Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2025-00091-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2025-00091-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-41-000-2025-00091-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
19 de junio de 2025
Demandante: José Luis Avella Chaparro
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad Administrativa de Carrera Judicial y otros
Radicado: 25000-23-41-000-2025-00091-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2025-00091-01
Accionante: JOSÉ LUIS AVELLA CHAPARRO
Accionados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE CARRERA JUDICIAL Y OTROS
Tema: Carrera judicial – deber de convocar a concurso de méritos.
Gasto no presupuestado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte accionada contra la
sentencia del 8 de mayo de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
1. El señor José Luis Avella Chaparro, actuando en nombre propio, promovió
acción de cumplimiento contra la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura y los Consejos Seccionales de la Judicatura de Antioquia,
Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba,
Cundinamarca, Chocó, la Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de
Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.
2. Su solicitud tiene como fin que se ordene el acatamiento de lo dispuesto
en los artículos 125 y 256 numeral 1 de la Constitución Política, 75, 85 numerales
1 literal B y 19, 101-1, 113, 125, 130, 132-1, 156, 157, 158, 160, 163, 164, 165,
166, 167, 167A, 168, 174 y 198 de la Ley 270 de 1996. También, lo señalado en
el artículo 9 de la Ley 1033 de 2006 que adicionó la Ley 909 de 2004 y el artículo
transitorio de esta última.
3. Como consecuencia del obedecimiento de las anteriores disposiciones, el
accionante pretende que se le exija a la autoridad demandada que convoque a
concurso de méritos para proveer la totalidad de las vacantes definitivas
existentes en la Rama Judicial.
1
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Demandante: José Luis Avella Chaparro
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad Administrativa de Carrera Judicial y otros
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1.2. Hechos y fundamento de la demanda
4. La parte actora indicó que la planta de personal de la Rama Judicial, al
mes de abril de 2024, tenía un total de 37.257 cargos, de los cuales 19.214 fueron
provistos en provisionalidad o encargo. Esto es, un 58.8 % del total.
5. Mencionó que, de conformidad con las normas invocadas, el Consejo
Superior de la Judicatura tiene el deber de convocar a concurso de méritos de
manera permanente, de manera que existan listas de elegibles vigentes para
proveer las vacantes definitivas que se vayan presentando.
6. Indicó que, según la sentencia de C-134 de 2024, tal concurso debe ser
convocado cada 4 años. No obstante, han pasado más de 6 años desde la
convocatoria del último concurso público.
7. Agregó que el Consejo Superior de la Judicatura ha omitido presupuestar
anualmente los recursos necesarios para adelantar los concursos de méritos y
reglamentar el cobro de los derechos de participación a los concursantes.
8. Afirmó que, si bien se encuentra en ejecución la convocatoria 27 para
seleccionar jueces, la misma no abarca a los empleados y demás servidores
públicos de la Rama judicial, como son aquellos que se encuentran al servicio de
las altas cortes, consejos Seccionales de la Judicatura y las Comisiones de
Disciplina judicial.
9. A propósito del concurso de méritos referido en el numeral anterior,
mencionó que aún sin haber concluido el mismo, ya se puede observar que existe
un número importante de vacantes que no alcanzarían a ser cubiertas con las
futuras listas de elegibles. Por ende, las mismas seguirían siendo ocupadas en
provisionalidad, situación que justifica la convocatoria de un nuevo concurso para
selección de jueces y magistrados.
10. Refirió que el 27 de noviembre de 2024 presentó escrito de constitución
en renuencia ante las autoridades accionadas, en el que solicitó el cumplimiento
de las normas legales y similares pretensiones a las señaladas con la presente
demanda.
1.3. Actuaciones procesales
11. En providencia del 13 de febrero de 2025, la Sección Primera, Subsección
A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda frente a la
solicitud de cumplimiento de los artículos 125 y 256 numeral 1 de la Constitución
Política. Ello, tras advertir la improcedencia del estudio de tales disposiciones en
este mecanismo constitucional.
