Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2025-00982-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2025-00982-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-41-000-2025-00982-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez
2 de julio de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, dos (2) de julio de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000-23-41-000-2025-00982-01
Actor: WÍLMAR RESTREPO CORREA
Demandado: JUZGADO TREINTA Y UNO DE EJECUCIÓN DE
PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ Y
OTROS
Acción: HABEAS CORPUS
Asunto: APELACIÓN DE FALLO
Síntesis del caso: mediante sentencia del 29 de julio de 2022, el Juzgado Cuarto Penal del
Circuito Especializado con Función de Conocimiento de Medellín (Antioquia) condenó al
señor Wílmar Restrepo Correa a la pena principal de ciento ocho (108) meses de prisión
como coautor de los delitos de concierto para delinquir y trata de personas. El señor Wílmar
Restrepo Correa presenta acción de habeas corpus por estimar que cumple con los requisitos
para ser beneficiario del subrogado penal de la libertad condicional contemplado en el artículo
471 del Código de Procedimiento Penal; asimismo, refiere que, en su momento, presentó una
acción de tutela que fue conocida por el Juzgado Treinta y Ocho (38) Laboral del Circuito de
Bogotá cuya sentencia no le fue notificada de manera personal, lo cual incidió en que no
pudiera presentar los recursos pertinentes y obtener su libertad condicional.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1095 de 2006 resuelve el
despacho en Sala Unitaria de Decisión la impugnación formulada por la parte actora
contra la providencia proferida el 26 de junio de 2025 por la Subsección C de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante la cual se
declaró improcedente la solicitud de habeas corpus formulada por el señor Wílmar
Restrepo Correa.
I. ANTECEDENTES
1. La petición de habeas corpus
A través de escrito radicado el 25 de junio de 2025 el señor Wílmar Restrepo Correa,
actuando en nombre propio y en ejercicio de la acción constitucional de habeas corpus
pidió que se conceda la protección de sus derechos fundamentales a la libertad, el
debido proceso y la igualdad y, en consecuencia, se ordene su libertad condicional,
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Expediente 25000-23-41-000-2025-00982-01
Actor: Wílmar Restrepo Correa
Acción de habeas corpus - Apelación fallo
toda vez que cumple con los factores objetivos y subjetivos para ser beneficiario de
dicho subrogado penal (índice 1 SAMAI – expediente digital de primera instancia).
2. Los fundamentos de la solicitud de habeas corpus
Como sustento fáctico de la petición del expediente se extrae, en síntesis, lo siguiente:
1) Desde el 5 de diciembre de 2020 fue privado de la libertad por la comisión de los
delitos trata de personas y concierto para delinquir1.
2) En sentencia del 29 de julio de 2022, el Juzgado Cuarto2 Penal del Circuito
Especializado con Función de Conocimiento de Medellín (Antioquia) lo condenó a la
pena principal de ciento ocho (108) meses de prisión como coautor responsable de
los delitos de trata de personas y concierto para delinquir; asimismo, en esta decisión
se negaron los beneficios de suspensión condicional de la ejecución de la pena y
prisión domiciliaria.
3) En la actualidad se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Mediana Seguridad La Modelo de Bogotá.
4) El 9 de abril de 2025 radicó en la Oficina de Atención Jurídica a Internos del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad La Modelo de
Bogotá un derecho de petición dirigido al Juzgado Treinta y Uno de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá en el cual solicitó que se le concediera el
subrogado penal de la libertad condicional, pues, en su criterio, cumple con los
factores objetivos y subjetivos de que trata el artículo 471 del Código de Procedimiento
Penal.
5) El Juzgado Treinta y Uno de Ejecución de Penas y Medida de Seguridad de Bogotá,
mediante auto del 29 de mayo de 2025 negó la petición de libertad condicional por
estimar que no se cumplía con el factor objetivo previsto en el artículo 64 del Código
1
Según consta en oficio no. 636 del 25 de junio de 2025 emitido por el Juzgado Treinta y Uno de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá (índice 9 SAMAI – expediente digital de la
primera instancia).
2 Se pone de presente que el accionante solo indicó que estaba cumpliendo una condena; sin embargo,
es el Juzgado Treinta y Uno (31) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá quien
clarifica el tiempo de la misma y el número del expediente por el cual se surtió el proceso penal en
contra del aquí actor (índice 12 SAMAI – expediente digital de la primera instancia).
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Expediente 25000-23-41-000-2025-00982-01
Actor: Wílmar Restrepo Correa
Acción de habeas corpus - Apelación fallo
Penal; no obstante, dicha decisión no fue notificada al aquí actor, quien presentó
acción de tutela por estimar vulnerados, entre otros, los derechos fundamentales del
debido proceso y petición.
6) La referida acción constitucional fue conocida por el Juzgado Treinta y Ocho
Laboral del Circuito de Bogotá quien, a través de sentencia del 9 de junio de 2025,
amparó el derecho fundamental del debido proceso y ordenó al Juzgado Treinta y Uno
de Ejecución de Penas y Medida de Seguridad de Bogotá notificar al aquí actor la
providencia que negó el referido subrogado de la libertad condicional.
