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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2024-01510-01

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2024-01510-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 4 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca —Sección Primera, Subsección A—, que declaró la nulidad del Decreto 238 del 17 de julio de 2021, pero por las razones expuestas en la presente providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 37 Demandantes: Jorge Enrique Forero Rubén Darío Barbosa Demandada: Karla Tathyanna Marín Ospina (alcaldesa local de Kennedy) Radicado: 25000-23-41-000-2024-01510-01 (principal) SEGUNDO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 25000-23-41-000-2024-01510-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

11 de diciembre de 2025

Demandantes: Jorge Enrique Forero
Rubén Darío Barbosa
Demandada: Karla Tathyanna Marín Ospina
(alcaldesa local de Kennedy)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-01510-01 (principal)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 25000-23-41-000-2024-01510-01 (principal)
25000-23-41-000-2024-01585-00
Demandantes: JORGE ENRIQUE FORERO
RUBÉN DARÍO BARBOSA
Demandada: KARLA TATHYANNA MARÍN OSPINA – ALCALDESA LOCAL
DE BOGOTÁ PARA LA LOCALIDAD DE KENNEDY, PARA EL
PERÍODO 2024-2027.

Temas: Inhabilidad del artículo 66.4 Decreto 1421 de 1993.
Ejercicio de cargo público previo a la fecha de inscripción.

SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos y sustentados
oportunamente por la demandada Karla Tathyanna Marín Ospina y el apoderado
judicial del Distrito Capital de Bogotá, contra la sentencia de 4 de julio de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, que declaró la nulidad de la designación de la alcaldesa de la
localidad de Kennedy.

I. ANTECEDENTES

1.1. Las demandas

Los accionantes Jorge Enrique Forero1 y Rubén Darío Barbosa2, en nombre propio,
presentaron sendas demandas, en ejercicio del medio de control de nulidad
electoral, contra el Decreto 238 de 17 de julio de 2024, proferido por el alcalde
Mayor de Bogotá, por medio del cual nombró a la demandada como alcaldesa de
la localidad de Kennedy del Distrito Capital, para el periodo 2024-2027.

1 Este escrito introductorio fue presentado el 30 de julio de 2024, pero remitido por competencia al Tribunal

Administrativo de Cundinamarca, por auto de 21 de agosto de 2024, proferido por el Juzgado 45 Administrativo
del Circuito de Bogotá.
2 Esta demanda fue presentada el 16 de agosto de 2024 ante los juzgados administrativos, pero fue remitida

por competencia al Tribunal de Cundinamarca, mediante auto de 29 de agosto de 2024, expedido por el
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá.

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Demandantes: Jorge Enrique Forero
Rubén Darío Barbosa
Demandada: Karla Tathyanna Marín Ospina
(alcaldesa local de Kennedy)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-01510-01 (principal)

En concreto, los libelistas solicitaron:

PRETENSIONES

1. Sea declarada la Nulidad del acto administrativo por el cual se nombró a la
alcaldesa local de Kennedy, señora KARLA TATHYANNA MARÍN OSPINA,
Decreto 238 de 2024

2. Sea declarada la Nulidad del Decreto 238 de 2024, en lo que respecta a la
designación de la señora KARLA TATHYANNA MARÍN OSPINA en el cargo de
Alcaldesa Local de Kennedy

3. Como consecuencia de la nulidad se ordene a la JAL de Kennedy rehacer la
terna con los aspirantes que superaron la prueba y se encuentran habilitados.

4. Que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en los
artículos 192-195 de la Ley 1437 de 2011.

PRETENSIONES3:

1. Se declare la nulidad del Decreto proferido por el alcalde Mayor de Bogotá D.C.,
N.º 238 del 17 de julio de 2024, por el cual se efectúa, el nombramiento de la doctora
KARLA TATHYANNA MARÍN OSPINA, identificada con cédula de ciudadanía N.º
1.000.002.118, como alcaldesa local, código 030, grado 05 de la 14 alcaldía Local de
Kennedy de Bogotá D.C., por cuanto se expidió en contra del art. 66 núm. 4º del
decreto ley 1421 de 1993, modificado por la Ley 2116 de 2021.

2. Se declare nula el acta de posesión No 248 del 18 de julio del año 2024, mediante
la cual la doctora KARLA TATHYANNA MARÍN OSPINA, (…), tomo posesión del
cargo de alcalde Local, Código 030, grado 05 de la alcaldía Local de Kennedy, la cual
se surtió ante la GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO DE LA
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. por cuanto se expidió irregularmente en
contra del art. 66, núm. 40 del decreto ley 1421 de 1993.

3. Que, como consecuencia de lo anterior, se deje vacante el cargo de ALCALDE
LOCAL DE KENNEDY, de la ciudad de BOGOTÁ D.C. a fin de que el Alcalde Mayor
Dr. CARLOS FERNANDO GALÁN, disponga su reemplazo, mientras se surte un
nuevo proceso de elección que cumpla cabalmente las formalidades que trata el
Estatuto Orgánico de Bogotá D.C. y la Ley 2116 de 2021.

1.2. Hechos

La parte actora, en las demandas, expuso los siguientes fundamentos fácticos, los
cuales por economía procesal se unifican:

Señaló que la accionada fungió como profesional universitaria, código 219, grado
15, entre el 18 de octubre de 2017 hasta el 31 de enero de 2024, fecha en la cual
se aceptó su renuncia, conforme consta en la Resolución 0050 de 2024 expedida
por la Secretaría de Gobierno del Distrito Capital de Bogotá.

3 Corresponden a las del memorial de subsanación de la demanda.

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Demandantes: Jorge Enrique Forero
Rubén Darío Barbosa
Demandada: Karla Tathyanna Marín Ospina
(alcaldesa local de Kennedy)
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Indicó que el 8 de febrero de 2024, esa misma cartera, expidió la circular 2, que
contiene el Instructivo para el proceso de integración de ternas para la designación
de Alcaldes y Alcaldesas Locales – Citación a sesiones extraordinarias de las
Juntas Administradoras Locales.

El día 16 siguiente, expidió la circular 3, mediante la cual determinó el cronograma
para la elaboración de dichas ternas para el nombramiento de los alcaldes locales,
para el periodo 2024-2027, en el que se fijaron las etapas y los tiempos de cada
una, así:

Afirmó que el 27 de febrero de 2024 la Universidad Nacional de Colombia y la JAL
de Kennedy, como autoridades directoras y garantes del proceso meritocrático,
publicaron el listado de inscritos para la selección de integrantes de la terna para
alcalde o alcaldesa local de Kennedy, donde quedó incluida la señora KARLA
TATHYANNA MARÍN OSPINA, quien guardó silencio y faltó a la verdad respecto a
manifestar que estuvo vinculada con la Secretaría de Gobierno, como empleada
pública o profesional de la oficina de control disciplinario.

Aseguró que el 22 de marzo de 2024, la Junta Administradora Local de Kennedy,
de conformidad con el artículo 84 de la Ley 1421 de 1993, el Decreto 1350 de 2005,

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Demandantes: Jorge Enrique Forero
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el Decreto Distrital 011 de 20084 y las Circulares 002 y 003 de 2024 expedidas por
la Secretaría de Gobierno, conformó la respectiva terna, la cual integró con:

BROSMAN RUDECINDO RUEDA ROBAYO, elegido con 4 votos de los
ediles Diana Castro y Juan Realpe (del Pacto Histórico), Diego Angulo (del
partido Liberal Colombiano) y Milton Peña (de Alianza Verde).

LEONARDO JOSÉ LEÓN NÚÑEZ, quien fue elegido con 4 votos de los ediles
Stella Díaz (Pacto Histórico), Gloria Chamorro (Nuevo Liberalismo), Carlos
Olaya (Liberal) y Paola Rico (Centro Democrático).

KARLHA TATHYANNA MARÍN OSPINA, elegida con 3 votos de los ediles
Sebastián Moreno (Nuevo Liberalismo), Angie García (MIRA) y John Ramírez
(Alianza Verde).

Indicó que la aspirante Marín Ospina quedó ilegalmente autorizada para continuar
en el proceso meritocrático pese a estar inhabilitada dado que tan solo renunció al
cargo de profesional universitaria, Código 219, Grado 15 de la Secretaría de
Gobierno de Bogotá el 31 de enero de 2024, lo que le impedía inscribirse al proceso.

Lo anterior, en atención al artículo 84 del Decreto Ley 1421 de 1993 que remite al
artículo 66 ibidem y, particularmente al numeral 4°, dispone que están inhabilitados
para ser alcaldes locales, quienes se hayan desempeñado como empleados
públicos en el Distrito Capital, dentro de los tres meses anteriores a la inscripción
de la candidatura.

Afirmó que, a pesar de lo anterior, la accionada resultó elegida alcaldesa local de
Kennedy, conforme consta en el Decreto 238 de 17 de julio de 2024.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

Los accionantes invocaron como normas vulneradas el preámbulo y los artículos 1,
2, 4, 5, 6, 13, 29, 84, 95 y 230 de la Constitución Política; los artículos 65, 66.4 y 84
del Decreto Ley 1421 de 1993 y 785 de 2005; artículo 2 del Decreto 1350 de 2005,
el Decreto Distrital 011 de 2008 y la Circular 002 de 2024 de la Secretaría de
Gobierno de Bogotá.

El concepto de la violación lo explicaron en los siguientes términos:

La accionada se inscribió para lograr el cargo de alcaldesa de la localidad de
Kennedy, para el periodo 2022-2024, en el interregno que cursó entre el 22 y el 24

4 Decreto 011 de 15 de enero de 2008 Por el cual se dictan medidas para la integración de ternas para la

designación de los alcaldes Locales en el Distrito Capital.

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Demandantes: Jorge Enrique Forero
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(alcaldesa local de Kennedy)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-01510-01 (principal)

de febrero de 2004, pero en ese tiempo se desempeñaba como profesional
universitario, código 219, grado 15, labor en la que fungió desde el 18 de octubre
de 2017 hasta el 31 de enero de 2024, cuando se le aceptó la renuncia respectiva.

Así las cosas, al momento de inscribirse para el cargo en mención, estaba incursa
en la inhabilidad prevista en el artículo 66 numeral 4 del Decreto Ley 1421 de 1993,
aplicable a los alcaldes locales por remisión expresa del artículo 84.4 ib.,
consistente en el ejercicio de funciones públicas en el mismo ente territorial, dentro
de los tres meses anteriores a postularse para alcaldesa de una localidad del
Distrito Capital.

Respecto a la interpretación de la causal indicada, la jurisprudencia el Consejo de
Estado y concepto del DAFP (20246000300381 de 26 de abril de 2024), han
considerado que es el momento de la inscripción el parámetro o factor temporal que
marca el inicio del periodo inhabilitante sobre el cual deben contabilizarse los tres
meses previos que establece la norma.

La incursión en ese hecho constitutivo de inhabilidad, afectó el acto de designación
por falsa motivación, comoquiera que la administración omitió tener en cuenta
hechos demostrados, que habrían conducido a una decisión sustancialmente
diferente.

Acusó que el nombramiento de la actual alcaldesa local de Kennedy, desconoce
normas de orden público, de manera directa las contenidas en el Estatuto Orgánico
de Bogotá D.C., (Decreto Ley 1421 de 1993, en especial su art. 66), modificado por
la Ley 2116 de 2021 e incumple la Circular 002 del 2024, expedida por la Secretaria
de Gobierno que previó las reglas de juego para quienes participaran en el proceso
meritocrático de elección del alcalde local, lo cual no se respetó por quien fue
designada, al estar inhabilitada por ser funcionaria pública y no haber renunciado a
ese cargo, antes de los tres (3) meses contados desde la fecha de inscripción.

