Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2025-00083-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2025-00083-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 25000-23-41-000-2025-00083-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
2 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., dos (2) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 25000-23-41-000-2025-00083-01
Demandante: ALBERTO YEPES BARREIRO
Demandado: KEMER RAMÍREZ CÁRDENAS COMO AGENTE
INTERVENTOR DE LA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
SANITAS S.A.S.
Tema: Motivación del acto de nombramiento excepcional como interventor de
entidad de Salud, por fuera del Registro de Interventores, Liquidadores y
Contralores – RILCO –.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del
26 de marzo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C, que negó las pretensiones de la demanda.
1. ANTECEDENTES
1.1 La demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA –, se presentó
demanda con la siguiente pretensión:
Que se declare la NULIDAD de la designación del señor KEMER RAMÍREZ CÁRDENAS como
AGENTE INTERVENTOR DE LA E.P.S SANITAS S.A.S, contenida en la Resolución 2024-320-
03001-5029-6 del 15 de noviembre de 2024, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud.
1.2 Hechos
Indicó la parte actora que el 2 de abril de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud (en
adelante SNS) expidió la Resolución 2024-160-00000-3002-6 mediante la cual, ordenó en los
artículos primero y séptimo, respectivamente, la toma de posesión de la E.P.S SANITAS S.A.S
(en adelante SANITAS) y designó como agente interventor al señor Duver Dicson Vargas
Rojas.
Manifestó que este señor solo ejerció como tal hasta el 15 de noviembre de ese año debido a
que, por disposición del superintendente nacional, ante la evidencia de algunos malos manejos
de la entidad intervenida, fue removido y, como consecuencia de ello, se nombró al señor
Kemer Ramírez Cárdenas a través de la Resolución 2024-320-03001-5029-6 acá demandada.
Demandante: Alberto Yepes Barreiro
Demandado: Kemer Ramírez Cárdenas
Rad.: 25000-23-41-000-2025-00083-01
Aseveró que, en el artículo segundo de este último acto administrativo, se designó al accionado
con fundamento en las disposiciones de la Resolución 2599 de 2016, norma de carácter
general emitida por la SNS que reguló todo lo atinente a los nombramientos de agentes
interventores.
Afirmó que su escogencia no se debió hacer de forma directa como aconteció, sino que, por el
contrario, le correspondía al Comité de Medidas Especiales postular ante el superintendente
Nacional de Salud, una terna de aspirantes conformada por ciudadanos previamente inscritos
en el Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores – RILCO – y de esta manera
seleccionar a uno de ellos.
Cuenta el accionante que la Resolución 2599 de 2016 permite realizar el nombramiento de
esta clase de personas de manera directa y por fuera de tal registro, si en el acto de
designación se constata que: i) el elegido cumplía con los requisitos de idoneidad profesional,
salvo el de la presentación de un examen de conocimientos y, ii) que se motive la crítica
situación financiera o jurídica de la entidad objeto de medidas especiales o se justifique que el
ente auditado tuvo una gestión cuyo impacto económico y social pone en grave peligro la
protección de los servicios dirigidos a garantizar el goce efectivo del derecho a la salud.
En este orden, dice que en el acto de nombramiento de Kemer Ramírez Cárdenas se eludió la
escogencia a partir de la terna conformada por personas pertenecientes al RILCO y no se
realizó una «motivación clara y suficiente sobre la procedencia del mecanismo excepcional
que habilita la designación de agentes interventores que no hagan parte de la lista».
1.3 Normas violadas y concepto de la violación
1.3.1 Vulneración a los principios de legalidad, equidad e igualdad
La parte actora señaló que el acto de nombramiento vulneró el artículo 13 de la Constitución
Política en la medida que, la designación del agente interventor por fuera del RILCO,
desconoció los derechos de quienes estaban inscritos en ese registro, desatendiendo los
criterios de idoneidad y transparencia para desempeñar ese cargo. Agregó a este reparo que
el acto censurado, vulneró el artículo 15 numeral 2 del parágrafo 1 de la Resolución 2599 de
2016 proferida por la SNS, en tanto al acudirse al mecanismo excepcional, se desconoció la
competencia que tenía el Comité de Medidas Especiales para postular la terna de aspirantes.
Para profundizar en estas censuras, explicó que aún si la circunstancia extraordinaria así lo
hubiese ameritado, dicho Comité debía postular la tríada de candidatos a fin de que el
superintendente nacional, sin importar la situación del ente auditado, designara de esa lista a
quien iba a fungir como agente interventor.
1.3.2. Expedición irregular
Este cargo fue anudado al propuesto en precedencia y, para tal efecto, el demandante puso
de presente los artículos 7 y 15 de la Resolución 2599 de 2016 a fin de señalar, que quienes
estén interesados en ser interventores – sin importar el mecanismo ordinario o excepcional de
escogencia – deben ser recomendados por el Comité de Medidas Especiales, previa
verificación de los requisitos por parte de la Oficina de Liquidaciones y la delegada
correspondiente.
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Demandante: Alberto Yepes Barreiro
Demandado: Kemer Ramírez Cárdenas
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Sobre esta base, aseveró que el procedimiento se vulneró, debido a que el superintendente
nacional no recibió ninguna terna de candidatos, sino que designó directamente al interventor.
1.3.3. Falta de motivación
1.3.3.1 Falta de motivación para atribuir competencia al superintendente Nacional de
Salud para designar de manera directa al agente interventor
El accionante indicó que, en la resolución demandada se precisó que el Comité de Medidas
Especiales había sesionado el 14 de noviembre de 2024, según acta número 27 de esa fecha.
Precisó el demandante que el delegado para entidades de aseguramiento en salud puso de
presente en dicha reunión, los siguientes inconvenientes padecidos por SANITAS: i) el estado
de las condiciones financieras y de insolvencia, ii) las PQRSD recibidas contra esta institución,
iii) el incumplimiento de los indicadores del sistema de gestión y control de medidas especiales
– del aplicativo Fénix – y, iv) las irregularidades acaecidas durante el 2024.
Cuenta la parte actora que en el acto demandado se citó el artículo 5 de la Resolución 2021-
51000-13052-6 del 17 de septiembre de 2021, norma que conformó el Comité de Medidas
Especiales, creó la regla de mayoría para la adopción de decisiones y contempló la figura del
voto dirimente del superintendente nacional para la toma de disposiciones.
A partir de ello, retrató que en la sesión en la que se discutía la remoción del primer agente
interventor, su reemplazo y la situación crítica de SANITAS, no hubo consenso entre los
miembros de dicho Comité «sobre los cursos de acción a adoptar»; por lo tanto, no se dejó
consignada una justificación respecto a que el superintendente nacional podía decidir
directamente aquellos asuntos que no lograron una mayoría.
1.3.3.2 Falta de motivación clara y suficiente sobre el uso del mecanismo excepcional
para designar agente interventor por fuera del RILCO
El accionante puso de presente que en el acto censurado se utilizó la causal 2 del parágrafo 1
del artículo 15 de la Resolución 2599 de 2016 relacionada con intervenir una entidad de salud
debido al grave impacto económico y social de los servicios dirigidos a garantizar el goce
efectivo del derecho a la salud.
Conforme a ello, dijo que la motivación vertida en el acto censurado, solo se limitó a describir
de manera abstracta los «incumplimientos presentados» por la gestión del señor Duver Dicson
Vargas Rojas, primer agente nombrado, los cuales, no fueron concretados de manera
detallada y clara respecto a definir cuál fue el impacto económico o social que situaba en grave
peligro la prestación del servicio de salud.
2. Actuaciones procesales
2.1. La admisión de la demanda y el estudio de la solicitud de medida cautelar
Con providencia del 25 de julio de 20251 el juzgador de instancia admitió la demanda y negó
la petición cautelar2, con fundamento en que la Corte Constitucional profirió la SU 277 de ese
1
Índice SAMAI número 36 del tribunal.
2
No se interpuso recurso de apelación.
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año y con ella, no solo amparó el derecho fundamental al debido proceso de SANITAS3, sino
que también, dejó sin efectos la Resolución 2024-160-00000-3002-6 del 2 de abril de 2024 que
había ordenado la toma de posesión.
Según el tribunal de primer grado, esa providencia judicial afectó directamente el acto de
designación controvertido, contenido en la Resolución 2024-320-03001-5029-6, toda vez que
quien administró la entidad intervenida era el nombrado en su calidad de agente; por lo tanto,
adujo que esa determinación del alto tribunal incidía en la eficacia de la petición cautelar, mas
no en el control de legalidad que asume la jurisdicción contenciosa sobre el acto enjuiciado.
2.2. Contestación de la demanda
El demandado guardó silencio; sin embargo, la Superintendencia Nacional de Salud4, se opuso
a las pretensiones del escrito inicial con base en los siguientes argumentos:
En primer lugar, mencionó que la parte demandante incurrió en una «falacia argumentativa de
generalización apresurada», pues entendió que cualquier designación sin inscripción en el
RILCO es automáticamente ilegal, sin tener en cuenta las disposiciones excepcionales
previstas en la normativa vigente lo cual, constituye una «interpretación sesgada y
descontextualizada» del marco legal aplicable.