7) El señor Wílmar Restrepo Correa considera que existe una prolongación ilegal de
la privación de su libertad y debe prosperar la acción de habeas corpus, por cuanto
en su criterio, i) tiene derecho al subrogado penal de la libertad condicional porque
cumple con los factores objetivos y subjetivos, y ii) la sentencia de tutela del 9 de junio
de 2025 no le fue notificada de manera personal, de modo que no pudo ejercer los
recursos pertinentes, aspecto que incide en su libertad.
3. La actuación procesal
Las diligencias procesales adelantadas en el presente asunto fueron las siguientes:
1) Surtido el respectivo reparto, correspondió el conocimiento de la acción de la
referencia a la Subsección C de la Sección Primera del Tribuna Administrativo de
Cundinamarca quien, en Sala Unitaria presidida por la magistrada Ana Margoth
Chamorro Benavides, la admitió en primera instancia a través de auto de 25 de junio
de 2025 (índice 5 SAMAI – expediente digital de primera instancia), según lo
establecido en el artículo 5 de la Ley 1095 de 2006.
En esa misma providencia ordenó comunicar la decisión al Juzgado Treinta y Uno de
Ejecución de Penas y Medida de Seguridad de Bogotá, al Juzgado Treinta y Ocho
Laboral del Circuito de Bogotá y al director del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Mediana Seguridad “La Modelo” para que, a la mayor brevedad posible,
rindieran un informe sobre los hechos que dieron lugar al ejercicio de la acción
constitucional y allegaran las actuaciones surtidas en el proceso penal seguido en
contra del penado Wílmar Restrepo Correa.
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Expediente 25000-23-41-000-2025-00982-01
Actor: Wílmar Restrepo Correa
Acción de habeas corpus - Apelación fallo
2) En cumplimiento de la orden de que trata el numeral anterior, el Juzgado Treinta y
Ocho Laboral del Circuito de Bogotá, lo mismo que el Juzgado Treinta y Uno de
Ejecución de Penas y Medida de Seguridad de Bogotá allegaron los informes a ellos
requeridos (índices 11 y 12 SAMAI – expediente digital de primera instancia).
3) En proveído de 26 de junio de 2025 (índice 13 SAMAI - expediente digital de primera
instancia) fue resuelta la solicitud de habeas corpus en el sentido de declarar
improcedente la acción.
4) La anterior providencia le fue notificada al actor (índice 17 SAMAI - expediente
digital de primera instancia), quien interpuso recurso de apelación (índice 17 SAMAI -
expediente digital de primera instancia) el cual fue concedido por el a quo en auto de
27 de junio de 2025 (índice 19 SAMAI - expediente digital de primera instancia).
4. La providencia impugnada
Mediante la decisión impugnada se declaró improcedente la solicitud de habeas
corpus elevada por el actor con sustento en las siguientes consideraciones:
“El accionante argumenta que las autoridades judiciales accionadas, al
proferir las decisiones del 28 (sic) de mayo de 2025 y 9 de junio de 2025,
incurrieron en una indebida notificación, no resolvieron de fondo la petición
de libertad condicional y no valoraron todas las pruebas allegadas al
plenario.
Tales argumentos no proceden al interior del recurso constitucional de
Habeas Corpus, porque no van encaminadas directamente a la protección
del derecho a la libertad, sino que contienen una inconformidad con
decisiones judiciales por presunta violación a los derechos fundamentales al
debido proceso y a la defensa, tanto el proceso penal como en la acción de
tutela, lo que escapa de la órbita del presente instrumento constitucional.
Además, resultó probado que la privación de la libertad de Wílmar Restrepo
Correa no es ilegal o arbitraria, pues fue condenado a una pena de prisión
emitida por autoridad judicial, que está en firme y vigente, pero debate el
derecho a la aplicación de un subrogado penal, decisión que en ninguna
medida constituye una prolongación injusta de la privación de la libertad.
Finalmente, para el Despacho, en esta acción constitucional no es
procedente suplir los mecanismos procesales establecidos en la ley para
debatir órdenes que se imparten al interior de los procesos penales o
constitucionales, entre estas, la decisión que negó la libertad condicional.”
(fls. 6 y 7 del PDF “11_Sentencia_FALLO” índice 13 SAMAI - expediente
digital de primera instancia).
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Expediente 25000-23-41-000-2025-00982-01
Actor: Wílmar Restrepo Correa
Acción de habeas corpus - Apelación fallo
5. El recurso de apelación
Inconforme con la anterior decisión el actor la impugnó, sin argumentos adicionales a
los expuestos en el escrito radicado el 25 de junio de 2025 y mediante el cual presentó
la acción de habeas corpus3 (índice 17 SAMAI - expediente digital de primera
instancia).
II. CONSIDERACIONES
Cumplidos los trámites propios de la acción constitucional, sin que exista causal
alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede esta Sala Unitaria a resolver el
asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) contenido y regulación
del habeas corpus y, 2) el caso objeto de decisión.