Señaló que no se observaron las normas en las cuales debía fundamentarse el acto
demandado, pues se dio más fuerza a los conceptos del DAFP y de la Secretaría
de Gobierno, pasando por encima incluso de la última sentencia del Consejo de
Estado respecto de la determinación del periodo inhabilitante. Se refiere al fallo de
9 de septiembre de 20215.

Así las cosas, con el acto demandado se transgredió la norma superior mencionada
en que debía fundarse, por la causal interpretación errónea, porque aun cuando el
nominador aplicó la regulación correspondiente para el caso en cuestión, la
hermenéutica fue indebida, con ello, permitió que la entonces aspirante fuera
elegida, cuando claramente se encontraba inhabilitada, conforme a lo expuesto en

5 Radicado 25000-23-41-000-2020-00347-02. M.P. Rocío Araújo Oñate.

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Demandantes: Jorge Enrique Forero
Rubén Darío Barbosa
Demandada: Karla Tathyanna Marín Ospina
(alcaldesa local de Kennedy)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-01510-01 (principal)

precedencia.

Explicó que la Secretaría de Gobierno de Bogotá y, con ello, el alcalde Mayor, al
proferir el Decreto 238 de 2024 y al realizar el acto de posesión 248 del 18 de julio
de 2024, desconocen y violan la ley de manera directa y las normas que regulan el
asunto, al no tener en cuenta el análisis del extremo temporal a partir del cual debe
entenderse que corren los tres meses de inhabilidad de ejercicio de cargo público
que dispuso el legislador en el numeral 4° del artículo 66 de la Ley 1421 de 1993.

Aseveró que el acto demandado tampoco podía basarse en la sentencia de 6 de
junio de 1996, que profirió la Sección Quinta dentro del expediente 1586 y en la que
se indicó que el límite temporal de la inhabilidad era la fecha del nombramiento, ya
que no puede considerarse como jurisprudencia aplicable, comoquiera que esa
postura no coincide con las premisas fácticas que ocupan el actual evento
judicializado, porque, en primer lugar, fue proferida en 1996, fecha en la que el
Decreto 1350 de 2005, reglamentación que implementó la meritocracia en el
proceso de selección de aspirantes de ternas y nominación de alcaldes locales, no
se había expedido.

A juicio de la parte actora, la accionada debió haber renunciado al cargo que
ocupaba en la Alcaldía Mayor de Bogotá, como mínimo con tres meses de
antelación a la fecha de inscripción a la alcaldía local, tal como se consagró en la
misma Circular 002 de 2024.

Señaló que, en contraste, la designación demandada, transgredió el fallo de 9 de
septiembre de 2021 que la Sección Quinta profirió dentro del radicado 25000-23-
41-000-2020-00347-026, en la que definió los extremos de inhabilidad por ejercicio
de cargos públicos, en los tres meses anteriores de la inscripción -no al
nombramiento-, para respetar el principio de igualdad de condiciones (art 13 C.N.)
de todos los participantes.

1.4. Actuaciones procesales

1.4.1. La admisión y la suspensión provisional

En el radicado 2024-01585-00, la demanda fue inadmitida por el tribunal a quo
mediante auto de 6 de septiembre de 2024, luego por providencia del 6 de
noviembre siguiente, ordenó correr traslado de la solicitud de suspensión
provisional.

6 Demandante: José Ángelo Ortiz García. M.P. Rocío Araújo Oñate (E).

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Demandantes: Jorge Enrique Forero
Rubén Darío Barbosa
Demandada: Karla Tathyanna Marín Ospina
(alcaldesa local de Kennedy)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-01510-01 (principal)

Mediante auto de 5 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca —Sección Primera, Subsección A—, admitió la demanda y negó la
medida cautelar, al considerar que la solicitud careció de fundamento jurídico.

Por otra parte, en el radicado 2024-01510-00, por auto de 23 de agosto de 2024 se
corrió traslado de la medida cautelar, y en providencia del 24 de octubre del mismo
año admitió el libelo y negó la solicitud que pedía suspender los efectos del Decreto
Distrital 238 del 17 de julio de 2024, por cuanto la magistrada ponente consideró
que carecía de la carga argumentativa necesaria.

1.4.2. Contestación de la demanda

Dentro del término de traslado de los autos admisorios de las demandas
presentaron escritos de contestación y de intervención la alcaldesa local y el Distrito
Capital de Bogotá.

1.4.2.1 Por parte de la accionada

Frente al asunto de fondo, indicó que la inhabilidad contenida en el artículo 66.4 del
Decreto Ley 1423 de 2001, existen varias apreciaciones respecto de la
interpretación que se le debe dar para la aplicación y la contabilización de los
términos.

Expuso que el caso de las Alcaldías Locales del Distrito Capital, se amerita una
interpretación especial por la naturaleza propia del empleo, que es de libre
nombramiento y remoción y se distingue de los ediles que son de elección popular.

Recientemente, fue expedido el concepto 035741 de 19 de enero de 2024 de la
Función Pública, en el que, a partir de la diferencia entre la naturaleza jurídica de
cada uno de esos cargos y con apoyo en la sentencia de 6 de octubre de 20057, en
la cual se consideró que el parámetro temporal para contabilizar la inhabilidad
aplicable a los alcaldes locales es desde la designación que hace el alcalde mayor,
comoquiera que se trata de un cargo de libre nombramiento y remoción. En
contraste, si se trata de ediles, que es de elección popular, se debe contar hacia
atrás, a partir de la inscripción de la candidatura.

En consecuencia, al aplicar lo señalado al caso que se juzga, el nombramiento data
de 17 de julio de 2024, es decir, que el tiempo inhabilitante para la accionada abarcó
desde el 17 de abril anterior, quien había renunciado a su cargo el 31 de enero de
esa misma anualidad.

7 Sección Quinta. Radicado 25000-23-24-000-2004-00421-01 (3744). M.P. Reinaldo Chavarro Buriticá.

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Demandantes: Jorge Enrique Forero
Rubén Darío Barbosa
Demandada: Karla Tathyanna Marín Ospina
(alcaldesa local de Kennedy)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-01510-01 (principal)

Así también, en la misma línea expuesta, está el concepto 220241421 del 1° de
febrero de 2024, emanado del Distrito Capital, en el que se incluyeron dentro de los
requisitos para ejercer el cargo de alcalde local, el no estar incurso en la inhabilidad
de marras dentro de los tres meses anteriores al día de la designación o
nombramiento, teniendo en cuenta que no realiza inscripción de candidatura y que
se duplicó en el concepto N.º 5 de 2005 de la Secretaría General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, en el que se trajo a mención la sentencia de la Sección Quinta
del Consejo de Estado de 6 de junio de 1996 (exp. 1568).

En este pronunciamiento se descartó que la inscripción de la candidatura de un edil
pudiera asimilares al acto de postulación ante la JAL del candidato a la alcaldía
local, por cuanto la ley no consagró dicha analogía, con lo que correspondía
atenerse a la fecha del nombramiento e incluso se consideró que para las
designaciones futuras así se contabilizara el periodo inhabilitante.

Esta posición fue reiterada en el concepto 11 de 2005 de la Secretaría General de
la Alcaldía Mayor, en vigencia del Decreto 1350 de 2005, precisamente haciendo
una diferencia entre la causal que se prevé en el artículo 84 numeral 4 del Decreto
1421 de 1993, que es propia de los alcaldes locales, mientras que la consagrada
en el 66.4 de ese mismo ordenamiento es para los ediles.

En ese concepto, se indicó expresamente:

En este orden de ideas, el argumento del Consejo de Estado, antes referido queda
incólume, por cuanto si bien dentro de la denominación del nuevo procedimiento
(Decreto 1350/05) se señaló una etapa como inscripción de aspirantes, es claro que
la inhabilidad del 1421 se refiere, conforme lo anotó el Consejo de Estado, a
inscripción de candidaturas de cargos de elección popular, lo cual no varía con la
nueva reglamentación, (…). Subrayas en el original.

Reforzó el planteamiento con la circunstancia normativa de que los Decretos 1350
y 142 de 2005, no cambiaron la naturaleza del cargo de alcalde local que es de libre
nombramiento y remoción, del nivel directivo de la planta de personal de la
Secretaría de Gobierno del Distrito Capital.

La misma tesis se manifestó en el concepto 2-2017-9719 de 31 de agosto de 2017
de la Secretaría Jurídica Distrital.

Para defender la legalidad del acto demandado afirmó que el procedimiento se
surtió con respeto y bajo los lineamientos del Decreto Ley 1421 de 1993, el Decreto
Nacional 1350 de 2005 y demás normas concordantes; así mismo, se cumplió a
cabalidad con el cronograma estipulado en la Circular 003 con radicado
20241800045343 del 16 de febrero de 2024 expedida por la Secretaría Distrital de
Gobierno; y en cuanto a los requisitos en relación con la inscripción, se dio
aplicación a lo referido en el numeral 3.3. de la Circular 002 del 2024.

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Con fundamento en todo lo anterior, solicitó denegar las pretensiones de la parte
actora.

1.4.2.2. Por el Distrito Capital de Bogotá

Por intermedio de apoderado judicial, pidió negar las pretensiones de la demanda,
al insistir en la ausencia de inhabilidad endilgada a la accionada, comoquiera que
el proceso de designación del alcalde local de una terna enviada previamente por
la JAL no supone la realización de una elección popular, como sí sucede con los
ediles.

Señaló que respecto de la causal de inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo
66 del Decreto Ley 1421 de 1993 existen sendos pronunciamientos acerca de la
aplicación de la disposición, y que en el caso de las Alcaldías Locales amerita una
interpretación especial por la naturaleza propia del empleo, que es de libre
nombramiento y remoción, resaltando su distinción frente a los ediles, que son de
elección popular.

Al punto que el DAFP interpretó la norma citada, como consta en el concepto
035741 de 19 de enero de 2024, en el que partió de la diferencia de la tipología de
la designación, que hace que para los ediles se requiera de inscripción de la
candidatura y la elección por voto popular, mientras que para los alcaldes locales
solo la vinculación por el alcalde Mayor de Bogotá, por ser cargos de libre
nombramiento y remoción, previa escogencia de los aspirantes ternados por la JAL
respectiva.

Destacó que el Decreto 1421 de 1993 no consagra causales de inhabilidad para el
cargo de alcalde local, sino que remite a las previstas para los ediles.

Por lo anterior, el Consejo de Estado mediante sentencia de 6 de octubre de 2005,
dentro del radicado de nulidad electoral 25000-23-24 000-2004- 00421-01(3744),
de la Sección Quinta, indicó que el artículo 66.4 ib., es aplicable a los ediles, por lo
que el periodo inhabilitante se cuenta desde la inscripción de la candidatura a las
justas electorales por voto popular, pero para los alcaldes locales dicho extremo
temporal debe contarse desde la designación que hace el alcalde Mayor.

De lo expuesto, concluyó que la demandada no estaba incursa en la inhabilidad
citada.