Como segundo argumento defensivo, afirmó que sí quedó justificada la situación financiera y
jurídica crítica de la entidad intervenida con sustento en el informe presentado por el
superintendente delegado para las entidades de aseguramiento en salud ante el Comité de
Medidas Especiales en sesión del 31 de marzo de 20255, documento que según relató, expuso
varios hallazgos cuyo contenido fue catalogado como grave que acreditó más allá de toda duda
la plena motivación del nombramiento bajo la causal excepcional que censura la parte actora.
2.3. Auto que acoge el trámite de sentencia anticipada
Con providencia del 18 de septiembre de ese último año6, el tribunal de instancia prescindió
de celebrar audiencia inicial, incorporó algunas pruebas y requirió el aporte de los
antecedentes administrativos. La fijación del litigio, se concretó así:
Si como lo expuso la Superintendencia Nacional de Salud, con la expedición de la Sentencia SU-
277 de 2025, ocurrió la carencia de objeto por hecho superado. De lo contrario, si la respuesta
es negativa, se resolverá:
• Si la Superintendencia Nacional de Salud incurrió en las causales invocadas al designar,
mediante un mecanismo excepcional, al agente interventor de la EPS, que no hacía parte del
Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (RILCO).
• Si el acto demandado no tiene una motivación suficiente para atribuir al Superintendente
Nacional de Salud la competencia de decidir directamente sobre aquellas recomendaciones que
no fueron aprobadas por la mayoría simple de los asistentes a la sesión del 14 de noviembre de
2024.
3
Y de otras varias E.P.S.
4
Índice SAMAI número 42 del tribunal.
5
No fue aportada por la SNS.
6
Índice SAMAI número 47 del tribunal.
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3. Sentencia apelada
Con providencia del 26 de marzo de 2026 7 , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C, negó las pretensiones de la demanda.
3.1. Carencia actual de objeto
El juzgador de instancia negó la excepción propuesta por la SNS recordando, que si bien fue
proferida la SU 277 de 2025 8, determinación que dejó sin efectos la Resolución 2024-16-
000000-3002-6 del 2 de abril de 2024; el acto acusado que derivó directamente de este acto
administrativo, produjo efectos jurídicos en el ordenamiento y, por ende, al juez contencioso
administrativo le corresponde decidir si se desvirtúa o no la presunción de legalidad9.
3.2 Expedición irregular
Para negar este cargo, el a quo puso de presente que en el acto controvertido se acudió a la
causal 2 del parágrafo del artículo 15 de la Resolución 2599 de 2016 para indicar que el
superintendente Nacional de Salud designó directamente, mediante acto motivado, al agente
interventor sin acudir al RILCO; en tal sentido, de la lectura de la norma no se deriva la
obligación de seguir el procedimiento en el que se pida la postulación de tres aspirantes por
parte del Comité de Medidas Especiales y de esta forma se haga el nombramiento.
3.3 Falta de motivación para atribuir competencia al superintendente Nacional de Salud
El juzgador de primer grado, denegó la censura y precisó que el acto demandado puso de
presente la falta de acuerdo en la sesión del 14 de noviembre de 2024; sin embargo, al acudirse
a lo descrito por el parágrafo del artículo 5 de la Resolución 2021-51000-13052-6 del 17 de
septiembre de 2021, esta disposición dejó en claro que: «Las recomendaciones del Comité se
toman por mayoría simple de los asistentes y si no es posible obtenerla, el superintendente
Nacional de Salud podrá decidir directamente sin que medie una recomendación del comité».
Por lo tanto, el tribunal consideró que el superintendente, conforme a la normativa de salud,
tenía toda la posibilidad de decidir directamente el asunto puesto a su consideración y, como
era lógico, designar sin intermediación de nadie más, al señor Kemer Ramírez Cárdenas.
Finalmente, el juzgador de instancia no se pronunció respecto del reparo relacionado con la
vulneración a los principios de legalidad, equidad e igualdad.
4. El recurso de apelación
La parte actora controvirtió la decisión de primera instancia a través de escrito radicado el 16
de abril de 202610, fundamentalmente en la expedición irregular y la falta de motivación del
acto de nombramiento excepcional, así:
En primer lugar, mencionó que el a quo interpretó erróneamente el artículo 15 de la
Resolución 2599 de 2016 y derivó, a partir de una lectura literal, que el superintendente
7
Índice SAMAI número 69 del tribunal.
8
Expedida el 26 de junio del 2025.
9
Para tales efectos citó providencia del 24 de mayo de 2018 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el radicado 47001-23-
33-000-2017-00191-02. MP. Rocío Araújo Oñate.
10
Índice SAMAI número 74 del tribunal. Remitido a esta Sección el 30 de abril de 2026.
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Nacional de Salud podía designar directamente al agente interventor sin tener en cuenta la
recomendación del Comité de Medidas Especiales. En su reparo, propuso que debe aplicarse
una hermenéutica sistemática y finalista, pues de conformidad con el parágrafo 1 de ese
precepto, así como lo dispuesto en el artículo 3, numeral 4 de la Resolución 2021-510-
0013052-6 de 202111, es claro que se excepciona la exigencia de pertenecer a la lista vigente
del RILCO, pero no se elude la intervención del citado Comité.
Censuró en un segundo acápite de su escrito, que la providencia no estudió el cargo de falta
de motivación, violación del principio de legalidad, equidad e igualdad, ni desvirtuó la
expedición irregular.
Para explicar este asunto, dijo que quedaron demostradas dos situaciones, a saber: i) la falta
de acuerdo entre los miembros del Comité de Medidas Especiales en relación con las acciones
a tomar frente a SANITAS y, ii) que el mencionado órgano no deliberó, ni votó sobre la
remoción del anterior interventor y la designación del nuevo. Aunado a ello, explicó que el
parágrafo del artículo 5 de la ya mencionada Resolución 2021-510-0013052-6 de 2021, dejó
en claro que, las recomendaciones del Comité se toman por mayoría simple de los asistentes
y que, de no lograrse, el superintendente puede decidir directamente sin que medie dicha
recomendación.
Con base en lo anterior, dijo que no hay evidencia de que haya sido sometido a deliberación
la remoción del primer agente y la designación del aquí accionado; comoquiera que hay una
precaria motivación del acto demandado y una limitada claridad del Acta 27 del 14 de
noviembre de 2024 que afectó el procedimiento legalmente establecido para ello.
En tercer lugar, controvirtió el numeral 43 de la providencia de instancia que refirió lo siguiente:
«el demandante no alegó nada respecto de la condición que dio lugar al nombramiento o sobre
el cumplimiento de los requisitos por parte del agente designado». En su criterio, esa
afirmación es incorrecta por cuanto desde el escrito inicial se cuestionó que la «resolución no
explicaba de forma clara cómo los “incumplimientos presentados” por anteriores agentes
configuraban la causal excepcional de designación de interventor, ni por qué no existían
candidatos idóneos en el RILCO».
En tal sentido, dijo que en pocas líneas y de manera abstracta, la entidad se escudó en que
se encontraba en una situación crítica y que existían incumplimientos producidos por su propio
agente (Duver Dicson Vargas Rojas); sin embargo, a la luz de las normas reglamentarias, era
necesario explicar de qué modo esos hechos impactaron económica o socialmente de manera
grave la continuidad de los servicios orientados a garantizar tal derecho a la salud.
En cuarto lugar, dijo que no hubo pronunciamiento sobre el cargo de violación de los principios
de legalidad, equidad e igualdad aun cuando se señaló en la demanda y en la fijación del litigio
la vulneración del artículo 13 superior.
5. Actuaciones de segunda instancia
El 4 de mayo de 2026 12 fue remitido el expediente de instancia a la Sección Primera del
11
Norma que conformó el Comité de Medidas Especiales, creó la regla de mayoría para la adopción de decisiones y contempló la figura del
voto dirimente del superintendente nacional para la toma de decisiones.
12
Índice SAMAI número 1.
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Consejo de Estado quien con providencia13 del 19 de ese mes y año14, envió el asunto a la
Sección Quinta. El 1 de junio de 2026 se repartió el presente asunto al magistrado conductor
y mediante auto del 2 de esta data, se admitió el recurso de apelación y se corrió traslado para
alegar de conclusión. En esta etapa, se recibieron las siguientes manifestaciones:
5.1 El demandante15
La parte actora insistió en los reparos formulados en su alzada.
5.2 La Superintendencia Nacional de Salud16
La autoridad nominadora reiteró los fundamentos de su defensa, respaldó el razonamiento
adoptado por el tribunal de instancia y controvirtió los argumentos del recurso de apelación.
5.3 El demandado
El señor Kemer Ramírez Cárdenas guardó silencio.
5.4 Concepto del Ministerio Público17
La procuradora séptima delegada ante esta colegiatura solicitó confirmar la decisión de primera
instancia. Para tal efecto, afirmó, respecto de la aplicación errada del artículo 15 de la
Resolución 2599 de 2016 que, de lo arrimado al expediente y del juicio argumentativo explicado
por el recurrente, no resultan definidos los elementos que adviertan una interpretación
inadecuada que revoque la decisión impugnada.
En relación con la falta de motivación, expedición irregular y las condiciones del nombramiento
excepcional, manifestó que al acudir a la memoria justificativa del acto censurado se advierte
que hubo una suficiente justificación en la que se expusieron las razones de hecho con
indicadores y elementos objetivos, los cuales daban cuenta del impacto grave a la salud.
Finalmente, respecto de la violación del principio de legalidad, equidad e igualdad, dijo que la
medida adoptada por el superintendente nacional tuvo en cuenta una situación excepcional,
que le permitía no acceder al RILCO a partir de un trato diferente bajo una situación distinta
como criterio de distinción, más no, como un aspecto discriminador negativo.
2. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
Conforme a lo establecido en el artículo 150 del CPACA, modificado por el 26 de la Ley 2080
del 202118, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 26 del precepto 15219 ibidem y, el
13
Magistrado ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro.
14
Índice SAMAI número 4.
15
Índice SAMAI número 19.
16
Índice SAMAI número 20.
17
Índice SAMAI número 22.
18
Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. (…).
19
Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales administrativos conocerán en primera
instancia de los siguientes asuntos: (…) 26. De todos los demás de carácter contencioso administrativo que involucren entidades del orden
nacional o departamental, o particulares que cumplan funciones administrativas en los mismos órdenes, para los cuales no exista regla
especial de competencia.
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13 del Acuerdo 080 de 2019 modificado por el parámetro 1º del Acuerdo 434 de 2024, de la
Sala Plena del Consejo de Estado, esta Sección es competente para resolver sobre la
apelación de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.
2.2. Problema jurídico
De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, corresponde a esta
Sección determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 26 de marzo de 2026,
proferida por el a quo. Para el efecto, se deberá establecer la correcta interpretación del
mecanismo excepcional aunada a la falta de motivación y; la presunta expedición irregular
junto a la omisión al resolver el cargo relacionado con la vulneración de los principios de
igualdad, legalidad y equidad.
2.3. El asunto que se juzga
La Sala abordará metodológicamente el presente asunto a través de los siguientes tópicos: i)
el alcance de las disposiciones que, sobre la designación de los agentes interventores, se
impartieron en la Resolución 2599 de 2016, ii) el examen sobre la motivación del acto de
designación para no acudir al RILCO y, iii) el caso concreto.
2.3.1 El alcance de las disposiciones que, sobre la designación de los agentes
interventores, se impartieron en la Resolución 2599 de 2016
En punto de estos agentes temporales, se indicó en esta norma lo siguiente:
ARTÍCULO 1. NATURALEZA DE LOS CARGOS DE AGENTE INTERVENTOR, LIQUIDADOR Y
CONTRALOR. Los agentes interventores, liquidadores y contralores, además de cumplir
funciones públicas transitorias, son auxiliares de la justicia y su oficio es público, ocasional,
indelegable, de libre nombramiento y remoción. Así mismo, este oficio en ningún caso implica el
ejercicio de funciones jurisdiccionales. (…) Los agentes interventores, liquidadores y contralores
se seleccionarán y designarán del nuevo registro que para el efecto elabore la Superintendencia
Nacional de Salud.
ARTÍCULO 5. REQUISITOS COMUNES PARA INSCRIBIRSE EN EL NUEVO REGISTRO
AGENTES INTERVENTORES, LIQUIDADORES Y CONTRALORES. Las personas naturales y
jurídicas interesadas en inscribirse en el nuevo registro de agentes interventores, liquidadores y
contralores deberán cumplir con los siguientes requisitos: 5.1. Requisitos comunes. Todos los
interesados en ser inscritos como agentes interventores, liquidadores o contralores deberán
allegar por medio del canal que para tal fin disponga la Superintendencia Nacional de Salud, los
documentos que se mencionan a continuación, los cuales deben acreditar el cumplimiento de
requisitos de idoneidad profesional y económico: (…)
5.1.10. Haber aprobado el examen a que hace referencia el artículo 13 del presente acto
administrativo, sobre medidas de toma de posesión y procesos de intervención forzosa
administrativa y medidas especiales que realizará la Superintendencia Nacional de Salud a los
interesados en inscribirse como agentes interventores, liquidadores y contralores.
ARTÍCULO 7o. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS AGENTES INTERVENTORES PARA LA
INSCRIPCIÓN EN LAS DIFERENTES CATEGORÍAS. Las personas naturales interesadas en ser
agentes interventores podrán solicitar su inscripción en alguna de las categorías del registro,
siempre que acrediten, además de los requisitos comunes determinados en el artículo 5o de la
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presente resolución, el cumplimiento de los requisitos específicos establecidos en el presente
artículo: (…)20
Artículo 15. PROCEDIMIENTO DE ESCOGENCIA. La escogencia de los agentes interventores,
liquidadores y contralores se hará exclusivamente por parte del Superintendente Nacional de
Salud, para lo cual el Comité de Medidas Especiales deberá recomendar tres (3) candidatos,
previa la verificación del cumplimiento de requisitos por parte de la Oficina de liquidaciones o la
delegada según corresponda. Para tal efecto, cada área responsable presentará la verificación y
cumplimiento de requisitos de los tres (3) candidatos inscritos en la categoría aplicable a la
entidad objeto de la medida preventiva o especial de las previstas en el artículo 68 de la Ley 1753
de 2015. (…)
PARÁGRAFO 1. Lo anterior sin perjuicio del mecanismo excepcional para la selección del agente
especial de conformidad con el cual, el Superintendente Nacional de Salud podrá designar a
personas que no hagan parte de la lista vigente del Registro de Interventores, Liquidadores y
Contralores (RILCO), y que cumplan con los requisitos establecidos en el numeral 4 del artículo
295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, aunado a los requisitos de idoneidad
profesional a que hace referencia el artículo 5 del presente acto administrativo, excepto lo
correspondiente al examen y el artículo 2.5.5.1.5 del Decreto número 780 de 2016.
El mecanismo excepcional de designación se podrá ejercer mediante acto motivado, siempre y
cuando se presente alguna de las siguientes condiciones:
Que exista una situación financiera o jurídica crítica de la entidad objeto de las medidas
especiales de toma de posesión e intervención forzosa administrativa y las medidas especiales,
según sea el caso.
Que la situación de la entidad objeto de las medidas especiales de toma de posesión e
intervención forzosa administrativa y las medidas especiales, pueda tener un impacto económico
y social, que ponga en grave peligro la prestación de los servicios dirigidos a garantizar el goce
efectivo del derecho a la salud o los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Conforme al anterior marco normativo, se tiene que la intervención forzosa administrativa de
las instituciones de salud por parte de la Superintendencia Nacional y el nombramiento
excepcional del agente respectivo, son dos instituciones diferenciables entre sí, que aun
cuando comparten su naturaleza transitoria para asegurar la prestación eficiente de servicios
inherentes a este derecho, en términos de calidad y oportunidad, son autónomas en cuanto
hace que la designación extraordinaria tenga como presupuesto, que la persona asignada para
cumplir esta tarea, sea de la mayor idoneidad, experiencia y capacidad gerencial, sin exigirle
estar en el registro, en cambio en lo que hace a la administración del ente controlado, las
exigencias para esta se centran en que la situación afecte la prestación correcta del sistema
general de seguridad en salud.
Por ello, en las disposiciones transcritas se precisa que para designar al agente interventor
para la toma de posesión de los bienes y haberes de una institución de salud, se debe acudir
al registro público RILCO, elaborado por la propia SNS, que contiene la relación de las
personas previamente seleccionadas, que cumplen los requisitos comunes de que trata el
artículo 5º de dicha resolución, que hacen referencia a la experiencia21 y al título profesional22
y a las exigencias específicas en algunas de las categorías del registro, que prescribe el
artículo 7º ibidem, según la complejidad y el nivel de la institución controlada, quienes deberán
20
Para la categoría C, entre otros, haber adelantado o finalizado, en el cargo de agente interventor, al menos un proceso de toma de posesión,
haber sido liquidador en mínimo tres procesos, desempeñar cargo directivo o asesor o desplegar funciones en el cumplimiento de labores
directivas o asesoras. Para las categorías B y C, similares con algunas exigencias adicionales frente al tipo de persona jurídica intervenida.
21
«5.2.1 Acreditar experiencia mínima de tres (3) años en el cumplimiento de labores del nivel directivo o asesor de entidades del sector
salud, acreditando la experiencia en funciones similares a las del cargo de interventor».
22
«5.2.2. Para las personas naturales ser profesional con título universitario en las siguientes áreas de conocimiento: ciencias de la salud;
ciencias sociales y humanas; economía, administración, contaduría y afines; ingeniería, arquitectura y afines; matemáticas, estadística y
afines, y presentar tarjeta profesional, cuando sea aplicable».
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someterse a un examen para su admisión, a que se refiere el artículo 13 de la mencionada
resolución.
Para dichos efectos, el Comité de Medidas Especiales deberá recomendar tres candidatos,
previa verificación del cumplimiento de las calidades por parte de la Oficina de liquidaciones o
la delegada, según corresponda, y permitirá al superintendente nacional, proceder a su
designación.
Bajo esta perspectiva normativa, se concluye que quienes hacen parte de esta base de datos,
deben superar una serie de exigencias que están dirigidas a «asegurar el adecuado ejercicio
del cargo y los derechos de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud de
las entidades objeto de alguna medida», como se lee en la página 2 de la Resolución 2599 de
2016, que no solo se refieren al cumplimiento de requisitos de formación y aptitud, sino también
a la aprobación de un examen de conocimientos relacionado con los procesos de toma de
posesión e intervención forzosa administrativa, para ser incluido en este registro público.
Ahora bien, el numeral 2 del parágrafo 1 del artículo 15 de la Resolución 2599 de 2016 que
fue modificado por la Resolución 011467 de 2018, previó un mecanismo excepcional para
designar al agente interventor, permitiendo omitir la lista de integrantes del registro público
RILCO, si la situación de la entidad tiene un impacto económico y social que pueda poner en
grave peligro la prestación de los servicios y derechos de salud y los recursos de la entidad.
