Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2024-01910-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2024-01910-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-41-000-2024-01910-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
24 de abril de 2025
Demandante: Norbey Fernando Mora Sánchez
Demandados: Consejo Superior de la Carrera Notarial y otros
Rad: 5000-23-41-000-2024-01910-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
CONSEJERO DE ESTADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 5000-23-41-000-2024-01910-01
Demandante: NORBEY FERNANDO MORA SÁNCHEZ
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL Y
OTROS
Tema: Improcedencia de la acción de cumplimiento – no supera el
requisito de subsidiariedad
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la parte actora
contra la sentencia de 17 de enero de 2025, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B declaró la
improcedencia de la acción de cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud
1. A través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción desarrollada por
la Ley 393 de 1997, Norbey Fernando Mora Sánchez, a través de apoderado
judicial, presentó demanda contra el Consejo Superior de Carrera Notarial (en
adelante CSCN) y la Secretaría Técnica de dicho consejo, en la que formuló
las siguientes pretensiones:
Se ORDENE al CSCN y a su Secretaría Técnica a que presten observancia y fiel
cumplimiento a lo dispuesto en las normas señaladas en la Sección 3.1 del
presente documento.
Que como consecuencia de lo anterior, se ORDENE al CSCN y su Secretaría
Técnica, a que en un término no mayor de diez (10) días hábiles, REMITAN a los
entes nominadores competentes, para efectuar los respectivos nombramientos
de notarios en propiedad, las solicitudes de nombramiento de todos aquellos
notarios que, habiendo ejercido el derecho de preferencia que les asiste según el
Numeral 3 del Artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970, resultaron ser
solicitantes únicos para las notarías vacantes respectivas.
Se solicita que el juez administrativo de cumplimiento ponga un alto a lo que está
realizando el CSCN y su Secretaría Técnica, al afectar injustificadamente los
derechos al mérito y acceso a los cargos públicos de los notarios, al pretender,
con decisiones ocultas y con faltas al debido proceso (modificando las reglas
luego de iniciados los procedimientos sin siquiera informar dichas reglas), el
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Demandante: Norbey Fernando Mora Sánchez
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desconocer las normas que los obligan a tramitar los derechos de preferencia de
estos1.
2. Hechos
2. En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente:
3. El actor afirmó que, mediante acta 4 del 19 de octubre de 2022, el CSCN
determinó que, en aquellos eventos en los cuales los notarios presentaran
una única solicitud de aplicación del derecho de preferencia, se debía recurrir
directamente al numeral 3.° del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970,
debiéndose remitir la respectiva solicitud al ente nominador y lo allí señalado
se había venido aplicando de manera uniforme.
4. A través del Decreto 0057 de 2024 del 30 de enero de 2024, el M.J.D., retiró
al señor Pedro León Cabarcas Santoya del cargo de notario segundo del
Círculo Notarial de Chía (Cundinamarca).
5. Por medio de certificación del 4 de abril de 2024, la Secretaría Técnica del
CSCN hizo constar que mediante el oficio radicado SR2024IE002573 del 21
de febrero de 2024, la Dirección de Administración Notarial comunicó dicha
vacancia, para que el despacho fuera ofertado en Derecho de Preferencia,
afirmó la procedencia de ese derecho y señaló que los notarios de carrera
interesados en ejercerlo debían enviar sus solicitudes dentro de los cinco días
hábiles siguientes, contados desde el 10 al 16 de abril de 2024.
6. El 10 de abril de 2024, Norbey Fernando Mora Sánchez solicitó su traslado
a la Notaría Segunda del Círculo de Chía (Cundinamarca), en ejercicio de la
postulación bajo el derecho de preferencia; sin embargo, la secretaría técnica
de la CSCN no remitió dicha solicitud a los entes nominadores, desconociendo
así lo dispuesto en los artículos 164 y 173 del Decreto Ley 960 de 1970, 3 de
la Ley 588 de 2000, 4 y 6 del Acuerdo 1 de 2020 del CSCN, la Resolución
01918 del 24 de febrero de 2020 del CSCN y el procedimiento operativo
dispuesto en el Acta N.° 4 de 2022 del CSCN.
