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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2025-00058-01

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2025-00058-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de octubre de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, declaró la nulidad del acto de designación del señor Edwin Palma Egea como agente especial de AIR-E S.A.S. E.S.P. SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen. TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 25000-23-41-000-2025-00058-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

19 de febrero de 2026

Demandante: Sara Yesenia Molano Piñán
Demandado: Edwin Palma Egea – agente especial de AIR-E S.A.S. E.S.P.
Rad: 25000-23-41-000-2025-00058-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicado: 25000-23-41-000-2025-00058-01
Demandante: SARA YESENIA MOLANO PIÑÁN
Demandado: EDWIN PALMA EGEA – AGENTE ESPECIAL DE AIR-E
S.A.S. E.S.P.

Tema: Normativa aplicable y requisitos para la designación de agentes especiales
en la toma de posesión de empresas de servicios públicos.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios (SSPD o Superservicios), contra la sentencia del 30 de octubre de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que
declaró la nulidad del acto de designación del señor Edwin Palma Egea, como agente especial
de AIR-E S.A.S. E.S.P.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora Sara Yesenia Molano Piñán formuló el medio de control de nulidad electoral
contemplado en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, con fundamento en la siguiente
pretensión:

Se declare la NULIDAD de la Resolución SSPD 20241000690855 del 25 de octubre de 2024, por
medio del cual designó al señor EDWIN PALMA EGEA, identificado con cédula de ciudadanía No.
80.203.409 expedida en Bogotá, D.C., en el cargo de Agente Especial de AIR-E S.A.S. E.S.P.

1.2. Hechos

Precisó que, mediante la Resolución SSPD 20241000531665 de 11 de septiembre de 2024, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la toma de posesión de los
bienes, haberes y negocios de AIR-E S.A.S. E.S.P., por configurarse las causales previstas en
los numerales 1,2, 3 y 7 del artículo 59 de la Ley 142 de 1994.

Explicó que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 121 de la Ley 142 de 1994 que regula el
procedimiento y alcances de la toma de posesión de las empresas de servicios públicos,
resultan aplicables, en cuanto sean pertinentes, las normas relativas a la liquidación de
instituciones financieras, contenidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF) y
sus decretos reglamentarlos.

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Demandante: Sara Yesenia Molano Piñán
Demandado: Edwin Palma Egea – agente especial de AIR-E S.A.S. E.S.P.
Rad: 25000-23-41-000-2025-00058-01

Destacó que, de conformidad con el artículo 291 del EOSF1, corresponde al superintendente
de Servicios Públicos Domiciliarios la designación de agentes especiales, en la toma de
posesión las empresas vigiladas.

Comentó que según lo señalado en el literal a) numeral 4° del artículo 2952 del EOSF, para la
designación del agente especial se tendrá en cuenta, entre otros requisitos: «ser profesional
con título universitario y tener experiencia mínima de cinco (5) años en áreas afines a la
actividad financiera o comercial».

Anotó que, la Resolución SSPD 20231000264475 del 05 de mayo de 2023 «Por la cual se
reglamenta la integración de una lista de aspirantes y otros aspectos para la designación de
los agentes especiales y liquidadores para los prestadores de servicios públicos domiciliarios
bajo la medida de toma de posesión», previó, en cuanto al régimen legal de los agentes
especiales y los liquidadores, que este se gobierna especialmente por los decretos 663 de
1993 y 2555 de 2010, los cuales serán designados en atención a sus calidades y experiencia.

Mencionó que, en el artículo 26 del referido acto administrativo, se aclaró que era facultativo
del superintendente hacer uso de una lista de aspirantes de interventores, razón por la cual
puede designar a determinada persona natural o jurídica, que no figure en el listado, sin acudir
al procedimiento de selección y designación. Con todo, el parágrafo del artículo 17 de la
mencionada resolución, señaló que, excepcionalmente, la entidad podría designar como
liquidadores o agentes a personas que no tengan experiencia específica en el sector en el que
se desempeñe la respectiva empresa, siempre y cuando sí la tenga como agente especial o
liquidador en otros sectores.

Resaltó que el 25 de octubre de 2024, por medio de la Resolución SSPD 20241000690855, el
superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios designó al señor Edwin Palma Egea como
agente especial de AIR-E S.A.S. E.S.P. Este acto fue publicado en el Diario Oficial 52.925 del
30 de octubre de 2024.

Indicó que, no obstante, de la hoja de vida allegada por el señor Palma Egea, es posible
advertir que aquel es abogado, especialista en derecho constitucional, laboral y seguridad
social y con una maestría en derecho del trabajo. De su experiencia, no se advierte el
desempeño en el sector comercial o financiero, ni tampoco que haya ejercido como interventor
o liquidador.

1.3. Normas violadas y Concepto de la violación

Invocó como normas desconocidas el artículo 295 numeral 4°, literal a) del EOSF; la
Resolución SSPD 20241000299395 del 24 de junio de 2024, artículos 1 y 2 y la Resolución
SSPD 20231000264475 del 5 de mayo de 2023, artículos 2, 3, 5 y parágrafo del artículo 17.

Argumentó que la designación del demandado está viciada de nulidad por haberse expedido
con violación de las normas en que debería fundarse y, a su vez, porque se nombró agente
especial de AIR-E S.A.S. E.S.P., a una persona que no reúne las calidades y requisitos
constitucionales y legales de elegibilidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 5°
del artículo 275 de Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

1
Modificado por el artículo 24 de la Ley 510 de 1999.
2
Modificado modificado por el artículo 28 de la Ley 510 de 1999

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Demandante: Sara Yesenia Molano Piñán
Demandado: Edwin Palma Egea – agente especial de AIR-E S.A.S. E.S.P.
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Sustentó que el señor Palma Egea no tiene experiencia relacionada para ser agente especial,
pues no acreditó el desempeño de algún cargo en servicios públicos, específicamente en el
sector energético; tampoco demostró haber sido interventor en otras oportunidades. De modo
que, en criterio de la accionante, el acto demandado no se encuentra debidamente motivado.

Expuso que la Resolución SSPD20241000299395 del 24 de junio de 2024 que modifica la
Resolución SSPD 20231000264475 del 05 de mayo de 2023, reguló la materia en los artículos
7° (categorías de prestadores de servicios públicos domiciliarios), 13 (requisitos por categorías
para ser parte de la lista de aspirantes a agentes especiales) y 30 (remuneración de agentes
especiales).

En tales disposiciones, se estableció que, para fortalecer los requisitos de integración de la
lista de agentes especiales y liquidadores y con el fin de contar con mayor número de
profesionales expertos en las materias requeridas sobre las cuales se ordena la toma de
posesión, se debían incluir nuevas categorías de prestadores, de acuerdo con el número de
suscriptores de las empresas sobre las que recae la medida.

Precisó que, cuando se trata de sociedades de mayor tamaño, con suscriptores o usuarios de
más de 1.200.000, se entiende que el agente especial es de categoría 1, A; lo que exige
rigurosidad a la hora de verificar ciertos requisitos, como la experiencia.

Enfatizó que la Resolución SSPD20241000299395 del 24 de junio de 2024 que modificó la
Resolución SSPD 20231000264475 del 05 de mayo de 2023, previó los requisitos de
experiencia que deberían tenerse en cuenta para un prestador de categoría 1. Esencialmente
responde en el desempeño como agente especial en otras oportunidades o haber ocupado
cargos directivos o de consultoría en empresas de servicios públicos domiciliarios.

Destacó que, según lo establecido en la Resolución SSPD20241000299395 del 24 de junio de
2024, AIR-E S.A.S. E.S.P. como prestador de servicios públicos domiciliarios es categoría 1,
dado que atiende más de 1.200.000 usuarios; por lo tanto, la clase del agente especial es 1.

Afirmó que, al revisar la hoja de vida del señor Edwin Palma Egea, no cumple con las
condiciones establecidas en el artículo 2º de la Resolución SSPD20241000299395 del 24 de
junio de 2024, para ser parte de la lista de aspirantes de agentes especiales de la categoría 1.

Precisó que la experiencia acreditada por el demandado no encuadra en las exigencias que
previó la misma superintendencia, pues se desempeñó como viceministro de Trabajo, analista
químico en Ecopetrol, fue abogado en la OIT e hizo parte de la junta directiva de varios
sindicatos.

Agregó que, de lo anterior, es posible advertir que el señor Palma Egea no tiene experiencia
en el sector de los servicios públicos domiciliarios de que trata la Ley 142 de 1994, no se ha
desempeñado como agente especial y mucho menos tiene experiencia en el sector de energía
y gas.