En este caso, la superintendencia deberá expedir un acto administrativo motivado, que dé
cuenta de esta situación y permita su control en orden a ponderar las razones invocadas.
De lo anterior se infiere que para eludir la designación del agente interventor, conforme al
mecanismo general de escogencia, debe haber una justificación clara, precisa y suficiente
sobre la necesidad de impedir que se afecten tales servicios y se busque la protección de los
usuarios y de los recursos públicos, dada la gravedad de los hechos generadores de la
intervención, pues deberá tenerse presente, que a la persona así designada, no se le exigirá
la aprobación de ningún examen que dé cuenta sobre su capacidad y manejo gerencial
necesarios para adelantar esta función pública transitoria.
2.3.2. Examen sobre la motivación del acto de designación para no acudir al Registro de
Interventores, Liquidadores y Contralores – RILCO –.
Sin entrar en discusiones profundas sobre el vicio de falta de motivación, dada la abundante
jurisprudencia que el Consejo de Estado ha proferido sobre la materia, debe decirse que esta
Sección ha considerado, lo siguiente:
La validez de los actos administrativos también está atada a que su fundamento fáctico y jurídico
sea claro, cierto, pertinente y suficiente para justificar su expedición, es decir, que debe existir un
nexo de causalidad y proporcionalidad entre las razones de hecho y derecho que se invocan en
su parte motiva y la decisión que se adopta en su parte resolutiva23.
De otra parte, debe decirse que para poder comprender el sentido y utilidad del nombramiento
de los agentes interventores de manera excepcional, la Corte Constitucional24 ha emitido una
23
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia del 9 de septiembre
de 2021. Rad 23001-23-33-000-2020-00004-02.
24
La problemática que enfrenta el sistema de salud en Colombia ha sido analizada también por esta corporación. Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Rad. 25000-23-25-000-2005-00355-01(AP). En esta decisión se dijo que: «(…) el Estado
ha tomado medidas para tratar de superar los problemas analizados sobre el sistema de salud, pero es claro que no han sido suficientes ni
óptimas para resolver todas las dificultades. Por las anteriores razones la Sala encuentra acreditada la violación al derecho colectivo a la
moralidad administrativa». Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Rad. 25000-23-25-000-2003-01252-
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variedad de decisiones judiciales que han evidenciado las características del sistema de salud,
como también, ha descrito a lo largo de los años, problemas estructurales que han sido
enfrentados, no solo con la expedición de diversas normas por parte del legislador25, sino a
través, de varios autos de seguimiento que han intentado controlar el avance de la afectación
de todo este sistema.
A este respecto, conviene recordar que en la sentencia T – 760 de 2008, se declaró el estado
de cosas inconstitucional sobre esta materia y se dejó en claro, entre otras cosas 26 , lo
siguiente:
[E]xisten problemas generales, graves y recurrentes en el sistema de protección del derecho a la
salud, que afectan la posibilidad de su goce efectivo por las personas en situaciones concretas y
específicas. [En efecto], las fallas de regulación constatadas representan una violación de las
obligaciones constitucionales que tienen las autoridades competentes de respetar, proteger y
garantizar el derecho a la salud para asegurar su goce efectivo. Para esta corte, los problemas
jurídicos expuestos ya han sido resueltos por la jurisprudencia constitucional de forma reiterada,
por lo que más allá de describirse situaciones particulares de los usuarios del sistema de salud,
refleja un problema estructural del sistema de seguridad social en salud generado por fallas en la
regulación.
A propósito de lo anterior, y tal como lo refirió el tribunal de primera instancia en el presente
caso, la Corte Constitucional profirió de manera reciente, la SU 277 de 2025 27 de la que
resultan ilustrativas varias reflexiones sobre el estado latente y actual de afectación a este
sistema las cuales, fueron precisadas en los siguientes términos:
Como se explicó, en la Sentencia T-760 de 2008, la Corte Constitucional emitió una serie de
órdenes estructurales tendientes a superar los déficits del funcionamiento del sistema de
seguridad social en salud y, por ende, respecto de la prestación del servicio en este ámbito
esencial para el Estado y la sociedad. A partir de dicha decisión, esta Corporación creó una Sala
Especial para el Seguimiento de las órdenes dictadas en aquella providencia. Los autos a los que
se ha hecho alusión dan cuenta de la crisis que ha impactado al sistema de salud y en ellos se
realiza un análisis general sobre la situación del sector. (…)
Al no valorar el impacto que las órdenes impartidas por la Corte Constitucional tenían respecto
de la situación de la EPS por intervenir, especialmente en su condición financiera, la
Superintendencia Nacional de Salud desconoció que del nivel de acreditación de los estándares
fijados por la Sala Especial de Seguimiento en Salud de la Corte Constitucional se desprendían
consecuencias directas y, esencialmente, relacionadas con el análisis sobre las causas que
podrían dar lugar a una intervención administrativa sobre EPS Sanitas.
Por ende, era insustituible realizar un análisis ponderado y sustentado sobre ese impacto, tanto
por tratarse de mandatos judiciales de obligatorio cumplimiento que, además, se originaron como
consecuencia de un precedente constitucional a partir de una sentencia con alcance estructural
y que encuadraban la actuación de la propia Superintendencia Nacional de Salud.
02(AP) se indicó: «En el presente caso la omisión que se endilga al Gobierno Nacional reporta una grave incidencia en la dinámica del Sistema
de Seguridad Social en Salud, en perjuicio de las personas todavía vinculadas al sistema (…)».
25
Ley 100 de 1993, en su artículo 154, reconoce que el Estado está llamado a intervenir en la prestación del servicio público de Salud con el
fin de garantizar la efectividad los principios consagrados en la Constitución Política y en los artículos 2º y 153 de esa misma disposición. En
el artículo 68 de la Ley 715 de 2001 se otorgó a la Superintendencia Nacional de Salud la potestad excepcional de decretar la intervención
forzosa administrativa de las entidades del sector, con el propósito de garantizar la adecuada prestación del servicio de salud a cargo de
éstas. Por su parte, la Ley 1122 de 2007 creó el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, definiendo el mismo, como: un conjunto de normas, agentes, y procesos articulados entre sí, el cual estará en cabeza de la
Superintendencia Nacional de Salud de acuerdo con sus competencias constitucionales y legales, y en el artículo 35 le otorgó las
competencias a dicha entidad. En el artículo 154 de la Ley 1438 de 2011, se establecieron las funciones de intervención estatal en el sector
salud a cargo de esta superintendencia.
26
En esta sentencia la Corte Constitucional impartió órdenes estructurales orientadas a superar déficits del funcionamiento del sistema de
seguridad social en salud y, a partir de esa decisión, creó una Sala Especial de Seguimiento.
27
Magistrado ponente. Juan Carlos Cortés González. Providencia del 26 de junio de 2025.
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A partir de lo anterior y, en línea con las reflexiones vertidas en el punto 2.3.1 de esta
providencia, se considera que la Resolución 2599 de 201628, tiene como filosofía, lograr que
las entidades intervenidas puedan superar esa clase de eventos estructurales que la Corte
Constitucional advirtió desde el 2008 y que actualmente enfrenta, con el uso de entre otras
herramientas, de la designación de un agente.
Por lo tanto, ese nombramiento se encuentra ligado no solo a que quien resulte elegido cumpla
con los más estrictos estándares de mérito y que sus actuaciones se ajusten a las necesidades
concretas del encargo recibido, sino que también, la motivación que da sustento a su elección
excepcional se soporte en datos claros, identificables, cuantificables y comparables que
permitan a ese nuevo gerente, trazar una hoja de ruta para que, en un tiempo determinado,
con los recursos existentes y con un cronograma medible, se mejoren las condiciones por las
cuales, la SNS, tomó posesión de una entidad prestadora de salud.
Lo argumentado hasta este momento, permite reconocer aspectos que de antaño y
recientemente padece el sistema de salud, pero adicional a ello, evidencia que la motivación
que vaya a tomar el estado a través de los conceptos de «gravedad o crisis», deben tener una
cualificación que deben dar soporte a la designación de quien mejor pueda gerenciar la
persona jurídica intervenida.
Dicho lo anterior, la Sala considera que un acto administrativo mediante el cual se designa a
un agente interventor, liquidador o contralor por fuera del RILCO se entenderá debidamente
motivado cuando acredite de manera concurrente los siguientes dos requisitos, a saber:
2.3.2.1. Un fundamento fáctico
Para esta Sección es importante no desconocer el valor de las sentencias emitidas por la Corte
Constitucional sobre el derecho a la salud y, en este orden de ideas, es procedente resaltar
algunos elementos que fueron expuestos por las providencias citadas en precedencia que
condicionan el juicio de legalidad que debe hacer esta Sala Electoral respecto de la valoración
de la motivación del acto de designación del agente interventor por fuera del RILCO, a saber:
i) Que los hechos relevantes no sean ordinarios, recurrentes o ya conocidos frente a las fallas
estructurales advertidas en contra del sistema o los derechos a la salud y, ii) que los eventos
considerados como críticos o graves hayan sido analizados de forma ponderada y tratados de
forma independientemente, evitando generalizaciones.