7. Afirmó que, aunque en la comunicación SR2024EE087332, se dijo que la
CSCN en sesión del 20 de mayo de 2024 revocó la decisión adoptada
mediante el acta 4 del 19 de octubre de 2022, en razón a que se encuentra
pendiente la expedición de una ley que regule el derecho de preferencia que
afecta todos los trámites iniciados, esta nunca fue revocada, pues el acta de
la referida sesión nunca se expidió, publicó o notificó, de conformidad con lo
señalado en el artículo 11 del Acuerdo 1 de 2020, por lo cual carece de
eficacia.
.
8. Si bien el 30 de septiembre de 2024, el actor solicitó ante la CSCN y su
secretaría técnica el cumplimiento de las normas referidas, a través del oficio
OAJ-2169 SNR2024EE103086 del 22 de octubre de 2024, la Secretaría
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Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
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Técnica del CSCN señaló que no podía finalizar los procedimientos operativos
de preferencia en curso al carecer de competencia para ello. Además, las
normas presuntamente incumplidas no contemplaban un mandato claro,
expreso y exigible.
9. Finalmente, el accionante señaló expresamente que el asunto no puede
tramitarse a través de otras acciones constitucionales, pues no está
controvirtiendo la vulneración de derechos fundamentales, ni invocó su
protección, precisó que tampoco invocó la vulneración de derechos colectivos,
ni persigue la indemnización de perjuicios o daños ocasionados; así como
tampoco solicitó que el juez se pronuncie sobre la legalidad de alguna
actuación.
3. Trámite de la solicitud en primera instancia
10. Mediante providencia del 20 de noviembre de 20242, el magistrado
sustanciador del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B admitió la demanda, ordenó la notificación al Consejo Superior
de la Carrera Notarial y vinculó a la Superintendencia de Notariado y Registro
y al Ministerio de Justicia3.
4. Contestación de la demanda
11. La apoderada judicial del CSCN y la SNR contestó la demanda y se opuso
a la prosperidad de las pretensiones y solicitó que el medio de control ejercido
fuera declarado improcedente.
12. Afirmó que el artículo 164 del Decreto Ley 960 de 1970 dispone que la
carrera notarial y los concursos serán administrados por el CSCN, así como
también la integración de dicho cuerpo colegiado, pero no contempló ningún
mandato u obligación expresa. Además, el artículo 173 de dicho decreto y 3.º
de la Ley 588 de 2000, se refieren al concurso de notarios y su
correspondiente lista de elegibles, que actualmente es inexistente.
13. En relación con el artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970, alegó que,
con fundamento en las sentencias proferidas por el Consejo de Estado y la
Sala de Consulta y Servicio Civil de dicha corporación, el CSCN en sesión del
20 de mayo de 2024 resolvió revocar la decisión asumida el 19 de octubre de
2022, con relación al derecho de preferencia. Además, esa disposición
2
A través de auto del 8 de noviembre de 2024, inadmitió la demanda interpuesta y ordenó al
demandante corregirla, en el sentido de: (i) indicar de forma clara y precisa los artículos,
numerales o apartes contenidos en el Acta N.° 4 del 19 de octubre de 2019 y del Acta N.° 4
de 2022, expedidas por el CSCN que considera incumplidos, de conformidad con lo dispuesto
en el numeral 2.° del artículo 10 de la Ley 393 de 1998; ii) precisar las normas o actos
administrativos frente a los cuales dirige su demanda, teniendo en cuenta que según lo
informado por la Superintendencia de Notariado y Registro en el oficio N.° OAJ-
SNR2024EE103086 del 22 de octubre de 2024, algunos de estos no se encuentran vigentes
o se encuentran suspendidos y; iii) aportar constancia del envío de copia de la demanda y sus
anexos a las autoridades accionadas.
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A través de auto del 10 de diciembre de 2024.
