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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2025-01060-01

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2025-01060-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la orden de cumplimiento contenida en la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, en el sentido de ordenar al Ministerio de Transporte, el cumplimiento del artículo 180 de la ley 2294 de 2023, en el término de seis meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia. 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C., – Colombia www.consejodeestado.gov.co D Demandante: Carlos Augusto Rojas Neira Demandado: Ministerio de Transporte y otro Rad: 25000-23-41-000-2025-01060-01 SEGUNDO: NEGAR las pretensiones en contra de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes, en la forma prevista en el artículo 22 de la ley 393 de 1997. CUARTO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2025-01060-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

5 de febrero de 2026

Demandante: Carlos Augusto Rojas Neira
Demandado: Ministerio de Transporte y otro
Rad: 25000-23-41-000-2025-01060-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

CONSEJERO DE ESTADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01060-01
Accionantes: CARLOS AUGUSTO ROJAS NEIRA
Accionado: MINISTERIO DEL TRANSPORTE Y OTRO
Temas: Modifica sentencia de primera instancia - Ordena cumplimiento

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por el Ministerio de Transporte contra la
sentencia del 18 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, que accedió a las pretensiones de
la acción de cumplimiento.

1. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento

1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la Constitución
y desarrollada por la Ley 393 de 1997, Carlos Augusto Rojas Neira presentó
demanda contra el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura
Vial con el fin de obtener el cumplimiento de lo previsto en el artículo 180 de la Ley
2294 de 2023 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026
Colombia Potencia Mundial de la Vida”.

2. Como consecuencia, se ordene a los accionados la expedición de la
reglamentación y la implementación de tecnologías que permitan a los organismos
de tránsito imponer sanciones por la infracción C35.

2. Pretensiones de la demanda

3. La parte actora solicitó lo siguiente (transcripción literal, incluidos posibles errores):

1. Que se declare judicialmente que el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional
de Seguridad Vial (ANSV) han incurrido en una omisión administrativa, al no dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley 2294 de 2023, en relación con
la expedición de la reglamentación y la implementación de tecnologías que permitan a
los organismos de tránsito imponer sanciones por la infracción C35: "No realizar la

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Demandante: Carlos Augusto Rojas Neira
Demandado: Ministerio de Transporte y otro
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revisión técnico mecánica en el plazo legal establecido", aun cuando los vehículos no
hayan sido detectados circulando.

2. Que se ordene judicialmente a las entidades demandadas que, en un término
perentorio no superior a 30 días calendario, expidan y adopten el acto administrativo
reglamentario que dé cumplimiento al artículo 180 de la Ley 2294 de 2023, incluyendo:
• Definición técnica y normativa de los medios tecnológicos que deberán usar los
organismos de tránsito para controlar y sancionar la infracción C35,
independientemente de si el vehículo circula o no. - Lineamientos para la
interoperabilidad entre los organismos de tránsito, el RUNT y los Centros de
Diagnóstico Automotor (CDA). - Instrucciones administrativas y procedimientos
operativos para que los organismos de tránsito territoriales puedan ejercer la función
sancionatoria.

3. Que se ordene a las entidades demandadas adoptar e implementar, en un plazo no
superior a 60 días calendario, los medios tecnológicos requeridos para el control
automatizado del vencimiento de la revisión técnicomecánica, conforme a la
reglamentación que deben expedir, integrando dicho control al sistema RUNT y demás
plataformas interinstitucionales.

4. Que se ordene a las entidades demandadas remitir informes periódicos de
cumplimiento al Juzgado, bajo apercibimiento de desacato conforme al artículo 27 de
la Ley 393 de 1997, detallando: - Etapas del proceso reglamentario. - Cronograma de
implementación tecnológica. - Instrucciones impartidas a los organismos de tránsito. -
Estadísticas de control ejercido tras la implementac • Pretensiones subsidiarias:

5. Que, en caso de que el Juzgado considere procedente una implementación
escalonada, se ordene un plan progresivo de cumplimiento obligatorio, con fechas
límite definidas para cada fase (expedición normativa, adecuación técnica,
interoperabilidad y aplicación sancionatoria nacional).

6. Que se ordene la publicación de la sentencia y de las medidas adoptadas por las
entidades demandadas, en sus respectivas páginas web y en un diario de amplia
circulación nacional, como medida de pedagogía institucional y transparencia
administrativa”.

