Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2026-00770-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2026-00770-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-41-000-2026-00770-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2026-00770-01
Demandante: ELI LILLY INTERAMERICA INC
Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA
Tema: Confirma decisión de primera instancia. La pretensión de la
accionante es el reconocimiento de un derecho particular y
subjetivo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionante, contra la
sentencia del 9 de julio de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda1
Eli Lilly Interamerica Inc.2, a través de representante legal, promovió demanda en
ejercicio de la acción de cumplimiento, establecida en el artículo 87 de la
Constitución Política y reglamentada en la Ley 393 de 1997, en contra del Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, en lo sucesivo el Invima, en
la que solicitó el acatamiento de los mandatos que, en su criterio, se desprenden de
los artículos 2, 13, 27 (pár. 1 y 2), 28 (par) y 29 del Decreto 677 de 1995, y 94 del
Decreto 2106 de 2019. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA.- DECLARAR que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos - INVIMA ha incumplido el deber legal consagrado en los artículos 2°, 13,
27 (parágrafo 1°), 28 (parágrafo) y 29 (numeral 7°) del Decreto 677 de 1995,
1 Índice 2, cuaderno de primera instancia.
2 Persona jurídica de derecho privado, domiciliada en Indianapolis, con sucursal de sociedad
extranjera registrada ante la Cámara de Comercio de Bogotá, representada legalmente por Lynamar
Ortiz Pizarro en su calidad de segundo suplente del apoderado.
1
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Demandante: Eli Lilly Interamerica Inc.
Demandado: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
Radicado: 25000-23-41-000-2026-00770-01
integrados por el artículo 128 del Decreto-Ley 019 de 2012 (Ley Antitrámites) y por el
artículo 94 del Decreto 2106 de 2019, en el trámite de ampliación de indicación
terapéutica del producto MOUNJARO® (tirzepatida) para el control de peso crónico,
radicado bajo los expedientes 20232195, 20232200, 20232202, 20232216, 20232772
y 20232208, con Radicados de ampliación: 20251105798, 20251105812,
202511058018, 202511058125, 20251105832 y 20251105843.
SEGUNDA.- ORDENAR al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos - INVIMA que en el término perentorio de 10 días cumpla integralmente los
deberes legales de los artículos 2°, 13, 27 (parágrafo 1°), 28 (parágrafo) y 29 (numeral
7°) del Decreto 677 de 1995, integrados por el artículo 128 del Decreto-Ley 019 de
2012 (Ley Anti-trámites) y por el artículo 94 del Decreto 2106 de 2019 en el trámite
de ampliación de indicación terapéutica del producto MOUNJARO® (tirzepatida) para
el control de peso crónico, radicado bajo los expedientes 20232195, 20232200,
20232202, 20232216, 20232772 y 20232208, con Radicados de ampliación:
20251105798, 20251105812, 202511058018, 202511058125, 20251105832 y
20251105843, y en consecuencia proceda a agendar la solicitud de ampliación de
indicación terapéutica del producto MOUNJARO® (tirzepatida) para el control de peso
crónico en el orden del día de la siguiente sesión oficial de la Sala Especializada de
Medicamentos y Productos Biológicos, Nuevos y Nuevas Indicaciones de Moléculas
Biológicas (SEMNNIMB) de la Comisión Revisora de Medicamentos; iniciar su
evaluación farmacológica de referencia y expedir el acto administrativo
definitivo
que resuelva la solicitud de fondo.
TERCERA. - ORDENAR al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos – INVIMA notificar por escrito al ACCIONANTE sobre el agendamiento
efectivo del caso con indicación del número de radicado interno, del número de acta
y del orden del día.
CUARTA. - ORDENAR al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos – INVIMA que, dentro de los 10 días siguientes a la sesión ordinaria de la
CRM, publique el acta que contiene la recomendación de la solicitud de ampliación
de indicación del producto MOUNJARO® (tirzepatida) para control de peso crónico
con radicados Nos. 20251105798, 20251105812, 20251105818, 20251105825,
20251105832 y 202511058433.
1.2. Hechos
La sociedad demandante explicó que es titular de 6 registros sanitarios vigentes
para MOUNJARO® (tirzepatida), los cuales fueron aprobados para la indicación de
diabetes mellitus tipo 2.