Aclaró que la experiencia en Ecopetrol tuvo lugar como analista químico (agosto 2002-octubre
2021). Sin embargo, esa empresa es una sociedad de economía mixta, de carácter comercial,
del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, de conformidad con lo

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Demandante: Sara Yesenia Molano Piñán
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establecido en la Ley 1118 de 2006, la cual, claramente, no se encuentra catalogada como un
prestador de servicios públicos domiciliarios.

Alegó que, si bien es facultativo acudir a la lista para la designación de un agente especial,
también lo es que, dicha habilitación, no se puede entender como una permisión para escoger
a cualquier persona natural o jurídica que no cumpla con los requisitos y hacer caso omiso a
la ley y normatividad.

1.4 Actuación procesal

1.4.1 La admisión

Por auto del 10 de abril de 2025 se admitió la demanda, se negó la medida cautelar y se
ordenaron las notificaciones de rigor.

1.4.2 Contestaciones de la demanda

1.4.2.1 Edwin Palma Egea

El demandado, pese a haber sido notificado, no contestó la demanda.

1.4.2.2 AIR-E S.A.S. E.S.P.

Mediante apoderado intervino en los siguientes términos:

Advirtió que el señor Edwin Palma Egea, ya no ejerce el cargo de agente interventor de la
empresa AIR-E S.A.S. E.S.P.; sin embargo, el control judicial de la resolución atacada afecta
los intereses de la actual agente interventora y de la prestadora de servicios públicos, razón
por la cual acude al proceso, como tercero interesado, al tenerse en cuenta los posibles efectos
adversos a los intereses de la sociedad.

Comentó que la empresa AIR-E S.A.S. ESP es una sociedad comercial colombiana, que
atiende el mercado de energía en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira,
con sede en la ciudad de Barranquilla.

Mencionó que debido a la difícil situación financiera de la prestadora de servicios, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios decidió tomar la posesión de todos los
bienes, haberes y negocios de AIR-E S.A.S. ESP por medio de la figura de la intervención, la
cual fue ordenada mediante la Resolución SSPD 20241000531665 del 11 de septiembre de
2024.

Indicó que el señor Edwin Palma Egea cumplía con todas las cualidades y calificaciones
necesarias para ser agente especial de la empresa, así, explicó que el acto administrativo
mediante el cual se designó al demandado fue expedido por el superintendente de Servicios
Públicos Domiciliarios, quien era competente para escoger libremente al agente especial; de
ahí que haya sido proferido por el nominador autorizado conforme con lo establecido en los
artículos 60 y 79 de la Ley 142 de 1994.

Afirmó que la designación de agentes especiales interventores por parte del superintendente
de Servicios Públicos Domiciliarios se rige por un marco normativo que, si bien contempla la

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conformación de una lista de aspirantes, le otorga a dicho funcionario la facultad discrecional
de apartarse de ella en circunstancias específicas.

Expuso que esa potestad se encuentra reglada en el parágrafo del artículo 9 de la Resolución
SSPD 20231000264475 del 5 de mayo de 2023. Además, sostuvo que la designación del
demandado tuvo como intención optar por una persona cuyo pensamiento y manejo
estratégico tuviera un importante componente social, dadas las dificultades que presenta la
empresa AIR-E S.A.S. E.S.P.

Aseguró que la experiencia comercial, sindical y directiva del señor Palma Egea resulta
compatible con la experiencia solicitada por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero;
asimismo, el demandado cumplió plenamente con el encargo y la materialización de algunos
logros como estabilizar las tarifas de energía, formalización laboral de trabajadores y compra
de energía a largo plazo.

1.4.2.3 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

La entidad, a través de su apoderado, se pronunció en los siguientes términos:

Se opuso a las pretensiones de la demanda y explicó que la designación del señor Edwin
Palma Egea se realizó mediante la Resolución SSPD 20241000690855 del 25 de octubre de
2024, acto que se fundó en el artículo 121 de la Ley 142 de 1994, que faculta a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a tomar posesión de las empresas
sometidas a su vigilancia y control.

Resaltó que, durante la medida, la SSPD puede aplicar de manera supletiva el Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero; razón por la cual, señaló que es válido que, para determinar
los requisitos para el ejercicio de la función en cuestión, se observara el artículo 295 numeral
4°, literal a) de dicha regulación, que exige «ser profesional con título universitario y tener
experiencia mínima de cinco (5) años en áreas afines a la actividad financiera o comercial».

Relacionó la experiencia laboral del demandado para precisar que el señor Palma Egea
cumplió con el requisito para desempeñarse como agente especial de AIR-E S.A.S. E.S.P.;
ello por cuanto que, excede el mínimo de cinco años en campos relacionados con las áreas
financiera y comercial.

Recordó que, de acuerdo con el artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015, la experiencia
profesional comprende actividades propias de la profesión y la relacionada abarca funciones
similares a las del cargo.

Afirmó que el parágrafo 1° del artículo 26 de la Resolución SSPD 20231000264475 de 2023
dispone que la integración de listas constituye una herramienta de apoyo, pero no un requisito
obligatorio ni vinculante para la actuación del superintendente al momento de designar un
agente especial de una empresa intervenida.

Enfatizó que el acto administrativo demandado fue expedido en ejercicio legítimo de la
competencia conferida por la Ley 142 de 1994 y el Decreto 556 de 2000, con fundamento en
las normas pertinentes del EOSF y en armonía con el marco reglamentario de la entidad;
igualmente, insistió en que la designación de Edwin Palma Egea como agente especial no
configura una nulidad por falta de requisitos, ya que se realizó conforme a la regulación

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aplicable a los procesos de toma de posesión de empresas de servicios públicos domiciliarios,
particularmente los artículos 121 de la Ley 142 de 1994, el Decreto 990 de 2002, el EOSF y
las resoluciones de la SSPD.

Apuntó que el numeral 4° del artículo 295 del EOSF exige dos condiciones mínimas para los
liquidadores o interventores: (i) título profesional y (ii) experiencia en áreas financieras o
comerciales. Para el caso concreto, el señor Edwin Palma cumple ambos requisitos al ser
abogado con formación especializada y contar con más de 20 años de experiencia en el sector
energético y empresarial, incluida su labor en Ecopetrol.

Alegó que el demandado ha ocupado altos cargos en el Gobierno nacional, ha sido profesor
universitario, conferencista y árbitro en conflictos laborales complejos, lo que demuestra el
cumplimiento de los estándares exigidos por el EOSF para administradores y representantes
legales de entidades vigiladas.

Reiteró que el uso de las listas de aspirantes para la designación de agentes especiales y
liquidadores resulta facultativo conforme a lo establece el parágrafo 1 del artículo 26 de la
Resolución SSPD 20231000264475 de 2023.

1.5. Otras actuaciones de la primera instancia

En providencia del 23 de septiembre de 2025, el magistrado sustanciador del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, dispuso el trámite de
sentencia anticipada, razón por la cual fijó el litigio y decretó las pruebas requeridas por las
partes. El problema jurídico se delimitó de la siguiente manera:

De otra parte, le corresponde al Despacho realizar la fijación del litigio u objeto de la controversia.
En tal sentido, se deberá establecer si debe declararse la nulidad de la Resolución No.
20241000690855 del 25 de octubre de 2024, mediante la cual el Superintendente de Servicios
Públicos Domiciliarios designó al señor Edwin Palma Egea como agente especial de AIR-E S.A.S.
ESP, al presuntamente incumplir lo contemplado en el literal a) numeral 4° del artículo 295 del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF) y los artículos 1° y 2° de la Resolución SSPD No.
20241000299395 del 24 de junio de 2024.

En el mismo auto se dispuso que, una vez ejecutoriada la decisión anterior, se corriera traslado
a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

1.6. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, declaró la
nulidad del acto de designación demandado, mediante sentencia del 30 de octubre de 2025,
con fundamento en lo siguiente:

Advirtió que la empresa de servicios públicos solicitó que se declarara la carencia actual de
objeto del proceso de la referencia, toda vez que el demandado ya no funge como agente
especial de AIR-E S.A.S. E.S.P.

Anotó que no se accedería a dicha petición, toda vez que el acto demandado produjo efectos
jurídicos del 25 de octubre de 2024 al 4 de marzo de 2025, fecha en la cual el señor Edwin
Palma Egea presentó su renuncia irrevocable. Por lo tanto, le corresponde a la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, examinar su legalidad mientras estuvo vigente.

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Refirió la normativa aplicable al caso, invocada por la parte actora, para señalar que, en efecto,
para la designación del agente especial, una vez la SSPD toma posesión de una empresa de
servicios públicos domiciliarios, se deben observar ciertos requisitos, entre ellos, la experiencia
de quien se pretenda designar.

