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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2025-00797-01

Fecha
24 de julio de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2025-00797-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 19 de junio de 2025, dictada por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró la improcedencia de la acción. En su lugar, RECHAZAR la acción por no agotar en debida forma el requisito de constitución en renuencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-41-000-2025-00797-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

24 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2025-00797-01
Accionantes: IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE JESUCRISTO
INTERNACIONAL Y OTROS
Accionado: RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA S.A.S.
– RTVC

Tema: Rechazo por no agotar el requisito de renuencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de
la sentencia del 19 de junio de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró la
improcedencia de la acción.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. La Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, el Partido Político
MIRA y la señora María Luisa Piraquive de Moreno, mediante apoderado judicial,
presentaron acción de cumplimiento en contra de Radio Televisión Nacional de
Colombia S.A.S. – RTVC (en adelante, RTVC). Mediante el ejercicio de este
medio de control pretenden el acatamiento del «acto administrativo positivo ficto,
protocolizado mediante la Escritura Pública N° 310 del 15 de abril de 2025,
otorgada en la Notaría 80 del Círculo de Bogotá».

2. Como consecuencia del obedecimiento del acto antes señalado, solicitaron
que se ordene a la RTVC que proceda a rectificar los contenidos del programa
de televisión denominado «Señal Investigativa», en particular, los del capítulo
«¿Quiénes son los senadores que quieren hundir la reforma laboral?», el cual fue
transmitido por Señal Colombia, el 16 de marzo de 2025.

1.2. Hechos y fundamentos de la demanda

3. El 16 de marzo de 2025, a las 8:00 pm, RTVC transmitió a través de Señal
Colombia el capítulo «¿Quiénes son los senadores que quieren hundir la reforma
laboral?» del programa «Señal Investigativa». Este contenido televisivo

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandantes: Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional y otros
Demandado: Radio Televisión Nacional de Colombia S.A.S. - RTVC
Radicación: 25000-23-41-000-2025-00797-01

presuntamente también fue publicado en otros medios digitales y redes sociales
pertenecientes a la demandada1.

4. Según los demandantes, en el referido programa, se emitieron afirmaciones
«inexactas y falsas, se realizaron señalamientos y afirmaciones de carácter
calumnioso e injurioso» en contra de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo
Internacional, el Partido Político MIRA y la señora María Luisa Piraquive de
Moreno.

5. Por tanto, el 21 de marzo de 2025, los accionantes radicaron ante RTVC
una solicitud de rectificación previa2, en los términos del artículo 30 de la Ley 182
de 1995. En particular, pidieron lo siguiente:

PRIMERO.- Se RECTIFIQUE la transmisión del programa denominado ‘Señal
Investigativa ¿Quiénes son los senadores que quieren hundir la reforma laboral?’,
publicado el 16 de marzo de 2025, dentro de la programación en vivo de Señal
Colombia y Youtube. La rectificación se deberá transmitir en el mismo programa de
‘Señal Investiga’ a la brevedad posible y deberá contener:

➢ Que el Partido Político MIRA no ha sido investigado por autoridades de
Estados Unidos de Norteamérica, por delitos de lavado de activos ni
enriquecimiento ilícito.
➢ Que la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional y la Dra. María
Luisa Piraquive de Moreno, no han sido investigadas por autoridades de
Estados Unidos de Norteamérica, por delitos de lavado de activos ni
enriquecimiento ilícito.
➢ Que la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, la Dra. María
Luisa Piraquive de Moreno y los Pastores, no se han beneficiado de las
donaciones eclesiásticas que realizan los creyentes de la Iglesia.

SEGUNDO.- Se elimine y/o edite el vídeo denominado ‘Señal Investigativa ¿Quiénes
son los senadores que quieren hundir la reforma laboral?’, publicado el 16 de marzo
de 2025, en lo que guarde relación con mis representadas: Iglesia de Dios Ministerial
de Jesucristo Internacional, la Dra. María Luisa Piraquive de Moreno y el Partido
Político MIRA.