3. Hechos

4. La parte actora sostuvo que, el Congreso de la República expidió la Ley 2294 de
2023, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, la cual fue
sancionada y publicada en el Diario Oficial No. 52.400 del 19 de mayo de 2023 y
que dicha ley entró en vigencia desde su promulgación, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 339 de la Constitución.

5. Afirmó la actora que, en el artículo 180, el legislador estableció una obligación
específica, clara e imperativa dirigida al Ministerio de Transporte y a la Agencia
Nacional de Seguridad Vial.

6. Indicó que, el legislador ordenó definir y reglamentar tecnologías que permitan a
los organismos de tránsito detectar y sancionar a los propietarios de vehículos que
incumplen con la revisión técnico-mecánica o con el SOAT, sin que sea requisito
haber sido sorprendidos circulando.
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7. La norma dispuso que a la Agencia Nacional de Seguridad Vial le corresponde
definir las tecnologías que fortalezcan la capacidad de detección de infracciones
para la imposición de órdenes de comparendo por no contar con el SOAT, la revisión
técnico-mecánica o la inspección de emisiones contaminantes, en coordinación con
las entidades territoriales.

8. Puso de presente que el artículo cuyo cumplimiento se demanda asignó al Ministerio
de Transporte la función de expedir la reglamentación sobre las tecnologías
definidas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, garantizando su
implementación conjunta con dichas entidades.

9. Que, a la fecha de presentación de la demanda, y pese al tiempo transcurrido desde
la entrada en vigor de la Ley 2294 de 2023, las entidades demandadas han
permanecido en incumplimiento.

10. Informó que, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, el accionante
presentó requerimiento escrito previo ante el Ministerio de Transporte y la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, solicitando la implementación del artículo 180, el día 4
de junio de 2025.

11. Que, posteriormente, la Agencia respondió el 10 de junio de 2025, manifestando
que no estaba obligada a definir las tecnologías señaladas en el artículo 180 y
trasladando dicha responsabilidad al Ministerio de Transporte. Sin embargo, a la
fecha de formulación de la demanda, el Ministerio de Transporte no ha emitido
respuesta alguna frente al requerimiento formulado por el accionante.

4. Actuaciones procesales

12. Mediante proveído del 23 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, admitió la acción de cumplimiento
y ordenó notificar personalmente al Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional
de Seguridad Vial.

4.2. Contestaciones a la demanda

a. Ministerio de Transporte

13. Afirmó que no resulta procedente la acción, en la medida en que la entidad no ha
sido renuente en el cumplimiento de lo solicitado por el actor. Precisó que, si bien el
Ministerio es el ente funcional y competente para atender las peticiones, el inciso
primero del artículo 180 de la Ley 2294 de 2023 no fijó un término perentorio para
su reglamentación, lo que no equivale a afirmar que se haya negado a su
cumplimiento y, que, por el contrario, la entidad ha venido trabajando conjuntamente
con la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la materia y, una vez se surtan las
gestiones técnicas correspondientes, se expedirá la reglamentación pertinente.

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14. Adujo que, aunque la reglamentación no había sido expedida formalmente, había
adelantado múltiples gestiones técnicas, jurídicas e interinstitucionales que
evidenciaban un cumplimiento progresivo del deber impuesto por el parágrafo
primero del artículo 32 de la Ley 2294 de 2023.

15. Sostuvo que no existe omisión, dado que la reglamentación se encuentra en curso
y no se ha incumplido plazo perentorio. Como consecuencia, afirmó que el Ministerio
se encuentra dentro del término para ejercer la potestad reglamentaria, porque el
legislador no estableció un límite temporal específico, lo cual implica que la entidad
goza de plena facultad para adelantar el proceso en curso.

16. Subrayó que la potestad reglamentaria fue concebida con carácter intemporal, de
manera que el presidente puede ejercerla en cualquier momento mientras la ley
respectiva se mantenga vigente, con la facultad de modificar o derogar los decretos
previamente expedidos.

b. Agencia Nacional de Seguridad Vial

17. Por su parte, la Agencia se opuso a las pretensiones, sostuvo que no ha incurrido
en omisión administrativa, toda vez que, desde el 12 de diciembre de 2024, ha
adelantado las gestiones necesarias ante el Ministerio de Transporte para que dicha
cartera expida la reglamentación que permita a la Agencia Nacional de Seguridad
Vial definir las tecnologías destinadas a fortalecer el control en la detección de
infracciones relacionadas con la vigencia del SOAT, la revisión técnico mecánica y
la emisión de gases contaminantes.