1.4.3. Se anuncia trámite de sentencia anticipada

Previa acumulación de los procesos, decretada mediante auto de 2 de abril de
2025, el 15 de mayo siguiente se anunció que se dictaría sentencia anticipada. Al

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Demandantes: Jorge Enrique Forero
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Radicado: 25000-23-41-000-2024-01510-01 (principal)

efecto, el a quo, fijó el litigio en los siguientes términos:

[M]anifiesta el Despacho que el propósito de la acción electoral corresponde en
determinar si, conforme a los argumentos expuestos por los señores Jorge Enrique
Forero Clavijo y Rubén Darío Barbosa Rodríguez, el nombramiento de la señora
Karla Tathyana Marín Ospina como Alcalde Local de Bogotá para la localidad de
Kennedy, está viciada de nulidad por cuanto la nombrada estaba incursa en las
causales de inhabilidad para desempeñar el cargo, por no dar aviso que había
trabajado en la Oficina de Control disciplinario de la Secretaría de Gobierno del
Distrito de Bogotá, lo que debe conllevar la nulidad de del nombramiento. (Negrillas
fuera del texto original).

Decretó las documentales anexadas por las partes, negó la solicitud de
interrogatorios de parte solicitados por la parte actora y ordenó correr traslado para
alegaciones finales y concepto del Ministerio Público.

2. La sentencia apelada

El 4 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca —Sección
Primera, Subsección A—, declaró la nulidad del Decreto 238 del 17 de julio de 2024,
a través del cual se nombró a la señora Karla Tathyanna Marín Ospina, como
alcaldesa de la localidad de Kennedy de Bogotá, D. C.

Para el juzgador, el acto de designación vulneró el orden superior —artículo 66.4
del Decreto Ley 1421 de 1993—, el cual se relaciona con el desempeño de un
cargo público, durante los tres meses anteriores a la fecha de inscripción a su
aspiración a ser nombrada alcaldesa local.

El tribunal a quo anuló la elección demandada, con fundamento en que para el
nombramiento de los alcaldes locales se aplican las inhabilidades que rigen a los
ediles y las diferencias en cuanto a la naturaleza jurídica de ambos cargos no afecta
los presupuestos compartidos para la incursión de la inhabilidad prevista en el
artículo 66.4 del Decreto Ley 1421 de 1993.

En efecto, la norma en comento prevé que el periodo inhabilitante de los tres meses
debe abarcar desde la inscripción a la aspiración al cargo, tal y como fue
interpretado en el fallo del Consejo de Estado de 9 de septiembre de 2021,
proferido dentro del radicado de nulidad electoral 2020-00347-028.

Expuso que, según lo establecido por el Alto Tribunal, si bien los alcaldes locales
no son elegidos por voto popular, sino que son designados por el alcalde mayor, el
nombramiento de estos no es completamente discrecional, ya que tiene origen en
la terna que prepara la JAL y previamente se requiere que el aspirante se haya
inscrito al cargo.

8 M.P. Rocío Araújo Oñate (E)

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Demandantes: Jorge Enrique Forero
Rubén Darío Barbosa
Demandada: Karla Tathyanna Marín Ospina
(alcaldesa local de Kennedy)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-01510-01 (principal)

Entonces, esa inscripción formal es entendida por el Consejo de Estado, como el
equivalente a la inscripción de una candidatura para un cargo de elección popular,
pues es el acto que inicia el proceso de selección.

Por lo anterior, el conteo del término de tres meses de la inhabilidad objeto de
estudio, deberá iniciarse desde la fecha de inscripción, pues es ahí donde comienza
formalmente, de manera clara y verificable, la postulación al cargo y el principio del
proceso de designación.

Concluyó que, en el presente caso, la demandada se encontraba inhabilitada para
aspirar al cargo de alcalde local de Kennedy, de conformidad con la siguiente
relación de hechos y datas probadas, comoquiera que a la luz del artículo 66.4 del
Decreto 1421 de 1993, entre el día del retiro del cargo público que desempeñaba
para la Secretaría de Gobierno del Distrito Capital y su inscripción a la aspiración
de la alcaldía local no transcurrieron los tres meses exigidos por la norma en cita.
Indicó que como mínimo la accionada debió renunciar el 21 de noviembre de 2023.

3. Los recursos de apelación

La parte accionada y el Distrito Capital presentaron escritos de alzada, con
fundamento en los siguientes planteamientos:

3.1. De la parte accionada

Reiteró la defensa de la legalidad del Decreto Distrital 238 de 2024 y expuso que el
fallo de primera instancia desconoció el principio de confianza legítima, por cuanto
fue expedido conforme a las reglas claras conocidas del proceso meritocrático de
designación de los alcaldes locales, contenidas en la Circular 002 de 2024 de la
Secretaría de Gobierno Distrital y bajo los lineamientos de la Secretaría Jurídica,
en las que no se consideró que la fecha de inscripción fuera determinante en el
factor temporal de la inhabilidad prevista en el artículo 66.4 del Decreto Ley 1421
de 1993.

Se ignoró el principio constitucional de confianza legítima (CP art. 83) al modificar
la situación, con una interpretación sobreviniente del criterio de cómputo del término
inhabilitante, afectando derechos adquiridos bajo una hermeneútica legítima y
razonable de la norma. Aquella implica que el Estado debe respetar las
expectativas generadas en los ciudadanos a partir de sus propios actos y doctrinas
oficiales.

Mediante Circular No. 2 de 2024 expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno,
se mantiene la misma línea argumentativa desarrollada en el Concepto 2-2024-
1421 de 2024 de la Secretaría Jurídica Distrital, referente a que en el caso de las

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inhabilidades contenidas en el artículo 66 de marras, concretamente, la del numeral
4, que es propia de los ediles, es aplicable a los alcaldes locales por remisión
expresa del artículo 84.4 ib., pero el periodo inhabilitante de los tres meses se
cuenta retroactivamente desde el nombramiento o designación.

Indicó que si bien, la sentencia afirmó que el proceso de selección inicia con la
inscripción y lo considera equivalente a una candidatura, lo cierto es que el acto
definitivo que genera efectos jurídicos y expectativas es el nombramiento contenido
en el Decreto Distrital 238 de 2024.

Expuso que la sola inscripción no compromete al Estado, ya que hasta ese punto
no se ha configurado ningún derecho o prerrogativa para el inscrito. Así las cosas,
y al tenor de los efectos jurídicos de dicha aspiración, aplicar consecuencias
sancionatorias o restrictivas desde un momento meramente procedimental de la
inscripción y no decisorio del nombramiento, viola el principio de legalidad del acto
administrativo.

El Tribunal no analizó ni desvirtuó adecuadamente estos actos administrativos
previos de inscripción a los cargos, ni justificó por qué no pueden generar confianza
legítima en los inscritos al proceso meritocrático.

La apelante reforzó su argumento, con el concepto 220243276 de 2024 de la
Secretaría Jurídica Distrital - Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos,
en el cual se analizó la aplicabilidad y los alcances de la inhabilidad del artículo 66.4
del Decreto Ley 1421 de 1993, con fundamento en la sentencia de 9 de septiembre
de 2021 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que fue el antecedente que
sirvió de base para el fallo apelado.

En esta doctrina, se explicó lo siguiente:

[…], es importante señalar que mediante Circular No. 2 de 2024 expedida por la
Secretaría Distrital de Gobierno, se mantiene la misma línea argumentativa
desarrollada en el Concepto 2-2024-1421 de 2024. Al respecto se cita lo referente
a las inhabilidades e incompatibilidades.

“Respecto de las inhabilidades para los alcaldes locales, se aplican literalmente las
dispuestas en los numerales 1), 2), 3) y 5) del artículo 66 del Decreto Ley 1421 de
1993 relacionadas con las inhabilidades para los ediles; en relación con la
inhabilidad de que trata el numeral 4) ibidem, es aplicable por remisión
expresa del artículo 84 de dicho Estatuto Orgánico, y se contará a partir de la
designación de los Alcaldes (as) Locales por el Alcalde.

En consecuencia, una excepción al derecho de acceso a los cargos públicos está
contemplada en el inciso cuarto del artículo 66 del Decreto Ley 1421 de 1993, en
virtud del cual quienes hayan ejercido como empleados públicos en el Distrito dentro
de los tres meses anteriores a la inscripción de la candidatura a Alcalde Local,
estarían inhabilitados”. (Negrillas y subrayado fuera del texto original).

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Dentro de esa línea, descalificó que el a quo haya equiparado la inscripción de la
candidatura para elección popular de los ediles con la postulación que los
aspirantes realizan para el cargo de alcalde local, comoquiera que en este último
evento se trata de un concurso meritocrático y sus circunstancias no generan los
mismos efectos jurídicos y comporta implicaciones diferentes.

El fallo adolece de defecto sustantivo por el desconocimiento de los
pronunciamientos del DAFP9, cuyo aspecto misional es el fortalecimiento de las
capacidades de los servidores públicos y de las entidades y organismos del Estado
y el desarrollo de la democratización de la gestión pública, mediante la formulación,
implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, así como la
adopción de instrumentos técnicos y jurídicos, la asesoría y la capacitación. Aunado
a que dicho ente es por excelencia el que emite pronunciamientos en relación con
la provisión de cargos públicos y que en este caso sobre el asunto que se debate
ha conceptuado que la inhabilidad de marras se contabiliza desde el nombramiento.

Indicó que el juzgador de primera instancia se quedó corto en el análisis,
comoquiera que adoptó su postura, basado única y exclusivamente, en una
sentencia que juzgó una situación fáctica distinta a la que se analiza en este caso.

La apelante expuso que se transgredieron los derechos fundamentales del debido
proceso al mérito y al acceso a cargos públicos en igualdad de condiciones, por
aplicar una interpretación imprevista y retroactiva de la inhabilidad y que el fallo
incurrió en defecto procedimental y, a la vez, sustantivo, porque efectuó una
analogía indebida entre los procesos de elección popular y el meritocrático y una
aplicación extensiva errónea de dicho impedimento sin análisis del contexto y la
naturaleza del cargo y aplicó una jurisprudencia aislada y no uniforme, por lo que
ignoró decisiones previas que consideran la fecha de designación como factor
temporal para la inhabilidad analizada.

9 Trajo a mención los conceptos N. ° 059451 de 8 de febrero de 2024 y 182651 del 4 de abril de 2024,

los cuales al unísono estipularon: “Es importante tener presente que el Decreto Ley 1421 de
1993 no determina expresamente las inhabilidades para ejercer el cargo de alcalde local, sino
que remite a las causales de inhabilidad correspondiente a los ediles del Distrito Capital, no
obstante, es importante tener presente que los ediles son cargos de elección popular, que
requieren una inscripción y elección, mientras que los alcaldes locales son empleados de
libre nombramiento y remoción designados por el Alcalde Mayor de terna enviada por
la respectiva junta administradora local. (Negrillas en la transcripción).
Por lo anterior, la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia de 6 de octubre
de 2005, radicado 25000-23-24- 000-2004- 00421-01(3744), partió de la remisión del régimen
de inhabilidades de los ediles a los alcaldes locales, pero diferenció la tipología de la
designación en ambos cargos y para el hecho impeditivo del artículo 66.4 del Decreto-Ley 1421
de 1993, consideró: [D]e lo expuesto, se tiene que la fecha para determinar una eventual
inhabilidad para acceder al cargo de alcalde local será de tres (3) meses tal y como lo
establece la norma, pero contabilizados como lo determina el Consejo de Estado; es
decir, antes de la designación que realice el alcalde mayor. (Negrillas y subrayado fuera
del texto original).

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3.2. Del Distrito Capital de Bogotá

Se opuso a la interpretación restrictiva de la inhabilidad que hizo el tribunal a quo,
comoquiera que existen sentencias proferidas por el Consejo de Estado que
ratifican la postura de la Alcaldía Mayor de Bogotá, frente al momento en que debe
contabilizarse el término de la inhabilidad del artículo 66.4 del Estatuto Orgánico de
Bogotá.