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normativa no contempla un plazo para acatar o ejecutar un determinado
mandato, por lo cual no puede exigirse su cumplimiento a través del medio de
control ejercido.
14. Frente a los literales contemplados en el Acuerdo 001 de 2020 y la
Resolución 1918 de 2020 indicó que son normas expedidas por la CSCN para
su estructura y organización, pero no contemplan mandatos cuyo
cumplimiento pueda ser exigido conforme a las pretensiones del demandante,
y tanto dicho consejo, como la SNR ejercen sus funciones conforme a la ley.
15. Respecto del Acta 4 del 19 de octubre de 2022, señaló que no se
encuentra vigente al ser revocada por el CSCN en la sesión que tuvo lugar el
20 de mayo de 2024. Agregó que el medio de control ejercido resulta
improcedente, teniendo en cuenta que el Congreso de la República es el
competente para regular el derecho de preferencia mediante ley, y con base
en esta, el CSCN pueda iniciar y finalizar los trámites relacionados con su
ejercicio, por lo cual, pidió que se ordene su vinculación al presente asunto
para integrar la parte pasiva.
16. Alegó que la SNR carece de legitimación en la causa por pasiva, pues de
conformidad con lo preceptuado en los artículos 164 del Decreto Ley 960 de
1970, 1.° literales k) y l) y 4 del Acuerdo 1 de 2020, el CSCN es el competente
para regular la carrera notarial y determinar los procedimientos relativos al
ejercicio de los derechos que de ella se derivan.
17. Aseveró que no es posible aplicar el derecho de preferencia contenido en
el numeral 3.° del artículo 178 del Estatuto Notarial, pues, si bien el CSCN
expidió el Acuerdo 1 del 23 de noviembre de 2021, por el cual estableció un
procedimiento para su ejercicio, a través de la sentencia proferida el 13 de
mayo de 2021, al interior del proceso radicado bajo el N.° 11001-03-25-000-
2014-01431-00, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado declaró la nulidad del Decreto 2054 de 2014, en el cual se fundaba la
expedición de dicho acuerdo, por lo cual perdió su fuerza ejecutoria.
18. A su vez, los efectos del referido acuerdo fueron suspendidos por la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, mediante el auto
interlocutorio proferido el 7 de abril de 2022, en ese mismo proceso y
posteriormente revocado directamente por la CSCN a través del Acuerdo 1
del 13 de mayo de 2022.
19. Por medio de la providencia emitida el 17 de marzo de 2022, la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado conminó al CSCN a no incurrir
en violación, al no reconocer el derecho de preferencia a un notario de carrera,
por lo cual mediante el acta 4 del del 19 de octubre de 2022, se determinó que
en aquellos eventos en los cuales los notarios presentaran una única solicitud
de aplicación del derecho de preferencia, se debía recurrir directamente al
numeral 3.° del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970.
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20. Sin embargo, en concepto del 27 de febrero de 2024, la Sala de Consulta
y Servicio Civil del Consejo de Estado afirmó que, si bien el referido numeral
3.° se encontraba vigente, su regulación, alcance, desarrollo y aplicación se
encontraban sometidos a reserva legal, por lo cual, en sesión del 20 de mayo
de 2024, el CSCN revocó la decisión asumida el 19 de octubre de 2022.
21. El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de su directora jurídica,
se opuso a las pretensiones y solicitó que el medio de control ejercido fuera
declarado improcedente.
22. Lo anterior, porque, si bien integra, preside el CSCN y participa en los
trámites administrativos para la expedición de los decretos de nombramiento
de notarios de primera categoría, junto con la SNR y la Presidencia de la
República, en los términos del artículo 6.º del Acuerdo 1 del 31 de enero de
2020, quién ejerce la representación judicial de dicho consejo es la SNR.
Además, no tiene autonomía para definir las reglas de aplicación del derecho
de preferencia, ni competencia para ordenar a la SNR la entrega de notarías.