Mencionó que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios expidió la Resolución
SSPD 20231000264475 del 5 de mayo de 2023 en la cual se establecieron una serie de
exigencias para ser parte de la lista de aspirantes a agentes especiales, de acuerdo con la
categoría de los prestadores de servicios públicos domiciliarios.

Para el caso bajo estudio, expuso que, de acuerdo con el artículo 1° de dicho acto, la empresa
AIR-E S.A.S. ESP está catalogada como un prestador de categoría 1, al contar con un número
de suscriptores superior a 1.200.000 en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La
Guajira.

Citó la disposición que establece los requerimientos que debe acreditar un agente especial de
un prestador de categoría 1. Con todo, la SSPD en su contestación señaló que, se apartó del
cumplimiento de esas exigencias, en tanto que la Resolución SSPD 20231000264475 del 5 de
mayo de 2023 le otorgó la facultad discrecional al superintendente de Servicios Públicos
Domiciliarios de acudir a las listas.

Mencionó que, si bien es facultativo del superintendente hacer uso de la lista de aspirantes y,
por ello, puede designar a alguien que no figure en aquella, no significa que la persona que se
designe no deba cumplir con los requisitos establecidos para ejercer la función.

Recordó que, frente a la discrecionalidad administrativa, el artículo 44 de la Ley 1437 de 2011
establece que «[e]n la medida en que el contenido de una decisión de carácter general o
particular sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y
proporcional a los hechos que le sirven de causa».

Sustentó que en este asunto se configura la causal de nulidad del acto por infracción de las
normas en que debía fundarse, al desconocer lo contemplado en el literal a) numeral 4° del
artículo 295 del EOSF y los artículos 1° y 2° de la Resolución SSPD 20241000299395 del 24
de junio de 2024. Como se reseñó, en el considerando del acto de designación -Resolución
20241000690855 del 25 de octubre de 2024-, no se analizó el cumplimiento de los requisitos
por parte del señor Palma Egea, para desempeñar la función encomendada.

Señaló que el argumento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la
empresa AIR-E S.A.S. ESP consistente en que los requisitos contenidos en la mencionada
resolución no eran obligatorios y que el nombramiento se efectuó en el marco de la potestad
del superintendente, no tiene asidero. Ello por cuanto, como se expuso, la discrecionalidad no
puede entenderse como una habilitación para designar a una persona que no cumpla con los
requisitos exigidos, máxime cuando el nominador sí tiene en cuenta el referido acto para fijar
los respectivos honorarios.

Comentó que también se acreditó la causal del numeral 5 del artículo 275 del CPACA, por falta
de requisitos y calidades del demandado, para ser designado como agente especial de AIR-E
S.A.S. E.S.P.

Advirtió que de las pruebas obrantes en el expediente, se desprende que el señor Edwin Palma

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Egea ha desempeñado diversos cargos relacionados con su profesión como abogado,
particularmente, de naturaleza sindical, técnica y administrativa, tanto en el sector público
como en un organismo internacional (OIT).

Sobre el punto, explicó que fungió como vicepresidente de la Subdirectiva de la Unión Sindical
Obrera (USO) de Barrancabermeja entre mayo de 2009 y septiembre de 2011; como
vicepresidente de la Junta Directiva de la misma organización sindical durante los años 2015
a 2018. Posteriormente, como presidente de la Junta Directiva Nacional de dicha agrupación,
en donde ejerció funciones de representación legal, coordinación administrativa, convocatoria
y dirección de órganos colegiados, formulación de propuestas normativas internas,
seguimiento disciplinario, y articulación institucional con autoridades externas.

Precisó que se encuentra acreditado que «desde junio de 2011 hasta la fecha de su retiro»
actuó como árbitro en los Comités de Reclamos de Ecopetrol S.A., en el marco de la cláusula
compromisoria pactada en la Convención Colectiva de Trabajo, ejerciendo funciones de
naturaleza jurídica que sustituyen la jurisdicción ordinaria laboral en primera instancia, sin que
se haya especificado el cargo técnico desempeñado en la empresa más allá de su vinculación
como trabajador con contrato a término indefinido desde el año 2002. No obstante, en la hoja
de vida del SIGEP allegada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se
evidencia que el cargo ejercido en Ecopetrol S.A. corresponde al de «analista químico».

Agregó que entre julio y agosto de 2022 (un mes) prestó servicios como contratista de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), realizando análisis de contexto sobre el Plan
Nacional de Desarrollo y formulando propuestas programáticas de asistencia técnica.
Finalmente, se desempeñó como viceministro de Trabajo entre septiembre de 2022 y
septiembre de 2024, ejerciendo funciones de formulación, coordinación y evaluación de
políticas públicas en materia laboral, derechos fundamentales del trabajo, inspección y
vigilancia, diálogo social y cumplimiento de convenios internacionales.

Resaltó que la trayectoria del señor Edwin Palma Egea se centró en el ámbito sindical, jurídico-
laboral y de formulación de políticas públicas. De manera que, su experiencia está marcada
por el ejercicio de funciones de liderazgo gremial o sindical, representación institucional,
resolución de conflictos laborales, y diseño de estrategias normativas y administrativas en el
campo del trabajo y la seguridad social. De ahí que sea claro que las labores desempeñadas
por el señor Palma Egea no guarden relación ni afinidad con áreas financieras ni comerciales
como lo establece el requisito contemplado en el artículo 295, numeral 4, literal a) del EOSF.

Comentó que tampoco se evidencia el cumplimiento de los requisitos de experiencia específica
mínima requerida, establecidos en el artículo 2° de la Resolución SSPD 20241000299395 del
24 de junio de 2024, para agentes especiales de la categoría 1.

Destacó que el funcionario Fredy Raúl Silva, director de Entidades Intervenidas y en
Liquidación de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, realizó el análisis de la
hoja de vida del señor Palma Egea y concluyó que «no registra experiencia relacionada con el
sector de los servicios públicos domiciliarios».

En suma, sostuvo que el demandado no cumplió con los requisitos para ser designado como
agente especial de AIR-E S.A.S. E.S.P., pues no tiene experiencia en el sector de los servicios
públicos domiciliarios de que trata la Ley 142 de 1994, no se ha desempeñado como agente
especial, no ha laborado en el sector de energía y gas, ni tampoco acredita haber

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Demandante: Sara Yesenia Molano Piñán
Demandado: Edwin Palma Egea – agente especial de AIR-E S.A.S. E.S.P.
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desempeñado funciones por al menos de 5 años en áreas afines a la actividad financiera o
comercial.

1.7. El recurso de apelación

Inconforme con la decisión, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios formuló
recurso de apelación, con fundamento en los siguientes argumentos:

Señaló que el a quo parte de una interpretación excesivamente restrictiva y subjetiva del
régimen jurídico aplicable a la intervención de empresas de servicios públicos domiciliarios. El
fallo desconoce, por una parte, la naturaleza especial y autónoma del régimen de la Ley 142
de 1994, y por otra, el carácter supletorio y no imperativo de las normas del EOSF.

Anotó que el Tribunal aplicó el literal a) del numeral 4º del artículo 295 del EOSF como si se
tratara de una disposición imperativa y directamente exigible al sector de los servicios públicos
domiciliarios. Sin embargo, conforme al artículo 68 de la Ley 142 de 1994 y al artículo 1º del
Decreto 556 de 2000, las disposiciones del EOSF solo tienen aplicación supletoria y
únicamente en cuanto sean compatibles con la naturaleza propia de los servicios públicos. En
consecuencia, el requisito de «experiencia en áreas afines a la actividad financiera o
comercial» no puede entenderse en sentido bancario o mercantil, sino funcional, referido a la
gestión técnica, administrativa o económica que permita conducir la recuperación de una
empresa en la toma de posesión.

La experiencia exigida incluye capacidades de dirección estratégica, manejo presupuestal,
gestión institucional y toma de decisiones con impacto económico y social, aspectos que se
ajustan plenamente al perfil del señor Palma Egea.

Argumentó que el Consejo de Estado3 ha reconocido que la noción de afinidad profesional
debe analizarse en función de las responsabilidades del cargo y no de manera literal o
restrictiva. Por tanto, al limitar la «afinidad» a la experiencia en operaciones financieras o
comerciales, el Tribunal incurrió en un error material de interpretación del EOSF y
desnaturalizó su alcance supletorio.

Destacó que, igualmente, el fallo apelado desconoce que la designación de un agente especial
se enmarca en una medida de intervención de carácter técnico, correctivo y transitorio, cuyo
propósito es garantizar la continuidad y eficiencia del servicio público, conforme al artículo 121
de la Ley 142 de 1994. En este contexto, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios
ejerce una potestad discrecional y técnica para seleccionar a la persona que, por su idoneidad,
liderazgo y conocimiento institucional, garantice la estabilidad de la empresa intervenida.