Entre esas decisiones, mencionó el fallo de 6 de junio de 1996, dictado dentro del
radicado 2500-23-15-000-1996-01568-01, en el que se indicó que como en el caso
de los alcaldes locales no hay inscripción de candidaturas, la postulación ante la
JAL de la aspiración a ese cargo no podría asimilarse a aquella, por cuanto, el
legislador no lo previó así. Por lo tanto, resultó acorde a la naturaleza de la
designación del cargo, determinar que el término inhabilitante se cuente desde la
fecha del nombramiento, al indicar que dicho aspecto no reviste menor dificultad en
ese caso, en atención a que el designado alcalde local continuó ejerciendo el cargo
docente hasta después de producido el nombramiento.

Señaló que esta postura fue reiterada por la Sección Quinta del Consejo de Estado
en decisión del año 2001, en la que se consideró que el legislador al establecer las
inhabilidades de los alcaldes quiso que estas se aplicarán a los elegidos
popularmente o los que, en casos de vacancia, son designados por el presidente
de la República o los gobernadores y agregó:

Sin embargo, al vincular dos de esas causales al hecho de la inscripción de la
candidatura (causales 5 y 11) para efectos de señalar un extremo del límite temporal
de las mismas, incurrió en un error de técnica legislativa, pues es claro que en
relación con los alcaldes designados no es posible predicar la inscripción de
candidatura, dado que, según el artículo 106 de la Ley 136 de 1994, a dichos
funcionarios los designan con base en una terna que para el efecto elabora el
movimiento político al cual pertenecía el alcalde titular que se va a reemplazar.

Pero ese error no impide que a la causal se le dé una interpretación que produzca
los efectos queridos por el mismo legislador, esto es que la causal opere para todos
los alcaldes, en lugar de la otra que conduciría a la conclusión de que, así el legislador
haya querido establecer esa inhabilidad de manera general, sin restricciones en
cuanto a la forma de acceso al servicio, por la falta de coherencia en la redacción de
la norma, la causal no resulta aplicable a los alcaldes designados por el Presidente
de la República o los Gobernadores. Y una interpretación en esa dirección permite
deducir que si bien es cierto la causal del numeral 5 del artículo 95 de la Ley
136 de 1994 exige un límite temporal para efectos de determinar el periodo de
la inhabilidad, pues es claro que el legislador no quiso que la intervención en
la celebración de contratos o la celebración de los mismos carezca de límites
en el tiempo, aquel necesariamente debe estar ligado al hecho de la
designación, dado que solo en la medida en que, efectivamente, se produzca
ese acto, se puede configurar la inhabilidad. La inhabilidad es un hecho que
impide la designación válida de un alcalde.

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Es, entonces, el hecho de la designación, el límite temporal que permite
contabilizar el periodo de la inhabilidad del citado numeral 5 del artículo 95 de
la Ley 136 de 1994.10

Similar criterio se expuso en el año 201611, al indicar que el periodo inhabilitante
tenía como límite temporal la fecha del nombramiento.

Indicó que, dentro de esa línea argumentativa jurisprudencial, esto es, la fecha del
nombramiento enmarca el tiempo impeditivo y fue el criterio jurídico determinante
que la Alcaldía Mayor de Bogotá decantó en el caso de la accionada.

En suma, se puede observar que la jurisprudencia del Consejo de Estado flexibiliza
el alcance de las causales de inhabilidad electoral, interpretando y aplicando de
manera sistemática la norma, la doctrina, la jurisprudencia y los principios de orden
constitucional, entre otros, pro homine y pro libertate, de forma contraria a la tesis
rígida predicada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el fallo objeto
de apelación.

El Distrito Capital se pronunció sobre el fallo del Consejo de Estado en el que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca sustentó la sentencia apelada. Al efecto,
consideró que el a quo incurrió en una indebida interpretación normativa.

Dentro de ese contexto, expuso que conforme al Decreto 1350 de 2005 (art. 1), los
alcaldes locales se eligen a través de un sistema meritocrático, en armonía con los
artículos 17 del Decreto 2116 de 2021 y 65 del Decreto Ley 1421 de 1993, en el
que se consagra aquel y los requisitos que deben cumplir los aspirantes a dicho
cargo.

Así las cosas, en cumplimiento del requisito al mérito la Secretaría Distrital de
Gobierno expidió las Circulares: 002 de 2024, contentiva del instructivo para el
proceso de integración de ternas para la designación de alcaldes locales y 003 de
2024 mediante la cual se remitió el cronograma del proceso de integración de ternas
para la designación de dichos funcionarios, razón por la cual no se ha vulnerado
derecho alguno de los accionantes.

El sustento normativo de esas circulares fueron los artículos 54 y 65 del Decreto
1421 de 1993; 13 y 25 del Decreto Ley 785 de 2005; páginas 65 y 67 de la
Resolución 330 de 15 de mayo de 2023, que contiene el manual específico de
funciones y el propósito del cargo de alcalde local.

Señaló que la Corte Constitucional en la sentencia T-395 de 2003 confirmó que el
cargo de alcalde local es de libre nombramiento y remoción, aunque por mandato

10 Sección Quinta. Radicado 50001-23-31-000-1999- 0105-01(2606), C.P. Darío Quiñones Pinilla.
11 Sección Quinta. Radicado 25000-23-24-000-2004-00421-01 (3744). M.P. Reinaldo Chavarro Buriticá.

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constitucional y legal, no puede apartarse de una terna que responde al sistema
meritocrático y una vez designado queda sometido al régimen de los funcionarios
de la administración distrital. Esta fue la razón para que el Alto Tribunal restringiera
para estos cargos la aplicación del Código Electoral.

Arguyó el apelante que la interpretación restrictiva de la causal de inhabilidad del
numeral 4 del artículo 66 del Estatuto Orgánico de Bogotá no tiene cabida, de tal
suerte que su manejo debe ser flexible y no de la forma como lo hizo el tribunal,
mediante aplicación errónea, comoquiera que el Consejo de Estado no ha unificado
la jurisprudencia.

Indicó que el fallo de 9 de septiembre de 2021 dictado dentro del radicado 25000-
23-41-000-2020-00347-02 no constituye precedente judicial, por cuanto el artículo
10 del CPACA impone que es deber acatar las decisiones de unificación proferidas
por el Consejo de Estado. En el antecedente que se comenta, solo es una sentencia
de segunda instancia, frente a la cual el legislador no ha previsto la obligatoriedad
para aplicarla por parte del Distrito Capital. Aunado a que se trata de un juicio con
efectos inter-partes a los litigantes en dicha causa y no erga omnes.

Por otra parte, arguyó que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-354 de
2017,12 ha definido que el precedente vertical (funcional) emana de la decisión de
unificación de jurisprudencia por la autoridad jurisdiccional correspondiente.

En el asunto concreto, el asunto decidido en la sentencia del radicado 2020-00347-
02 no es similar al que se juzga en el vocativo de la referencia, comoquiera que en
aquel se estudió el caso de otra alcaldesa local, pero quien había celebrado un
contrato de prestación de servicios suscrito con la alcaldía de Tunjuelito, que se
rige por la Ley 80 de 1993, mientras que en este se trata del ejercicio de cargo
público, cuya normativa se centra en la Ley 909 de 2004.

Por lo anterior, no existe carácter analógico por no estar en presencia de
situaciones fácticas similares, razón por la cual no puede valorarse de la misma
manera y, por ende, la sentencia de 9 de septiembre de 2021 no constituye
precedente judicial vinculante.

4. Concepto del Ministerio Público

La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la
sentencia proferida en primera instancia bajo los siguientes argumentos:

Expuso que la normativa que regula el nombramiento de los alcaldes locales está
consagrada en los artículos 323 de la Constitución Política y 84 del Decreto Ley

12 M.P. Iván Escrucería Mayolo.

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1421 de 1993, modificado por el artículo 17 de la Ley 2116 de 2021.

Así mismo, reglamentariamente, se encuentra la Circular 002 de 8 de febrero de
2024, como instructivo para la integración de las ternas (numerales 3.1. a 3.3), que
se sustenta en el Estatuto Orgánico de Bogotá, en el Decreto 1350 de 2005 y en el
Decreto Distrital 011 de 2008.

Y, finalmente, para efectos de esta elección en particular, se expidió la Circular 003
de 16 de febrero de 2024 por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno, que
contiene el cronograma para el proceso de integración de las ternas
correspondientes.

Se enfocó en la causal de inhabilidad consagrada en el artículo 66, numeral 4 del
Decreto Ley 1421 de 1993, para recordar el carácter restrictivo y excepcional de los
hechos constitutivos de aquella y sus propósitos y alcances.

Dentro de ese contexto, la agencia fiscal indicó que el artículo 84 del Decreto Ley
1421 de 1993, de manera expresa señala que a los alcaldes locales se les aplican
las causales de inhabilidad de los ediles y, que como tienen el carácter de
funcionarios de la administración distrital estarán sometidos al mismo régimen.

En el caso que se debate, resulta necesario remitirse entonces a la causal invocada
en la demanda, prevista en el artículo 66 numeral 4 de dicho Estatuto Orgánico del
D.C., del cual extrajo los siguientes supuestos: i) que se hubiere ejercido un cargo
con la calidad de empleado público; ii) que espacialmente, el empleo se desempeñe
en el Distrito Capital; iii) que sea empleado dentro del periodo inhabilitante, esto es,
de los tres meses previos a la inscripción de su candidatura.

El Ministerio Público indicó que el análisis de la inhabilidad causada por el
desempeño de un cargo público, el factor temporal debe centrarse en la fecha de
inscripción como aspirante a ser alcalde local y no en el eventual nombramiento.

Expresó que el censurado desconocimiento de los pronunciamientos emitidos por
el DAFP, en particular, los radicados 059451 de 8 de febrero de 2024,182651 de 4
de abril de 2024 y de la Secretaría Jurídica Distrital – Dirección de Doctrina y
Asuntos Normativos 220243276, conforme al artículo 28 del CPACA, los conceptos
emitidos por las autoridades no resultan obligatorios ni vinculantes, salvo cuando
expresamente lo disponga el legislador y, por ende, son fuente de interpretación
administrativa, pero carecen de incidencia en las decisiones judiciales. De tal suerte
que, el juez no está obligado a seguirlo cuando existe interpretación jurisprudencial
vigente.

Ahora bien, frente a la discusión planteada por los apelantes sobre la aplicación del

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precedente jurisprudencial señaló que, en relación con la sentencia de 6 de junio
de 199613, se decidió sobre la inhabilidad que recaía sobre un docente oficial que
ejercía esta labor dentro de los tres meses anteriores a su designación como
alcalde local y se incursiona en la diferencia de la naturaleza jurídica del
nombramiento de este frente a los ediles. Así mismo, la sentencia de 7 de
septiembre de 200114, que versó sobre la inhabilidad de un ciudadano para ejercer
la alcaldía municipal, comoquiera que había suscrito contrato de compraventa para
entregar elementos de dotación para la Casa de la Cultura de ese ente territorial
local.

No obstante, acotó que frente al primer antecedente citado esa decisión fue
adoptada en un contexto anterior diferente a la regente en la actualidad que se
decanta por la fecha de inscripción ante la JAL para participar en la conformación
de la terna, asimilándola al registro de una candidatura, pero a un proceso
meritocrático, como se lee en la sentencia de 9 de septiembre de 202115. Y frente
al segundo antecedente, señaló que no es aplicable al caso porque se trata de la
inhabilidad de un alcalde municipal, cuya causal es la prevista en el artículo 95.5
de la Ley 136 de 1994 y no al régimen de los alcaldes locales consagrado en el
Decreto Ley 1421 de 1993.