23. A continuación, indicó que el medio de control ejercido debe ser declarado
improcedente, ante la inexistencia de normas con fuerza material de ley o
actos administrativos que se encuentren vigentes, pues, aunque la regulación
y aplicación del derecho de preferencia se basaba en el Decreto 2054 de 2014
y el Acuerdo 02 de 2020 (SIC), aquel fue declarado nulo mediante sentencia
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 13 de mayo de
2021, y fueron suspendidos los efectos de este. Además, en sesión del 24 de
junio de 2024, el CSCN revocó el procedimiento establecido para el ejercicio
de dicho derecho en la sesión que había tenido lugar el 19 de octubre de 2022,
en virtud del concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado el 22 de marzo de 2024.
24. Finalmente, dijo que el demandante no cumplió el requisito de constitución
en renuencia y, en todo caso, no se evidenciaba la existencia de un deber
incumplido en cabeza de una autoridad específica; además, ninguna de las
normas cuyo cumplimiento se pretende, contemplan un mandato claro,
expreso y exigible dirigido al ente ministerial.
5. Sentencia de primera instancia
25. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
B, en sentencia del 17 de enero de 2025, luego de hacer un recuento de la
vigencia de cada una de las normas cuyo cumplimiento se pide, rechazó la
demanda respecto del Acta 4 del 19 de octubre de 2022, porque concluyó que
no está vigente.
26. Además, declaró improcedente la acción, toda vez que el medio de control
de cumplimiento no tiene por objeto resolver conflictos entre las partes, así
como tampoco reconocer derechos de naturaleza subjetiva.
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27. Lo anterior, por cuanto, en el presente caso, la parte demandante más allá
de solicitar el cumplimiento de las norma citadas, lo que pretende es que se
resuelva lo pertinente a un derecho subjetivo, que se concreta en su derecho
de preferencia como notario de carrera de que trata el numeral 3.° del artículo
178 de la Ley 960 de 1970 y, como consecuencia, se le nombre en un cargo
vacante en otra sede; lo cual no es posible a través de la acción de
cumplimiento, por cuanto no se puede sustituir a la autoridad competente para
resolver respecto del reconocimiento de un determinado derecho.
6. La impugnación4
28. El apoderado del actor solicitó que se revocara el fallo de primera instancia
y, en su lugar, que se profiriera decisión que ordene el cumplimiento de las
normas citadas.
29. Adujo que el actor nunca solicitó que se definiera su situación jurídica
particular, únicamente que se proveyeran en los cargos vacantes a todos los
solicitantes únicos del derecho de preferencia en el país.
.
30. Sostuvo que, en el caso de solicitantes únicos, no existe nada que discutir.
No se requiere reglamento alguno para definir quién tiene el derecho. Al haber
un único solicitante y siempre y cuando se cumplan los requisitos dispuestos
por el numeral 3.° del Artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970, este detenta
el derecho de preferencia indiscutiblemente y corresponde, entonces, a las
entidades accionadas adelantar los trámites encaminados a su nombramiento
en cumplimiento de las leyes que les ordenan: (i) proveer las notarías
vacantes; y (ii) garantizar la efectividad del derecho de preferencia.
31. Aclaró que en ningún momento se discutió la legalidad de los actos
emitidos por el CSCN y su Secretaría Técnica en el caso particular del
accionante. Ningún reparo se formuló frente a una eventual nulidad, sino frente
a la renuencia de cumplir con normas imperativas.
32. El Tribunal, sin realizar análisis alguno, concluyó que, por la existencia de
decisiones proferidas por el Consejo de Estado y la Sala de Consulta y Servicio
Civil, no existe norma que regule el derecho de preferencia; sin embargo,
omitió que dentro de la acción de cumplimiento se solicitó que se aplicara
directamente el Numeral 3.° del Artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970.