1. Contenido y regulación del habeas corpus
Respecto del contenido, naturaleza jurídica y regulación del habeas corpus, es
pertinente precisar lo siguiente:
1) El Constituyente de 1991 instituyó el habeas corpus como derecho constitucional
fundamental en el artículo 30 de la Constitución Política en los siguientes términos:
“Artículo 30. Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo
ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en
todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe
resolverse en el término de treinta y seis (36) horas”.
2) Esa elevada garantía fue reglamentada por la Ley 1095 de 2006 la que en el artículo
1° le otorgó la doble connotación de derecho fundamental y de acción constitucional
de amparo de la libertad personal aspecto este que, según la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, en particular por lo expuesto en la sentencia C-187 de 2006, la
circunstancia de considerarse que el habeas corpus es una acción en modo alguno le
quita la naturaleza de derecho constitucional fundamental, el cual precisamente se
materializa a través del ejercicio de la acción.
3 El recurso de apelación y el expediente de la referencia fue recibido en esta Corporación el 1° de julio
de 2025 a las 9:59 am (índice 2 SAMAI).
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Actor: Wílmar Restrepo Correa
Acción de habeas corpus - Apelación fallo
En esa perspectiva el habeas corpus es entonces un derecho constitucional
fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal
cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales
o legales, o esta se prolongue ilegalmente y que, únicamente puede incoarse por una
sola vez y para su decisión se debe aplicar el principio pro homine.
3) De lo anterior se establece que las causales para invocar la solicitud de habeas
corpus se concretan en dos: a) la violación de las garantías constitucionales y, b) la
privación ilegal de la libertad o su ilegal prolongación, aspecto esto sobre el cual, con
ocasión de analizar la exequibilidad de la Ley 1095 del 2006, en la sentencia C-187
de ese mismo año la Corte Constitucional precisó lo siguiente: “se trata de hipótesis
amplias y genéricas que hacen posible la protección del derecho a la libertad personal
frente a una variedad impredecible de hechos. La lectura conjunta de los artículos 28
y 30 de la Carta Política, pone de manifiesto la reserva legal y judicial para autorizar
la privación de la libertad de la persona, más aún si se considera que ésta constituye
un presupuesto para el ejercicio de otras libertades y derechos”.
4) En ese marco legal y jurisprudencial se advierte que la acción constitucional de
habeas corpus procede cuando hay una privación ilegal de la libertad y el afectado no
cuenta con un mecanismo procesal eficiente para la protección de su derecho.
2. El caso objeto de decisión
1) Se pone de presente que en el presente asunto el tribunal de primera instancia
declaró improcedente la solicitud de habeas corpus por el hecho de que i) el actor se
encuentra detenido en cumplimiento de una sentencia condenatoria, la cual se
encuentra en firme y ejecutoriada; ii) no procede la acción constitucional para
cuestionar la decisión judicial que negó la libertad por pena cumplida y, iii) la
providencia de tutela dictada el 9 de junio de 2025 no incide en la libertad del señor
Wílmar Restrepo Correo y, en realidad, aquel pretende obtener la libertad condicional
cuyo estudio se encuentra en cabeza del juez de ejecución de penas y medidas de
seguridad.
El demandante en la impugnación no presenta ningún argumento adicional diferente
a los expuestos en la solicitud de habeas corpus y, solo insiste en que se le debe
otorgar la libertad condicional.
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Expediente 25000-23-41-000-2025-00982-01
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2) En los términos en los que ha sido propuesta la apelación, esta Sala de Decisión
confirmará la sentencia de primera instancia por las razones que se exponen a
continuación:
a) El artículo 2 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal con base en el
cual se adelanta el proceso penal en contra del aquí accionante, prevé que nadie
podrá ser privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad
judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente
definidos en la ley, el texto de la norma es el siguiente:
“ARTÍCULO 2. LIBERTAD. Toda persona tiene derecho a que se
respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni
privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de
autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y
por motivos previamente definidos en la ley.
El juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la
Nación, ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte
necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba
o la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas. Igualmente,
por petición de cualquiera de las partes, en los términos señalados en este
código, dispondrá la modificación o revocación de la medida restrictiva si las
circunstancias hubieren variado y la convirtieren en irrazonable o
desproporcionada (…)” (negrillas fuera de texto).
b) El artículo 298 de la Ley 906 de 2004 estatuye que la persona que es aprehendida
para el cumplimiento de una sentencia condenatoria debe ser puesta a disposición del
juez de conocimiento que la profirió, en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 298. CONTENIDO Y VIGENCIA. El mandamiento escrito
expedido por el juez correspondiente indicará de forma clara y sucinta los
motivos de la captura, el nombre y los datos que permitan individualizar al
indiciado o imputado, cuya captura se ordena, el delito que provisionalmente
se señale, la fecha de los hechos y el fiscal que dirige la investigación.
La orden de captura tendrá una vigencia máxima de un (1) año, pero podrá
prorrogarse tantas veces como resulte necesario, a petición del fiscal
correspondiente, quien estará obligado a comunicar la prórroga al
organismo de Policía Judicial encargado de hacerla efectiva.
