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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2025-01876-01

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2025-01876-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR parcialmente la sentencia del del 27 de marzo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, en el sentido de RECHAZAR la acción de cumplimiento en contra de la Nación, Ministerio de la Igualdad y Equidad, por no agotarse el requisito de constitución en renuencia. En los demás aspectos, CONFIRMAR la anterior decisión, pero con base en las razones expuestas en la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2025-01876-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01876-01
Demandante: HUMANOS ASESORÍA EN SERVICIOS OCASIONALES S.A.
Demandados: NACIÓN, MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD, Y OTRO

Tema: Improcedencia de la acción de cumplimiento cuando el objeto
es la suscripción del contrato estatal.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionante contra la sentencia
del 27 de marzo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C, por medio de la cual se declaró improcedente el
mecanismo constitucional del asunto.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

Humanos Asesoría en Servicios Ocasionales S.A., por conducto de su
representante legal1, promovió demanda en ejercicio de la acción de cumplimiento
en contra de la Nación, Ministerio de la Igualdad y Equidad, y el Fondo para la
Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial, en lo
sucesivo Fonigualdad, en la que solicitó el cumplimiento de la Carta de Aceptación
de la Propuesta – Invitación 012 de 2025 del 12 de septiembre de 2025. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

1. Que se declare que FONIGUALDAD incurrió en renuencia al incumplir el acto
administrativo consistente en la Carta de Aceptación del 12 de septiembre de
2025.

2. Que se orden a FONIGUALDAD dar cumplimiento al contenido de la Carta de
Aceptación del 12/09/2025, instruyendo a FIDUAGRARIA para proceder de

1 El señor Juan Javier Triana Harker, conforme lo acredita el certificado de existencia y
representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá.
1
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Demandante: Humanos Asesoría en Servicios Ocasionales S.A.
Demandados: Nación, Ministerio de Igualdad y Equidad, y otro
Radicado: 25000-23-41-000-2025-01876-01

manera inmediata a la firma y remisión del contrato correspondiente con
HUMANOS S.A.

3. Que se ordene a los demandados abstenerse de introducir modificaciones
unilaterales al plazo, valores u objeto y en general abstenerse de desconocer o
dejar sin efecto el acto administrativo de aceptación.

4. Que se adopten las demás medidas necesarias para garantizar la efectividad del
fallo, conforme a la Ley 393 de 19972.

1.2. Hechos

La accionante indicó que, mediante comunicado del 8 de agosto de 2025,
Fonigualdad le hizo extensiva una invitación para contratación directa, siendo el
objeto: «Prestar servicios de empresa de servicios temporales para suministrar
personal en misión, para apoyar la gestión de los procesos de la Dirección de
Prevención y Atención de violencias contra las mujeres, en particular el Sistema
Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo de violencias basadas en
género - Salvia, de acuerdo con las necesidades y requerimientos efectuados, las
especificaciones definidas dentro del anexo técnico y los lineamiento establecidos
en el Decreto 4369 de 2006 y las demás disposiciones que se emitan en relación
con la vinculación de personal temporal».

Con ocasión de la anterior comunicación, radicó propuesta ante Fonigualdad, la
cual, fue objeto de evaluación por parte de la autoridad el 11 de septiembre de 2025,
siendo aceptada en la misma fecha por el estamento colegiado correspondiente.

El 12 de septiembre de 2025, Fonigualdad remitió carta de aceptación de la
propuesta, en la que se precisó que el contrato le sería remitido a través de correo
electrónico.

Posteriormente, la actora recibió un comunicado del 22 siguiente, en el que se
requirió frente a las condiciones de la ofertada inicialmente, pues había unas
inconsistencias que debían ser superadas. Por su parte, Humanos Asesoría en
Servicios Ocasionales S.A., refirió que no existían los citados yerros, aunado que,
en su criterio ya se había perfeccionado el contrato estatal.