Como bien se explicó en precedencia, la Resolución 2599 de 2016 prevé que podrá utilizarse
el mecanismo excepcional de designación mediante acto motivado, siempre y cuando se
presente alguna de las siguientes condiciones:
Que exista una situación financiera o jurídica crítica de la entidad objeto de las medidas
especiales de toma de posesión e intervención forzosa administrativa y las medidas especiales,
según sea el caso.
Que la situación de la entidad objeto de las medidas especiales de toma de posesión e
intervención forzosa administrativa y las medidas especiales, pueda tener un impacto económico
28
Norma que reglamentó todo lo concerniente a la inscripción, designación, funciones, obligaciones y seguimiento de los agentes interventores
de las entidades objeto, por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, de las medidas especiales de toma de posesión e intervención
forzosa administrativa.
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y social, que ponga en grave peligro la prestación de los servicios dirigidos a garantizar el goce
efectivo del derecho a la salud o los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud29.
Para que tenga sentido la exigencia de motivación, la autoridad nominadora debe describir con
total claridad cuáles de esos eventos generaron impactos financieros, económicos, sociales o
jurídicos, catalogados por la misma norma, como críticos o graves en la entidad objeto de las
medidas especiales y que impiden garantizar el goce efectivo del derecho a la salud o la
disposición de los recursos del sistema general de seguridad social.
Debe considerarse que esos hechos que motivan la designación excepcional deben ser
extraordinarios, anormales, subrepticios; es decir, no comunes a la situación que padece la
entidad objeto de intervención o el sistema en salud de manera estructural, tal como lo
evidenció el máximo tribunal constitucional.
Cabe decir, frente a este punto que, la Sala al igual que su homóloga la Corte Constitucional30,
no desconoce la realidad que aqueja el sistema de salud en Colombia, simplemente, precisa
que estas fallas no pueden ser utilizadas per se, para desatender las vías ordinarias de
nombramiento de los agentes interventores.
Así las cosas, la fuente fáctica en la que se debe soportar el acto de nombramiento excepcional
debe precisar con toda claridad las circunstancias concretas, verificables y diferenciadas de
las fallas estructurales ordinarias del sistema, capaces de justificar el apartamiento del RILCO
y la designación de una persona no inscrita en dicho registro.
Adicionalmente, si bien pueden justificarse y describirse eventos que en abstracto o de forma
generalizada son catalogados como graves o críticos, la motivación debe independizar cada
uno de esos problemas, ponderándolos de cara a esas situaciones en el contexto propio de la
entidad intervenida, con lo cual, se logre evidenciar que las circunstancias tomadas en cuenta
hacen ver que la designación excepcional fue utilizada como inagotable opción para atender
la situación caótica que pone de presente la SNS.
2.3.2.2. Un presupuesto valorativo
Si bien el acto administrativo de designación excepcional puede describir eventos que por su
naturaleza no son ordinarios al daño estructural advertido al sistema de salud, no es menos
cierto que, para dar sentido a esta exigencia, es necesario que la autoridad nominadora dé
argumentos con los que explique bajo qué criterios objetivos y por qué razones se acude a ese
nombramiento extraordinario.
En otros términos, debe existir un juicio valorativo que justifique esa designación y logre
explicar, cuantificar y comparar por qué esos hechos catalogados como graves o críticos,
perturban o amenazan de manera inminente al derecho a la salud, justificando para tales
efectos por qué se consideran inusuales y cómo afectan los segmentos financiero, económico,
social o jurídico de la entidad intervenida.
Quiere decir lo anterior, que será exigible de la Superintendencia Nacional de Salud frente a la
motivación del nombramiento excepcional exponer por qué calificó como «grave o crítica» una
29
Si bien se alude una tercera causal relacionada con el agotamiento de la lista del RILCO, ese aspecto no tiene esta valoración pues, solo
basta la constatación de la autoridad competente respecto a que el término establecido en la lista de los integrantes se encuentre vencido.
30
Entre muchas otras providencias, téngase en cuenta los Autos 2049 de 2024 y 007 de 2025.
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serie de eventos, y bajo esa intensidad, justificar cómo esas consecuencias, afectan en ese
grado y no en otro, los aspectos regulados en la Resolución 2599 de 201631.
En línea con lo dicho, la autoridad nominadora debe explicar por qué los medios ordinarios que
dispone para conjurar la perturbación o amenaza de los derechos a la salud o el giro de los
recursos del sistema general de seguridad social, no son suficientes, adecuados,
proporcionales y viables para superar dicha situación que considera en un grado caótico.
2.3.3. El caso concreto
2.3.3.1 La correcta interpretación del mecanismo excepcional aunada a la falta de
motivación
En orden a resolver el escrito de apelación, la Sala pone de presente en primer lugar, que al
expediente judicial fueron aportados los siguientes documentos: i) acto administrativo
demandado (Resolución 2024-320-03001-5029-6 del 15 de noviembre de 202432) y, ii) Acta 27
del 14 de noviembre de 2024, censurada en varios de sus contenidos33.
En segundo lugar, en orden a resolver la apelación, la Sección comenzará por estudiar la
correcta interpretación del mecanismo excepcional; la falta de motivación y; la presunta
omisión al resolver el cargo relacionado con la vulneración de los principios de igualdad,
legalidad y equidad.
Así las cosas, la Sala observa que los motivos invocados en el acto administrativo acusado,
por los cuales se justificó la escogencia del demandado, fueron redactados, así:
DEL SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL INTERVENTOR DE SANITAS EPS
De conformidad con el artículo 8 de la Resolución número 202460000003002-6 del 2 de abril de
2024, el interventor de Sanitas EPS debía presentar, entre otros, los informes que se relacionan
a continuación: “(…)
1. Informes periódicos: Dentro de los veinte (20) primeros días de calendario de cada mes,
presentar un informe periódico que deberá contener análisis de los componentes financiero,
jurídico, técnico – científico y administrativo de la vigilada, así como cualquier otro análisis que
considere relevante para esta superintendencia. (…)”
Que, revisados los informes de gestión presentados por el agente interventor durante el periodo
de su designación, se evidencia que estos fueron radicados de manera extemporánea, según se
detalla a continuación34:
Periodo 2024 Días extemporáneos
Abril 60 días de retraso
Mayo 29 días de retraso
Junio 19 días de retraso
Julio 15 días de retraso
Septiembre 1 día de retraso
Que, de lo anterior se evidencia que, el agente interventor de Sanitas EPS, doctor Duver Dicson
Vargas Rojas presentó fuera del término establecido por el artículo 8 de la Resolución número
202460000003002-6 del 2 de abril de 2024, sus informes de gestión.
31
No solo se garantiza que quienes sean escogidos de esa lista, sean seleccionados por los méritos que le llevaron a conformar la lista, sino
porque se entiende que la potestad de inspección, vigilancia, regulación y control es bastante amplia en la medida que afecta ciertas
actividades de determinados agentes económicos, poderes de intervención del Estado que llevan aparejados la facultad de restringir las
libertades económicas de los particulares que concurren a su prestación. Revísese, entre otras, la Sentencia C-1041 de 2007.
32
Visualizable en el Índice SAMAI 53 del Tribunal. MemorialWeb_Respuesta-Resolucion202432003(.pdf).
33
Visualizable en el Índice SAMAI 53 del Tribunal MemorialWeb_Respuesta-Acta27del14deno(.pdf).
34
Informe elaborado por la Dirección de Medidas Especiales para EPS, la Sala cita lo relevante de esa imagen.
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Que, adicionalmente, la contralora designada para el seguimiento de la intervención de SANITAS
EPS, informó a esta Superintendencia mediante radicado 20249300404114812 que la EPS,
presentó un atraso de dos (2) meses en la entrega de los indicadores Fénix correspondientes a
julio y agosto de 2024, lo cual incumple con lo previsto en la Resolución número 005917 del 13
de diciembre de 2017, modificada por la Resolución 2023160000009094-6 del 1 de noviembre
de 2023.
Que, de conformidad con lo establecido en la Ley 2013 de 2019 y la Circular externa
2022130000000054-5 de 2022 de la Superintendencia Nacional de Salud, sobre el deber de los
interventores de publicar la declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y
la declaración de impuesto sobre la renta y complementarios (si conforme a las normas tributarias
son obligados) en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y del
Aplicativo por la Integridad Pública del Departamento Administrativo de la Función Pública, se
procedió a consultar los registros realizados por el doctor Duver Dicson Vargas Rojas,
encontrando que no ha dado cumplimiento, como se evidencia en las capturas de pantalla35.
Que, en cuanto a las tasas de reclamaciones acumuladas 12 meses régimen subsidiado Sanitas
EPS al comparar los periodos 1) octubre 2022 a septiembre de 2023 y 2) octubre 2023 a
septiembre de 2024, se observa un incremento de 52,47 para el subsidiado y de 26,53 para el
contributivo, con una tasa acumulada a 12 meses de 356,42 frente a tasa del régimen contributivo
a 12 meses de 360,10.
Que, en cuanto a los indicadores del Sistema de Gestión y Control de las Medidas Especiales
Fénix Sanitas EPS al último corte aprobado -julio 2024- tan solo ha logrado el cumplimiento de 7
de 23 indicadores, alcanzando un cumplimiento del 30% sobre 100%.
