Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2024-02092-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-41-000-2024-02092-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2024-02092-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2024-02092-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
24 de abril de 2025
Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Fiducoldex, vocera y administradora del Patrimonio Autónomo
Procolombia
Radicación: 25000-23-41-000-2024-02092-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2024-02092-01
Accionante: FUNDACIÓN PARA EL ESTADO DE DERECHO
Accionado: FIDUCOLDEX, VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL
PATRIMONIO AUTONÓMO PROCOLOMBIA.
Tema: Modifica sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 29 de enero de 2025, dictada por la Sección Primera, Subsección
B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, la Fundación para el Estado
de Derecho presentó demanda en contra de la Fiduciaria Colombiana de
Comercio Exterior S.A. (en adelante Fiducoldex), vocera y administradora del
patrimonio autónomo Procolombia, con el fin de obtener el cumplimiento de lo
previsto el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la
Ley 2195 de 20221.
2. Como consecuencia, solicitó que se le ordene a la accionada cumplir con
el deber de publicar «toda la actividad contractual» en la plataforma del Sistema
Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II).
1
«Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80
de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Fiducoldex, vocera y administradora del Patrimonio Autónomo
Procolombia
Radicación: 25000-23-41-000-2024-02092-01
2. Hechos relevantes
3. La Fundación accionante reseñó los siguientes supuestos fácticos e
información relevante para la controversia:
4. De conformidad con el Decreto 1074 de 2015, el fideicomiso Procolombia
es un patrimonio autónomo sin personería jurídica, que tiene como finalidad la
promoción de las exportaciones no minero energéticas, la atracción de la
inversión extranjera directa, la promoción del turismo internacional, entre otras.
5. Según lo dispuesto en el Decreto 210 de 2003, el patrimonio autónomo
está integrado por recursos públicos destinados al fomento de las exportaciones,
así como, por los recursos provenientes de los servicios remunerados por sus
usuarios2. Los actos y contratos del mismo se rigen por las normas de derecho
privado3.
6. La vocera y administradora del patrimonio autónomo Procolombia, es
Fiducoldex; sociedad anónima, de economía mixta, del orden nacional que presta
servicios financieros y está vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.
7. El manual de contratación del patrimonio autónomo Procolombia hace
referencia al deber de la fiduciaria de publicar en el SECOP toda la actividad
contractual derivada, cuando la misma ejecute o tenga como fuente la
financiación de dineros públicos, sin importar su proporción. Dicha publicación
debe realizarse de conformidad con el régimen especial de contratación y lo
establecido en los manuales de registro. Obligación que se compagina con lo
dispuesto en la Circular Externa Única del 18 de julio de 2018, expedida por la
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.
8. Aunado a ello, la Ley 1150 de 2003, modificada y adicionada por la Ley
2195 de 2022, estableció en el artículo 13 la obligación de las entidades estatales
con régimen especial y excepcional, de publicar los documentos relacionados
con su actividad contractual en el SECOP.
2
«ARTÍCULO 33. NATURALEZA DE PROEXPORT. Proexport es un patrimonio autónomo,
integrado con los recursos destinados al fomento de las exportaciones y por los recursos
provenientes de los servicios remunerados por sus usuarios, en desarrollo del literal d) del
artículo 282 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
PARÁGRAFO: Se entiende por fomento de las exportaciones, las actividades asignadas al
mencionado fideicomiso por el Decreto 663 de 1993, las acciones necesarias para ejecutar el
Plan Estratégico Exportador y las labores dirigidas al fortalecimiento de la estrategia de
competitividad y productividad del país y al desarrollo de los instrumentos de apoyo a la oferta
exportable».
3
«ARTICULO 283. PROMOCION DE EXPORTACIONES.
1. Contrato de fiducia para promoción de exportaciones.
[…]
Tanto la celebración del contrato de fideicomiso, como los actos y contratos de éste, se regularán
exclusivamente por las normas del derecho privado».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Fiducoldex, vocera y administradora del Patrimonio Autónomo
Procolombia
Radicación: 25000-23-41-000-2024-02092-01
9. Por lo anterior, Colombia Compra Eficiente, mediante la Circular Única
Externa No. 002 del 23 de agosto de 2024, reiteró la obligación legal de las
entidades estatales que cuentan con régimen de contratación especial y
excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública,
de publicar los documentos relacionados con su actividad contractual en el
SECOP.
10. El 5 de septiembre de 2024, presentó requerimiento ante Fiducoldex y
Procolombia para que dieran cumplimiento a su deber legal y administrativo de
publicar toda la actividad contractual en la plataforma referida. Ello, en los
términos del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de
la Ley 2195 de 2022.
11. Fiducoldex, en calidad de vocera y administradora del patrimonio
autónomo Procolombia, dio respuesta a la solicitud el 26 de septiembre de 2024,
en la que le indicó que ha cumplido con el mandato debido a que ha publicado
los documentos de los contratos tanto en el portal SECOP I como en su página
web.
