Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2012-00216-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2012-00216-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2012-00216-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
26 de enero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
S AL A DE LO CONTENCIOSO AD MINISTR ATIVO
SECCIÓN SEGUND A – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: G ABRIEL V ALBUE N A HE RN ÁNDEZ
Bogotá D. C., veintiséis (26 ) de enero de dos mil veinti tré s (2023).
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 25000 23 42 000 2012 00216 01 (2081-2015)
Demandante: Nohra Laverde Casas
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social
Tema: Reconocimiento pensión gracia. Causales de m ala
conducta . Ley 1437 de 2011
SENTENCI A DE SEGUND A I NST AN CI A
AS UNTO
Conoce la Sala de la Subsección A, Sección Segunda del Consejo
de Estado , el recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandada contra la sentencia del 13 de febrero de 2014 , prof erida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que accedió a las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECE DENTES
1. L A DEM AND A 1
La señora Nohra Laverde Casas en ejercicio del medio de control
de nulidad y resta blecimiento del derecho previsto en el artículo
138 de la Ley 1437 de 2011 2, f ormuló en síntesis las siguientes:
1.1. Pretensiones
Declarar la nulidad de las resoluciones (i) 4166 del 9 de noviembre
de 2005, que revocó la Resolución 14702 del 8 de agosto de 2000 ,
1 Folios 38 a 56.
2 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
en adelante CPACA
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Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Nohra Laverde Casas
mediante la cual le había sido reconocida la pensión gracia ef ectiva
a partir del 23 de mayo de 1999 ; (ii) UG M 010452 del 27 de
septiembre de 2 011 , a través de la cual la Caja Nacional de
Previsión Social –CAJANAL EICE – negó el reconocimiento y pago
de la pensión gracia de la accionante .
A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la
entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensió n gracia a
partir de la f echa de adquisición del e status de pensionada, previa
deducción de las sumas que por ese concepto se hubieren pagado
y, (ii) reconocer y pagar la primera mesada pensional y las que se
causen posteriormente debidamente indexadas.
1.2. Fundamentos fácticos
La señora Nohra Laverde Casas e xpu so que:
a) Nació el 23 de mayo de 1949 .
b) Prestó sus servicio s como docente of icial por más de 20 años.
c) No ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o
recompensa del orden nacional que sea incompatible con la
pensión gracia.
d) Ha estado af iliada al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio –FOMAG–.
e) Se ha desempeñado como docente con honradez,
consagración y n o ha sido sancio nada por causal de mala
conducta.
f) El 15 de diciembre de 1999 solicitó el reconocimiento y pago
de la pensión gracia .
g) En respuesta a la anterior solicitud , la entidad demandada
expidió la Resolución 014702 del 8 de agosto de 2000 , por medio
de la cual le f ue reconocida la pensión gracia en cuantía de
$914.796 . 57, efectiva a partir del 23 de mayo de 1999.
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h) Por medio de la Resolución 4166 del 9 de noviembre d e
2005, la entidad demandada revocó la decisión anterio r invocando
la causal 1 del artículo 69 del CCA, toda vez que la of icina de
control interno disciplinario inf ormó que , mediante la Resolución
6863 del 16 de octubre de 2003 había revocado parcialmente las
resoluciones mediante las cuales se otorgaron ascensos a la
accionante por haber aportado documentación no ajustada a la
realidad a ef ectos de obtener promoción dentro del escalaf ón
nacional docente.
i) Mediante escrito radicado ante la demandada el 28 de octubre
de 2010, la demandante solicitó nuevamente el reconocimiento y
pago de la pensión gracia.
j) La solicitud f ue resuelta mediante la Resolución UGM 010452
del 27 de septiembre de 2011 , a tra vés de l a cual, CAJA NAL negó
la prestación reclamada al considerar que , si bien la investigación
disciplina ria inicia da en su contra f ue archivada por prescripción
de la acción, la entidad no se pronunció en el sentido de
determinar si la conducta que conf iguró la f alta disciplinaria se
produjo o no.
En ese orden, consideró que la peticionaria no había cumplido con
el requisito de buena conducta incurriendo en mala conducta de
conformidad con lo prescrito en el literal h, artículo 44 y literal h,
artícu lo 46 del Decreto 2277 de 1979.
