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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2026-00144-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2026-00144-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia 3 de marzo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, y, en su lugar, 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandantes: José Octavio Páez y otra Demandado: Vanti S.A. E.S.P. Radicado: 25000-23-41-000-2026-00144-01 RECHAZAR la demanda por falta de agotamiento del requisito de constitución en renuencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-41-000-2026-00144-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2026-00144-01
Demandantes: JOSÉ OCTAVIO PÁEZ Y OTRA
Demandado: VANTI S.A. E.S.P.

Tema: Constitución en renuencia como requisito de procedibilidad de
la acción de cumplimiento. Revoca sentencia de primera
instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación formulada por la parte accionante contra la sentencia
del 3 de marzo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B, por medio de la cual se declaró improcedente el
mecanismo constitucional del asunto.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

Los señores José Octavio Páez y Rosa Emma Páez, por conducto de apoderado
judicial, promovieron acción de cumplimiento en contra de la sociedad Vanti S.A.
E.S.P., en la que solicitaron el acatamiento de los artículos 130, 140 y 141 de la Ley
142 de 1994. En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:

En ese sentido, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERA: SE DECLARE QUE VANTI S.A. E.S.P. ROMPIÓ EL PRINCIPIO DE
SOLIDARIDAD que establece el parágrafo del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 que
establece:

Si el usuario o suscriptor incumple su obligación de pagar oportunamente los servicios
facturados dentro del término previsto en el contrato, el cual no excederá dos períodos
consecutivos de facturación, la empresa de servicios públicos estará en la obligación
de suspender el servicio. Si la empresa incumple la obligación de la suspensión del
servicio se romperá la solidaridad prevista en esta norma.
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Demandantes: José Octavio Páez y otra
Demandado: Vanti S.A. E.S.P.
Radicado: 25000-23-41-000-2026-00144-01

SEGUNDA: SE ORDENE A VANTI S.A. E.S.P. DAR APLICACIÓN A LOS
POSTULADOS NORMATIVOS Y JURISPRUDENCIALES en relación con el
incumplimiento de sus obligaciones legales de no permitir ejercer el derecho
fundamental al debido proceso de mis poderdantes y avalar de forma permisiva y
negligente el aprovechamiento irregular del servicio de gas natural por parte del
usuario que se encontraba en calidad de arrendatario en el bien inmueble de mis
representados al no ejecutar los mecanismos legales que tiene a su disposición para
asegurar el pago y la prestación del servicio; en particular, el artículo 140 de la Ley
142 de 1994, artículo 141 de la Ley 142 de 1994, Sentencia T-1432 de 2000 de la
Corte Constitucional, Sentencia T-523 de 2005 de la Corte Constitucional, Sentencia
T-525 de 2005 de la Corte Constitucional, Sentencia T-277 de 2007 de la Corte
Constitucional, y Sentencia T-323 de 2007 de la Corte Constitucional.

TERCERO: en consecuencia de lo anterior, SE ORDENE A VANTI S.A. E.S.P.
REAJUSTE EL VALOR de la factura específicamente con los tres primeros meses en
que se causó el incumplimiento del contrato por parte del usuario del servicio y
posterior a su pago, se ORDENE A VANTI S.A. E.S.P., LA RECONEXIÓN DEL
SERVICIO1.

1.2. Hechos

Los accionantes son propietarios de un inmueble ubicado en la ciudad de Bogotá,
el cual cuenta con el servicio público de gas domiciliario y que es prestado por la
empresa Vanti S.A. E.S.P.

Sobre el citado bien se celebró contrato de arrendamiento con dos personas
naturales, el cual tuvo inicio el 12 de marzo de 2012 y finalizó en el año 2025,
teniendo como causa de terminación el incumplimiento de los arrendatarios de sus
obligaciones.

Actualmente, se adeuda a Vanti S.A. E.S.P., la suma de $7’055.948 por concepto
de facturas que se generaron durante la vigencia del arrendamiento, las cuales no
fueron cubiertas por los arrendatarios pese a ser los obligados a hacerlo.

Conforme lo anterior, el 20 de octubre de 2025, los accionantes presentaron
reclamación ante Vanti S.A. E.S.P., en la que acusaron a la empresa de no haber
suspendido la prestación del servicio oportunamente; que como consecuencia de
ello, no se encuentran obligados a realizar el pago anteriormente indicado; y, por
último, que se ordene la reconexión del servicio.