12. Por lo anterior, y en aras de salvaguardar el ordenamiento jurídico,
promovió la presente acción en la que solicitó el cumplimiento material de lo
dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53
de la Ley 2195 de 2022, dado que, al consultar la plataforma, no se observa que
le haya dado publicidad a la totalidad de los documentos que integran su actividad
contractual.
3. Actuaciones procesales en primera instancia
13. Mediante providencia del 11 de diciembre de 2024, la Sección Primera,
Subsección B del Tribunal Administrativo del Cundinamarca admitió la demanda.
En consecuencia, ordenó notificar al Fiducoldex y Procolombia como accionados
y les concedió el término de 3 días para intervenir en el proceso.
14. En providencia del 14 de febrero de 2025 se concedió la impugnación
interpuesta por la parte accionada contra la sentencia de primera instancia
dictada el 29 de enero de 2025. En consecuencia, se ordenó la remisión del
expediente al superior para surtirse la alzada.
15. El proceso fue remitido al Consejo de Estado el 17 de febrero de 2025 y,
por orden del mismo4, fue devuelto a dicho tribunal para que se resolviera una
solicitud de aclaración presentada el 18 de febrero del mismo año por la parte
accionada, en contra del auto del 14 de febrero de 2025.
4
Véase párrafo 37 de la presente providencia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Fiducoldex, vocera y administradora del Patrimonio Autónomo
Procolombia
Radicación: 25000-23-41-000-2024-02092-01
16. El 20 de marzo de 2025 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
dispuso que lo procedente era la corrección del auto del 14 de febrero de 2025,
toda vez que en la parte motiva se consignó que la impugnación la presentó la
parte actora, mientras que, en la resolutiva, las entidades accionadas, siendo lo
correcto, esto último.
4. Intervenciones e informes
4.1. Fiducoldex
17. Actuando a nombre propio y en calidad de vocera del patrimonio autónomo
Procolombia contestó la demanda en los siguientes términos:
18. En primera medida, alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva
para actuar en posición propia. Al respecto, señaló que únicamente es vocera y
administradora del patrimonio autónomo Procolombia y, es en este último en
quien recaen los efectos de los actos y contratos que celebra en desarrollo de su
función misional.
19. Como sustento de lo anterior, manifestó que fue constituida como una
sociedad de servicios financieros de economía mixta indirecta del orden nacional,
cuyo objeto se circunscribe a la celebración de contratos de fiducia mercantil en
todos sus aspectos y modalidades. Indicó que tiene por fin la realización de todas
las operaciones, negocios, actos, encargos y servicios propios de la actividad
fiduciaria que se establecen en el Decreto 663 de 1993 y demás normas
complementarias.
20. Luego, enfatizó en la naturaleza de la figura jurídica del patrimonio
autónomo, a propósito del cual señaló que es una individualidad propia, de
creación legal expresa y afecto a una finalidad determinada. Agregó que sus
bienes o activos corresponden por las obligaciones de carácter patrimonial que
se adquieren en el cumplimiento de dicha finalidad y cuyo origen o génesis es la
celebración de un contrato de fiducia.
21. Con ello, aclaró que funge como vocera y administradora de Procolombia
y, en esa medida, no tiene vocación de ser demandada ni vinculada al proceso
en causa propia como se hizo en el auto admisorio de la demanda.
22. En segundo lugar, mencionó que las normas cuyo acatamiento se solicita
en esta instancia no le son aplicables por dos razones fundamentales. La primera
de ellas es que el patrimonio autónomo no es una entidad pública y, la segunda,
es tiene régimen de derecho privado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Fiducoldex, vocera y administradora del Patrimonio Autónomo
Procolombia
Radicación: 25000-23-41-000-2024-02092-01
23. Al respecto, precisó que el mandato consagrado en el artículo 13 de la Ley
1150 de 2007 está dirigido a entidades estatales que por disposición legal
cuentan con un régimen contractual excepcional al Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública.
24. En su sentir, dicha disposición debía interpretarse de manera sistemática
con el régimen de contratación pública y las definiciones que este trae.
Específicamente, el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, de las cuales es posible
inferir que Procolombia es un patrimonio autónomo de creación legal, sometido
a disposiciones de derecho privado y con una finalidad específica, y por ningún
motivo puede ser asimilado a una personal natural o jurídica.
25. Por lo anterior, adujo que, Procolombia no podía ser asimilada a una
entidad pública. A su juicio, hacerlo, implicaría desconocer el régimen de
contratación pública e incluso, abriría la puerta a la interpretación de que una
entidad pública, puede ser creada a través de la celebración del contrato de
fiducia.