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Demandante: José Luis Avella Chaparro
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12. En la misma decisión, dispuso la admisión de la acción respecto de las
demás normas cuyo acatamiento fue solicitado. En consecuencia, ordenó la
notificación a la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, al Director de
la Unidad Administrativa de Carrera Judicial o a sus delegados, así como, a los
presidentes de los Consejos Seccionales demandados y les otorgó el término de
3 días para que contestaran la demanda y solicitaran la práctica de pruebas.
1.4. Informes
13. La Sala resume los informes presentados de la siguiente manera:
SUJETO CONTESTACIÓN
Consejo Seccional El accionante no lo constituyó en renuencia respecto de los
de Tolima1 artículos solicitados con la demanda.
Afirmó que actúa siguiendo las directrices del Consejo
Superior de la Judicatura quien tiene la facultad para
convocar concurso de méritos.
Consejo Seccional No está dentro de sus funciones ejercer la representación
de Huila2 legal de la Rama Judicial en los procesos judiciales, sino que
la misma corresponde a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial o a través de los directores
Seccionales.
En virtud de ello, dio traslado de esta acción a la Dirección
Seccional de la Administración Judicial Neiva.
Consejos La competencia para convocar a concurso de méritos
Seccionales de corresponde de manera exclusiva al Consejo Superior de la
Cundinamarca3, Judicatura. Ello, de conformidad con lo señalado en el
4 5
Bolívar , Chocó , artículo 167 de la Ley 270 de 1996
Risaralda , Quindío7,
6
Caldas8, Antioquia9, Es responsabilidad de los Consejos Seccionales constituir
Norte de Santander las listas de candidatos para proveer las vacantes y
y Arauca10 enviarlas a las autoridades nominadoras, así como actuar
bajo la estricta sujeción a las directrices impartidas por el
primero. Esto, en virtud de lo dispuesto en el numeral 1° del
artículo 101 de la Ley 270 de 1996, como fue modificado por
la Ley 2430 de 2025.
1
Cfr. Índice 13 y 16 Samai – expediente de primera instancia.
2
Cfr. Índice 14 Samai – expediente de primera instancia.
3
Cfr. Índice 12 Samai – expediente de primera instancia.
4
Cfr. Índice 15 Samai – expediente de primera instancia.
5
Cfr. Índice 17 Samai – expediente de primera instancia.
6
Cfr. Índice 18 Samai – expediente de primera instancia.
7
Cfr. Índice 19 Samai – expediente de primera instancia.
8
Cfr. Índice 26 Samai – expediente de primera instancia.
9
Cfr. Índice 30 Samai – expediente de primera instancia.
10
Cfr. Índice 32 Samai – expediente de primera instancia.
3
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Adicionalmente, la Seccional de Bolívar enfatizó que atendió
la renuencia mediante oficio CSJBOOP24-1410 del 10 de
diciembre de 2024, el cual fue comunicado el 24 de
diciembre del mismo año.
Por su parte, la Seccional Risaralda indicó que en el Distrito
Judicial de Pereira y Administrativo de Risaralda el proceso
de selección o concurso de méritos ya está en marcha.
Mediante Acuerdo PCSJA25-12251 del 24 de enero de 2025
aprobó el Plan de Inversiones de la Rama Judicial para la
vigencia 2025, dentro del cual está incluido el diseño e
implementación de los concursos de méritos de la carrera
judicial. Específicamente, en el artículo 1, literal 2, numeral
5.8. del mencionado acto.
La Seccional de Quindío solicitó la declaratoria de falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Consejos El artículo 164 de la Ley 270 de 1996, no contiene una
Seccionales de obligación actual, clara, expresa y exigible, toda vez que el
11
Cauca , Pasto – Consejo Superior de la Judicatura se encuentra adelantando
Mocoa12, Cesar13, la un proceso de selección para la provisión de cargos de
Guajira14 magistrados de tribunales, comisiones seccionales de
disciplina judicial, consejos seccionales de la judicatura y
jueces de la República, a través de la Convocatoria 27
establecida mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de
agosto de 2018. Luego, es evidente que al accionante no le
asiste la razón.