Refirió que el 2 de abril de 2025, radicó ante el Invima 6 solicitudes de ampliación
de indicación terapéutica para control de peso crónico, respecto a las cuales, solo
hasta el 23 siguiente la autoridad les asignó los correspondientes números de
radicado 20251105798, 20251105812, 20251105818, 20251105825, 20251105832
y 20251105843.
3 Transcripción original del texto con posibles errores.
2
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Demandante: Eli Lilly Interamerica Inc.
Demandado: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
Radicado: 25000-23-41-000-2026-00770-01
En sentir de la actora, dicha dilación injustificada pone en evidencia la clara
intención de la administración de postergar los tiempos establecidos por el
ordenamiento jurídico para resolver tales solicitudes.
Relató que, entre el 27 de agosto y el 1 de septiembre de 2025, dio alcance a las
anteriores solicitudes, las cuales fueron aceptadas y registradas por el Invima, con
los que se completó la solicitud de nueva indicación.
En ese sentido, acotó que la Comisión Revisora de Medicamentos del Invima, debe
realizar el estudio en lo que atañe a la nueva indicación inicial, la cual fue
debidamente sustentada por la actora, situación que significa, en otros términos,
que la labor de la autoridad es mucho menor.
Por lo anterior, advirtió que los términos legales establecidos para el registro
sanitario, esto es de 180 días y 30 días, se encuentran más que vencidos sin que la
dependencia del Invima competente haya emitido su concepto técnico-científico, así
como tampoco se haya proferido el correspondiente acto administrativo que finalice
el procedimiento.
Explicó que en atención a los artículos 27 y 28 del Decreto 677 de 1995 la decisión
sobre la evaluación farmacológica para MOUNJARO® (tirzepatida), debió haberse
emitido en un término de 30 días hábiles, y a la luz de lo consagrado en el artículo
94 del Decreto 2106 de 2019 la Resolución definitiva sobre registro sanitario se
debió promulgar en un plazo de 180 días hábiles.
Con base en lo expuesto, Eli Lilly Interamerica Inc el 22 de abril de 2026 presentó
escrito de constitución en renuencia ante el Invima, la cual fue atendida mediante
respuesta del 29 siguiente en la que se indicó a la actora que no se entendía la
finalidad perseguida en su comunicación.
1.3. Actuaciones procesales relevantes
Por auto del 13 de mayo de 20264, el Magistrado Ponente de la primera instancia
inadmitió la acción constitucional del asunto. Lo anterior, tras considerar que los
hechos de la demanda no eran claros en establecer las conductas que sustentaban
el eventual incumplimiento del Invima; igualmente, a efectos que se aportara el
escrito de constitución en renuencia, con la prueba de su envío; y, por último, que
acreditara que la demanda con sus anexos fue enviado a la demandada.
Subsanado en tiempo el escrito introductorio, mediante proveído del 26 de mayo de
20265, se admitió la demanda y se ordenó notificar al Invima6.
4 Índice 4 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
5 Índice 11 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
6 Oficio 9765 del 1 de junio de 2026, remitido al buzón notificaciones_judiciales@invima.gov.co.
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Radicado: 25000-23-41-000-2026-00770-01
El Invima presentó escrito de contestación de la demanda7 en la que se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de esta. Al respecto, explicó, como primera medida,
que todas las solicitudes son atendidas por turno, sin que sea posible conceder una
prelación a la acá accionante; aunado que se deben tener en cuenta cuestiones
operativas internas de la autoridad, tales como el personal y presupuestal, que
hacen imposible evacuar de manera más expedita los trámites a cargo, por lo que
precisó en el presente asunto lo siguiente:
En consecuencia, se confirma que los radicados No. 20251105798, 20251105812,
20251105818, 20251105825, 20251105832 y 20251105843 del 23 de abril de 2023
le corresponde el turno de agendamiento en la AGENDA 2026-10
MODIFICACIONES RADICADOS FEB-ABRIL 2025. La cual, será estudiada por la
Presala en el mes de julio de 2026 y para mayor claridad se ratifica que la AGENDA
2026-10 MODIFICACIONES RADICADOS FEB-ABRIL 2025 que cuenta con 33
radicados será sesionada por la Sala Especializada de Medicamentos durante el mes
de agosto de 2026. En conformidad con las funciones estipuladas en el acuerdo No.
007 de 2024. En aras de mantener el debido proceso.