26. De otro lado, expuso que no es aplicable el antecedente proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado en un asunto
similar, pero respecto de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
(en adelanta UNGRD) y la Fiduprevisora, toda vez que en ese caso dichas
autoridades sí constituyen entidades estatales en los términos del artículo 2 de
la Ley 80 de 1993.
27. En la misma línea, precisó que, aun cuando al patrimonio autónomo no le
es aplicable el mandato contenido en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, ello
no implica que no deba cumplir con deberes de transparencia y publicidad
respecto a sus procesos de contratación, pues lo hace, pero en los términos de
su manual de contratación – versión del 1 de septiembre de 2023 – el cual, a su
vez, sigue los lineamientos de la Circular Externa Única del 18 de julio de 2019,
actualizada el 16 de abril de 2019 de Colombia Compra Eficiente. Esto es, a
través de la plataforma SECOP I.
28. En consecuencia, señaló que, contrario a lo señalado por la parte actora,
el patrimonio autónomo ha cumplido con el deber de darle publicidad a toda la
actividad contractual derivada de la ejecución o financiación de dineros públicos
del Fideicomiso.
29. Finalmente, alegó que el SECOP II no le es aplicable, dado que las normas
que rigen a Procolombia son de derecho privado, de conformidad con lo
establecido en el apartado 1.4. de su Manual de Contratación; por tanto, no sigue
las disposiciones de contratación pública. Como ejemplo de ello, indicó que las
moralidades de selección de contratistas son específicas y especiales para sus
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Fiducoldex, vocera y administradora del Patrimonio Autónomo
Procolombia
Radicación: 25000-23-41-000-2024-02092-01
necesidades y su régimen de derecho privado, las cuales difieren de las
dispuestas por la Ley 1150 de 2007.
4.2. Ministerio Público
30. La autoridad conceptuó sobre la viabilidad de acceder a lo pretendido en
la presente acción. Afirmó que las accionadas han incumplido la obligación que
se deriva de las disposiciones invocadas con la demanda.
31. Para fundamentar su dicho, indicó que de la información aportada por la
demandante no estaban los documentos precontractuales; tales como, estudios
previos, el contrato, ni en la etapa contractual, los informes de ejecución.
Garantías, certificados de cumplimiento, autorizaciones de pago. Por último, los
documentos relativos a la etapa postcontractual tampoco.
5. Fallo de primera instancia
32. En sentencia del 29 de enero de 2025, la Sección Primera, Subsección B
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las pretensiones de la
demanda. En consecuencia, le ordenó a Fiducoldex que, en el término de 3
meses, diera cumplimiento a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007,
adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022.
33. Como sustento de su decisión, indicó que la disposición invocada se dirige
en contra de las entidades estatales que por disposición legal cuentan con un
régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública y, por ello, el patrimonio autónomo Procolombia no tenía
competencia para dar cumplimiento.
34. No obstante, consideró que Fiducoldex en aquellos casos en los que
celebra contratos con Procolombia u otras entidades que se encuentran
financiadas y ejecutadas con dineros públicos, sí debe publicar todos los
documentos relacionados con su actividad contractual en el SECOP II. Por ende,
afirmó que la obligación se ciñe a su cabeza.
6. Impugnación
35. Fiducoldex, actuando en nombre propio y no en calidad de vocera y
administradora del patrimonio autónomo Procolombia, solicitó que se revocara la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, se declarara el cumplimiento de la
disposición invocada con la presente demanda.
36. Para el efecto, mencionó que el a quo no fue congruente entre lo decidido
y lo discutido en el proceso, por tanto, le vulneró el derecho fundamental al
derecho de defensa. Indicó que la acción pretende el cumplimiento del artículo
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Fiducoldex, vocera y administradora del Patrimonio Autónomo
Procolombia
Radicación: 25000-23-41-000-2024-02092-01
13 y de la Ley 1150 de 2007 a efectos de las contrataciones que se realicen en
virtud de la actividad que desarrolla el patrimonio autónomo Procolombia, no
obstante, dirigió la orden en contra de Fiducoldex a nombre propio.
37. En gracia de discusión, refirió que hay «carencia actual de objeto» en tanto
que dicha fiduciaria emplea el módulo sin ofertas de la plataforma transaccional
con cuentas para las entidades estatales y los proveedores SECOP II, a efectos
de publicar y divulgar en su totalidad la actividad contractual de la sociedad
fiduciaria.
38. Indicó que, el manual de contratación de la fiduciaria, vigente desde el 18
de octubre de 2022, reitera la obligación contemplada en la norma invocada con
esta semana. Para ello, aportó una captura de pantalla de la plataforma SECOP
I en la que, según él, se podían encontrar todos los procesos de contratación.
