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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2025-01731-01

Fecha
28 de octubre de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2025-01731-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la providencia de 24 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-41-000-2025-01731-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

28 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Radicación: núm. 25000-23-41-000-2025-01731-01
Demandante: Diana Carolina Delgado Delgado
Demandados: Cárcel de Alta y Mediana Seguridad para
Mujeres “El Buen Pastor” de Bogotá; Juzgado Veintinueve de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá; y
Juzgado Sexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento
de Bogotá

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

El Despacho decide la impugnación presentada por la señora Diana Carolina
Delgado Delgado, en contra de la providencia de 24 de octubre de 2025 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B,
por medio de la cual se negó la solicitud de habeas corpus.

I. ANTECEDENTES

I.1. La solicitud

1. La señora Diana Carolina Delgado Delgado mediante escrito de 24 de octubre
de 20251, presentó solicitud de habeas corpus en contra de la Cárcel de Alta y
Mediana Seguridad para Mujeres “El Buen Pastor” de Bogotá, el Juzgado
Veintinueve de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y el
Juzgado Sexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, por
considerar que existe violación al derecho a la libertad consagrado en el artículo
30 de la Constitución Política.

I.2. Los supuestos de hecho y de derecho

2. La solicitante manifestó que fue condenada a la pena principal de cuarenta y
ocho (48) meses de prisión, multa equivalente a sesenta y dos (62) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos
y funciones públicas por el mismo lapso, como responsable del delito de tráfico,
fabricación o porte de estupefacientes, decisión proferida por el Juzgado Sexto
Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.

1 Índice 1 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Expediente de la primera instancia.

2

Radicación: 25000-23-41-000-2025-01731-01
Demandante: Diana Carolina Delgado Delgado
Demandados: Cárcel de Alta y Mediana Seguridad para Mujeres “El Buen Pastor” de Bogotá;
Juzgado Veintinueve de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá; y Juzgado
Sexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá

3. Señaló que se encuentra privada de la libertad desde el 11 de marzo de 2022 en
la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad “El Buen Pastor” de Bogotá.

4. Indicó que la ejecución de su condena está a cargo del Juzgado Veintinueve de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, bajo el radicado número
11001-60-00-000-2022-02400 (NI 41484).

5. Afirmó que elevó ante dicho Despacho una solicitud de libertad inmediata por
pena cumplida, argumentando que entre el tiempo de reclusión física y la
redención por trabajo y estudio ya había cumplido la totalidad de la pena impuesta.

6. Manifestó que el referido Juzgado Veintinueve de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Bogotá negó su solicitud y ofició al área jurídica de la Cárcel de
Alta y Mediana Seguridad “El Buen Pastor” para que remitiera los certificados de
cómputos desde agosto de 2025 hasta la fecha, junto con la cartilla biográfica
actualizada y la respectiva resolución favorable.

7. Expuso que, pese a que el referido despacho judicial ofició el 26 de septiembre
de 2025 para que se diera cumplimiento a lo ordenado y se remitiera la
documentación necesaria para verificar una eventual pena cumplida, han
transcurrido cerca de dos meses sin que se dé trámite alguno a lo dispuesto por el
juzgado.

8. Agregó que, encontrándose privada de la libertad, no resulta justificable que se
le brinde un trato contrario a la dignidad humana, en tanto que el solo hecho de
pertenecer a la especie humana impone el respeto y garantía de los derechos
fundamentales, los cuales no pueden concebirse como postulados ideológicos,
sino como el reconocimiento efectivo de la condición humana.

9. Sostuvo que las personas privadas de la libertad no deben ser sometidas a
condiciones que hagan más gravosa su pena y que es el Estado quien debe
garantizar que no se anulen los derechos que permanecen incólumes, por lo que,
en su caso, la omisión en la remisión de los documentos requeridos por el juzgado
que ejecuta su pena le ha implicado permanecer recluida por un tiempo superior al
de la sanción impuesta, vulnerando así sus derechos fundamentales.

10. En consecuencia, solicitó se ordene de manera inmediata a la Cárcel de Alta y
Mediana Seguridad “El Buen Pastor” que dé cumplimiento a lo ordenado por el
Juzgado Veintinueve de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y remita los
certificados de cómputos desde el mes de agosto de 2025 a la fecha.

II. TRÁMITE

11. El habeas corpus fue presentado y repartido en el Oficina de Apoyo Judicial

3

Radicación: 25000-23-41-000-2025-01731-01
Demandante: Diana Carolina Delgado Delgado
Demandados: Cárcel de Alta y Mediana Seguridad para Mujeres “El Buen Pastor” de Bogotá;
Juzgado Veintinueve de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá; y Juzgado
Sexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá

Grupo de Habeas Corpus de los Tribunales de Bogotá y Cundinamarca el 24 de
octubre de 20252.