TERCERO.- Se ELIMINEN LAS SIGUIENTES PUBLICACIONES:

• https://www.instagram.com/senalcolombiatv/reel/DHG5OlhJDKo/
• https://www.facebook.com/RTVCnoticias/photos/%EF%B8%8F-estos-son-
los-senadores-que-frenaron-la-reforma-laboral-en-colombia-conoce-
sus/1031820092332166/?_rdr
• https://www.youtube.com/watch?v=7dJ_eA8vwP8
• https://www.rtvcnoticias.com/senadores-que-hundieron-reforma-laboral-
perfiles

CUARTA.- Que se abstenga de emitir y publicar cualquier información igual o
semejante a las relacionadas en esta solicitud.

6. Sin embargo, RTVC no dio respuesta a dicha solicitud en el plazo inicial de
7 días hábiles, ni en el adicional de 3 días, previstos en el artículo 30 ibidem.

1 La parte actora se refirió, específicamente, a los siguientes: www.rtvcnoticias.com;
www.facebook.com/RTVCnoticias; y www.instagram.com/senalcolombiatv.
2 Esta solicitud fue enviada a la siguiente dirección de correo electrónico:
notificacionesjudiciales@rtvc.gov.co.

2
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7. A juicio de los actores, la ausencia de una respuesta implica un silencio
administrativo positivo por parte de RTVC. En consecuencia, elevaron la escritura
pública n. ° 310 de 15 de abril de 20253, con el fin de protocolizar el silencio, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 1437 de 2011.

8. El 28 de abril de 2025, los accionantes presentaron la «Reclamación del
cumplimiento del acto administrativo ficto proferido por RTVC S.A.S.»4, con el fin
de que se llevara a cabo la rectificación solicitada. No obstante, la accionada no
dio respuesta dentro de los 10 días siguientes y tampoco procedió a rectificar las
afirmaciones del programa antes referido.

9. El 22 de mayo de 2025, el director de Señal Colombia le comunicó a los
accionantes que le daría una respuesta a la anterior solicitud dentro de los 15
días siguientes5.

1.3. Trámite de primera instancia

10. El 23 de mayo de 2025, los actores presentaron la acción de cumplimiento
ante los juzgados administrativos de Bogotá, cuyo reparto correspondió al
Juzgado 42 Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Cuarta. Mediante auto
del 26 de mayo del presente año, dicha autoridad judicial remitió por competencia
el proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Esto, con fundamento en
el artículo 152.14 de la Ley 1437 de 2011, comoquiera que el demandado es una
entidad descentralizada del orden nacional.

11. En ese orden, el proceso correspondió a la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que admitió la acción
mediante auto de 28 de mayo de 2025, y ordenó la notificación de RTVC.

1.4. Intervenciones

12. Contestación de RTVC. La demandada indicó que la acción de
cumplimiento es abiertamente improcedente, por tres razones.

13. Primero, la demanda sub examine excede el propósito y la naturaleza de
la acción de cumplimiento. Esto, por cuanto lo que se pretende no es el
acatamiento de una contenida en una ley o acto administrativo, sino que se
ordene a la entidad a la rectificación pretendida por los accionantes. En otras
palabras, su finalidad es «el resarcimiento de un supuesto daño» que habría sido

3 Protocolizada en la Notaría 80 del Círculo de Bogotá.
4 Esta reclamación fue enviada desde la cuenta de correo
electrónico notificacionesjudiciales@idmji.org a la dirección de e-mail
notificacionesjudiciales@rtvc.gov.co. Esta misma reclamación fue enviada, ese mismo día,
mediante correo certificado.
5 Esta comunicación fue enviada al correo electrónico del apoderado de los accionantes.

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causado con la transmisión del programa «Señal Informativa», del 16 de marzo
de 2025.

14. Segundo, la acción no cumple con el requisito de subsidiariedad,
comoquiera que el actor cuenta con otros medios para reclamar lo pretendido en
esta oportunidad. Sobre este punto, se refirió a dos acciones judiciales: (i) el
medio de control de reparación directa, si lo pretendido es el resarcimiento por
los perjuicios causados, que puede ser reparado de forma pecuniaria y no
pecuniaria; y (ii) la acción de tutela, a fin de solicitar la protección de los derechos
que estimen vulnerados.

