Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2025-01009-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2025-01009-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 25000-23-41-000-2025-01009-02
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad Electoral
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01009-02
Demandante: Fundación para el Estado de Derecho - «FEDE. COLOMBIA»
Demandado: Richard Gamboa Ben-Eleazar, director de Asuntos Religiosos del
Ministerio del Interior
Tema: Requisitos para la elección del director técnico, código 0100, grado
23, ubicado en la Dirección de Asuntos Religiosos.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Fundación para el Estado de
Derecho - «FEDE. COLOMBIA» contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección «A» el 22 de enero de 2026, mediante la cual
negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
1. La Fundación para el Estado de Derecho – «FEDE. COLOMBIA», actuando a través de su
representante legal1 y en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 139 de la Ley
1437 de 2011, presentó demanda2 en la que pretende la nulidad de la Resolución 0750 del 29
de mayo de 2025, a través de la que se nombró al señor Richard Gamboa Ben-Eleazar como
director de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior.
2. Subsidiariamente pretende la nulidad parcial del artículo 4 de la Resolución 0750 del 29 de
mayo de 2025, en lo que corresponde a la expresión allí contenida referida a que rige a partir
de la fecha de su «expedición».
1.2. Hechos
3. La parte demandante sostuvo, en términos generales, lo siguiente:
4. Que al acto atacado lo precedió la expedición de la Resolución 0428 del 21 de marzo de
2025, mediante la cual se modificó el Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales del Ministerio, reduciendo sustancialmente los requisitos de formación académica y
experiencia exigidos para el cargo de director de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior.
5. Dicha reforma se hizo con 10 días hábiles de antelación a la publicación de la hoja de vida
del aspirante, lo que permite inferir un vínculo directo entre la flexibilización de los requisitos,
1
Andrés Caro Borrero – CC 1.136.883.888 «Anexo 1_Existencia y representación legal»
2
Radicada el 1 de julio de 2025 – Expediente Digital SAMAI (Primera Instancia) – Índice 00001
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Fundación para el Estado de Derecho – «FEDE. COLOMBIA»
Demandado: Richard Gamboa Ben-Eleazar,
director de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01009-02
el perfil político y la habilitación de una persona que, bajo el régimen anterior, no había sido
elegible.
6. La secuencia de esos actos administrativos revela la utilización instrumental del poder
nominador, no orientada al interés general ni al cumplimiento del principio de mérito, sino
dirigida a permitir la designación de un perfil previamente determinado.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
7. Como normas vulneradas citó los artículos 19, 125 y 209 de la Constitución Política; 1, 2 y
3 de la Ley 133 de 1994; 3 y 4 de la Ley 498 de 1998; 2, 48 y 49 de la Ley 909 de 2004; y 3,
65, 137 y 275 de la Ley 1437 de 2011.
8. Dijo que el acto administrativo demandado adolece de desviación de poder, falsa motivación
y expedición irregular, desconoce el principio constitucional del mérito y vulnera el derecho
fundamental a la libertad religiosa y de cultos.
9. Lo anterior porque la Resolución 0750 del 29 de mayo de 2025, estuvo precedida de una
modificación normativa expedida con 10 días hábiles de antelación a la publicación de la hoja
de vida del señor Gamboa Ben-Eleazar, orientada exclusivamente a viabilizar dicho
nombramiento sin existir razones técnicas, institucionales o de mejora del servicio que
justificaran los cambios introducidos.
10. El manual de funciones del Ministerio del Interior se encuentra contenido en la Resolución
0881 del 6 de junio de 20243, la cual fue modificada por la Resolución 0428 del 21 de marzo
de 20254, en cuanto a los requisitos para el desempeño como director técnico (código 0100,
grado 23) de la Dirección de Asuntos Religiosos.
11. Con dicha reforma se adicionó una función consistente en la coordinación del
SINALIBREC5 creado mediante la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023, se amplió la formación
académica en cuanto al núcleo básico de conocimiento y se flexibilizó la experiencia exigida
para el cargo.
12. Cuestionó que, si el SINALIBREC se creó desde el año 2023, por qué no se ajustaron los
requisitos del cargo en la Resolución 0881 de 2024 y solo se hizo diez (10) días hábiles antes
de la publicación de la hoja de vida del demandado, quien, además, no se encuentra graduado
en la modalidad de especialización, su título de pregrado no cumple las áreas de formación
establecida en aquella resolución y la experiencia acreditada proviene exclusivamente del
sector privado.
13. Afirmó que el acto demandado desconoce el principio del mérito y los que rigen la función
administrativa, porque ajustar el manual de funciones y competencias para favorecer el
nombramiento, desecha los criterios y objetivos en cuanto a la idoneidad para el desempeño
del cargo, pues contrario a la satisfacción del interés general, a la necesidad del servicio y al
mérito como principio orientador de la función pública, el haber relegado de manera previa y
desmejorado las condiciones de profesionalización que requieren los empleos gerenciales,
3
«Por la cual se modifica el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales para los empleos de planta de personal del Ministerio
del Interior de conformidad con el Decreto 0714 de 2024»
4
«Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 0881 del 06 de junio de 2024»
5
«Sistema Nacional de Libertad Religiosa, de Cultos y Conciencia, Diálogo Social, Paz Total, Igualdad y No Estigmatización»
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Demandado: Richard Gamboa Ben-Eleazar,
director de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01009-02
constituye una intención de favorecer un interés particular al margen de las necesidades de la
función pública.
14. La Resolución 0750 de 2025 vulnera el derecho fundamental a la libertad de cultos, ya que
la Dirección de Asuntos Religiosos creada mediante el Decreto 1140 de 2018, entre sus
funciones, tiene la de asesorar y apoyar técnicamente en la formulación, ejecución y
seguimiento de políticas públicas sobre libertad e igualdad religiosa, de cultos y de conciencia,
promover la participación ciudadana del sector religioso en procesos de construcción de paz y
tejido social y fomentar el diálogo interreligioso a nivel nacional e internacional.
15. Pese a lo anterior, cuando se enunció el nombramiento del demandado, diversas
organizaciones religiosas expresaron públicamente que esa designación compromete los
principios constitucionales de pluralismo, neutralidad religiosa y por ende del mérito, quienes
advirtieron falsedades en la acreditación de los requisitos de formación y experiencia
presentadas por el señor Richard Gamboa Ben-Eleazar, quien, además, en manifestaciones
públicas se ha referido de manera hostil, discriminatoria y contraria a la libertad religiosa.
16. La falsa motivación se sustenta en que el acto demandado contiene información fáctica
incorrecta respecto del cumplimiento de los requisitos legales de experiencia, ya que la
Resolución 0428 de 2025 exige un mínimo de 100 meses si el aspirante no cuenta con título
de especialización ni maestría. Cuestionó la certificación laboral expedida por la «Confesión
Islámica Ahlul Bayt Colombia», pues según información de la Cámara de Comercio, esa entidad
no ha renovado su matrícula mercantil desde el año 2020, lo que indica que no estaba
habilitada para operar al momento en el que el demandado prestó supuestamente los servicios
hasta febrero de 2025.
17. Aunque el señor Richard Gamboa Ben-Eleazar reportó 11 años y 1 mes de experiencia,
los registros oficiales del ADRES señalan que estuvo afiliado al régimen subsidiado a través
de Capital Salud EPS-S SAS entre el 1 de junio de 2013 y el 5 de octubre de 2017; es decir,
que durante 4 años y 4 meses presentó una situación de desempleo o informalidad, condición
incompatible con el ejercicio de funciones laborales que puedan constituir experiencia
profesional válida para efectos del ingreso al empleo público.
18. Por otra parte, afirmó que el acto demandado infringe el principio de publicidad, ya que no
obra en el Diario Oficial ni en el portal web del Ministerio del Interior, lo que constituye una
infracción directa al parágrafo del artículo 65 del CPACA6, e impide que la ciudadanía conozca
oportunamente las decisiones de la administración y que se ejerza control sobre su legalidad
y legitimidad.
19. Afirmó que el artículo 4 de la Resolución 0750 de 2025 dispone que «rige a partir de la fecha
de su expedición», lo cual resulta contrario a lo previsto en el parágrafo del artículo 65 del
CPACA frente al deber de publicidad de los actos de nombramiento distintos a los de voto
popular, lo que sustenta la pretensión subsidiaria invocada en la demanda.
20. Concluyó que la falta de publicación constituye una infracción directa a las normas
constitucionales y legales que exige a las autoridades el deber de hacer públicos los actos de
forma sistemática, imponiéndose entonces la nulidad de la Resolución 0750 de 2025.