7. Actuaciones en segunda instancia
39. Mediante providencia del 19 de febrero de 2025, el despacho ponente de
la decisión ordenó la devolución del expediente a la Sección Primera, Subsección
B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de que se pronunciara
sobre la solicitud de aclaración presentada por la parte demandada contra el auto
del 14 de febrero de 2025.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
40. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por
la Fiducoldex contra la sentencia del 29 de enero de 2025, proferida por la
Sección Primera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Lo
anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1255, 1506 y 2437 de la
Ley 1437 de 20118, así como del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado. Esta última disposición establece la
competencia de la Sección Quinta de esta corporación para conocer de «…las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten
por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».
5
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
6
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
7
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
8
Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado
por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [..]
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Fiducoldex, vocera y administradora del Patrimonio Autónomo
Procolombia
Radicación: 25000-23-41-000-2024-02092-01
2.2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento
41. La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la
Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica,
es hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de
un acto administrativo que impone determinada actuación u omisión a la
autoridad. Su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.
42. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que
reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad “la renuencia”
(artículo 8°), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercitar
la demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera
desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a
atender su cumplimiento.
43. Para que la demanda proceda, se requiere:
(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]9.
(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado
de ello [artículos 5.º y 6.º].
(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado frente
al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir
su inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «(…) cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable (…)» caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda [artículo 8.º].
(iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(v) No pretender la protección de derechos fundamentales que puedan ser
garantizados a través de la tutela [artículo 9.º], ni el acatamiento de normas que
establezcan gastos a la administración [artículo 9.º].
9
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Fiducoldex, vocera y administradora del Patrimonio Autónomo
Procolombia
Radicación: 25000-23-41-000-2024-02092-01
2.3. De la renuencia
44. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución
en renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que
debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en
acto administrativo con citación precisa de este10 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación
de la solicitud.
45. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala ha
señalado que «…el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición
sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de
la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»11.
46. Sobre este tema, esta Sección12 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición
que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda
el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
4
. Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia.(Negrita fuera de texto)
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
12 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Fiducoldex, vocera y administradora del Patrimonio Autónomo
Procolombia
Radicación: 25000-23-41-000-2024-02092-01
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos13. (Negrillas fuera de texto).
47. En efecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece
lo siguiente:
Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.
48. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que
el solicitante, en su petición, mencione, de forma explícita y expresa, que su
objetivo es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8 de la Ley 393
de 1997 no lo prevé así Por ello, basta con advertir del contenido de la petición
que lo pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de
este, pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
49. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el
requisito de procedibilidad cuando la petición «…tiene una finalidad distinta a la
de constitución en renuencia»14.
50. Descendiendo al caso concreto, esta colegiatura comienza por señalar
que está acreditado que el 5 de septiembre de 2024, la parte actora le solicitó a
Fiducoldex y a Procolombia que le dieran cumplimiento al artículo 13 de la Ley
1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022:
13
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, M.P.: Darío Quiñones Pinilla
14
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002,
exp. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, exp. 2011-00019.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Fiducoldex, vocera y administradora del Patrimonio Autónomo
Procolombia
Radicación: 25000-23-41-000-2024-02092-01
51. A su vez, obra la respuesta proporcionada por Fiducoldex en calidad de
vocero y administrador del patrimonio autónomo Procolombia a la solicitud
referida. En esta, le indicó a la fundación accionante que no tiene naturaleza de
entidad pública, pues su naturaleza jurídica corresponde a la de un Fideicomiso
reglado por las disposiciones del código de comercio y derecho privado, aun
cuando tiene a cargo la administración de recursos públicos.
52. Indicó que la consecuencia de la implantación del derecho privado como
fuente de establecimiento y funcionamiento, conllevaba la construcción de su
manual de contratación, dentro del cual se desarrollan los principios que deben
observarse por quienes intervienen en los procesos de contratación del
fideicomiso. En esa línea, refirió que en aquel se instruye el uso de la plataforma
SECOP. Por ende, no había duda de que cumple con el deber de darle publicidad
a su actividad contractual.
53. Por lo anterior, se entiende agotado el requisito de constitución en
renuencia previsto en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997.
2.4. De la procedencia de la acción de cumplimiento
54. La Fundación para el Estado de Derecho solicitó el cumplimiento del
artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195
de 2022. Como consecuencia del obedecimiento de tal disposición, pide que se
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Fiducoldex, vocera y administradora del Patrimonio Autónomo
Procolombia
Radicación: 25000-23-41-000-2024-02092-01
le ordene a Fiducoldex, vocera y administrada de Procolombia, que publique toda
su actividad contractual en la plataforma SECOP II.
55. La parte actora señaló que dicho deber ha sido incumplido por las
accionadas, dado que no aparecen registros de la documentación contractual
sobre los negocios celebrados por dicha fiduciaria en la calidad aludida y
conforme lo establece el inciso segundo del artículo 13 de la referida Ley en el
SECOP II. Agregó que esta obligación fue reconocida por Colombia Compra
Eficiente, en la Circular Única Externa No. 002 de 23 de agosto de 2024.