Una vez sesionado y estudiado de fondo, el acta estará siendo publicada dentro
del plazo máximo de treinta (30) días hábiles siguientes al último día de la sesión
respectiva.
Conforme a la Resolución No. 2017030958 del 31 de julio de 2017 "por la cual se
expide el reglamento interno de las salas especializadas de la comisión revisora y se
derogan las resoluciones número 2014033531 del 15 de octubre de 2014 y
2016034601 del 6 de septiembre de 2016" el articulo 15 especifica que el acta debe
suscribirse dentro del plazo máximo de treinta (30) días hábiles siguientes al
último día de la sesión respectiva.
Aunado a lo anterior, el artículo 16 de la misma resolución, aclara que las
recomendaciones, conceptos y decisiones serán reservadas hasta la publicación
del acta respetiva.
Con base en lo anterior, el Invima alegó que la acción de cumplimiento no puede
ser utilizada para agilizar los procedimientos administrativos, dado que dicha
situación conllevaría intrínsecamente que se desconozcan los turnos que se
encuentran por delante de la accionante.
Aunado lo anterior, en su criterio, las disposiciones legales invocadas como
incumplidas, en estricto rigor no contienen los requisitos legales y jurisprudenciales
para ser consideradas mandatos.
7 Índice 17 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
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1.4. Sentencia de primera instancia8
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B,
clausuró el trámite mediante sentencia del 9 de julio de 2026 en la declaró la
improcedencia de la acción. En sustento de dicha decisión se explicó lo siguiente:
2) De los argumentos expuestos en la demanda, se logra evidenciar que lo realmente
pretendido por la compañía ELI LILLY INTERAMERICA INC no es que se cumpla con
lo preceptuado en los artículos 2, 13, 27, 28 y 29 del Decreto 677 de 1995, así como
también 128 del Decreto-Ley 019 de 2012, modificado por el artículo 94 del Decreto
2106 de 2019, sino que lo realmente pretendido por ésta es la satisfacción de un
interés particular, o el reconocimiento de un derecho subjetivo, el cual se concreta en
que se le resuelvan sus solicitudes de ampliación terapéutica del medicamento
MOUNJARO® (tirzepatida) en el menor tiempo posible, dando prelación a otras
solicitudes presentadas ante la autoridad requerida, controversia que escapa del
objeto mismo y finalidad del medio de control ejercido.
[…]
En efecto, teniendo en cuenta que lo realmente pretendido a través del medio de
control ejercido, es que se le ordene a una autoridad que decida una solicitud de
ampliación terapéutica de un medicamento dentro de los términos previstos en el
artículo 28 del Decreto 677 de 1995, la controversia no recae sobre el incumplimiento
de mandatos sustanciales susceptible de ejecución mediante la acción de
cumplimiento, sino sobre el desarrollo de un procedimiento administrativo y el
eventual incumplimiento de los deberes de trámite que lo integran, materia que
escapa al ámbito de protección previsto en la Ley 393 de 1997, en tanto este medio
de control no se constituye un instrumento para exigir la observancia de normas que
regulan procedimientos administrativos, sino para hacer efectivo el cumplimiento de
deberes o mandatos claros expresos, imperativos e inobjetables contenidos en
normas con fuerza material de Ley o de actos administrativos vigentes.
La anterior decisión fue notificada a las partes e intervinientes mediante correo
electrónico remitido el 17 de julio de 20269.
1.5. Impugnación10
Para la sociedad actora, las consideraciones expuestas en la decisión de primera
instancia no resultan acertadas, dado que, en primer lugar, estableció un requisito
no establecido en la Ley 393 de 1997, traducido en la causa de improcedencia del
interés subjetivo, lo que, en su sentir, implica una confusión entre el titular del
procedimiento administrativo y el fin perseguido en este asunto.
Al respecto, reiteró que el objetivo que se buscaba con la promoción de la acción
constitucional, era que se ordenara al Invima acatar los términos legales y
sustanciales establecidos por el legislador, sin que fuese posible colegir que se
8 Índice 26 de Samai. Cuaderno de primera instancia
9 Índice 31 de Samai. Cuaderno de primera instancia
10 Índice 32 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
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impartieran ordenes para establecer el sentido de la decisión correspondiente por
parte de la autoridad administrativa.