Que, con fundamento en las anteriores consideraciones, la Superintendencia Nacional de Salud,
cuando en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control identifique que existen
circunstancias que motiven una respuesta distinta al seguimiento y requerimientos realizados
previamente, que se han mostrado insuficientes o no han sido atendidos en forma adecuada para
superarlas, está legalmente autorizada y legitimada para ejercer las facultades de control, con el
propósito de velar por el interés general y la debida prestación del servicio público de salud, así
como por la protección de los recursos del SGSSS, por ende, para remover al interventor.
Que, el Comité de Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud sesionó el 14
de noviembre de 2024, (según consta en Acta 27 del mismo día), oportunidad en la que la
Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud efectuó una
presentación en Power Point y de otros documentos sobre el estado de las condiciones
financieras y de solvencia de las EPS intervenidas, las PQR recibidas por estas, el estado de
cumplimiento de los indicadores del Sistema de Gestión y Control de las Medidas Especiales
Fénix para los componentes técnico científico, jurídico y financiero, así como las irregularidades
que han sido objeto de traslado durante el año 2024. (…).
Que en la misma sesión no fue posible obtener un acuerdo entre los miembros del comité sobre
los cursos de acción a adoptar respecto de la entidad. Por ello, no existió una recomendación
univoca al despacho del Superintendente Nacional de Salud.
Que, en esa medida, este despacho tomará la decisión de remoción, habida cuenta de la
necesidad de un vuelco gerencial que haga necesarias acciones reales y efectivas que impacten
el derecho a la salud de los usuarios de la entidad intervenida.
Que, revisado el Registro de Interventores, Liquidadores y Contadores – en adelante (RILCO), la
ausencia de candidatos idóneos en el mismo y ante la configuración de la causal primera del
parágrafo del artículo 15 de la Resolución número 2599 de 20166 (modificado por el artículo sexto
de la Resolución número 11467 de 2018), que establece la designación por mecanismo
excepcional cuando: “que la situación de la entidad objeto de las medidas especiales de toma de
posesión e intervención forzosa administrativa y las medidas especiales, pueda tener un impacto
económico y social, que ponga en grave peligro la protección de los servicios dirigidos a
garantizar el goce efectivo del derecho a la salud o los recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud.”,. teniendo en cuenta los incumplimientos presentados, el Superintendente
Nacional de Salud decidió designar a un agente interventor que no hace parte del RILCO y cumple
35
En la página 37 del acto censurado se copia captura de pantalla cuya fuente fue la «consulta ciudadana – declaraciones Ley 2013 de 2019».
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con los requisitos del artículo 5º de la Resolución 2599 de 2016, salvo lo correspondiente al
examen.
Que, conforme a lo expuesto, mediante memorando bajo radicado 20241000000113993 del 14
de noviembre de 2024, el Superintendente Nacional de Salud informó a la Superintendente
Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud, que: “para efectos de la aplicación del
Mecanismo Excepcional, se permite enviar los datos del señor Kemer Ramírez Cárdenas, quien
se identifica con la cédula número 79422537, y para el efecto se solicita revisión del cumplimiento
de los requisitos establecidos en el Decreto número 1080 de 2021 y la Resolución número 2599
de 2016, para determinar el tipo de idoneidad y determinar sí cumple con las exigencias, para ser
designado como Agente Especial Interventor”.
Que, conforme con lo expuesto, mediante memorando bajo radicado 2024000000114323 del 15
de noviembre de 2024, el Superintendente Nacional de Salud informó a la Superintendente
Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud que: “en atención a lo relacionado dentro
de la hoja de vida del señor Kemer Ramírez Cárdenas, al realizar el análisis del cumplimiento de
los requisitos señalados en el artículo 7º de la Resolución número 2599 de 2016, específicamente
a la Categoría A. De esta forma, se informa que el candidato a interventor referido mediante el
mecanismo de escogencia excepcional cumple con los requisitos señalados para poder ejercer
como agente especial interventor de alguna de las entidades promotoras de salud, de acuerdo
con el artículo 121 de la Ley 1438 de 2007.
La Sala observa que las razones que se invocaron en el acto acusado, en su primer apartado,
ponen de presente la evaluación que se hace de la gestión del primer interventor Duver Dicson
Vargas Rojas, agente nombrado el 2 de abril de 2024 por parte de la SNS, según la Resolución
2024-160-00000-3002-636 mediante la cual, se ordenó la toma de posesión de SANITAS.
Particularmente, las objeciones a su labor y la motivación de eventos graves a la salud se
centran en dos segmentos, cuyos tópicos se pueden clasificar, así:
1. Aspectos administrativos, técnicos y científicos.
i) La entrega extemporánea de informes que retratan los componentes financiero,
jurídico, técnico – científico y administrativo, obligación que según se cuenta, se
deriva de lo establecido por el artículo 8 de la Resolución 2024-600-0000-3002-6 del
2 de abril de 2024 que ordenó la toma de posesión de esta entidad.
ii) Incumplimiento al deber de publicación de la declaración de bienes y rentas, el
registro de conflictos de interés y la declaración de impuesto sobre la renta y
complementarios, obligación derivada por lo establecido en la Ley 2013 de 2019.
iii) Incremento en las reclamaciones en los regímenes subsidiado y contributivo, cuyo
espectro de comparación fue desde, el mes de octubre del 2022 a septiembre de
2024.
iv) Informe derivado del Acta 27 del 14 de noviembre de 2024 relacionado con las PQR
recibidas por la intervenida y el estado de cumplimiento de los indicadores del
Sistema de Gestión y Control de las Medidas Especiales – Aplicativo Fénix – para
los componentes técnico – científico.
2. Aspectos financieros y jurídicos.
36
Corregida mediante la Resolución 2024-100-00000-3060-6 del 10 de abril de 2024. De esta manera, la corrección quedó así: i) “[e]n el
marco de la auditoría realizada para verificación de la Resolución 497 de 2021, EPS SANITAS cumplió con el 57.6% de los estándares de
habilitación y permanencia y registró 17 hallazgos”, ii) “[q]ue, en efecto, la EPS ha faltado a la obligación de pago a la red prestadora y
proveedora de servicios y tecnologías en salud. El no pago ha incidido particularmente en las condiciones de garantía del derecho a la salud
a su población afiliada. En efecto, las deudas con IPS ascendían para diciembre de 2023 a la suma de $ 2.043.289.989.569, poniendo en
riesgo no solo la prestación del servicio a sus afiliados sino de todos aquellos usuarios de las redes acreedoras”. La medida de intervención
fue ampliada el 1 de abril de 2025 mediante Resolución 2025-320-03000-1947-6 por el término de un año, de la toma de posesión inmediata
de los bienes, haberes y negocios, así como de la intervención forzosa para ejercer la administración de EPS Sanitas.
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i) Cumplimiento de 7 de los 23 indicadores contenidos en el Sistema de Gestión y
Control de las Medidas Especiales del – Aplicativo Fénix – cuyo resultado demuestra
la acreditación de un 30% de alcance a fecha de julio de 2024.
ii) Breve explicación del punto anterior por parte del superintendente delegado para
entidades de aseguramiento en salud, en la que indica el estado financiero –
solvencia de la intervenida, los componentes jurídico y financiero y las
irregularidades que han sido objeto de traslado durante el año 2024, según Acta del
27 de noviembre de este último año.
Para la Sala, la anterior clasificación logra demostrar que, el primer ítem, que reseña aquellos
aspectos de contenido administrativo, técnico y científico no resultan ser conducentes para dar
plena motivación a la causal contenida en el numeral 2 del parágrafo 1 del artículo 15 de la
Resolución 2599 de 2016; comoquiera que, lo que da respaldo al nombramiento excepcional
es que la situación de la entidad intervenida pueda tener un impacto económico y social, que
ponga en grave peligro la prestación de los servicios dirigidos a garantizar el goce efectivo del
derecho a la salud o los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Con base en lo anterior, si bien puede resultar censurable desde el punto de vista disciplinario
y administrativo el hecho de no rendir información en las fechas establecidas por la SNS,
dichos aspectos no consolidan argumentos que lleven a concluir que por esa sola razón se
debe escoger el nombramiento excepcional como vía para la administración de la intervenida.
De hecho, pueden verse vulnerados los principios de transparencia y de publicidad que deben
exigirse de cualquier empleado o servidor del estado cuando se pide que publiquen las
declaraciones sobre su patrimonio; sin embargo, es la misma Ley 2013 de 2019, invocada en
el acto, la que indica que el objeto de estas obligaciones es garantizar el respeto de tales
axiomas, pero no, que a raíz de su incumplimiento se esté en presencia de una afectación al
goce efectivo del derecho a la salud, que es el supuesto en el que se erige la causal escogida
para hacer la designación excepcional.
Aunado a ello, la entrega extemporánea de informes – financieros y jurídicos –, a la luz de lo
que dice el propio acto censurado, pone de presente que tal deber, derivado del artículo 8 de
la Resolución 2024-600-0000-3002-6 del 2 de abril de 2024 que ordenó la toma de posesión
de esta entidad, debe concretarse de la siguiente manera:
Por lo tanto, ante la ocurrencia de alguna de las causales (…), la SNS tiene la obligación de
verificar en forma detallada y exhaustiva los hechos que sustentan la medida; la necesidad y
proporcionalidad de su adopción
Con lo anterior, la Sala destaca que la mera enunciación de entregas tardías de ciertos
informes hace ver que la SNS incumple con sus propios derroteros; esto es, exigir del
administrador de la entidad intervenida la explicación y validación «exhaustiva y detallada» de
eventos graves que afectan el derecho y sistema a la salud, calificaciones que guardan
coherencia con lo descrito en los numerales 2.3.1 y 2.3.2 de la presente providencia.