La Policía Judicial puede divulgar a través de los medios de comunicación
las órdenes de captura.
De la misma forma el juez determinará si la orden podrá ser difundida por
las autoridades de policía en los medios de comunicación, durante su
vigencia.
PARÁGRAFO. La persona capturada en cumplimiento de orden judicial
será puesta a disposición de un Juez de Control de Garantías en el plazo
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Actor: Wílmar Restrepo Correa
Acción de habeas corpus - Apelación fallo
máximo de treinta y seis (36) horas para que efectúe la audiencia de control
de legalidad, ordene la cancelación de la orden de captura y disponga lo
pertinente con relación al aprehendido. Lo aquí dispuesto no se aplicará
en los casos en que el capturado es aprehendido para el cumplimiento
de la sentencia, caso en el cual será dispuesto a disposición del juez
de conocimiento que profirió la sentencia” (negrillas de la Sala).
c) La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en relación con la
anterior norma, ha considerado que el control de legalidad de la captura se realiza por
parte del juez de conocimiento cuando no ha obrado ejecutoria de la sentencia,
empero, en los casos en los que ello ha ocurrido, la competencia pasa al juez de
ejecución de penas, de conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 906 de
20044, de la siguiente forma:
“En el caso en estudio, no se discute la legalidad de la privación de la libertad
de JUAN DAVID QUINTERO CARVAJAL, por el contrario, se acepta que
ella obedeció al cumplimiento de la sentencia de condena proferida el 27 de
septiembre de 2013 por el Juzgado 22 Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Cali, modificada el 3 de agosto de 2016 por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad.
Ahora bien, el accionante advirtió que se le está prolongando ilegalmente
del derecho a su libertad, por cuanto al ser capturado el viernes 7 de febrero
de 2019 a las 11:15 de la mañana, no fue puesto a disposición del Juez con
Funciones de Conocimiento que profirió la sentencia, ni ante un Juez con
Función de Control de Garantías, para que en los términos de la sentencia
C-042 de 2018 impartiera legalidad a la privación de la libertad (…).
En el caso en estudio, el Juez 60 de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Cali, a quien le correspondió por reparto la vigilancia de la
pena de JUAN DAVID QUINTERO CARVAJAL, avocó conocimiento y libró
4 ARTÍCULO 38. DE LOS JUECES DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. Los
jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad conocen:
1. De las decisiones necesarias para que las sentencias ejecutoriadas que impongan sanciones
penales se cumplan.
2. De la acumulación jurídica de penas en caso de varias sentencias condenatorias proferidas en
procesos distintos contra la misma persona.
3. Sobre la libertad condicional y su revocatoria.
4. De lo relacionado con la rebaja de la pena y redención de pena por trabajo, estudio o enseñanza.
5. De la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias o de las
solicitudes de reconocimiento de beneficios administrativos que supongan una modificación en las
condiciones de cumplimiento de la condena o una reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.
6. De la verificación del lugar y condiciones en que se deba cumplir la pena o la medida de seguridad.
Asimismo, del control para exigir los correctivos o imponerlos si se desatienden, y la forma como se
cumplen las medidas de seguridad impuestas a los inimputables.
En ejercicio de esta función, participarán con los gerentes p directores de los centros de rehabilitación
en todo lo concerniente a los condenados inimputables y ordenará la modificación o cesación de las
respectivas medidas, de acuerdo con los informes suministrados por los equipos terapéuticos
responsables del cuidado, tratamiento y rehabilitación de estas personas. Si lo estima conveniente
podrá ordenar las verificaciones de rigor acudiendo a colaboraciones oficiales o privadas.
7. De la aplicación del principio de favorabilidad cuando debido a una ley posterior hubiere lugar a
reducción, modificación, sustitución, suspensión o extinción de la sanción penal.
8. De la extinción de la sanción penal.
9. Del reconocimiento de la ineficacia de la sentencia condenatoria cuando la norma incriminadora haya
sido declarada inexequible o haya perdido su vigencia.”.
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Expediente 25000-23-41-000-2025-00982-01
Actor: Wílmar Restrepo Correa
Acción de habeas corpus - Apelación fallo
orden de captura para que se cumpliera la sentencia proferida en su contra.
Capturado el sentenciado el 7 de febrero de 2019 en virtud de la orden dada
por el Juez 6 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, los
funcionarios del CTI pusieron a este ciudadano a disposición del juez
ejecutor, quien (…) efectuó el control de legalidad de la captura.
Encuentra el despacho que el accionante por esta vía excepcional
pretende cuestionar la interpretación adoptada por el juez vigía de la
pena, desconociendo la finalidad otorgada a esta acción
constitucional, que tal como se dijo al inicio de los considerandos de
la presente decisión, no es otra que hacer efectiva la tutela del derecho
a la libertad, sin que sea el espacio propicio para obtener una opinión
diversa a la ya expuesta por el juez natural dentro del proceso.