15. Tercero, el acto ficto cuyo cumplimiento se exige no existe. Al respecto,
expuso las siguientes razones:

(i) El artículo 30 de la Ley 182 de 1995, en el que se funda la existencia del
acto ficto, no se encuentra vigente, en tanto fue tácitamente derogado por
la Ley 1755 de 2015. Esto, en la medida en que las solicitudes de
rectificación —como la que prevé el artículo 30 ibidem— son una modalidad
de las peticiones reguladas en esta última legislación.

(ii) El derecho a la rectificación debe ejercerse conforme a lo dispuesto en el
artículo 70 de la Ley 1341 de 2009, que, a su vez, remite a las normas de
la Ley 1755 de 2015. Esto implica, principalmente, que el silencio de la
administración «ahora es negativo».

16. Finalmente, puso en duda que se hubiese constituido en renuencia en
debida forma a RTVC, puesto que no existe certeza acerca de que la parte actora
hubiese aportado la escritura pública n. ° 310 de 15 de abril de 2025 junto con
las peticiones enviadas el 28 de abril de 2025 con el propósito de agotar el
requisito de procedibilidad de esta acción constitucional. En el mismo sentido,
manifestó que no existe similitud entre las peticiones elevadas en la solicitud de
rectificación y las pretensiones de esta acción constitucional.

17. Concepto del Ministerio Público. Señaló que las pretensiones de
rectificación de la demanda son procedentes, porque sí se configuró el silencio
administrativo positivo alegado por los demandantes.

1.5. Fallo de primera instancia

18. El 19 de junio de 2025, la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca declaró la improcedencia de la acción de
cumplimiento sub examine.

19. Sobre el particular, indicó que en este caso se encuentra acreditada la
constitución en renuencia, con la solicitud enviada a RTVC el 28 de abril de 2025.

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Así mismo, precisó que el cumplimiento pretendido por los actores no involucraba
gasto y tampoco la protección de derechos fundamentales.

20. Sin embargo, concluyó que el artículo 30 de la Ley 182 de 1995 no se
encuentra vigente, lo que torna improcedente la acción. Para el a quo, la Ley
1755 de 2015, así como los artículos 32 de la Ley 1150 de 2007 y 70 de la Ley
1341 de 2009, derogaron la norma de la que se deriva el pretendido silencio
administrativo positivo, consagrándola como una especie de las peticiones
respetuosas. Por tanto, no puede predicarse la existencia de un acto ficto cuyo
cumplimiento sea susceptible de ser demandado mediante esta acción.

21. Por lo demás, advirtió que, si los actores consideran que la demandada
trasgredió los límites de la libertad de expresión en la emisión del programa
«Señal Investigativa» y, en esa medida, vulneró sus derechos fundamentales,
pueden acudir a la acción de tutela.

1.6. Impugnación

22. Los demandantes impugnaron la decisión del a quo, al considerar que: (i) el
artículo 30 de la Ley 182 de 1995 no se encuentra derogado, de forma expresa,
tácita ni orgánica; (ii) la acción de cumplimiento sí es procedente, dado que
ejercieron los mecanismos previstos en el ordenamiento para exigir la
rectificación, en los términos del artículo 30 de la Ley 182 de 1995.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

23. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por
la parte demandante en contra de la sentencia del 19 de junio de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera Subsección B.
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1506 y 1527 de la Ley
1437 de 2011, así como en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
20198, expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

6 Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.

El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación.
También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según
lo regulado en el artículo 245 de este código.
7 Artículo 152: Competencia de los Tribunales Administrativos en primera instancia. […] 14. De

los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las
autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito
desempeñen funciones administrativas.
8 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las

apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los
tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.

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2.2. Problema jurídico

24. Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la
sentencia del 19 de junio de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró la
improcedencia de la acción de cumplimiento promovida por la Iglesia de Dios
Ministerial de Jesucristo Internacional, el Partido Político MIRA y la señora María
Luisa Piraquive de Moreno.