56. En el caso concreto, la Sala encuentra acreditados los requisitos de
procedencia de la acción, por las siguientes razones:
57. Primero, la norma que se solicita acatar tiene rango de ley. En efecto, la
Fundación para el Estado de Derecho interpuso la acción que se estudia en esta
oportunidad para exigir el cumplimiento del deber contenido en el artículo 13 de
la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022.
58. Segundo, se satisface el presupuesto de que el mandato que se solicita
atender esté radicado en cabeza de la autoridad o del particular en ejercicio de
funciones públicas. Lo anterior, porque dicha obligación fue atribuida a
Procolombia, administrado por la entidad estatal Fiducoldex, ya que es un
patrimonio autónomo que cuenta con un régimen contractual exceptuado del
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por las siguientes
razones.
59. El artículo 2 de la Ley 80 de 1993 dispuso que, para efectos del Estatuto
General de Contratación Pública, se denominan entidades estatales, entre otras,
a las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga una participación
superior al 50%. A su vez, los artículos 14 y 15 de la Ley 1150 de 2007
establecieron que las sociedades de economía mixta con participación estatal
mayoritaria y los contratos que celebren los establecimientos de crédito público,
estarán sometidos a lo dispuesto en el artículo 13 ibídem, norma cuyo
cumplimiento se reclama por esta vía.
60. El artículo 2 de los Estatutos Sociales de Fiducoldex15 dispone que esta
una sociedad comercial, anónima, de economía mixta indirecta del orden
nacional, y vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En su
composición accionaria, el Banco de Comercio Exterior S.A. (en adelante,
Bancóldex) tiene una participación del 89,6%16. Esta entidad bancaria es, a su
vez, una sociedad anónima de economía mixta del orden nacional, organizada
como establecimiento de crédito bancario, y vinculada al Ministerio de Comercio,
15
Consagrados en las siguientes escrituras públicas: (i) No. 6088 del 3 de junio de 2014, (ii) No.
1058 del 27 de mayo de 2016, y (iii) No. 1229 del 9 de mayo de 2019.
16
Al respecto, ver https://www.fiducoldex.com.co/accionistas.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Fiducoldex, vocera y administradora del Patrimonio Autónomo
Procolombia
Radicación: 25000-23-41-000-2024-02092-01
Industria y Turismo, de conformidad con el artículo 2.4.13.1.1. de la Ley 2505 de
199117.
61. Por su parte, Procolombia es un patrimonio autónomo constituido en virtud
del contrato de fiducia mercantil celebrado por el Banco de Comercio Exterior y
Fiducoldex S.A, contenido en la escritura pública 8851 del 5 de noviembre 1992.
Por ende, no ostenta personería jurídica y «[…] los actos y contratos de éste, se
regularán exclusivamente por las normas del derecho privado»18.
62. Asimismo, el Manual de Contratación de Procolombia dispuso como uno
de los principios orientadores de las etapas precontractuales, contractuales y
postcontractuales, el deber de publicidad. Al respecto, señaló lo siguiente:
1.5. Publicación en el SECOP I
De acuerdo con la Circular Externa Única del 18 Julio de 2018, actualizada el 16
de abril de 2019, expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública –
Colombia Compra Eficiente, en la que se indica que “la fiduciaria que actúe como
vocera y administradora de los patrimonios autónomos en calidad de contratante
debe publicar toda la actividad contractual derivada en el SECOP I mediante una
cuenta de la entidad en el módulo de régimen especial”. Fiducoldex como vocera
y administradora de PROCOLOMBIA publicará la contratación derivada, cuando
la misma ejecute o tenga como fuente la financiación de dineros públicos, sin
importar su proporción. La publicación debe realizarse de acuerdo con el régimen
especial de contratación, y conforme lo establecido en los manuales de registro,
actualización y modificación de procesos de contratación, publicados por
Colombia Compra Eficiente.
63. En ese orden, Fiducoldex, como vocera y administradora de Procolombia,
está legitimada para ser demandada en ejercicio de la acción de cumplimiento,
con el fin de analizar el acatamiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley
1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022.
64. Tercero, la demanda cumple el requisito de subsidiariedad. Las
pretensiones de la fundación accionante no involucran la protección directa de
derechos fundamentales que puedan ser invocados vía acción de tutela.
Tampoco se advierte la existencia de otro mecanismo judicial para hacer efectiva
la obligación establecida.
17
ARTÍCULO 2.4.13.1.1 NATURALEZA JURIDICA. Incorporado en el Decreto 663 de 1993,
EOSF, bajo el artículo 279. El Banco de Comercio Exterior, creado por el artículo 21 de la Ley 7a
de 1991, es una sociedad anónima de economía mixta del orden nacional, organizada como
establecimiento de crédito bancario, y vinculada al Ministerio de Comercio Exterior.