33. Finalmente, en relación con la conclusión del Tribunal, según la cual el
Acta 4 del 19 de octubre de 2022, no se encuentra vigente dado que, en
certificación del 22 de mayo de 2024, la jefe de la Oficina Jurídica de la
Secretaría Técnica del CSCN, hace constar que en la sesión del 20 de mayo
el consejo revocó dicha acta; no la compartió, dado que, a pesar de la detallada
explicación que se dio en la acción de cumplimiento, no se comprendió que en
4
La sentencia del 17 de enero de 2025 fue notificada el 30 de enero de 2025, y el escrito de
impugnación fue radicado mediante correo electrónico el 4 de febrero de 2025, término que
se encuentra oportuno.
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ningún momento dijo que la revocatoria del 20 de mayo fuera inexistente o
inválida. Se afirmó es que carecía de eficacia; como consecuencia, no le
resultaba oponible.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
34. La Sección Quinta es competente para decidir la impugnación contra la
sentencia dictada el 17 de enero de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, según lo dispuesto en los
artículos 1505 y 1526 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA) y en el artículo trece del Acuerdo 080 de
2019 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado7.
2. Problema jurídico
35. Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión
adoptada por la citada Corporación judicial en la sentencia de 17 de enero de
2025, que declaró la improcedencia de la acción.
36. Como consecuencia, la Sala procederá a verificar si se superan los
requisitos de procedencia y procedibilidad y, de ser así, proceder con el
estudio de fondo de las normas relacionadas como incumplidas.
3. Generalidades de la acción de cumplimiento
37. La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.
38. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la
Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos
mínimos. Estos presupuestos se han identificado y precisado que son los
siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
5
Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de
radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los
tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.
6
Artículo 152: (…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de
cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro
de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.
7
Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los
tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.
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imperioso incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir
un perjuicio irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la
solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el
rechazo de la acción de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º].
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.
(iv) Que no se pretenda la protección de derechos que puedan ser
garantizados a través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan
gastos a la Administración [artículo 9.º].
39. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii, iii
o iv], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.
40. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la
Sala precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar
si existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a
los cuales se haya dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s,
[artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad
o no de la/s pretensión/es formulada/s.
4. La constitución de la renuencia
41. En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de
constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo
y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro
de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud […]».
42. Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado
según el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de
petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el
requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»8.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de octubre 20
de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
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43. Esta Corporación también ha considerado que no puede tenerse por
demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en
que la solicitud hecha por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia»9.
44. Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como
la negativa del accionado frente al requerimiento, bien porque no brinde
respuesta oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea contraria
al querer del ciudadano10.
45. Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo
pretendido por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o
administrativo, cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de
la parte demandada.
46. Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de
1997, el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de
la parte accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser
rechazada de plano.
47. La parte accionante, para acreditar el requisito de procedibilidad, allegó
copia del correo electrónico remitido el 30 de septiembre de 2024 y dirigido a
las entidades demandadas, con el fin de constituirlas en renuencia por la
omisión en el cumplimiento de dar aplicación al numeral 3.º del artículo 178
del Decreto Ley 960 de 1970, el artículo 164 del Decreto Ley 960 de 1970,
artículo 173 del Decreto Ley 960 de 1970, artículo 3 de la Ley 588 de 2000,
los artículos 4, literal g, y 6, literal j del acuerdo 001 de 2020 del Consejo
Superior de la Carrera Notarial, el artículo 1, numeral 5 de la resolución
Número 01918 del 24 de febrero de 2020 del CSCN y el acta No. 4 del 19 de
octubre de 2022 del CSCN11.
48. En el proceso obra constancia de que el 22 de octubre de 2024, la SNR
dio contestación a la solicitud, negándose a lo pretendido, dado que era
necesario que el Congreso de la República expida la ley que regule el derecho
de preferencia, para que, conforme a dichas disposiciones, el Consejo
Superior de la Carrera Notarial pueda iniciar y finalizar los tramites de
preferencia.
49. En relación con el Ministerio de Justicia y del Derecho, se ha precisado
que, en aquellos eventos en los cuales el juez de cumplimiento es quien
9
Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del
expediente ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
10
Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación 25000-23-41-000-2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del 17
de noviembre de 2016, radicación 15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez y sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-
00249-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
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Índice de Samai 002 del tribunal.