6
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)
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Demandado: Richard Gamboa Ben-Eleazar,
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Radicación: 25000-23-41-000-2025-01009-02
1.4. Trámite procesal de primera instancia
21. Previo traslado por el término de cinco (5) días7 de la medida cautelar, por auto del 8 de
agosto de 2025 se admitió el medio de control8, se negó la suspensión provisional invocada9
y se dispuso su notificación al demandado, al Ministerio del Interior, al Ministerio Público y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
22. Surtidas las notificaciones de rigor10, se recibieron los siguientes pronunciamientos:
23. El señor Richard Gamboa Ben-Eleazar11, por intermedio de apoderado judicial12 se opuso
a las pretensiones de la demanda porque con la Resolución 0750 de 2025 no se incurrió en
causal alguna de nulidad, ya que la actuación del Ministerio del Interior fue transparente,
promovida por el interés general y en pro del mejoramiento en la prestación del servicio público.
24. Frente a la supuesta desviación de poder dijo que la modificación del manual de funciones
respondió a una necesidad institucional legítima y a un proceso debidamente regulado, ya que
la Resolución 0428 del 21 de marzo de 2025 tuvo una justificación material y cumplió con el
procedimiento establecido en la normativa vigente, previa consulta a las organizaciones
sindicales de la entidad (SINDEMINT y SINEMPRAE)13, en aplicación del numeral 8º del
artículo 8 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 2.2.2.6.1. del Decreto 1083 de 2025, modificado
por el artículo 4 del Decreto 498 de 2020.
25. Que la coincidencia temporal entre la modificación del manual de funciones y la publicación
de la hoja de vida del señor Gamboa Ben-Eleazar, no constituye por sí misma prueba de una
desviación de poder, ya que la administración tiene la facultad y el deber de hacerlo para
garantizar la idoneidad de los perfiles frente a las exigencias del servicio y los mandatos
legales, y la necesidad de dicho ajuste preexistió a la postulación del demandado, dada la
entrada en vigor de la Ley 2294 de 2023.
26. Dijo que cumple con los requisitos del manual de funciones y la modificación está
justificada por razones institucionales y legales, no por un propósito espurio y, además, ello no
desmejoró el estándar técnico del cargo, sino que lo actualizó para responder a las nuevas
exigencias legales y funcionales, ampliando el espectro de profesionales idóneos para la labor.
27. En cuanto a la supuesta vulneración al principio de mérito y a los que rigen la función
administrativa, precisó que para el nombramiento del señor Gamboa Ben-Eleazar se cumplió
con los criterios en esa materia y además de capacidad y experiencia, así como la
transparencia en la vinculación de servidores, las competencias laborales y las calidades
personales, tal como lo exigen los artículos 2.2.13.1.2. y 2.2.13.2.1 del Decreto 1083 de 2015
y, en este caso, el demandado tenía las cualificaciones necesarias según el manual
actualizado y gozaba de la confianza política apropiada para un puesto directivo.
7
Auto del 3 de julio de 2025. Expediente Digital SAMAI (Primera Instancia) – Índice 00004
8
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia) – índice 00016
9
Advirtió que «…tal como ha quedado demostrado en el estudio de la solicitud de medida cautelar, ésta no contiene argumentos de rango
legal o constitucional que permitan suspender provisionalmente el acto demandado, pues, se reitera, que se trata de los mismos argumentos
que sustentan la demanda inicial, sin exponer argumento alguno o confrontación con normas de rango constitucional que permita la
suspensión provisional de dicho acto de nombramiento desde esta etapa procesal, más aun cuando el asunto recae en el cumplimiento o no
de los requisitos legales para el acceso a un cargo público, siendo para ello necesario con mayores elementos de prueba para adoptar una
decisión de fondo.».
10
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia) – índices 00020, 00021 y 00022
11
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia) – Índice 00024
12
Abogado Gerardo Sánchez Jiménez – TP 220.888 del CSJ
13
En la respuesta a la demanda, el demandado no precisó el nombre de las organizaciones sindicales.
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28. La Subdirección de Gestión Humana realizó la verificación exhaustiva de los documentos
soporte de la hoja de vida del demandado en cuanto a sus estudios y experiencia laboral,
certificando que reunía los requisitos exigidos para el empleo de director técnico, código 0100,
grado 23, de acuerdo con la Resolución 0428 de 2025 y concluyó que el demandado era idóneo
y pertinente para el cargo de director de Asuntos Religiosos.
29. Se realizaron pruebas de competencias laborales por parte del Departamento
Administrativo de la Función Pública, lo que demuestra un proceso riguroso y objetivo en la
valoración de la idoneidad del demandado para ejercer el cargo, por lo que la selección no fue
arbitraria y se basó en una evaluación técnica de sus capacidades, contario a lo que alega el
demandante.
30. Adujo que la afiliación al ADRES entre los años 2013 y 2017 no es per se incompatible con
la experiencia profesional válida para el cargo, ya que existen diferentes formas de empleo
como el trabajo independiente, la consultoría, o el trabajo en entidades no lucrativas o
religiosas que pueden coexistir con la afiliación al régimen subsidiado, especialmente en
períodos de transición o para personas que no califican para el régimen contributivo por otras
razones.
31. En cuanto al cuestionamiento de la certificación laboral expedida por la «Confesión Islámica
Ahlul Bayt Colombia», indicó que el demandante confunde dos figuras jurídicas, pues las
confesiones religiosas tienen un régimen especial y distinto al de entidades comerciales, su
existencia no depende de la matrícula mercantil, sino de su reconocimiento como tal por parte
del Ministerio del Interior y en este caso se dio mediante la Resolución 2621 del 23 de
diciembre de 2011.
32. Sobre la supuesta neutralidad religiosa y libertad de cultos, dijo que la Dirección de Asuntos
Religiosos tiene como función principal asesorar y apoyar en la formulación, ejecución y
seguimiento de políticas públicas sobre la libertad e igualdad y fomentar el diálogo
interreligioso; por lo que quien ocupe ese cargo, está en la obligación de actuar bajo esos
principios, independientemente de sus creencias o expresiones personales.
33. Respecto de las manifestaciones públicas del señor Gamboa Ben-Eleazar en redes
sociales, aclara que una cosa es la libertad de expresión del individuo garantizada por la
Constitución, y otra el deber de neutralidad y objetividad en el ejercicio de la función pública,
pues las opiniones personales dadas en un ámbito no oficial, incluso si son controvertidas, no
pueden ser automáticamente equiparadas con la postura institucional del Ministerio del Interior,
ni con la capacidad del funcionario para desempeñar sus funciones de manera imparcial.
34. En lo que se refiere a la publicidad del acto demandado, precisó que el artículo 65 del
CPACA también contempla la publicación en otros medios como es el caso de la página web
de la entidad, que se cumple con el espíritu del principio de publicidad y transparencia.
35. Finalmente propuso las excepciones de «FALTA DE FUNDAMENTACIÓN EN EL CONCEPTO
DE DESVIACIÓN DE PODER», «INEXISTENCIA DE FALSA MOTIVACIÓN», «AUSENCIA DE
VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD RELIGIOSA» y «CUMPLIMIENTO DE LOS
PRINCIPIOS DE MÉRITO, PUBLICIDAD, MORALIDAD Y TRANSPARENCIA».
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36. El Ministerio del Interior14, por intermedio de apoderado judicial15, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, porque el acto demandado no adolece de ilegalidad, ya que
para el nombramiento del señor Richard Gamboa Ben-Eleazar se realizó la verificación del
cumplimiento de los requisitos de estudio y experiencia exigidos para el cargo de director
técnico, código 0100, grado 23, de acuerdo con el perfil previsto en el Manual de Funciones,
Requisitos y Competencias Laborales de que trata la Resolución 0428 de 2025, de acuerdo
con los soportes presentados por el aspirante.
37. Resaltó que la Resolución 0750 del 29 de mayo de 2025 fue comunicada al interesado
como lo establece el artículo 2.2.5.1.6 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el artículo 1
del Decreto 648 de 2017 y fue publicada en la página web de la entidad.
38. Además, la modificación del manual de funciones hecha mediante la Resolución 0428 de
2025 se encuentra debidamente motivada, soportada en el artículo 122 de la Constitución
Política, los decretos 770 de 2005 y 1083 de 2015, las leyes 133 de 1994 y 2294 de 2023,
haciéndose necesaria la inclusión de requisitos académicos con profesiones de núcleos de
conocimiento relacionados con las ciencias humanas y sociales de acuerdo con las
necesidades de mejorar el desempeño de las funciones asignadas por la ley a la Dirección de
Asuntos Religiosos.
39. Que la coincidencia material entre la modificación del manual de funciones con la
publicación de la hoja de vida del señor Gamboa Ben-Eleazar, no constituye por sí misma en
prueba de desviación de poder; además, la necesidad de ajustar el manual preexistía a la
postulación del demandado, dada la entrada en vigencia de la Ley 2294 de 2023, máxime que
la administración tiene la facultad y el deber de actualizar sus normas internas para garantizar
la idoneidad de los perfiles a las necesidades del servicio y los mandatos legales.