1.3. Normas violadas y concepto de vi olación
La accionante invocó como disposiciones vulneradas las sigu ientes:
preámbulo y los art ículos 1, 2, 13, 25, 2 8, 29, 48, 53, 83, 209, 228,
248 y 230 de la Constitución Política y el Acto Legislativo 01 de
2005. Leyes 114 de 193 , 116 de 1928, 37 de 1933, 91 de 1989; 279
de la Ley 100 de 1993; artículos 6 de la Ley 60 de 1993; 4 de la Ley
490 de 1998 y Ley 734 de 2002. Así mismo los decretos leyes
contenidos en los artícu los 3 y 73 del CCA; 21 del CST; 10 y 36 de
la Ley 2277 de 1979; Decreto Nacional 081 de 1976 y el artículo 8
del Decreto 251 de 1981, modif icado por el art ículo 2 del Decreto
897 de 1981.
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Al desarrolla r el c oncepto de vi olación , exp resó que la entidad
demandada viola por omisión su derecho a percibir la pensión
gracia pues, insist e en negar el recon ocimiento de la pre stación por
mala conducta , calif icando de esa manera la modif icación de los
ascensos efectuada por parte de la Secretaría de Educación de
Bogotá, mediante la Resolución 6863 del 16 de octubre de 2003.
Indicó que la entid ad no tuvo en cuenta que , si bien f ue objeto de
una investigación disciplina ria, la misma f ue archivada median te la
Resolución 2990 de 25 de enero de 2005 expedida por la Of icina de
Control Interno Disciplinario de la Secretaría de Educación de
Bogotá.
De igual f orma, la Unidad de Delitos contra el Orden Económico,
Fiscalía 69 Delegada, el 25 de febrero de 2005 , resolvió precluir la
invest igación adelantada en su contra .
Agre gó que continú a escalaf onada en el grado 14, al cual solamente
se puede acceder si se tiene buena conducta.
Por lo anterior, la entidad accionada ha vio lado su derecho al
debido proceso, p ues a pesar de que las investigaciones
disciplina ria y pe nal fueron archivada s y precluida s, CAJANAL
procedió de mala fe y asumió de manera arbitraria la co mpetencia
disciplina ria de declarar que los hechos objeto de investigación
constituían mala conducta , optando por re vocar su pensión gracia
y nega r cualquier posibilidad de acceso a esta prestación .
EL Tribunal de Cundinamarca admitió la demanda y ordenó notif icar
a CAJANAL , a la Fiduciaria la Pre visora S.A. 3 y al PAP BUEN
FUTURO o quien h aga sus veces .
2. CONTEST ACIÓN DE L A DE M AND A
2.1. La Unidad Admini strati va Especial de Gestión Pensional y
3 Folio 377
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Contri buciones Parafiscales de la Protección Social 4, se opuso
a las pretensiones de la demanda 5.
Indicó que de acuerdo con el expediente administrativo, la
demandante f ue objeto de una investigación penal en razón a que
incurrió en una cau sal de mala conducta, por lo que, no cuenta con
los requisitos e xigidos por la ley para ser benef iciaria de la pensión
gracia.
Propuso las siguientes excepciones: (i) ausencia de vicios en el
acto administrativo demandado (ii) cobro de lo no debido ; (iii)
imposibilidad de condena en costas y (iv) genérica.
2.2. La Fiduciaria La Pre visora S. A. señ aló que al momento de la
notif icación de la demanda no se encuentra vigente ni aplicable el
argumento que tuvo el tribunal para vincular la al presente proceso ,
teniendo en cuenta que el contrato entre CAJANAL y ella estuvo
vigente hasta el 11 de junio de 2011.
Propuso las siguientes excepciones: (i) f alta de legit imación en la
causa e (ii) incapacidad de la parte d emandada, ya que nadie está
obligado a lo imposible.
3. AUDIENCI A INI CI AL 6
El 11 de diciembre de 2013 se llevó a cabo la audiencia inicial por
parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, oportunidad en
la que se (i) determinó que no e xiste ninguna irre gu laridad que
genere nulidad; (ii) declaró próspera la excepción de f alta de
legit imación en la causa por pasiva p ropuesta por la Fiduprevisora
S.A, por lo que ordenó su desvinculación; (iii) pospuso el estudio
de las excepcione s propuestas por CAJANAL para el momento de
dictar sentencia p o r tener relación directa con el f ondo del asunto
y (iv) delimitó el problema jurídico en los siguientes términos:
4
En adelante UGPP.
