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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2025-00549-01

Fecha
2 de octubre de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2025-00549-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 25 de junio de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, que negó las pretensiones de la acción de cumplimiento presentada por la Asociación Sindical de Empleados de la Protección en contra del presidente de la República y el ministro del Interior, por las razones señaladas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2025-00549-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

2 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2025-00549-01
Accionante: ASOCIACIÓN SINDICAL DE EMPLEADOS DE LA
PROTECCIÓN
Accionados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTRO

Tema: Edad de retiro forzoso de los directores de unidades
administrativas especiales del orden nacional. Exigibilidad del
deber de desvincular del servicio público a los trabajadores que
cumplan la edad de retiro forzoso. Confirma decisión que negó
pretensiones.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 25 de junio de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C. Lo anterior de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 1251, 1502 y 2433 de la Ley 1437 de 20114, así como en
el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado
(modificado por el Acuerdo 434 de 2024).

El recurso de apelación fue concedido mediante auto del 25 de agosto de 2025. Por
lo anterior, la Sala procede a proferir sentencia en los términos previstos en la Ley
393 de 1997.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, la Asociación Sindical de

1 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
2 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
3 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
4 Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado por

el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [...].

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Accionante: Asociación Sindical de Empleados de la Protección
Accionados: presidente de la República y otro
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Empleados de la Protección, actuando por medio de su presidente, presentó
demanda contra el presidente de la República y el ministro del Interior, con el fin de
obtener el cumplimiento de la Ley 1821 de 2016 y el Decreto 321 de 2017.

2. En consecuencia, la accionante solicitó que se les ordene a los demandados
que «retiren de inmediato del servicio público como Director de la Unidad Nacional
de Protección al señor AUGUSTO RODRÍGUEZ BALLESTEROS, por haber
alcanzado la edad de retiro forzoso».

1.2. Posición de la parte demandante

3. El señor Augusto Rodríguez Ballesteros es actualmente el director de la
Unidad Nacional de Protección (en adelante, UNP), la cual es una unidad
administrativa especial del orden nacional, adscrita al Ministerio del Interior.

4. El 23 de marzo de 2025, el señor Rodríguez Ballesteros cumplió 70 años, es
decir, alcanzó la edad de retiro forzoso prevista en la Ley 1821 de 2016 y en el
Decreto 321 de 2017.

5. Para la demandante, la referida ley establece una causal objetiva de retiro
del servicio, cuyas únicas excepciones están contenidas en el artículo 29 del
Decreto Ley 2400 de 19685, entre la cuales no se encuentran los directores de
unidades administrativas especiales. Sin embargo, advirtió que el Decreto 648 de
2017 —compilado en el Decreto 1083 de 2015— incorporó otras excepciones,
distintas a las previstas legalmente, lo cual, a su juicio, constituye una antinomia
que debe ser resuelta por el juez de cumplimiento.

6. Así mismo, aportó un concepto emitido por el Departamento Administrativo
de la Función Pública, en el que se indica lo siguiente:

«[…] en criterio de esta Dirección Jurídica, a los directores de unidades
administrativas especiales les aplica la edad de retiro forzoso de 70 años, como
causal objetiva de retiro del servicio, conforme a lo dispuesto en la Ley 1821 de
2016 en concordancia con la Ley 909 de 2004, ya que dicho empleo no se
encuentran dentro de las excepciones referidas en la norma, por lo cual una vez
cumplida la edad deberán ser retirados del servicio por encontrarse
inhabilitados para desempeñar cargos públicos».

7. El 25 de marzo de esta anualidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 393 de 1997, la accionante requirió al presidente de la
República6 y al ministro del Interior el cumplimiento de las referidas disposiciones.
También presentó una solicitud ante la Procuraduría General de la Nación para que,
como garante del interés público, «haga cumplir las normas en comento».

5 Modificado por el artículo 1 del Decreto Ley 3074 de 1968.
6 Mediante oficio del 7 de abril de 2025, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República le

informó a la accionante que remitió el requerimiento al Ministerio del Interior, por ser de su
competencia.

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8. Sin embargo, a la fecha de presentación de la demanda, ni el presidente de
la República ni el ministro del Interior han procedido con el retiro del cargo del actual
director de la UNP.

1.3. Posición de la parte demandada

9. Presidencia de la República. Alegó su falta de competencia en el asunto
sub examine, comoquiera que no es la nominadora del director de la UNP ni esa
entidad hace parte del sector de la Presidencia de la República.