Resaltó que en la sentencia impugnada se advierte una interpretación que confunde la
discrecionalidad administrativa con la arbitrariedad. Conforme al artículo 44 del CPACA, la
primera faculta a la administración para escoger, entre varias alternativas legítimas, aquella
que resulte razonable, proporcionada y adecuada a los fines de la norma.

En el caso concreto, sustentó que la designación del señor Edwin Palma Egea se fundó en
una decisión debidamente motivada, técnica y jurídicamente soportada, adoptada con el
propósito de enfrentar la compleja situación social, operativa y de gobernabilidad que

3
Sobre el particular no refirió puntualmente alguna providencia; solo hizo alusión a dos sentencias que tratan la discrecionalidad
administrativa.

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Demandante: Sara Yesenia Molano Piñán
Demandado: Edwin Palma Egea – agente especial de AIR-E S.A.S. E.S.P.
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atravesaba AIR-E S.A.S. E.S.P. en la región Caribe; al reemplazar la valoración técnica del
nominador por un juicio subjetivo propio, el tribunal desconoció el principio de deferencia
judicial que debe observarse frente a las decisiones que involucran apreciaciones técnicas y
de mérito, excediendo así los límites del control de legalidad para adentrarse en el ámbito
reservado a la función administrativa.

Sustentó que el a quo redujo injustificadamente la trayectoria del señor Palma Egea a un
ámbito «sindical o laboral», desconociendo la dimensión administrativa, presupuestal y de
gestión pública de los cargos que ha desempeñado. Así, como viceministro de Trabajo (2022-
2024) ejerció funciones de planeación, ejecución presupuestal, supervisión de políticas
públicas, coordinación interinstitucional y formulación de estrategias nacionales, todas
relacionadas con la gestión de recursos y la sostenibilidad financiera del sector trabajo.
Igualmente, como líder sindical y directivo de la USO, ejerció representación legal,
administración de recursos, negociación colectiva con impacto presupuestal y dirección
institucional. Y finalmente, como árbitro laboral en Ecopetrol S.A., participó en procesos con
incidencia directa en la estabilidad económica de la empresa y en la definición de mecanismos
de optimización de costos laborales.

Aseguró que se trayectoria profesional evidencia un sólido conocimiento en gestión
organizacional, administración de recursos y liderazgo estratégico.

Precisó que tampoco es jurídicamente acertado conferir valor normativo superior a las
resoluciones de la SSPD (en particular, la Resolución 20241000299395 de 2024), pues estas
constituyen actos administrativos de carácter interno y operativo, que orientan los
procedimientos de designación, pero no pueden restringir ni condicionar una facultad legal
directa del superintendente. En esa medida, la supuesta infracción de una resolución interna
no configura violación de normas superiores en los términos del artículo 137 del CPACA, por
lo cual no se puede fundar una declaratoria de nulidad electoral.

Alegó que el concepto técnico emitido por la Dirección de Entidades Intervenidas carece de
fuerza vinculante y constituye un insumo administrativo no determinante. Ello, por cuanto, la
apreciación de la idoneidad corresponde exclusivamente al superintendente, como autoridad
nominadora y responsable de la medida de intervención.

Argumentó que, conforme al artículo 44 del CPACA y a la doctrina constitucional sobre la
discrecionalidad (Corte Constitucional, sentencias C-525 de 1995 y C-100 de 2013), la
administración dispone de un margen legítimo de apreciación para escoger, entre varias
opciones válidas, aquella que mejor satisfaga los fines del servicio público, siempre que su
decisión sea razonable, proporcional y debidamente motivada.

En el caso analizado, alegó que esta facultad tenía por objeto permitir la designación oportuna
y estratégica de un agente con capacidad de liderazgo social y gestión institucional, en
atención a la grave crisis del servicio y a la necesidad de restablecer la gobernabilidad en la
región Caribe.

Concluyó que la valoración judicial efectuada sustituye indebidamente el juicio técnico y
especializado del nominador por una lectura excesivamente literal de los requisitos normativos,
sin apreciar integralmente las pruebas que acreditan la idoneidad del señor Edwin Palma Egea
en materia de liderazgo institucional, planeación estratégica y gestión organizacional,
reconocida por el Ministerio del Trabajo y la OIT.

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1.8. Actuaciones en segunda instancia

Mediante proveído del 5 de diciembre de 2025 se admitió el recurso de apelación formulado
por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y se corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto. Asimismo, se
rechazó por extemporánea la impugnación presentada por AIR-E S.A.S. E.S.P.; contra esa
decisión, el apoderado de la empresa formuló recurso de súplica, el cual fue rechazado por
inoportuno, en auto del 23 de enero de 2026, por el magistrado que sigue en turno al ponente
del proceso de la referencia.

1.9. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.9.1. Demandante – Sara Yesenia Molano Piñán

La parte actora insistió en sus argumentos de la demanda y solicitó confirmar la providencia
apelada.

Reiteró que la Resolución SSPD 20241000690855 del 25 de octubre de 2024 adolece de
nulidad dado que fue expedida con infracción de las normas en que debía fundarse y contiene
el nombramiento de una persona que no reunía las calidades y requisitos constitucionales o
legales de elegibilidad. Lo anterior, en atención a que contrarió abiertamente lo dispuesto en
el literal a) numeral 4° del artículo 295 del EOSF, así como en los artículos 1° y 2° de la
Resolución SSPD 20241000299395 del 24 de junio de 2024 - que modificó los artículos 7, 13
y 30 de la Resolución SSPD-20231000264475 del 5 de mayo de 2023.

Comentó que aun cuando la facultad de elegir de la lista de aspirantes tenga el carácter de
discrecional, no puede entenderse como la habilitación para designar a cualquier persona
natural o jurídica, sin importar que no tenga experiencia en el sector al que pertenece la
intervenida. Y en modo alguno autoriza omitir en el acto de nombramiento cualquier
justificación distinta a citar la norma que consagra dicha facultad, sin referirse al análisis de
cumplimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento para aspirar y ocupar el cargo de
Agente Especial Categoría 1.

Indicó que abogar por el cumplimiento con los requisitos establecidos por la norma no responde
a una «interpretación restrictiva, formalista y descontextualizada del régimen especial de los
servicios públicos domiciliarios», como lo alega la SSPD. Muy por el contrario, justamente
estas exigencias están previstas para cumplir las «necesidades materiales» de la intervenida
y proteger el interés público, al garantizar la idoneidad de la persona que ocupe tan importante
cargo. Tal interés no puede ser desconocido so pretexto de un régimen legal especial y la
titularidad de competencias discrecionales. Además, enfatizó que si bajo cualquier
circunstancia y sin ninguna justificación válida el nominador pudiera prescindir de los requisitos
para ser agente especial ¿qué objeto tendría la norma que los contempla?

Mencionó que si, en gracia de discusión, se aceptara la tesis de las intervinientes que predican
que la facultad del superintendente para nombrar personas por fuera de las listas de agentes
no encuentra límite en los requisitos previstos en la Resolución 20241000299395 de 2024, lo
cierto es que la designación demandada no podía desconocer lo señalado en el EOSF,
aplicable en lo pertinente por expreso mandato de la Ley 142 de 1994.

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Argumentó que la resolución objeto de controversia contrarió particularmente lo establecido en
el literal a) del numeral 4° del artículo 295 del Decreto Ley 663 de 1993 (EOSF), pues el
nombrado no tiene experiencia en el sector de los servicios públicos domiciliarios de que trata
la Ley 142 de 1994. Esta cuestión fue expresamente advertida en el análisis de la hoja de vida
realizado por el director de Entidades Intervenidas y en Liquidación de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios -anexo al escrito de demanda-.

Concluyó que en abierta contradicción con lo dispuesto en el artículo 295 del EOSF, la
autoridad entendió que se cumplía con la experiencia mínima requerida de 5 años. Además, a
pesar del esfuerzo que tanto AIR-E como la SSPD realizaron a lo largo del proceso para hacer
un desglose de la experiencia laboral del señor Palma Egea, la misma descripción de estas da
cuenta de que no tienen relación con el sector de los servicios públicos domiciliarios.

1.9.2. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Indicó que se encuentra demostrado que, con anterioridad a su designación, el señor Edwin
Palma Egea allegó su hoja de vida junto con los respectivos soportes académicos y laborales,
acreditando su condición de abogado, con especializaciones en Derecho Constitucional y en
Derecho Laboral y de la Seguridad Social, así como una maestría en Derecho con énfasis en
Derecho del Trabajo.