Como se señaló en líneas anteriores, sólo se habilita la intervención del juez
constitucional de observarse que la decisión cuestionada en sede de habeas
corpus es ilegal, caprichosa o arbitraria, condiciones que no se advierten en
el presente asunto.
En efecto, el Juez 6 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
adquirió la competencia para conocer del asunto en virtud de lo
normado en el artículo 41 de la Ley 906 de 20044, por ello libró orden
de captura y, al ser quien tenía materialmente asignado el expediente
ejerció el control de legalidad al que se refiere el parágrafo 1° del
artículo 298 del C.P.P., en tanto que era quien conocía las incidencias
procesales y podía verificar que la orden de captura fuese librada para
cumplir la sentencia de condena, que ésta se encontrara vigente al
momento de la aprehensión de QUINTERO CARVAJAL y que estuviese
dirigida en contra del mismo ciudadano que fue capturado (…).
Bajo ese entendido, como a JUAN DAVID QUINTERO CARVAJAL no se le
ha quebrantado su derecho a la libertad, pues al ser aprehendido el 7 de
febrero de 2019 a las 11:15 de la mañana, en virtud de orden de captura
proferida por el Juez 6° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Cali, para cumplir con la pena impuesta en sentencia, fue puesto a
disposición del juzgado ejecutor con informe de investigador de campo de 7
de febrero de 2019, suscrito a las 02:00 de la tarde, recibido en el despacho
el 8 de febrero de 2019 a las 10:32 de la mañana (…)5” (negrillas
adicionales).
d) Por su parte, el artículo 34 de la Ley 906 de 2004 dispone que el recurso de
reposición procede contra todas las decisiones dictadas por los jueces penales,
mientras que el artículo 176 del mismo Código Procedimiento Penal preceptúa que es
la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial la competente para
resolver el recurso de apelación presentado en contra de los autos proferidos por los
jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, así:
“ARTÍCULO 34. De los tribunales superiores de distrito. Las salas
penales de los tribunales superiores de distrito judicial conocen:
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 1° de marzo de 2019, expediente
AHP775-2019 no. 54796, MP Eugenio Fernández Carlier.
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Expediente 25000-23-41-000-2025-00982-01
Actor: Wílmar Restrepo Correa
Acción de habeas corpus - Apelación fallo
1. De los recursos de apelación contra los autos y sentencias que en primera
instancia profieran los jueces del circuito y de las sentencias proferidas por
los municipales del mismo distrito.
2. En primera instancia, de las actuaciones que se sigan a los jueces del
circuito, de ejecución de penas y medidas de seguridad, municipales, de
menores, de familia, penales militares, procuradores provinciales,
procuradores grado 1, personeros distritales y municipales cuando actúan
como agentes del Ministerio Público en la actuación penal, y a los fiscales
delegados ante los jueces penales del circuito, municipales o promiscuos,
por los delitos que cometan en ejercicio de sus funciones o por razón de
ellas.
3. De la acción de revisión contra sentencias proferidas por los jueces de
circuito o municipales pertenecientes al mismo distrito, y preclusiones
proferidas en investigaciones por delitos de su competencia.
4. De las solicitudes de cambio de radicación dentro del mismo distrito.
5. De la definición de competencia de los jueces del circuito del mismo
distrito, o municipales de diferentes circuitos.
6. Del recurso de apelación interpuesto contra la decisión del juez de
ejecución de penas”
ARTÍCULO 176. Recursos ordinarios. Son recursos ordinarios la
reposición y la apelación.
Salvo la sentencia la reposición procede para todas las decisiones y se
sustenta y resuelve de manera oral e inmediata en la respectiva audiencia
(…).” (negrillas fuera de texto).
e) Ahora bien, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha señalado
que, en los casos en los cuales se solicita la libertad cumplimiento de la pena, se debe
formular la petición de libertad ante el juez competente y agotar los recursos
correspondientes, así:
“25. La acción de habeas corpus tiene por objeto la protección del derecho
a la libertad, cuando:
(i) se priva de ella a un individuo con violación de las garantías
constitucionales o legales, o
(ii) siendo legítima, se prolonga con vulneración de las disposiciones que la
regulan (artículo 30 superior y 1º de la Ley 1095 de 2006).
26. Esa acción constitucional no está concebida para sustituir los
mecanismos previstos al interior del procedimiento penal, que propenden
por la protección de la vigencia del derecho fundamental a la libertad, al
punto que desconocer su existencia, equivaldría a pasar por alto «la
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio», de
conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Carta Política.
27. De manera que, cuando existe un proceso judicial en trámite, el
habeas corpus no puede utilizarse con ninguna de las siguientes
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Expediente 25000-23-41-000-2025-00982-01
Actor: Wílmar Restrepo Correa
Acción de habeas corpus - Apelación fallo
finalidades: i) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro
de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; ii)
reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación a través
de los cuales deben impugnarse las decisiones que interfieren el
derecho a la libertad personal; iii) desplazar al funcionario judicial
competente; y iv) obtener una opinión diversa – a manera de instancia
adicional – de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad
de las personas .