40. Sobre el principio de mérito y los que rigen la función administrativa advirtió que el proceso
seguido para el nombramiento demandado cumplió con los criterios de mérito, capacidad y
experiencia, así como la transparencia en la vinculación de servidores, las competencias
laborales y las calidades personales, tal como lo exigen los artículos 2.2.13.1.2. y 2.2.13.2.1.
del Decreto 1083 de 2015.
41. En cuanto a la neutralidad religiosa y la libertad de cultos, precisó que el Estado
Colombiano tiene un compromiso con los principios de laicidad, neutralidad, pluralismo y no
discriminación en materia religiosa, tal y como lo ha desarrollado la jurisprudencia
constitucional y según la misionalidad de la Dirección de Asuntos Religiosos, quien ocupe este
cargo, está legalmente obligado a actuar bajo estos principios, independientemente de sus
creencias o expresiones personales.
42. Finalmente, sobre la publicidad del acto administrativo, indicó que no es cierta la afirmación
del demandante, ya que la Resolución 0750 de 2025 fue publicada en la página web de la
entidad, tal y como lo indica el Memorando 2025-3-004035-021130 Id 579277 de la
Subdirección de Gestión Humana del Ministerio del Interior, en el que se informó el
procedimiento de la vinculación adelantado en el presente caso y además consta que fue
publicado.
14
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia) – Índice 00025 «50_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-Contestaciondemand»
15
Abogado Eduar Libardo Vera Gutiérrez – TP 216.911 del CSJ
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Radicación: 25000-23-41-000-2025-01009-02
43. En auto del 1 de octubre de 202516, se le imprimió al proceso el trámite de la sentencia
anticipada de conformidad con lo previsto en el artículo 182A, numeral 1º, literales a), b), c) y
d) del CPACA; además, fijó el litigio17 y decretó las pruebas. Finalmente ordenó que la
Secretaría corriera traslado para que las partes presentaran sus alegatos de conclusión y al
Ministerio Público para que, si a bien lo tenía, conceptuara.
1.5. Sentencia de primera instancia18
44. El 22 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección «A» negó las pretensiones de la demanda.
45. Analizó el cargo de desviación de poder, respecto del cual dijo que este se configura
cuando el acto administrativo, aún expedido por autoridad competente y con observancia de
las formalidades legales, desconoce su finalidad pública y persigue un propósito distinto al
previsto por el ordenamiento jurídico19.
46. Revisada la motivación de la Resolución 0428 de 2025, por la que se modificó parcialmente
la Resolución 0881 de 2024, en relación con el empleo de director técnico 0100, grado 23 de
la planta global de la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, su expedición
respondió a la necesidad institucional de la implementación del SINALBREC (Sistema Nacional
de Libertad Religiosa, de Cultos y Conciencia; Diálogo Social; Paz Total; Igualdad y No
Estigmatización), creado por el artículo 312 de la Ley 2294 de 2023, lo que justificó la
ampliación de los núcleos de conocimiento incluyendo las ciencias humanas y sociales y, de
la sola lectura de ese acto, no se puede concluir que la modificación de requisitos se hubiera
realizado de manera caprichosa o sin una justificación válida.
47. Para esa Sala, la Resolución 0428 de 2025 contiene una motivación explícita y suficiente
para la modificación del manual de funciones. Asimismo, la parte actora no aportó elementos
probatorios concluyentes que permitan demostrar la ocurrencia del vicio.
48. En cuanto al supuesto desconocimiento a los principios del mérito y los que rigen la función
administrativa, dijo que el cargo para el que fue nombrado el demandado se encuentra
clasificado como de libre nombramiento y remoción, es decir, que su naturaleza es distinta y
no atiende la regla general de los empleos públicos que deben proveerse por concurso o
basados en el mérito y, aunque dicho principio orienta el ejercicio de la función pública, no
opera como ocurre en los cargos de carrera, ya que su provisión se enmarca en la facultad
discrecional de la autoridad nominadora y en la confianza.
49. Sobre la vulneración al derecho fundamental a la libertad de cultos concluyó que las
inconformidades expresadas por las organizaciones religiosas y las observaciones hechas a
la hoja de vida del demandado, no acreditan por si solas la vulneración a la libertad religiosa o
de cultos y, además, las publicaciones y manifestaciones atribuidas al señor Gamboa Ben-
16
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia) – Índice 00031
17
Lo planteó de la siguiente forma: «…determinar si el nombramiento del señor Richard Gamboa Ben-Eleazar como Director Técnico código
0100 grado 23 de la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, efectuado mediante Resolución No. 0750 del 29 de mayo de
2025, está viciado de nulidad por cuanto la entidad expidió el acto administrativo con desviación de poder y falsa motivación, porque se realizó
una modificación al Manual de Funciones y Competencias para introducir cambios exclusivamente para el cargo de Director de Asuntos
Religiosos y por faltar a la función pública y administrativa al no atender los principios de transparencia, igualdad, no discriminación y
neutralidad religiosa.».
18
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia) – Índice 00049
19
Citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 9 de julio de 2020, RAD
66001-23-33-000-2014-00137-01(5272-16) C.P. Rafael Francisco Suárez
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Demandante: Fundación para el Estado de Derecho – «FEDE. COLOMBIA»
Demandado: Richard Gamboa Ben-Eleazar,
director de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01009-02
Eleazar, no cuentan con un respaldo probatorio suficiente que permita corroborar su autoría,
contenido y contexto, y, por ello, no es posible tenerlas como un hecho cierto que pueda derivar
la vulneración de los derechos alegados por la parte demandante.
50. En lo que se refiere a la falsa motivación porque el demandado no reunía los requisitos
exigidos para el cargo, precisó que, para el momento del nombramiento, el señor Richard
Gamboa Ben-Eleazar contaba con título de posgrado, es decir, cumplía con una de las tres
alternativas requeridas como título profesional y, además, acreditó los 100 meses de
experiencia laboral, sin ser necesario el certificado expedido por «Esoteric Interfaith Theological
Seminary» para acreditar los estudios que se piden para la designación y, advirtió, que cualquier
reparo que se tenga al respecto sobre su veracidad, podía ser puesto a consideración de otras
autoridades.
51. Sobre el cuestionamiento relacionado con la afiliación del demandado al régimen
subsidiado de salud, dijo que esa situación por sí sola no permite concluir que el demandado
estuvo desempleado o que carecía de experiencia válida y, por tanto, debe otorgarse validez
a la certificación expedida por la «Confesión Islámica Ahlul Bayt Colombia», de la cual, además,
precisó que se encuentra cobijada con un régimen especial, por lo que la ausencia o
desactualización de la matrícula mercantil no es suficiente para desvirtuar la experiencia
certificada.
52. Frente el cargo de nulidad sustentado en la infracción de normas superiores sobre el deber
de publicidad de los actos de nombramiento, indicó que revisados los documentos allegados
por el Ministerio del Interior, la Coordinación del Grupo de Administración, Registro y Control
de Planta de Personal de la Subdirección de Gestión Humana, solicitó la publicación de la
Resolución 0428 en la página web de la entidad y, aunque en la captura de pantalla allegada
se observa el archivo cargado, este no corresponde a la resolución demandada; no obstante,
si se acredita una deficiencia en la divulgación del acto, su consecuencia no es la invalidez
sino su ineficacia o inoponibilidad.
53. Finalmente, sobre la pretensión subsidiaria relacionada con la nulidad de la expresión «rige
a partir de la fecha de su expedición» contenida en el artículo 4 de la Resolución 0750 de 2025,
dijo que la misma no tiene la entidad de invalidar el acto ni de generar, por sí sola, una causal
autónoma de nulidad, ya que la discusión se contrae a un aspecto de la eficacia u oponibilidad,
pero no de legalidad del nombramiento.
1.6. Recurso de apelación
54. La parte demandante20 apeló la sentencia y dijo que el Tribunal no realizó un análisis
completo de los antecedentes del acto de nombramiento, ya que aceptó la justificación formal
que el Ministerio del Interior brindó para realizar la modificación del manual de funciones y no
valoró que el Sistema Nacional de Libertad Religiosa fue creado en 2023, incluso, omitió
analizar por qué las funciones contempladas en la Resolución 0881 de 2024 no eran acordes
para la coordinación e implementación del mismo.
55. Cuestionó que en el año 2024 se hizo una modificación al manual y solo hasta el 2025 se
ajustaron los requisitos con fundamento en la implementación de dicho fondo y, además, el a
20
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quo descartó la coincidencia temporal entre la expedición de la Resolución 0428 de 2025 y la
certificación favorable de cumplimiento de requisitos expedida el mismo día por la oficina de
Gestión Humana del Ministerio.
56. Dijo que el demandado no cumplía los requisitos establecidos en la Resolución 0881 de
2024, en cuanto a la formación profesional de ostentar título en derecho y como posgrado,
poseer título de maestría, pero con la Resolución 0428 amplió los núcleos de conocimiento y
se permitió contar con especialización.