3
12. Mediante proveído del mismo día , el Despacho sustanciador dispuso avocar
conocimiento de la solicitud de habeas corpus presentada por la señora Diana
Carolina Delgado Delgado, y, en consecuencia, ordenó la práctica de las
diligencias necesarias para verificar los hechos expuestos por la solicitante.

13. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 5º de la Ley 1095 de 2006, se
dispuso oficiar por Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con
carácter urgente y por correo electrónico, a las siguientes autoridades: Cárcel de
Alta y Mediana Seguridad para Mujeres “El Buen Pastor” de Bogotá, Juzgado
Veintinueve de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, y Juzgado
Sexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, con el fin de
que rindieran un informe detallado acerca de los hechos que motivaron la solicitud
de habeas corpus, dentro del proceso penal radicado bajo el número 11001-60-00-
000-2022-02400 (NI 41484), seguido en su contra por el delito de tráfico,
fabricación o porte de estupefacientes.

14. Así mismo, se solicitó a dichas autoridades certificar si la accionante ha elevado
alguna solicitud de libertad y si sobre esta se adoptó decisión, ordenando que, en
caso afirmativo, remitieran copia íntegra y auténtica tanto de la petición como de la
resolución correspondiente, junto con la constancia de notificación a la solicitante.
En el evento de no haberse emitido decisión alguna, se ordenó que explicaran las
razones de la omisión.

15. También se dispuso que la respuesta fuera allegada por el mismo medio
electrónico, dada la urgencia y naturaleza del trámite de habeas corpus, a fin de
garantizar la eficacia y celeridad del control judicial sobre la privación de la libertad
de la solicitante.

III. INTERVENCIÓN DE LOS VINCULADOS

Cárcel de Alta y Mediana Seguridad para Mujeres “El Buen Pastor” de
Bogotá

16. LaCárcel de Alta y Mediana Seguridad para Mujeres “El Buen Pastor” de
Bogotá4 rindió el informe solicitado, en el cual expuso que remitía la “[…]
CARTILLA BIOGRÁFICA DE LA PPL DELGADO DELGADO DONDE FIGURA SU

2 Ibidem.
3 Índice 5 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Expediente de la primera instancia.
4 Índice 19 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Expediente de la primera instancia.

4

Radicación: 25000-23-41-000-2025-01731-01
Demandante: Diana Carolina Delgado Delgado
Demandados: Cárcel de Alta y Mediana Seguridad para Mujeres “El Buen Pastor” de Bogotá;
Juzgado Veintinueve de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá; y Juzgado
Sexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá

SITUACIÓN JURÍDICA. A LA FECHA NO SE CUENTA CON BOLETA DE
LIBERTAD PARA TRÁMITE […]” (mayúsculas del original).

17. De la cartilla biográfica allegada por la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad para
Mujeres “El Buen Pastor” de Bogotá, se observa que la interna Diana Carolina
Delgado Delgado se encuentra recluida en el establecimiento carcelario
mencionado desde el 10 de marzo de 2022, en calidad de condenada a pena
privativa de la libertad.

18. En el documento se indica que el Juzgado Sexto Penal del Circuito de
Conocimiento de Bogotá la condenó, mediante sentencia del 14 de diciembre de
2022, a una pena principal de cuarenta y ocho (48) meses de prisión, una multa
equivalente a sesenta y dos (62) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo
término, como autora responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes.

19. Además, que el Juzgado Veintinueve de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá es la autoridad encargada del cumplimiento de la pena, con
radicado 11001-60-00-000-2022-02400 (NI 41484), encontrándose la condenada
bajo “[…] situación jurídica de cumplimiento de pena […]”.

20. También se consigna que no se registra boleta de libertad en trámite, y se
reportan cuatro redenciones aprobadas, tres por trabajo y una por estudio, así
como providencias de 24 de mayo y 18 de agosto de 2023 mediante las cuales se
concedieron redenciones de pena.

Juzgado Veintinueve de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá

21. El Juzgado Veintinueve de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá5 rindió el informe solicitado, en el cual señaló que, revisado el proceso, ese
Despacho tiene a su cargo la vigilancia del expediente con radicado 11001-60-00-
000-2022-02400 (NI 41484), dentro del cual, el 14 de diciembre de 2022, el
Juzgado Sexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá
condenó a Diana Carolina Delgado Delgado a la pena principal de cuarenta y ocho
(48) meses de prisión, multa equivalente a sesenta y dos (62) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas por el mismo lapso, como responsable del delito de tráfico,
fabricación o porte de estupefacientes.

