Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2024-01831-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-41-000-2024-01831-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2024-01831-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2024-01831-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
13 de febrero de 2025
Demandante: Alan David Vargas Fonseca y otra
Demandado: Agencia Nacional de Tierras y otros
Rad: 25000 23 41 000 2024 01831 01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
CONSEJERO DE ESTADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000 23 41 000 2024 01831 01
Accionantes: ALAN DAVID VARGAS FONSECA Y MÓNICA PATRICIA
GARCÍA MORENO
Accionado: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, INSTITUTO
GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO Y REGISTRO, PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA
Temas: Revoca sentencia – La norma demandada no contiene un
mandato imperativo e inobjetable
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación interpuesta por las partes demandadas contra la
sentencia del 18 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, que accedió a las pretensiones
de la acción de cumplimiento.
1. ANTECEDENTES
1. Solicitud de cumplimiento
1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, Alan David Vargas Fonseca y
Mónica Patricia García Moreno presentaron demanda contra la Agencia Nacional
de Tierras -ANT-, Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-, Superintendencia
de Notariado y Registro -SNR, Parques Nacionales Naturales de Colombia -
PNNC- con el fin de obtener el cumplimiento de lo previsto en el artículo 8 de la
Ley 1930 de 20181.
2. Como consecuencia, se ordene a las accionadas establecer un plan de acción
para llevar a cabo el saneamiento predial dentro de los ecosistemas de páramo.
1
Por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia.
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alan David Vargas Fonseca y otra
Demandado: Agencia Nacional de Tierras y otros
Rad: 25001 23 41 000 2024 01831 01
2. Pretensiones de la demanda
3. La parte actora solicitó:
1.Se reconozca que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Agencia Nacional de
Tierras, la Superintendencia de Notaria y Registro y la Unidad de Parques
Nacionales Naturales de Colombia han omitido el mandato legal de s y
consecuentemente no han cumplido el deber inobjetable de sanear la ocupación de
las tierras paramunas dentro del plazo que estableció la Ley de 5 años.
2.Ordenar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Agencia Nacional de Tierras, la
Superintendencia de Notaria y Registro y la Unidad de Parques Nacionales
Naturales de Colombia para que cumplan el mandato legal establecido en el artículo
8 de la Ley 1930 de 2018 con base en las siguientes condiciones:
a. Las entidades accionadas deberán elaborar un aprobar el plan de acción que
trata el inciso tercero del artículo 8 de la Ley 1930 de 2018 en un plazo máximo de 6
meses luego de que queden en firme la sentencia.
b. Las entidades accionadas deberán definir un esquema de responsabilidades en
donde se identifiquen las actividades transversales y sus respectivos lideres. La
definición de liderazgos administrativos no eximirá al grupo de entidades de la
responsabilidad solidaría que definió el artículo 8 de la Ley 1930 de 2018.
c. El plan de acción de saneamiento predial deberá contener un cronograma una
estrategia específica para cada uno de los 37 de ecosistemas de páramos
delimitados o en proceso de delimitación: (…).
d. Los resultados y logros definidos del plan de acción de saneamiento predial no
podrán condicionarse ni restringirse a la realización o culminación de otras
operaciones o actividades administrativa de gobernanza paramuna.
3. Ordenar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Agencia Nacional de Tierras,
la Superintendencia de Notaria y Registro y la Unidad de Parques Nacionales
Naturales de Colombia completar el saneamiento predial de todos los ecosistemas
de páramos en un plazo igual o inferior al establecido por el artículo 8 de la Ley
1930 de 2018
3. Hechos y fundamentos de la solicitud
4. Los actores afirmaron que, el artículo 18 de la Ley 1930 de 2018 ordenó una
estrategia integral y prioritaria para formalizar los derechos sobre la tierra de los
habitantes tradicionales de los páramos y así materializar el enfoque poblacional,
proceso que debía adelantarse en un lapso de cinco años; es decir, hasta el 27 de
julio de 2023, fecha para la cual no hay información que permita inferir que el
mandato se haya cumplido o que al menos esté en proceso de implementación.
5. Precisaron que, entre el 26 y el 29 de agosto de 2024, radicaron las solicitudes
de cumplimiento ante las entidades demandadas.