57. Expuso que el Tribunal no realizó un examen conjunto de los antecedentes del acto que
reposan en el expediente, fraccionando el análisis requerido para el cargo de desviación de
poder, pues no se consideraron elementos fundamentales para evidenciar su configuración21
y tampoco fueron mencionados en la motivación de la sentencia.
58. Insistió en que la proximidad temporal entre el cambio de requisitos y el nombramiento,
permiten concluir que la cadena de actuaciones administrativas estuvo orientada a favorecer
al señor Gamboa Ben-Eleazar, quien, de no haberse modificado el Manual Específico de
Funciones mediante la Resolución 0428 de 2025, no hubiera cumplido los requisitos para
acceder al cargo.
59. Que el Tribunal no aplicó la jurisprudencia de esta corporación22, que indica que cuando
la modificación de los requisitos de un cargo se produce con premura injustificada, sin estudios
técnicos objetivos y una secuencia temporal funcional al nombramiento de una persona
determinada, se configura desviación de poder, aun cuando la entidad alegue de manera
general el mejoramiento del servicio.
60. En este caso, el a quo no analizó si la modificación y ampliación de los núcleos de
conocimiento era necesaria o tan siquiera razonable a la luz de los antecedentes del acto para
cumplir con las funciones del cargo y, además, no se percató si bajo las condiciones del manual
anterior, era imposible implementar el Sistema Nacional de Libertad Religiosa que se invocó
como justificación para el cambio de requisitos.
61. Indicó que el Tribunal omitió analizar el principio del mérito en los cargos de libre
nombramiento y remoción, pues aunque dijo que estos no atienden la regla general de los
empleos que se proveen por concurso y su provisión se enmarca en la facultad discrecional
de la autoridad nominadora, no expuso razones de fondo y redujo la materialización del
principio del mérito a un cumplimiento meramente formal, sin embargo, dicha discrecionalidad
no es absoluta, sino que está sujeta a los límites derivados del interés general, la racionalidad
administrativa, la proporcionalidad y la necesidad de garantizar la idoneidad del servidor
público.
62. Que la publicación de las hojas de vida de los aspirantes a cargos de libre nombramiento
y remoción para observaciones ciudadanas, no es un asunto simplemente formal, sino que
responde al control ciudadano como una garantía de democracia participativa y al acceso
21
Dijo que: «El despacho no analizó si la modificación y ampliación de los núcleos de conocimiento eran necesarias o tan siquiera razonables
a la luz de los antecedentes del acto para cumplir con las funciones del cargo.» y «No se percató que, bajo las condiciones del manual anterior
(modificado en 2024), era posible implementar el Sistema invocado como justificación para el cambio de requisitos».
22
Citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P., Bertha Lucía Ramírez de Páez,
Bogotá, D.C., 14 de agosto de 2009, radicado: 25000-23-25-000-2002-11482-01(0946-07).
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meritocrático a los cargos y, en este caso, se hicieron múltiples observaciones ciudadanas que
no fueron evaluadas y no merecieron una respuesta de fondo.
63. Aseguró que el a quo no analizó los documentos que prueban el vicio de falsa motivación,
frente a las inconsistencias de los documentos con los cuales se acreditó la experiencia y echó
de menos la incongruencia entre la experiencia certificada y los registros de la ADRES y la
falta de renovación del registro mercantil de la entidad que la expidió.
64. En el presente caso se aportaron pruebas indiciarias que advertían inconsistencias
objetivas en la acreditación de la experiencia y aunque las documentales adicionales
solicitadas fueron negadas, no era exigible una plena prueba de hechos cuya comprobación
dependía de actuaciones, archivos y verificaciones bajo el control exclusivo de la
administración y era al Ministerio del Interior a quien le correspondía acreditar que actuó con
la diligencia reforzada que le imponía la existencia de alertas ciudadanas concretas y verificar
de manera real y efectiva la información suministrada por el aspirante antes de nombrarlo.
65. Finalmente, expuso que el Tribunal desconoció la vulneración a la libertad religiosa y obvió
que la autoridad nominadora tenía a su cargo la valoración integral de los aspectos
indispensables para acreditar la aptitud del aspirante, entre ellos la idoneidad ética y moral,
circunstancia de especial relevancia por tratarse de un cargo directivo con incidencia directa
en la garantía de derechos fundamentales como la libertad religiosa y de cultos.
66. Sobre el particular no tuvo en cuenta las observaciones presentadas a la hoja de vida del
demandado por distintas comunidades de fe, quienes alertaron sobre la gravedad del
nombramiento del señor Gamboa Ben-Eleazar y solo las calificó como simples
«inconformidades» sin efectuar análisis alguno sobre su contenido.
1.7. Auto que concedió el recurso de apelación
67. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 12 de febrero de 2026, concedió el recurso
interpuesto23.
1.8. Actuaciones en segunda instancia
68. La magistrada que funge como ponente de la presente decisión, mediante auto del 9 de
marzo de 202624, admitió el recurso de apelación y corrió traslado a las partes para que
presentaran sus alegaciones finales. En ese término se allegaron los siguientes escritos:
69. La parte demandante se pronunció en esta instancia25 y reiteró en su integridad los
argumentos del recurso de apelación.
70. El demandado Richard Gamboa Ben-Eleazar guardó silencio.
71. La procuradora séptima delegada ante esta corporación rindió concepto26, en el cual
hizo un recuento de los hechos, de la decisión de primera instancia y los fundamentos de la
apelación.
23
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia) – Índice 00057
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Expediente digital SAMAI – Índice 00004
25
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72. Se refirió a los cargos de desviación de poder, a la falsa motivación, al principio del mérito
y a la competencia para el empleo en materia de libertad de cultos, para indicar que no están
dados los elementos de juicio que permitan la prosperidad de los argumentos de la alzada.
73. No se consumó la desviación de poder con ocasión al nombramiento del señor Richard
Gamboa Ben-Eleazar, porque la modificación del Manual de Funciones del Ministerio del
Interior se advierte proporcional y razonable y se relacionó directamente con la creación del
Sistema Nacional de Libertad Religiosa, de Cultos y Conciencia, Diálogo Social, Paz Total,
Igualdad y No Estigmatización – SINALIBREC, según la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023,
que exigía la amplitud de profesiones y su relación con temas sociales.
74. En este caso no se trasgredió el principio del mérito, porque el demandado cumplió los
requisitos exigidos en la Resolución 0428 del 21 de marzo de 2025 – Alternativa II y al tratarse
de un cargo de libre nombramiento y remoción, se valoró la confianza, la coordinación y la
coincidencia ideológica en la gestión pública -criterio subjetivo-.
75. No se presentó falsa motivación, ya que la falta de cotizaciones al Sistema de Seguridad
Social, su carácter diferencial o la ausencia de renovación de la matrícula mercantil de la
sociedad empleadora, no son el fundamento para tener por cierta o no una vinculación laboral
o un contrato de prestación de servicios y lo que se requiere para la acreditación de experiencia
laboral, son las certificaciones con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo
2.2.2.3.8. del Decreto 1083 de 26 de mayo de 2015, y, en este caso, los escritos fueron
allegados en esos términos.
76. Finalmente, sobre los cuestionamientos relacionados con la ausencia de la garantía
institucional de libertad de cultos, el pluralismo religioso y el respeto por el diálogo interreligioso
con el nombramiento del demandado, no son criterios de anulabilidad, ya que existen medios
de prueba certeros que permitan construir un estándar discriminatorio y las manifestaciones
reprochadas por el demandante, se dieron en condición particular y no institucional, las cuales,
tampoco constituyen barreras para ejercer el derecho de todo ciudadano de participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político, mediante el acceso al desempeño de
funciones públicas.
77. Por lo anterior solicitó confirmar la decisión de primera instancia.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
78. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, en atención a lo dispuesto en
los artículos 15027 y 152.7.c)28 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con el artículo 13 del
Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado 29.
27
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…).».
28
«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia (…) 7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad
electoral: c) De la nulidad de los actos de elección o llamamiento a ocupar curul, según el caso, distintos de los de voto popular, y de los de
nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del derecho, de empleados públicos del nivel directivo, asesor o sus equivalentes en los
órdenes nacional, departamental y distrital (…)».
29
Modificado por el artículo 1º del Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024, de la Sala Plena del Consejo de Estado
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2.2. Problema jurídico
79. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección «A» el 22 de enero
de 2026, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda30. Para ello, tendrá que
resolver los siguientes aspectos:
• Si la modificación del manual de funciones y los antecedentes del acto de nombramiento
acreditan la desviación de poder que alega el demandante frente al acto acusado.
• Si el principio del mérito aplica para los cargos de libre nombramiento y remoción y si en
el presente caso resultaba exigible.
-Si las pruebas aportadas acreditan la falsa motivación en razón de las presuntas
inconsistencias que aduce el apelante de los documentos con los que el demandado
acreditó la experiencia.
• Si en este caso se vulneró el derecho a la libertad religiosa y de cultos.
