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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2026-00176-01

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2026-00176-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de marzo de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-41-000-2026-00176-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2026-00176-01
Accionante: DELCY DE LA OSSA HERNÁNDEZ
Accionado: OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DE CHINÚ
Tema: Confirma– declara la improcedencia por no superarse el
requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte demandante contra la
sentencia del 6 de marzo de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B. Lo anterior de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 1251, 1502 y 2433 de la Ley 1437 de 20114, así como
del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado
(modificado por el Acuerdo 434 de 2024).

La demanda fue admitida en providencia del 6 de febrero de 20265 y el recurso
de apelación fue concedido mediante auto del 13 de abril de 2026. Por lo anterior,
procede la Sala a proferir sentencia en los términos previstos en el artículo 3 de
la Ley 393 de 1997.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, la señora Delcy de la Ossa
Hernández presentó demanda contra la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Chinú, con el fin de obtener el cumplimiento de lo previsto en el
artículo 62 de la Ley 1579 de 2012 y la instrucción administrativa No. 4 del 28 de
julio del 2021, proferida por la Superintendencias de Notariado y Registro.

1
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
2 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
3 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
4 Artículo 150. Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado

por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [..]
5 En aquella decisión, el tribunal de primera instancia ordenó notificar como autoridad accionada

a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chinú y notificó de la decisión al Ministerio
Público.

1
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Accionante: Delcy de la Ossa Hernández
Accionado: Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Chinú
Radicación: 25000-23-41-000-2026-00176-01

2. En consecuencia, solicitó que le ordene a la entidad demandada cancelar
la inscripción de la escritura pública de hipoteca No. 144 del 18 de junio de 2019
en el folio de matrícula inmobiliaria No. 144-19092, en virtud del oficio judicial No.
JPMM 0422, emitido el 17 de julio del 2025 por el Juzgado Promiscuo Municipal
de Momil – Córdoba.

1.2. Posición de la parte demandante

3. La parte accionante explicó que celebró con el señor Fabio Uribe Vélez un
contrato de mutuo con garantía hipotecaria sobre el bien inmueble de su
propiedad, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 144-19092 de la
Oficina de Instrumentos Públicos de Chinú.

4. Expuso que el 20 de marzo del 2025 allegó al proceso ejecutivo con
radicado 23464-40-89-001-2023-00204-00, tramitado por el Juzgado Promiscuo
Municipal de Momil, un acuerdo conciliatorio celebrado con el señor Uribe Vélez,
respecto de la acreencia con garantía hipotecaria.

5. Por lo anterior, dicha autoridad judicial, mediante el Oficio No. JPMM 0422
del 17 de julio del 2025, le informó a la Notaria Único de Purísima – Córdoba y a
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chinú, que decidió dar
terminado el proceso ejecutivo y decretó la cancelación de la hipoteca en el folio
de matrícula inmobiliaria No. 144-19092.

6. Señaló que, en atención a la orden judicial, acudió a la oficina de registro
con el fin de realizar el pago de los derechos de inscripción para el
perfeccionamiento de la cancelación de la garantía hipotecaria. No obstante, la
entidad se negó a cancelarla porque debía allegar un certificado notarial dirigido
a la oficina de registro en el que se protocolice la cancelación de la hipoteca.

7. Finalmente, señaló que el 19 de agosto de 2025 le solicitó a la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Chinú el cumplimiento del artículo 62 de la
Ley 1569 de 2012 y la instrucción administrativa No. 4 del 28 de julio de 2021
dictada por la Superintendencia de Notariado y Registro y, en consecuencia, que
proceda a la cancelación de la hipoteca registrada mediante la escritura pública
No. 144 del 18 junio de 2019, celebrada ante la Notaría Única de Purísima sobre
el folio de matrícula inmobiliaria No. 144-19092.

1.3. Posición de la parte demandada

8. La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chinú señaló que,
si bien es cierto que el Juzgado Promiscuo Municipal de Momil ordenó la
cancelación de la hipoteca, y que dicha autoridad le remitió la decisión junto con
el acta de la audiencia celebrada, lo cierto es que la demandante no presentó
formalmente un título registral, en los términos exigidos por la Ley 1579 del 2012.