4. Actuaciones procesales
6. Mediante proveído del 18 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C admitió la acción de cumplimiento
contra la ANT, el IGAC, la SNR y PNNC y ordenó vincular al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alan David Vargas Fonseca y otra
Demandado: Agencia Nacional de Tierras y otros
Rad: 25001 23 41 000 2024 01831 01
4.2. Contestaciones a la demanda
7. La SNR manifestó que el artículo 8 de la Ley 1930 de 2018, señala que el
Gobierno nacional adoptará unas medidas de carácter general para realizar un
proceso de saneamiento predial en los páramos; sin embargo, no establece un
deber u obligación que deba ser cumplido directamente por la entidad,
relacionadas con las siguientes actividades que no están a su cargo: i) diseño y
planificación de una obra pública; ii) adquisición predial de bienes inmuebles por
utilidad pública; iii) elaboración o contratación de avalúos para adquisición predial
para obras de utilidad pública; iiii) procesos de selección para financiación o
administración de obras públicas; v) apropiación de recursos para construcción de
obras públicas; vi) construcción de obras públicas; y vii) administración de obras
públicas.
8. Expresó que no se acreditó la renuencia, por cuanto la norma no señala
expresamente un mandato imperativo e inobjetable radicado en cabeza suya, y la
petición fue respondida con oficio SNR2024EE094771 del 30 de septiembre de
2024.
9. El IGAC indicó que no encuentra configurada la renuencia al cumplimiento del
artículo 8 de la Ley 1930 de 2018, en atención a que, en el marco de sus
competencias, ha adelantado diferentes actuaciones; además, señaló que la
norma debe ser interpretada a la luz de las funciones de cada una de las
entidades obligadas, por lo cual precisó que dentro de las suyas no se encuentra
la de realizar el saneamiento predial de inmuebles ubicados en zona rural, aunque
sí produce información que sirve para estos efectos y la entrega a las entidades
que corresponde.
10. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dijo que ha adelantado las
acciones pertinentes en relación con la definición de criterios y la elaboración de la
metodología de valoración ambiental para los avalúos de los bienes ubicados en
las áreas de páramos delimitados, con el fin de reconocer el grado de
conservación de los mismos; además, que ha actuado en coordinación con PNNC
y con el IGAC en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1930 de
2018.
11. Afirmó que no fue constituida en renuencia, toda vez que la parte demandante
no presentó solicitud respecto de las actuaciones adelantadas frente al
cumplimiento de la norma que se reclama.
12. PNNC expuso que el proceso de saneamiento de los predios que se
encuentran dentro de los páramos y hacen parte de las áreas protegidas, conlleva
en parte la adquisición de predios, que implica la apropiación de recursos
presupuestales, por lo que conforme con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley
393 de 1997 es improcedente la acción de cumplimiento.
3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alan David Vargas Fonseca y otra
Demandado: Agencia Nacional de Tierras y otros
Rad: 25001 23 41 000 2024 01831 01
13. Además, indicó que la procedencia de esta acción opera siempre y cuando la
inoperancia de la norma presuntamente infringida sea evidente, y sobre el
particular manifestó que con oficio No. 202418019800312 del 13 de septiembre de
2024 se le manifestó a la parte demandante de todas las acciones que se realizan
para el saneamiento de los predios.
14. Asimismo, advirtió que para adelantar el proceso dispuesto en el artículo 8 de
la Ley 1930 de 2018 se hace necesaria la adquisición de los terrenos que tengan
propiedad privada, por lo que por parte de la entidad se expidió la Resolución 244
del 23 de junio de 2015, que rige el proceso de adquisición de bienes rurales al
interior de Parques Nacionales, y que la faculta para adquirir por negociación
directa, bienes inmuebles de propiedad privada, bienes fiscales y mejoras inscritas
y no inscritas, constituidas antes del 30 de noviembre de 2016.
4.3. Fallo de primera instancia
15. En sentencia del 18 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C accedió a las pretensiones de la
demanda de cumplimiento, por cuanto, se demostró la constitución en renuencia
de las entidades, su omisión al deber impuesto dentro del plazo otorgado;
además, porque la obligación que se pide acatar se encuentra asignada en el
artículo 8 de la Ley 1930 de 2018, el que está vigente y es exigible y contiene la
obligación clara, expresa, inobjetable de adelantar y culminar el proceso de
saneamiento predial en los páramos colombianos, mandato jurídico que han
desacatado.
