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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2026-00074-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2026-00074-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia del 18 de febrero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B que declaró la improcedencia de la acción, de conformidad con lo expuesto en ese fallo. SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-41-000-2026-00074-01

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

16 de abril de 2026

Demandante: Consorcio Férreo del Pacífico UGPRO
Demandados: Agencia Nacional de Infraestructura
Rad: 25000-23-41-000-2026-00074-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

CONSEJERO DE ESTADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO
SUÁREZ

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2026-00074-01
Demandante: CONSORCIO FÉRREO DEL PACÍFICO UGPRO
Demandados: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Tema: Confirma sentencia – Acto administrativo de carácter
particular y subjetivo - Improcedencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por el Consorcio Férreo del
Pacífico UGPRO contra la sentencia del 18 de febrero de 2026, mediante la
cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud

1. A través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción desarrollada por
la Ley 393 de 1997, el Consorcio Férreo del Pacífico UGPRO presentó
demanda contra la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, en la que
formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERA. Se ordene a la señorita Gina Juliana Rincón Rodríguez, vicepresidenta de
estructuración de la ANI en su calidad y condición de ordenadora del gasto, el
cumplimiento de lo ordenado en el acto administrativo contenido en la resolución
número 20257030232723 y el cronograma del proceso de selección contractual
adjudicado, concurso de méritos abierto número VJVE- CM-008-2025, adjudicado al
Consorcio Férreo del Pacífico UGPRO, en concordancia con los artículos 29 de la
Constitución Política de Colombia y 9 de la ley 1150 de julio 16 de 2007, y en
consecuencia de ello, se garantice el cumplimiento efectivo del deber de suscribir el
contrato adjudicado.

Segunda.- Se ordene a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el cumplimiento de
lo ordenado en el acto administrativo contenido en la resolución número
20257030232723 y el cronograma del proceso de selección contractual adjudicado,
concurso de méritos abierto número VJ-VE-CM-008-2025, adjudicado al Consorcio
Férreo del Pacífico UGPRO, en concordancia con los artículos 29 de la Constitución

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Demandante: Consorcio Férreo del Pacífico UGPRO
Demandados: Agencia Nacional de Infraestructura
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Política de Colombia y 9 de la ley 1150 de julio 16 de 2007, y en consecuencia de ello,
se garantice el cumplimiento efectivo del deber de suscribir el contrato adjudicado1.

2. Hechos

2. En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente:

3. El 17 de octubre de 2025, la ANI profirió la Resolución 20257030014405,
por medio de la cual se ordenó la apertura del proceso de selección
contractual, concurso de méritos abierto número VJ-VE-CM-008-2025, el
cual tuvo por objeto contratar la «estructuración técnica integral a nivel de
factibilidad de la infraestructura ferroviaria correspondiente al corredor férreo
del Pacífico en su zona 1, Buenaventura – Palmira».

4. Manifestó que, el 6 de noviembre de 2025, mediante documento
administrativo de la ANI 20252000199553, se solicitó una adenda al
cronograma del proceso indicándose que la firma del contrato sería el 23 de
diciembre de 2025, la cual quedó formalizada mediante Resolución número
20257030015345 de noviembre 11 de 2025, debidamente publicada en el
SECOP II.

5. Afirmó que, luego de agotarse debidamente el cronograma del proceso de
selección contractual, el 18 de diciembre de 2025, la ANI emitió la
Resolución 20257030232723, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.3.2.
del Decreto Único Reglamentario 1082 de mayo 26 de 2015, en su numeral
tercero, con la cual adjudicó el proceso de selección al Consorcio Férreo del
Pacífico UGPRO, con un plazo de ejecución de 18 meses y por un valor de $
53 266 916 006.

6. Sostuvo que, de conformidad con el cronograma del proceso de selección
contractual, el 23 de diciembre de 2025, se cumplió como fecha calendario
sin que la ANI suscribiera el contrato ni citara ni notificara al adjudicatario,
Consorcio Férreo del Pacífico UGPRO, a gestionar y formalizar dicho acto
de suscripción del contrato.

7. Adujo que, el 30 de diciembre de 2025, mediante oficio enviado a la ANI,
el Consorcio Férreo del Pacífico UGPRO, con radicado en el SECOP II
CO.1.MSG.8962959, solicitó a dicha entidad dar cumplimiento al
cronograma contractual y cumplir con la suscripción del contrato.

8. A la fecha de presentación de la demanda, la ANI no había contestado
dicha comunicación ni cumplido su obligación administrativa y contractual de
suscribir el contrato.

1 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.

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3. Trámite de la solicitud en primera instancia

9. Mediante auto del 21 de enero de 2025 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, admitió la demanda y
ordenó la notificación a la ANI.