80. Para resolver dichos cuestionamientos, la Sala abordará los siguientes tópicos: (i) la
desviación de poder y la falsa motivación como causales genéricas de nulidad; (ii) los cargos
de libre nombramiento y remoción y el principio del mérito; y iii) caso concreto.
2.3. Desviación de poder y falsa motivación como causales genéricas de nulidad
81. La «desviación de poder» es una causal genérica de nulidad de los actos administrativos
prevista en el artículo 137 del CPACA, la cual también puede ser invocada en el medio de
control de nulidad electoral de acuerdo con lo establecido en el artículo 275 ibidem.
82. Esta corporación ha indicado31 que se configura cuando un órgano del Estado, actuando
en ejercicio y dentro de los límites de su competencia, cumpliendo las formalidades del
procedimiento y sin incurrir en violación de la ley, utiliza sus poderes y atribuciones con el
propósito de buscar una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales, en general, a
los específicos y concretos que el legislador buscó para satisfacer con esa competencia32.
83. La Sección Segunda del Consejo de Estado, sobre el particular, ha señalado lo siguiente33:
«(…) la desviación de poder ha sido definida por la jurisprudencia de esta Corporación como el vicio
que afecta la finalidad del acto administrativo, bajo el entendido de que el propósito que el acto
persigue configura un requisito que hace a su legalidad y que debe hallarse en el marco de la función
administrativa y del ordenamiento jurídico; y por tanto, se configura cuando se está ante la presencia
de una intención particular, personal o arbitraria de un sujeto que actúa a nombre de la
administración, en la búsqueda de un fin opuesto a las normas a las que debe someterse.
De igual forma, ha advertido esta Sala que la demostración de una desviación de poder impone un
análisis que trasciende la órbita de lo objetivo y formal del acto censurado, para trasladarse a la
30
Se precisa que el demandante no cuestionó en el recurso de apelación, la decisión de primera instancia relacionada con el cargo de falta
de publicidad del acto y que este rige a partir de su expedición.
31
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta. Sentencia del 18 de marzo de 2021. MP Luis Alberto Álvarez
Parra. Radicación: 25000-23-41-000-2020-00573-01.
32
Corte Constitucional. Sentencia C-456 del 2 de septiembre de 1998. M.P. Antonio Barrera Carbonell
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, M.P. Dr. William Hernández Gómez, Sentencia de 15 de noviembre de 2018, Rad.
No. 05001-23-33-000-2013-01754-01(4450-16), Demandante: Ángela María Patiño García.
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esfera estrictamente subjetiva de las personas que llevan la representación de la Administración, lo
que a su turno implica la demostración del iter desviatorio para quien la alega como causal de
anulación, en el sentido de que debe aparecer acreditado fehacientemente que la autoridad
nominadora actuó con fines personales, a favor de terceros o influenciado por una causa adversa al
cumplimiento efectivo de los deberes públicos, que el ordenamiento legal le obliga observar34».
84. Por su lado, la «falsa motivación» como causal de anulación de los actos administrativos,
ha sido entendida como aquella razón que da la administración de manera engañosa, fingida,
simulada, falta de ley, de realidad o veracidad. De igual forma se ha dicho que esta se configura
cuando las circunstancias de hecho y de derecho que se aducen para la emisión del acto
administrativo correspondiente, traducidas en la parte motiva del mismo, no tienen
correspondencia con la decisión que se adopta o disfrazan los motivos reales para su
expedición35.
85. Esta sala especializada ha precisado que «La falsa motivación alude a las causas, razones,
opiniones, pensamientos y motivos que a la administración -en cabeza de su agente- le llevan a expedir
el acto administrativo como declaración de voluntad que es. Esas razones que pueden ser fácticas y
jurídicas o de derecho o sólo jurídicas o de derecho -casi siempre, más no exclusivo, en actos de
contenido general- deben corresponder en forma concertada, coordinada y exacta a la decisión que se
adopta, como si se tratara de una “congruencia” administrativa frente a su declaración.»36.
86. De lo anterior se desprende, que esta causal de nulidad se configura cuando el sustento
fáctico no corresponde al apoyo jurídico invocado, o pese a tener ambos fundamentos, la
declaración de voluntad hace referencia a un asunto distinto o contradictorio a su motivo
causal.
2.4. Los cargos de libre nombramiento y remoción y el principio del mérito
87. Estos empleos tienen fundamento en el artículo 125 de la Constitución Política 37, que
establece, como regla general, que los servidores del Estado sean incorporados mediante el
sistema de méritos y además que permanezcan en el cargo, mientras no hayan incurrido en
las causales específicas de retiro previstas por el legislador. No obstante, la Constitución
también prevé que los directores y responsables de las instituciones, pueden rodearse de
personas de su entorno más próximo, es decir, de toda su confianza, quienes encarnan y
materializan las políticas administrativas y las estrategias del director para el desarrollo de la
misión institucional, por lo que el manejo de este grupo especial de personas de confianza
debe ser flexible38.
88. De lo anterior se tiene que, la Constitución y la ley han previsto que algunos cargos deban
ser de libre nombramiento y remoción, lo cual implica que su designación y permanencia
responda a la discrecionalidad del presidente, director, gerente o responsable de la entidad39;
sin embargo, para esta Sección, dicha flexibilidad no es absoluta, ya que la designación de
una persona en este tipo de empleos, requiere el cumplimiento de las condiciones y requisitos
fijados en las disposiciones constitucionales y legales.
34
Ibidem
35
Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Segunda, Subsección “A”. Sentencia del 12 de octubre de 2011. MP
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Radicación: 68001-23-31-000-2008-00066-01 (1982-10)
36
Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Quinta. Sentencia del 8 de octubre de 2014. MP Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez. Radicación: 11001-03-28-000-2013-000060-00
37
«ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre
nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. […].»
38
Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Segunda, Subsección “B”. Sentencia del 2 de diciembre de 2010. MP
Víctor Hernando Alvarado Ardila. Radicación: 15001-23-31-000-2003-02831-01 (0653-01)
39
Ibidem
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89. Sobre el particular, la guardiana de la Constitución precisó40:
«(…) la clasificación de un empleo como de libre nombramiento y remoción debe ser consecuente
con la “filosofía” que la inspira, que se valora tanto desde una perspectiva material (relativa a la
naturaleza de las funciones del cargo), como desde una perspectiva subjetiva (que se relaciona con
el grado de confianza que justifica su creación). Para la jurisprudencia constitucional antes citada,
la clasificación de un cargo como de libre nombramiento y remoción es compatible con la
Constitución si acredita alguna de las siguientes dos condiciones alternativas, cada una de ellas
suficiente41: (i) se trata de un empleo que, “según el catálogo de funciones del organismo
correspondiente”, cumple “un papel directivo, de manejo, de conducción u orientación institucional,
en cuyo ejercicio se adoptan políticas o directrices fundamentales” (criterio material)42 o (ii) se trata
de un cargo que implica “la confianza inherente al manejo de asuntos pertenecientes al exclusivo
ámbito de la reserva y el cuidado que requieren cierto tipo de funciones, en especial aquellas en
cuya virtud se toman las decisiones de mayor trascendencia para el ente de que se trata” (criterio
subjetivo)43. Dado que se trata de exigencias alternativas (y no copulativas), basta que respecto del
empleo público de que se trate se pueda predicar alguna de ellas para considerarlo compatible con
la Carta44.».
90. En la misma disposición constitucional se establece el principio del mérito como
fundamento de la función pública, en virtud del cual, el acceso, permanencia y retiro de un
empleo oficial está determinado por las condiciones demostradas por el aspirante al momento
de ingreso y durante la vigencia de la relación laboral.
91. Esas condiciones solo pueden verificarse mediante mecanismos técnicos de
administración de personal como el llamado sistema de carrera administrativa, que tiene en
cuenta tanto organismos como procedimientos y se estableció con el propósito de garantizar
la igualdad de condiciones en el acceso al servicio, así como la eficiencia de la función
pública45.
92. Al respecto, la Corte Constitucional46 ha dicho que «(…) es válido afirmar que el Constituyente
de 1991 consideró como elemento fundamental del ejercicio de la función pública el principio del mérito
y que previó a la carrera, sistema técnico de administración del componente humano47, como un
mecanismo general de vinculación; en el marco del cual el concurso público se constituye en un
instrumento adecuado para que, bajo parámetros objetivos, transparentes y claros, se garantice la
40
Corte Constitucional-Sala Plena. Sentencia C-069 del 27 de febrero de 2025. MP Miguel Polo Rosero. Expediente D-15881,
41
En este sentido, entre muchas otras, las sentencias C-391 de 1993, C-514 de 1994, C-405 de 1995, C-552 de 1996, C-475 de 1999, C-109
de 2000, C-284 de 2011 y C-824 de 2013.