9. A su vez, indicó que no realizó el pago de los derechos registrales
correspondientes ni aportó el pago por concepto de impuesto de anotación y
registro.

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10. En ese sentido, indicó que el pago que debe realizar por la cancelación de
la hipoteca, de acuerdo con la tarifa vigente del año 2026, de conformidad con la
Resolución No. RES-2026-001896-6, es la suma de $418.800.

11. Señaló que, pese a que artículo 62 de la Ley 1579 de 2012 dispuso que la
cancelación de las inscripciones procede cuando se presente la prueba de dicha
circunstancia o una orden judicial, razón por la cual la disposición no impone un
deber automático del registrador. Por el contrario, la norma consagra el «principio
de rogación» que gobierna el sistema de registro, el cual exige la presentación
del título, su radicación y el pago de los derechos respectivos.

12. Asimismo, indicó que la instrucción administrativa No. 4 del 28 de julio del
2021, expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro, en ningún caso
elimina la función calificadora del registrador, ni exonera al usuario del
cumplimiento del procedimiento registral.

13. Esto, debido a que el hecho de que no exija certificación notarial cuando
la orden judicial va dirigida a la oficina de registro, no significa que el acto pueda
inscribirse sin solicitud, sin radicación y sin la liquidación de derechos y pago del
impuesto departamental, ni que el registrador pierda la competencia de verificar
los requisitos generales del título.

14. Por último, sostuvo que no se ha negado a cumplir con la orden judicial,
puesto que una vez la demandante cumpla con el trámite, procederá a ejercer su
función calificadora y le dará el trámite que en derecho corresponda, de
conformidad con las normas que rigen el procedimiento.

15. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación indicó que la acción
es procedente toda vez que, como consecuencia del acuerdo conciliatorio, el
Juzgado Promiscuo Municipal de Momil decidió dar por terminado el proceso
judicial y ordenó la cancelación de la hipoteca.

16. En ese sentido, señaló que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Chinú debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 1579
de 2012 y la instrucción administrativa No. 4 del 28 de julio del 2021 proferida por
la Superintendencia de Notariado y Registro.

1.4. Fallo de primera instancia

17. En sentencia del 6 de marzo del 2026, la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la improcedencia
de la acción de cumplimiento por no superar el requisito de subsidiariedad. Esto,
debido a que la accionante tiene la facultad de elevar la solicitud de radicación
de la decisión judicial, solicitar la liquidación, efectuar el pago de los derechos
registrales y aportar el pago por concepto de impuesto departamental, para que
la entidad accionada proceda a cancelar la inscripción de la hipoteca.

18. En ese sentido, recalcó que, dada la naturaleza subsidiaria de la acción
de cumplimiento, esta no puede interponerse cuando el interesado haya tenido a
su disposición otro mecanismo para resolver la procedencia.

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19. Además, resaltó que el juez constitucional no tiene competencia para
resolver asuntos que podrían dar lugar al reconocimiento de derechos subjetivos,
de conformidad con la jurisprudencia decantada por la Sección Quinta del
Consejo de Estado.

1.5. Impugnación

20. La parte accionante señaló que las normas cuyo cumplimiento solicitó
contienen mandatos imperativos que no pueden ser desconocidos por la
autoridad judicial accionada.

21. Por otra parte, sostuvo que el a quo desconoció las pruebas aportadas al
proceso, en particular, la orden judicial de cancelación de la hipoteca remitida a
la oficina de registro, por lo que cumplió con el requisito legal de radicación. En
ese sentido, consideró que no resulta razonable que le sea exigible iniciar un
nuevo trámite administrativo ante la entidad accionada, ni que se le impongan
cargas adicionales como la certificación notarial que no está prevista en la ley.

22. Por último, afirmó no hay un conflicto vigente, ya que la controversia fue
resuelta mediante conciliación judicial con efectos de cosa juzgada, y que la
cancelación de la hipoteca deriva de una orden judicial, no de un acuerdo entre
partes. En consecuencia, la discusión no versa sobre derechos subjetivos, sino
sobre el incumplimiento de un deber legal por parte de la entidad accionada, que
se ha negado a ejecutar la orden judicial al exigir requisitos no contemplados en
la norma.