18. En ese sentido, precisó que la obligación contenida en el artículo 180 de la Ley
2294 de 2023 no establece un término perentorio para su cumplimiento. Así, afirmó
que la interpretación literal de la norma permite concluir que no existe plazo
obligatorio para que la Agencia Nacional de Seguridad Vial defina las tecnologías
en cuestión. En todo caso, advirtió que, aun si se entendiera que existe un deber
inmediato, el primer obligado sería el Ministerio de Transporte, por cuanto la
disposición legal asigna a este la responsabilidad primaria de expedir la
reglamentación que habilite la definición de dichas tecnologías.

19. Sostuvo que la Agencia ha elaborado insumos técnicos requeridos para la
implementación de la norma y ha adelantado las actuaciones dentro del ámbito de
su competencia; sin embargo, advierte que los lineamientos previstos en el artículo
180 de la Ley 2294 de 2023 no podrán materializarse hasta tanto el Ministerio de
Transporte no expida el acto administrativo correspondiente, lo cual constituye un
requisito previo indispensable.

20. Agregó que la ausencia de la reglamentación no comprometía derechos
fundamentales ni impedía la aplicación de las determinantes del ordenamiento

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territorial, las cuales, según indico, cuentan con fuerza normativa y son de
obligatorio cumplimiento.

4.3. Fallo de primera instancia

21. Mediante sentencia del 18 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, accedió a las pretensiones de la
acción de cumplimiento.

22. El Tribunal consideró que, a la fecha, no obra prueba que demuestre la definición ni
la expedición de la reglamentación relativa a las tecnologías para fortalecer el
control en la detección de infracciones por la ausencia del SOAT, la falta de revisión
técnico mecánica y la emisión de gases contaminantes. Como consecuencia,
mientras dicha definición y reglamentación no sean expedidas y publicadas, la
Agencia Nacional de Seguridad Vial carece de la posibilidad material de
implementar de manera plena el mandato legal.

23. Así las cosas, dado que lo dispuesto en el inciso primero de la norma bajo examen
configura un deber jurídico de carácter imperativo, expreso e inobjetable a cargo
tanto de la Agencia Nacional de Seguridad Vial como del Ministerio de Transporte,
ordenó su cumplimiento, en el siguiente sentido:

PRIMERO. - DECLARAR el incumplimiento del artículo 180 de la Ley 2294 de 2023
“Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia
Mundial de la Vida”, por las razones expuestas en la presente providencia.
SEGUNDO. - En consecuencia, ORDENAR al Ministerio de Transporte y la Agencia
Nacional de Seguridad Vial que, en el término de seis (6) meses contados a partir del
día siguiente a la notificación de la presente providencia, adelanten las actuaciones
necesarias para expedir la reglamentación y adoptar las medidas técnicas que permitan
la efectiva implementación de lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley 2294 de 2023,
de conformidad con los plazos establecidos para cada una de las entidades en esta
providencia.

4.4. Impugnación1

24. Inconforme con la decisión, el Ministerio de Trabajo interpuso recurso de
impugnación contra la sentencia que accedió a las pretensiones, argumentando que
no se había configurado incumplimiento alguno de su parte.

25. Sostuvo que, si la norma no señala término es porque el legislador respeta la
discrecionalidad de la administración respecto de los tiempos que considere
necesarios para la estructuración de la norma, el cual no obedece al capricho de las
entidades, sino del actuar misional, técnico y complejo que corresponda al acto

1 La sentencia del 18 de septiembre de 2025 fue notificada el 6 de octubre de 2025, y el escrito de

impugnación fue radicado mediante correo electrónico el 9 de octubre de 2025, término que se
encuentra oportuno.
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regulatorio, que no es el mismo para todos los casos y que por ello el alto Tribunal
debe considerar al momento de señalar un plazo.

26. Manifestó que, dentro de las atribuciones constitucionalmente asignadas al
Gobierno nacional aplicable a los ministerios del Gobierno, se encuentra la potestad
reglamentaria, prevista en el numeral 11 del artículo 189. Se trata de una atribución
conferida por el constituyente al presidente de la República en su calidad de
Suprema Autoridad Administrativa o a sus ministros, la cual les permite expedir
actos administrativos de carácter general, impersonal y abstracto, con la finalidad
de reglamentar las leyes para su cumplida ejecución cundo el poder legislativo lo
ordene conforme sus facultades constitucionales.