5 Ibidem.

5

Radicación: 25000-23-41-000-2025-01731-01
Demandante: Diana Carolina Delgado Delgado
Demandados: Cárcel de Alta y Mediana Seguridad para Mujeres “El Buen Pastor” de Bogotá;
Juzgado Veintinueve de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá; y Juzgado
Sexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá

22. Indicó que en la citada providencia no se le concedió la suspensión condicional
de la ejecución de la pena ni la prisión domiciliaria, y que la solicitante se
encuentra detenida desde el 10 de marzo de 2022.

23. Manifestó que, el 24 de octubre de 2025, dispuso negar la libertad por pena
cumplida, toda vez que la interna no ha cumplido en su totalidad la pena impuesta.

24. En relación con lo señalado en la solicitud de habeas corpus, precisó que, si
bien no se ha aportado aún la documentación correspondiente a los cómputos y
conducta solicitada para los períodos comprendidos desde agosto de 2025 hasta
la fecha, una vez dicha información sea remitida por el establecimiento
penitenciario, el juzgado evaluará si procede o no su reconocimiento.

25. Concluyó que la acción de habeas corpus debe negarse, por no acreditarse
vulneración alguna a la libertad personal ni exceso en la ejecución de la pena.

Juzgado Sexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá

26. El Juzgado Sexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá6
remitió escrito mediante el cual solicitó su desvinculación del presente asunto, por
cuanto no le corresponde la vigilancia ni la ejecución de la pena privativa de la
libertad impuesta a la solicitante.

27. Indicó que, a la fecha, no cursa ante este Despacho recurso ni actuación alguna
relacionada con la ejecución de la pena impuesta a la accionante, motivo por el
cual desconoce el tiempo que esta ha permanecido privada de la libertad con
ocasión de las diligencias mencionadas en el escrito constitucional.

28. De igual forma citó el texto del propio escrito de habeas corpus, en el cual la
accionante manifestó que: “[…] quien ejecuta mi pena es el Honorable Juzgado
Veintinueve (29) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, bajo
el radicado No. 11001600000020220240000. La suscrita solicitó ante el Honorable
Juzgado que ejecuta mi pena me fuera concedida la libertad inmediata por pena
cumplida, ya que entre físico y redención había cumplido la totalidad de la pena
que me fue impuesta. El Honorable Juzgado que ejecuta mi pena niega a la
suscrita la libertad inmediata por pena cumplida y oficia a la Cárcel de Alta y
Mediana Seguridad Buen Pastor de Bogotá (área jurídica) para que remitan los
certificados de cómputos desde agosto de 2025 hasta la fecha, junto con la cartilla
biográfica actualizada y resolución favorable […]”.

29. Señaló que la afirmación de la solicitante constituye una expectativa respecto
del cumplimiento total de la pena, y que no le compete pronunciarse sobre la

6 Índice 19 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Expediente de la primera instancia.

6

Radicación: 25000-23-41-000-2025-01731-01
Demandante: Diana Carolina Delgado Delgado
Demandados: Cárcel de Alta y Mediana Seguridad para Mujeres “El Buen Pastor” de Bogotá;
Juzgado Veintinueve de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá; y Juzgado
Sexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá

solicitud de libertad ni el traslado conferido, por no ser autoridad ejecutora ni
responsable del control de la ejecución de la sanción penal.

IV. FUNDAMENTOS DE LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

30. El a quo mediante providencia de 24 de octubre de 20257, previo recuento de
los hechos y del trámite de la solicitud de habeas corpus y luego de exponer
consideraciones relacionadas con la naturaleza del citado instrumento, sostuvo lo
siguiente:

“[…] En este caso concreto, a la parte actora no se le han vulnerado las
garantías legales y constitucionales y tampoco se le ha prolongado
ilegalmente la libertad, ya que para la fecha de interposición del habeas
corpus de la referencia –24 de octubre de 2025–, como lo puso de presente
el Juzgado Veintinueve de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá, por auto de la misma fecha se dispuso negar libertad por pena
cumplida toda vez que no cumple con la totalidad de la pena, decisión
contra la cual proceden los recursos ordinarios. Es decir, se halla privada
legalmente de su libertad en calidad de autora responsable de la comisión
del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, sin que se le
hubiese reconocido la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni
la prisión domiciliaria.

5) Por lo tanto, es completamente claro que para el momento en que se
elevó la solicitud de habeas corpus la sentenciada no ha purgado la
totalidad de la pena de prisión dictada en su contra, por lo que no se
encuentra ilegalmente privada de la libertad, motivo suficiente para que la
solicitud de habeas corpus no tenga vocación de prosperidad.

6) En ese orden, cabe manifestar que el artículo 38 de la Ley 906 de 2004
prevé que los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad tienen
competencia para resolver las solicitudes de libertad y su revocatoria.