Por otro lado, refirió que la acción de cumplimiento si puede ser utilizada como
instrumento para lograr el cumplimiento de procedimientos administrativos, pues,
desde su punto de vista, dicha distinción no se encuentra establecida en artículo
alguno de la Ley 393 de 1997.
Adicionalmente, cuestionó la teoría del acto administrativo ficto como causal de
improcedencia, dado que la demandante busca que el Invima expida la decisión
definitiva respecto a sus solicitudes. En ese sentido, precisó que el silencio
administrativo y la acción de cumplimiento no pueden ser equiparables en el
presente asunto.
Por último, puso de presente que la autoridad demandada, con ocasión de su escrito
de contestación, reconoció de manera expresa que se encuentra en una situación
de incumplimiento recurrente de los plazos establecidos por el legislador.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por la accionante
contra la sentencia del del 9 de julio de 2026 del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, de conformidad con lo establecido
en los artículos 3º de la Ley 393 de 1997, 10, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de
2011, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, que establece la competencia de la Sección Quinta de la Corporación para
conocer de las «apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso
que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las
acciones de cumplimiento».
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la providencia de
primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda. Para lo cual se
resolverán, en su estricto orden, los siguientes problemas jurídicos:
• ¿Se cumplió con la constitución de renuencia de la autoridad demandada
frente a la disposición invocada como incumplida?
• ¿Se superan los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento?
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En caso de ser afirmativas las respuestas, se deberá absolver el siguiente
planteamiento:
• ¿Las disposiciones legales invocadas con la demanda, contienen un
mandato imperativo e inobjetable a cargo del Invima?
2.3. Razones jurídicas de la decisión
A efectos de resolver tales, resulta pertinente abordar los siguientes temas: i)
naturaleza de la acción de cumplimiento, ii) el estudio del requisito de renuencia, y
iii) el caso concreto.
2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política;
como un mecanismo para que toda persona pueda, «acudir ante la autoridad judicial
para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso
de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el
cumplimiento del deber omitido».
En igual sentido, el artículo 1.° de la Ley 393 de 1997 precisa que, «[t]oda persona
podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el
cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos
administrativos».
Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines esenciales está el
de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.° de la Constitución Política), la
acción en estudio permite la realización de este postulado, logrando la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.
De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para
demandar a las autoridades o los particulares que ejercen funciones públicas, ante
el inminente incumplimiento; la efectividad de las normas con fuerza material de ley
y de los actos administrativos.
Como lo señaló la Corte Constitucional «el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido
por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la
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referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes
y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares
del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden
jurídico, social y económico justo» (subrayado por fuera del texto).
Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que, se deben acreditar los siguientes requisitos
mínimos:
a. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (art. 1.º)11
b. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento
del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido
o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente
incumplimiento (art. 8.º).
c. El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un
perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.
d. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el
caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para
quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto,
es improcedente la acción que persigue la protección de derechos que puedan ser
garantizados a través de la acción de tutela; o se pretenda el cumplimiento de
normas que establezcan gastos a la administración (art. 9.º).
Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la
existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza
de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas
que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último
corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad
de las pretensiones expuestas en la demanda.
2.3.2. De la renuencia
El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de
esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de
haber pedido a las entidades accionadas en forma directa y con anterioridad al
11Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo
presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en
el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud; de esta manera, quedará
acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá
ejercer la acción de cumplimiento
Al respecto, esta Sección ha señalado que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado.
Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición
de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo,
aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para
exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos
[12] (Negrillas fuera de texto).
Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en
cuenta, como lo ha señalado la Sala, que «el reclamo en tal sentido no es un simple
derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de
cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento» 13,
ya que no se ha dado por demostrado su agotamiento cuando la petición «tiene una
finalidad distinta a la de constitución en renuencia».
Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la
negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición,
12 [En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24
de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»]
13 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres
Cuervo.
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bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en
tiempo, «resulte contraria al querer del ciudadano»14
Conforme lo considerado en precedencia, se tiene que la sociedad Eli Lilly
Interamerica Inc., mediante comunicado del 22 de abril de 2026 radicó ante el
Invima escrito de constitución en renuencia, en el que solicitó de manera clara y
expresa el cumplimiento del sistema de registro sanitario establecido en los artículos
2°, 13, 27 (parágrafo 1°), 28 (parágrafo) y 29 del Decreto 677 de 1995, integrado
por el artículo 128 del Decreto Ley 019 de 2012 (Ley Anti-trámites) y el artículo 94
del Decreto 2106 de 2019.