42
Corte Constitucional, sentencia C-514 de 1994. En la sentencia C-284 de 2011 se indicó que este criterio se cumple respecto de los empleos
que tienen asignadas “funciones directivas, de manejo, de conducción u orientación institucional, en cuyo ejercicio se definan o adopten
políticas públicas”, y en la sentencia C-824 de 2013 se indicó que se trata de aquellos cargos “que por la naturaleza de sus funciones entrañen
la dirección, manejo o conducción de las políticas y directivas de determinada entidad”.
43
Corte Constitucional, sentencia C-514 de 1994. En la sentencia C-284 de 2011 se indicó que este criterio se satisface respecto de aquellos
empleos que tienen “asignadas funciones y responsabilidades que exijan un nivel especial y cualificado de confianza, adicional al que se le
puede exigir a todo servidor público”, y en la sentencia C-824 de 2013 se señaló que se trata de aquellos cargos requieren una “una confianza
cualificada”.
44
En este sentido se pronunciaron la generalidad de los intervinientes en el trámite de constitucionalidad, así como el demandante. Al respecto,
en la sentencia C-284 de 2011, antes referida, se indica: “En numerosos pronunciamientos, la Corte ha explicado que la competencia del
Legislador para definir los cargos de libre nombramiento y remoción no es una atribución de tipo absoluto, por medio de la cual se pueda
hacer nugatoria la regla general de la carrera administrativa. A este respecto la Corporación ha sostenido que ‘la competencia legislativa para
la definición de cargos de libre nombramiento y remoción no supone una facultad absoluta que pueda desvirtuar la propia regla general de la
carrera administrativa’, y que el Legislador está ‘facultado constitucionalmente para determinar las excepciones a la carrera administrativa,
siempre y cuando no altere las naturaleza de las cosas, es decir, mientras no invierta el orden constitucional que establece como regla general
la carrera administrativa, ni afecte tampoco la filosofía que inspira este sistema’. // En síntesis, son dos las condiciones –alternativas, no
copulativas- que habilitan al Legislador para clasificar un determinado cargo público como de libre nombramiento y remoción, ambas referidas
a la naturaleza y funciones de cada cargo en particular: // (1) Que el cargo tenga asignadas funciones directivas, de manejo, de conducción
u orientación institucional, en cuyo ejercicio se definan o adopten políticas públicas; o || (2) Que el cargo tenga asignadas funciones y
responsabilidades que exijan un nivel especial y cualificado de confianza, adicional al que se le puede exigir a todo servidor público. // Esta
línea jurisprudencial fue inicialmente abierta con la sentencia C-195 de 1994 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), en la cual se explicaron los
criterios de evaluación a aplicar para definir cuándo un empleo público puede ser de libre nombramiento y remoción”.
45
Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Quinta. Sentencia del 27 de enero de 2011. MP (E) Mauricio Torres
Cuervo. Radicación: 11001-03-28-000-2010-00015-00.
46
Corte Constitucional. Sentencia C-172 del 3 de junio de 2021. MP. Diana Fajardo Rivera y Jorge Enrique Ibáñez Najar. Expediente D-13855
(AC)
47
Ver, entre otras, las sentencias C-356 de 1994. M.P. Fabio Morón Díaz y C-250 de 2013. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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selección de las personas mejor cualificadas integralmente.»; no obstante, se reitera, la designación
en cargos de libre nombramiento y remoción obedece a la discrecionalidad del responsable de
la entidad previo cumplimiento de las condiciones y requisitos fijados en la Constitución y la
ley.
2.5. Caso concreto
93. Se apresta la Sala a despejar los cuestionamientos planteados en la delimitación del
problema jurídico.
2.5.1. La desviación de poder
94. En este sentido, el demandante afirma que la modificación al manual de funciones y los
antecedentes del acto de nombramiento, constituyen una desviación de poder que impone
acceder a la nulidad invocada.
95. Aseguró que el manual de funciones del Ministerio del Interior48 fue modificado mediante
la Resolución 0428 del 21 de marzo de 2025 49, en cuanto a los requisitos para el cargo de
director técnico (código 0100, grado 23) de la Dirección de Asuntos Religiosos, lo cual se hizo
solo con diez (10) días hábiles de antelación a la publicación de la hoja de vida del señor
Gamboa Ben-Eleazar, y lo fue exclusivamente con el ánimo de viabilizar el nombramiento sin
existir razones técnicas, institucionales o de mejora del servicio que justificaran los cambios
introducidos.
96. El a quo, al resolver dicho fundamento, indicó que conforme a las motivaciones de la
Resolución 0428 de 2025, la modificación respondió a la necesidad institucional de la
implementación del SINALIBREC (Sistema Nacional de Libertad Religiosa, de Cultos y
Conciencia; Diálogo Social; Paz Total; Igualdad y No Estigmatización) creado por el artículo
312 de la Ley 2294 de 2023, lo que justificó la ampliación de los núcleos de conocimiento
incluyendo las ciencias humanas y sociales, y de la sola lectura de la resolución, no puede
concluirse que la modificación de los requisitos para el desempeño del cargo se hubiera
realizado de manera caprichosa o sin una justificación válida.
97. Igualmente, concluyó, que la sola proximidad temporal entre la modificación del manual y
el nombramiento, no resulta concluyente para configurar el cargo de desviación de poder.
98. Para esta Sala Especializada, no hay asomo de duda, que los cuestionamientos que
expone la parte demandante como sustento de la presunta desviación de poder en el
nombramiento cuestionado, se dirigen contra la decisión de la administración que se plasmó
en la Resolución 0428 del 21 de marzo de 2025, la cual, si bien es cierto es un acto anterior a
la designación del señor Richard Gamboa Ben-Eleazar50, no hace parte de su trámite y,
además, goza de presunción legal conforme lo prevé el artículo 88 de la Ley 1437 de 201151,
razón por la cual, el estudio de su apego a las disposiciones constitucionales y legales, escapa
del objeto y alcance del contencioso electoral que nos ocupa, razón por la que ningún análisis
al respecto puede hacerse en la presente decisión.
48
Resolución 0881 del 6 de junio de 2024
49
«Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 0881 del 06 de junio de 2024»
50
Resolución 0750 del 29 de mayo de 2025
51
«ARTÍCULO 88. PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Los actos administrativos se presumen legales mientras
no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto
se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar.».
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99. Lo anterior, porque el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, no prevé esa función como propia de este mecanismo de control
de legalidad, el cual está limitado al examen de los actos de elección por voto popular o por
cuerpos electorales, los de nombramiento que expidan las entidades, los de
llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas y aquellos en los que
se resuelvan reclamaciones frente a jornadas de votación popular.
100. Con todo, la Sala advierte que la modificación de los núcleos de conocimiento realizada
mediante la Resolución 0428 de 2025, no es contraria a exigir título profesional de pregrado,
postgrado en la modalidad de maestría y los demás requisitos definidos en la Resolución 0881
de 2024, sino que se ampliaron a otras disciplinas profesionales como se observa a
continuación:
Resolución 0881 del 6 de junio de 2024 Resolución 0428 del 21 de marzo de 2025
2.5.2. El principio del mérito en los cargos de libre nombramiento y remoción
(cumplimiento de los requisitos del empleo -manual de funciones-)
101. Afirma el demandante, que el nombramiento del señor Gamboa Ben-Eleazar, desconoce
los criterios y objetivos en cuanto a la idoneidad para el desempeño del cargo, pues contrario
a la satisfacción del interés general, a la necesidad del servicio y al mérito como principio
orientador de la función pública, el haber relegado de manera previa y desmejorado las
condiciones de profesionalización que requieren los empleos gerenciales, constituye una
intención de favorecer un interés particular al margen de las necesidades de la función pública.
102. Sobre este cuestionamiento, el tribunal de instancia indicó que el cargo objeto de
controversia se encuentra clasificado como de libre nombramiento y remoción, el cual es de
naturaleza distinta a los de carrera, por lo que no atiende a la regla general de los empleos
públicos que deben proveerse por concurso basado en el mérito, pues, aunque dicho principio
orienta la función pública, el empleo cuestionado se enmarca en la facultad discrecional de la
autoridad nominadora y en la confianza propia del cargo.
103. El apelante cuestionó la decisión, porque, en su criterio, el a quo no adujo razones de
fondo y concretó la materialización de este principio en un cumplimiento meramente formal de
los requisitos por parte del demandado para la ocupación del cargo.
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104. Esta Sala reitera, que el artículo 125 de la Constitución Política establece, como regla
general, que los servidores del Estado se incorporen mediante el sistema de méritos, no
obstante, el presidente, director, gerente o responsable de la entidad, puede rodearse de
personas de su entorno más próximo, es decir, de toda su confianza, quienes encarnan y
materializan las políticas administrativas y las estrategias propias del órgano o entidad, para el
desarrollo de la misión institucional, por lo que el manejo de este grupo especial de personas
de confianza en lo que hace a su ingreso deba ser flexible mas no arbitrario.