[…]

Del contenido de la cita (sic) norma se desprende con claridad que los
jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad son las autoridades
jurisdiccionales competentes para conocer, entre otros aspectos, de las
decisiones necesarias para que las sentencias ejecutoriadas que impongan
sanciones penales se cumplan, sobre la libertad condicional y su
revocatoria y lo relacionado con la rebaja de la pena y redención de pena
por trabajo, estudio o enseñanza. Disposición que es concordante con lo
dispuesto en el artículo 459 ibidem, el cual preceptúa que la ejecución de la
sanción penal impuesta mediante sentencia ejecutoriada corresponde a las
autoridades penitenciarias, en coordinación con el juez de ejecución de
penas y medidas de seguridad.

[…]

7 Índice 8 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Expediente de la primera instancia.

7

Radicación: 25000-23-41-000-2025-01731-01
Demandante: Diana Carolina Delgado Delgado
Demandados: Cárcel de Alta y Mediana Seguridad para Mujeres “El Buen Pastor” de Bogotá;
Juzgado Veintinueve de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá; y Juzgado
Sexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá

7) Es inequívoco entonces que los jueces de ejecución de penas y medidas
de seguridad tienen la competencia legal expresa y específica para resolver
las solicitudes de libertad que se eleven por el cumplimiento de la pena
impuesta, así como sobre la libertad condicional y su revocatoria y lo
relacionado con la reducción de la pena y redención de pena por trabajo,
estudio o enseñanza. Decisión que, incluso, puede ser apelada ante el
respectivo superior jerárquico, como lo consagra el artículo 34 de la Ley
906 de 2004.

8) Así las cosas, debe precisarse que la privación de la libertad de la
señora Diana Carolina Delgado Delgado obedece al cumplimiento de la
sanción privativa de la libertad impuesta por autoridad judicial competente.
Por tal motivo, se concluye que no existe una privación ilícita de la libertad,
ni una detención arbitraria, como tampoco una prolongación indebida de la
privación de la libertad, en el entendido que la citada penada se encuentra
cumpliendo la pena de prisión que le fue impuesta. Además, contra el auto
de 24 de octubre de 2025 que le negó la libertad por pena cumplida
procede el recurso de apelación ante los tribunales superiores del distrito,
que es el juez natural del proceso penal y a quien se puede acudir para
impugnar la decisión.

[…]

11) Por consiguiente, es claro que la actora para el momento en que se
interpuso el habeas corpus de la referencia –24 de octubre de 2025–, la
condenada se encuentra privada legalmente de su libertad, por cuanto
existe una condena en su contra que no ha sido cumplida en su totalidad
para esta precisa fecha. Motivos por los cuales la petición de habeas
corpus elevada por la referida persona no tiene vocación de prosperidad,
pues, se reitera, no se encuentra privada ilegalmente de su libertad, ni
mucho menos se le ha prolongado ilícitamente tal privación. En
consecuencia, será denegada la petición de libertad.

12) Finalmente, el Juzgado Veintinueve de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Bogotá puso de presente que, si bien no se ha aportado la
documentación de cómputos y conducta solicitada correspondiente a los
periodos de agosto de 2025 hasta la fecha, de la actora, lo cierto es que
una vez aportados por el establecimiento penitenciario, estudiará si es
posible o no el reconocimiento de su libertad. Por tanto, se exhortará a la
Cárcel de Alta y Mediana Seguridad Para Mujeres - El Buen Pastor de
Bogotá para que de manera inmediata proceda a remitir esos documentos
a esa autoridad judicial para que decida lo que en derecho corresponda en
cuanto tiene que ver con la libertad de la actora […]”.

V. LA IMPUGNACIÓN

31. La decisión de primera instancia fue impugnada por la señora Diana Carolina
Delgado Delgado, sin exponer argumentos específicos de inconformidad frente a
las consideraciones fácticas y jurídicas que sustentaron la providencia mediante la
cual se negó el habeas corpus.

8

Radicación: 25000-23-41-000-2025-01731-01
Demandante: Diana Carolina Delgado Delgado
Demandados: Cárcel de Alta y Mediana Seguridad para Mujeres “El Buen Pastor” de Bogotá;
Juzgado Veintinueve de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá; y Juzgado
Sexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá

VI. CONSIDERACIONES

VI.1. El habeas corpus y la regla pro homine

32. El habeas corpus fue consagrado en el artículo 30 de la Constitución Política y
concebido por la Ley 1095 de 2 de noviembre de 20068, como un derecho
fundamental en el que se busca la tutela de la libertad individual como garantía,
cuando la aprehensión de una persona se realiza con violación de las garantías
constitucionales o legales, o cuando la privación de la libertad se prolonga
ilegalmente.