28. Igualmente, en los casos en que la privación de la libertad está
respaldada en providencia judicial, las solicitudes de libertad deben
formularse dentro del cauce ordinario respectivo y haciendo uso de los
recursos legales existentes, admitiéndose que sólo en eventos
extraordinarios se justifica la procedibilidad de la acción de habeas
corpus, cuando la actuación judicial constituya una auténtica vía de
hecho y contra la misma no proceda algún recurso.
29. Pues bien, confrontados los lineamientos expuestos con el caso
sometido a consideración, se anticipa que la acción de habeas corpus no
tiene vocación de prosperidad, tal como lo concluyó el a quo.
30. En efecto, ÁLVARO ALFONSO GARCÍA ROMERO reclama su
liberación porque estima que el proceso por el que se encuentra privado de
la libertad ha rebasado los términos que se consideran razonables, pues
supera los 14 años, además que de encontrarse culpable del delito por el
que está siendo procesado en el radicado 33663, al acumularse las penas,
no se debería ordenar ni un solo día adicional de prisión.
31. En ese orden, el punto de discusión no se ubica en el acto que dio origen
a la privación intramuros. Realmente, lo que el interesado debate es el
tiempo que ha tomado el último proceso en su contra (…).
32. De cara a esa pretensión, se destaca que el habeas corpus al
instituirse como medio excepcional no puede desconocer los trámites
dispuestos al interior del proceso en curso, ni el juez constitucional
encargado de resolverlo está habilitado para sustituir a los
funcionarios encomendados del conocimiento de tales
procedimientos, al punto que le está vedado cuestionar situaciones del
resorte exclusivo de la jurisdicción ordinaria.
33. Lo anterior, por cuanto toda solicitud de libertad de quien se encuentra
privado de ese derecho fundamental en virtud de decisión judicial debe ser
elevada ante el juez encargado de resolverla, en este caso la Sala Especial
de Primera Instancia, de modo que, no le corresponde al juez constitucional,
en sede de habeas corpus, sustituir al ordinario, salvo que agotados los
medios y los recursos legales, se considere que la privación de la libertad
del detenido legalmente se prolonga de manera ilícita (…).
35. Al margen de lo anterior, las solicitudes referidas a la libertad del
procesado deben ser elevadas al interior del proceso penal, como
efectivamente lo realizó la defensa de GARCÍA ROMERO, en asunto que en
primera instancia fue resuelto de manera desfavorable en auto AEP 081-
2024 del 22 de julio de 2024, y que se encuentra pendiente de ser desatado
en sede de apelación. De ahí que el habeas corpus resulta improcedente,
pues se utiliza como una medida paralela en búsqueda de obtener lo pedido
de cualquier manera.
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Expediente 25000-23-41-000-2025-00982-01
Actor: Wílmar Restrepo Correa
Acción de habeas corpus - Apelación fallo
36. Lo expuesto es suficiente para concluir que, en el caso concreto no
procede la acción constitucional invocada y la ineludible consecuencia es la
confirmación del proveído impugnado.”6 (se resalta).
f) De las pruebas allegadas al proceso de la referencia se tiene que el señor Wílmar
Restrepo Correa, en sentencia del 29 de julio de 2022 fue condenado por el Juzgado
Cuarto Penal del Circuito Especializado con Función de Conocimiento de Medellín
(Antioquia) a la pena principal de ciento ocho (108) meses de prisión como coautor
responsable de los delitos de trata de personas y concierto para delinquir; asimismo,
en esa decisión se negaron los beneficios de suspensión condicional de la ejecución
de la pena y prisión domiciliaria ((índice 12 SAMAI – expediente digital de la primera
instancia).
g) El actor del proceso de habeas corpus de la referencia, mediante memorial del 9
de abril de 2025 le solicitó al Juzgado Treinta y Uno de Ejecución de Penas y Medida
de Seguridad de Bogotá que le otorgara el subrogado penal de la libertad condicional,
petición que fue negada por aquel en proveído del 29 de mayo de 2025 y, que le fue
notificado luego de manera posterior en cumplimiento de un fallo de acción de tutela.
h) Sobre esto último, es importante poner de presente que en el expediente de la
referencia no fue aportada la decisión del 29 de mayo de 2025 ni su constancia de
notificación; sin embargo, se conoce de su existencia porque se encuentran
relacionadas en el sistema de gestión judicial de la Rama Judicial7 y, en todo caso,
es el propio demandante quien refiere en la solicitud de habeas corpus que el
6
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 31 de julio de 2024, expediente
AHP4243-2024 no. 66899, MP Carlos Roberto Solórzano Garavito.