Fonigualdad, luego, mediante comunicado del 8 de octubre de 2025, informó las
condiciones del negocio, estableciendo que el plazo de ejecución autorizado sería
de 3 meses, pues se debía atender la asignación de recursos dada en la vigencia
presupuestal. Al respecto, la sociedad proponente rechazó lo anterior, pues, reiteró,
ya se había aceptado una oferta quedando pendiente únicamente la suscripción del
contrato en los términos establecidos.

2 Transcripción original con posibles errores

2
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Demandante: Humanos Asesoría en Servicios Ocasionales S.A.
Demandados: Nación, Ministerio de Igualdad y Equidad, y otro
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Mediante documento fechado 4 de noviembre de 2025, se presentó escrito de
cumplimiento, en el que se conminó a Fonigualdad a la celebración del contrato
atendiendo la aceptación de propuesta emitida por ellos. A su turno, la autoridad dio
respuesta en la que expresamente indicó que no se haría la suscripción del negocio
en los términos relacionados en la invitación.

1.3. Actuaciones procesales relevantes

El asunto fue radicado y asignado por reparto al Juzgado Cuarenta y Tres
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, el cual, mediante proveído del 11 de
noviembre de 2025, rechazó la acción por carecer de competencia para conocer del
asunto.

Remitido el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el magistrado
sustanciador por auto del 3 de diciembre de 20253 dispuso su inadmisión. Lo
anterior, dado que, en su criterio, se había dado una indebida acumulación de
pretensiones.

Subsanado el escrito introductorio, por auto del 16 de diciembre de 20254 se admitió
la acción constitucional del asunto, disponiendo la notificación de las accionadas,
acto procesal que se dio el 13 de enero de 20265.

La Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuaria S.A., Fiduagraria S.A., en
su condición de vocera y administradora del Fideicomiso Fondo para la
Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial,
presentó escrito6 en el que alegó la improcedencia de la acción, pues el afecto
cuenta con otro mecanismo judicial de defensa.

Indicó que la acción de cumplimiento no tiene como objeto dirimir el conflicto que se
puede presentar entre dos partes y tampoco reconocer derecho alguno en cabeza
de cualquiera.

Asimismo, planteó el debate en torno a la inexistencia de un acto administrativo,
pues la carta de aceptación no satisface los requisitos legales para adquirir tal
connotación. Lo anterior, por cuanto no se presenta el elemento de manifestación
unilateral de la administración con miras a la creación, modificación o extinción de
una situación jurídica.

3 Ver índice 4, cuaderno de primera instancia
4 Ver índice 11, cuaderno de primera instancia
5 Ver índice 17, cuaderno de primera instancia. Mediante oficios No. 10 al 13, remitidos a las
siguientes direcciones de correo electrónico: notificacionesjudiciales@minigualdad.gov.co,
jefecontrolinterno@humanossa.com, gerencia@humanossa.com,
coordinadorasc@humanossa.com, egonzalez@procuraduria.gov.co, y
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co.
6 Ver índice 18 de Samai

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Aunado lo anterior, explicó que, dada la naturaleza jurídica de la entidad, su régimen
de contratación no se encuentra sujeto a las disposiciones del estatuto de
contratación estatal y, en ese sentido, se refuerza aún más el argumento de que no
se está en presencia de un acto administrativo.

Incluso, sostuvo que de considerarse tal manifestación como un verdadero acto
administrativo, deberá ser analizado y valorado como un de trámite, propio de la
fase precontractual.

Finalmente, explicó que la celebración del contrato en los términos planteados por
la parte demandante conlleva un gasto que no se encuentra presupuestado
actualmente y, por ende, se configura una causal adicional de improcedencia.

El Ministerio de la Igualdad y Equidad contestó la demanda7 en la que, luego de
hacer un pronunciamiento frente a los hechos de ésta, explicó idénticas excepciones
a las que en su momento formuló el Fondo para la Superación de Brechas de
Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial.

Por auto del 2 de febrero de 20268, el magistrado sustanciador abrió el asunto a la
etapa probatoria en la que tuvo en cuenta el caudal documental aportado por los
extremos procesales.