10. Ministerio del Interior. Solicitó que se desestimen las pretensiones de la
demanda. Esto, con fundamento en que existe una «enemistad grave» entre el
ministro del Interior y el director de la UNP. Tanto así que el ministro se declaró
impedido para decidir sobre el retiro del señor Rodríguez Ballesteros, con ocasión
de la denuncia presentada contra este último por los delitos de injuria y calumnia.
Dicho impedimento aún no ha sido resuelto por el presidente de la República.

11. Augusto Rodríguez Ballesteros7. Indicó que la acción de cumplimiento es
improcedente, porque la demanda se funda en un pretendido conflicto normativo
entre la Ley 1821 de 2016 y el Decreto 1083 de 2015, que no puede ser resuelto
mediante este mecanismo constitucional. Ello, máxime si se tiene en cuenta que no
pueden existir antinomias entre una ley y un decreto reglamentario. De allí que todo
cuestionamiento sobre la legalidad del Decreto 1083 de 2015, en lo que respecta a
las excepciones de la edad de retiro forzoso —que incluyen a los directores de las
unidades administrativas especiales del orden del nacional, como lo es la UNP—,
deba formularse mediante el medio de control de nulidad simple. Por lo demás,
consideró que no fue constituido en renuencia, pese a que es quien primero debe
evaluar si se encuentra inmerso en una de las causales de retiro forzoso.

1.4. Fallo de primera instancia

12. En sentencia de 25 de junio de 2025, la Subsección C de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda,
tras considerar que, si bien, en principio, la norma establece un mandato imperativo,
la misma disposición prevé varias excepciones, «por lo que no es inexorable su
aplicación».

13. Al respecto, explicó que no existe antinomia alguna en lo que concierne a las
normas que regulan la edad de retiro forzoso. Esto es así porque las excepciones a
dicha regla están contenidas en la Ley 1821 de 2016 y en el Decreto 648 de 2017
—que modificó y adicionó el Decreto 1083 de 2015—.

14. Al analizar el caso concreto, el a quo pudo evidenciar que el señor Rodríguez
Ballesteros se encuentra exceptuado de la aplicación de la norma, comoquiera que
el artículo 2.2.11.1.5 del Decreto 648 de 2017 prevé, expresamente, que los

7 Intervino en condición de litisconsorte necesario.

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directores de las unidades descentralizadas, como lo es la UNP, no deben retirarse
del servicio una vez cumplan 70 años.

15. En tales términos, concluyó que los demandados no están obligados a
cumplir las normas sub examine y tampoco resultaba necesario entrar a analizar la
excepción de falta de legitimación alegada por la Presidencia de la República.

1.5. Impugnación

16. La actora cuestionó la decisión de primera instancia con fundamento en que,
a su juicio, la edad de retiro forzoso es una causal objetiva de desvinculación de los
servidores públicos; causal que está demostrada en este caso.

17. En efecto, el señor Rodríguez Ballesteros ya cumplió la edad de 70 años y,
contrario a lo afirmado por el a quo, no está dentro de las excepciones previstas en
el artículo 1 de la Ley 1821 de 2016. Ello, en tanto dicha norma remite al Decreto
Ley 2400 de 19688, que no incluye a los directores de unidades administrativas
descentralizadas entre los cargos excluidos de la referida causal de retiro.

18. Es más, la revisión de los antecedentes legislativos de la Ley 1821 de 2016
da cuenta de que la intención legislativa nunca fue ampliar el listado de cargos
exentos de la aplicación de la ley, sino ampliar la edad de retiro forzoso de 65 a 70
años. Para la actora, a ello debe añadirse que cuando se expidió la referida ley, ya
estaba vigente el Decreto 1083 de 2015, por lo que si la voluntad del Legislador
hubiese sido incluir las excepciones previstas en tal reglamento, «así lo hubiera
legislado».

19. Por lo anterior, insistió en la existencia de una antinomia que debe ser
resuelta por el juez de cumplimiento, privilegiando la norma legal, que, a su vez, es
especial y posterior.

1.6. Intervención en segunda instancia

20. Mediante auto de 15 de septiembre de 2025, el despacho ponente dispuso
la vinculación del presidente de la República. Ello, porque, pese a que la acción fue
dirigida en contra del jefe de Estado, por ser la autoridad nominadora del director de
la UNP9, en el trámite de primera instancia se vinculó y notificó a la Presidencia de
la República.