4. Contestación de la demanda

10. El apoderado de la entidad se opuso a la prosperidad de la acción, por
cuanto la parte actora no acreditó el cumplimiento debido del requisito de
renuencia, previsto en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997.

11. Además, afirmó que no se está en presencia de una obligación clara,
expresa y exigible, razón por la que la acción es improcedente y, no se
cumple con el requisito de subsidiariedad, en atención a que se afirmó de la
existencia de un incumplimiento contractual, situación que prevé la
existencia de una acción propia para dicho fin.

5. Sentencia de primera instancia

12. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, mediante sentencia del 18 de febrero de 2026, declaró la
improcedencia de la acción de cumplimiento.

13. El Tribunal consideró que la parte actora cuenta con otro mecanismo
judicial idóneo para exigir sus pretensiones resarcitorias derivadas de la
conducta desplegada por la ANI respecto de la omisión en la suscripción del
contrato VJVE-CM-008-2025, a pesar de que el mismo ya le fue adjudicado,
como lo es la acción de reparación directa, pretensiones estas que, en todo
caso, comportan el reconocimiento de derechos subjetivos.

14. Afirmó que, en el evento en que aun después de suscrito el contrato
estatal VJ-VECM-008-2025, la parte actora llegase a sufrir algún tipo de
perjuicio o daño, derivado del actuar omisivo de la entidad en la etapa
precontractual –incluida la omisión en la suscripción y perfeccionamiento del
contrato a pesar de la existencia el acto de adjudicación– éste podrá optar
por el medio de control de controversias contractuales.

6. La impugnación2

15. La parte actora, inconforme con la sentencia de primea instancia,
impugnó la decisión; lo anterior, por cuanto, consideró que se cumple a
cabalidad con el principal requisito de procedencia de la acción de
cumplimiento consistente en la existencia de un deber claro, expreso y
actualmente exigible contenido en un acto administrativo.

2 La sentencia del 18 de febrero de 2026 fue notificada por medios electrónicos el 25 de

febrero de 2026 y el actor radicó el escrito de impugnación el 2 de marzo de 2026, término
que se encuentra oportuno.

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16. Afirmó que, el derecho subjetivo ya fue reconocido por la ANI y no se
crea en el tránsito de la acción de cumplimiento. El derecho del Consorcio
Férreo del Pacífico UGPRO a suscribir el contrato no nace con la sentencia
judicial; nació y se consolidó en el momento en que el acto administrativo
contenido en la resolución de adjudicación quedó en firme.

17. Indicó que, la pretensión de la demanda es que se ordene a la ANI
cumplir con una obligación de hacer, contenida en su propio acto
administrativo. En ningún momento se ha solicitado el reconocimiento de
perjuicios o de sumas de dinero, “solo la ejecución del contrato”, no una
compensación económica por su ausencia.

18. Sostuvo que la demanda de acción de cumplimiento presentada por el
adjudicatario, Consorcio Férreo del Pacífico UGPRO, se circunscribe
exclusivamente a la primera etapa. Cualquier controversia futura sobre la
“ejecución del contrato” sí sería competencia del medio de control de
controversias contractuales, pero es viable procesalmente llegar a esa etapa
si la ANI se niega a cumplir con su obligación de suscribir el contrato
adjudicado.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

19. La Sección Quinta es competente para decidir la impugnación contra la
sentencia del 18 de febrero de 2026 dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, según lo dispuesto en los
artículos 1503 y 1524 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA) y en el artículo trece del Acuerdo 080
de 2019 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado5.

2. Problema jurídico

20. Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión
adoptada por la citada Corporación judicial en la sentencia del 18 de febrero
de 2026, que accedió parcialmente a las pretensiones, de conformidad con
los argumentos expuestos por las partes en los escritos de impugnación.

3 Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de
radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de
los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.
4 Artículo 152: (…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y

de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que
dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.
5 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las

apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los
tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.

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3. Generalidades de la acción de cumplimiento

21. La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos
mandatos contenidos en las normas de rango legal y en los actos
administrativos.

22. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de
la Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos
mínimos. Estos presupuestos se han identificado y precisado que son los
siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
imperioso incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado
en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto
implica el rechazo de la acción de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º].

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.

(iv) Que no se pretenda la protección de derechos que puedan ser
garantizados a través de la tutela o el acatamiento de normas que
establezcan gastos a la Administración [artículo 9.º]. Si se advierte la
configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii, iii o iv], la decisión
conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.

23. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la
Sala precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de
determinar si existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de
aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas y
frente a los cuales se haya dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es
invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del referido análisis se concluirá la
prosperidad o no de la/s pretensión/es formulada/s.

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4. La constitución de la renuencia

24. En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de
constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el
accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la
solicitud […]».

25. Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio
reiterado según el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple
derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito
de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento»6.

26. Esta Corporación también ha considerado que no puede tenerse por
demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en
que la solicitud hecha por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la
de constitución en renuencia»7.

27. Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como
la negativa del accionado frente al requerimiento bien porque no brinde
respuesta oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea
contraria al querer del ciudadano8.

28. Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo
pretendido por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o
administrativo, cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de
la parte demandada.

29. Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de
1997, el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de
la parte accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser
rechazada de plano.

30. En el caso concreto obra en el expediente copia de las comunicaciones
del 30 de diciembre de 2025 y 5 y 8 de enero de 20269, suscritas por el
representante legal del consorcio, en las que solicitó a la ANI el
cumplimiento de la Resolución 0257030232723 de diciembre 18 de 2025 a

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de

octubre 20 de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
7 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del

expediente ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
8 Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación 25000-23-41-000-2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del
17 de noviembre de 2016, radicación 15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez y sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-
00249-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
9 Índice 2 del del expediente digitalizado en Samai.

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través de la cual se le adjudicó el contrato, con un plazo de ejecución de 18
meses por un valor de $53.266’916.006, cuyo contenido es el siguiente:

31. En el proceso, no obra constancia de la contestación a los tres escritos
debidamente remitidos por la entidad al correo de notificación de la ANI;
además, en su escrito de contestación de la demanda, la entidad
únicamente indicó que el escrito del 30 de diciembre de 2025 no cumplía
con los requisitos establecidos en la Ley 393 de 1997, porque, a su juicio
«no solicita el cumplimiento del deber legal o administrativo de la ANI».

32. Como consecuencia, para la Sala se encuentra acreditado el requisito de
procedibilidad.

5. Procedencia de la acción

33. La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la
observancia de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo que impone determinada actuación u omisión a la respectiva
autoridad; es decir, su finalidad es que se acate el ordenamiento jurídico
vigente.

34. La parte demandante invocó como disposición incumplida la Resolución
0257030232723 de diciembre 18 de 2025, acto administrativo cuyo contenido
se limita a adjudicar un concurso de méritos.

35. Al respecto, son varios los pronunciamientos de la Corte Constitucional y
el Consejo de Estado10 a través de los cuales se ha dicho lo que debe
entenderse por acto administrativo y cuál es el mecanismo para obtener su
cumplimiento.

36. En efecto, la jurisprudencia ha precisado que los actos administrativos de
contenido general son pasibles de la acción de cumplimento, lo mismo que
las leyes en sentido material. En este sentido se afirmó:

10 Corte Constitucional sentencia C- 638 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; sentencia

C-193 de 1998, M.P. Juan Alberto Polo Figueroa; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2013-02833-
01(ACU), C.P. Alberto Yepes Barreiro.

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Cuando se trata de asegurar el efectivo cumplimiento de la ley material, esto es,
de normas generales, impersonales y abstractas, es indudable que el
instrumento de protección creado por el Constituyente -la acción de
cumplimiento- es el único mecanismo directo idóneo, razón por la cual no le es
permitido al legislador crear mecanismos subsidiarios o paralelos para asegurar
dicho cumplimiento.

Iguales consideraciones son válidas con respecto a los actos administrativos de
contenido general que por contener normas de carácter objetivo impersonal y
abstracto, son equivalentes materialmente a las leyes.

Dada la generalidad de las leyes y actos administrativos, esto es, en cuanto
están referidos a una serie indeterminada de personas, situaciones o cosas, no
puede pensarse en que exista un afectado concreto por sus disposiciones. De
ahí que toda persona, natural o jurídica, movida por la satisfacción de los
intereses públicos o sociales, esto es, el respeto por la vigencia y realización del
derecho objetivo, esté habilitada para promover su cumplimiento, más aún si se
tiene en cuenta que en estos casos el Constituyente creó la acción consagrada
en el artículo 87 de la Carta Política, como instrumento procesal principal para
hacer efectivo el cumplimiento de leyes y actos administrativos, pues el
ordenamiento jurídico no contemplaba instrumentos procesales directos
destinados a lograr este propósito11.

37. Cuando no se trata de actos administrativos de contenido general sino
subjetivos o concretos, como es el caso del acto administrativo invocado por
la parte actora, quien pretende el cumplimiento de una resolución a través de
la cual se le adjudicó un concurso de mérito en el cual participó y, como
consecuencia, la suscripción de un contrato, de conformidad con lo
establecido en el pliego de condiciones del concurso, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional y concretamente la sentencia que revisó la exequibilidad
de algunos artículos de la Ley 393 de 1997, también estableció la necesidad
de distinguir entre el objeto de la acción de cumplimiento (la realización de un
deber omitido por la administración), y la discusión que puede plantearse
alrededor del reconocimiento y garantía de un derecho subjetivo y particular,
circunstancia frente a la cual existen otros mecanismos de defensa idóneos.
Sobre el particular ha afirmado:

Por el contrario, cuando se trata de actos administrativos subjetivos, que crean
situaciones jurídicas individuales, concretas y particulares, el cumplimiento
efectivo del respectivo acto interesa fundamentalmente a la esfera
particular de la persona y no a la que corresponde a la satisfacción de los
intereses públicos y sociales. Por ello se justifica constitucionalmente, por
considerarse razonable y no afectar el contenido esencial de la norma del
artículo 87 constitucional, la previsión del legislador, en el sentido de que en
tales casos, el afectado, o sea, a quien se le lesiona directamente su derecho
pueda acudir a los mecanismos ordinarios que también éste ha instituido para
lograr el cumplimiento de tales actos, porque dentro de la autonomía
discrecional de que goza para la configuración de la norma jurídica, no resulta
contrario al referido mandato constitucional que el precepto acusado permita la
existencia de mecanismos alternativos para el cumplimiento de esta clase de
actos, salvo cuando de no asegurarse la efectiva ejecución del acto particular y

11Corte Constitucional, sentencia C-193 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell y
Hernando Herrera Vergara.

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concreto se pueda derivar para el interesado un perjuicio grave e inminente
(Negrillas de la Sala)12.

38. Como se dijo, uno de los puntos abordados en esa ocasión tiene que ver
con la relación de la acción de cumplimiento con los mecanismos ordinarios
de defensa jurídica respecto de la ejecución de actos administrativos de
carácter particular.

39. De acuerdo con lo anterior, se evidencia que la resolución demandada es
un acto que interesa exclusivamente a la esfera particular de la parte actora y
no busca la satisfacción de los intereses públicos y sociales, fines para los
cuales fue creada la acción de cumplimiento.

40. En efecto, la acción de cumplimiento está encaminada a la ejecución de
deberes que emanan de un mandato, contenido en la ley o en un acto
administrativo, imperativo e inobjetable y no al reconocimiento por parte de la
administración de garantías particulares, o el debate, en sede judicial, del
contenido y alcance de algunos derechos que el particular espera que se le
reconozcan13.

41. Así las cosas, la acción resulta improcedente, toda vez que lo pretendido
es exigir el cumplimiento de un acto administrativo de carácter particular y
subjetivo.

42. Adicionalmente, la parte actora sostuvo que, como consecuencia de la no
suscripción del contrato, se le ha generado un daño patrimonial directo al
Consorcio Férreo del Pacífico UGPRO, dado que ha inmovilizado un
significativo capital humano, técnico y financiero en preparación para la
ejecución del contrato, incurriendo en costos operativos y un lucro cesante
que se incrementa con cada día de inacción de la ANI.

12 Ibidem.
13 Sobre este punto, la jurisprudencia producida por el Consejo de Estado al resolver
diferentes acciones de cumplimiento es ilustrativa de la manera como se ha reservado la
acción de cumplimiento para asegurar la protección de derechos indiscutibles a los
particulares, ordenando a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido. A título de
ejemplo pueden citarse las sentencias proferidas en los procesos ACU-120 Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente:
Ricardo Hoyos Duque, 22 de enero de 1998. En esta oportunidad se afirmó que, “para
perseguir el pago de las cesantías el actor cuenta con otro instrumento de defensa judicial”
distinto a la acción de cumplimiento. En el mismo sentido, también puede consultarse el fallo
ACU 126 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda -
Subsección "A", Consejero Ponente: Dolly Pedraza De Arenas, 29 de enero de 1998. En
esta oportunidad el Consejo desestimó la acción de cumplimiento planteada por el actor,
pues pretendía que se ordenara al Centro de Rehabilitación integral de Boyacá “reconocer y
pagar la prima técnica a la que tiene derecho”, conflicto que corresponde dirimir a la
jurisdicción contencioso administrativa por la vía pertinente. En el mismo sentido, pueden
consultarse, también a título ilustrativo, los procesos ACU 558 (sentencia del 20 de febrero
de 1998 C.P. Mariela Vega de Herrera), ACU 589 (sentencia del 25 de febrero de 1999 C.P.
Juan de Dios Montes Hernández) y ACU 868 (sentencia del 9 de septiembre de 1999 C.P.
Olga Inés Navarrete Barrero).

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43. Al respecto, la Sala le reitera a la parte actora que, en relación con el
resarcimiento de perjuicios materiales por el daño causado, el mecanismo
judicial idóneo para ventilar las pretensiones resarcitorias derivadas de ese
preciso tipo de controversias es la acción de reparación directa de que trata
el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011 –CPACA–.

44. Por consiguiente, se confirmará la sentencia impugnada que declaró la
improcedencia de la acción de cumplimiento, de conformidad con las razones
aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley

FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia del 18 de febrero de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
que declaró la improcedencia de la acción, de conformidad con lo expuesto
en ese fallo.

SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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