En línea con lo expuesto, tampoco se observa una concreta justificación sobre aquel
«incremento en las reclamaciones y PQRSD37», debido a que no se precisa a qué tipo de
37
Esto es concordante con lo expuesto por la SNS en la contestación de la demanda cuando puso de presente que: «Frente a la estrategia
PCR, está se encuentra orientada a disminuir el número de PQRD, mejorar la calidad del servicio y la satisfacción de los usuarios, mediante
un enfoque estructurado que involucra tanto a los prestadores de servicios como a los operadores logísticos. Sin embargo, se ha constatado
un aumento significativo en las reclamaciones dirigidas a SANITAS EPS SAS durante el año 2024, alcanzando un total de 221.565 quejas y
una tasa de incidencia de 382,61 por cada 10.000 afiliados, cifra que supera ampliamente el promedio nacional. Este incremento refleja no
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eventos o supuestos se refiere esas inconformidades, ni tampoco parece plausible que la data
comparativa de 24 meses, pueda desembocar por sí misma en alguna afectación considerada
como «grave» al derecho a la salud; toda vez que, de lo reseñado por la propia Corte
Constitucional, el aumento de peticiones resulta ser algo estructural al sistema de salud38.
Ahora bien, en lo que toca al ítem dos de la clasificación hecha en precedencia, el acto
censurado pone de presente que solo se dio cumplimiento a 7 de los 23 indicadores contenidos
en el Sistema de Gestión y Control de las Medidas Especiales del aplicativo Fénix. A este
efecto, la Sala acudió al contenido de la Resolución 5917 del 2017, norma que fue expuesta
en las consideraciones del acto controvertido y a los hallazgos encontrados con lo cual, al
valorarse en conjunto39 se concluye lo siguiente:
En primer lugar, la Sala puede deducir que no hay una justificación que cumpla con las
condiciones fácticas y valorativas reseñadas en los numerales 2.3.2.1 y 2.3.2.2 de la presente
providencia para haber designado de manera excepcional al agente interventor en la medida
que, si bien los indicadores versan sobre aspectos económicos y sociales de SANITAS y se
catalogaron como «graves», no existe una explicación detallada, cuya naturaleza sea
excepcional y extraordinaria de cara a las fallas estructurales ya conocidas por la
jurisprudencia constitucional y contenciosa reseñadas en esta providencia.
En segundo lugar, al analizar algunos de los indicadores con impacto económico, estos
evidencian lo siguiente40:
Tipo de criterio y/o indicador Información de ese evento Fue catalogado
como grave
SANITAS no cuenta con el dictamen por «Puede generar inquietudes sobre la transparencia y la No
parte del revisor fiscal frente a los estados correcta presentación de la información financiera de la
financieros del año fiscal 2023. entidad, afectando la confianza de los accionistas,
inversionistas y entes de control en la veracidad de sus
estados financieros y en el cumplimiento de las normativas
contables y fiscales correspondientes».
Debe mantener seguimiento continuo sobre «Se recomienda la mejora a fin de que se refleje de manera No
la aprobación de los indicadores en la precisa y oportuna el estado real de la situación técnica,
plataforma Fénix y realizar el seguimiento financiera y jurídica al cierre de cada corte».
necesario para asegurar los indicadores
financieros.
No hay favorecimiento de los resultados del Para la Sala, no hay ninguna descripción en el acto No
costo de acuerdo con el cálculo del indicador censurado, no se explica si esas condiciones tuvieron
de siniestralidad quedando en 105,29% al incrementos súbitos, no previstos por la entidad que
corte de diciembre 202441. interviene y la intervenida. No se analiza por qué razón
pueden ser anormales, pues no existe parámetro que
evidencie que eso es atípico o inusual. En el Acta 27 del 14
de noviembre de 2024 (pág. 15) solo se indica que «esta
entidad tampoco cumple condiciones financieras y de
solvencia y, en cuanto a la siniestralidad, se encuentra por
encima del 90% esperado, esto es 104.23%,
incrementándose respecto de la vigencia anterior».
Si bien hay gestiones relacionadas con las Para la Sala, las órdenes y metas dictadas por la SNS no son No
acciones jurídicas y la legalización de explicadas o detalladas en el acto censurado, adicional a ello,
solo una crisis en la capacidad de respuesta de la entidad ante las necesidades de sus usuarios, sino también una brecha entre los servicios
de salud que se ofrecen en teoría y aquellos que realmente se entregan».
38
Sentencia SU – 277 de 2025. «(…) la situación descrita correspondía a una acumulación de problemas sin resolver a lo largo de los años
y no a una cuestión coyuntural (…)».
39
En conjunto fueron valorados los argumentos de defensa propuestos por el apoderado de la SNS en la contestación de la demanda sobre
los conceptos esbozados. Con todo, la Sala precisa que la suficiencia de la motivación se examina a partir de las razones consignadas en el
acto demandado y en los antecedentes administrativos que sirvieron de soporte para su expedición. Las explicaciones incorporadas con
posterioridad, en la contestación de la demanda o en actuaciones procesales posteriores, no pueden subsanar la falta de motivación del acto.
40
Extraído de la contestación de la demanda en el que pone de presente el informe de «la Superintendente Delegada para las Entidades de
Aseguramiento en Salud, de conformidad con lo establecido en el numeral 22 del artículo 22 del Decreto 1080 de 2021 y la Resolución. 2021-
510-001-3052-6 del 17 de septiembre de 2021, presentó al Comité de Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud, en
sesión del 31 de marzo de 2025, concepto técnico de seguimiento desarrollado en el formato con código CTFT20, dispuesto para tal fin, en
el que se expusieron las siguientes conclusiones en relación con la medida de intervención forzosa administrativa para administrar SANITAS».
41
A propósito de ello, la Corte Constitucional en la SU 255 de 2015, indicó lo siguiente: «Se acredita, entonces, que la accionada omitió
argumentar, valorar y determinar su conducta considerando si EPS Sanitas se encontraba o no en una imposibilidad fáctica de cumplir con
los requisitos de habilitación financiera (…), lo cual tiene repercusión constitucional, directa y esencial, en la medida de intervención.
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anticipos, dichas actividades no logran el al acudir al Acta 27 (pág. 10) solo se dijo que: «las cuentas
recaudo efectivo de cartera conforme a las por cobrar se concentran en mayores a 360 días, ya no es tan
metas y órdenes dadas. corriente y refleja dificultades en la gestión de cartera,
advirtiendo el señor superintendente la importancia de la
información sobre el giro de anticipos».
SANITAS incumple con los indicadores de La Sala no encuentra explicación de por qué razón pueden No
condiciones financieras de capital mínimo, ser anormales, atípicos o inusuales las variaciones.
patrimonio adecuado y régimen de Adicionalmente, al acudir al Acta 27 (pág. 10), la delegada
inversiones de las reservas técnicas con para el aseguramiento en Salud dice en relación con los
corte a diciembre de 2024 reflejando un reportes de información financiera que: «se trata de un asunto
deterioro significativo de la situación de auto reporte pero que, basándose en los hallazgos podría
financiera en el último periodo evaluado, lo decirse que hay una siniestralidad, pero que hasta que no se
que dificulta el cumplimiento de los haga una auditoria forense no puede tenerse certeza».
indicadores y metas propuestas.
De acuerdo con las acciones a corte de La Sala evidencia que no se tienen criterios determinables en No
diciembre 2024 que SANITAS desarrolló el acto censurado que lleven a aproximar que ese evento le
con la finalidad de implementar medidas de permita eludir el RILCO, en este punto, se observa que se
salvamento y así la recuperación financiera, afecta la debida motivación del acto administrativo cuando, la
estas no han dado el rendimiento esperado SNS hace hincapié en eventos adversos o incumplimientos
lo que se ve reflejado en los resultados de de metas, sin precisarle al ciudadano interesado en
las condiciones financieras establecidas. controvertir esta clase de determinaciones, sobre cuáles
fueron los métodos y criterios que llevaron a esa conclusión.
La Sala si bien advierte que la contestación de la demanda defendió la legalidad del acto para
dar por acreditada la debida motivación de la gravedad de SANITAS, debe decirse que en el
acto censurado no se catalogó con esa intensidad y, adicionalmente, de su pobre descripción,
no se observa el cumplimiento de ninguno de los requisitos mínimos que la Sección Electoral
dispuso en los numeral 2.3.1 y 2.3.242.
Debe indicarse en igual sentido que, al analizarse integralmente el acta 27 del 14 de noviembre
de 2024 con la cual, se intenta soportar ese peligroso nivel de la intervenida y con ello,
respaldar la escogencia excepcional del demandado, se concluye que:
i) La mayor carga argumentativa es la falta de datos reportados por SANITAS a través del
primer interventor nombrado por la SNS, ii) existen criterios encontrados, sin certeza y sin
acreditación por parte de algunos de los miembros que hicieron parte del estudio de la
intervención y, por ende, de la recomendación del nombramiento por fuera del RILCO y, iii) se
evidencia que la propia entidad interventora advierte que en el mes de mayo de 2024, no había
lineamientos claros para hacer el monitoreo de la gestión de sus vigilados.
