entre otras.
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Demandante: Mildred Tatiana Ramos Sánchez
Demandado: Néstor Augusto Pongutá Puerto
Rad.: 25000-23-41-000-2024-01480-01
parecidas, semejantes o análogas a las asignadas a un consejero de relaciones
exteriores.
En este orden, la Sala encuentra acreditada una experiencia relacionada por
parte del señor Néstor Augusto Pongutá Puerto superior a 8 años 37, de manera
que cumplió la exigencia de 5 años que establece el Decreto 1083 de 2015,
razón suficiente para que se releve de valorar las demás certificaciones
laborales que la demandante acompañó con su demanda.
Por otra parte, en cuanto al requisito consistente en tener título universitario
oficialmente reconocido, expedido por establecimiento de educación superior, se
observa lo siguiente:
Lo anterior permite colegir que, si bien el señor Néstor Augusto Pongutá Puerto
no cuenta con un título profesional universitario, sino con el de Técnico
Profesional en Locución y Periodismo Electrónico, sí acreditó la experiencia
relacionada que se exige para ocupar el cargo de consejero de relaciones
exteriores, de cinco (5) años, que es una de las condiciones básicas que exige
el artículo 61, literal a), numeral 2.° del Decreto Ley 274 de 2000, al disponer
que, para ser designado en provisionalidad, deberá «poseer título universitario
oficialmente reconocido o acreditar experiencia según exija el reglamento».
(Subrayado fuera de texto).
37 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP Luis Alberto Álvarez Parra, sentencia del 5 de junio de 2025,
demandante: Mildred Tatiana Ramos Sánchez, demandado: Sebastián Camilo Guanumen Parra -
embajador extraordinario y plenipotenciario adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la
República de Chile.
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Demandante: Mildred Tatiana Ramos Sánchez
Demandado: Néstor Augusto Pongutá Puerto
Rad.: 25000-23-41-000-2024-01480-01
b) Dominio de un segundo idioma
El artículo 61 del Decreto Ley 274 de 2000 establece como una condición básica
para ocupar, en provisionalidad, un cargo de Carrera Diplomática y Consular, la
siguiente:
ARTÍCULO 61. CONDICIONES BÁSICAS. La provisionalidad se regulará por
las siguientes reglas:
a. Para ser designado en provisionalidad, se deberán cumplir los siguientes
requisitos:
(…)
3) Hablar y escribir, además del español, el idioma inglés o cualquier otro de los
idiomas oficiales de Naciones Unidas. No obstante el requisito de estos idiomas,
podrá ser reemplazado por el conocimiento del idioma oficial del país de destino.
Para efectos de acreditar el segundo idioma requerido, el señor Néstor Augusto
Pongutá Puerto, en el Formato Único de la Hoja de Vida, afirmó que habla, lee y
escribe muy bien italiano y allegó copia de algunos certificados que se
encuentran en ese idioma38.
Por su parte, la demandante en la alzada aseguró que:
El artículo 61 del Decreto-Ley 274 de 2000 exige que el designado hable y
escriba un idioma oficial de Naciones Unidas. Esta exigencia es objetiva,
verificable y no admite presunciones.
(…) en el expediente no existe un solo certificado expedido por entidad
competente (como CILS, CERTIT, CELI, universidades homologadas o
institución evaluadora), ni prueba apostillada o acreditación conforme a
estándares del Marco Común Europeo. La ley exige acreditación formal del
idioma; (…).
Sobre el particular, considera la Sala que a la luz del artículo descrito en
términos generales, esto es, «[h]ablar y escribir, además del español, el idioma
inglés o cualquier otro de los idiomas oficiales de Naciones Unidas», no se
advierte violación alguna de esta disposición, y comoquiera que la señora
Mildred Tatiana Ramos Sánchez no invocó la norma reglamentaria que
establece que para acreditar el dominio del segundo idioma se requiere
«certificado expedido por entidad competente (como CILS, CERTIT, CELI,
universidades homologadas o institución evaluadora), ni prueba apostillada o
acreditación conforme a estándares del Marco Común Europeo», no es dable a
esta corporación adelantar juicios de legalidad de manera oficiosa, so pena de
vulnerar los derechos al debido proceso y de contradicción y defensa de las
partes. Ello, porque del literal a), del numeral 3.°, del artículo 61 del Decreto Ley
38 Samai, índice 2 de la primera instancia.
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Demandado: Néstor Augusto Pongutá Puerto
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274 de 2000, que cita la demandante como fundamento de su reparo, no se
desprenden esas exigencias.
3. Conclusión
De esta manera, es claro que el Decreto 0826 de 4 de julio de 2024, mediante el
cual se designó en provisionalidad al señor Néstor Augusto Pongutá Puerto en
el cargo de consejero de relaciones exteriores, código 1012, grado 11, adscrito a
la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con sede en Roma, República
Italiana, es contrario a los artículos 60 y 61 del Decreto Ley 274 de 2000, toda
vez que, para el momento de su expedición, existía por lo menos una persona
perteneciente a la Carrera Diplomática y Consular en disponibilidad para ser
designada en dicha plaza.
En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la
nulidad del Decreto 0826 de 4 de julio de 2024.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de agosto de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección «B»,
adicionada mediante proveído del 7 de noviembre de 2025, que accedió a las
pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: EXHORTAR al Ministerio de Relaciones Exteriores para que
promueva la realización de concursos de méritos para ocupar las plazas
vacantes, en aras de proteger la Carrera Diplomática y Consular.
TERCERO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su
competencia.
CUARTO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no
procede recurso ordinario alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Aclara voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
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Demandante: Mildred Tatiana Ramos Sánchez
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Ausente con permiso
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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