5 Folios 411 a 414.
6 Folios 467 a 472.CD folio 466.
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«( i) ¿Cuáles son las dispos icion es q ue gobier nan e l r econoci m ient o
de la denom inada p ensión g r acia, q uiénes son sus dest inat ar ios y,
en concr et o, cuáles son los r eq uisit os q ue deben r eunir se par a
acceder a est a pr est ación? ( ii) De conf or m idad con los r equis it os
f ij ados par a obt ener el r econocim i ent o de la pens ión g r aci a, en el
caso concr et o ¿es j ur ídicam ent e vá lido neg ar le la pr est aci ón a la
dem andant e in voca ndo el incum p lim ie nt o del r eq uisit o de buena
conduct a, por cuant o se le a dela nt ar on i nvest ig acio nes, aun cuando
no f ue sancionada discipl inar i a ni penalm ent e? ( iii) D e ser
pr ocedent e el r econ oc im ient o de l a pens ión g r acia a la dem a ndant e
¿en q ué f echa cumplió con los r eq uisi t os de edad y t iempo de
ser vic io? »
4. L A SENTENCI A DE PRIMER A INS T ANCI A 7
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca , en sentencia del 13 de
f ebrero de 2014 , declaró la nulidad de la Resoluci ón UGM 010452
del 27 de septiembre de 2011 que revocó la Resolución 14702 del
8 de agosto de 2000 , por medio de la cual le había reconocido la
pensión gracia a la demandante y la 4166 del 9 de noviembre de
2005, que negó el acceso a esa prestación .
Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, ordenó a la UGPP (i) reconocer y
pagar la pensión gracia a partir del 23 de mayo de 1999, f echa en
que la accionante cumplió los re qu isitos de edad y tiempo de
servicio, teniendo en cuenta los f actores salariales deve ngados en
el año anterior a la consolidación del estatus jur ídico; (ii) pagar las
mesadas causadas a partir del 28 de octubre de 2007, debido a que
el derecho al pago de las causadas con anterioridad se extingu ió
por prescripción trienal y (iii) indexar las sumas que resulten,
aplicando la fórmula establecida por e l Consejo de Estado.
Como fundamentos de su decisión expuso los siguientes
argumentos:
Con base en la sentencia del 8 de abril de 2010 8, consideró el a quo
que, tratándose de un caso similar, tampoco se encontraba
conf igurada la causal de mala conducta y , en ese orde n, CAJANAL
7 Folios 488 a 501.
8 Radicado interno 1260-09. C.P Bertha Lucía Ramírez de Páez.
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no debió revoca r la resolución que , de manera inicial , reconoció la
pensión gracia.
Por lo anterior y d ado que la demandada reconoce que la señora
Nohra Laverde Casas cumplió con los restantes requisito s, en
cuanto a tiempo de servicios y edad , conf orme a lo establecido en
la Resolución 14702 del 8 de agosto de 2000 , ordenó reconocer y
pagar la prestació n deprecada .
5. EL RECURSO DE AP EL ACIÓN 9
La entidad demanda da solicitó re vocar la decisión y, en su lugar,
negar las pretensiones de la demanda , por considerar que no
acreditaron la totalidad de los requisit os para acceder a la pensión
gracia.
Al respecto indicó que , si bien las acciones penales y disciplinarias
«no obtuvieron f rutos en parte por la prescripción de las acciones»,
ello no impide establecer que sí se presentó documentación f alsa y
que «realmente se dio una mala conducta».
Señaló que la norma ref iere a que el hecho constitutivo de mala
conducta sea «debidamente comprobado», lo cual sí se conf iguró
en el presente caso y, por ello , se expid ió la Resolución 6863 del
16 de octubre de 2003 mediante la cual se re vocaron algunas
resoluciones de ascenso de la dem andante. En ese orden, la mala
conducta no se encuentra vincu lada a que se desprendan sanciones
penales o disciplinarias y, por el contrario, se constata que sí se
presentaron consecuencias administrativas al haber negado a la
hoy accionante la obtención de su promoción como docente.