16. Como consecuencia, ordenó:
Así que prospera la demanda, por lo que se les ordenará al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, a la Agencia Nacional de Tierras, al Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, a la Unidad Administrativa Especial Parques Naturales Nacionales
de Colombia y a la Superintendencia de Notariado y Registro, que dentro de los dos
(2) años siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, prioricen, coordinen y terminen
el proceso de saneamiento predial en todos los páramos de Colombia. El lapso se
concede en razón de las varias actividades que deben ejecutar las entidades
obligadas y de los trámites de coordinación que deben concretar entre ellas.
Y para trámites de posibles incidentes de desacato, se asigna la obligación de
cumplir, en cabeza de los representantes legales de cada una de dichas entidades.
4.4. Impugnación2
17. La ANT impugnó la decisión e indicó que no tiene la competencia, ni la
responsabilidad de cumplir con la finalidad y/o objetivo del artículo 8 de la Ley
1930 de 2018 en cuanto a realizar un proceso de saneamiento predial en los
páramos.
2
La sentencia del 15 de julio de 2024 fue notificada por correo electrónico el 16 de julio de 2024, y
el escrito de impugnación se radicó el 23 de julio de 2024, término que se encuentra oportuno.
4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alan David Vargas Fonseca y otra
Demandado: Agencia Nacional de Tierras y otros
Rad: 25001 23 41 000 2024 01831 01
18. Sostuvo que, no hay elementos objetivos que permitan concluir que la entidad
tiene a su cargo esa etapa o paso previsto en la citada norma, para que, la ANT
una vez reciba esos resultados e insumos que provienen de otras entidades, de
acuerdo con su competencias, ahí sí proceda a lo propio en los términos de esa
norma, esto es por ejemplo, a aplicar lo establecido en los artículos 15, 17 y 18 de
la misma Ley 1930 de 2018, que por el contrario, sí tienen un contenido
específico, pero en todo caso posterior a la etapa propia y específica de
saneamiento predial, que no está a cargo propiamente de la ANT, como
equivocadamente lo decidió este honorable tribunal.
19. De otra parte, indicó que debe tenerse en cuenta que, al interior de la ANT,
existe una estructura definida de conformidad con los diferentes procesos que
permiten desarrollar las funciones a cargo de la entidad, y de manera específica
existe la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras que tiene a su cargo los asuntos,
gestiones y cumplimiento de las funciones relacionadas con lo que en un futuro le
correspondería a la ANT en relación con el tema del saneamiento predial de los
páramos en Colombia.
20. Como consecuencia, solicitó que se precise que es a la Dirección de Gestión
Jurídica de Tierras de la ANT a la que le corresponde el cumplimiento de la Ley
1930 de 2018, una vez las demás entidades cumplan con las actividades de las
etapas preliminares o iniciales, que permitirían, en su debido momento, que la
ANT ejecute las actividades de las etapas correspondientes posteriores.
21. El IGAC, inconforme con la decisión de primera instancia, impugnó la decisión
por cuanto el tribunal omitió el análisis en relación con las funciones y
competencias establecidas a cada una de las entidades vinculadas,
específicamente del IGAC, de cara al mandato estipulado en el artículo 8° de la
Ley 1930 de 2018, toda vez que, como se advirtió en la contestación, no era
posible declarar el incumplimiento sin analizar qué correspondía a cada entidad,
de cara al saneamiento predial ordenado la sentencia impugnada no presenta
ningún análisis respecto a las funciones concretas de esta cartera ministerial y se
limita a concluir que la manifestación realizada en la contestación de la demanda
respecto a las acciones realizadas por la entidad, indican de forma implícita que
no se ha dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 8° de la Ley 1930 de 2018.
22. Afirmó que, no le corresponde realizar el saneamiento predial de inmuebles en
virtud de lo señalado en la Ley 1930 de 2018, según se puede identificar de la
lectura de las funciones establecidas en el artículo 4 del decreto 846 de 2021.
23. PNNC impugnó la decisión, para lo cual advirtió que, el cumplimiento de la
norma demandada comporta un gasto no presupuestado y, como fundamento, citó
el parágrafo 2 del artículo 22 de la Ley 1930 de 2018, según el cual «los recursos
financieros para el cumplimiento de la presente ley podrán provenir del Plan
Nacional de Desarrollo Forestal, planes, programas y proyectos de restauración,
de ONG y demás recursos gestionados por el gobierno a nivel nacional o
5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alan David Vargas Fonseca y otra
Demandado: Agencia Nacional de Tierras y otros
Rad: 25001 23 41 000 2024 01831 01
internacional», como consecuencia, solicitó la revocatoria de la sentencia de
primera instancia.