33. En la decisión del habeas corpus debe darse aplicación al principio pro
homine9, en virtud del cual se debe acudir a la norma o a la interpretación más
amplia, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la
norma o a la interpretación más restringida, cuando se busca fijar limitaciones a su
ejercicio o su suspensión extraordinaria.

34. Es importante anotar que se trata de un derecho fundamental que ha sido
reconocido en varios instrumentos internacionales, entre los que se destacan la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos10, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del
Hombre11 y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos12.

8 “[…] Por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política […]”.
9 Corte Constitucional. Sentencia T-284/06. Magistrada Ponente: Dra. Clara Inés Vargas Hernández.
10 Convención Americana sobre Derechos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica, aprobada mediante

la Ley 16 de 1972.“ Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a
la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las
condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Parte o por las leyes
dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda
persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del
cargo o cargos formulados contra ella. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora,
ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser
juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su
libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio […]”.
11Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. “Artículo XXV Nadie puede ser privado de

su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes. Todo individuo que
haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y
a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a
un tratamiento humano durante la privación de su libertad […]”.
12 Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante la Ley 74 de 1968. “Artículo

9. […] 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a
detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y
con arreglo al procedimiento establecido en ésta. 2. Toda persona detenida será informada, en el
momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación
formulada contra ella. 3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin
demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá
derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las
personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar
subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier
momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. 4. Toda persona que sea
privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que
éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera

9

Radicación: 25000-23-41-000-2025-01731-01
Demandante: Diana Carolina Delgado Delgado
Demandados: Cárcel de Alta y Mediana Seguridad para Mujeres “El Buen Pastor” de Bogotá;
Juzgado Veintinueve de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá; y Juzgado
Sexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá

VI.2. El caso concreto

35. La señora Diana Carolina Delgado Delgado, mediante escrito presentado el 24
de octubre de 2025, promovió acción de habeas corpus en contra de la Cárcel de
Alta y Mediana Seguridad para Mujeres “El Buen Pastor” de Bogotá, el Juzgado
Veintinueve de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y el
Juzgado Sexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, con
fundamento en el artículo 30 de la Constitución Política, al considerar que se ha
vulnerado su derecho fundamental a la libertad personal por la prolongación ilícita
de su privación, pese a haber cumplido, según afirmó, la totalidad de la pena
impuesta.

36. Mediante providencia de la misma fecha, el Despacho sustanciador avocó
conocimiento de la solicitud y ordenó oficiar a las referidas autoridades para que
rindieran los informes correspondientes acerca de los hechos que motivaron la
petición de habeas corpus.

37. Con base en las pruebas e informes allegados, el a quo consideró en la
providencia impugnada que no se configura una privación ilegal o arbitraria de la
libertad, dado que la solicitante se encuentra cumpliendo una sentencia
condenatoria en firme proferida por autoridad judicial competente y que no ha
completado la totalidad de la pena impuesta.

38. Destacó, además, que ya se había tramitado y resuelto una solicitud de libertad
por pena cumplida ante el Juzgado Veintinueve de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Bogotá, Despacho que negó dicha petición al considerar que no
se habían satisfecho los requisitos para acceder al beneficio. En consecuencia, la
acción de habeas corpus no puede prosperar, por cuanto este mecanismo no está
instituido para revisar el fondo ni los términos de la ejecución de la condena, ni
para sustituir al juez ordinario cuando frente a la misma decisión existen recursos
judiciales idóneos, dado que su finalidad se limita al restablecimiento inmediato de
la libertad únicamente cuando esta ha sido restringida de manera ilegal o
arbitraria.

39. ElDespacho confirmará la providencia de primera instancia, por cuanto el
mecanismo de habeas corpus no está instituido para sustituir las competencias de
las autoridades judiciales, ni para controvertir decisiones que deben adoptarse en
el curso de los procesos penales por los jueces naturales del caso, como lo
pretende en este asunto la solicitante.

ilegal. 5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener
reparación […]”.

10

Radicación: 25000-23-41-000-2025-01731-01
Demandante: Diana Carolina Delgado Delgado
Demandados: Cárcel de Alta y Mediana Seguridad para Mujeres “El Buen Pastor” de Bogotá;
Juzgado Veintinueve de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá; y Juzgado
Sexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá

40. Al respecto, se considera que el ámbito de aplicación de este mecanismo se
restringe a dos hipótesis referidas a: (i) cuando la aprehensión de una persona se
realiza con violación de las garantías constitucionales o legales, o (ii) cuando la
privación de la libertad se prolonga ilegalmente, las cuales no se acreditaron en el
sub lite.