25. Para ello, esta Sección estudiará si la acción cumple con los requisitos de
procedibilidad y de procedencia previstos en la Ley 393 de 1997. Solo en caso
afirmativo, analizará si RTVC está obligado a cumplir el acto ficto protocolizado
en la escritura pública n. ° 310 del 15 de abril de 2025 y, en consecuencia, si
debe proceder con la rectificación solicitada por los accionantes.

2.3. Generalidades sobre la acción de cumplimiento

26. Conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Constitución Política,
cualquier persona, natural o jurídica, puede promover esta acción para hacer
efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo que impone determinada actuación u omisión a la autoridad. Así,
su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.

27. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que
reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad «la renuencia»
(artículo 8), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercer la
demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera
desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a
atender su cumplimiento.

28. Para que la demanda proceda, se requiere:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado
frente al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea
por acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que
permitan deducir su inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede
prescindir de este requisito «[…] cuando el cumplirlo a cabalidad genere el
inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable […]» caso en el cual
deberá ser sustentado en la demanda (artículo 8).

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes
(artículo 1)9.

9 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general

consagran principios y directrices.

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(iii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas,
encargado de ello (artículos 5 y 6).

(iv) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.

(v) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que
puedan ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).

(vi) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que
establezcan gastos a la administración (artículo 9).

29. En caso de que no se acredite el cumplimiento de la constitución en
renuencia, procederá el rechazo de la demanda. Sin embargo, el incumplimiento
de alguno de los otros requisitos de procedibilidad conlleva la declaratoria de
improcedencia del medio de control.

30. Por el contrario, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos,
corresponde a la Sala determinar si existe o no el mandato imperativo e
inobjetable en cabeza de aquella autoridad o del particular en ejercicio de
funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la acción (artículos 5 y
6). Y, a partir de ello, determinar el cumplimiento o incumplimiento de la norma.
Del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de las pretensiones
formuladas.

2.4. Renuencia y su estudio en el caso concreto: la parte actora no
acreditó el cumplimiento del requisito de procedibilidad

31. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución
en renuencia de la autoridad. Este requisito consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe elevarle el interesado a la demandada, exigiendo atender un
mandato legal o consagrado en acto administrativo con citación precisa de este10,
sin que la autoridad conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación
de la solicitud o, por el contrario, se ratifique en el pretendido incumplimiento.

10 Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de

constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia.(Negrita fuera de texto)

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32. Al respecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece
lo siguiente:

Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción
requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del
deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su
incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la
presentación de la solicitud.

33. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha
señalado que «el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino
una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la
renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»11.

34. Sobre este tema, esta Sección12 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es
importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento
y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que, si bien
no está sometida a formalidades especiales, se ha considerado que
debe al menos contener: La petición de cumplimiento de una norma con
fuerza material de ley o de un acto administrativo; el señalamiento
preciso de la disposición que consagra una obligación y la explicación
del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita
o expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con
relación a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de
procedencia de la acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a
cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es
necesario analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta
del destinatario del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco
del incumplimiento reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es
necesario estudiar el contenido de la petición de cumplimiento que
previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo, aquella
define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para
exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos
administrativos13. (Negrillas fuera de texto original).

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20

de octubre de 2011. Rad. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
12 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,

expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.
13 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004. EXP.

2003-00724. M.P.: Darío Quiñones Pinilla

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35. De lo anterior se colige que, para dar por satisfecho este requisito, no es
necesario que el solicitante, en su petición, mencione de forma explícita y expresa
que su objetivo es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8 de la
Ley 393 de 1997 no lo prevé así. Basta con advertir del contenido de la petición
que lo pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de
este, pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

36. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el
requisito de procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia»14.

37. En el caso concreto, la Sala encuentra que la parte actora no demostró
haber constituido en renuencia a RTVC previo al ejercicio de la presente acción
constitucional. Esto, comoquiera que no está probado que, junto con las
solicitudes del 28 de abril de 2025, los accionantes hubiesen aportado la escritura
pública n. ° 310 de 15 de abril de 2025, que protocolizó el acto ficto cuyo
cumplimiento se exige.