7
La revisión del sistema de gestión judicial de consulta de procesos de la página de la Rama Judicial
en el aparte de Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, bien sea que se
consulte por los apellidos del condenado o por su cédula de ciudadanía, da cuenta que en el expediente
no. 1001-60-00-000-2021-01062-00 se dictó el 29 de mayo de 2025 un auto que niega la libertad
condicional, el cual se notificó por 25 de junio de 2025. El artículo 95 de la Ley 270 de 1996 dispone
que “el Consejo Superior de la Judicatura debe propender por la incorporación de tecnología de
avanzada al servicio de la administración de justicia. Esta acción se enfocará principalmente a mejorar
la práctica de las pruebas, la formación, conservación y reproducción de los expedientes, la
comunicación entre los despachos y a garantizar el funcionamiento razonable del sistema de
información. Los juzgados, tribunales y corporaciones judiciales podrán utilizar cualesquier medios
técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el cumplimiento de sus funciones. Los
documentos emitidos por los citados medios, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y
eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el
cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales”, de igual manera el artículo 2, literal
a) de Ley 527 de 1999 define los “mensajes de datos” como “la información generada, enviada,
recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser,
entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el
télex o el telefax”; por su parte, en el literal j) del mismo artículo se establece que por “sistema de
información” se entenderá “todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de
alguna otra forma mensajes de datos”.
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Expediente 25000-23-41-000-2025-00982-01
Actor: Wílmar Restrepo Correa
Acción de habeas corpus - Apelación fallo
“Juzgado 31 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, emite
respuesta mediante auto interlocutorio no. 2018 calendado 29 de mayo del año 2025”8
y que conoció de dicha decisión, a través de la cual se negó la petición de libertad
condicional.
i) En este contexto, es especialmente relevante advertir que en el sistema de gestión
de la Rama Judicial no se aprecia que el aquí actor presentó algún recurso contra la
decisión del Juzgado Treinta y Uno de Ejecución de Penas y Medida de Seguridad de
Bogotá, aspecto que de igual manera, tampoco es mencionado por el accionante.
j) Lo anterior es de importancia, pues, de las normas citadas en los párrafos anteriores,
se tiene que, en contra de las decisiones dictadas por los jueces de ejecución de
penas y medidas de seguridad caben los recursos de reposición y apelación; de modo
que, si el demandante consideró que la decisión dictada el 29 de mayo de 2025 por el
Juzgado Treinta y Uno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá fue
equivocada debió discutirlo a través de los recursos ordinarios dispuestos para ello en
el Código de Procedimiento Penal; de manera que, esto conduce, inequívocamente,
a concluir que la petición de habeas corpus sea improcedente puesto que, como fue
explicado anteriormente, en el marco de la regulación constitucional y legal, la acción
de habeas corpus es un instrumento especial y excepcional de protección de la
libertad individual de las personas pero, que no puede ser utilizado o aplicado en forma
indiscriminada y menos aun cuando el condenado cuenta con instrumentos judiciales
ordinarios idóneos y eficaces de protección y de defensa para salvaguarda y eficacia
del derecho constitucional fundamental a la libertad.
Sobre esto último, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como de la Corte
Suprema de Justicia han precisado, puntualmente, que la acción de habeas corpus
no constituye un recurso ordinario adicional a los preestablecidos por el legislador en
la ley procesal penal, ni una instancia adicional del proceso ni tampoco desplaza los
medios o instancias ordinarias para reclamar la garantía del derecho a la libertad
individual, por ello resulta improcedente el ejercicio del habeas corpus ante la
existencia y viabilidad de los mecanismos medios ordinarios de protección del derecho
a la libertad personal. En esa directriz resulta de especial ilustración lo expresado por
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 7 de junio
de 2007:
8
Fl. 2 del PDF “demanda” - índice 1 SAMAI – expediente digital de primera instancia).
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Expediente 25000-23-41-000-2025-00982-01
Actor: Wílmar Restrepo Correa
Acción de habeas corpus - Apelación fallo
“En este caso, el accionante alega que ha existido una prolongación ilícita
de la privación de la libertad, debido a que el Juzgado Doce de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá no le ha resuelto el recurso de
reposición interpuesto contra la providencia mediante la cual se le negó la
detención domiciliaria como padre cabeza de familia; sin embargo, debe
advertirse de una vez que tal pretensión no está llamada a prosperar, toda
vez que a partir del momento en que se impone la medida de aseguramiento,
todas las peticiones que tengan relación con la libertad del procesado
deben elevarse al interior del proceso penal, no a través del mecanismo
constitucional de Habeas corpus, pues esta acción no está llamada a
sustituir el trámite del proceso penal ordinario.
Al respecto ha sostenido la Corte Suprema de Justicia:
El núcleo del habeas corpus responde a la necesidad de proteger el
derecho a la libertad. Pero cuando la misma ha sido afectada por
definición de quien tiene la facultad para hacerlo y ante él se dan, por
el legislador diferentes medios de reacción que conjuren el desacierto,
nadie duda que el habeas corpus está por fuera de este ámbito y
pretender aplicarlo es invadir órbitas funcionales ajenas. Su inmediatez,
su perentoriedad, su efecto indiscriminado, al punto que no hay fuero o
especialidad de competencia en el cual no incida, no impone ni auspicia el
que se le haga actuar en donde no es el radio de su intervención.
No es aceptable la existencia de dos medios judiciales alternativos
para controvertir las decisiones que afectan la libertad y, por ello,
resulta necesario armonizar los instrumentos constitucionales con los
procesales, previstos para la protección del derecho a la libertad. De
ahí que la Sala haya sostenido reiteradamente que el habeas corpus
constituye un mecanismo excepcional y extraprocesal, que no está
llamado a prosperar cuando se cuenta con los recursos legales
ordinarios al interior del proceso mismo.