A su turno, Vanti S.A. E.S.P., dio respuesta el 21 siguiente en la que, luego de
explicar la relación contractual que existe entre las partes, negó las solicitudes y
precisó la figura de la solidaridad que surge del propietario suscriptor del servicio y
el usuario de éste.

1 Transcripción original con posibles errores

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Demandantes: José Octavio Páez y otra
Demandado: Vanti S.A. E.S.P.
Radicado: 25000-23-41-000-2026-00144-01

1.3. Actuaciones procesales relevantes

Por auto del 2 de febrero de 2026 el Magistrado ponente de la primera instancia
admitió la acción constitucional y ordenó la notificación de la empresa Vanti S.A.
E.S.P.

La demandada, dentro de la oportunidad procesal correspondiente, contestó la
demanda2 y se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Por cuanto, en su
criterio, la acción de cumplimiento es improcedente por no satisfacer los requisitos
establecidos en la Ley 393 de 1997.

En concreto, precisó que no se cumplen los presupuestos legales para el
rompimiento de la solidaridad legal, por cuanto no se denunció la existencia del
contrato de arrendamiento, tampoco se acreditó un actuar negligente de la
prestadora del servicio, y, por último, se refirió que durante el tiempo alegado, se
realizaron 10 suspensiones del suministro de gas domiciliario al inmueble.

1.4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 3 de marzo de 20263, el Tribunal Administrativo
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, declaró la improcedencia de la
acción. Al respecto, se consideró lo siguiente:

En ese sentido, la Sala declarará la IMPROCEDENCIA de la demanda formulada por
los señores José Octavio Páez y Rosa Emma Páez, respecto la solicitud de
cumplimiento de los artículos 140 y 141 de la Ley 142 de 1994, en tanto este medio
de control entraña un análisis objetivo a través del cual se busca establecer si el deber
jurídico incumplido, contenido en una norma con fuerza material de ley o en un acto
administrativo, contiene un mandato inobjetable, preciso y exigible a la autoridad
frente a la cual se busca su cumplimiento y si ésta ha sido renuente en su
acatamiento, pero no es un mecanismo para exigir el cumplimiento de sentencias
judiciales, como tampoco para solicitar que se ordene VANTI S.A. E.S.P., el reajuste
el valor de la factura de los tres primeros meses en que se causó el incumplimiento
del contrato, ni la reconexión del servicio, pretensiones que por supuesto que
desbordan la naturaleza y finalidad de la acción de cumplimiento.

La anterior decisión se notificó a las partes e intervinientes mediante correo
electrónico remitido el 10 de marzo de 20264.

2 Ver índice 11 de Samai – Cuaderno de primera instancia
3 Ver índice 16 de Samai – Cuaderno de primera instancia
4 Ver índice 18 de Samai – Cuaderno de primera instancia. Si bien figura como enviado el 9 de marzo,

se debe tener en cuenta que el correo fue enviado fuera del horario hábil judicial.

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Demandado: Vanti S.A. E.S.P.
Radicado: 25000-23-41-000-2026-00144-01

1.5. Impugnación5

En su escrito de alzada, la parte trajo a colación sentencias de la Corte
Constitucional que han abordado el tema del rompimiento de la solidaridad y cuál
es el tratamiento que deben dar en este tipo de asuntos las empresas de servicios
públicos domiciliarios.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por el accionante
contra la sentencia de primera instancia del 3 de marzo de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, de
conformidad con lo establecido en los artículos 3º de la Ley 393 de 1997, 10, 125,
150 y 152 de la Ley 1437 de 2011, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la competencia de la Sección
Quinta de la Corporación para conocer de las «apelaciones contra las providencias
susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en
primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
primera instancia, que declaró improcedente la acción de cumplimiento. Para lo cual
se resolverán, en su estricto orden, los siguientes problemas jurídicos:

• ¿Se cumplió con la constitución en renuencia de la autoridad demandada
frente a la disposición invocada como incumplida?

• ¿Se superan los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento?

En caso de ser afirmativas las respuestas, se deberá absolver el siguiente
planteamiento:

• ¿Los artículos 130, 140 y 141 de la Ley 142 de 1994 establecen a cargo de
Vanti S.A. E.S.P., un mandato imperativo e inobjetable frente a lo solicitado
por los accionantes en su demanda?