18
Decreto Ley 663 de 1993 del 5 de abril de 1993.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Fiducoldex, vocera y administradora del Patrimonio Autónomo
Procolombia
Radicación: 25000-23-41-000-2024-02092-01
65. Cuarto, la norma que contiene el deber cuyo cumplimiento se exige se
encuentra actualmente vigente, en la medida en que no ha sido derogada,
modificada o sustituida en el ordenamiento jurídico.
66. Finalmente, el eventual cumplimiento de la disposición no involucra gasto.
Como se evidencia, lo pretendido es que la demandada haga la publicación
completa de los contratos y documentos que los integren.
67. Por lo anterior, la Sala concluye que la presente acción de cumplimiento
en procedente.
2.5 Caso en concreto
68. Corresponde a la Sala determinar si Fiducoldex, como vocera y
administradora de Procolombia, ha incumplido lo dispuesto en el artículo 13 de
la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022.
69. Para resolver lo anterior, es necesario analizar el contenido del precepto
que se alega como desacatado, los elementos de convicción que forman parte
del expediente, de ser el caso, la exigencia de los mandatos y posteriormente,
realizar unas consideraciones finales.
70. El contenido de la disposición invocada es el siguiente:
Artículo 13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL
PARA ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE
CONTRATACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. Las entidades estatales
que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicaran en
desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los
principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los
Artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el
caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades
previsto legalmente para la contratación estatal.
En desarrollo de los anteriores principios, deberán publicar los documentos
relacionados con su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la
Contratación Pública -SECOP II- o la plataforma transaccional que haga sus
veces. Para los efectos de este Artículo, se entiende por actividad contractual los
documentos, contratos, actos e información generada por oferentes, contratista,
contratante, supervisor o interventor, tanto en la etapa precontractual, como en
la contractual y la postcontractual.
A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, se establecerá un periodo
de transición de seis (6) meses, para que las entidades den cumplimiento efectivo
a lo aquí establecido.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Fiducoldex, vocera y administradora del Patrimonio Autónomo
Procolombia
Radicación: 25000-23-41-000-2024-02092-01
71. La norma establece una obligación en cabeza de las «entidades estatales
que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública» de aplicar, en
desarrollo de su régimen contractual, los principios de la función administrativa y
de la gestión fiscal.
72. En consecuencia, dichas entidades deben publicar los documentos
relacionados con su actividad contractual —es decir, los documentos descritos
en el inciso segundo de dicho precepto— en el SECOP II o en la plataforma que
haga sus veces, sin que ello pueda interpretarse como el SECOP I. Y eso es así,
pues el primero justamente entró a reemplazarlo. Por lo demás, la norma
consagró un régimen de transición de 6 meses contado desde su promulgación,
con el fin de unificar en una sola plataforma la gestión contractual del Estado19.
73. Al respecto, la Sala de Consunta y Servicio Civil20 de esta corporación
refirió que, en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, el legislador, sin desconocer
la naturaleza de los contratos celebrados por entidades exceptuadas del régimen
de general de contratación estatal, estableció los límites de su autonomía y les
impuso el deber de dar cumplimiento a los principios de la función administrativa
consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política.
74. Sostuvo que «es intención expresa del Legislador la de sujetar su actividad
contractual a unos mínimos del Derecho administrativo por la preponderancia de
los intereses públicos que finalmente desarrollan y para precaver la arbitrariedad,
el subjetivismo, la improvisación, los sobrecostos, etc. (con fundamento en el
19
Al respecto, Colombia Compra Eficiente ha indicado que: «Como puede observarse, aunque la
publicación en el SECOP I de los documentos relacionados con la actividad contractual ya era
obligatoria para las entidades que cuentan con un régimen especial, el artículo 53 de la Ley 2195
de 2022 –que modifica el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007– complementa ese deber con la
exigencia de emplear el SECOP II. En otras palabras, en el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 el
Congreso de la República dispone que las entidades estatales exceptuadas del Estatuto General
de Contratación de la Administración Pública deben publicar en el SECOP II –es decir en la
plataforma transaccional vigente– su actividad contractual.
La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente considera que al
establecer el artículo 53 que este deber se debe cumplir en el SECOP II «o la plataforma
transaccional que haga sus veces» esto debe interpretarse en el sentido en que a pesar de que
en la actualidad el SECOP II es la plataforma transaccional vigente en el Estado colombiano, si
en el futuro esta es reemplazada por otra que tenga otra denominación, las entidades que tienen
un régimen especial de contratación pública deben continuar publicando la documentación de su
actividad contractual en la nueva plataforma. Por ello, esta Agencia no considera que la
disposición analizada al utilizar la expresión indicada, deba entenderse como que las entidades
exceptuadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública pueden emplear
sus páginas web o sus propios portales electrónicos, para realizar, a través de ellos, el
procedimiento contractual, pues, precisamente, el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 unifica el
régimen de publicidad de las entidades estatales en una sola plataforma, actualmente
denominada SECOP II. Con esto se logra que la ciudadanía pueda encontrar en un mismo
sistema la gestión de la actividad contractual del Estado, garantizándose en mayor grado la
transparencia y el acceso a la documentación pública». Colombia Compra Eficiente, Concepto C
– 422 de 2022.