6. ALEG ATOS DE SE GUND A I NST ANCI A
6.1 La parte demanda nte no se pronunció.
6.2 La entidad demanda da 10 reiteró idénticos argumentos a los
expuestos en el recurso de apelación.
9 Folios 502 a 505.
10 Folios 558 a 561.
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El Ministe rio Público solicitó conf irmar la sentencia apelada , por
considerar que n o le asiste justif icación jurídica a la entidad
demandada para negar el reconocimi ento y pago de la pensión
gracia, toda vez qu e las investigacion es penal y disciplin aria f ueron
archivadas por las autoridades competentes , de manera que se
hace necesario reconocer el derecho que se reclama.
La Agencia Nacional de Def ensa Jurídica del Estado guard ó silencio
según el inf orme secretarial de l 16 de f ebrero de 2018 y así se
constata en el aplicativo SAM AI.
II. CONSIDER ACI ONES
2.1. Competencia
De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y d e lo Contencioso Administrativo 11, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto.
Asimismo, conf orme a lo dispuesto en el artícu lo 328 12 del Código
General del Proceso, la competencia del juez de se gunda instancia
está circunscrita a los argumentos expuestos por l a apelante.
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá
11
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…]»
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda
12
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
c a s o s p r e v i s t o s p o r l a l e y.
S i n e m b a r g o , c u a n d o a m b a s p a r t e s h a ya n a p e l a d o t o d a l a s e n t e n c i a o l a q u e
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo
que, en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audi encia.»
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2.2. Problema jurí dico
De conf ormidad con el recurso de apelación interpuesto por la
entidad demanda da, le corresponde a la Sala determinar :
➢ ¿si la doce nt e Nohr a Laver de Casas in cur r ió en causal de m ala
conduct a por el hec ho de q ue se hub ie r e adela nt ado en su cont r a
pr ocesos discip lin ar io y pena l q ue a la post r e f uer on declarados
pr ecluid os y ar chi va dos ?
Para resolve r el asunto, se desarrolla rá el siguiente orden
metodológico: (i) la pensión gracia - mala conducta como causal
para la pérdida del derecho y (ii) el a nálisis del caso co ncreto.
2.3. Marco normati vo y jurisprudencial
2.3.1 La pensión gracia
La pensión gracia f ue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley
114 de 1913, en favor de los maestros de las escuelas primarias
of iciales que ha yan servido en el magisterio por un t érmino no
menor de 20 años.
En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la
pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran
a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo
sigu iente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez,
consagración y bu ena conducta; ii) no haber recibido o recibir ot ra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años
de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el
docente se haya vinculado al servicio of icial con anterio ridad al 1
de enero de 1981.
Posteriormente, el artículo 6 de la Le y 116 de 1928 extendió el
benef icio de la pensión gracia a los empleados y prof esores de las
escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública.
De manera que autorizó la s uma de los servicios prestados en
dive rsas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
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normalista y la inspección con el f in de completar el tiempo
requerido para acceder a la pensión.
Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el benef icio gra tuit o de la
pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que
hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en
establecimientos de enseñanza secundaria.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1, distinguió
entre lo s conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«ART Í CULO 1. Para los ef ect os de la pr esent e Ley, los siguient es
t ér m inos t endr án el alcance ind icado a cont inuaci ón de cada uno de
ellos:
Per sonal naci onal . Son los docent es vi n culados por nombra mi ent o
del G obi erno Naci onal .
Per sonal naci onal i zado. Son los docent es vincu lad os por
nombrami ent o de ent i dad t erri t ori al ant es del 1 de ener o d e 1976
y los vincu lados a par t ir de est a f echa, de conf orm idad con lo
dispuest o por la Le y 43 de 1975.
Per sonal t erri t orial . Son los docent es vi ncula dos por
nombrami ent o de ent i dad t errit ori al , a par t ir del 1 de ener o de
1976, sin e l cum pl im ient o de l r eq uisit o e st ablecido en e l ar t ículo 10
de la Le y 43 de 197 5. » [ Neg r illas f uer a de t ext o] .