21. En virtud de lo anterior, el primer mandatario se pronunció frente a los hechos
y pretensiones de la acción de cumplimiento, en el sentido de solicitar que se
confirme la decisión del a quo.

8 Modificado por el artículo 1 del Decreto Ley 3074 de 1978.
9 Cfr. Decreto Ley 4065 de 2011, artículo 8. «Director General. La administración de la Unidad estará

a cargo de un Director General, quien tendrá la calidad de empleado público de libre nombramiento
y remoción del Presidente de la República».

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22. Al respecto, indicó que la función nominadora prevista en el artículo 189.13
de la Constitución es desplegada por el presidente de la República en su condición
de suprema autoridad administrativa. En consecuencia, conforme lo dispone el
artículo 208 ibidem, esta se ejerce por conducto del ministro correspondiente. Por
tanto, le corresponde a la ministra del Interior ad hoc, designada mediante el
Decreto 1015 de 2025, dar respuesta a la solicitud presentada por la asociación
accionante relativa a la desvinculación del actual director de la UNP por haber
cumplido la edad de retiro forzoso.

II. CONSIDERACIONES

23. La Sala confirmará la sentencia del 25 de junio de 2025, mediante la cual la
Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
negó las pretensiones de la acción de cumplimiento sub examine. Para ello,
analizará las siguientes cuestiones: (i) el agotamiento del requisito de constitución
en renuencia; y (ii) el cumplimiento de los requisitos de procedencia de este
mecanismo constitucional y (iii) si del contenido de las disposiciones invocadas se
deriva un mandato susceptible de ser exigido mediante este medio de control.

2.1. Caso concreto

2.1.1. La accionante agotó el requisito de procedibilidad relativo a la
constitución en renuencia

24. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, previo al ejercicio de la
acción de cumplimiento, el actor debe constituir en renuencia a la autoridad o al
particular que ejerce funciones públicas y frente al cual se exige el cumplimiento del
mandato legal o consagrado en acto administrativo. Para ello, es necesario que el
actor indique expresamente cuál es la norma sobre la cual versa la acción, sin que
la autoridad conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación de la
solicitud o, por el contrario, se ratifique en el pretendido incumplimiento10.

25. En tales términos, esta Sección ha señalado que «el reclamo en tal sentido
no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el
propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento»11. La falta de agotamiento de este requisito conlleva el rechazo de la
demanda.

26. En este caso, la Sala encuentra acreditada la constitución en renuencia de
las entidades accionadas. En efecto, la parte actora acreditó haber presentado al
presidente de la República y al ministro del Interior peticiones «fundamentadas en

10 Al respecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece lo siguiente: «Con el

propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya
ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la
presentación de la solicitud».
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de

octubre de 2011. Rad. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.

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el artículo 8 de la Ley 393 de 1997», con el fin de que se diera cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley 1821 de 2016, corregida por el Decreto 321 de 2017 12, y, en
consecuencia, se procediera con el retiro de servicio del señor Rodríguez
Ballesteros como director de la UNP. Así mismo, aportó prueba de que, el 7 de abril
de este año, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República le informó
haber remitido por competencia la solicitud a la mencionada cartera ministerial.

27. En tales términos, se acredita el requisito de procedibilidad relativo a la
constitución en renuencia de la parte demandada.

2.1.2. La acción supera los requisitos de procedencia

28. Conforme a lo dispuesto en la Ley 393 de 1997, la Sección Quinta de esta
corporación ha sostenido que la procedencia de la acción de cumplimiento se
encuentra supeditada a la acreditación de cinco requisitos generales:

(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (artículo
1)13.

(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado
de ello (artículos 5 y 6).

(iii) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.

(iv) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que puedan
ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).

(v) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que establezcan
gastos a la administración (artículo 9).

29. El incumplimiento de alguno de requisitos de procedibilidad implica la
improcedencia del medio de control. Por el contrario, si los anteriores presupuestos
se encuentran satisfechos, corresponde a la Sala determinar si existe o no el
mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad o del particular en

12 Aun cuando la accionante no precisó los artículos sobre los cuales recaía la constitución en
renuencia, en este caso, ello no desvirtúa el agotamiento del referido requisito de procedibilidad, por
cuanto dicha ley solo contiene 4 artículos —entre los cuales se encuentra el relativo a su vigencia—
y todos están referidos a regular la edad de retiro forzoso. En tales términos, existe claridad respecto
de cuál es el presunto mandato sobre el que versa la acción.
13 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general

consagran principios y directrices.