1.4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 27 de marzo de 20269, el Tribunal Administrativo
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, declaró la improcedencia de la
acción. Al respecto, se consideró lo siguiente:

De manera que el acto que se pretende ejecutar no es un acto administrativo que
disponga un mandato inobjetable e imperativo que pueda ser objeto de la acción de
cumplimiento. La Carta de Aceptación de la Propuesta – _Invitación 012 de 2025 es
un acto jurídico regido por las normas del derecho privado.

La anterior decisión se notificó a las partes e intervinientes mediante correo
electrónico remitido el 27 de marzo de 202610.

1.5. Impugnación11

La accionante, dentro de la oportunidad procesal correspondiente, formuló escrito
de impugnación contra el fallo de primera instancia. En sustento de su alzada,
planteó los siguientes argumentos:

7 Ver índice 21, cuaderno de primera instancia
8 Ver índice 26, cuaderno de primera instancia
9 Ver índice 32, cuaderno de primera instancia
10 Ver índice 35, cuaderno de primera instancia
11 Ver índice 36, cuaderno de primera instancia

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a) Reitero que la carta de aceptación expedida por Fonigualdad reúne los requisitos
para ser considerado un acto administrativo, dado que es un documento expedido
por una entidad investida del ejercicio de la función pública y cuyo objeto es producir
efectos jurídicos.

b) Existencia de un mandato claro, expreso y exigible, pues fue con dicha
aceptación de la oferta que culminó el proceso de selección, lo que impone
forzosamente la suscripción del respectivo contrato estatal.

c) Inexistencia de otro mecanismo judicial de defensa, pues la posibilidad de acudir
al juez contencioso administrativo vía reparación directa no guarda relación alguna
con el objeto debatido.

d) Buena fe, confianza legítima y acto propio, refirió que la administración luego de
haber aceptado la oferta presentada, de manera unilateral quiso modificar las
condiciones del contrato, afectando la expectativa legítima del contratista y, en
consecuencia, ésta puede ser objeto de protección.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por el accionante
contra la sentencia de primera instancia del 27 de marzo de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, de
conformidad con lo establecido en los artículos 3º de la Ley 393 de 1997, 10, 125,
150 y 152 de la Ley 1437 de 2011, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

La Sala estima pertinente aclarar que en el presente asunto se presentó un yerro
de raigambre procesal, el cual, en rigor no afecta la validez de la actuación surtida,
pues, conforme se expondrá a continuación, se configuró el fenómeno de la
ratificación.

En el presente caso, se tiene que la parte actora presentó su demanda contra la
Nación, Ministerio de Igualdad y Equidad, Fondo para la Superación de Brechas de
Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial, como si se tratase de la misma
persona.

No obstante, del trasegar del proceso, se tiene que dicho fondo corresponde a un
patrimonio autónomo, siendo su vocera y administradora Fiduagraria S.A., el cual,

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conforme los artículos 53 y 54 del Código General del Proceso, cuenta con
capacidad para ser parte y para comparecer al proceso de manera autónoma e
independiente a la cartera ministerial.

Siendo ello así, el auto admisorio de la demanda del 16 de diciembre de 2025, debió
escindir los sujetos procesales convocados al proceso, estableciendo que la
pretensión procesal se dirigía contra la Nación, Ministerio de Igualdad y Equidad y
el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad
Territorial.

Prueba de lo anterior, se evidencia en la notificación del auto admisorio de la
demanda, en la que se echa de menos oficio alguno dirigido a Fiduagraria S.A.,
quien, se reitera, es la vocera y administradora del patrimonio autónomo Fondo para
la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial.

Pese a lo anterior, dicho yerro no tiene la eficacia de afectar la validez del proceso,
dado que el citado fondo concurrió al proceso por conducto de su representante
legal, esto es la sociedad fiduciaria, quien contestó la demanda y formuló
excepciones de fondo, sin alegar la irregularidad procesal.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
primera instancia, que declaró improcedente la acción de cumplimiento. Para lo cual
se resolverán, en su estricto orden, los siguientes problemas jurídicos:

• ¿Se cumplió con la constitución en renuencia de la autoridad demandada
frente a la disposición invocada como incumplida?