Señala esta Sala que fueron utilizadas expresiones tales como «crítico o incremento» para
atarlas a aspectos como la «negación de citas médicas, las muchas reclamaciones, los
variados incumplimientos y el deseo de reorganizar el servicio de salud»; sin embargo, esas
anotaciones no concretan en forma clara y detallada por qué se cualifican de esa manera y
cómo un agente inscrito en el RILCO no puede atender esos eventos.
Vale recordar frente a esta última acotación que, en el acto censurado se dijo que al ser
revisado el Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores había una «ausencia de
candidatos idóneos en el mismo», aseveración que no tuvo ninguna explicación de por qué las
personas inscritas en esa lista no eran aptas para atender esa «grave situación de salud».
Adicionalmente, la resolución acusada hizo alusión a la causal primera del parágrafo del
artículo 15 de la Resolución 2599 de 2016, pero transcribió el supuesto relativo al impacto
económico y social grave en la prestación del servicio de salud. Esa inconsistencia refuerza la
42
De hecho, en varios autos de seguimiento emitidos por la Corte Constitucional, se encuentran que existen fallas recurrentes con la
información consolidada en los sistemas de información que rinden las entidades auditadas por la SNS, así como también se pone de presente
las glosas relacionadas con situación financiera del sistema de salud, a saber; Autos 996, 2881 y 2882 del 2023. Precisiones que hizo la Corte
Constitucional en la SU 277 de 2025, párrafo 255: «Los autos a los que se ha hecho alusión dan cuenta de la crisis que ha impactado al
sistema de salud y en ellos se realiza un análisis general sobre la situación del sector».
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insuficiencia de la motivación, pues impide identificar con plena claridad la causal excepcional
realmente aplicada.
Corolario de lo anterior, asiste razón al apelante y, en consecuencia, el vicio de falta de
motivación quedó acreditado, en la medida que la justificación no fue suficiente para acreditar
la excepción, motivo por el cual, se debe declarar la nulidad de la designación del señor Kemer
Ramírez Cárdenas como agente interventor de SANITAS.
2.3.3.2 Expedición irregular junto a la omisión al resolver el cargo relacionado con la
vulneración de los principios de igualdad, legalidad y equidad
En relación con el primero punto, debe decirse que la parte actora manifestó que en el acto
demandado se citó el artículo 5 de la Resolución 2021-51000-13052-6 del 17 de septiembre
de 2021, norma que conformó el Comité de Medidas Especiales, creó la regla de mayoría para
la adopción de decisiones y contempló la figura del voto dirimente del superintendente nacional
para la toma de decisiones.
A partir de ello, dijo que sin importar si se trataba de una designación ordinaria o excepcional,
este funcionario debe obtener la recomendación que haga esta oficina y, adicionalmente, el
análisis que debe verter la jurisdicción contenciosa es el sistemático y finalístico para
comprender que siempre el Comité debe intervenir en la proposición de aspirantes. Finalmente,
acotó que no hubo prueba sobre la votación y la decisión mayoritaria en la toma de decisiones
respecto del control de SANITAS, debido a la poca información vertida en el acto censurado.
Al respecto, la Sala al analizar las Resoluciones 2021-51000-13052-6 del 2021 y 2599 de 2016
junto al Acta 27 llega a las siguientes conclusiones:
i) Corresponde al superintendente Nacional de Salud conformar los comités e
instancias que considere necesarios para la adecuada atención de los asuntos de la
entidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 numeral 38 del Decreto 1080
de 202143.
ii) El Comité de Medidas Especiales de acuerdo con los artículos 1º y 3.4 de la
Resolución 2021-51000-13052-6 de 2021, tiene como naturaleza jurídica el de servir
como instancia consultiva y asesora frente a la adopción de decisiones sobre los
sujetos vigilados, oficina que pone de presente la designación o remoción de
promotores, agentes especiales interventores, liquidadores o contralores.
iii) En efecto, no existe acreditación sobre el desarrollo de algún tipo de votación que
hubiese quedado establecida en la sesión celebrada el 14 de noviembre de 2024.
Ahora bien, la parte actora propuso que la lectura literal hecha por la SNS no era la procedente,
en tanto era dable acudir a una hermenéutica finalista y sistemática de la norma. A este
respecto, tal como se ha venido desarrollando a lo largo de esta providencia, el sector de la
salud y con ello, el respeto de las prerrogativas de los usuarios lleva a considerar que quienes
administran ordinaria o excepcionalmente una entidad controlada que presta un servicio
público, deben reunir las máximas credenciales, experiencia y conocimiento de este segmento
de la vida en sociedad.
43
Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud
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Así las cosas, teniendo en cuenta la proximidad temática de los razonamientos esbozados
tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado descritos en precedencia
sobre estas materias, hacen ver que la recomendación del referido Comité debe ser tenida en
cuenta en las dos formas de nombramiento, sean estos extraordinarios o normales, debido a
que lo que se busca integralmente es que la competencia del superintendente Nacional de
Salud este lo mejor aconsejada por parte de quienes conforman esa instancia.
En otras palabras, al analizar el sentido y utilidad del referido concepto, este cualifica la
decisión final que discrecionalmente pueda tomar el nominador de la SNS; luego, resulta
edificante que las determinaciones sobre la designación del agente por fuera o teniendo en
cuenta los aspirantes inscritos en el RILCO, tengan la consideración de esta oficina que,
conforme a las normas estudiadas en este punto, deben ser asumidas con una serie de
mayorías44 y de esta manera, su deliberación tenga los más altos estándares de razonamiento
sobre lo que busca una medida de intervención forzosa de una entidad que presta los servicios
de salud; esto es, su recuperación.
Con base en lo dicho, tal como se ha precisado en el caso concreto no hubo una constancia45
sobre la votación formal de una recomendación por parte del Comité de Medidas Especiales,
situación que evidencia, por un lado, la falta de motivación sobre la deliberación que aquí se
exige, sino que también, acredita que no se respetó el procedimiento regularmente concebido
para el nombramiento censurado.
En tal sentido, se tiene que conforme a los artículos 15, 16, 21, 22 y 24 de la Resolución 2599
de 2016, existe una obligación por parte del Comité para recomendar a tres candidatos a este
puesto, previa verificación del cumplimiento de requisitos, cuya sugerencia servirá, no solo
para los eventos en los que el inicialmente el nombrado renuncie, rechace la designación, no
se posesione, se encuentre en causal de impedimento, recusación o conflicto de intereses,
fallezca o se encuentre en incapacidad permanente, para que el superintendente nacional
pueda seleccionar a uno de los otros dos postulados al cargo vacante, sino también, para
aquellos eventos en que se justifique debidamente el nombramiento excepcional.
Finalmente, en lo relacionado con la vulneración de los principios de legalidad, equidad e
igualdad que propuso el accionante, la Sala recuerda que la parte actora señaló que el acto de
nombramiento vulneró el artículo 13 de la Constitución Política en la medida que, la
designación del agente interventor por fuera del RILCO, desconoció los derechos de quienes
estaban inscritos en ese registro, desatendiendo los criterios de idoneidad y transparencia para
desempeñar ese cargo.
Para la Sala conforme a lo dicho en precedencia, ve que la violación de los principios de
igualdad, legalidad y equidad no se da por la sola designación de una persona externa al
RILCO, pues el ordenamiento permite acudir al mecanismo excepcional, el reproche se
configura porque, al no estar debidamente motivada la causal excepcional, desaparece la
razón objetiva que justificaba apartarse del registro integrado por personas previamente
44
ARTÍCULO QUINTO. QUÓRUM. Para deliberar será necesario un quórum mínimo de cinco (5) miembros del Comité; en todo caso deberán
estar presentes el Delegado para Entidades de Aseguramiento en Salud, el Delegado que formula la recomendación sobre la adopción de
medidas especiales respecto de las entidades sobre las cuales ejerce Inspección, Vigilancia y Control, el Superintendente Nacional de Salud,
y el/la Jefe de la Oficina de Liquidaciones. PARÁGRAFO. Las recomendaciones del Comité se tomarán por mayoría simple de los asistentes,
si esta mayoría no es posible de obtener para tomar una decisión, el Superintendente Nacional de Salud podrá tomar la decisión directamente
sin que medie una recomendación del comité.
45
ARTÍCULO OCTAVO. ACTAS DEL COMITÉ. Una vez terminada la sesión del Comité, la Secretaría Técnica elaborará el acta, la cual
deberá contener la relación de los participantes, un resumen de los temas debatidos, las observaciones realizadas, así como, las
recomendaciones emitidas y los votos. Antes de la suscripción de las actas por parte del Presidente y el Secretario Técnico deberán ser
sometidas a aprobación de los miembros del Comité en la siguiente sesión.
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habilitadas; luego, la administración debía acudir al procedimiento ordinario o explicar de
manera suficiente la situación crítica de la entidad auditada.
Conforme a lo anterior, y a lo ya decantado en la presente determinación, se demostraron los
cargos expuestos que al desatender las exigencias previstas por la normativa vigente y los
razonamientos expuestos en los numeral 2.3.1 y 2.3.2 de esta decisión judicial, hacen que el
acto de nombramiento deba ser expulsado del ordenamiento jurídico.
Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
3. RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 26 de marzo de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, que negó las pretensiones
de la demanda, para en su lugar declarar la nulidad del artículo segundo de la Resolución
2024-320-03001-5029-6 del 15 de noviembre de 2024.
SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso
alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Ausente con permiso
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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