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ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la acción; y, a
partir de ello, determinar la prosperidad de las pretensiones de la demanda.

30. En este caso, la asociación accionante solicita el cumplimiento de la Ley 1821
de 2016 y el Decreto 321 de 2017. Esto, con el fin de que el presidente de la
República y el ministro del Interior «retiren de inmediato del servicio público como
Director de la Unidad Nacional de Protección al señor AUGUSTO RODRÍGUEZ
BALLESTEROS, por haber alcanzado la edad de retiro forzoso».

31. Al respecto, esta Sección encuentra acreditados los requisitos de
procedencia de la acción de cumplimiento, por las siguientes razones:

32. Primero, las disposiciones invocadas por la actora se encuentran vigentes y
tienen rango de ley y de acto administrativo, respectivamente.

33. Segundo, la acción se dirige en contra de una autoridad pública, puesto que
el deber estaría a cargo del presidente de la República y del ministro del Interior.

34. Tercero, lo pretendido por la accionante no es susceptible de ser exigido
mediante la acción de tutela, en tanto el asunto no versa sobre una presunta
vulneración de garantías iusfundamentales.

35. Cuarto, el cumplimiento del deber cuyo acatamiento se demanda no conlleva
gasto. Lo que se pretende es que se retire del cargo a un funcionario que ya cumplió
la edad de retiro forzoso prevista en la ley, de lo cual no se deriva una consecuencia
de erogación presupuestal.

36. Por último, también se satisface el requisito de subsidiariedad, porque la
accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial para solicitar el
cumplimiento de las normas que regulan la edad de retiro forzoso como causal de
desvinculación del servicio público en el caso sub examine14.

37. En efecto, la Asociación Sindical de Empleados de la Protección no está
cuestionando la legalidad del acto de nombramiento del actual director de la UNP,
por lo que no podría acudir al medio de control de nulidad electoral. Así mismo, dado
que ninguna de las autoridades demandadas ha negado formalmente la
procedencia del retiro del servicio del señor Ballesteros Rodríguez en los términos
de la Ley 1821 de 2016, aún no existe acto administrativo que se sea susceptible
de ser demandado a través de los medios de control de nulidad o de nulidad y
restablecimiento del derecho.

14 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 30 de junio de 2016. Radicado 25000-23-

41-000-2015-02309 (ACU). M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. En el mismo sentido, ver
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 24 de julio de 2025. Radicado 25000-23-41-000-
2025-00694-01. M.P. Gloria María Gómez Montoya.

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2.1.3. Las disposiciones invocadas no contienen un mandato imperativo e
inobjetable

38. En este caso, la accionante solicita que se ordene el cumplimiento de la Ley
1821 de 2016 y el Decreto 321 de 2017, que disponen lo siguiente:

ARTÍCULO 1o. <Artículo corregido por el artículo 1 del Decreto 321 de 2017. El
nuevo texto es el siguiente:> La edad máxima para el retiro del cargo de las
personas que desempeñen funciones públicas será de setenta (70) años. Una
vez cumplidos, se causará el retiro inmediato del cargo que desempeñen sin
que puedan ser reintegradas bajo ninguna circunstancia.

<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> Lo aquí dispuesto no se aplicará a los
funcionarios de elección popular ni a los mencionados en el artículo 29 del
Decreto-ley 2400 de 1968, modificado por el artículo 1o del Decreto-ley 3074
de 1968.

ARTÍCULO 2o. La presente ley no modifica la legislación sobre el acceso al
derecho a la pensión de jubilación. Quienes a partir de la entrada en vigencia
de la presente ley, accedan o se encuentren en ejercicio de funciones públicas
podrán permanecer voluntariamente en los mismos, con la obligación de seguir
contribuyendo al régimen de seguridad social (salud, pensión y riesgos
laborales), aunque hayan completado los requisitos para acceder a la pensión
de jubilación. A las personas que se acojan a la opción voluntaria de
permanecer en el cargo, en los términos de la presente ley, no les será aplicable
lo dispuesto en el parágrafo 3o del artículo 9o de la Ley 797 de 2003.

ARTÍCULO 3o. Esta ley no modifica el régimen de acceso a ningún cargo
público, ni el de permanencia y retiro de los mismos, salvo en la edad máxima
de retiro forzoso aquí fijada. Tampoco modifica las condiciones, requisitos,
circunstancias y demás situaciones establecidas en el régimen general y los
regímenes especiales que regulan el acceso al derecho a la pensión de
jubilación.