En tercer lugar, citó el antecedente jurisprudencial del 6 de octubre de 2005,
atinente a la designación de la alcaldesa Local de La Candelaria, en el que se tuvo
en cuenta la fecha de la designación, con fundamento en el artículo 65 del Estatuto
Orgánico del Distrito, que sí prevé expresamente que tanto para alcaldes locales
como para ediles del D.C., deben acreditar como requisito, haber residido o
desempeñado alguna actividad en la respectiva localidad, sin que sea permanente,
por lo menos durante los dos años anteriores a la fecha de la elección o
nombramiento.

Este asunto no versa sobre las causales de inhabilidad, sino sobre los requisitos
para ocupar el cargo.

En cuarto lugar, el fallo de 13 de diciembre de 201216, en una pérdida de investidura
de un edil de la localidad de Los Mártires, por la inhabilidad prevista en el artículo
66 ejusdem, pero en cuanto a la actividad de haber ejecutado en dicha localidad
contrato que celebrara con un organismo público que fue el punto nodal a
considerar. En esa oportunidad, se clasificaron dentro de este aparte de las normas,
dos situaciones distintas, a saber: i) la celebración de un contrato entre el elegido y
el Distrito Capital por la celebración de un contrato de prestación de servicios y ii)
la ejecución de un contrato celebrado entre el elegido y un organismo público de

13 Radicado 1568. M.P. Amado Gutiérrez Velásquez.
14 Radicado 50001-23-31-000-1999-0105-01 (2606). M.P. Darío Quiñones Pinilla.
15 Radicado 2020-00347-02. M.P. Rocío Araújo Oñate.
16 Radicado 25000-23-24-000-2012-00235-01 (PI). M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

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cualquier orden; ambas dentro de los tres meses anteriores a la inscripción de la
candidatura.

Así las cosas, los lineamientos dados en este antecedente hicieron referencia a la
materia contractual, para decantar que la inhabilidad por celebración o intervención
del contrato no se genera por la ejecución misma del negocio jurídico, si no por
realizarlo en la localidad en la cual aspira a ser elegido edil.

Finalmente, consideró que, en la sentencia de 9 de septiembre de 2021, la Sección
Quinta abordó un problema jurídico semejante al que se discute en el vocativo de
la referencia, pues la situación se juzgó desde el contenido de la inhabilidad del
artículo 66.4 del Decreto 1421 de 1993, frente a la determinación de que el periodo
inhabilitante de los tres meses para los alcaldes locales debe contarse a partir de
la inscripción y no desde el nombramiento, como lo pretenden los recurrentes.

Criterio jurisprudencial que incluso se predicó años atrás en sentencia de 20 de
marzo de 199617, en el que se analizó la inhabilidad de un aspirante a la Alcaldía
de la localidad de Usme, quien se desempeñó como empleado público, dentro de
los tres meses anteriores a la inscripción, por lo que se consideró que estaba
incurso en la inhabilidad del artículo 66.4 ib.

Con fundamento en lo anterior, el Ministerio Público aseveró que, aunque no se
trata de sentencias de unificación, sí existe la línea jurisprudencial de que, en el
caso de la inhabilidad por ejercicio previo de cargo público, el periodo inhabilitante
se contabiliza desde la fecha de la inscripción.

Se opuso al calificativo de arbitrario con el que la parte recurrente acusó al fallo del
tribunal a quo, porque se apoyó en el antecedente de 9 de septiembre de 2021,
comoquiera que su ratio decidendi guarda correspondencia con los hechos del
presente caso.

Finalmente, encontró que, al revisar las pruebas, la accionada se desempeñó como
empleada pública de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, entre el 18 de octubre
de 2017 hasta el 31 de enero de 2024, como consta en la Resolución 0050 de 20
de enero de 2024 y se inscribió para participar en la convocatoria que buscaba
integrar la terna para la designación del alcalde local de Kennedy, entre el 22 y el
24 de febrero de 2024, conforme al cronograma de la convocatoria. Por ende,
transcurrió entre ambas fechas, menos de un mes, por lo que incurrió en la
inhabilidad prevista en el artículo 66.4 del Estatuto Orgánico de Bogotá.

Dos aspectos dilucida para concluir, el primero que los principios de confianza
legítima y del mérito y el derecho al debido proceso no fueron vulnerados, porque

17 Radicado 1366 y 1534. M.P. Luis Fernando Jaramillo Mejía.

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19

Demandantes: Jorge Enrique Forero
Rubén Darío Barbosa
Demandada: Karla Tathyanna Marín Ospina
(alcaldesa local de Kennedy)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-01510-01 (principal)

la decisión no fue producto de una interpretación aislada, sino aupada en
pronunciamientos del Consejo de Estado, que se enfocaron en la causal de
inhabilidad citada, la cual dada su existencia no puede transgredir la meritocracia,
por cuanto para garantizarla, el aspirante debe participar válidamente, dentro de lo
que se incluye no estar inhabilitado.

El segundo, relativo a que la diferencia entre las designaciones de los ediles y los
alcaldes locales no permiten predicar que resulta errado ni arbitrario que el factor
temporal de la inhabilidad referida se configure desde la inscripción como aspirante
al proceso de selección.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con los artículos 15018 y 152.719 literal (c) del CPACA, en
concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 424 de 2025 de la Sala Plena del Consejo de Estado,
esta Sección es competente para conocer en segunda instancia de los recursos de
apelación interpuestos por la parte accionada y el Distrito Capital de Bogotá, contra
la sentencia del 4 de julio de 2025, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca –Sección Primera, Subsección A–, declaró la nulidad del Decreto
238 de 17 de julio de 2024.

2. Problema jurídico

Conforme a la fijación del litigio, el fallo de primera instancia y los argumentos
expuestos en los recursos de apelación, corresponde a esta Sección determinar si
confirma, modifica o revoca la sentencia de primera instancia.

Para tal efecto, se debe determinar si los argumentos presentados en los recursos
de apelación, los cuales están dirigidos, de manera principal, a dilucidar cuál es la
fecha que da contexto al periodo inhabilitante en el caso del desempeño previo en

18
Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda Instancia y cambio de radicación. Mod.
Artículo 615 de la Ley 1564 de 2012 y por el art, 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio
de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales,
según lo regulado en el artículo 245 de este código.
19 Artículo 152. Competencia de los Tribunales Administrativos en primera instancia. Mod. Artículo 28

de la Ley 2080 de 2021. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos: […] 7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: […] c) De la nulidad de los actos de
elección o llamamiento a ocupar curul, según el caso, distintos de los de voto popular, y de los de
nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del derecho, de empleados públicos del nivel directivo,
asesor o sus equivalentes en los órdenes nacional, departamental y distrital, así como de los municipios de
setenta mil (70.000) habitantes o más, o que sean capital de departamento, independientemente de la autoridad
nominadora. Igualmente, […].

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Demandantes: Jorge Enrique Forero
Rubén Darío Barbosa
Demandada: Karla Tathyanna Marín Ospina
(alcaldesa local de Kennedy)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-01510-01 (principal)

un cargo público por parte de los aspirantes a la Alcaldía Local en el Distrito Capital
de Bogotá, previsto en el artículo 66 numeral 4 del Decreto Ley 1421 de 1993,
permiten revocar la decisión de instancia.

Se resalta que los recurrentes, de manera medular, centran la argumentación en la
indebida interpretación normativa por parte del a quo, que le llevó a desconocer que
la fecha que marca el presupuesto temporal de la causal de inhabilidad es el del
nombramiento; así prescindió de la doctrina acuñada por el DAFP y la jurídica del
Distrito Capital e incluso la jurisprudencia del Consejo de Estado, dando prevalencia
al fallo de 2021, que no posee las condiciones de decisión de unificación.

Así las cosas, acusaron al a quo de haber malinterpretado el parámetro legal, al
omitir tener en cuenta la diferencia entre la naturaleza de la elección por voto
popular de los ediles y la designación por nombramiento, luego de superado un
proceso meritocrático. La parte apelante consideró que esa diferencia permite
variar la fecha hito de la inhabilidad del artículo 66.4 del Estatuto Orgánico de
Bogotá, para efectos de entender que la accionada no incursionó en aquella y
sostener así la presunción de legalidad del acto demandado bajo el principio de
confianza legítima.

Para abordar el asunto, la Sala desarrollará la siguiente metodología: (i) análisis
histórico, normativo, jurisprudencial y sistemático del cargo de alcalde local del
Distrito Capital, con miras a la inhabilidad prevista en el artículo 66.4 del Decreto
Ley 1421 de 1993 y, (ii) el caso concreto.

2.1. Análisis normativo y jurisprudencial de los alcaldes locales del Distrito
Capital de Bogotá, con énfasis en la inhabilidad del artículo 66.4 del Estatuto
Orgánico.

La Sala abordará el estudio de la citada norma, para tal efecto, revisará los orígenes
que tuvo la figura del alcalde local con el fin de comprender, cuál o cuáles fueron
los entendimientos que se le dieron a conceptos normativos, como lo son, el
desempeño de cargo público, la duración de tres meses y, la fecha límite para
contar retroactivamente el periodo inhabilitante.

En primer lugar, la Sala Electoral destaca que el desarrollo histórico de la institución
jurídica de las alcaldías locales, comoquiera que la creación de esta figura fue objeto
de grandes discusiones en el seno de la constituyente de 1991, los cuales,
despertaron profundas modificaciones al régimen especial que aplicaría en la capital
de Colombia y, que hoy generan complejidades debido a la relativización de los
alcances jurídicos que tienen: i) los requisitos, ii) la residencia, iii) el desempeño de
actividad, y iv) la duración.

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Los antecedentes y los debates realizados en la constituyente sobre el Estatuto
Orgánico de Bogotá consolidaron un proceso que venía de años anteriores y que
se remonta a 1945, más exactamente, ese proceso normativo se materializó a
través del artículo 1° del Acto Legislativo 01, el cual, modificó el artículo 5° de la
Constitución Nacional de 1886, que puede ser observado como propósito la
necesidad de reconocer la especialidad de la capital dentro de la arquitectura del
Estado.

En años posteriores, la división de la ciudad en zonas permitió contemplar, dentro
de un esquema de desconcentración administrativa, la figura del alcalde menor,
subalterno del alcalde mayor, pero a su vez, su representante en el territorio
respectivo, con funciones de inspector de policía.

Con el crecimiento desmesurado del Distrito Capital, la evolución de la sociedad,
el incremento de sus necesidades a cubrir y el ingreso de las nuevas teorías
aplicadas en la práctica, se dio paso a la participación ciudadana y a la
materialización de una necesidad administrativa que se abría paso, como era la
autonomía en las labores públicas, los alcaldes menores pudieron diseñar
planificación para sus sectores, bajo la asesoría del Departamento Nacional de
Planeación (DNP).

De lo anterior, puede colegirse que la planeación y sobre todo la desconcentración
de funciones en funcionarios que debían conocer el territorio, dada su especialidad,
erigía estos conceptos en definitorios, sobre lo que sería Bogotá en los próximos
años.

Posteriormente, se expidió el Código de Régimen Municipal, contenido en el
Decreto 1333 de 1986, como reglamentación marco y general para los municipios,
desde un esquema de descentralización interna de los entes territoriales locales y
les fijó funciones de mayor responsabilidad.