Igualmente, se probó su amplia trayectoria profesional y directiva tanto en el sector público
como en el privado, con desempeño en entidades como el Viceministerio de Trabajo, la OIT,
Ecopetrol S.A. y la USO. De modo que, esta experiencia supera ampliamente el mínimo de
cinco (5) años exigido por el literal a), numeral 4° del artículo 295 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero (EOSF), en actividades relacionadas con la gestión, dirección y
administración en ámbitos afines a la actividad financiera o comercial.

Agregó que las pruebas demuestran que el superintendente se encontraba jurídicamente
habilitado para efectuar la designación de manera directa, sin acudir al procedimiento de
conformación de listas de aspirantes, de conformidad con el parágrafo 1° del artículo 26 de la
Resolución SSPD 20231000264475 de 2023, norma que consagra una facultad discrecional
expresa para realizar nombramientos por fuera de dicho mecanismo. En tal sentido, la no
utilización del procedimiento de listas no configura irregularidad alguna ni constituye causal de
nulidad del acto acusado.

1.9.3. AIR-E S.A.S. E.S.P.

Mediante apoderada, reiteró los argumentos señalados en primera instancia e insistió en la
legalidad del acto de designación demandado.

Sostuvo que, tal y como se precisó en los alegatos de conclusión de primera instancia, la
Resolución SSPD 20231000264475 de 2023, incluso tras su modificación, no convierte la lista
de agentes especiales en un requisito obligatorio ni vinculante, sino en una herramienta de
apoyo para el ejercicio de la función nominadora.

Adujo que la propia normativa reconoce que el superintendente puede apartarse de dicha lista
sin que ello implique infracción alguna, siempre que la decisión se adopte dentro del marco de
sus competencias legales. No obstante, la sentencia apelada, al exigir el cumplimiento estricto
de requisitos reglamentarios internos como si se tratara de normas de rango legal o

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constitucional, desconoce la jerarquía normativa y vacía de contenido la potestad discrecional
reconocida al nominador.

Agregó que el agente especial no es un servidor público ni accede a un cargo mediante
elección o nombramiento administrativo ordinario. Se trata de un encargo de funciones
especial, temporal y de forzosa aceptación, propio de los procesos de intervención estatal. Por
ello, no resultan plenamente trasladables las exigencias rígidas propias de los regímenes de
carrera o de designación administrativa, pues la normativa aplicable es excepcional, finalista y
orientada a la salvaguarda del servicio público, lo que habilita nominador para privilegiar
criterios de oportunidad, idoneidad funcional y conveniencia pública.

Alegó que, de cualquier forma, el demandado sí cumplía con los requisitos de idoneidad y
experiencia para asumir las funciones encomendadas como agente especial.

Insistió que el encargo de esas funciones al señor Palma Egea ya concluyó y, por ello, debe
declararse la carencia actual de objeto por sustracción de materia.

1.10. Concepto del Ministerio Público

La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado no rindió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 150 inciso 1 y 152 4 numeral 7 literal (c) del
CPACA y el Acuerdo 080 de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024, proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado, esta Sección es competente para conocer en segunda
instancia del recurso de apelación interpuesto por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios contra la sentencia del 30 de octubre de 2025, por medio de la cual, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, declaró la nulidad del acto
de designación demandado.

Lo anterior, en consideración a que los agentes especiales hacen las veces de los gerentes o
principales administradores de las empresas de servicios públicos domiciliarios, por lo que
ejercen una función pública transitoria equivalente al nivel directivo o asesor; además, en este
caso se trata de una empresa prestadora de dichos servicios del orden departamental.

2.2. El acto electoral cuestionado

Corresponde a la Resolución SSPD 20241000690855 del 25 de octubre de 2024, por medio
del cual la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios designó al señor Edwin Palma
Egea, como agente especial de AIR-E S.A.S. E.S.P.

4
Artículo 152. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia… 7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: c)
De la nulidad de los actos de elección o llamamiento a ocupar curul, según el caso, distintos de los de voto popular, y de los de nombramiento,
sin pretensión de restablecimiento del derecho, de empleados públicos del nivel directivo, asesor o sus equivalentes en los órdenes nacional,
departamental y distrital, así como de los municipios de setenta mil (70.000) habitantes o más, o que sean capital de departamento,
independientemente de la autoridad nominadora. Igualmente, de los que recaigan en miembros de juntas o consejos directivos de entidades
públicas de los órdenes anteriores, siempre y cuando la competencia no esté atribuida expresamente al Consejo de Estado

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2.3. Cuestión previa

En los alegatos de conclusión en esta instancia, la apoderada de AIR-E S.A.S. E.S.P. insistió
que en este asunto debe declararse la carencia actual de objeto por sustracción de materia,
toda vez que el señor Edwin Palma Egea ya no funge como agente especial de la referida
empresa.

Sobre el particular, de acuerdo con lo relatado en los antecedentes de esta providencia, el
tribunal a quo, en el fallo apelado, denegó esta solicitud en la medida en que el acto
demandado surtió efectos mientras el señor Palma Egea cumplió esa labor.

Así las cosas, la Sala reitera esta posición y destaca nuevamente que, si el acto acusado surtió
efectos, la jurisdicción de lo contencioso administrativo mantiene su competencia para
pronunciarse sobre la legalidad de aquel, mientras estuvo vigente. Esta postura es pacífica y
fue unificada por la Sección Quinta en los siguientes términos:

La Sala unifica su postura en cuanto a: i) Si el acto demandado no produjo efectos jurídicos opera
la carencia de objeto por sustracción de materia, caso en el cual el funcionario judicial deberá
considerar terminar el proceso en su etapa inicial, ya sea saneándolo o siguiendo las reglas de las
excepciones previas previstas en el artículo 180.6 incisos 3 y 4 y no esperar a dictar una sentencia
inhibitoria. ii) Si el acto acusado produjo efectos, el juez contencioso administrativo mantiene su
competencia para conocer de la legalidad y decidir si se desvirtúa o no la presunción de legalidad
que sirvió de sustento para producir los efectos jurídicos que se dieron cuando el acto tuvo eficacia,
estudio que corresponde hacerlo en la sentencia5.

2.4. Problema jurídico

De acuerdo con el fallo de primera instancia y los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, corresponde a esta Sección determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia
recurrida. Sobre el punto, se tendrán en cuenta los límites de la competencia del juez ad quem,
a partir de la fijación del litigio señalada por el tribunal, la providencia de primer grado y los
reparos de la recurrente.

En consecuencia, deberá establecerse si en este asunto efectivamente se desconocieron las
normas en que debía fundarse el acto, y se designó al señor Edwin Palma Egea como agente
especial de AIR-E S.A.S. E.S.P. sin cumplir las calidades y requisitos para el desempeño
transitorio de esta función pública, en el marco de la toma de posesión de esa empresa, por
parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Asimismo, deberá determinarse si, como lo afirma la recurrente, el superintendente contaba
con una potestad discrecional de designar al interventor sin que estuviera supeditado a
observar resoluciones internas de la entidad, que solo constituyen un parámetro que tienen un
carácter operativo pero no son vinculantes. Además definir la aplicación supletoria y la
interpretación funcional del art. 295 numeral 4, literal a) del EOSF y la afinidad que debe
acreditarse con las funciones encargadas como agente especial.

Se advierte que al tenor de lo previsto en el artículo 320 del Código General del Proceso6, «[e]l
recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente
en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 24 de mayo de 2018, Rad: 47001-23-33-000-
2017-00191-02. M.P. Rocío Araújo Oñate.
6
Aplicable al trámite del recurso de apelación en los aspectos no regulados en la Ley 1437 de 2011, por la remisión prevista en su artículo
306.

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o reforme la decisión», disposición que debe interpretarse en concordancia con lo señalado en
el artículo 328 Ibidem, según el cual «[e]l juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que
deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley».

Por lo tanto, la competencia del superior para pronunciarse sobre el fundamento de la
apelación está circunscrita a los motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, lo que
descarta el análisis de cualquier otro aspecto que no haya sido materia de alzada 7.

Para abordar el asunto, la Sala desarrollará la siguiente metodología: (i) el marco jurídico de
la designación de agentes especiales a cargo del superintendente de Servicios Públicos
Domiciliarios y, (ii) el caso concreto, conforme a los límites indicados en el párrafo anterior.