El numeral 2 del artículo 15 de dicha ley limitó el reconocimiento
de la pensión gracia para los docentes al establecer lo siguiente:
«[ …] A. Los docent es vincul ados hast a e l 31 de di ci embre de 1980
q ue por m andat o de las Le yes 1 14 de 1 913, 116 de 19 28, 37 de
1933 y dem ás nor m as q ue las hubier an desar r ollad o o m odif icado ,
t uvies en o lleg ar en a t ener der echo a la pensión d e g r acia, se les
r econocer á siem pr e y cuando cum plan con la t ot alidad de los
r eq uisit os . Est a pensión seg uir á r econoci éndos e por la Caj a
Nacion al de pr e vis i ón Socia l conf or m e al Decr et o 081 de 1976 y
ser á com pat ible con la pensi ón or din ar i a de j ubilac ión, aún en el
event o de est ar ést a a carg o t ot al o par cial de la nac ión. [ …] »
En ese sentido, respecto de los condicionan tes para acceder a la
pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran
a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo
sigu iente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez,
consagración y bu ena conducta; ii) no haber recibido o recibir ot ra
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pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años
de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el
docente se haya vinculado al servicio of icial con anterioridad al 1.°
de enero de 1981.
De las dif erentes normas enunciadas , esta corporación ha advertido
que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que
cumpla con los requisitos citados, sino que en virt ud de sus
condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacio nalizado, es decir, exclu yendo a los docentes
nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena
del Consejo de Estado en sentencia S -699 del 26 de agosto de
1997 13 señaló:
«[ …] dent ro del grupo de benef i ci ari os de l a pensi ón grac i a no
quedan i ncl ui dos los docent es naci onal es sino, exclus i va m ent e,
los naciona li zados q ue, com o dice la Ley 91 de 1989, adem ás de
haber est ado vi ncula dos hast a el 31 de di ciem br e de 1980 “ t uviesen
o lleg ar en a t ener d er echo a la pe nsión de g r acia ( …) siempr e y
cuando cum plan con la t ot alidad de r eq uisit os” . [ …] . »
Ahora bien, con el f in de determinar el carácter o naturale za del
docente (nacional, nacionalizado o territo rial), la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de
unificación CE -S UJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 14 previó las
sigu ientes pautas jurisprudenciales:
«i) Los r ecur sos del si t uado f i scal q ue ot r or a t r ansf er ía o ced ía la
Nación a las ent id ad es t er r it or iales, en vi g encia de la Car t a de 1886
y hast a cuando pe rm anecier on en vig or en la Const it ución de 1991,
no obst ant e su or ig en o f uent e nacional, una ve z se incor por aban a
los pr esupuest os lo cales pasa ban a ser de pr opie dad e xc lu si va de
los r ef er idos ent es en calidad de r ent as exógenas .
ii) Los ent es t er r it or iales son los t it ular e s dir ect os o pr opiet ar ios de
los r ecur sos q ue les g ir a la Nación, pr ovenient es del s i st ema
general de part i ci paci ones , por asig nación dir ect a del ar t íc ulo 356
de la Car t a Pol ít ica de 1991.
13C o n s e j o de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
núm. S-699 de 26 de agosto de 1997, actor: W ilberto Therán Mogollón.
14 P r o c e s o i d e n t i f i c a d o c o n r a d i c a c i ó n 2 5 0 0 0 - 2 3 - 4 2 - 0 0 0 - 2 0 1 3 - 0 4 6 8 3 - 0 1
( 3 8 0 5 - 2 0 1 4 ) , d e G l a d ys A m a n d a H e r n á n d e z T r i a n a c o n t r a l a U G P P .
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Demandante: Nohra Laverde Casas
ii i) La f inanciación de los g ast os que g ener aban los f ondos
educat i vo s regi onal es no solo depend ía de los r ecur sos q ue g ir aba
la Nació n a las ent idades t er r it or iales por concept o del si t uado
f i scal , sino q ue t ambién cor r espond ía a los ent es loca les d est inar
par t e de su pr esupuest o par a at e nder al sost enim ient o de los
r ef er idos f ondos educat ivos ( ar t ícu los 29 del Decr et o 3157 de 1968;
y 60, incis o 2. º , de la Ley 24 de 1988) .