20
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Civil, radicado No. 11001-03-06-000-2017-00058-00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Fiducoldex, vocera y administradora del Patrimonio Autónomo
Procolombia
Radicación: 25000-23-41-000-2024-02092-01
preámbulo y en los artículos 2º, 123 inciso 2º y 209 de la C.P), privilegiando así
la transparencia y la selección objetiva en su contratación, aun cuando ellas se
sirvan de herramientas, mecanismos e institutos del Derecho privado como
estrategia y medios para favorecer y beneficiar la eficiencia en la gestión».
75. Para la Sala, entonces, la norma antes descrita sí contiene un deber legal
susceptible de ser exigido mediante la acción de cumplimiento. Así lo ha
reconocido esta Sección en las decisiones identificadas con los radicados 25000-
23-41-000-2024-01213-00/01, 25000-23-41-000-2024-01906-00/01, 25000-23-
41-000-2024-01938-00/01, 25000-23-41-000-2024-1876-00/01. En estos casos,
se estudió el incumplimiento del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado
por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, en el caso de entidades exceptuadas
del régimen de contratación, a saber: la UNGRD, la Fiduprevisora S.A., Satena
S.A., Ecopetrol S.A., Fiducoldex, en calidad de vocera y administradora de Fontur.
76. Entonces, la referida obligación le es exigible a Fiducoldex, como vocera
y administradora de Procolombia. Como se señaló previamente, Procolombia es
un patrimonio autónomo integrado, entre otros, por recursos públicos para el
fomento de las exportaciones21, cuya administración y vocería se encuentra a
cargo de la primera, cuya naturaleza es la de sociedad anónima de economía
mixta indirecta del orden nacional, y vinculada al Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.
77. En tales términos, le corresponde a Fiducoldex, en calidad de vocera y
administradora de Procolombia, publicar la actividad contractual de esta última
en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), según lo
establecido en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo
53 de la Ley 2195 de 202222.
78. En consecuencia, tiene la obligación de publicar los documentos,
contratos, actos e información generada por oferentes, contratista, contratante,
supervisor o interventor, tanto en la etapa precontractual, como en la contractual
y la postcontractual. Este deber es actualmente exigible, comoquiera que ya
culminó el periodo transición previsto en la ley.
79. En relación con este último punto, conviene destacar que, en la Circular
Externa única del 27 de diciembre de 2023, Colombia Compra Eficiente precisó
que
21
Decreto 210 de 2003, artículo 33.
22
Al respecto, la Circular Externa Única de 2023, expedida por Colombia Compra Eficiente, indica
que «la fiduciaria que actúe como vocero de los patrimonios autónomos, en calidad de
contratante, debe publicar la información oficial de la contratación derivada en el SECOP I o II
mediante una cuenta de entidad compradora en los módulos de “régimen especial”. En este caso
Colombia Compra Eficiente recomienda que se cree una cuenta por patrimonio autónomo con la
información correspondiente de la fiduciaria en su calidad de vocero».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Fiducoldex, vocera y administradora del Patrimonio Autónomo
Procolombia
Radicación: 25000-23-41-000-2024-02092-01
De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, las Entidades Estatales
que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública tuvieron un
período de transición de seis (6) meses para publicar todos los documentos
relacionados con su actividad contractual en la plataforma del SECOP II. En
consecuencia, su uso obligatorio empezó a regir a partir del 18 de julio de 2022.
Todos los procesos de contratación creados en el SECOP I antes de fecha
indicada, por parte de estas Entidades Estatales, podrán continuar siendo
gestionados en esta plataforma.
80. Ahora bien, en el caso concreto, se discute el incumplimiento total de la
referida obligación. Para la parte actora, según se puede evidenciar en la
plataforma SECOP II, no hay ningún documento cargado por las obligadas.
81. Al verificar la página web del SECOP ll23, la Sala advierte que, en efecto
le asiste razón a la parte actora:
82. Lo anterior permite advertir que, aun cuando la accionada tiene el deber
de publicar en el SECOP II, no ha acatado el mismo. Es decir, aun cuando el uso
de dicha plataforma empezó a regir a partir del 18 de julio de 2022, la autoridad
no ha cargado ninguno de sus procesos contractuales a la fecha. Por lo tanto, es
claro que media un incumplimiento del mandato solicitado en esta acción.
83. Valga señalar que Fiducoldex precisó en sus intervenciones que ha
publicado sus contratos en el SECOP I, garantizando con ello el principio de
publicidad. Ello permite corroborar el incumplimiento del mandato descrito, pues
reconoce la ausencia de publicación en la nueva plataforma, máxime cuando
Colombia Compra Eficiente únicamente autorizó el uso del sistema anterior
solamente para los procesos allí creados antes del 18 de julio de 2022.