II. CONSIDERACIONES

23. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de cumplimiento. Para ello, se analizarán los
siguientes aspectos: i) la constitución en renuencia y, ii) el incumplimiento de
requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento.

2.1. Caso concreto

2.2.1. El accionante agotó el requisito de procedibilidad relativo a la
constitución en renuencia de la accionada

24. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, previo al ejercicio de
la acción de cumplimiento, el actor debe constituir en renuencia a la autoridad o
al particular que ejerce funciones públicas y frente al cual se exige el
cumplimiento del mandato legal o consagrado en acto administrativo. Para ello,
es necesario que el actor indique expresamente cuál es la norma sobre la cual
versa la acción, sin que la autoridad conteste en el plazo de diez días siguientes
a la presentación de la solicitud o, por el contrario, se ratifique en el pretendido
incumplimiento6.

6 Al respecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece lo siguiente: «Con

el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se
haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la
presentación de la solicitud».

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25. En tales términos, esta Sección ha señalado que «el reclamo en tal sentido
no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con
el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento»7. La falta de agotamiento de este requisito genera el rechazo de
la demanda.

26. En este caso está probado que el 19 de agosto de 2025 la accionante le
solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chinú el
cumplimiento del artículo 62 de la Ley 1569 de 2012 y la instrucción administrativa
No. 4 del 28 de julio de 2021 dictada por la Superintendencia de Notariado y
Registro y, en consecuencia, que proceda a la cancelación de la hipoteca
registrada mediante la escritura pública No. 144 del 18 junio de 2019, celebrada
ante la Notaría Única de Purísima sobre el folio de matrícula inmobiliaria No. 144-
19092.

27. A su vez, se advierte que el 25 de agosto de 2025 la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Chinú atendió la solicitud de la accionante. En ella
le indicó a la demandante que el registrador tiene el deber de comprobar el título,
pues ellos deben ser válidos y cumplir con los requisitos exigidos por la ley para
que sean objeto de inscripción.

28. En ese sentido, señaló que el artículo 13 de la Ley 1579 de 2012 dispuso
que una vez el interesado radique el documento, la solicitud pasa a la sección
jurídica para su examen y cuando finalice el procedimiento la entidad concluye si
procede o no el registro, y los términos en los que se debe extender la anotación
respectiva.

29. Por último, le aclaró que la «cancelación del gravamen hipotecario por
medio de sentencia, debe elevarse a escritura pública ante una notaría (en ese
cual sería mejor donde se encuentre radicado el gravamen hipotecario) con oficio
de cancelación expedido por el juzgado donde se ejecuta el proceso dirigido al
notario y que esta expida el respectivo certificado con destino a registro
igualmente con el fin de anular el protocolo que contiene la hipoteca».

30. Por lo anterior, se entiende agotado el requisito de constitución en
renuencia previsto en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997.

2.1.2. La acción no supera los requisitos de procedencia

31. Conforme a lo dispuesto en la Ley 393 de 1997, la Sección Quinta de esta
corporación ha sostenido que la procedencia de la acción de cumplimiento se
encuentra supeditada a la acreditación de cinco requisitos generales:

(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes
(artículo 1)8.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20

de octubre de 2011. Rad. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
8
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.

5
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(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas,
encargado de ello (artículos 5 y 6).

(iii) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.

(iv) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que
puedan ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).

(v) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que
establezcan gastos a la administración (artículo 9).

32. El incumplimiento de alguno de requisitos de procedibilidad conlleva la
improcedencia del medio de control. Por el contrario, si los anteriores
presupuestos se encuentran satisfechos, corresponde a la Sala determinar si
existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad
o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción; y, a partir de ello, determinar la prosperidad de las pretensiones
de la demanda.

33. La Sala la acción sub examine es improcedente, por las razones que
pasan a explicarse.

34. La jurisprudencia reiterada de esta Sección ha sostenido que este
mecanismo constitucional no es un instrumento paralelo para reconocer
derechos subjetivos9 o resolver controversias que cuentan con otros medios de
defensa. En efecto, la acción de cumplimiento «no tiene dentro de su objeto el de
dirimir controversias jurídicas, ni el de reconocer derecho subjetivo alguno»10. De
lo contrario, «si se autoriza al juez constitucional a que resuelva de fondo todas
las controversias jurídicas en torno a la aplicación del derecho en el caso
concreto, se anularía el principio de separación funcional de jurisdicciones y se
dejaría sin sentido la existencia de los mecanismos procesales ordinarios y
contencioso administrativos»11.