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Demandante: Norbey Fernando Mora Sánchez
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vincula a la autoridad que conforme al ordenamiento jurídico se encuentra
llamada a cumplir el mandato legal o acto administrativo incumplido, en los
términos del artículo 5.° de la Ley 393 de 1997, quien constituye en renuencia
a la autoridad judicial es el juez de cumplimiento y no el accionante.
50. Así las cosas, para la Sala se encuentra acreditado el requisito de
procedibilidad respecto de las entidades accionadas.
5. De la procedencia de la acción de cumplimiento
51. La parte actora, con el ejercicio de este medio de control, persigue que se
le ordene a la parte demandada que cumpla lo establecido en numeral 3.º del
artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970, el artículo 164 del Decreto Ley 960
de 1970, artículo 173 del Decreto Ley 960 de 1970, artículo 3 de la Ley 588 de
2000, los artículos 4, literal g, y 6 del acuerdo 001 de 2020 del Consejo Superior
de la Carrera Notarial, el artículo 1, numeral 5 de la resolución Número 01918
del 24 de febrero de 2020 del CSCN y el acta No. 4 del 19 de octubre de 2022
del CSCN, las cuales establecen, lo siguientes:
Decreto 960 de 1970
Artículo 173. Dentro de los cinco días siguientes al en que ocurra la necesidad
de proveer un cargo en propiedad, el Gobernador, Intendente o Comisario y el
Tribunal avisarán la ocurrencia de la vacante al Consejo, para que este envíe
actualizada la lista de los candidatos aprobados en concurso.
Artículo 164. La carrera notarial y los concursos serán administrados por el
Consejo Superior de la Administración de Justicia, integrado entonces por el
Ministro de Justicia, los Presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo
de Estado, y el Tribunal Disciplinario, el Procurador General de la Nación, y dos
Notarios, uno de ellos de Primera categoría, con sus respectivos suplentes
personales, elegidos para periodos de dos años por los Notarios del país, en la
forma que determine el Reglamento. Para el primer periodo la Designación se
hará por los demás miembros del Consejo. En el Consejo tendrá voz, entonces,
el Superintendente de Notariado y Registro.
NOTA: Este artículo fue derogado por el artículo 11 de la Ley 588 de 2000. Sin
embargo, la sentencia C-421 de 2006 resuelve:
Declarar inexequible la expresión "164" contenida en el artículo 11 de la Ley 588
de 2000, a partir de la fecha de promulgación de esta.
En consecuencia, ordenar que el “Consejo Superior” a que se refiere el artículo
164 del Decreto Ley 960 de 1970, proceda a la realización de los concursos
abiertos para la provisión en propiedad por parte del Gobierno del cargo de
notario, en un término máximo de seis (6) meses contados a partir de la
notificación de la presente sentencia, en cumplimiento del artículo 131 de la
Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
pertinentes de la Ley 588 de 2000 y demás disposiciones legales concordantes
y complementarias".
(…).
Artículo 178. El pertenecer a la carrera notarial implica:
(…)
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3. Preferencia para ocupar, a solicitud propia y dentro de la misma circunscripción
político - administrativa, otra Notaría de la misma categoría que se encuentre
vacante.
(…).
Ley 588 de 2000
Artículo 3. Lista de elegibles. Los notarios serán nombrados por el gobierno, de
la lista de elegibles que le presente el organismo rector de la carrera notarial, las
cuales deberán publicarse en uno o varios diarios de amplia circulación nacional.
La lista de elegibles tendrá una vigencia de dos años.
El organismo competente señalado por la ley, convocará y administrará los
concursos, así como la carrera notarial.
Acuerdo 01 de 2000 del CSCN
Artículo 4°. Funciones del Consejo Superior. En ejercicio de las atribuciones
relacionadas con la administración de la carrera notarial, el Consejo Superior
ejercerá las siguientes funciones: (…).
g) Conocer y resolver los impedimentos y recusaciones que se formulen contra
sus miembros. Aplicando para este efecto en lo pertinente, las causales,
procedimientos y trámites dispuestos en el Código Contencioso Administrativo;
(…).