23
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLa
nguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Fiducoldex, vocera y administradora del Patrimonio Autónomo
Procolombia
Radicación: 25000-23-41-000-2024-02092-01
84. En todo caso, aún si en gracia de discusión se admitiera que no media un
incumplimiento de la obligación comoquiera que los documentos están siendo
cargados a la plataforma SECOP I, lo cierto es que, al revisar la página web, se
advierte que Procolombia publica sus procesos contractuales, pero no lo hace en
los términos señalados en el inciso segundo del artículo 13 de la Ley 1150 de
2007, dado que no carga los «documentos, contratos, actos e información
generada por oferentes, contratista, contratante, supervisor o interventor, tanto
en la etapa precontractual, como en la contractual y la postcontractual».
85. Al verificar el aplicativo24, la Sala advierte que, si bien existen múltiples
publicaciones por parte de la entidad desde el 2022, en su mayoría los contratos
aparecen en estado de «celebrados», como se observa a continuación:
86. Tras consultar la opción de «Detalle» para verificar la información de cada
uno de los procesos contractuales, se evidencia que, en su mayoría, ya han sido
finalizados, y, a pesar de ello, solo es posible conocer órdenes de compra, o los
contratos, sin que se advierta la publicación de documentos relativos a la etapa
precontractual, de ejecución y poscontractual, como se evidencia a continuación:
24
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Fiducoldex, vocera y administradora del Patrimonio Autónomo
Procolombia
Radicación: 25000-23-41-000-2024-02092-01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Fiducoldex, vocera y administradora del Patrimonio Autónomo
Procolombia
Radicación: 25000-23-41-000-2024-02092-01
87. Lo anterior da cuenta de que, en efecto, en los procesos contractuales que
Procolombia ha cargado al SECOP I, la información publicada no refleja la
actividad contractual. Ciertamente, más allá de la publicación de la minuta
contractual, no existe mayor información acerca del estado del proceso
contractual y sus etapas. En relación con este tipo de información, Procolombia
no alegó reserva alguna.
88. La consulta al SECOP l también evidencia que la información publicada
por Procolombia no incluye los «documentos, contratos, actos e información
generada por oferentes, contratista, contratante, supervisor o interventor, tanto
en la etapa precontractual, como en la contractual y la postcontractual».
89. Lo anterior resulta suficiente para concluir que, con base en la información
que reposa en SECOP ll y SECOP I, Fiducoldex, vocera y administradora de
Procolombia, no ha cumplido a cabalidad con el mandato imperativo que le
impone el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 53 de la
Ley 2195 de 2022, sin que se advierta que la referida ley excluye al patrimonio
autónomo del cumplimiento de dicho deber de publicidad.
90. Valga señalar que el cumplimiento de este deber no supone un cambio en
el régimen exceptuado de Procolombia. Por el contrario, se trata de una simple
medida de publicidad, que la sociedad fiduciaria, como vocera y administradora,
deberá cumplir en los términos de la ley y conforme a las particularidades de los
procesos contractuales que adelanta.
91. Ahora bien, la Sala reconoce que los documentos contractuales pueden
contener información reservada o confidencial, respecto de la cual no es exigible
su publicación. Así mismo, reconoce que Procolombia y Fiducoldex son quienes
están en capacidad de determinar, en principio, si se configura o no una causal
de reserva respecto de los documentos que integran cada contrato. En esos
casos, deberán ceñirse a lo dispuesto en la Ley 1712 de 201425.
2.6. Conclusión
92. Por lo anterior, la Sala modificará la sentencia de primera instancia
proferida el 29 de enero de 2025, por la Sección Primera, Subsección C del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca , que accedió a las pretensiones de la
demanda respecto de Fiducoldex a nombre propio, y, en su lugar, le ordenará a
Fiducoldex que, en calidad de vocera y administradora de Procolombia, en el
término de tres (3) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia,
dé cumplimiento al artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo
25
En particular, ver el Título III “EXCEPCIONES ACCESO A LA INFORMACIÓN”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Fiducoldex, vocera y administradora del Patrimonio Autónomo
Procolombia
Radicación: 25000-23-41-000-2024-02092-01
53 de la Ley 2195 de 2022, salvo en los casos en los que se configure una causal
de reserva.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 29 de enero de 2025, dictada por la
Sección Primera, Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en
el sentido de ORDENAR a FIDUCOLDEX, en calidad de vocera y administradora
de PROCOLOMBIA, que, en el término de tres (3) meses contados a partir de la
notificación de esta sentencia, dé cumplimiento al artículo 13 de la Ley 1150 de
2007, adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, salvo en los casos
en los que se configure una causal de reserva.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.