2.4. Marco jurídico de la designación de agentes especiales a cargo del superintendente
de Servicios Públicos Domiciliarios

En el régimen colombiano de los servicios públicos domiciliarios, los agentes especiales son
personas naturales o jurídicas designadas por el superintendente de este ramo, para asumir
la administración de una empresa prestadora, cuando esta ha sido objeto de la toma de
posesión con fines de administración o liquidación. De modo que, esta figura nace como un
mecanismo excepcional de intervención estatal, orientado a garantizar la continuidad, calidad
y eficiencia en la prestación del servicio, así como la protección de los derechos de los usuarios
y la estabilidad del sector que se trate.

La principal fuente normativa de esta regulación se encuentra en la Ley 142 de1994, que otorga
a la SSPD facultades de inspección, vigilancia y control, lo que incluye la posibilidad de ordenar
la toma de posesión de un prestador cuando se configuren las causales respectivas, tales
como la incapacidad financiera, la interrupción del servicio, la violación grave del régimen legal
o la afectación del interés público8, entre otras.

Según se tiene, el artículo 121 de la Ley 142 de 1994 estableció el procedimiento y alcances
de la toma de posesión de las empresas de servicios públicos y previó que, a este tipo de
intervenciones son aplicables, en cuanto sean pertinentes, las normas relativas a la liquidación
de instituciones financieras, esto es, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus
decretos reglamentarlos. Puntualmente, la disposición precisa:

Se aplicarán, en estos casos, y en cuanto sean pertinentes, las normas relativas a la liquidación de
instituciones financieras. Las referencias que allí se hacen respecto a la Superintendencia Bancaria
y al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras se entenderán hechas a la Superintendencia
de servicios públicos; las que se hacen al Consejo Asesor se entenderán referidas a la comisión de
regulación; las hechas a los ahorradores se entenderán hechas respecto a los acreedores; y las
hechas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público se tratarán como inexistentes.

En ejercicio de esas facultades, el superintendente puede designar a un agente especial que
asuma la representación legal y la administración de la empresa intervenida. Este interventor
actúa como auxiliar de la justicia y ejerce funciones públicas transitorias, no se convierte en
empleado de la prestadora de servicios públicos ni en servidor público permanente, sino que
cumple un encargo específico, bajo la dirección y supervisión de la SSPD; su función principal
es estabilizar la operación de la sociedad, adoptar medidas administrativas, financieras y
7
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2021, expediente: 68001-23-33-000-2019-00896-01, M.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio.
8
Artículo 59 de la Ley 142 de 1994.

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técnicas para superar las causas que dieron lugar a la toma de posesión y garantizar la
adecuada prestación del servicio.

En cuanto a su designación, en principio, el ente de supervisión y control profirió la Resolución
SSPD 20231000264475 de 2023, “Por la cual se reglamenta la integración de una lista de
aspirantes y otros aspectos para la designación de los agentes especiales y liquidadores para
los prestadores de servicios públicos domiciliarios bajo la medida de toma de posesión”,
modificada por la Resolución SSPD 20241000299395 de 2024.

Dicha regulación reiteró, entre otros, que el régimen legal de los agentes especiales y los
liquidadores corresponde al Decreto 663 de 1993 (EOSF) y el Decreto 2555 de 2010.
Asimismo, estableció que los agentes especiales serían designados en atención a sus
calidades y podrían ser elegidos de una lista de aspirantes, que debe conformarse bajo ciertas
condiciones.

Así, la normativa previó que la experiencia debe ser directamente relacionada con las
funciones que ejercerá el agente especial y su nivel de exigencia puede variar según la
categoría, tamaño y complejidad del prestador objeto de la intervención. En las modificaciones
introducidas en el 2024 se reforzó ese criterio diferencial, y se exigieron mayores estándares
de trayectoria profesional para aquellos que quisieran integrar la lista de aspirantes a la
interventoría en cuestión; ello, con el fin de asegurar idoneidad proporcional al riesgo y
responsabilidad asumidos, esto es, dependiendo de los activos y el tamaño de la empresa en
función de los usuarios atendidos.

En efecto, en el artículo 1º de la Resolución SSPD 20241000299395 del 24 de junio de 2024,
previó lo siguiente:

Artículo Primero. Modificar el artículo 7 de la Resolución SSPD 20231000264475 de 05 de mayo
de 2023, el cual quedará de la siguiente forma:

Artículo 7. Categorías de prestadores de servicios públicos domiciliarios. A efectos de la aplicación
de esta resolución y atendiendo el número de suscriptores o el valor de los activos con que cuenten
los prestadores de los servicios públicos domiciliarios que se encuentren bajo la medida de toma de
posesión, se establecen las siguientes categorías:

(…) ARTÍCULO SEGUNDO. Modificar el Artículo 13 de la Resolución SSPD 20231000264475 de
05 de mayo de 2023, el cual quedará de la siguiente forma:

Artículo 13. Requisitos por categorías para ser parte de la lista de aspirantes a agentes
especiales. Los aspirantes a ser parte de la lista de agentes especiales serán clasificados en alguna
de las categorías que se señalan a continuación, de acuerdo con los requisitos que acrediten en su
inscripción a la convocatoria, en los términos del presente Artículo.

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Las categorías a las que pueden postularse los aspirantes a agentes especiales están determinadas
de acuerdo con lo señalado en el artículo 7 de este reglamento de la siguiente forma:

Categoría 1. Tanto el aspirante persona natural como el aspirante persona jurídica deberá cumplir
al menos uno de los siguientes requisitos de experiencia específica:

(i) Haber sido agente especial en dos (2) procesos de toma de posesión, al menos por un (1) año
continuo en cada proceso, de prestadores de acueducto, alcantarillado o aseo, de los cuales al
menos un prestador haya contado con más de ochocientos mil (800.000) suscriptores; o de un
prestador de energía o gas, de los cuales al menos uno haya contado con activos superiores a
trescientos cincuenta mil millones de pesos colombianos (COP 350.000.000.000).

(ii) Haber sido gerente general, presidente o representante legal de un prestador de servicios
públicos domiciliarios, al menos por tres (3) años continuos, de acueducto, alcantarillado o aseo con
más de un millón (1.000.000) de suscriptores; o de energía o gas con activos superiores a quinientos
mil millones de pesos colombianos (COP 500.000.000.000), para persona natural. O haber sido
prestador de acueducto, alcantarillado o aseo con más de un millón (1.000.000) de suscriptores, o
prestador de energía o gas con activos superiores a 500.000 millones COP, al menos por tres (3)
años continuos adicionales al término mínimo de constitución previsto en el artículo 11 de la presente
resolución, para persona jurídica.

(iii) Haber sido agente especial de dos (2) prestadores de servicios públicos domiciliarios que
correspondan a la categoría 3, por un periodo de dos (2) años continuos en al menos uno de ellos,
tanto para persona natural como jurídica.

(iv) Haber ocupado un cargo directivo, asesor o consultor, por más de cuatro (4) años continuos, en
prestadores de acueducto, alcantarillado o aseo con más de un millón doscientos mil (1.200.000)
suscriptores, o de energía o gas con activos superiores a 500.000 millones COP, o en entidades
públicas del orden nacional, departamental o municipal, que adelanten actividades afines a este
sector, en cuya área de influencia se cuente con más de un millón doscientos mil (1.200.000)
suscriptores, en el caso de persona natural.

(v) O haber sido consultor, asesor, gestor u operador de un prestador de servicios públicos
domiciliarios, por más de cuatro (4) años continuos adicionales al término mínimo de constitución
previsto en el artículo 11 de esta resolución, de acueducto, alcantarillado o aseo que, durante su
consultoría, asesoría, gestión u operación, haya contado con más de un millón doscientos mil
(1.200.000) suscriptores; o de energía o gas que, durante su consultoría, asesoría, gestión u
operación, haya tenido activos por más de quinientos mil millones de pesos colombianos
(500.000.000.000), en el caso de persona jurídica.
Como se lee, el ente supervisor previó un procedimiento bastante específico y riguroso para
incluir las personas naturales o jurídicas que pretendan hacer parte de la lista de aspirantes
para cumplir la función de agente especial en una toma de posesión.

No obstante, la Resolución SSPD 20231000264475 de 2023, en su artículo 26, consagró que
sería potestativo del superintendente hacer uso de la lista de aspirantes, razón por la cual
puede designar como agente especial y/o liquidador a determinada persona natural o jurídica,
que no figure en el referido listado; sin embargo, el parágrafo del artículo 17 señala que,
excepcionalmente, la Superservicios podrá designar como liquidadores o interventores a
personas que no tengan experiencia específica en el sector en el que se desempeñe la
respectiva empresa, siempre que se acredite su labor como agente especial o liquidador en
otros sectores.