Los procesos de selección para la provisión de cargos de
carrera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus
seccionales, están en etapa de planeación por parte del
Consejo Superior de la Judicatura. Los mismos requieren
una planeación presupuestal, en virtud de que su apertura
depende de la disponibilidad de recursos económicos y
logísticos, escasos en la Rama Judicial.
No ha mediado un incumplimiento de las normas legales ni
de los actos administrativos que regulan los concursos de
carrera en la Rama Judicial, conforme a su competencia.
Máxime cuando de las normas invocadas no se desprende
un mandato imperativo e inobjetable.
Dirección Ejecutiva Alegaron la improcedencia de la acción constitucional,
de Administración porque la misma representa gastos y erogaciones. Para
11
Cfr. Índice 21 Samai – expediente de primera instancia.
12
Cfr. Índice Samai – expediente de primera instancia.
13
Cfr. Índice 10 Samai – expediente de primera instancia.
14
Cfr. Índice 28 Samai – expediente de primera instancia.
4
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Judicial y Dirección efecto, expusieron que la realización de los procesos de
Seccional de selección requeridos para la conformación de los registros
Administración de elegibles se necesita previa disponibilidad presupuestal
Judicial Pasto – y sin ella, no es posible darle cumplimiento a lo dispuesto en
Mocoa15 el artículo 164 de la Ley 270 de 1996 modificado por el
artículo 81 de la Ley 2430 de 9 de octubre de 2024.
De otro lado, argumentaron la inexistencia de
incumplimiento de las normas objeto de demanda. Como
fundamento, precisaron que se encuentra en curso la
Convocatoria 27 para la provisión de cargos de funcionaros
de la Rama Judicial y que se encuentra en la etapa de
selección, en desarrollo del Curso de Formación Judicial a
cargo de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”- EJRLB.
Asimismo, afirmaron que a nivel seccional se encuentra
vigente el Registro de Elegibles de la Convocatoria 4,
adelantada por los Consejos Seccionales de la Judicatura
en todo el país. Tal registro tiene como finalidad la provisión
de los cargos de empleados de carrera de tribunales,
juzgados y centros de servicios, con una vigencia de 4 años,
comprendida entre los años 2021 y 2025.
Que para la vigencia de 2024 se tenía prevista la
programación de convocatorias para los cargos de
empleados de carrera de la Rama Judicial. Sin embargo,
realizados los trámites de vigencias futuras ante la Unidad
Nacional de Planeación, las mismas fueron devueltas, pues
mediante Circular 023 del 25 de julio de 2024, el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público restringió el trámite de
autorización de vigencias con afectación a la vigencia 2025,
hasta tanto se definiera el Presupuesto General de la Nación
para el año 2025, por parte del Congreso de la República.
Además, precisaron que para la vigencia 2025, la
Corporación mediante Acuerdo PCSJA25-12251 del 24 de
enero del año en curso, aprobó el Plan de Inversiones de la
Rama Judicial, en el Proyecto sobre “MEJORAMIENTO DE
LAS COMPETENCIAS DE LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA”, y en la actividad 5.8 «Diseño e implementación
de los concursos de méritos de la carrera judicial» estableció
la programación de las siguientes convocatorias:
a) Diseñar, estructurar, imprimir, aplicar, custodiar y
entregar resultados de las pruebas de
conocimientos, competencias, aptitudes y/o
habilidades y psicotécnicas para los cargos de
funcionarios y empleados en el archipiélago San
Andrés, Providencia y Santa Catalina.
15
Cfr. Índice 22 Samai – expediente de primera instancia.
5
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b) Diseñar, estructurar, imprimir, aplicar, custodiar y
entregar resultados de las pruebas de
conocimientos, competencias, aptitudes y/o
habilidades y psicotécnicas para los cargos de
funcionarios de la Rama Judicial.
c) Diseñar, estructurar, imprimir, aplicar, custodiar y
entregar resultados de las pruebas de
conocimientos, competencias, aptitudes y/o
habilidades y psicotécnicas, para los cargos de
empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y
Centros de Servicios. [Sic a toda la cita]
Finalmente, consideraron que el hecho de no convocar el
concurso de méritos cada dos años no constituía una razón
válida para considerar que el Consejo Superior de la
Judicatura haya incumplido las normas objeto de la
demanda. Esto es aún más evidente considerando que se
han llevado a cabo las gestiones necesarias para cumplir
con sus funciones relacionadas con la convocatoria de
concursos, lo cual ha permitido lograr el objetivo de la norma
que se señala como incumplida, al mantener la
disponibilidad de personal para proveer cargos en la Rama
Judicial.