41. La Corte Constitucional al analizar los dos supuestos de aplicación en la
sentencia C-187 de 2006, por medio de la cual se revisó el proyecto de ley
estatutaria 284/05 Senado y 229/04 Cámara “[…] mediante el cual se reglamenta
el artículo 30 de la Constitución Política […]”, precisó:

“[…] Se trata de hipótesis amplias y genéricas que hacen posible la
protección del derecho a la libertad personal frente a una variedad
impredecible de hechos. La lectura conjunta de los artículos 28 y 30 de la
Carta Política, pone de manifiesto la reserva legal y judicial para autorizar la
privación de la libertad de la persona, más aún si se considera que ésta
constituye un presupuesto para el ejercicio de otras libertades y derechos.

Como hipótesis en las cuales la persona es privada de la libertad con
violación de las garantías constitucionales o legales, se pueden citar los
casos en los cuales una autoridad priva de la libertad a una persona en
lugar diferente al sitio destinado de manera oficial para la detención de
personas13, o lo hace sin mandamiento escrito de autoridad judicial
competente, o lo realiza sin el cumplimiento de las formalidades
previstas en la ley, o por un motivo que no esté definido en ésta.

También se presenta la hipótesis de que sea la propia autoridad judicial,
la que, al disponer sobre la privación de la libertad de una persona, lo
haga sin las formalidades legales o por un motivo no definido en la ley.

En cuanto a la prolongación ilegal de la privación de la libertad también
pueden considerarse diversas hipótesis, como aquella en la cual se
detiene en flagrancia a una persona (C. Pol. art. 32) y no se le pone a
disposición de la autoridad judicial competente dentro de las 36 horas
siguientes; también puede ocurrir que la autoridad pública mantenga privada
de la libertad a una persona después de que se ha ordenado legalmente por
la autoridad judicial que le sea concedida la libertad. Otra hipótesis puede ser
aquella en la cual, las detenciones legales pueden volverse ilegales, como
cuando la propia autoridad judicial prolonga la detención por un lapso superior
al permitido por la Constitución y la ley, u omite resolver dentro de los
términos legales la solicitud de libertad provisional presentada por quien tiene
derecho […]” (negrilla fuera del texto).

42. De lo anterior se desprende que el habeas corpus “[…] no es un mecanismo
alternativo, supletorio o sustitutivo para debatir los extremos que son

13 En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año de 1979 sobre el caso
Argentino, esta Comisión recomendó que “[…] para evitar que se produzcan nuevos casos de desaparición,
crear un registro central de detenidos que permita a los familiares de éstos y a otros interesados conocer, en
breve plazo, las detenciones practicadas; ordenar que éstas detenciones sean llevadas a cabo por agentes
debidamente identificados e impartir instrucciones a fin de que los detenidos sean trasladados sin demora a
lugares específicamente destinados al objeto […]”.

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Radicación: 25000-23-41-000-2025-01731-01
Demandante: Diana Carolina Delgado Delgado
Demandados: Cárcel de Alta y Mediana Seguridad para Mujeres “El Buen Pastor” de Bogotá;
Juzgado Veintinueve de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá; y Juzgado
Sexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá

propios al trámite de los procesos en que se investigan y juzgan conductas
punibles, sino que, por el contrario, se trata de una acción excepcional de
protección de la libertad y de los eventuales derechos fundamentales que
por conducto de su afectación puedan llegar a vulnerarse, como la vida, la
integridad personal y el no ser sometido a desaparecimiento, o a tratos crueles y
torturas […]”, según lo consideró la Corte Constitucional en la sentencia citada.
(Negrilla fuera del texto).

43. Ciertamente, el juez constitucional que conoce del habeas corpus no puede
reemplazar a la autoridad competente en tanto es ella a la que le corresponde
realizar los pronunciamientos sobre la definición de la situación jurídica, teniendo
en cuenta que tal instrumento constitucional de protección de derechos no
sustituye los mecanismos ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico. Actuar
en contrario conduciría al desconocimiento del principio del juez natural, a
quebrantar la seguridad jurídica y desvirtuar la naturaleza de esta acción
constitucional.

44. La acción de habeas corpus no se encuentra establecida como un mecanismo
subsidiario de los medios judiciales ordinarios de defensa, por lo que al juez
constitucional no le es posible modificar o suplir a la autoridad judicial competente.
En tal sentido se resalta que el amparo regulado en la Ley 1095 de 2006, no se
encuentra instituido como una instancia de resolución de peticiones y de los
recursos ordinarios que proceden contra las decisiones adoptadas dentro del
procedimiento penal14.

45. En este orden de ideas y luego de la revisión del plenario, en el caso sub
examine no resulta procedente que la solicitante pretenda que, el juez
constitucional del habeas corpus, decida en torno a la legalidad de la privación de
la libertad derivada de una sentencia penal condenatoria proferida por la autoridad
competente.