• ¿Se superan los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento?

En caso de ser afirmativas las respuestas, se deberá absolver el siguiente
planteamiento:

• ¿La Nación, Ministerio de la Igualdad y Equidad, y el Fondo para la
Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial,
se encuentran en el deber de acatar mandato alguno con ocasión de la carta
de aceptación de la propuesta – invitación 012 de 2025?

2.4. Razones jurídicas de la decisión

A efectos de resolver tales, resulta pertinente abordar los siguientes temas: i)
naturaleza de la acción de cumplimiento, ii) el estudio del requisito de renuencia, y
iii) el caso concreto.

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2.4.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política;
como un mecanismo para que toda persona pueda, «acudir ante la autoridad judicial
para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso
de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el
cumplimiento del deber omitido».

En igual sentido, el artículo 1.° de la Ley 393 de 1997 precisa que, «[t]oda persona
podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el
cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos
administrativos».

Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines esenciales está el
de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.° de la Constitución Política), la
acción en estudio permite la realización de este postulado, logrando la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.

De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para
demandar a las autoridades o los particulares que ejercen funciones públicas, ante
el inminente incumplimiento; la efectividad de las normas con fuerza material de ley
y de los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional [el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido
por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la
referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes
y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares
del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden
jurídico, social y económico justo] (subrayado por fuera del texto).

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que, se deben acreditar los siguientes requisitos
mínimos:

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a. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (art. 1.º)12

b. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento
del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido
o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente
incumplimiento (art. 8.º).

c. El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un
perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

d. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el
caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para
quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto,
es improcedente la acción que persigue la protección de derechos que puedan ser
garantizados a través de la acción de tutela; o se pretenda el cumplimiento de
normas que establezcan gastos a la administración (art. 9.º).

Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la
existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza
de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas
que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último
corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad
de las pretensiones expuestas en la demanda.

2.4.2. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de
esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de
haber pedido a las entidades accionadas en forma directa y con anterioridad al
ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo
presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en
el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud; de esta manera, quedará
acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá
ejercer la acción de cumplimiento

Al respecto, esta Sección ha señalado que:

12Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado.
Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición
de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo,
aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para
exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos
[13] (Negrillas fuera de texto).

Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar
que constituyó en renuencia a la accionada, antes de instaurar la demanda.

Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en
cuenta, como lo ha señalado la Sala, que «el reclamo en tal sentido no es un simple
derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de
cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento» 14,
ya que no se ha dado por demostrado su agotamiento cuando la petición «tiene una
finalidad distinta a la de constitución en renuencia».

Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la
negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición,
bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en
tiempo, «resulte contraria al querer del ciudadano»15.

13 [En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24

de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»]
14 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres

Cuervo.
15 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de

2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU);
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-
23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
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Mediante comunicado del 4 de noviembre de 2025, la sociedad demandante remitió
comunicado al Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e
Inequidad Territorial, en el que formuló la siguiente solicitud:

Fonigualdad dio respuesta mediante oficio del 5 de noviembre de 2025, en el que
indicó a la parte actora lo siguiente:

Teniendo en cuenta el análisis jurídico anterior, esta Dirección manifiesta que no
suscribirá contrato alguno relacionado con la Invitación No. 012 de 2025.

Adicionalmente, se reitera que la “Carta de Aceptación de la Propuesta” no constituye,
en ningún caso, un acto administrativo. Ello se debe a que como quedó claro en este
escrito, FONIGUALDAD en su calidad de patrimonio autónomo sin personería
jurídica, no ejerce función administrativa ni cuenta con potestad decisoria unilateral,
por lo que no puede producir actos administrativos.