Dirección Seccional De conformidad con lo dispuesto en la Ley 270 de 1996, el
de Administración Consejo Superior de la Judicatura es quien establece los
Judicial lineamentos generales de la carrera judicial, determinando
Bucaramanga16 la necesidad y viabilidad de abrir un proceso de selección
por concurso de méritos. Agregó que tales directrices debían
ser acatadas por las Seccionales.
Respecto a los procesos de selección para funcionarios, la
Seccional no tiene injerencia, ya que estos son adelantados
directamente por el Consejo Superior de la Judicatura. Por
tanto, afirmó que dicha autoridad es la competente para dar
cuenta de estos procesos.
1.5. Fallo de primera instancia
14. En sentencia del 8 de mayo de 2025, la Sección Primera, Subsección A,
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la improcedencia de la
acción de cumplimiento respecto de los artículos 75; 85 numerales 1, literal b;
y,19; 130; 158; 160; 163; 164;165; 166; 167A; 168; y 174 de la Ley 270 de 1996,
por cuanto dichas disposiciones perdieron su vigencia al haber sido modificadas
por los artículos 28, 35, 57, 67, 78, 80, 81, 82, 83,8 5 y 88 de la Ley 2430 de
2024.
16
Cfr. Índice 23 Samai – expediente de primera instancia.
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15. De otro lado, negó las pretensiones de la demanda en relación con los
artículos 101-1, 125, 132-1, 156, 157 y 198 de la Ley 270 de 1996 (disposiciones
que a la fecha no han sido modificadas); el artículo 9 de la Ley 1033 de 2006; y,
el artículo transitorio de la Ley 909 de 2004. Y, desvinculó a los Consejos
Seccionales de la Judicatura demandados, por falta de legitimación en la causa
por pasiva.
16. Como fundamento de su decisión, la autoridad judicial consideró que el
requisito de la renuencia estaba acreditado. Ello, porque, mediante escrito del 27
de noviembre de 2024, el accionante les solicitó a las autoridades demandadas
el cumplimiento del marco normativo objeto de la demanda.
17. Ahora bien, en el análisis de procedencia de la acción, encontró que la
vigencia de algunas disposiciones se veía afectada por otras normas posteriores.
Y, en relación con las que encontró acreditado tal presupuesto adelantó un
análisis de fondo, pero advirtió que ninguna de ellas consagraba una obligación
clara, expresa y exigible actualmente en cabeza de una autoridad específica.
18. Al respecto, indicó que los artículos 101-1, 125, 132-1, 156, 157 y 198 de
la Ley 270 de 1996 regulaban aspectos relacionados con la organización y
funcionamiento interno de la Rama Judicial. No obstante, de su contenido no se
extraía una obligación en cabeza de la autoridad relacionada con el deber de
convocar a concurso de méritos.
19. De otro lado, consideró que el artículo transitorio de la Ley 909 de 2004 y
el artículo 9 de la Ley 1033 de 2006 no eran aplicables al caso concreto. En
particular, refirió que el ámbito de aplicación de la primera se circunscribía
exclusivamente a las entidades que hacían parte del Sistema General de Carrera,
conforme a lo previsto en el artículo 1 de la Ley 909 de 2004. En lo que concierne
a la segunda, mencionó que se dirigía a los empleados públicos cobijados por el
sistema general mientras que la Rama Judicial contaba con su régimen
estatutario propio contenido en la Ley 270 de 1996, modificada por la Ley 2430
de 2024.