Dentro de ese periplo, se avizoraba el propósito que materializó la Asamblea
Nacional Constituyente, en razón al impacto que generaba la capital de la
República en los aspectos políticos, servicios públicos, fiscales, entre otros, sobre
la Nación, que se tradujo en la consagración de un capítulo regulatorio específico
para la ciudad de Bogotá.

En esta se propuso que la capital se subdividiera en zonas menos robustas, es
decir espacios locales, con autoridades e instituciones propias dentro del mismo
espectro, para lograr una administración eficiente y eficaz, a través de la
planeación descentralizada y con el plus de que para cada localidad se tendría el
conocimiento cercano de las necesidades de cada territorio.

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Con base en ello, los constituyentes pensaron que la planeación y la
descentralización de las funciones del distrito, en el nivel más próximo al habitante,
canalizaría las demandas sociales, reduciría los costos de las obras, los servicios,
y se garantizaría la efectiva participación comunitaria con el correlativo control de
las funciones públicas.

Por último, el propósito de elevar a canon constitucional dicho régimen especial, se
concretó en los artículos 322 a 324 de la Constitución Política vigente, los cuales,
han sido modificados por los Actos Legislativos 3 de 2019, 1 de 2000 y 2 de 2002,
incluso con este último se determinó la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca.

Sin perjuicio de ello, debe decirse que la norma constitucional al ser de textura
abierta defirió al legislador el desarrollo del régimen político, y con fundamento en
ello, nació a la vida jurídica el Decreto Ley 1421 de 1993 o Estatuto Orgánico de
Bogotá.

De tal suerte, que mientras el mandato 322 superior orientó el entendimiento de los
requisitos para ser alcalde local, el artículo 65 del Estatuto Orgánico de Bogotá
delimitó las condiciones y alcances para fungir en dicha calidad, entre otros, por
unas condiciones materiales20, temporales21 y territoriales22.

De manera general, se establecieron las reglas generales de la descentralización
territorial de la ciudad respecto de las localidades, con sus juntas administradoras
y sus alcaldes locales y, como premisas generales, se dispuso la necesidad de que
estas no se concibieran como simples delimitaciones físico-territoriales.

En efecto, esa normativa reafirma la existencia de unos límites físicos con lo cual
se determina la competencia por factor territorial de los alcaldes, pero no como
división material del espacio, sino dentro del propósito de gestionar de manera
eficiente los intereses de cada comunidad, de ahí que los requisitos generales a
cumplir por cada aspirante tengan un fuerte entronque con la localidad y vida en
esa comunidad, a partir de la correlación de actividades desempeñadas durante un
tiempo razonable en esta, como una impronta de identidad personal del individuo y
su geografía local.

La teleología de esas normas resulta más que razonable porque, en principio, así
se asegura que el recurso humano de la localidad comprenda las dinámicas, las
necesidades, retos, perspectivas de la comunidad a cargo e, incluso, la
idiosincrasia de quienes cohabitan el espacio territorial.

20 Residir o desempeñar alguna actividad.
21 Durante y como mínimo dentro de los 2 años anteriores al nombramiento.
22 Dentro y exclusivamente de la localidad.

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Bajo este primer análisis, la Sala reconoce algunos patrones comunes que tuvieron
en cuenta, no solo las normas preconstitucionales y los debates que los
constituyentes introdujeron a favor del régimen actual, sino que esas justificaciones
permiten entender, cuál fue el sentido que utilizó el legislador al redactar tanto los
requisitos para desempeñarse en el cargo, como las inhabilidades que para el
alcalde local extrapoló desde los ediles, comoquiera que ambos servidores se
deben a su localidad y a ella deben responder.

Al tenor de lo anterior, se pueden destacar las siguientes:

i) El conocimiento de las realidades de la localidad por parte de los alcaldes
locales.
ii) La proximidad de la gestión pública de estos funcionarios a la ciudadanía.
iii) La planeación como elemento para tener en cuenta por los burgomaestres
en ese nivel local, que debe ser coordinada con lo propuesto por el alcalde
mayor.
iv) El control social de la ciudadanía sobre los recursos y,
v) La democratización del territorio, de acuerdo con las particularidades de
cada localidad.

Los constituyentes entonces siempre tuvieron en mente el arraigo o vínculo, la
cercanía, proximidad y conocimiento del territorio al cual aspira ser nombrado
alcalde local «durante»23, los dos años anteriores al nombramiento. Mismo
condicionamiento temporal para el desempeño de alguna actividad industrial,
laboral o profesional.

Ahora bien, al compaginar la filosofía que impulsó la creación de las localidades y
de sus recursos humanos, con los artículos 65 y 66.4 del Estatuto Orgánico, para
efectos del hecho constitutivo de inhabilidad que convoca a la Sala y que se aplica
por remisión expresa del 84 ib., la exégesis de las normas en cita es la siguiente:

Artículo 66. Inhabilidades. No podrán ser elegidos ediles quienes:

1. Hayan sido condenados a pena privativa de libertad, excepto en los casos de
delitos culposos o políticos.

2. Hayan sido sancionados con la pena de destitución de un cargo público, o se
encuentren, temporal o definitivamente, excluidos del ejercicio de una profesión en
el momento de la inscripción de su candidatura.

3. Hayan perdido la investidura de miembros de una corporación de elección
popular.

4. Dentro de los tres (3) meses anteriores a la inscripción de la candidatura se
hayan desempeñado como empleados públicos en el Distrito; hayan sido miembros

23 Exposición de motivos del Distrito Especial de Bogotá. Gaceta Constitucional 21, 64-88. (1991, 15 de marzo).

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de una junta directiva distrital; hayan intervenido en la gestión de negocios o en la
celebración de contratos con el Distrito o hayan ejecutado en la localidad contrato
celebrado con organismo públicos de cualquier nivel, y

5. Sean cónyuges, compañeros o Compañeras permanentes o parientes dentro del
segundo grado de consanguinidad, o primero de afinidad o civil, de los concejales
o de los funcionarios distritales que ejerzan autoridad política o civil.

CAPÍTULO IV.
ALCALDES LOCALES24

Artículo 84. Nombramiento. Los alcaldes locales serán nombrados por el alcalde
mayor de terna elaborada por la correspondiente junta administradora. Para la
integración de la terna se empleará el sistema del cociente electoral. Su elaboración
tendrá lugar dentro de los ocho (8) días iniciales del primer período de sesiones de
la correspondiente junta.

El alcalde mayor podrá remover en cualquier tiempo los alcaldes locales. En tal
caso, la respectiva junta integrará nueva terna y la enviará al alcalde mayor para lo
de su competencia.

Quienes integren las ternas deberán reunir los requisitos y calidades exigidas para
el desempeño del cargo.

No podrán ser designados alcaldes locales quienes estén comprendidos en
cualquiera de las inhabilidades señaladas para los ediles. Los alcaldes locales
tienen el carácter de funcionarios de la administración distrital y estarán sometidos
al régimen dispuesto para ellos.

Artículo Nuevo. <Artículo adicionado por el artículo 17 de la Ley 2116 de 2021>.
Los alcaldes locales serán designados bajo criterios de meritocracia y paridad de
género. En todo caso, el 50% de quienes resulten designados, deberán ser mujeres.
Sus reglas de funcionamiento serán establecidas mediante Decreto Distrital.

24 Artículo 65. Requisitos para los cargos de Edil y Alcalde Local. Mod. Art. 7 de la Ley 2116 de 2021. El

nuevo texto es el siguiente:> Para ser elegido edil o nombrado alcalde local se requiere ser ciudadano en
ejercicio y haber residido o desempeñado alguna actividad profesional, industrial, comercial o laboral en la
respectiva localidad por lo menos durante los dos años anteriores a la fecha de la elección o del nombramiento.
Para ocupar el cargo de alcalde local, se deberá contar con los requisitos máximos descritos en el numeral
13.2.1.1 del artículo 13 del Decreto Ley 785 de 2005.

Ley 785 de 2005: Por la cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos
generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de
2004.
CAPÍTULO TERCERO
Competencias laborales para el ejercicio de los empleos
Artículo 13. Competencias laborales y requisitos para el ejercicio de los empleos. De acuerdo con la
categorización establecida para los Departamentos, Distritos y Municipios y de conformidad con el reglamento
que expida el Gobierno Nacional, las autoridades territoriales deberán fijar en los respectivos manuales
específicos las competencias laborales y los requisitos, así:
[…]
13.2. Los requisitos de estudios y de experiencia se fijarán con sujeción a los siguientes mínimos y máximos:
13.2.1 Nivel Directivo
13.2.1.1. Para los Departamentos, Distritos y Municipios de categorías: Especial, primera, segunda y tercera:
Mínimo: Título profesional y experiencia.
Máximo: Título profesional y título de postgrado y experiencia.

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Ahora bien, si se desglosan las conductas y los factores constitutivos de la
inhabilidad en comento, se tiene lo siguiente:

La causal, como acontece con varias similares que se aplica a otros cargos, es de
conductas o actividades múltiples, a saber:

i) Por haberse desempeñado como empleado público en el Distrito Capital.
ii) Por haber sido miembro de junta directiva distrital.
iii) Intervención en la gestión de negocios de contratos con el Distrito.
iv) Intervención en la celebración de contratos con el Distrito
v) Ejecución en la localidad de contrato celebrado con organismo público de
cualquier nivel.

Como se observa, a todas esas conductas, las regenta un inicio de índole temporal,
al limitar un interregno de tiempo que abarca entre el primer día del mes hasta el
último del tercer mes previo a la inscripción de la candidatura.

Se evidencia entonces que la norma, desde su exégesis, es clara y no da lugar a
dudas al juez de que el límite máximo temporal para contar retroactivamente la
incursión en la inhabilidad prevista en el artículo 66.4 del estatuto en cita es el de
la inscripción de la candidatura. No se advierte, vacío o margen de interpretación
para optar por otra fecha.

Pero siguiendo con el estudio y utilizando otro nivel de hermenéutica, la Sección
Quinta considera que sistemáticamente de lo analizado antes con la normativa
constitucional y legal y el objetivo misional, no puede olvidarse que, en la creación
y la consagración de los requisitos para desempeñarse en las localidades
distritales, subyace un propósito de autonomía territorial con claros visos de
organización eficiente de la gestión pública en las subáreas de la ciudad capital.

Son estas y sus servidores, en este caso, los alcaldes locales, quienes coordinan
la gestión administrativa, la prestación de servicios, la promoción de la participación
ciudadana, la planeación administrativa, que incluye la participación en el plan de
desarrollo económico, social y de obras públicas, la preservación del espacio
público y la identificación de los requerimientos apremiantes de esa comunidad,
además de permitir la veeduría ciudadana en el manejo y control de los asuntos
públicos que conciernen a la localidad.

Además, tiene en sus atribuciones vigilar la ejecución de los contratos en la
localidad e impartir recomendaciones a las autoridades competentes; presentar
proyectos de acuerdo, atinentes a la localidad, pues se responde a la previsión de
los mandatos 322 a 324 de la Constitución Política, cuya pretensión coordinada es
garantizar el desarrollo armónico e integrado de la ciudad y la prestación eficiente
en la prestación de los servicios a cargo del Distrito Capital, en armonía con la

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gestión de los asuntos propios de su territorio por parte de las autoridades locales.

En síntesis, desde este plano de interpretación, la norma constitucional y el Decreto
Ley 1421 de 1993, entienden que los alcaldes locales, detentan la calidad de
directores de la administración local y, asumen la planeación, coordinación y
ejecución de los proyectos de desarrollo local, a efectos de suplir, de manera
próxima, las necesidades del ciudadano y la gestión pública25 de sus territorios.