38. En efecto, tras revisar las pruebas allegadas al proceso, la Sala advierte
que en la demanda15 los actores manifestaron que la referida escritura pública
fue allegada junto con la solicitud de cumplimiento presentada el 28 de abril de
2025. En particular, indicaron que dicho documento hizo parte de los anexos del
correo enviado desde la cuenta notificacionesjudiciales@idmji.org a la dirección
electrónica notificacionesjudiciales@rtvc.gov.co. Ese mismo día, enviaron la
misma petición mediante correo electrónico certificado de la empresa
Servientrega.

39. Por su parte, en la contestación, RTVC señaló que no existe certeza sobre
el envío de la escritura pública que protocoliza el acto ficto. Al respecto, expuso
que en el primer mensaje de datos enviado por los accionantes tan solo aparecen
mencionados cinco documentos adjuntos, entre los cuales no se encuentra la
escritura. Esta duda se acrecienta, a su juicio, porque el segundo correo
electrónico enviado ese día tampoco incluye en sus anexos la respectiva
escritura pública.

40. Pues bien, del análisis de los referidos documentos la Sala encuentra que,
en efecto, existen dudas acerca de los archivos que fueron anexados con la
renuencia del 28 de abril del presente año, que impide tener por acreditado el
agotamiento del requisito de procedibilidad, como pasa a explicarse:

(i) En el primer correo enviado, aparecen 5 archivos adjuntos, entre los cuales
no se enlista a la referida escritura pública. Existe un recuadro que, al

14 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002,

EXP. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, EXP. 2011-00019.
15 Ver hecho 17 de la demanda de cumplimiento.

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parecer, corresponde a otro archivo en «pdf», pero no forma parte del
listado de adjuntos, como se observa a continuación:

(ii) En el segundo correo certificado enviado, también se enuncian 5 archivos,
sin que alguno de ellos aluda, directa o indirectamente, a la escritura pública
n. ° 310 de 15 de abril de 2025:

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Radicación: 25000-23-41-000-2025-00797-01

41. Aun cuando la escrita pública n. ° 310 se encuentra en los anexos de la
demanda, las anteriores inconsistencias no permiten que esta Sala tenga plena
certeza de que los accionantes aportaron la copia del citado documento junto con
la renuencia presentada el 28 de abril de 2025. Esto impide tener por probado el
agotamiento del requisito de procedibilidad en debida forma, en atención a las
particularidades de este caso.

42. Ciertamente, como lo ha indicado esta Sección en otras oportunidades, el
accionante es quien tiene la carga de demostrar la constitución en renuencia del
accionado. Esta carga cobra especial importancia, cuando lo pretendido con el
ejercicio de la acción es el cumplimiento de un acto ficto derivado de un supuesto
silencio administrativo positivo. Esto, en tanto este tipo de actos administrativos
requieren de ser protocolizados para que sus efectos sean oponibles a terceros
y a la administración, en los términos de los artículos 84 y siguientes de la Ley
1437 de 2011.

43. De allí que cualquier pretensión relativa a exigir el cumplimiento del acto
ficto, como sucede en este caso, requiera que se le envíe a la demandada la
copia de la escritura pública que protocoliza el acto ficto. Solo así es posible
garantizar sus derechos al debido proceso y a la defensa, pues, de lo contrario,
no habría certeza acerca de cuál es contenido y alcance que el administrado le
atribuye al silencio de la administración y tampoco de cuál es el mandato o deber
específico respecto del cual se predica su incumplimiento y frente al cual debe
pronunciarse conforme al artículo 8 de la Ley 393 de 1997.

44. Por lo anterior, la Sala revocará la sentencia de 19 de junio de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró la
improcedencia de la acción sub examine; y, en su lugar, la rechazará por no

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haberse demostrado la constitución en renuencia de la demandada, en debida
forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 19 de junio de 2025, dictada por la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que declaró la improcedencia de la acción. En su lugar,
RECHAZAR la acción por no agotar en debida forma el requisito de constitución
en renuencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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