46. Como bien lo expuso el a quo, la intervención del juez constitucional en este
contexto no puede traducirse en una instancia paralela ni en una revisión
sustitutiva de los mecanismos ordinarios de impugnación previstos en la ley. El
habeas corpus, como acción excepcional de protección de la libertad, no sustituye
la competencia del juez penal para adoptar decisiones propias del juzgamiento, ni
permite reabrir el debate sobre aspectos sustanciales de la condena.

14 Ha sido reiterada la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que la

petición que tenga relación directa con el respectivo proceso no debe realizarse mediante el mecanismo
constitucional de habeas corpus. Sin embargo, de manera excepcional, se ha considerado que la acción
puede ser ejercida para solicitar la libertad, aun si ésta fue restringida con ocasión del proceso penal, y ello es
posible cuando el mecanismo ordinario resulta inane. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal.
Rad.: 26503. Sentencia de 27 de noviembre de 2006.

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Radicación: 25000-23-41-000-2025-01731-01
Demandante: Diana Carolina Delgado Delgado
Demandados: Cárcel de Alta y Mediana Seguridad para Mujeres “El Buen Pastor” de Bogotá;
Juzgado Veintinueve de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá; y Juzgado
Sexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá

47. Como lo señaló el juez de primera instancia, este instrumento no constituye un
mecanismo subsidiario ni alternativo para controvertir decisiones judiciales
adoptadas en el curso del proceso penal, máxime cuando tales decisiones han
sido proferidas en ejercicio de competencias expresamente previstas en la
legislación procesal penal.

48. En este caso, el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá, al dictar sentencia condenatoria contra la ciudadana
Diana Carolina Delgado Delgado el 14 de diciembre de 2022, se encontraba
legalmente habilitado para imponer la pena privativa de la libertad y ordenar su
cumplimiento inmediato.

49. Cabe resaltar, como lo hizo el a quo, que la orden de detención no fue dictada
en forma arbitraria ni al margen del proceso penal, sino como consecuencia de
una decisión judicial debidamente motivada, en presencia de la procesada, con
observancia del principio de contradicción y notificada en estrados.

50. Igualmente, del expediente se pudo verificar que el Juzgado Veintinueve de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá allegó la providencia de
24 de octubre de 202515, por medio de la cual negó a la señora Diana Carolina
Delgado Delgado la libertad por pena cumplida, al constatar que, conforme a la
documentación remitida por la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad para Mujeres
“El Buen Pastor” de Bogotá, la interna no ha cumplido la totalidad de la pena
impuesta en la sentencia condenatoria de 14 de diciembre de 2022.

51. En efecto, en dicha decisión el Despacho judicial precisó que la solicitud de
libertad debía negarse por no haberse cumplido íntegramente la pena privativa de
la libertad, advirtiendo, además, que contra la resolución proceden los recursos
ordinarios establecidos en la ley, de conformidad con el principio de legalidad y
con las garantías propias del debido proceso.

52. De igual modo, el juez de ejecución destacó que la actuación se adelantó con
fundamento en los documentos obrantes en la actuación judicial penal, y que no
se evidenció irregularidad alguna en la contabilización del tiempo efectivo de
privación de la libertad ni en las redenciones concedidas. Subrayó que, una vez el
centro de reclusión remita las actualizaciones correspondientes a los períodos
posteriores, se procederá a revisar nuevamente la situación jurídica de la
condenada, en aras de garantizar la correcta aplicación de los beneficios que le
sean procedentes.

53. Esta
providencia reafirma que la privación de la libertad de la accionante
obedece al cumplimiento de una condena ejecutoriada, y que no existe

15 Índice 19 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Expediente de la primera instancia.

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Radicación: 25000-23-41-000-2025-01731-01
Demandante: Diana Carolina Delgado Delgado
Demandados: Cárcel de Alta y Mediana Seguridad para Mujeres “El Buen Pastor” de Bogotá;
Juzgado Veintinueve de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá; y Juzgado
Sexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá

prolongación ilegal ni decisión arbitraria que justifique la intervención del juez
constitucional por vía del habeas corpus, toda vez que las cuestiones relativas al
cómputo y redención de pena son del resorte exclusivo del juez de ejecución
competente.

54. Como se precisó previamente la acción de habeas corpus no está diseñada
para solucionar o corregir negligencias relacionadas con la falta de interposición
de recursos contra decisiones que niegan la libertad. Este recurso está
específicamente destinado a proteger el derecho fundamental a la libertad
personal, cuando una persona ha sido privada de esta de manera ilegal o
arbitraria.

16
55. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional “[…] el habeas
corpus no puede ser utilizado como un mecanismo subsidiario para
subsanar la inactividad procesal de las partes o la falta de diligencia en la
interposición de los recursos ordinarios […]” (negrilla fuera del texto).