Ese entendimiento es acorde con lo dicho por la jurisprudencia constitucional 26, en
la cual, se destacan como notas características de dicho empleo las siguientes: (…)
iv) participan en la realización de la planeación de proyectos, para lo cual asumen
funciones de dirección política con miras aplicar el proyecto político en su localidad
(…).

Otro punto que se debe tener en cuenta es que mientras el artículo 65 del Decreto
Ley 1421 de 1993, al prever los requisitos que debe reunir el aspirante a ocupar el
cargo de alcalde local, se le exige que el vínculo con la comunidad de la subárea
que pretende ocupar sea de dos años fue explícito en indicar que ese término se
contaría retroactivamente desde el nombramiento; para efectos de la inhabilidad
que se analiza, también lo fue pero en relación con la fecha de la inscripción a la
aspiración.

Dentro de ese contexto, la Sala Electoral encuentra que el legislador de 1993 tuvo
clara la diferencia temporal, para ambas situaciones, y no fue su espíritu unificar
dichas fechas ni hacer salvedad o exclusión alguna frente a la fecha del periodo
inhabilitante.

Por otra parte, a diferencia de lo indicado por la parte apelante, quienes destacan
como argumento principal la tipología diferencial de la designación de elección por
voto popular para ediles y nombramiento del Alcalde Mayor, de terna enviada por
la JAL, luego de superado un proceso meritocrático, resulta un planteamiento que
siendo real, pues basta con remitirse a las formas de la provisión de ambos cargos,
no determina que indefectiblemente el juez de la nulidad electoral pueda interpretar
que el legislador lo que quiso decir o consagrar fue la fecha del nombramiento,
comoquiera que la literalidad de la norma es perentoria, clara y no da lugar a

25 Entre otros, acceso a los barrios (mejoramiento de las vías), la construcción o el mantenimiento de
equipamientos sociales (educación, salud, deportes y recreación) y financiamiento de actividades
interinstitucionales (animación, formación, asistencia).
26 Corte Constitucional, sentencia C – 368 de 1999, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. Definió características de

dicho empleo público. Corte Constitucional, sentencia T – 268 de 2005, MP. Jaime Araújo Rentería. Se pronunció
sobre la discrecionalidad con la que cuenta el alcalde electo popularmente para definir sobre estos empleos.
Corte Constitucional, sentencia C – 353 A de 2021, MP. Alberto Rojas Ríos. Esbozó sobre los regímenes
especiales y del distrito capital. Corte Constitucional, sentencia C – 268 de 2022, MP. Jorge Enrique Ibáñez
Najar. Estudió los artículos 6 y 14 de la Ley 2116 de 2021, por medio de la cual se modificó el Decreto Ley
1421 de 1993.

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margen de interpretación; a que normativamente la autonomía, el propósito y las
atribuciones otorgadas a los alcaldes locales evidencian que la fecha de la
inscripción, bajo parámetros lógicos y racionales resulta acorde al proceso al que
se someten los aspirantes, tanto para ser ternados como para ser nombrados.

La Sala considera pertinente recordar otra norma que complementa, el espectro
normativo de este asunto y es el artículo 1º del Decreto 1350 de 200527, en el cual,
se precisaron otros elementos para tener en cuenta respecto a los alcaldes locales:

Objeto. En cumplimiento de los principios de la función pública previstos en el
artículo 209 de la Constitución Política, el presente decreto reglamenta el proceso
de la integración de las ternas para el nombramiento de los Alcaldes Locales en el
Distrito Capital, con el fin de que este responda al criterio de mérito, de las calidades
personales y de la capacidad profesional de los aspirantes y que permita la
participación de los ciudadanos que habitan en cada una de las localidades, al tenor
del numeral 2 del artículo 2 y del Título VIII de la Ley 909 de 2004 y de los artículos
32 y 33 de la Ley 489 de 1998, sin perjuicio de la autonomía de las Juntas
Administradoras Locales. (Subrayas de la Sala)

Del anterior precepto, se debe entender que, para ser ternado por la JAL y
posteriormente nombrado, como alcalde local por el burgomaestre mayor de
Bogotá, los aspirantes interesados, además de cumplir con los requisitos legales,
deben superar un proceso meritocrático.

Pues bien, es esta la forma de provisión, que debe encajar en la inhabilidad que
se analiza, sin olvidar que el objetivo de estas circunstancias impeditivas, se
suman al cumplimiento inexorable de los requisitos legales de elegibilidad, pues,
aunque siempre van aparejados como exigencias previas para optar al cargo,
tienen sus propias dinámicas, presupuestos, elementos, alcances, periodos y
consecuencias.

Dentro de ese contexto, las inhabilidades “(…) son ‘aquellas circunstancias creadas
por la Constitución o la ley que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida,
o designada para un cargo público (…) y tienen como objetivo primordial lograr la
moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de quienes van a
ingresar o ya están desempeñando empleos públicos’, y que las mismas pueden
tener naturaleza sancionatoria, en materia penal, contravencional, disciplinaria,
correccional y de punición por indignidad política; en los demás casos no tienen
dicha naturaleza. (Sentencias C-558 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-348 de
2004, M. P. Jaime Córdoba Triviño; Sentencia C-181 de 1997, M.P. Fabio Morón
Díaz.).

27 Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 84 y 102 del Decreto Ley 1421 de 1993, en lo que

tiene que ver con el proceso de integración de ternas para la designación de los Alcaldes y el nombramiento
de los Personeros Locales.

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28

Demandantes: Jorge Enrique Forero
Rubén Darío Barbosa
Demandada: Karla Tathyanna Marín Ospina
(alcaldesa local de Kennedy)
Radicado: 25000-23-41-000-2024-01510-01 (principal)

En similar concepción, la Sección Quinta sobre esta figura consideró frente a las
inhabilidades: “[…] son situaciones preexistentes que se constituyen en limitación
del derecho fundamental consagrado en el artículo 40 Superior, que buscan
preservar los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad de la función
administrativa y la garantía del derecho de igualdad de oportunidades.” (Fallo de 31
de julio de 2009, radicado 2007-00244-02).

Valga recordar que las inhabilidades dentro de su generalidad buscan valores y
principios democráticos que mantengan depurado el ingreso al servicio público de
forma equitativa y simétrica para todos los participantes.

Pues bien, nuevamente abogando por la teología del hecho impeditivo resulta que
las aspiraciones de quienes se inscriben para el cargo de alcalde local y,
previamente, al requisito esencial de ser ternados por la JAL, resulta acorde a lo
que pretende la figura y es que el proceso transcurra en igualdad de condiciones
para todos los participantes en la selección y no se advierta alguna situación que
desequilibre las cargas de las personas que compiten que ello se zanje desde la
inscripción, comoquiera que es esta, la que determina el querer del candidato.

Y es que un hecho constitutivo de inhabilidad cuando está de por medio el ejercicio
de un cargo público, como acontece en el aparte respectivo que regula el artículo
66.4 del Decreto Ley 1421 de 1993, tiene un alcance muy concreto y un propósito
bien definido, desde la generalidad conceptual, la Corte Constitucional28 explicó
que esas “circunstancias creadas por la Constitución o la ley […], impiden que la
persona que ya viene vinculada al servicio público continúe en él; y tienen
como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad,
imparcialidad y eficacia de quienes van a ingresar o ya están desempeñando
empleos públicos” [Sentencia C-558 de 1994].

En contraste, lo que sí sucede es que de existir la decisión unificadora es de
obligatorio cumplimiento y de efectos vinculantes, pero así también, de no existir, a
diferencia de lo indicado por la parte impugnante, no implica vaciar la competencia
para administrar justicia y, menos, para dirimir el asunto.

Esto para aclarar, que a la autoridad administrativa le compete acatar y respetar las
decisiones judiciales cualquiera que sea, solo que cuando está bajo el espectro de
un pronunciamiento de unificación, su deber de acatamiento es indiscutible y
perentorio, pero ante la ausencia de aquel no puede justificar una interpretación
propia a la situación judicializada.

Ahora, respecto al juez de instancia, la situación no es diferente, comoquiera que

28 Véase sentencia SU-625 de 1 de octubre de 2015. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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debe acoger la decisión unificada, sin que ello le impida abordar el asunto que juzga
desde las consideraciones y decisión de antecedentes, que, sin ser vinculantes, sí
le sirven de apoyo, como criterio auxiliar que son y, de hecho, puede apartarse de
estos, pero con argumentos serios y razonados.

En lo que observa la Sala, es que si por la tipología de la designación se modificara
la previsión expresa de la norma, desde la consideración de que no puede
equipararse la inscripción de una candidatura a la inscripción a un proceso
meritocrático para ser ternado en un cargo de nominación del Alcalde Mayor, se
generaría un punto de inflexión bastante peligroso, que no permitiría ni siquiera
apelar a la simbiosis que en varios asuntos se hace con figuras o sistemas
acuñados para elecciones de otra clase, por ejemplo, cuando siendo una
designación de corporativo —no por voto popular— las designaciones se apoyan
en los conceptos de cifra repartidora o cociente electoral, entre otros, que son
términos acuñados preponderantemente para las elecciones por voto popular,
pero no exclusivos de estas.

En esa extrema exigencia, entonces, tampoco resultaría lógico que siendo un
evento de nombramiento se exigiera el cumplimiento de la residencia o labor como
factor vinculante a la localidad, pues también responde más a criterios un poco
más acordes a una circunscripción electoral o su incidencia en ella.

Por lo anterior, de manera reiterada y consistente con el pensamiento de los
constituyentes y la regulación revisada, la Sección ha entendido que con la
existencia del burgomaestre local, como se acotó en consideraciones anteriores,
se garantiza la eficiencia en la administración de la localidad; de otra manera, no
podría pensarse, pues en últimas los artículos constitucionales 322 al 327, las
normas que rigen al distrito capital y la teleología de estas, han encontrado conector
jurídico, por una parte, y para efectos de los elementos de elegibilidad, entre el
vínculo con el territorio que se predica desde el nombramiento y, por otro, entre el
ejercicio previo de un cargo público en el Distrito Capital y la inscripción a la
aspiración de ocupar dicha dignidad.

Corolario de lo anteriormente dicho, para la Sala, es que son fechas que, si bien se
predican respecto del mismo cargo, responden a las propias necesidades de las
figuras que se regulan, a saber: elegibilidad e inhabilidad, frente a las cuales se
requieren concepciones y efectos diferentes29.

Al respecto, a mero título ilustrativo de interés resulta, encontrar que incluso, en
oportunidad anterior, la Sala electoral se ocupó de la discusión del porqué los dos
años de vínculo con la localidad debían contarse desde el nombramiento y no

29 Sentencia de 14 de diciembre de 2023. Radicado: 25000-23-41-000-2021-00774-01. M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra.