20. Finalmente, consideró que en virtud de los artículos 256 de la Constitución,
35 numeral 19 y 88 de la Ley 2430 de 2024, al Consejo Superior de la Judicatura
es quien ejerce funciones relacionadas con la administración de la carrera
judicial. Por lo tanto, era quien tenía la responsabilidad de dirigir, coordinar y
ejecutar las políticas de gestión de talento humano. No así, las Seccionales, por
lo tanto, era claro que no estaban legitimadas en la causa por pasiva.
1.6. Impugnación
21. El accionante refirió solicitó que se revocara el fallo de primera instancia.
Para el efecto, precisó que, contrario a lo señalado por el a quo, la demanda
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solicitó el cumplimiento de la Ley 270 de 1996 en su única versión vigente; esto
es, con las modificaciones introducidas por la Ley 2430 de 2024 y las precisiones
realizadas por la Corte Constitucional en sentencia C-134 de 2023.
22. A efectos de sustentar su postura, precisó que el verbo «modificar»,
consistía en una orden directa de reemplazo normativo, distinto de derogación o
suspensión. De ahí que, no era posible invalidar el contenido de las disposiciones
contenidas en la Ley 270 de 1996.
1.7. Trámite en segunda instancia
23. El 17 de junio de 2025, el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez se
manifestó impedimento para conocer y decidir la demanda de la referencia, de
conformidad con la causal 1 el artículo 141 del CGP, tras considerar que a el y a
su cónyuge le asiste interés directo en este proceso.
24. En providencia del 19 de junio de 2025 se declaró infundado el
impedimento. En esencia, se consideró que no se encontraba acreditado el
elemento subjetivo de la causal.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
25. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por
la entidad accionada contra la sentencia del 8 de mayo de 2025, proferida por el
Sección Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Lo
anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12517, 15018 y 24319 de
la Ley 1437 de 201120, así como del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección
Quinta de esta Corporación para conocer de «…las apelaciones contra las
providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales
Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».
2.2. Problema jurídico y objeto de la impugnación
17
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
18
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
19
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
20
Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado
por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [..].
8
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26. Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la
sentencia de 8 de mayo de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
27. A efectos de resolver lo anterior, la Sala deberá resolver el siguiente
problema jurídico: ¿es procedente ordenarle a la Unidad de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura el cumplimiento de los artículos 75, 85
numerales 1 literal B y 19, 101-1, 113, 125, 130, 132-1, 156, 157, 158, 160, 163,
164, 165, 166, 167, 167A, 168, 174 y 198 de la Ley 270 de 1996?
28. Como viene de verse, la parte accionante cuestionó la sentencia de
primera instancia en lo que respecta a lo resuelto frente a las normas contenidas
en la Ley 270 de 1996 modificadas por la Ley 2430 de 2024. En su sentir,
contrario a lo resuelto por el a quo, las mismas sí están vigentes, solo que fueron
modificadas.
29. En ese orden de ideas, la Sala limitará el objeto del presente mecanismo
al análisis de las disposiciones contenidas en la Ley 270 de 1996 previamente
referidas y cuyo acatamiento fue solicitado. En particular, se analizará si las
mismas se encuentran vigentes y si es procedente un análisis de fondo sobre su
contenido y cumplimiento por parte de la Unidad de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura.
30. Esto último, en atención a que el fallador de primer grado declaró la falta
de legitimación en la causa de las demás autoridades accionadas y ello no fue
objeto de cuestionamiento por el accionante.
2.3. Generalidades sobre la acción de cumplimiento
31. La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la
Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica,
es hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de
un acto administrativo que impone determinada actuación u omisión a la
autoridad. Su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.
32. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que
reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad «la renuencia»
(artículo 8°), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercitar
la demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera
desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a
atender su cumplimiento.
33. Para que la demanda proceda, se requiere:
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(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]21.
(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado
de ello [artículos 5.º y 6.º].
(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado frente
al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir
su inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «(…) cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable (…)» caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda [artículo 8.º].
(iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(v) No pretender la protección de derechos fundamentales que puedan ser
garantizados a través de la tutela [artículo 9.º], ni el acatamiento de normas que
establezcan gastos a la administración [artículo 9.º].