ARTÍCULO 4o. <Artículo corregido por el artículo 1 del Decreto 321 de 2017. El
nuevo texto es el siguiente:> La presente ley rige a partir de su publicación y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, y en especial las
contenidas en los Decretos-ley 2400 de 1968 (artículo 31), 3074 de 1968, y en
los Decretos números 1950 de 1973, 3047 de 1989 y 1069 de 2015 (artículos
2.2.6.1.5.3.13 y numeral 4 del artículo 2.2.6.3.2.3).

39. Para la Sala, las citadas normas no contienen un mandato imperativo,
expreso e inobjetable que obligue a las demandadas a desvincular al señor
Rodríguez Ballesteros como director de la UNP, por haber cumplido la edad de retiro
forzoso.

40. Al respecto, es importante destacar que esta Corporación ha sostenido que
las normas sobre la edad de retiro forzoso son desarrollo del artículo 125 de la
Constitución, que regula el acceso y retiro del empleo público. Ese precepto
establece, expresamente, que la desvinculación del servicio se hará «por
calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen
disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley». Una de
las causales legales es, precisamente, la edad de retiro forzoso.

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41. La referida causal tiene una clara justificación constitucional: garantizar el
relevo generacional en el ingreso al empleo público. En otras palabras, la edad de
retiro forzoso «constituye una medida gracias a la cual el Estado redistribuye y
renueva un recurso escaso, como son los empleos públicos, con la finalidad de que
todos los ciudadanos tengan acceso a éste en condiciones de equidad e igualdad
de oportunidades»15.

42. En ese orden, esta corporación ha reconocido que las normas que regulan la
edad de retiro forzoso sí contienen deberes en cabeza de la administración. En
efecto, estas imponen «el deber de de asegurar que, una vez se cumplan las
condiciones legales, se proceda por parte de la Administración a desvincular a
aquellos servidores que han llegado a la edad de retiro; no en vano es una causal
objetiva de retiro forzoso, y no es potestativa»16.

43. Con todo, lo anterior no se traduce, necesariamente, en que dicho deber
corresponda a un mandato imperativo, expreso e inobjetable susceptible de ser
exigido mediante este medio de control. Esto es así, por las siguientes dos razones.

44. Primero, la aplicación de la causal de retiro no puede hacerse de forma
automática17, sino que debe tener en cuenta «criterios de razonabilidad» en cada
caso. En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de
esta corporación18, antes de proceder con la desvinculación es necesario evaluar la
situación administrativo-laboral del servidor que alcanzó la edad de retiro forzoso,
con el fin de evitar adoptar decisiones que puedan vulnerar sus derechos
fundamentales. En palabras del máximo tribunal constitucional:

La aplicación de las normas que establecen el retiro forzoso como causal de
desvinculación debe hacerse de forma razonable, valorando las circunstancias
especiales de cada caso, con el fin de evitar la violación de los derechos
fundamentales de los adultos mayores. Específicamente se ha entendido que
su aplicación objetiva, sin verificar el contexto en el que tiene lugar su
exigibilidad, puede llevar a efectos contrarios a la Carta, al poner a sus
destinatarios ante el desconocimiento de su mínimo vital, cuando éstos carecen
de las condiciones para asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas y
todavía no acreditan los requisitos para acceder a una pensión de vejez,
existiendo por lo menos una expectativa legítima sobre su reconocimiento19.

45. Ello implica que el retiro requiere que la administración, de forma previa,
verifique las siguientes dos condiciones:

15 Corte Constitucional. Sentencias C-084 de 2018 y C-135 de 2018.
16 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de 13 de diciembre de 2019.

Radicado 11001-03-06-000-2019-00183-00(2434). M.P. Germán Alberto Bula Escobar.
17 Corte Constitucional. Sentencias sentencias C-351 de 1995, C-084 de 2018, C-135 de 2018, C-

426 de 2020 y T-521 de 2024
18 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias sentencias C-351 de 1995, C-084 de 2018, C-135 de 2018,

C-426 de 2020, T-521 de 2024, T-360 de 2017, T-495 de 2011, entre otras. En el mismo sentido, ver
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de 13 de diciembre de 2019.
Radicado 11001-03-06-000-2019-00183-00(2434). M.P. Germán Alberto Bula Escobar.
19 Corte Constitucional. Sentencia T-643 de 2015.