(...). Resulta indiscutible que al interior del proceso penal se cuenta con la
posibilidad de solicitar la libertad condicional o la sustitución de la pena de
prisión por la prisión domiciliaria, tal como lo ha hecho LUIS FERNANDO
AYALA RODRÍGUEZ ante los jueces de ejecución de penas que vigilan el
cumplimiento de la pena, y si bien es cierto que no ha logrado sacar avante
su propósito, ese sólo hecho no lo faculta para acudir al habeas corpus.
La insistencia del accionante en citar jurisprudencia de la Corte
Constitucional para señalar que los subrogados penales constituyen
derechos del condenado, ello no implica que puedan exigirse a través de la
acción excepcional del habeas corpus, pues tal como lo señaló el a-quo,
dichas solicitudes deben elevarse al interior del proceso y en caso de existir
desacuerdo con la decisión, deben agotarse los recursos ordinarios
previstos para el efecto (…).” (destaca la Sala Unitaria).
k) Por consiguiente, como el señor Wílmar Restrepo Correa presentó una solicitud de
libertad condicional ante el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, no
puede el juez constitucional decidir sobre la supuesta privación cuando se debieron
presentar los recursos de reposición y apelación contra la decisión que negó la
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Expediente 25000-23-41-000-2025-00982-01
Actor: Wílmar Restrepo Correa
Acción de habeas corpus - Apelación fallo
petición de habeas corpus9; no puede pretenderse válidamente, a través del
mecanismo excepcional de habeas corpus desplazar o sustituir la competencia que
sobre el particular tiene el juez natural, pues, el juez constitucional no está llamado a
invadir esferas que le corresponden al juez penal competente para conocer y dilucidar
el caso en estudio, motivo por el cual la petición resulta improcedente.
l) De otro lado, es pertinente resaltar que, como lo expuso el tribunal de primera
instancia, la decisión de acción de tutela dictada por el Juzgado Treinta y Ocho Laboral
del Circuito de Bogotá en nada incide respecto de la libertad del aquí actor, pues, en
esta solo se dispuso que se notificara al señor Wílmar Restrepo Correa el auto que
negó la libertad condicional.
m) Por lo tanto, dada la improcedencia de lo pretendido se impone confirmar la
sentencia de primera instancia que así lo declaró en relación con la petición de libertad
elevada por el señor Wílmar Restrepo Correa a través de la acción de habeas corpus.
3) El despacho ordenará que la presente providencia sea notificada de manera
personal al señor Wílmar Restrepo Correa identificado con cédula de ciudadanía no.
71.373.016, quien se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Mediana Seguridad La Modelo de Bogotá, patio número 2A Norte, NUI
1122838.
En mérito de lo expuesto, a las 8.00 am de hoy 2 de julio de 2025, el magistrado Fredy
Ibarra Martínez del Consejo de Estado – Sección Tercera, Subsección B, en Sala
Unitaria de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
FALLA:
1°) Confírmase la providencia impugnada de 26 de junio de 2025 proferida la Sala
Unitaria de la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
9 Cuando existe una actuación judicial en trámite, la acción de habeas corpus no puede utilizarse para
i) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones
de libertad, ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación establecidos como
mecanismo legales idóneos para impugnar las decisiones que interfieran el derecho a la libertad
personal, iii) desplazar al funcionario judicial competente y iv) obtener una opinión diversa de la
autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de la persona. Al respecto se puede consultar,
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, expediente 26.503, sentencia de 27 de noviembre
de 2006.
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Expediente 25000-23-41-000-2025-00982-01
Actor: Wílmar Restrepo Correa
Acción de habeas corpus - Apelación fallo
Cundinamarca, Magistrada Ponente Ana Margoth Chamorro Benavides.
2°) A través de los funcionarios de la Secretaría General del Consejo de Estado,
notifíquese inmediatamente de manera personal esta providencia al señor Wílmar
Restrepo Correa, identificado con cédula de ciudadanía no. 71.373.016 y quien se
encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana
Seguridad La Modelo de Bogotá, patio número 2A Norte, NUI 1122838, para lo cual
deberá entregársele copia integral de la decisión. Una vez se efectué la notificación
de esta providencia, se deberá allegar en forma inmediata la constancia de notificación
al correo institucional de este despacho judicial “notifibarra@consejodeestado.gov.co”
o al correo electrónico de la secretaría general
“secgeneral@consejodeestado.gov.co”.
3°) Comuníquese esta decisión al Juzgado Treinta y Uno (31) de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Bogotá, al Juzgado Treinta y Ocho (38) Laboral del
Circuito de Bogotá y al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana
Seguridad La Modelo de Bogotá.
4°) Ejecutoriada esta decisión, devuélvase el expediente al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, previas las respectivas constancias de rigor en la Secretaría
General del Consejo de Estado.
NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por el magistrado ponente
en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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