24. El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible impugnó la decisión y
solicitó su revocatoria, para lo cual adujo que, la sentencia impugnada no presenta
ningún análisis respecto a las funciones concretas de la entidad y se limitó a
concluir que la manifestación realizada en la contestación de la demanda respecto
a las acciones realizadas por la entidad, indican de forma implícita que no se ha
dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 8° de la Ley 1930 de 2018.
25. Para acreditar lo anterior, sostuvo que lo previsto en la norma simplemente
indica, en relación con la entidad, que «El Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, en conjunto con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o la
entidad que haga sus veces, definirá los criterios y elaborará una metodología de
valoración ambiental, para los avalúos de bienes ubicados en las áreas de
páramos delimitados, que permita reconocer el grado de conservación de los
mismos. Lo anterior, en desarrollo al principio de distribución equitativa de cargas
públicas y beneficios».
26. Por tanto, tal determinación necesariamente debía interpretarse de
conformidad con el Decreto Ley 3570 de 2011, pues esa definición de criterios y
elaboración de una metodología de valoración ambiental debe delimitarse con las
competencias y funciones legales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
27. La Sección Quinta de esta corporación es competente para decidir la
impugnación contra la sentencia del 18 de noviembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, según
lo dispuesto en los artículos 1503 y 1524 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y en el artículo trece
del Acuerdo 080 de 2019, expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado5.
3
Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de
las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del
recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el
artículo 245 de este código.
4
Artículo 152: (…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de
cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese
mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.
5
Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los
tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.
6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alan David Vargas Fonseca y otra
Demandado: Agencia Nacional de Tierras y otros
Rad: 25001 23 41 000 2024 01831 01
2. Problema jurídico
28. Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia
del 18 de noviembre de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, que accedió a las pretensiones
de la acción de cumplimiento, de conformidad con los argumentos expuestos por
las demandadas en los escritos de impugnación.
3. Generalidades de la acción de cumplimiento
29. La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.
30. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando
el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción
de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º].
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) Que no se pretenda la protección de derechos que puedan ser garantizados a
través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
administración [artículo 9.º].
31. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii, iii o iv],
la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.
32. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe
o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alan David Vargas Fonseca y otra
Demandado: Agencia Nacional de Tierras y otros
Rad: 25001 23 41 000 2024 01831 01
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es
formulada/s.
4. La constitución de la renuencia
33. En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de
constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la
autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los
diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud […]».
34. Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado
según el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición
sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de
la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»6.
35. Esta corporación también ha considerado que no puede tenerse por
demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en que la
solicitud hecha por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia»7.
36. Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como la
negativa del accionado frente al requerimiento bien porque no brinde respuesta
oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea contraria al querer del
ciudadano8.
37. Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo pretendido
por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o administrativo,
cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de la parte
demandada.
38. Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de 1997,
el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de la parte
accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser rechazada de
plano.
39. En el caso concreto está acreditado que, entre el 26, 27 y 29 de agosto de
2024, la parte actora solicitó al IGAC, a la ANT, a la SNR y a PNNC que dieran
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de
octubre 20 de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
7
Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del expediente
ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
8
Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación 25000-23-41-
000-2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del 17 de noviembre de 2016,
radicación 15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez y sentencia del 15 de
septiembre de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alan David Vargas Fonseca y otra
Demandado: Agencia Nacional de Tierras y otros
Rad: 25001 23 41 000 2024 01831 01
cumplimiento al artículo 8 de la Ley 1930 de 2018 relativo al proceso de
saneamiento predial dentro de los páramos9.
40. Como consecuencia, la SNR se pronunció el 27 de septiembre de ese año y
les indicó los diferentes trámites adelantados por la entidad con el fin de dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley 1930 de 2018.
41. A su vez, PNNC dieron respuesta a los actores mediante escrito del 13 de
septiembre de 2024, explicando cada uno de los trámites con el fin de dar
cumplimiento a la norma citada.
42. Por su parte, la ANT y el IGAC dieron respuesta indicando únicamente el
número de radicado asignado a la petición de los actores. Como consecuencia,
frente a estas tres entidades, el requisito de procedencia se encuentra satisfecho.
43. Finalmente, respecto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de
conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, el requisito objeto de
estudio se entiende superado, en atención a que su vinculación al presente trámite
procesal se realizó de oficio por el juez de cumplimiento, en virtud del artículo 5.º
de la Ley 393 de 1997, circunstancia que lleva implícito el agotamiento del
requisito de procedibilidad respecto de dicha autoridad. Como consecuencia, la
Sala tendrá por agotado el requisito de renuencia y procederá al estudio de los
demás aspectos.