i v) As í com o los f on dos educat i vos regi onal es at end ían los g ast os
q ue g ener aban los ser vic ios ed ucat i vos de los d oc ent es nac i onales
y naci onal i zados 1 2 , r esult a f act ible coleg ir de m aner a r azonad a q ue
lo pr opio acont ec ía con alg unas de l as er og aciones sal ar iales
or ig inadas por el ser vicio q ue prest aban los educador es
t er r it or iales, ya q ue los r ecur sos dest inados par a t al f in pr oven ían
t ant o de la Nación —si t uado f i scal — com o de las ent idades
t er r it or iales, y adem ás, en uno y ot r o caso, el univer so de esos
r ecur sos le per t enecía de f or m a exclus i va a los ent es locales dado
q ue ingr esaban a sus pr esupuest os en cali dad de
r ent as exógenas y e ndógenas .
v) Por t ant o, no es dable inf er ir q ue los docent es t er r it or iales y/ o
naciona li zados se convier t en en educad or es naciona les ( i) cuando
en el act o de su vin culaci ón int er vi ene, adem ás del r epr ese nt ant e
leg al de la ent idad t er r it or ial, el deleg ad o per m anent e del Mi nist er io
de Educación Nacion al com o m iem br o de la junt a
admi ni st radora del r espect ivo f ondo e d ucat i vo regi onal , as í, est e
últ im o, cer t if iq ue la vacanc ia d el car g o j unt o con la d ispon i bil idad
pr esupuest al 1 3 ; y ( ii) por el arg um ent o de q ue los r ecur sos
dest inados par a su sost enim ient o t iene n su or ig en o f uente en la
Nación.
vi) Prueba de cal i d ad de docent e t erri t ori al . Se r eq uier e copia de
los act os adm inist r at ivos d onde const e el víncu lo, en l os q ue
adem ás se pueda es t ablecer con suf icient e clar idad q ue la plaza a
ocupar sea de aquell as q ue el leg islador ha pr evist o com o
t er r it or iales, o en su def ect o, t am bién se puede acr edit ar con la
r espect iva cer t if icac ión de la aut or i dad nom inador a q ue dé cuent a
de m aner a ineq u ívo ca q ue el t ipo de vi nculac ión a l c ual se
encuent r a som et ido el docent e of icial es de car áct er t er r it or ial.
vii) O ri gen de l os recursos de l a ent i dad nomi nadora . Lo
esencia lm ent e r ele vant e, f r ent e al r econocim ient o de la p ensió n
g r acia, es la acr editación de la plaza a ocupar , est o es, q ue sea de
car áct er t err it or ial o naciona li zad a, pues conf orm e a los
line am ient os f ij ados por la Sal a en est a pr ovidenc ia, en l o q ue
r espect a a los educador es t er r it or iales, el pag o de sus acr eencias
pr oven ía d ir ect am ent e de las r ent as endógenas de la r es pect iva
local idad, o d e la s exógenas —si t u ado f i scal — cuando se
suf r ag aban los g ast os a t r avés de los f ondos edu cat i vo s
regi onal es ; y en lo q ue t iene q ue ver con los educa dor es
naciona li zados, las er og aciones q ue est os g ener aban se enm ar can
en los r ecur sos d el si t uado f i scal , hoy si st ema gen eral de
part i ci p aci ones . » (Resaltado del text o original)
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Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ -030-CE-S2-
2022 del 11 de agosto de 2022 15 la Sección Segunda, incorporó
adicionalmente como regla jurisp rudencial sobre la interpretación
que debe darse al artícu l o 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de
1989, para ef ectos del reconocimiento de la pensión gracia, que
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después
del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una
vinculación territorial o nacionaliza da con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente
establecidos para su reconocimiento».
Las anteriores providencias de unif icación jurisprudencial
def inieron que las mismas tendrían ef ectos retrospec tivos, ra zón
por la cual son de obligatoria aplicación para a quellos casos
pendientes de resolución tanto en sede administrativa como
judicial.
Así las cosas y según las preceptivas antes expuestas, queda claro
que para acceder al reconocimiento de la pen sión gracia se debe
acreditar que él o la docente laboró 20 años en establecimientos
of iciales, departamentales o municipales, en primaria o en
secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o
en calidad de docente nacionalizado, con algu na posibilidad de
adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se
demuestre que se ostentó dicha vinculación con ante rioridad al
31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás
requisitos e xigidos por la Ley 114 de 1913.
2.3.1.1 Mala conducta como causal para la pérdida del derecho
de la pensión gracia.