2.4. De la renuencia
34. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución
en renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que
debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en
acto administrativo con citación precisa de éste22 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación
de la solicitud.
35. En efecto, el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece
lo siguiente:
Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
21
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
23
Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia.(Negrita fuera de texto)
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administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.
36. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha
señalado que «…el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición
sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de
la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»23.
37. Sobre este tema, esta Sección24 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición
que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda
el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el
contenido de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el
demandante, pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual
versará el procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos25. [Negrillas del texto original]
38. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que
el solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8 de la Ley 393 de 1997
no lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
24
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.
25
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, M.P.: Darío Quiñones Pinilla
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39. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el
requisito de procedibilidad cuando la petición «…tiene una finalidad distinta a la
de constitución en renuencia».26
40. En el sub judice, la Sala observa que la solicitud mediante la cual el
accionante aduce que constituyó en renuencia a la autoridad accionada es del
27 de noviembre de 2024, en los siguientes términos:
41. Así las cosas, la Sala encuentra que se cumplió con el deber de constituir
en renuencia. Por lo tanto, se estudiarán los requisitos de procedencia del
presente medio de control frente a estas disposiciones.
2.5. De la procedencia de la acción de cumplimiento
42. Como se ha referido hasta ahora, la parte actora, con el ejercicio de la
presente acción, pretende que se le ordene al Consejo Superior de la Judicatura
que, en cumplimiento de los artículos 75, 85 numerales 1 literal B y 19, 101-1,
113, 125, 130, 132-1, 156, 157, 158, 160, 163, 164, 165, 166, 167, 167A, 168,
174 y 198 de la Ley 270 de 1996, convoque a concurso de méritos para proveer
todos los cargos vacantes al interior de la Rama Judicial.
43. Por ende, es evidente que se cumple con el requisito de que la norma que
se solicita acatar tenga rango de ley o acto administrativo. Igualmente se
26
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002,
exp. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, exp. 2011-00019.
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satisface el presupuesto de que el mandato que se solicita atender esté radicado
en cabeza de autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas.
44. Respecto del requisito de subsidiariedad, se evidencia que lo pretendido
por el accionante no involucra la protección directa de derechos fundamentales
que puedan ser invocados vía acción de tutela. Tampoco existe otro mecanismo
judicial para hacer efectivas las disposiciones en comento. Esto porque no se
pretende controvertir decisión alguna de la entidad accionada, sino que se
reprocha que no haya convocado a concurso de méritos para proveer todos los
cargos de carrera.
45. En cuanto a la vigencia de las normas, se destaca que el señor Avella
Chaparra con su demanda solicitó el cumplimiento de los artículos 75, 85
numerales 1 literal B y 19, 101-1, 113, 125, 130, 132-1, 156, 157, 158, 160, 163,
164, 165, 166, 167, 167A, 168, 174 y 198 de la Ley 270 de 1996 con sus
respectivas modificaciones introducidas por la Ley 2340 de 2024. Por ende,
contrario a lo señalado por el a quo, es claro que las disposiciones invocadas con
la presente demanda acreditan el presupuesto de procedencia.
46. Finalmente, respecto del requisito del gasto resulta necesario realizar
unas precisiones:
47. Según lo previsto en el artículo 9 de la Ley 393 de 1997, esta acción no
procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento de defensa
judicial para hacer efectivo cumplimiento de la norma o acto administrativo, salvo
que, de no proceder el juez, se cause un perjuicio grave e inminente para el
accionante.
48. De un análisis de las disposiciones cuyo acatamiento de estudia en esta
instancia, se advierte que las mismas versan sobre las funciones del Consejo
Superior de la Judicatura, el sistema de carrera judicial y la realización de los
concursos de méritos.
49. Por su parte, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial manifestó
que la demanda era improcedente en la medida que implica gasto. Puntualizó
que, para poder convocar a concurso de méritos, era necesario que exista previa
disponibilidad presupuestal, la cual le permitirá la programación de convocatorias
y el inicio del proceso de contratación.