17
56. En igual sentido, la Sala de Casación Penal , en la sentencia de 18 de febrero
de 2015, señaló que “[…] el habeas corpus no puede sustituir los recursos
judiciales ordinarios establecidos para impugnar las decisiones que afectan
la libertad personal, ya que su finalidad es distinta: proteger a los ciudadanos de
detenciones arbitrarias e ilegales […]”18 (negrilla fuera del texto).

57. Este criterio se apoya en la necesidad de mantener la efectividad y la
especificidad del habeas corpus como una acción especial para proteger la
libertad personal frente a detenciones ilegales, y no como una herramienta para
corregir la falta de diligencia en el seguimiento de los procedimientos judiciales.

58. En este contexto, a la señora Diana Carolina Delgado Delgado le corresponde
interponer los recursos de ley contra la decisión que negó su libertad, por cuanto
la controversia sobre el cómputo y la redención de pena debe ser resuelta por el
juez penal competente en sede ordinaria. En consecuencia, no se trata de un
asunto que pueda subsanarse mediante la presente acción, dado que esta acción
constitucional no está instituida para reemplazar los mecanismos procesales
previstos en el ordenamiento legal.

16 Corte Constitucional. Sentencia T-132 de 2011. Magistrado Ponente: Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.
17 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia de 18 de febrero de 2015. Rad.: 44497.
18 Sobre el tema, ver la sentencia de 10 de mayo de 2007 de la Sala de Casación Penal, Rad.: 27587, en la

cual la Corte Suprema de Justicia señaló que “[…] la acción de habeas corpus no es procedente cuando el
solicitante no ha hecho uso de los mecanismos ordinarios de defensa judicial, como los recursos de apelación
o de reposición, que la ley procesal penal le otorga para impugnar las decisiones que afectan su libertad […]”.
Igual consideración se plasmó en la sentencia de 29 de septiembre de 2010, proferida por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Rad.: 34697: “[…] la acción de habeas corpus no está
diseñada para corregir la inactividad o negligencia del procesado o su defensa en la interposición de los
recursos ordinarios previstos en la ley para controvertir las decisiones judiciales […]”.

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Radicación: 25000-23-41-000-2025-01731-01
Demandante: Diana Carolina Delgado Delgado
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Juzgado Veintinueve de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá; y Juzgado
Sexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá

59. En cuanto al exhorto impartido por el a quo, se considera procedente y ajustado
a derecho, toda vez que el Juzgado Veintinueve de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Bogotá es la autoridad competente para decidir sobre la libertad
por pena cumplida, decisión que requiere la actualización de los cómputos y
certificaciones de conducta por parte del establecimiento penitenciario.

60. La orden de requerir a la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad para Mujeres “El
Buen Pastor” de Bogotá para que remita dicha documentación de manera
inmediata garantiza la eficacia del control judicial sobre la ejecución de la pena,
preserva el derecho de la interna a que su situación jurídica sea evaluada
oportunamente y materializa los principios de celeridad, legalidad y favorabilidad
en materia de ejecución de sanciones penales.

61. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Juzgado Veintinueve de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá señaló que la solicitante ha cumplido un
total de cuarenta y siete (47) meses y diecisiete (17) días, cifra que no alcanza la
totalidad de los cuarenta y ocho (48) meses de prisión impuestos en la sentencia
condenatoria de 14 de diciembre de 2022, de manera que la definición sobre su
eventual libertad depende de la actualización de los cómputos y redenciones que
remita el establecimiento penitenciario.

62. En consecuencia, corresponde exclusivamente al juez natural de la ejecución
de penas pronunciarse sobre la legalidad y cumplimiento de la condena, incluidos
los aspectos relativos a la privación o cesación de la libertad de la persona
condenada, no siendo procedente que tales asuntos se ventilen a través de la
acción de habeas corpus, cuya naturaleza es estrictamente excepcional.

63. Adicionalmente, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte
Constitucional reseñada previamente ha sido reiterativa en señalar que el recurso
de habeas corpus no procede cuando la privación de la libertad obedece al
cumplimiento de una sentencia condenatoria proferida por el juez competente, en
tanto no se acrediten circunstancias objetivas que permitan calificar la medida
como arbitraria, ilegítima o contraria a las garantías constitucionales.

64. En conclusión, no se configura alguno de los supuestos que habilitan la
procedencia del habeas corpus. Ni se está ante una privación de la libertad
realizada con violación de garantías constitucionales o legales, ni se acredita una
prolongación ilegal de esta.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Sala Unitaria, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

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Radicación: 25000-23-41-000-2025-01731-01
Demandante: Diana Carolina Delgado Delgado
Demandados: Cárcel de Alta y Mediana Seguridad para Mujeres “El Buen Pastor” de Bogotá;
Juzgado Veintinueve de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá; y Juzgado
Sexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia de 24 de octubre de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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