5. De la procedencia de la acción de cumplimiento
44. En este asunto, la parte demandante busca el cumplimiento del artículo 8 de la
Ley 1930 de 2018, para que las autoridades accionadas establezcan un plan de
acción para llevar a cabo el saneamiento predial dentro de los ecosistemas de
páramo, que establece:
Artículo 8°. Saneamiento predial. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la
Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Superin-tendencia de Notariado y Registro
(SNR), Parques Nacionales Natura-les de Colombia y demás autoridades
competentes, deberán realizar un proceso de saneamiento predial en los páramos,
para lo cual contarán con un término máximo de cinco (5) años, contados a partir de
la entra-da en vigencia de la presente ley.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en conjunto con el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o la entidad que haga sus veces, definirá los
criterios y elaborará una metodología de valoración ambiental, para los avalúos de
bienes ubicados en las áreas de páramos delimitados, que permita reconocer el
grado de conservación de los mismos. Lo anterior, en desarrollo al principio de
distribución equitativa de cargas públicas y beneficios.
Para tal efecto, se debe establecer un plan de acción, teniendo como base la
delimitación de los páramos ordenada por la presente ley.
9
Índice 2 del expediente digital.
9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alan David Vargas Fonseca y otra
Demandado: Agencia Nacional de Tierras y otros
Rad: 25001 23 41 000 2024 01831 01
Parágrafo. Las Oficinas de Instrumentos Públicos correspondientes deberán realizar
la inscripción de los polígonos de los páramos delimi-tados en los respectivos folios
de matrícula inmobiliaria para los fines pertinentes.
45. No se advierte que la parte actora cuente con otro mecanismo de defensa
judicial para procurar por el cumplimiento del precepto que se pide ordenar, el que
además es actualmente exigibles porque no está derogado ni suspendido.
46. Ahora bien, esta Sala encuentra que la pretensión de los demandantes implica
un gasto; sin embargo, está presupuestado, como pasa a explicarse.
47. De conformidad con lo establecido por la jurisprudencia reiterada y reciente de
esta Sala, la acción de cumplimiento no es procedente cuando lo solicitado
implique un gasto, independiente de su finalidad.
48. Sobre el particular, la Sección ha concluido que esa causal puede ser
superada cuando dicho gasto está debidamente presupuestado10, es decir, una
vez elaborado un presupuesto o apropiado el gasto que debe ser efectivamente
destinado a la satisfacción de la función para el cual está concebido, y será en
estos casos en los cuales la pretensión de cumplimiento devendrá procedente; sin
embargo, esa condición no fue acreditada en este asunto.
49. Al revisar la ley demandada, se observa que el parágrafo 2º del artículo 22
estableció expresamente que los recursos financieros para su cumplimiento,
podrán provenir del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, planes, programas y
proyectos de restauración, de ONG y demás recursos gestionados por el gobierno
a nivel nacional o internacional; incluso, tiene una subcuenta específica para la
conservación de páramos en el Fondo Nacional Ambiental, orientada a la
realización de inversión ambiental en actividades de preservación, restauración,
uso sostenible y generación de conocimiento de los páramos. Por tanto, el
requisito se encuentra acreditado.
6. De la existencia de un mandato imperativo e inobjetable
50. La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda acudir
ante la autoridad judicial competente para hacer efectivo el obedecimiento de una
ley o de un acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional.
Sin embargo, no es posible ordenar ejecutar toda clase de disposiciones, sino
aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan como deberes11.
10
Al respecto puede consultarse la sentencia de 3 de abril de 2014, Rad. No. 2013-01288-01,
actor: María Luisa Guerrero Narváez, M.P. Alberto Yepes Barreiro, sentencia del 22 de octubre de
2020, Rad. 25000-23-41-000-2020-00185-01(ACU), actor Luz Patricia Agudelo Patiño, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez y sentencia del 15 de abril de 2020, Rad. 13-001-23-33-000-2020-
00795-01, actor Carlos Mario Daza Mejía y, recientemente, sentencia del 22 de agosto de 2024,
Rad. 25000-23-41-000-2024-00875-01.
11
Deber: Aquello a que está obligado el hombre por los preceptos religiosos o por las leyes
naturales o positivas. (Diccionario de la Real Academia Española).