50. Agregó que, a la fecha, no cuentan con la aludida apropiación
presupuestal y para conseguirla, deben adelantar un procedimiento
administrativo de varias etapas que va desde la inclusión de la actividad en el
anteproyecto de presupuesto de la Rama Judicial hasta la remisión al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, quien lo consolidará y presentará al Congreso de
la República dentro de los 10 primeros días de cada legislatura, para el siguiente
año. Adujo que en promedio ello puede tardar un tiempo aproximado de 1 año.
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51. De otro lado, la autoridad efectúo un recuento de las actuaciones que ha
venido desplegando desde el año 2019 a 2025, en relación con los recursos de
la entidad a propósito de los concursos.
52. Se destaca que, para la vigencia 2024, tenía prevista la programación de
convocatorias para la provisión de los cargos de empleados de carrera judicial.
No obstante, realizados los tramites respectivos de vigencias futuras ante la
Unidad Nacional de Planeación, las mismas fueron devueltas. Ello, en virtud de
la Circular 023 del 25 de julio de 2024, mediante la cual el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público restringió el trámite de autorización de vigencias con afectación
a vigencia 2025, hasta tanto se definiera el Presupuesto General de la Nación
para el año 2025 por parte del Congreso de la República.
53. Para el presente año informó que mediante Acuerdo PCSJA24-12133 del
5 de enero de 2024 aprobó la desegregación de las actividades de los proyectos
de inversión de la Rama Judicial vigencia 2024, en el proyecto sobre
«mejoramiento de la gestión de talento humano para fortalecer la integridad, el
conocimiento, el bienestar y la seguridad a nivel nacional», en la actividad 6.8.
«diseño e implementación de los concursos de méritos de la carrera judicial» para
la programación de las siguientes convocatorias:
a) Diseñar, estructurar, imprimir, aplicar, custodiar y entregar resultados de las
pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades y
psicotécnicas para los cargos de empleados de Altas Cortes.
b) Diseñar, estructurar, imprimir, aplicar, custodiar y entregar resultados de las
pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades y
psicotécnicas para los cargos de funcionarios y empleados en el archipiélago San
Andrés, Providencia y Santa Catalina.
c) Diseñar, estructurar, imprimir, aplicar, custodiar y entregar resultados de las
pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades y
psicotécnicas para los cargos de funcionarios y empleados jurisdicción agraria y
rural.
d) Diseñar, estructurar, imprimir, aplicar, custodiar y entregar resultados de las
pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades y
psicotécnicas, para los cargos de empleados de carrera de los consejos superior
y seccionales de la judicatura, direcciones ejecutivas y seccionales de
administración judicial.
e) Diseñar, estructurar, imprimir, aplicar, custodiar y entregar resultados de las
pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades y
psicotécnicas, para los cargos de empleados de carrera de las comisiones
seccionales de disciplina judicial. [Sic]
54. Lo anterior, lo fundamentó en la necesidad de adelantar actividades
relacionadas con las fases precontractual y contractual, necesarias para la
obtención y garantía de los recursos necesarios para su realización.
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55. Asimismo, indicó que mediante Acuerdo PCSJA25-12251 del 24 de enero
de 2025 aprobó el Plan de Inversiones de la Rama Judicial en el proyecto sobre
«mejoramiento de las competencias de la administración de justicia». En la
actividad 5.8. «diseño e implementación de los concursos de méritos de la carrera
judicial», en la cual estableció la programación de las siguientes convocatorias:
a) Diseñar, estructurar, imprimir, aplicar, custodiar y entregar resultados de las
pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades y
psicotécnicas para los cargos de funcionarios y empleados en el archipiélago San
Andrés, Providencia y Santa Catalina.
b) Diseñar, estructurar, imprimir, aplicar, custodiar y entregar resultados de las
pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades y
psicotécnicas para los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.
c) Diseñar, estructurar, imprimir, aplicar, custodiar y entregar resultados de las
pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades y
psicotécnicas, para los cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados
y Centros de Servicios.