Artículo 612. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO
SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
de la Superintendencia de Notariado y Registro ejercerá la Secretaría Técnica
del Consejo Superior de la Carrera Notarial.
Son funciones del Secretario Técnico:
(…)
j) Realizar los procedimientos administrativos que se refieran al ejercicio de los
derechos de carrera y que hayan sido previamente aprobados por el Consejo
Superior de la Carrera Notarial (…).
La Resolución Número 01918 del 24 de febrero de 2020 del CSCN, la cual
establece lo siguiente:
Artículo 1°. Deléguese en el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la
Superintendencia de Notariado y Registro, en su condición de Secretario Técnico
del Consejo Superior de la Carrera Notarial, las siguientes funciones:
(…)
5. Recibir y tramitar los derechos de preferencia presentados por los notarios de
carrera y verificar que cumplan los requisitos exigidos, de conformidad con la
normatividad vigente.
El Acta No. 4 del 19 de octubre de 2022 del CSCN, el cual establece lo
siguiente:
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Al verificar la norma en el Sistema Único de Información Normativa se advierte que
realmente corresponde al artículo 11 del Acuerdo.
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El doctor Juan Carlos Vargas, Notario 42 del Círculo de Bogotá, aludió: “Doctora
Shirley usted como secretaria técnica se va a encargar de hacer ese análisis y,
que pena que interrumpa, este Consejo decide que cuando hay una sola solicitud
la Secretaría Técnica oficia de inmediato al nominador para que se proceda con
el nombramiento. Y cuando tenemos radicadas dos o más solicitudes para una
misma notaría, la Secretaría Técnica hace ese estudio, delegamos en Usted,
Secretaria Técnica, esa tarea para que proceda a emitir las correspondientes
comunicaciones al nominador.
El doctor Hernando Alfonso Prada Gil, Ministro de Justicia y del Derecho Ad-Hoc
y Presidente del Consejo Superior, indicó: “Entendimos que facultamos a la
Secretaría Técnica para que cuando haya una sola solicitud al no existir
competencia que nos permita dudar sobre la preferencia se autoriza a que por
Secretaría se adopte la decisión, ¿de acuerdo?
Al respecto, los demás miembros indicaron estar de acuerdo con la proposición.
(…)
Finalizado dicho término, los notarios de carrera podrán manifestar a través de
correo electrónico, enviado al buzón carreranotarial.oaj@supernotariado.gov.co
durante el término de cinco (5) días hábiles, su interés en ser nombrados en
propiedad y posterior a ello se agotará el trámite de preferencia, de conformidad
con los criterios establecidos en la presente sesión”
52. Si bien el cumplimiento de las normas indicadas en la demanda no implica
un gasto, la Sala advierte que, en este caso, la acción de cumplimiento resulta
improcedente en atención a que no se supera el requisito de subsidiariedad,
como pasa a explicarse.
53. De las pruebas aportadas por el actor y la respuesta otorgada por la SNR y
el CSCN al escrito de renuencia se establece que el actor presentó una solicitud
el 23 de mayo de 2024 a través de la cual buscaba conocer los resultados
respecto de los notarios que solicitaron derecho de preferencia, incluido él, en
relación con la Notaría 2ª del Círculo Notarial de Chía (Cundinamarca).
54. Al respecto, la entidad le contestó indicando lo siguiente:
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55. Adicionalmente, la Sala advierte que el actor, en septiembre del año
pasado, interpuso una acción de tutela, la cual fue fallada por el Juzgado 49
Civil del Circuito de Bogotá en primera instancia y confirmada por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil declarándola improcedente.
56. Sus pretensiones estaban dirigidas a que se diera trámite al derecho de
preferencia que solicitó, de conformidad con el Acta de 19 de octubre de 2022
y, como consecuencia, fuera nombrado, confirmado y posesionado como
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notario en propiedad de la Notaría 2ª del Círculo Notarial de Chía
(Cundinamarca), entre otras.