Como se señaló en precedencia, la Ley 114 de 1913, en su artículo
4.° consagró, como uno de los requisit os para ser benef iciario de la
pensión gracia, el desempeño de las labores en el área de la
docencia con buena conducta, concepto analizado por la Co rte
15 P r o c e s o
identificado con radicación 15001 -23-33-000-2016-00278-01 (3018-
2017), de Hirma Nubia Jiménez Lozano contra la UGPP.
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Constitucional 16, que sobre su alcance y aplicación ha sido clara al
establecer, que cuando una actuación es objeto de censura y
utilizada como f undamento para limitar los derechos, la calif icación
de la misma no puede dejarse al arb itrio o apreciación del ju zgador,
sino atender a valoraciones objetivas.
En vista de lo anterior, es necesario hacer ref erencia a los deberes
y p rohibiciones de los docentes contemplados en el a rtículo 44 del
Decreto 2277 de 1979, toda vez que el desconocimiento de aquellos
podría considerarse como una manifestación de mala conducta:
«Ar t íc ulo 44º . - Deber es de los docent es. Son deber es de los
docent es vincul ados al ser vic io of icial,
a. Cum plir la const it uc i ón y las l e yes de Co lom bia;
b. I nculcar en los educandos el am or a los valor es hist ór i cos y
cult ur ales de la Nac i ón y el r espet o a los sím bo los pat r ios;
c. Desem peñar con sol icit ud y ef iciencia la s f unciones de su car g o;
d. Cum plir las ór denes inher ent es a sus ca r g os q ue les im par t an sus
super ior es j er ár q uicos;
e. Dar un t r at o cor t és a sus com pañer os y a s us subor d ina dos y
com par t ir sus t ar eas con espír it u de solidar id ad y uni dad de
pr opósit os;
f . Cum plir la j or nada labor al y ded icar la t ot alidad d el t iem po
r eg lam ent ar io a las f unciones pr op ias de su carg o;
g . Velar por la conser vación de docum ent os, út iles, eq uipos, muebles
y bie nes q ue le sean conf iados;
h. O bser var una condu ct a pública acor de c on el decor o y la d i g nidad
del car g o;
i. Las dem ás q ue par a el p er sona l doce n t e, det er m inen las l eyes y
los r eg lam ent os ej ecut ivos. »
Respecto de lo que se considera mala conducta el mencionado
decreto, en su artículo 46, determinó:
Ar t ícu lo 46. CAU S ALES DE MALA CO NDUCT A. Los sig uient es
hechos debi dam ent e com pr obados const it uyen caus ales d e m ala
conduct a:
a) La asist encia habit ual al sit io de t r abajo en est ado de em briag uez o
la t oxicom an ía;
b) El hom osexua l is m o o la pr áct ica de aber r aciones se xua l es;
c) La m alver sación de f ondos y bienes escolar es o cooper a t ivas;
d) El t r áf ico con calif icaciones, cer t if icados de est udio, de tr abaj o o
docum ent os público s;
16 S e n t e n c i a C-371/02.
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e) La aplicac ión de cast ig os denig r ant es o f ísicos a l os edu candos;
f ) El incum plim ie nt o sist em á t ico de los d eber es y la vio lació n r eit er ada
de las pr ohib icion es ;
g ) El ser condenado por delit o o delit os dolosos;
h) El uso de docum ent os o inf or m aciones f alsas par a inscr ipción o
ascenso en e l esca l af ón, o par a obt ener nom br am ient os, t r aslados,
licen c ias o com isio n es ;
i) El abandon o del c ar g o;
j ) La ut ilizac ión de l a cát edr a par a hacer pr oselit ism o pol ít ic o. »
Ahora bien, no cualquier actuación reprochable realizada por un
docente puede originar la pérdida de su derecho a percibir la
pensión gracia. Al respecto, el Consejo de Estado 17 ha considerado
dos circunstancias específ icas pasibles de la consecuencia descrita:
i) el comportamiento censurable f ue realizado rep etitivamente
durante toda la vigencia de su relación laboral, y ii) cua ndo a pes ar
de ser realizado una sola ve z, re vist e tal gra vedad que la conducta
implica peligro para la comunidad educativa o el ejercicio de la
docencia.