27. Añadió que no cuestiona que la acción de cumplimiento es un mecanismo idóneo
para exigir del Gobierno nacional la ejecución de leyes que le ordenen ejercer la
potestad reglamentaria para lograr el respectivo desarrollo legislativo, pero siempre
y cuando la ley le haya fijado un término para ello y el mismo haya expirado. De lo
contrario no se cumple con el requisito de inobjetabilidad.

28. Afirmó que no se encuentra probado que se configurara una omisión en la
expedición de la regulación señalada en la norma, porque la reglamentación está
en curso, encontrándose el Ministerio de Transporte en termino para el ejercicio de
la potestad reglamentaria en la cual el legislador no otorgó ningún plazo y, como
consecuencia goza de plenas facultades para su cumplimiento como fue acreditado
en el proceso.

29. A continuación, remitió un cuadro con el cronograma de las actuaciones realizadas
y pendientes con el fin de emitir el acto administrativo, con base en el cual sostuvo
que el término de 3 meses concedido era insuficiente:

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4.5. Actuación en segunda instancia

30. En atención al contenido de la contestación de la demanda por parte de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial y a la impugnación presentada por el Ministerio de
Trabajo, a través del auto del 18 de diciembre de 2025, se advirtió la posibilidad de
que el acto administrativo que se debía expedir, podría ser de los que suscribe el
presidente de la República, en ejercicio de la facultad reglamentaria del numeral 11
del artículo 189 de la Constitución Política; sin embargo, en la demanda no se
vinculó ni se notificó al mismo. Conforme a lo anterior, por Secretaría de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, se puso en conocimiento al presidente de la
República de Colombia, el contenido de este proceso, para que se pronunciara
sobre la posible nulidad.

31. Sin embargo, dentro del término establecido para ello, el presidente guardó silencio,
motivo por el cual se entiende saneada la posible nulidad advertida, de conformidad
con lo establecido en el artículo 136 del Código General del Proceso2.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

32. La Sección Quinta de esta Corporación es competente para decidir la impugnación
contra la sentencia del 18 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, según lo
dispuesto en los artículos 1503 y 1524 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de
2019, expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado5.

2 La nulidad se considerará saneada en los siguientes casos:

1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla.
2. Cuando la parte que podía alegarla la convalidó en forma expresa antes de haber sido renovada
la actuación anulada.
3. Cuando se origine en la interrupción o suspensión del proceso y no se alegue dentro de los cinco
(5) días siguientes a la fecha en que haya cesado la causa.
4. Cuando a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa.
PARÁGRAFO. Las nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un
proceso legalmente concluido o pretermitir íntegramente la respectiva instancia, son insaneables.
3 Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El

Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de
las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso
de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de
este código.
4 Artículo 152: (…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de

cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese
mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.
5 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las

apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los tribunales
administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.
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2. Objeto de la decisión

33. Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia del 18
de septiembre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A, que accedió a las pretensiones de la acción de
cumplimiento.

34. Por tanto, la Sala deberá verificar si se cumple con los presupuestos de
procedibilidad y procedencia de la acción de cumplimiento y, en caso de superarse
estos requisitos, deberá establecerse si en el presente caso el Ministerio de
Transporte se encuentran en la obligación de acatar las disposiciones legales
indicadas, y expedir el acto administrativo mediante el cual se defina el
procedimiento previsto en el artículo 180 de la Ley 2294 de 2023 “Por el cual se
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 Colombia Potencia Mundial de la
Vida”.

35. Respecto de la condena en contra de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Sala
no se pronunciará, por cuanto, a pesar de haber sido debidamente notificada, no
presentó recurso.

3. Generalidades de la acción de cumplimiento

36. La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.

37. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393
de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando
el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción de
cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º].

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
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(iv) Que no se pretenda la protección de derechos que puedan ser garantizados
a través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
administración [artículo 9.º].

38. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii, iii o iv], la
decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.

39. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o
no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad o del
particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la
acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del
referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es formulada/s.

4. La constitución de la renuencia

40. En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de constituir la
renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente
haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se
haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días
siguientes a la presentación de la solicitud […]».

41. Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado según
el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una
solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la
renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»6.

42. Esta Corporación también ha considerado que no puede tenerse por demostrado
el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en que la solicitud
hecha por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia»7.

43. Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como la
negativa del accionado frente al requerimiento bien porque no brinde respuesta
oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea contraria al querer del
ciudadano8.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de octubre

20 de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
7 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del expediente

ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
8 Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación 25000-23-41-000-
2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación
15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez y sentencia del 15 de septiembre
de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
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44. Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo pretendido por
el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o administrativo, cuyo
objetivo es precisamente la constitución en renuencia de la parte demandada.

45. Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de 1997, el
agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de la parte
accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser rechazada de plano.

46. En el caso concreto está acreditado que, el 4 de junio de 2025, la parte actora
solicitó al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Seguridad vial, que
dieran cumplimiento al artículo 180 de la Ley 2294 de 2023.

47. También, quedó demostrado que, el 6 de junio de 2025, la Agencia Nacional de
Seguridad Vial contestó informando que había realizado las actuaciones pertinentes
para atender lo establecido en la norma; sin embargo, esta no consagraba un
término taxativo para su cumplimiento. El Ministerio de Transporte no contestó el
requerimiento.

48. Lo anterior es suficiente para que la Sala entienda agotado el requisito de
constitución en renuencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393
de 1997.

5. De la procedencia de la acción de cumplimiento

49. Como se ha referido hasta ahora, la parte actora, con el ejercicio de la presente
acción, pretende que se le ordene al Ministerio de Transporte y a la Agencia
Nacional de Seguridad Vial que, en cumplimiento del artículo 180 de la Ley 2294 de
2023, el cual establece:

ARTÍCULO 180. La Agencia Nacional de Seguridad Vial definirá las tecnologías que
permitan fortalecer el control, con énfasis en la capacidad de detección de infracciones,
para la imposición de órdenes de comparendo por no contar con el Seguro Obligatorio
de Accidentes de Tránsito -SOAT-, y/o revisión técnico mecánica y emisión de gases
contaminantes, y en coordinación con cada entidad territorial, implementará dichas
tecnologías, de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida el
Ministerio de Transporte.

PARÁGRAFO PRIMERO. La Superintendencia de Transporte deberá implementar un
sistema de control e indicadores de gestión para los organismos de tránsito, municipios
y departamentos en el marco de sus competencias.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Los organismos de Apoyo al Tránsito, con el fin de
coadyuvar en mejorar los indicadores de siniestralidad y movilidad, podrán desarrollar
campañas, en el marco de las pautas que determine la Agencia Nacional de Seguridad
Vial, siempre y cuando no se afecte la tarifa establecida para los servicios que prestan,
ni los requisitos de registro establecidos por el Ministerio de Transporte, ni tampoco las
condiciones técnicas y tecnológicas para la realización de los servicios autorizados.

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Demandado: Ministerio de Transporte y otro
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PARÁGRAFO TERCERO. La Superintendencia de Transporte deberá vincular a todas
las entidades que realizan cursos para obtener descuentos en las sanciones por
infracciones a las normas de tránsito, al Sistema de Control y Vigilancia (SICOV) en un
plazo máximo de seis (6) meses.

50. Para la Sala, se cumple con el requisito de que la norma que se solicita acatar tenga
rango de ley o acto administrativo. Igualmente, se satisface el presupuesto de que
el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la autoridad pública
o del particular en ejercicio de funciones públicas.

51. Respecto del requisito de subsidiariedad, se evidencia que lo pretendido por el
accionante no involucra la protección directa de derechos fundamentales que
puedan ser invocados vía acción de tutela. Tampoco existe otro mecanismo judicial
para hacer efectiva la obligación establecida en la ley. Adicionalmente, se advierte
que la norma objeto de la demanda se encuentra actualmente vigente.

52. Finalmente, el eventual cumplimiento no implicaría el establecimiento de gastos.

6. Caso concreto

53. Corresponde a la Sala determinar el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional
de Seguridad Vial incurrieron en incumplimiento del mandato legal contenido en
artículo 180 de la Ley 2294 de 2023, mediante el cual se le impuso al Ministerio de
Transporte en coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la obligación
de expedir la reglamentación y la implementación de tecnologías que permitan a los
organismos de tránsito imponer sanciones por la infracción C35: "No realizar la
revisión técnico mecánica en el plazo legal establecido", aun cuando los vehículos
no hayan sido detectados circulando.