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desde la inscripción, bajo la inquietud de los demandantes que consideraban que
esta última debía constituir el referente temporal. En efecto, se hace referencia al
fallo de 4 de diciembre de 201330, en el que se explicó que modificar la norma que
prevé que sea desde nombramiento por el de la inscripción no resultaba acorde,
porque en este último caso, conlleva el rechazo del registro de la aspiración:

Lo dicho conduce a señalar que si bien parece que el Decreto 1421 de 1993 prevé
que el vínculo con una localidad debe acreditarse para el nombramiento, lo cierto
es que las demás normas que regulan la designación de alcaldes locales exigen que
el requisito se cumpla al momento de la inscripción con el fin de que el aspirante a
ser incluido en la terna pueda continuar en el proceso meritocrático, oportunidad
que considera la Sala, es la pertinente para demostrar que se reúne tal requisito
atendiendo las sanciones que acarrea su ausencia al momento de la
inscripción.
(…)
Entonces es incuestionable que es al momento de la inscripción que los aspirantes
deben acreditar que cumplen los requisitos para ser alcalde local, pues la ausencia
de estos en tal oportunidad conduce al rechazo de la inscripción o, de haberse
conformado la terna, a que la misma se devuelva por el Alcalde Mayor para que se
sanee con quienes los reúnan. (Subrayado por la Sala)

En esa oportunidad, la Sala consideró que predicar la data desde la inscripción
adquiría transcendencia, pues la simple lectura literal del artículo 65 ejusdem,
dejaría de lado la teleología y la interpretación histórica y sistemática de dicha
norma, con lo cual se desatendería, lo dicho por los constituyentes, el contexto
normativo y las funciones de tal cargo.

No resulta diferente, para efecto de la inhabilidad que se analiza, porque optar por
la fecha de la designación como límite temporal, resultaría más vulnerador para la
transparencia del proceso, comoquiera que el vinculado al cargo público que funge
en el Distrito Capital que se inscribe y se le deja aspirar al cargo durante ese
interregno a la espera de ser efectivamente ternado y acercarlo más a la posibilidad
de ser elegido, aventajaría a quien no funge en empleo público distrital.

Quiere decir lo anterior, que son dos los presupuestos temporales que acompañan
a la inhabilidad del artículo 66.4 ib., el primero de ellos, que sean tres meses, el
segundo, que esa data se haya ejercido con anterioridad a la inscripción.

Así fue el entendimiento del legislador cuando expidió el Decreto Ley 1421 de 1993,
pues tal como fue advertido en precedencia, los Constituyentes pensaron el
Estatuto Orgánico de la capital y la creación de sus zonas y autoridades locales, a
través de la descentralización de funciones y todo dentro del específico territorio de
Bogotá, estableciendo subáreas y, con un engranaje de presupuestos, requisitos,
atribuciones y un régimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicables a los
servidores de ese espacio territorial.

30 Radicación: 25000-23-41-000-2012-00346-01. M.P. Susana Buitrago Valencia

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En otras palabras, el alcalde para ser nombrado debe acreditar los elementos o
requisitos de elegibilidad, lograr superar el proceso meritocrático para conformar la
terna y de ese triunvirato ser elegido por el alcalde mayor y, entre otras conductas,
no haberse desempeñado como empleado público de Bogotá durante los tres
meses anteriores a la inscripción.

No obstante, frente a la accionada, merece considerarse que en el expediente
reposa la Circular 002 de 8 de febrero de 2022, expedida por el secretario distrital
de Gobierno, que contiene el “Instructivo para el proceso de integración de ternas
para la designación de Alcaldes y Alcaldesa Locales – Citación a sesiones
extraordinarias de las Juntas Administradoras Locales”, con fundamento en que es
la dependencia encargada de orientar y liderar las políticas de fortalecimiento de la
gobernabilidad democrática en los ámbitos distrital y local, al informar sobre el
artículo 17 de la Ley 2116 de 2021, cuyo texto adicionó un artículo nuevo al Decreto
Ley 1421 de 1993, con el siguiente segmento: Artículo nuevo. Los alcaldes locales
serán designados bajo criterios de meritocracia y paridad de género. En todo caso
el 50% de quienes resulten designados, deberán ser mujeres. Sus reglas de
funcionamiento serán establecidas mediante Decreto Distrital, indicó sobre las
inhabilidades del artículo 66 de esa normativa:

[…] Respecto de las inhabilidades para los alcaldes locales, se aplican literalmente
las dispuestas en los numerales 1), 2), 3) y 5) del artículo 66 del Decreto Ley 1421
de 1993 relacionadas con las inhabilidades para los ediles; en relación con la
inhabilidad de que trata el numeral 4 ibidem, es aplicable por remisión expresa del
artículo 84 de dicho Estatuto Orgánico, y se contará a partir de la designación de
los Alcaldes (as) Locales por el Alcalde.

En consecuencia, una excepción al derecho de acceso a los cargos públicos está
contemplada en el inciso cuarto del artículo 66 del Decreto Ley 1421 de 1993, en
virtud del cual quienes hayan ejercido como empleados públicos en el Distrito dentro
de los tres meses anteriores a la inscripción de la candidatura a Alcalde Local,
estarían inhabilitados.

Pero es que en el caso que ocupa la atención de la Sala y, como se analiza en
consideraciones anteriores, el Consejo de Estado se decanta porque la fecha de la
inhabilidad de marras, incluso, conforme a la norma es la data de la inscripción, que
como se analizó responde a los criterios exegético y sistemático y que de tiempo
atrás no era desconocido por quien expidió la referida circular. Es más, aunque el
apoderado del Distrito Capital, en una posición en la que pretende se exija siempre
una decisión de unificación, esboza el desconocimiento del antecedente de 9 de
septiembre de 2021, ello resulta contrario cuando este pronunciamiento es de fecha
posterior y más reciente a los que invoca en la apelación y el asunto abordado en
esa oportunidad es semejante al que nos ocupa en esta oportunidad, como lo es el
día de la inscripción como parámetro del periodo impeditivo consagrado en el
artículo 66.4 del Decreto Ley 1421 de 1993. Aunado a que la administración lo que
hizo fue inaplicar el factor temporal previsto en la norma citada.

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Finalmente, la parte apelante esgrimió los conceptos del Departamento
Administrativo de la Función Pública, doctrina muy valiosa en materia de
interpretación de la función pública, pero con estos no se puede justificar apartarse
de los propósitos del Constituyente, de la perentoriedad de la norma del artículo
66.4 del Decreto Ley 1421 de 1993 ni de la posición adoptada por la Sección Quinta,
cuando los argumentos carecen de la suficiente entidad para variar la decisión
adoptada por el a quo.

Aunque sería suficiente para la Sala detener el análisis del asunto en este punto,
comoquiera que la discusión se centró en los aspectos de interpretación normativa
y jurisprudencial, mas no en un asunto en el que se descalificara el aspecto
probatorio del debate, se hará una breve alusión a la verificación de los medios de
convicción, comoquiera que se está frente a una condición inhabilitante que se le
atribuye a la accionada.

2.2. Caso concreto

Dilucidado el aspecto de derecho, la Sala verificará las probanzas frente al
elemento temporal constitutivo de la inhabilidad, comoquiera que los demás
aspectos (subjetivo y objetivo) no fueron discutidos por los apelantes. Esto resulta
necesario como último estadio del análisis comprobar si la accionada estaba
incursa en los términos debatidos, conforme a las probanzas que integran el acervo,
en la causal de inhabilidad el artículo 66.4 del Decreto Ley 1421 de 1993 y, con
respecto a este específico punto.

El factor temporal circunscrito a que dentro de los tres (3) meses anteriores a la
inscripción de su aspiración a la alcaldía local, punto medular de la discusión en
alzada y frente al cual esta judicatura entra a hacer una verificación más detallada
y se encuentra acreditado con las siguientes pruebas documentales:

a) La renuncia al cargo de profesional universitario de la planta global de la
Secretaría de Gobierno del Distrito Capital31 de 9 de enero de 2024, con
presentación y acuso de recibo por parte de la entidad de la misma fecha.

31 Nombramiento que consta en la Resolución 1186 de 18 de octubre de 2017 expedida por el
Secretario de Gobierno del Distrito Capital y la accionada tomó posesión, conforme se lee en el acta
0033 de 1° de noviembre siguiente. Ambos documentos reposan en el acervo probatorio.

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b) la aceptación de la renuncia: Resolución 0050 de 30 de enero de 2024

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c) Comunicación de 31 de enero de 2024 sobre la aceptación de la renuncia.

Las probanzas recaudadas evidencian que al momento de inscribir su aspiración a
ser alcaldesa local (febrero 2024), previamente fungía en el cargo de Profesional
Universitario Código 219, Grado 15 de la planta global de la Secretaría de Gobierno
del Distrito Capital, comoquiera que su renuncia al cargo fue aceptada el 30 de
enero de 2024.

Tal y como se estudió en precedencia, se debe confirmar la sentencia de primera
instancia porque, por un lado, no se desconoció el valor probatorio de las pruebas
aportadas por las partes y, por otro, el correcto entendimiento del supuesto
contemplado en el artículo 66.4 del Decreto Ley 1421 de 1993 es el que se
establece la norma: la fecha de inscripción de la aspiración a ocupar el cargo de
alcalde local.

La Sala concluye que de la prueba documental incorporada al proceso la
accionada al inscribirse al cargo de alcaldesa local no observó el término de los
tres meses previos a abandonar su condición de empleada pública del Distrito
Capital, comoquiera que presentó renuncia el 9 de enero de 2024, le fue aceptada
el 31 siguiente y su aspiración al cargo local quedó en el interregno del 22 al 24
de febrero, es decir a menos de un mes calendario.

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Esa valoración probatoria del supuesto fáctico alegado por la parte actora y
analizado por el fallo del a quo, a partir de la norma del 66.4 del Decreto Ley 1421
de 1993, que, al armonizarse con la interpretación sistemática y normativa, lo que
impone confirmar la decisión de instancia.

A esto se añade que tampoco resulta de recibo, la interesante disertación de la
parte actora sobre los fallos de unificación y los precedentes verticales, por cuanto,
si bien las decisiones calificadas con la impronta de unificación son de suma
importancia, el hecho de que algún tema o asunto no haya sido sometido a dicho
estudio, no implica indefectiblemente que el juez contencioso administrativo se vea
limitado en su función de administrar justicia ni mucho menos desdibuja o
desnaturaliza su papel.

Si bien, la Sección Quinta coincide con los memorialistas de alzada que el supuesto
fáctico analizado en el antecedente de 9 de septiembre de 2021 (Rad. 2020-00347-
02) no es del todo aplicable al asunto que se juzga y, por ende, no podía ser
fundamento único de la demanda ni de la decisión del juez, no por ello el fallo del a
quo se puede invalidar, comoquiera que se estudió la postulación de la parte actora,
con soporte en el artículo 66.4 del Decreto 1421 de 1993, frente a los elementos
constitutivos de la inhabilidad, conforme al contenido de la regulación y con análisis
en el acervo probatorio recaudado.

Por lo expuesto, dentro de los planteamientos acotados por los apelantes, no
resulta arbitrario y menos vulnerador de la confianza legítima, tener como
parámetro o factor temporal, la fecha de la inscripción a la aspiración a ser
nombrado alcalde local, pues de tiempo atrás, como se vio, la Sala conforme a la
exégesis de la norma, al alcance de la creación y existencia de los cargos en las
localidades, tanto los de voto popular como los designados por nombramiento luego
del proceso meritocrático que da lugar a la terna, en materia de la inhabilidad 66.4
y de los requisitos de elegibilidad del artículo 65 ib., se inclinó por la fecha de la
inscripción, sin que se advierta que con ello se asaltó ese principio en desmedro
del Distrito Capital, pues la situación en esos términos temporales no era
desconocida para la entidad territorial.

Con fundamento en lo anterior, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 4 de julio de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca —Sección Primera, Subsección A—,
que declaró la nulidad del Decreto 238 del 17 de julio de 2021, pero por las razones
expuestas en la presente providencia.

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SEGUNDO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no
procede ningún recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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