5 Ver índice 20 de Samai – Cuaderno de primera instancia

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Demandantes: José Octavio Páez y otra
Demandado: Vanti S.A. E.S.P.
Radicado: 25000-23-41-000-2026-00144-01

2.3. Razones jurídicas de la decisión

A efectos de resolver tales, resulta pertinente abordar los siguientes temas: i)
naturaleza de la acción de cumplimiento, ii) el estudio del requisito de renuencia, y
iii) el caso concreto.

2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política;
como un mecanismo para que toda persona pueda, «acudir ante la autoridad judicial
para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso
de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el
cumplimiento del deber omitido».

En igual sentido, el artículo 1.° de la Ley 393 de 1997 precisa que, «[t]oda persona
podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el
cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos
administrativos».

Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines esenciales está el
de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.° de la Constitución Política), la
acción en estudio permite la realización de este postulado, logrando la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.

De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para
demandar a las autoridades o los particulares que ejercen funciones públicas, ante
el inminente incumplimiento; la efectividad de las normas con fuerza material de ley
y de los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional [el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido
por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la
referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes
y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares
del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden
jurídico, social y económico justo] (subrayado por fuera del texto).

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Demandantes: José Octavio Páez y otra
Demandado: Vanti S.A. E.S.P.
Radicado: 25000-23-41-000-2026-00144-01

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que, se deben acreditar los siguientes requisitos
mínimos:

a. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (art. 1.º)6

b. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento
del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido
o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente
incumplimiento (art. 8.º).

c. El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un
perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

d. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el
caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para
quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto,
es improcedente la acción que persigue la protección de derechos que puedan ser
garantizados a través de la acción de tutela; o se pretenda el cumplimiento de
normas que establezcan gastos a la administración (art. 9.º).

Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la
existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza
de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas
que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último
corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad
de las pretensiones expuestas en la demanda.

2.3.2. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de
esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de
haber pedido a las entidades accionadas en forma directa y con anterioridad al
ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo
presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en
el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud; de esta manera, quedará

6 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.

6
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acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá
ejercer la acción de cumplimiento

Al respecto, esta Sección ha señalado que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado.
Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición
de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo,
aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para
exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos [7]
(Negrillas fuera de texto).

Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar
que constituyó en renuencia a la accionada, antes de instaurar la demanda.

Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en
cuenta, como lo ha señalado la Sala, que «el reclamo en tal sentido no es un simple
derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de
cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»8,
ya que no se ha dado por demostrado su agotamiento cuando la petición «tiene una
finalidad distinta a la de constitución en renuencia».

Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la
negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición,

7 [En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24

de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»]
8 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres

Cuervo.

7
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bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en
tiempo, «resulte contraria al querer del ciudadano»9.

Una revisión del documento de fecha 20 de octubre de 2025, por medio del cual se
pretende acreditar la constitución en renuencia de la sociedad accionada, se
establece lo siguiente:

La revisión del citado comunicado pone en evidencia que la finalidad expuesta por
el actor se contrae en adelantar el procedimiento reglado en la Ley 142 de 1994, el
cual conllevo la decisión de Vanti S.A. E.S.P., adoptar las siguientes
determinaciones:

9 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,

radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU);
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-
23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.

8
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Conforme lo anterior, en criterio de esta Sección, es claro que en el presente asunto
no se encuentra acreditada la constitución en renuencia de la empresa demandada,
pues, se reitera, el objetivo del comunicado del 20 de octubre de 2025 no tenía como
fin obtener el cumplimiento de alguna disposición legal, sino apenas plantear una
controversia en torno a la prestación del servicio público domiciliario de gas.

Incluso, se tiene que al final se informa que la decisión que está tomando la empresa
de servicios públicos es susceptible de recursos, el de reposición ante la misma
Vanti S.A. E.S.P., y apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.

En suma, dado que la constitución en renuencia es requisito de procedibilidad de la
acción de cumplimiento, esto es, que debe acreditarse de manera preliminar a la
presentación de la demanda, la ausencia de ésta conlleva de manera ineludible que
se rechace la acción.

Siendo ello así, la Sala revocará la decisión de primera instancia, que declaró
improcedente la acción, para, en su lugar, rechazar la acción por no agotarse el
requisito de constitución en renuencia.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia 3 de marzo de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, y, en su lugar,

9
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Demandantes: José Octavio Páez y otra
Demandado: Vanti S.A. E.S.P.
Radicado: 25000-23-41-000-2026-00144-01

RECHAZAR la demanda por falta de agotamiento del requisito de constitución en
renuencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

10
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