57. Sin embargo, los jueces encontraron que el actor tenía otro medio de
defensa judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como la
acción de cumplimiento o la acción de nulidad y restablecimiento de derecho,
además de las medidas cautelares.
58. El Tribunal de segunda instancia confirmó la decisión y le indicó que, a
pesar de que el accionante consideraba que el acto cuestionado no era
susceptible de demandarse a través de la nulidad y el restablecimiento del
derecho, lo cierto era que, la decisión de 20 de mayo de 2024, si bien no se
mostraba como un acto administrativo definitivo, lo cierto es que impedía
continuar con la actuación reglada en el Acta 4 de 19 de octubre de 2022,
siendo entonces un acto de naturaleza definitiva, de acuerdo con lo previsto en
el art. 43 CPACA.
59. Así las cosas, para la Sala es clara la existencia de una controversia entre
las partes, que torna improcedente este mecanismo constitucional, en la
medida en que no le corresponde a este juez constitucional dirimir el debate
surgido; en especial, el de la existencia y validez de un acto frente al cual el
actor siempre ha atacado su existencia, validez y eficacia.
60. En efecto, lo primero que advierte la Sala es la controversia respecto de la
decisión contenida en el acta de la reunión del 20 de mayo de 2024 (de la cual
solo existe en el proceso la certificación por parte de la Secretaría Técnica del
Consejo Superior de la Carrera Notarial), a través de la cual se dispuso revocar
lo resuelto en octubre de 2022, respecto del trámite del derecho de preferencia
de los notarios y que ha servido de fundamento para que la entidad haya
suspendido el procedimiento que venía aplicando en relación con el ejercicio
de ese derecho.
61. Adicionalmente, tampoco es la acción de cumplimiento el medio para atacar
la legalidad de los actos administrativos o de las decisiones administrativas
como la tomada por la Superintendencia de Notariado y Registro, el 19 de julio
de 2024, en la que se le informó al actor la imposibilidad de continuar con el
proceso, por cuanto debe esperarse a que la autoridad competente -Congreso
de la República-, expida la reglamentación respectiva.
62. Así, a pesar de que el apoderado insiste en que no se está buscando la
satisfacción de un interés subjetivo, lo cierto es los antecedentes y las pruebas
allegadas al proceso dan cuenta de lo contrario, dejando en evidencia la
controversia jurídica y la existencia de normas que establecen que la
discusión propuesta por el actor debe adelantarse de conformidad con las
disposiciones del Código General del Proceso, establecidas para el proceso
de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho.
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63. En consonancia con lo anterior, la Sala recuerda que el fin último de la
acción de cumplimiento es procurar la vigencia y efectividad material de las
leyes y de los actos administrativos, en aquellos casos en que las autoridades
públicas no dan estricto cumplimiento al deber jurídico o administrativo que
les es exigible y que la controversia propuesta en el caso de la referencia va
más allá de exigir el cumplimiento de las normas invocadas como
incumplidas.
64. De esta manera, para la Sala la petición del actor es improcedente, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 393 de 1997, pues
existen otros mecanismos; escenario en donde el debate aquí plateado debe
se dirimido, en especial, porque este medio no puede utilizarse para dirimir
discusiones que giran en torno a derechos subjetivos o a la eficacia, existencia
o validez de un acta.
65. Ahora bien, debe recordarse que el juez de la acción de cumplimiento,
pese a la existencia de otro instrumento judicial, podría pronunciarse de fondo
en relación con la solicitud, siempre y cuando se acrediten los presupuestos
de necesidad, urgencia, gravedad e inminencia del perjuicio. No obstante, en
el caso de la referencia, la parte interesada no probó tales extremos.
66. Como consecuencia, esta Sala confirmará la decisión del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, del 17 de
enero de 2025, que declaró improcedente la acción de cumplimiento, de
conformidad con las razones aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley
FALLA
PRIMERO: Confirmar la sentencia del 17 de enero de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B,
que declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento, según lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de
la Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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