Por su parte, el artículo 295, numeral 4, literal a) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,
establece los requisitos para ser liquidador, que, según el artículo 121 de la Ley 142 de 1994,
resulta aplicable en lo pertinente. Sobre el particular, establece como exigencia mínima: ser

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Demandante: Sara Yesenia Molano Piñán
Demandado: Edwin Palma Egea – agente especial de AIR-E S.A.S. E.S.P.
Rad: 25000-23-41-000-2025-00058-01

profesional con título universitario y tener experiencia mínima de cinco (5) años en áreas afines
a la actividad financiera o comercial.

2.5. Caso concreto

Como viene de explicarse en los antecedentes de esta providencia, la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios pretende que se revoque la sentencia de primera instancia,
que declaró la nulidad de la designación del señor Edwin Palma Egea como agente especial
de AIR-E S.A.S. E.S.P, por no cumplir con el requisito de experiencia previsto en la regulación
sobre la materia. Su recurso se concentra en que, el fallo apelado parte de una interpretación
excesivamente restrictiva y subjetiva del régimen jurídico aplicable a la intervención de
empresas de servicios públicos domiciliarios.

En este orden, la Sala debe determinar en primer término la regulación aplicable a la
designación de los agentes especiales de una prestadora de servicios públicos que ha sido
objeto de toma de posesión.

Como se explicó en el acápite anterior, la Ley 142 de 1994 hace una remisión al EOSF, en lo
que sea compatible, para efectos de observar el procedimiento para la intervención de una
empresa y la designación de un agente especial.

La parte actora en este asunto invocó el artículo 295, numeral 4 literal a) del EOSF, para
precisar que, bajo ese enunciado normativo, se exige ser profesional con título universitario y
tener experiencia mínima de cinco (5) años en áreas afines a la actividad financiera o
comercial.

La SSPD alega que la aplicación de esa disposición debe tener en cuenta las especificaciones
del sector de servicios públicos domiciliarios y no puede leerse de manera aislada, en tanto
que la norma fue redactada con un fin regulatorio puntual: la liquidación de instituciones
financieras.

Tiene razón la apelante al afirmar que la designación de un agente especial se enmarca en
una medida de intervención de carácter técnico, correctivo y transitorio, cuyo propósito es
garantizar la continuidad y eficiencia del servicio público, conforme al artículo 121 de la Ley
142 de 1994; por lo mismo, las medidas que se adoptan, entre ellas, la designación de un
agente especial, deben asegurar la idoneidad y calidades requeridas.

Por ello, llama la atención que el ente de supervisión y control, consciente de la especialidad
y rigurosidad que debe observar frente a las medidas de intervención de una empresa de
servicios públicos, pretenda desconocer su propia regulación sobre la materia. En efecto, la
Sala encuentra que el EOSF responde a un canon especial del ámbito financiero y, por ello, el
propio legislador advirtió que aquella resulta aplicable siempre que sea compatible con las
funciones del agente especial que debe designar el superintendente de Servicios Públicos
Domiciliarios.

Para el caso concreto, es evidente que la propia SSPD se encargó de determinar los requisitos
que debían exigirse a las personas que pretendan aspirar a la función de agente especial.
Sobre el punto, como se detalló líneas atrás, mediante la Resolución SSPD 20231000264475
de 2023 se reglamentó la integración de una lista de aspirantes y otros aspectos para la
designación de los agentes especiales y liquidadores para los prestadores de servicios

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públicos domiciliarios bajo la medida de toma de posesión. Dicho acto administrativo fue
modificado por la Resolución SSPD 20241000299395 del 24 de junio de 2024, con el propósito
de fortalecer los requisitos para integrar la lista de agentes especiales y liquidadores de
empresas de servicios públicos en toma de posesión.

Luego, no hay duda de que existe una regulación específica sobre la materia, que proviene del
propio ente supervisor. Ello, en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial de las
contenidas en los artículos 79, 121 y 123 de la Ley 142 de 1994 y los numerales 13 y 14 del
artículo 8º del Decreto 1369 de 2020.

Ahora bien, pese a esa claridad, pues es la propia recurrente la que advierte la necesidad de
aplicar de manera armónica las normas supletivas del EOSF, la SSPD alega que, no es
correcto concederle un valor normativo superior a las resoluciones de esa superintendencia
(en particular, la Resolución 20241000299395 de 2024), pues estas constituyen actos
administrativos de carácter interno y operativo, que orientan los procedimientos de
designación, pero no pueden restringir ni condicionar una facultad legal directa del
superintendente a la hora de designar al agente especial.

De manera que, a juicio de la apelante, la infracción de una resolución interna no configura
violación de normas superiores en los términos del artículo 137 del CPACA, por lo cual no se
puede fundar una declaratoria de nulidad electoral. Al respecto, la Sala no encuentra asidero
en tales argumentos, por las siguientes razones.

Si bien la facultad de designar al agente especial es de origen legal y, en principio, es de
carácter discrecional, el supervisor consideró necesario establecer ciertas reglas para efectos
de determinar la idoneidad de quienes aspiran a desempeñar esa función.

En virtud de lo anterior, no puede dejarse de lado que la Superservicios expidió las
resoluciones SSPD 20231000264475 de 2023 y SSPD 20241000299395 del 24 de junio de
2024, con el propósito de fortalecer los requisitos para integrar la lista de agentes especiales
y liquidadores de empresas de servicios públicos en toma de posesión.

Tales actos administrativos, que gozan de presunción de legalidad y se revisten de todas las
propiedades que le son connaturales, como su ejecutoriedad y ejecutividad, orientan no solo
la actuación de los administrados, también de la entidad que los expidió; por lo tanto,
desconocer la obligatoriedad de sus propios actos, sí constituye una infracción de las
disposiciones que debe observar la SSPD en un procedimiento que ella misma decidió reglar.

Además, resulta incoherente con el ordenamiento que la propia autoridad que, en ejercicio de
su potestad de regulación, estableció criterios objetivos de idoneidad para fortalecer la
transparencia y proporcionalidad en la designación de agentes especiales, sostenga
posteriormente que tales parámetros no la vinculan al momento de ejercer la función
nominadora en el caso concreto.

En ese orden de ideas, no le asiste razón a la apelante al señalar que las resoluciones en
cuestión no tenían fuerza vinculante.

Ahora, no desconoce la Sala que fue la propia superintendencia la que precisó que las listas
de aspirantes conformadas para quienes pretenden ser agentes especiales pueden obviarse
por el superintendente al momento de ejercer su potestad; sin embargo, se reitera, la

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recurrente confunde la discrecionalidad de dicho funcionario de hacer uso de las listas, con los
requisitos de experiencia e idoneidad que el mismo ente supervisor estableció para efectos de
elegir un interventor.

Tal y como lo advirtió el tribunal de primera instancia, la potestad discrecional del
superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, no lo habilita para desconocer la
regulación sobre la experiencia exigida para ser agente especial. Si bien las personas
aspirantes pueden conformar una lista, también es posible elegir a alguien por fuera de aquella;
pero ello no se traduce en la posibilidad de descartar la experticia que debe acreditar la persona
que se designe.

Ahora bien, el artículo 44 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo reconoce que existen decisiones discrecionales, pero precisa que aquellas no
pueden alcanzar una liberalidad que alcance la arbitrariedad. De modo que, la administración
puede elegir entre varias opciones posibles, solo dentro de los márgenes que la ley permite.

Entonces, que la SSPD pudiese adoptar una decisión discrecional suponía que debía servir
realmente al objetivo que la citada resolución quiso proteger, esto es, idoneidad técnica y, por
ende, no podía desconocer o alivianar requisitos técnicos por conveniencia administrativa. Se
insiste, la potestad excepcional de no acudir a ese procedimiento establecido no autoriza
prescindir de los parámetros objetivos de experiencia que la propia entidad definió para
garantizar proporcionalidad, transparencia y adecuación de la medida de intervención.

De admitirse lo contrario, la facultad del superintendente se transformaría en una habilitación
para desatender criterios, aptitudes y calidades previamente establecidos por la
administración, y vaciaría de contenido el propósito de la regulación, la cual incluso diferenció
la experiencia requerida por categorías en función del tamaño de la empresa y la cantidad de
usuarios que atiende.

En primera instancia quedó probado, y es un punto que no se discutió por la recurrente, que
AIR-E S.A.S E.S.P. es una prestadora de servicios públicos de categoría 1. De acuerdo con la
Resolución SSPD 20241000299395 del 24 de junio de 2024, las personas que aspiran a ser
agentes especiales deberán cumplir al menos con uno de los siguientes requisitos de
experiencia específica:

1. Haber sido agente especial en dos (2) procesos de toma de posesión, al menos por un (1) año
continuo en cada proceso, de prestadores de acueducto, alcantarillado o aseo, de los cuales al
menos un prestador haya contado con más de ochocientos mil (800.000) suscriptores; o de un
prestador de energía o gas, de los cuales al menos uno haya contado con activos superiores a
trescientos cincuenta mil millones de pesos colombianos (COP 350.000.000.000).