105. Como lo concluyó la sentencia cuestionada, el cargo de director de asuntos religiosos del
Ministerio del Interior, al ser un cargo del nivel directivo como se extrae de la Resolución 0881
del 6 de junio de 202452, se encuentra dentro de la categoría de libre nombramiento y
remoción53, el cual es designado por razones de confianza, respecto del cual, el nominador, al
momento de la designación, evalúa la idoneidad de la persona que va a ocupar el empleo,
partiendo del cumplimiento de los requisitos que las normas contemplan para ello, aspecto que
comprende, no solo su preparación profesional sino su experiencia en la materia.
106. La Corte Constitucional sobre esta categoría de empleos, ha dicho que «Para estos cargos
basta con que la autoridad nominadora tenga en cuenta que la persona asignada cumple con los
conocimientos y las calidades exigidas para su ejercicio. Dicha modalidad se utiliza para aquellos
empleos de cualquier nivel jerárquico superior que impliquen confianza o se refieran a la asignación de
funciones de dirección y manejo.54»55.
107. Este argumento de apelación debe ser estudiado de forma conjunta con el relativo a la
modificación del manual de competencias laborales, para con ello determinar, si en este caso
el demandado cumple con los méritos requeridos para desempeñar el empleo en el que fue
designado.
108. Frente a la flexibilización previa de las condiciones de profesionalización requeridas para
los empleos gerenciales56, el demandante adujo una desviación de poder sustentado en que
aquel fue modificado para que el demandado cumpliera los requisitos.
109. Sobre el particular, el Ministerio del Interior señaló, que en la formación de la Resolución
0428 del 21 de marzo de 2025, se cumplió con todos los requisitos para su expedición, entre
ellos, el contenido en el artículo 8.8 del CPACA, en el cual se establece la obligación de
informar al público sobre los proyectos de regulación para recibir opiniones y observaciones,
procedimiento que permite a los interesados participar de las modificaciones efectuadas, es
decir, no fue un cambio intempestivo que surgiera con el fin de favorecer al demandado, sino
que fue producto del cumplimiento de las normas que lo regulan.
52
«Por la cual se modifica el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal del
Ministerio del Interior de conformidad con el Decreto 0714 de 2024»
53
Como se desprende del artículo 5, numeral 2º, literal a) de la Ley 909 de 2004.
54
En la sentencia C-392 de 2001, la Corte reiteró lo expuesto en la sentencia C-514 de 1994, en relación con los cargos de libre nombramiento
y remoción así: "Estos cargos, de libre nombramiento y remoción, no pueden ser otros que los creados de manera específica, según el
catálogo de funciones del organismo correspondiente, para cumplir un papel directivo, de manejo, de conducción u orientación institucional,
en cuyo ejercicio se adoptan políticas o directrices fundamentales, o los que implican la necesaria confianza de quien tiene a su cargo dicho
tipo de responsabilidades".
55
Corte Constitucional. Sentencia T-752 del 28 de agosto de 2003. M. P. Dr. Clara Inés Vargas Hernández.
56
Así se desprende del artículo 47 de la Ley 909 de 2004: «ARTÍCULO 47. Empleos de naturaleza gerencial. // 1. Los cargos que conlleven
ejercicio de responsabilidad directiva en la administración pública de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial tendrán, a efectos
de la presente ley, el carácter de empleos de gerencia pública. // 2. Los cargos de gerencia pública son de libre nombramiento y remoción.
No obstante, en la provisión de tales empleos, sin perjuicio de las facultades discrecionales inherentes a su naturaleza, los nominadores
deberán sujetarse a las previsiones establecidas en el presente título. // 3. La gerencia pública comprende todos los empleos del nivel directivo
de las entidades y organismos a los cuales se les aplica la presente ley, (…).»
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110. Además, el vicio que aduce el demandante, esto es, de desviación de poder, se predica
de un acto administrativo de carácter general, que por su condición es pasible de control judicial
de forma autónoma, por lo que, no corresponde al juez de la nulidad electoral determinar si en
la expedición de la mencionada resolución se incurrió en aquel dado que ello desborda el
objeto de estudio de legalidad porque escapa del objeto y alcance del presente medio de
control; no obstante, como se indicó en precedencia, la modificación de los núcleos de
conocimiento realizada mediante la Resolución 0428 de 2025, no es contraria a exigir título
profesional de pregrado, postgrado en la modalidad de maestría y los demás requisitos
exigidos en la Resolución 0881 de 2024, sino que con ella se ampliaron a otras disciplinas
profesionales.
111. Así las cosas, el estudio del cumplimiento de requisitos será sobre el manual expedido
en 2025 para la provisión del empleo de director técnico, código 0100, grado 23, de la Dirección
de Asuntos Religioso, conforme a la Resolución 0428 de 202557, en donde se establece que
el aspirante debe cumplir con:
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Planeación, formulación e implementación de políticas públicas.
2. Gestión y coordinación interinstitucional.
3. Estructura y organización del Estado
4. Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico Sectorial y planes y proyectos institucionales.
5. Normatividad en materia religiosa.
6. Conocimientos en ofimática.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO
• Aprendizaje continuo • Visión estratégica
• Orientación a resultados • Liderazgo efectivo
• Orientación al usuario y al ciudadano • Planeación
• Compromiso con la organización • Toma de decisiones
• Trabajo en equipo • Gestión de Desarrollo de las personas
• Adaptación al cambio • Pensamiento sistémico
• Resolución de Conflictos
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título Profesional en disciplina académica del núcleo básico de conocimiento
en:
Derecho y afines; Ciencia Política, Relaciones Internacionales; Educación;
Filosofía; teología y afines; Administración. Sesenta y cuatro (64) meses de experiencia profesional
relacionada
Título de postgrado en la modalidad de maestría, en áreas relacionadas con
las funciones del empleo,
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley.
VIII. ALTERNATIVA - I
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título Profesional en disciplina académica del núcleo básico de conocimiento
en:
Derecho y afines; Ciencia política, relaciones internacionales; Educación;
Filosofía, teología y afines; Administración. Setenta y seis (76) meses de experiencia profesional
relacionada.
Título de postgrado en la modalidad de especialización, en áreas relacionadas
con las funciones del empleo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la Ley.
VIII. ALTERNATIVA - II
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título Profesional en disciplina académica del núcleo básico de conocimiento
en:
Cien (100) meses de experiencia profesional
Derecho y afines; Ciencia política, relaciones internacionales; Educación;
relacionada.
Filosofía, teología y afines; Administración.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la Ley.
57
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia) – Índice 00002 «001ED_001DEMANDAYANEXOSrar» - «Anexo 6_Resolución 0428 de 21
de marzo de 2025»
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112. Al verificar la hoja de vida y los soportes correspondientes que aportó el demandado al
momento de aspirar el cargo de director de Asuntos Religiosos, según se extrae de la
documental allegada por el Ministerio del Interior58, se observa que el señor Richard Gamboa
Ben-Eleazar acreditó:
• Título Profesional como licenciado en Educación – Especialidad en Estudios
Religiosos de la Universidad de la Salle59;
• Experiencia laboral de la Confesión Islámica Ahlul Bayt Colombia desde el 1 de enero
de 2014 hasta el 1 de febrero de 2025 (133 meses);
• Dos semestres de estudios en el programa de Especialización en Misiología en la
Fundación Universitaria San Alfonso – FUSA y, además, aportó certificación de otras
experiencias laborales60.
113. La Subdirección de Gestión Humana del Ministerio del Interior, al verificar los documentos
aportados por el demandado, certificó que cumple con los requisitos mínimos de estudios y
experiencia para ser director técnico, código 0100, grado 23, ubicado en la Dirección de
Asuntos Religiosos de esa cartera, conforme al Manual Específico de Funciones y
Competencias Laborales establecido en la Resolución 0428 de 2025.
114. También se aportó el «Informe de Competencias Nivel Directivo» realizado por el
Departamento Administrativo de la Función Pública, en la que consta la realización del proceso
de evaluación para la aspiración del demandado al cargo de director técnico código 0100,
grado 23, de la planta global del Mininterior, ubicado en la Dirección de Asuntos Religiosos, en
la que concluyó: «De acuerdo a la relación entre el perfil observado y el perfil esperado para el nivel
del cargo, se puede evidenciar en los resultados un moderado potencial de ajuste, es decir, el
desempeño laboral del candidato podrá ser potencializado a mediano plazo.»61.
115. Dentro de los citados antecedentes administrativos, se allegó certificación en la que
consta que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República publicó la hoja
de vida del señor Richard Gamboa Ben-Eleazar como aspirante al cargo de director técnico,
código 0100, grado 23 Dirección de Asuntos Religiosos de dicho ministerio, desde el
58
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia) – Índice 00013
59
Se aclara que mediante Escritura Pública 0783 del 17 de abril de 2013 de la Notaría Catorce del Circulo de Bogotá, el demandado cambió
su nombre de Ricardo Rodríguez Gamboa, a Ricardo Gamboa Ben-Eleazar.
60
Constancia Laboral suscrita por la rectora del Colegio Rufino José Cuervo IED // Constancia Laboral expedida por el Coordinador de Taleno
Humano de la Fundación Universitaria San Alfonso-FUSA.