Finalmente, y con el mismo respeto, FONIGUALDAD reitera su disposición a
mantener los canales de comunicación abiertos con los oferentes, en tanto que, la
Fiduciaria, una vez surtidos los procedimientos internos y las verificaciones jurídicas
y financieras, emita las comunicaciones contractuales que en derecho correspondan

Con base en lo anterior, para la Sala emerge claramente que en el presente asunto
se encuentra agotado el requisito de constitución en renuencia y, en consecuencia,
corresponde realizar el estudio de los presupuestos de procedencia de la acción, y,
en el evento de ser superados, emitir un pronunciamiento de fondo respecto a las
pretensiones de la demanda.
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No obstante, en lo que concierne a la Nación, Ministerio de la Igualdad y Equidad,
la cual, como se precisó anteriormente, es una autoridad demandada autónoma e
independiente del patrimonio autónomo, se tiene que no existe medio de prueba
alguno que permita inferir que fue destinataria del escrito del 4 de noviembre de
2025.

En ese sentido, se revocará parcialmente la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, rechazar la acción de cumplimiento promovida por la actora en contra
de la Nación, Ministerio de la Igualdad y Equidad.

2.3.3. Caso concreto

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C,
concluyó que en el presente caso no se estaba en presencia de un acto
administrativo y, por ende, no era posible realizar un estudio frente a los demás
requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento.

Al respecto, la Sala estima que lo expuesto en precedencia no resulta del todo
atinado. Lo anterior, dado que la Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente, en su concepto C – 945 de 2025 indicó lo siguiente:

En ese sentido, no es posible que se revoque un proceso de mínima cuantía en el
que ya se ha comunicado la aceptación de la oferta por algún vicio, en el entendido
que ya se perfeccionó el contrato, pues hacerlo significaría: i) desconocimiento de la
regla de irrevocabilidad de la adjudicación del artículo 9 de la Ley 1150 de 2007; e ii)
incumplimiento del contrato por parte de la entidad estatal. Ante un vicio del contrato
derivado del proceso de mínima cuantía se precisa que la entidad estatal debe revisar
si el contrato estatal está viciado de nulidad absoluta, de acuerdo a las causales
prescritas en la Ley 80 y en las normas civiles o comerciales, o en su defecto, la
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nulidad relativa, teniendo en cuenta las causales y vicios dispuestas en el derecho
común, las cuales pueden sanearse según lo prescrito en la Ley 80.

[…]

En este sentido, el legislador estableció que en los procesos de mínima cuantía no
habría un “acto de adjudicación”, sino que en aras de la celeridad y economía que se
busca con esta modalidad, la selección de la mejor oferta se realiza mediante una
“comunicación de aceptación de la oferta”, y dicha comunicación, junto con la oferta
presentada por el oferente seleccionado, constituyen el contrato. Así, la comunicación
de aceptación de la oferta hace las veces del acto de adjudicación, en el entendido
de que bajo dicha actuación la entidad selecciona a su contratista; solo que en estos
casos mediante dicho acto además se perfecciona el contrato.

Con base en lo anterior, se advierte que en torno a la naturaleza de la carta de
aceptación y sus incidencias en materia de contratación estatal, se tiene que la
misma puede suplir el acto de adjudicación y, en consecuencia, si se pudiera
considerar un acto administrativo.

Pese a lo anterior, son varios los pronunciamientos de la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado16 a través de los cuales se ha dicho lo que debe entenderse por
acto administrativo y cuál es el mecanismo para obtener su cumplimiento.

En efecto, la jurisprudencia ha precisado que los actos administrativos de contenido
general son pasibles de la acción de cumplimento, lo mismo que las leyes en sentido
material. En este sentido se afirmó:

Cuando se trata de asegurar el efectivo cumplimiento de la ley material, esto es, de
normas generales, impersonales y abstractas, es indudable que el instrumento de
protección creado por el Constituyente -la acción de cumplimiento- es el único
mecanismo directo idóneo, razón por la cual no le es permitido al legislador crear
mecanismos subsidiarios o paralelos para asegurar dicho cumplimiento.

Iguales consideraciones son válidas con respecto a los actos administrativos de
contenido general que por contener normas de carácter objetivo impersonal y
abstracto, son equivalentes materialmente a las leyes.