Por otro lado, pese a que la demandante alegó que el 29 de abril de 2026 se recibió
una respuesta de la autoridad, luego de revisado el expediente, no se encontró
dicho comunicado. En todo caso, se debe tener en cuenta que el Invima, con su
contestación de la demanda, tampoco negó la presentación del escrito de
renuencia.
Siendo ello así, se concluye que el requisito de procedibilidad de que trata el artículo
8 de la Ley 393 de 1997 se encuentra satisfecho, por lo que resulta procedente
acometer el estudio de los requisitos de procedencia y, en caso de superarse éstos,
realizar el análisis de fondo.
2.3.3. Caso concreto
Eli Lilly Interamerica Inc., acude a la acción de cumplimiento para que el juez de
cumplimiento imponga al Invima la orden de respetar los términos para resolver las
6 solicitudes de ampliación de indicación terapéutica para control de peso crónico
del medicamento denominado MOUNJARO® (tirzepatida).
Lo anterior, prontamente permite evidenciar que la actora busca la consecución y
satisfacción de un interés subjetivo y estrictamente personal, en el que más allá de
pretender el acatamiento del ordenamiento jurídico, busca que el juez active la
administración para que resuelva una cuestión de derecho en torno a las solicitudes
identificadas con números de radicado 20251105798, 20251105812, 20251105818,
20251105825, 20251105832 y 20251105843.
En ese sentido, conviene remembrar que el fin que busca el instrumento judicial
consignado en el artículo 87 de la Constitución Política, no puede ser el de dirimir
controversias jurídicas, o el reconocimiento de un derecho particular. Lo anterior,
fue expresamente señalado por la Corte Constitucional en los siguientes términos:
14 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de
2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU);
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-
23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Eli Lilly Interamerica Inc.
Demandado: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
Radicado: 25000-23-41-000-2026-00770-01
El objeto y finalidad de la acción de cumplimiento es otorgarle a toda persona, natural
o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad
judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del
acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume
este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia
y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo.15
Dicho criterio ha sido reiterado por el órgano de cierre de la jurisdicción
constitucional, la cual ha enfatizado lo siguiente:
La acción de cumplimiento está encaminada a la ejecución de deberes que emanan
de un mandato, contenido en la ley o en un acto administrativo, imperativo, inobjetable
y expreso. Así como el objeto de la acción de cumplimiento no es el reconocimiento
de derechos particulares en disputa, tampoco lo es el cumplimiento general de las
leyes y actos administrativos. Dicha acción no consagra un derecho a la ejecución
general e indiscriminada de todas las normas de rango inferior a la Constitución ni un
derecho abstracto al cumplimiento de todo el ordenamiento jurídico. Su objeto fue
especificado por el propio constituyente: asegurar el “cumplimiento de un deber
omitido” contenido en “una ley o acto administrativo” que la autoridad competente se
niega a ejecutar.16
Claramente la disputa que plantea el actor trasciende más allá de la aplicación
objetiva de las disposiciones alegadas como incumplidas, sino que existe un interés
particular y totalmente subjetivo, el cual no redunda en provecho de la sociedad en
general y tampoco busca que se materialicen los principios y fines del Estado
colombiano.
En ese sentido, son la sociedad Lilly Interamerica Inc., y el Invima, los únicos que
cuentan con interés para determinar si se cumplen o no los requisitos legales para
acceder a lo pedido por la demandante, en torno a las 6 solicitudes de ampliación
de indicación terapéutica para control de peso crónico del medicamento
denominado MOUNJARO® (tirzepatida).
En suma, resulta evidente que la acción de cumplimiento del asunto es
improcedente, pues la finalidad perseguida por el actor no es el cumplimiento del
ordenamiento jurídico, sino obtener un pronunciamiento de fondo por parte de la
administración respecto a su situación particular y concreta, por lo que se revocará
la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
15 Ver sentencia C-157 de 1998.
16 Ver sentencia C-1194 de 2001
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Demandante: Eli Lilly Interamerica Inc.
Demandado: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
Radicado: 25000-23-41-000-2026-00770-01
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de julio de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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