54. De la lectura de la norma se desprende con claridad que el legislador impuso a la
Agencia Nacional de Seguridad Vial una obligación concreta, expresa e inobjetable,
consistente en definir las tecnologías que permitan fortalecer el control, con énfasis
en la capacidad de detección de infracciones, para la imposición de órdenes de
comparendo por no contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito -
SOAT-, y/o revisión técnico mecánica y emisión de gases contaminantes, y en
coordinación con cada entidad territorial, implementará dichas tecnologías, de
conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida el Ministerio de
Transporte, sin que se trate de una facultad discrecional ni de un deber
condicionado a circunstancias futuras. En este caso se pidió el deber de
reglamentación, es decir, la obligación pretendida se deriva de la cartera accionada.

55. La jurisprudencia actualmente vigente, en materia de cumplimiento, ha
determinado que la acción constitucional sí es el mecanismo idóneo para exigir el
ejercicio de la potestad reglamentaria cuando el legislador ha impuesto este deber,
siempre y cuando se materialicen ciertas condiciones.
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56. La acción de cumplimiento procede para ordenar el ejercicio de la potestad
reglamentaria, en todos los casos en los que el legislador haya impuesto al ejecutivo
el deber de reglamentar determinada materia, con independencia de si se impuso
término o no al efecto9 debido a que, como se explicará la ausencia de un lapso
específico no puede entenderse como una circunstancia que impida su procedencia.

57. Conviene advertir, que el Congreso de la República al desarrollar las funciones
legislativas contempladas en el artículo 150 de la Constitución Política, puede
imponer una serie de obligaciones a los diferentes órganos del poder público, con
el objetivo de garantizar la eficacia plena de la ley, un ejemplo claro de ello se
encuentra cuando el legislador delega al ejecutivo el deber de ejercer la potestad
reglamentaria en determinadas materias.

58. Ahora bien, la potestad reglamentaria se ha entendido como el ejercicio de la
atribución contemplada en el numeral 11 del artículo 189 Superior, a través de la
cual el poder ejecutivo tiene la facultad de dictar las normas que estime necesarias
a fin de garantizar la efectiva aplicación de las leyes, cuando de ellas se advierta la
existencia de aspectos que deben precisarse o ahondarse mediante la expedición
de decretos, resoluciones y órdenes10. Además, el artículo 208 de la Constitución,
prevé que “los ministros y los directores de departamentos administrativos son los
jefes de la administración en sus respectivas dependencias. Bajo la dirección del
Presidente de la República, les corresponde formular las políticas atinentes a su
despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley”, en virtud del cual la
jurisprudencia constitucional les ha reconocido una potestad reglamentaria
derivada11.

59. En principio, el poder ejecutivo tiene plena autonomía para decidir cuándo ejerce la
potestad reglamentaria reconocida en la Constitución. No obstante, y como se
anotó, en muchos eventos el legislador, en aplicación del principio de colaboración
armónica, es quien compele al Gobierno nacional a ejercer dicha atribución.

60. Esto es así, porque algunas leyes están permeadas de tecnicismos que solo pueden
ser desarrolladas a través de una normativa detallada y expedida por un experto
que usualmente se encuentra en el Gobierno nacional. Asimismo, es de anotar que
algunas normas solo pueden alcanzar su efecto útil en la medida en que se expida
la reglamentación exigida por la ley.

61. Por supuesto, la orden contenida en la ley relacionada con reglamentar determinada
materia, no significa que el poder ejecutivo quede despojado de la discrecionalidad
con la que cuenta para reglamentar, pues el mandato que aquella impone no

9 Sección Quinta, sentencia del 26 de noviembre de 2015, expediente con radicado número 63001-

23-33- 000-2015-00227-01, C.P. Rocío Araújo Oñate.
10 Dicha definición se adoptó por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Quinta, Sentencia del 16 de agosto de 2002, dictada en el expediente número AC-0165, y
se reiteró en sentencia del 6 de septiembre de 2004, radicado 66001-23-31-000-2003-00619-
01(ACU) CP. Reinaldo Chavarro Buriticá.
11 Corte Constitucional, sentencia C- 056 de 2021, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.

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delimita la potestad reglamentaria, ni asigna los parámetros de contenido en los
cuales esta deba surtirse.

62. Así pues, el legislador a través de la ley puede bien imponer un plazo al Gobierno
nacional para que aquel proceda a hacer la respectiva reglamentación o guardar
silencio al respecto, y únicamente establecer el deber de reglamentar.