56. Por lo anterior, concluyó que, de conformidad con la asignación
presupuestal para esta vigencia, inició con la fase 1 correspondiente a la
verificación de requisitos mínimos y estructuración y diseño de las pruebas de las
citadas convocatorias.
57. Ahora bien, debe recordarse que lo pretendido por el señor José Luis
Avella Chaparro consiste en que el Consejo Superior de la Judicatura convoque
a concurso de méritos para proveer «la totalidad de las vacantes definitivas que
existen a la fecha, incluyendo, pero no limitándose a las 19214 vacantes de
carrera administrativa que a corte ABR de 2024 existían en la Rama Judicial»
[Sic / énfasis de la Sala].
58. En ese orden de ideas, para esta Sección salta a la vista que lo perseguido
a través de este mecanismo constitucional implica un gasto para la entidad
accionada. Emolumento que, conforme a lo expuesto no se encuentra
debidamente presupuestado ni apropiado.
59. De lo expuesto en precedencia, se advierte que la entidad cuenta con
recursos para adelantar las gestiones pertinentes a efectos de proveer los cargos
de funcionarios y empleados en el archipiélago San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, funcionarios de la Rama Judicial, para los cargos de empleados de
carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios en su primera fase y no
para el resto de las etapas del proceso de selección.
60. En este punto conviene destacar que en un asunto similar al que se estudia
en esta instancia y en el que la Sala de Decisión analizó la procedencia de la
acción de cumplimiento para exigirle a la autoridad accionada el acatamiento de
lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 70 de 1996 modificado por la Ley 2430
de 2024, se precisó lo siguiente:
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51. En efecto, en esta oportunidad, no se demostró que el Consejo Superior de
la Judicatura cuente con un rubro específico en su presupuesto destinado a
cumplir con ese fin; tampoco se probó que, dentro del presupuesto
efectivamente aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se
hubiera destinado una partida cuyo objeto sea la convocatoria del mismo.
52. Por el contrario, está acreditado que el Consejo Superior de la Judicatura solo
cuenta con el presupuesto aprobado para realizar la fase 1 correspondiente a
verificación de requisitos mínimos y estructuración y diseño de las pruebas de las
citadas convocatorias27. [Énfasis de la Sala]
61. En la misma línea, se advierte que no se cuenta con evidencia que permita
determinar que el Consejo Superior de la Judicatura cuenta con los recursos para
convocar y tramitar hasta su finalización (la conformación de listas de elegibles y
los nombramientos) los concursos de méritos, ni mucho menos para que aquellos
provean todos los cargos que a la fecha se encuentran vacantes. Por el contrario,
se advierte que lo pretendido por la parte actora involucra un gasto, sin que aquel
este debidamente presupuestado y apropiado.
62. En vista de lo anterior, la Sala modificará el numeral primero de la
sentencia de primera instancia del 8 de mayo de 2025, en el sentido de declarar
la improcedencia de la acción de cumplimiento en relación con los artículos 75,
85 numerales 1 literal B y 19, 101-1, 113, 125, 130, 132-1, 156, 157, 158, 160,
163, 164, 165, 166, 167, 167A, 168, 174 y 198 de la Ley 270 de 1996 con sus
respectivas modificaciones, por cuanto el acatamiento de estas implica gasto. En
todo lo demás, se confirmará la decisión del a quo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del 8 de mayo de
2025 proferida por la Sección Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, en el sentido de:
PRIMERO. - DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción formulada por
JOSE LUIS AVELLA CHAPARRO, en relación con la solicitud de cumplimiento
de los artículos 75; 85 numerales 1, literal b; y,19; 130; 158; 160; 163; 164;165;
166; 167A; 168; y 174 de la Ley 270 de 1996, por cuanto lo pretendido implica
gasto.
27
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 22 de mayo de 2025. Expediente: 54001-
23-33-000-2025-00037-01. M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.
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Demandante: José Luis Avella Chaparro
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Unidad Administrativa de Carrera Judicial y otros
Radicado: 25000-23-41-000-2025-00091-01
SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del 8 de mayo de 2025
proferida por la Sección Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por las razones expuestas en esta decisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
CUARTO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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