2. Haber sido gerente general, presidente o representante legal de un prestador de servicios
públicos domiciliarios, al menos por tres (3) años continuos, de acueducto, alcantarillado o aseo con
más de un millón (1.000.000) de suscriptores; o de energía o gas con activos superiores a quinientos
mil millones de pesos colombianos (COP 500.000.000.000), para persona natural. O haber sido
prestador de acueducto, alcantarillado o aseo con más de un millón (1.000.000) de suscriptores, o
prestador de energía o gas con activos superiores a 500.000 millones COP, al menos por tres (3)
años continuos adicionales al término mínimo de constitución previsto en el artículo 11 de la presente
resolución, para persona jurídica.

3. Haber sido agente especial de dos (2) prestadores de servicios públicos domiciliarios que
correspondan a la categoría 3, por un periodo de dos (2) años continuos en al menos uno de ellos,
tanto para persona natural como jurídica.

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4. Haber ocupado un cargo directivo, asesor o consultor, por más de cuatro (4) años continuos, en
prestadores de acueducto, alcantarillado o aseo con más de un millón doscientos mil (1.200.000)
suscriptores, o de energía o gas con activos superiores a 500.000 millones COP, o en entidades
públicas del orden nacional, departamental o municipal, que adelanten actividades afines a este
sector, en cuya área de influencia se cuente con más de un millón doscientos mil (1.200.000)
suscriptores, en el caso de persona natural.

5. O haber sido consultor, asesor, gestor u operador de un prestador de servicios públicos
domiciliarios, por más de cuatro (4) años continuos adicionales al término mínimo de constitución
previsto en el artículo 11 de esta resolución, de acueducto, alcantarillado o aseo que, durante su
consultoría, asesoría, gestión u operación, haya contado con más de un millón doscientos mil
(1.200.000) suscriptores; o de energía o gas que, durante su consultoría, asesoría, gestión u
operación, haya tenido activos por más de quinientos mil millones de pesos colombianos
(500.000.000.000), en el caso de persona jurídica.
La razón de regular estos aspectos de idoneidad fue sustentada en el propio acto
administrativo, en los siguientes términos:

(…) lo anterior se propende por la designación de agentes especiales y liquidadores en forma
objetiva, promoviendo la participación de personas que reúnan los requisitos de orden legal,
académicos y profesionales, para ser designados como agentes especiales y/o liquidadores de
prestadores de servicios públicos domiciliarios que son objeto de toma de posesión, y de esta
manera, fortalecer los principios de participación y transparencia en la designación de los auxiliares
de la justicia, a través de la conformación de una lista de aspirantes que cumplan con los requisitos
definidos para tal propósito.

Se insiste, aun cuando el superintendente podía apartarse de la lista, por disposición expresa
del artículo 26 de la Resolución SSPD 20231000264475 del 5 de mayo de 2023, no resulta
coherente que la persona designada no cuente con ninguno de los requisitos que sí fueron
exigidos para quienes se postularon para conformar el listado, pues ello desconocería el
propósito del acto administrativo en cuestión, esto es, fortalecer los principios de transparencia
y participación.

Bajo estos derroteros, la Sala encuentra que, efectivamente, el señor Edwin Palma Egea no
contaba con la idoneidad y experiencia para ser agente especial de AIR-E S.A.S. E.S.P. Según
se probó en el proceso y la misma recurrente lo señaló en su escrito de apelación, el
demandado es abogado especialista en derecho constitucional, laboral y seguridad social y
con una maestría en derecho del trabajo. De su experiencia, no se advierte el desempeño en
el sector de servicios públicos domiciliarios, ni tampoco que haya ejercido como agente
especial y liquidador en otra oportunidad.

Por el contrario, su experiencia se resume en el siguiente cuadro:

Como quedó visto, para la recurrente, la experiencia del demandado evidencia un sólido

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conocimiento en gestión organizacional, administración de recursos y liderazgo estratégico.
Sin embargo, desconoce abiertamente los requisitos que la propia SSPD definió como
exigencias de idoneidad para las personas que pretenden aspirar a desempeñar esa función
y conformar la lista de esos auxiliares de la justicia.

En efecto, el señor Palma Egea no acreditó haber sido agente especial en 2 procesos de toma
de posesión, al menos por 1 año continuo en cada proceso, de un prestador de energía o gas,
de los cuales al menos uno haya contado con activos superiores a trescientos cincuenta mil
millones de pesos colombianos (COP 350.000.000.000).

Tampoco demostró haber sido gerente general, presidente o representante legal de un
prestador de servicios públicos domiciliarios, al menos por tres (3) años continuos, de energía
o gas con activos superiores a quinientos mil millones de pesos colombianos (COP
500.000.000.000), para persona natural.

No probó haber sido agente especial de 2 prestadores de servicios públicos domiciliarios que
correspondan a la categoría 3, por un periodo de 2 años continuos en al menos uno de ellos;
ni haber ocupado un cargo directivo, asesor o consultor, por más de cuatro (4) años continuos,
en prestadores de energía o gas con activos superiores a 500.000 millones COP, o en
entidades públicas del orden nacional, departamental o municipal, que adelanten actividades
afines a este sector, en cuya área de influencia se cuente con más de un millón doscientos mil
(1.200.000) suscriptores.

En tales condiciones, la autoridad no puede ir más allá de lo que la norma autoriza
expresamente y, en consecuencia, si la resolución que reguló la materia exige requisitos
específicos, no puede sustituirlos por criterios como funciones afines.

De cualquier forma, como lo precisó la parte recurrente, la «experiencia en áreas afines a la
actividad financiera o comercial» que exige el EOSF no puede interpretarse en sentido
bancario o mercantil estricto, sino funcional y material, en atención a «las competencias de
dirección estratégica, gestión institucional, manejo presupuestal y toma de decisiones con
impacto económico y social que demanda la conducción de una empresa intervenida».

Incluso, en el caso de considerar esas competencias que precisa la SSPD, tampoco se
encontraría probada la idoneidad del demandado. Si bien el señor Palma Egea se desempeñó
como viceministro de Trabajo, cargo en el cual pudo adquirir calidades y capacidades en el
ámbito de la dirección estratégica y financiera, ello no equivale a la exigencia específica de
haber sido agente especial o liquidador. Lo propio sucede con la demás experiencia acreditada
por el demandado, pues de ninguna manera guardan afinidad con la materia para la cual fue
designado, esto es, el área de servicios públicos, la cual requiere un conocimiento específico
y hace parte de un sector puntual de la economía.

Si bien el demandado acreditó haberse desempeñado como analista en Ecopetrol S.A., esta
es una sociedad de economía mixta que se dedica a la explotación y exploración de recursos;
sector que difiere de la prestación de servicios públicos domiciliarios, objeto social de la
empresa para la cual fue designado como agente especial.

En suma, no basta con desempeñar funciones de dirección y manejo en cualquier ámbito,
cuando, se insiste, fue el mismo ente supervisor, quien consideró necesario exigir

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conocimientos, no solo en servicios públicos, sino en el escenario de la intervención forzosa
administrativa.

Finalmente, la recurrente señaló que el concepto técnico emitido por la Dirección de Entidades
Intervenidas carece de fuerza vinculante y constituye un insumo administrativo no
determinante. Ello, por cuanto, la apreciación de la idoneidad corresponde exclusivamente al
superintendente, como autoridad nominadora y responsable de la medida de intervención.

Sobre el particular, la Sala debe ser enfática en que, si bien es una potestad discrecional del
superintendente designar al agente especial, lo cierto es que existen pautas internas de la
entidad que deben atenderse, sobre todo cuando se trata de verificar los requisitos de
idoneidad. De manera que, un concepto emitido por la Dirección de Entidades Intervenidas, en
el que se advierte la falta de experiencia de la persona que se pretende designar, si bien no
es determinante, sí obedece a pautas técnicas para la formación del acto de designación.

Naturalmente, el superintendente en ejercicio de su facultad legal podría apartarse de ese
concepto, siempre y cuando tuviera una justificación para motivar las razones que lo llevaron
a concluir que el demandado sí cumplía con las exigencias de experiencia para desempeñarse
como agente especial; no obstante, ello no logró acreditarse en este caso.

Visto así el asunto, los argumentos de la apelación no prosperan y, en consecuencia, la
sentencia de primera instancia se confirmará.

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de octubre de 2025, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, declaró la nulidad del acto
de designación del señor Edwin Palma Egea como agente especial de AIR-E S.A.S. E.S.P.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún
recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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