63. Esto es así, porque la ausencia de un término para ejercer la potestad reglamentaria
no significa que aquel mandato no sea exigible, razón por la cual la acción de
cumplimiento sí es procedente para solicitar la materialización de esa clase de
disposiciones.

64. En efecto, sería un contrasentido afirmar que la carencia de un plazo para ejercer
la potestad reglamentaria, deriva en que el mandato contemplado en la ley se torna
inane, inexistente o carente de exigencia, cuando lo cierto es que aquel es
plenamente exigible.

65. Así las cosas, huelga manifestar que la acción de cumplimiento se erige como el
mecanismo idóneo para exigir a la autoridad competente el ejercicio de la potestad
reglamentaria, aun cuando en la ley no se haya estipulado un lapso expreso para
satisfacerla.

66. Ahora, en el caso concreto, como se dijo, la norma demandada como incumplida le
impone al Ministerio de Transporte el deber de expedir la reglamentación para la
imposición de órdenes de comparendo por no contar con el Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito -SOAT-, y/o revisión técnico mecánica y emisión de gases
contaminante y, a pesar de que la entidad sostuvo en su escrito de impugnación,
que ha adelantado diversas actuaciones administrativas y técnicas orientadas a la
elaboración del referido procedimiento, tales como mesas de trabajo
interinstitucionales, elaboración de documentos preliminares y ejercicios de
articulación sectorial, lo cierto es que dichas actuaciones no suplen el cumplimiento
del mandato legal.

67. En efecto, tanto esta Corporación como la Corte Constitucional han sido enfáticas
en señalar que, tratándose de la acción de cumplimiento, no se admiten grados o
niveles de acatamiento. En la sentencia C-157 de 1998 el tribunal constitucional
precisó que frente a una obligación clara y exigible “la autoridad cumple o no cumple,
pero no puede entenderse que exista un cumplimiento parcial o gradual del mandato
legal”.

68. Adicionalmente, la Sala no desconoce la complejidad técnica y el esfuerzo
interinstitucional que implica la elaboración del procedimiento establecido en la
norma, ni los avances que, según la entidad impugnante se han venido
desarrollando en esa dirección. Sin embargo, tales consideraciones no tienen la

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virtualidad de relevar a la administración del cumplimiento estricto de un mandato
legal claro, imperativo e inobjetable.

69. Así las cosas, al no haberse expedido el acto administrativo exigido por el
legislador, se configura el incumplimiento alegado por parte del Ministerio de
Transporte, razón por la cual resulta procedente acceder a las pretensiones de la
demanda, como lo hiciera el Tribunal.

70. Ahora bien, del contenido de la norma demandada como incumplida, se advierte
también una deber en cabeza de la Agencia Nacional de Seguridad Vial; sin
embargo, su obligación está sometida a una condicionalidad, esto es, que el
Ministerio de Transporte expida la reglamentación para que, a partir de esta, la
Agencia defina las tecnologías que permitan fortalecer el control, con énfasis en la
capacidad de detección de infracciones, para la imposición de órdenes de
comparendo por no contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito -
SOAT-, y/o revisión técnico mecánica y emisión de gases contaminantes, y en
coordinación con cada entidad territorial, implementar dichas tecnologías. Sin
embargo, quedó acreditada la inexistencia de dicha reglamentación y, por tanto, no
se puede atribuir incumplimiento de la entidad hasta que no exista el acto
administrativo que encargó el legislador al Ministerio. Por tanto, en cuanto a esta
entidad se impondrá la negativa de lo pedido.

71. En cuanto al presidente de la república, se mantendrá su vinculación dado que,
conformidad con el artículo 115 constitucional, conforma al Gobierno nacional.

72. Por otra parte, la Sala considera procedente acceder a la petición del Ministerio
accionado en el sentido de ampliar el plazo que otorgó el Tribunal para concluir las
etapas que deben surtirse a fin de dictar la reglamentación que se reclama.

73. Lo anterior en la medida de la relevancia de la materia a regular, y el cronograma
allegado como prueba, motivo por el cual se accederá a ampliar el término a 6
meses para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 180 de la Ley 2294 de
2023, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la orden de cumplimiento contenida en la sentencia
proferida el 18 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, en el sentido de ordenar al
Ministerio de Transporte, el cumplimiento del artículo 180 de la ley 2294 de 2023,
en el término de seis meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia.

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SEGUNDO: NEGAR las pretensiones en contra de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes, en la forma prevista en
el artículo 22 de la ley 393 de 1997.

CUARTO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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