10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alan David Vargas Fonseca y otra
Demandado: Agencia Nacional de Tierras y otros
Rad: 25001 23 41 000 2024 01831 01
51. Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través de
las órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato perentorio,
claro y directo a cargo de determinada autoridad, imperativo e inobjetable en los
términos de los artículos 5, 7, 15, 21 y 25 de la Ley 393 de 1997. Así, por ejemplo,
si la norma prevé una facultad o su ejercicio es discrecional, no se cumplirá el
requisito bajo estudio.
52. De la lectura de la norma demandada alegada como incumplida, se observa
que contiene varios mandatos:
a. Realizar un proceso de saneamiento predial en los páramos.
b. Definir los criterios y elaborar una metodología de valoración ambiental, para
los avalúos de bienes ubicados en las áreas de páramos delimitados, que
permita reconocer el grado de conservación de los mismos. Lo anterior, en
desarrollo al principio de distribución equitativa de cargas públicas y
beneficios.
c. Establecer un plan de acción, teniendo como base la delimitación de los
páramos ordenada por la presente ley.
d. Realizar la inscripción de los polígonos de los páramos delimitados en los
respectivos folios de matrícula inmobiliaria para los fines pertinentes
53. De acuerdo con lo establecido por la SNR y el Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, el saneamiento predial consiste en la consolidación de la
propiedad y titularidad de los bienes inmuebles, a partir de un diagnóstico integral
desde los componentes técnico (físico, acceso), jurídico (título de propiedad,
tradición), urbanístico (norma urbana y uso del suelo) y catastral.
54. La Sala no desconoce que hay un mandato; sin embargo, se encuentra
condicionado porque, para lograr el saneamiento predial establecido en la norma,
las autoridades involucradas deben realizar diferentes actividades, dependiendo
de su competencia y de las normas que determinan su funcionamiento; sin
embargo, estas no fueron objeto de la acción.
55. En efecto, el mandato cuyo cumplimiento se pretende establece acciones
como la de definir los criterios y elaborar una metodología de valoración ambiental,
para los avalúos de bienes ubicados en las áreas de páramos delimitados, así
como establecer un plan de acción, teniendo como base la delimitación de los
páramos ordenada por esta ley.
56. Ahora, al revisar la ley que contiene el mandato pretendido, consagra en su
artículo 4, el deber de delimitar los páramos, obligación que recae en cabeza del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con base en el área de referencia
generada por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von
Humboldt y los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales elaborados
11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alan David Vargas Fonseca y otra
Demandado: Agencia Nacional de Tierras y otros
Rad: 25001 23 41 000 2024 01831 01
por la autoridad ambiental regional de conformidad con los términos de referencia
expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; sin embargo, su
cumplimiento no fue demandado en esta oportunidad.
57. Asimismo, PNNC enfatizó en la necesidad de adquirir los terrenos que tengan
propiedad privada, para lograr el saneamiento, por lo que, por parte de la entidad,
se expidió la Resolución 244 del 23 de junio de 2015 y, posteriormente, la
Resolución 697 de 2024 en la cual se explican cada uno los procedimientos
necesarios para la gestión y regularización predial en el sistema de parques
nacionales naturales.
58. Por tanto, no basta con la citación del artículo 8 de la Ley 1930 de 2018, pues
este debe armonizarse con otra serie de disposiciones y, en especial, del
cumplimiento de varias condiciones previas para lograr el saneamiento predial
pretendido.
59. También, se observa que no se trata de un mandato a partir del cual sea
posible determinar qué funciones debe cumplir cada una de las entidades allí
enunciadas con el fin de lograr ese saneamiento; dado que se limita a indicar una
actividad general; por tanto, es necesario acudir a diferentes decretos y
resoluciones que contengan los mandatos que cada autoridad debe cumplir, tal y
como lo expresaron en sus contestaciones e impugnación, los cuales no fueron ni
demandados ni puestos en conocimiento de esta Corporación.
60. Por tanto, la Sala revocará la sentencia y negará las pretensiones de la
demanda, al concluir que la norma demandada no contiene un mandado
imperativo e inobjetable, de conformidad con las razones aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 18 de noviembre de 2024 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, que accedió a
las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de cumplimiento, de
conformidad con las razones expuestas.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
CUARTO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alan David Vargas Fonseca y otra
Demandado: Agencia Nacional de Tierras y otros
Rad: 25001 23 41 000 2024 01831 01
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Con salvamento de voto
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.