35. De allí que esta acción no proceda para «exigir el cumplimiento de
obligaciones consagradas en los contratos estatales, imponer sanciones, hacer
efectivo los términos judiciales de los procesos, o perseguir indemnizaciones, por

9 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 22 de noviembre de 2022. Rad. 25000-23-

41- 000-2012-00109-01(AC). En el mismo sentido, ver Consejo de Estado, Sección Quinta.
Sentencia del 27 de marzo de 2025. Rad. 08001-23-33-000-2025-00057-01. Consejo de Estado,
Sección Quinta, Sentencia de 1 de noviembre de 2012. Rad. 76001-23-31-000-2012-00499-01.
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 14 de octubre de 2021. Rad. 19001-23-33-000-
2021-00086-01. Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 10 de abril de 2025. Rad.
68001-23-33-000-2025-00074-01.
10 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 22 de noviembre de 2022. Rad. 25000-23-

41- 000-2012-00109-01(AC). En el mismo sentido, ver Consejo de Estado, Sección Quinta.
Sentencia del 27 de marzo de 2025. Rad. 08001-23-33-000-2025-00057-01.
11 Id.

6
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cuanto, para dichos propósitos, el ordenamiento jurídico establece otros cauces
procesales, al tratarse de situaciones administrativas no consolidadas. Asimismo,
por expresa disposición legislativa la acción de cumplimiento no se puede incoar
frente a normas que generen gastos […]»12.

36. En el caso objeto de estudio se advierte que, si bien la accionante solicitó
el acatamiento del artículo 62 de la Ley 1579 de 2012 y la instrucción
administrativa No. 4 del 28 de julio del 2021, proferida por la Superintendencia
de Notariado y Registro, se evidencia que lo pretendido es que se le ordene a la
autoridad accionada que levante el gravamen hipotecario sobre su inmueble.

37. Al respecto, la Sala evidencia que, tal como lo manifestó la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Chinú, la cancelación de dicha garantía se
encuentra sometida a un procedimiento administrativo, junto con la respectiva
acreditación del pago del impuesto departamental y de los derechos de registro
que deben ser acreditados por la accionante, presupuestos que, además, no
fueron acreditados por la demandante en la presente acción.

38. En ese sentido, la Sala advierte que la acción de cumplimiento deviene
improcedente porque, contrario a procurar por el obedecimiento del
ordenamiento jurídico, la demandante lo que pretende es que el juez de
constitucional realice un pronunciamiento sobre la procedencia de la cancelación
de dicha garantía, lo cual escapa de la órbita de acción de este medio de control,
pues como ya se señaló, la acción de cumplimiento no es una acción paralela
para resolver «de fondo todas las controversias jurídicas en torno a la aplicación
del derecho en el caso concreto»13.

39. A su vez, no puede perderse de vista que, de conformidad con la
contestación de la demanda, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Chinú señaló que, una vez cumpla con el trámite exigido, procederá a ejercer su
función calificadora. En esa medida, se evidencia que la accionante puede
también puede controvertir la decisión que tome la demandada, en caso de
encontrarse en desacuerdo con lo definido por la entidad.

40. Así las cosas, la Sala la confirmará la sentencia del 6 de marzo de 2026,
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, en cuanto a que declaró la improcedencia de la acción sub
examine, por las razones antes explicadas

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

12 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 27 de marzo de 2014. Rad. núm. 25000-

23-41-000-2013-00444-01.
13
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 22 de noviembre de 2022. Rad. 25000-23-
41- 000-2012-00109-01(AC). En el mismo sentido, ver Consejo de Estado, Sección Quinta.
Sentencia del 27 de marzo de 2025. Rad. 08001-23-33-000-2025-00057-01.

7
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Públicos de Chinú
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III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de marzo de 2026, dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
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8
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