61
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia) – Índice 00013 «025_MemorialWeb_Respuesta-9InformePruebasDA»
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Radicación: 25000-23-41-000-2025-01009-02
«02/04/2025 23:34:47 al 05/04/2025 23:59:59 dando cumplimiento al Decreto 1083 del 16 de mayo de
2025.»62.
116. De conformidad con lo anterior y en consideración a la categoría de empleo de libre
nombramiento y remoción en la que se ubica el cargo para el que fue designado el demandado,
el nominador solo tenía el deber de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos
y bajo la facultad discrecional, bien podía disponer el nombramiento cuestionado, del que no
se advierte irregularidad alguna por ajustarse a las previsiones de la Resolución 0428 de 2025.
117. Otro reproche de la apelación, es que producto de la publicación de la hoja de vida del
demandado, se hicieron múltiples observaciones ciudadanas que se oponían al nombramiento
del señor Gamboa Ben-Eleazar como Director de Asuntos Religiosos del Ministerio del
Interior63, pero estas no fueron analizadas vulnerando así el principio del mérito y los que rigen
la función administrativa, en especial los de igualdad, imparcialidad y moralidad; no obstante,
conforme se indicó en precedencia, la designación de una persona para un cargo de libre
nombramiento y remoción, impone al nominador verificar el cumplimiento de los requisitos
mínimos establecidos previamente para ello y dentro de las observaciones no se advierte que
los cuestionamientos ciudadanos, apuntaran a que el candidato incumplía con las exigencias
profesionales y de experiencia requeridas para el cargo, razón suficiente para negar la
prosperidad del presente argumento.
118. Lo anterior, porque dentro de las aludidas manifestaciones, solo se cuestionó la
certificación de ordenación como rabino del demandado, expedida por el «Esoteric Interfaith
Theological Seminary», pero la misma no fue objeto de valoración por parte del Departamento
de Gestión del Talento Humano del Ministerio del Interior64, ni fue incluida en «Informe de
Competencias Nivel Directivo» realizado por el Departamento Administrativo de la Función
Pública65, cuando se analizaron los requisitos del señor Gamboa Ben-Eleazar.
2.5.3. La falsa motivación
119. El apelante alega que el acto demandado adolece de falsa motivación, con ocasión de
las presuntas inconsistencias entre los documentos con los que el demandado acreditó la
experiencia y los registros del ADRES66 y, porque la «Confesión Islámica Ahlul Bayt Colombia»,
de quien emana la constancia laboral, no tiene renovado su registro mercantil desde el año
2020.
120. Sobre el reparo entre el período certificado como laborado por la «Confesión Islámica Ahlul
Bayt Colombia» y los reportes de afiliación del demandado en los registros del ADRES, el a quo
precisó que pertenecer al régimen subsidiado no es per se, incompatible con la experiencia
laboral válida, ya que existen numerosas formas de empleo, como por ejemplo el trabajo
independiente, la consultoría o el trabajo en entidades no lucrativas o religiosas, que pueden
coexistir con dicha afiliación, y que, la inscripción al régimen de salud, no es indicador directo
y exclusivo de la situación laboral formal o informal de una persona.
62
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia) – Índice 00013 «23_MemorialWeb_Respuesta-7Certificadopublic»
63
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia) – Índice 00002 «001ED_001DEMANDAYANEXOSrar» - «Anexo 14_Comunidades critican
anunciado nombramiento del director, 4 abril»
64
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia) – Índice 00013 «28_MemorialWeb_Respuesta-12Verificacionyc(.pdf)»
65
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia) – Índice 00013 «025_MemorialWeb_Respuesta-9InformePruebasDA»
66
«Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud»
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Radicación: 25000-23-41-000-2025-01009-02
121. En efecto, el solo hecho de una persona encontrarse afiliada al régimen subsidiado en el
ADRES no es suficiente para enervar la certificación laboral aportada por el demandado, la
cual fue expedida por el director y representante legal de la «Confesión Islámica Ahlul Bayt
Colombia», comoquiera que, a lo sumo, constituiría una trasgresión de las normas que rigen el
Sistema General de Seguridad Social, que, eventualmente, podría llevar a la imposición de
sanciones por parte de las entidades competentes, pero no a demostrar que no ejerció
funciones en aquella.
122. Tampoco puede descartarse esa experiencia bajo el argumento que dicha institución no
renovó el registro mercantil, pues, como lo concluyó el a quo, a la «Confesión Islámica Ahlul Bayt
Colombia» se le reconoció personería jurídica mediante la Resolución 2621 del 23 de diciembre
de 2011 del Ministerio del Interior y su existencia no puede atarse a la renovación de dicho
registro; no obstante, se pone de presente que la legislación comercial reconoce a las
sociedades mercantiles de hecho o irregulares, cuya existencia puede acreditarse por los
medios probatorios reconocidos en la ley67.
123. Con todo, se deja claro que la omisión en la renovación del registro mercantil puede
generar las consecuencias jurídicas para los asociados y la sociedad definidas en la ley, pero
no comporta, por sí misma, la extinción de la persona jurídica.
124. Así las cosas, al verificar la certificación expedida por el director y representante legal de
la «Confesión Islámica Ahlul Bayt Colombia» visible en los documentos aportados por el Ministerio
del Interior68, se tiene que acreditan la experiencia exigida para el cargo, pues describe labores
relacionadas con las funciones esenciales establecidas en la Resolución 0428 de 2025, como
se detalla a continuación:
67
Código de Comercio (Ley 410 de 1971) – Artículo 498 y siguientes.
68
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2.5.4. La vulneración del derecho a la libertad religiosa y de cultos
125. El demandante afirmó que el ejercicio de la Dirección de Asuntos Religiosos requiere de
especial idoneidad, neutralidad y legitimidad institucional, por tratarse de una instancia
orientada a garantizar el pluralismo religioso y el respeto por las diversas confesiones, así
como a prevenir cualquier forma de discriminación, favoritismo o exclusión religiosa desde el
Estado.
126. Que, en el presente caso, desde el anuncio del nombramiento del señor Gamboa Ben-
Eleazar, diversas organizaciones religiosas expresaron su inconformidad, ya que dicha
designación comprometía seriamente los principios constitucionales de pluralismo y
neutralidad religiosa, así como el debilitamiento del respeto por el diálogo interreligioso,
producto de las inconsistencias en la hoja de vida y de distintas expresiones que el demandado
hizo en «trinos» de su cuenta «@rabinogamboa».
127. Sobre el particular, en la sentencia de primera instancia se dijo que las inconformidades
expresadas por organizaciones religiosas y las observaciones frente a la hoja de vida del
demandado, no acreditan por sí solas la vulneración a la libertad religiosa o de cultos y, las
manifestaciones atribuidas al demandado, no cuentan con respaldo probatorio suficiente que
permita corroborar su autoría, contenido y contexto y, por lo tanto, no es posible tenerlas como
un hecho cierto que pueda derivar en la vulneración alegada por el actor.
128. Inconforme con la decisión, el apelante indicó que el a quo omitió considerar que la
autoridad nominadora tenía la carga de valorar integralmente los aspectos indispensables para
acreditar la aptitud del aspirante, entre ellos la idoneidad ética y moral.
129. En cuanto a las manifestaciones hechas por el demandado en sus redes sociales, el
recurrente dijo que estas no fueron negadas ni tachadas de falsas, incluso se justificaron bajo
una supuesta libertad de expresión; sin embargo, pese a que en la demanda se invocó la
práctica de pruebas con el fin de verificar el alcance, contenido y difusión de los mensajes
denunciados y con ello fijar un precedente de control frente a eventuales conductas
incompatibles con el pluralismo y neutralidad religiosa, el Tribunal negó su decreto.
130. Sobre el nombramiento en cargos como el que ocupa la atención de la Sección, su
designación y permanencia proviene de la discrecionalidad del responsable de la entidad,
quien debe verificar que la persona cumpla con los requisitos mínimos exigidos en las
disposiciones legales y/o reglamentarias, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos
fijados en la Constitución y la ley.
131. Los requisitos del cargo de director técnico, código 0100, grado 23, adscrito a la Dirección
de Asuntos Religiosos, no contemplan la acreditación de elementos distintos a los previstos en
la norma por parte del aspirante, razón por la que no puede verificarse la legalidad del acto
enjuiciado, bajo supuestos y apreciaciones diferentes a las fijadas en la norma, lo que conlleva
a que la alegada vulneración a la libertad religiosa y de cultos no tenga vocación de
prosperidad.
132. En consecuencia, al no encontrar que los fundamentos propuestos en el recurso de
apelación tengan la entidad para modificar o revocar la sentencia impugnada, resulta
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director de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01009-02
procedente confirmar la decisión de primera instancia, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección «A» el 22 de enero de 2026, mediante la cual
negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con los argumentos expuestos en la
parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Ausente con permiso
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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