Dada la generalidad de las leyes y actos administrativos, esto es, en cuanto están
referidos a una serie indeterminada de personas, situaciones o cosas, no puede
pensarse en que exista un afectado concreto por sus disposiciones. De ahí que toda
persona, natural o jurídica, movida por la satisfacción de los intereses públicos o
sociales, esto es, el respeto por la vigencia y realización del derecho objetivo, esté
habilitada para promover su cumplimiento, más aún si se tiene en cuenta que en estos
casos el Constituyente creó la acción consagrada en el artículo 87 de la Carta Política,
como instrumento procesal principal para hacer efectivo el cumplimiento de leyes y

16 Corte Constitucional sentencia C- 638 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; sentencia C-193 de

1998, M.P. Juan Alberto Polo Figueroa; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2013-02833-01(ACU), C.P. Alberto Yepes Barreiro.
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actos administrativos, pues el ordenamiento jurídico no contemplaba instrumentos
procesales directos destinados a lograr este propósito17.

Cuando no se trata de actos administrativos de contenido general sino subjetivos o
concretos, como es el caso del acto administrativo invocado por la parte actora, y,
como consecuencia, la suscripción de un contrato, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y concretamente la sentencia que revisó la exequibilidad de algunos
artículos de la Ley 393 de 1997, también estableció la necesidad de distinguir entre
el objeto de la acción de cumplimiento (la realización de un deber omitido por la
administración), y la discusión que puede plantearse alrededor del reconocimiento
y garantía de un derecho subjetivo y particular, circunstancia frente a la cual existen
otros mecanismos de defensa idóneos. Sobre el particular ha afirmado:

Por el contrario, cuando se trata de actos administrativos subjetivos, que crean
situaciones jurídicas individuales, concretas y particulares, el cumplimiento efectivo
del respectivo acto interesa fundamentalmente a la esfera particular de la
persona y no a la que corresponde a la satisfacción de los intereses públicos y
sociales. Por ello se justifica constitucionalmente, por considerarse razonable y no
afectar el contenido esencial de la norma del artículo 87 constitucional, la previsión
del legislador, en el sentido de que en tales casos, el afectado, o sea, a quien se le
lesiona directamente su derecho pueda acudir a los mecanismos ordinarios que
también éste ha instituido para lograr el cumplimiento de tales actos, porque dentro
de la autonomía discrecional de que goza para la configuración de la norma jurídica,
no resulta contrario al referido mandato constitucional que el precepto acusado
permita la existencia de mecanismos alternativos para el cumplimiento de esta clase
de actos, salvo cuando de no asegurarse la efectiva ejecución del acto particular y
concreto se pueda derivar para el interesado un perjuicio grave e inminente (Negrillas
de la Sala)18.

Como se dijo, uno de los puntos abordados en esa ocasión tiene que ver con la
relación de la acción de cumplimiento con los mecanismos ordinarios de defensa
jurídica respecto de la ejecución de actos administrativos de carácter particular.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que la resolución demandada es un acto
que interesa exclusivamente a la esfera particular de la parte actora y no busca la
satisfacción de los intereses públicos y sociales, fines para los cuales fue creada la
acción de cumplimiento.

Siendo ello así, la acción de cumplimiento no es el medio judicial idóneo para
obtener un pronunciamiento de fondo frente a las pretensiones de la demanda,
pues, conforme quedó expuesto en precedencia, para tales fines el sujeto cuenta
con otros instrumentos judiciales de defensa en los cuales puede hacer valer sus
derechos, pues podría acudir a los medios de control de reparación directa o
controversias contractuales.

17 Corte Constitucional, sentencia C-193 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell y Hernando
Herrera Vergara.
18 Ibidem.

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Con base en lo expuesto, se confirmará la decisión de primera instancia, pero con
base en las razones acá expuestas.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR parcialmente la sentencia del del 27 de marzo de 2026,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, en el sentido de RECHAZAR la acción de cumplimiento en contra
de la Nación, Ministerio de la Igualdad y Equidad, por no agotarse el requisito de
constitución en renuencia. En los demás aspectos, CONFIRMAR la anterior
decisión, pero con base en las razones expuestas en la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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