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(i) Que no haya sido reconocida la pensión al funcionario por la demora en el
fondo de pensiones, por inconsistencias en la historia laboral, o por otra
circunstancia similar a las expuestas, pese a cumplir con los requisitos para
recibir la pensión de vejez; o, en su lugar,

(ii) Que al servidor le falte un corto período de tiempo para completar el número
de semanas requeridas para acceder a la pensión, exigencia que
tradicionalmente se ha vinculado con la acreditación de la condición de
prepensionado20.

46. El estudio de tales escenarios corresponde, en primer lugar, a la
administración, y no al juez de cumplimiento. Ciertamente, es en tal procedimiento
administrativo que la entidad nominadora debe evaluar y ponderar las
circunstancias particulares de cada caso, a fin de establecer si procede la
desvinculación por edad de retiro forzoso. Así mismo, dicho trámite constituye el
escenario idóneo para garantizar el debido proceso del servidor público que se
encuentra en edad de retiro forzoso.

47. En tales términos, corresponde a las autoridades demandadas estudiar la
situación administrativo-laboral del señor Augusto Rodríguez Ballesteros, a efectos
de determinar la posibilidad de la aplicación de la edad de retiro forzoso como causal
objetiva para el retiro del servicio. Dicho trámite, por demás, ya se encuentra bajo
estudio por parte de la ministra del Interior ad hoc que fue designada para ese único
propósito. Una vez dicha autoridad defina la situación del actual director de la UNP,
la asociación accionante podrá, a su vez, demandar el respectivo acto
administrativo.

48. Segundo, para la aplicación de la referida causal de retiro del servicio público
es necesario verificar que el servidor público no se encuentre en algunas de las
excepciones previstas en el ordenamiento jurídico, sin que corresponda al juez de
cumplimiento resolver conflictos normativos.

49. Como lo advirtió el a quo, y como también lo puso de presente la accionante,
tanto la Ley 1821 de 2016 —que remite al Decreto Ley 2400 de 196821— como el
artículo 2.2.11.1.5 del Decreto 1083 de 2015 —modificado por los decretos 648 de
2017 y 222 de 2023— contiene distintas excepciones frente a la desvinculación o el
reintegro del servicio de funcionarios que ya cumplieron la edad de retiro forzoso.

50. Según el actor, existe una «antinomia» entre la regulación legal y la
reglamentaria, que debe ser resuelta privilegiando a aquella. Sin embargo, esta
Sección ha sostenido que no le corresponde al juez de cumplimiento «definir
exclusivamente la interpretación válida de una norma»22 y mucho menos entrar a
evaluar la legalidad de una disposición reglamentaria.

20 Corte Constitucional. Sentencia T-521 de 2024.
21 Modificado por el artículo 1 del Decreto Ley 3074 de 1968.
22 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 22 de noviembre de 2012. Radicado 25000-23-

41-000-2012-00109-01. M.P. Mauricio Torres Cuervo.

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51. Tal ejercicio hermenéutico no solo corresponde hacerlo a otros jueces, sino
que también impide tener por acreditada la existencia de un mandato imperativo e
inobjetable en virtud del cual este juez pueda ordenar el retiro del servicio del señor
Rodríguez Ballesteros del cargo de director de la UNP.

52. Por lo anterior, la Ley 1821 de 2016 y el Decreto 321 de 2017, para este caso,
no contienen un mandato imperativo e inobjetable susceptible ser exigido mediante
este medio de control.

53. Finalmente, esta Sección advierte que, en primera instancia, la Presidencia
de la República alegó su falta de legitimación, sin que ello hubiese sido resuelto por
el a quo. Pues bien, dicha entidad, en efecto, carece de legitimación en la causa por
pasiva, toda vez que no es la llamada a hacer cumplir la Ley 1821 de 2016, en este
caso. Ello, en atención a que la UNP no pertenece al sector de la Presidencia de la
República, no es la nominadora del director de dicha unidad administrativa especial
y tampoco es la responsable de evaluar su desvinculación del cargo.

2.2. Conclusión

54. La Sala confirmará la decisión del a quo que negó las pretensiones de la
acción de cumplimiento presentada por la Asociación Sindical de Empleados de la
Protección en contra del presidente de la República y el ministro del Interior, por las
razones señaladas en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 25 de junio de 2025, dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, que
negó las pretensiones de la acción de cumplimiento presentada por la Asociación
Sindical de Empleados de la Protección en contra del presidente de la República y
el ministro del Interior, por las razones señaladas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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