En otras palabras, la mala conducta que hace nugatorio el acceso a
la pensión gracia, debe observarse en el transcurso del ejercicio
prof esional del docente , por lo cual, en principio, los hechos
aislados no constituyen f undamento para decretar tal sanción, salvo
que los mismos se an tan gra ves que justif iquen la imposición de la
misma. Al respecto, se han trazad o los sigu ientes lineamientos 18:
«[ . . .] I ndudablem ent e la l e y e xig e com o pr esupuest o par a g ozar de
est a pr est ación la pr ueba de q ue la i nt er esada ha ya obs er vado
buena cond uct a; sin em bar g o, t al expr esión no puede e nt ender se
r ef er ida a una sit uac ión det er m i nada si no q ue sus alcances abar can
el com por t am ient o que dur ant e t odo el t iem po de docent e obser vó
pues la p ensió n g racia f ue concebida com o un est ím ulo a lo s
educador es, ent r e ot r as r azones, p or su dedicac ión y bue n
com por t am ient o.
La m ala conduct a a q ue se r ef ier e la norm a hace r elación a a q uella
q ue r evist e cier t a pe r m anencia a lo lar g o de la car r er a docen t e, de
t al m aner a q ue se pueda conc lu ir q ue su com por t am ient o f ue
inadecua do per sist ent em ent e. La f alt a com et ida no f ue de t al
m ag nit ud par a ocasionar la pér dida de la pr est ación r eclam ada,
17Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de
septiembre de 2011, radicado 76001 -23-31-000-2007-00034-01 (2442-11).
18 C o n s e j o d e E s t a d o , S a l a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o , S e c c i ó n S e g u n d a ,
Subsección B, sentencia de 7 de septiembre de 2006, radicado 25000-23-25-
000-2002-13151-01(4896-04).
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puest o q ue la par t icipación en e l par o f ue una sit uació n r elac ionad a
con conduct as lab or ales y no con as pect os censur ables r esp ect o a
su conduct a per sonal o en el ej er cicio de sus f uncione s
pr of esionales.
Ahor a bien, si la f alt a es g r ave y se com et e una sola ve z est a no
r eq uier e per m anencia; en ot r as palabr as el t r anscur so del tiem po
t am poco es esencia l por q ue la f alt a pudo haber se com et ido m ucho
t iem po at r ás. Un solo hecho aislado s in l a g r aved ad q ue r evis t e ot r o
t ipo de f alt as no puede ser vir com o par ám et r o de evaluació n y por
ende esg r im ido como arg um ent o par a neg ar el der echo pensional. »
En otra oportunidad, indicó:
«[ …] En ef ect o, en reit er ados pr onuncia m ient os la Sala ha señalado
q ue la pér dida de la pensión g r acia de j ubil ación a casua l d e una
m ala conduct a, se conf ig ur a c uando exi st e cer t eza con r espect o a
q ue dur ant e su vinc ulaci ón el doce nt e asum ió un com por t am ient o
r ecr im inable en el ej er cicio de sus f uncio nes y q ue el m ism o ha si do
sist em át ico o de t al g r avedad, q ue am er it e la sanción o pér di da de
la pens ión. En ese or den de ide as, una sanción no puede g ener ar
la pér dida de l der ec ho pension al por s í m ism a, pues es necesar io
eva luar si a t r avés de la pr est ación de sus ser vicios com o educador
la conduct a neg at iva f ue r eit er ada o si t uvo inc idenc ia en e l m edio
escolar . Un solo hec ho, sin m ayor es r ep er cusiones, no pued e ser la
m edida par a desca li f icar de plano el ser vicio q ue t uvo q ue p r est ar
el docent e, dur ant e un t iem po no inf er ior a veint e añ os, par a poder
acceder a la pensió n g r acia. [ …] . » 19
Así las cosas, en cada caso se deberá analizar la naturaleza de la
conducta atribuida al docente, la f recuencia con que esta se realizó
y la incidencia o grado de af ección de la comunidad educat iva, lo
anterior, a f in de evita r que un hecho aislado o sin repercusión
alguna constituya una causal de impedimento para el
reconocimiento de un derecho pensional.
En este orden de ideas, resulta imperioso determinar si se encuentra
probada la causal de mala conducta invocada po r la parte
demandada a ef ectos de establecer si procede la n egativa del
benef icio prestacional.
2.4. Caso concreto
2.4.1. Hechos demostrados
19Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de
junio de 2013, radicado 73001-23-31-000-2010-00361-01 (1395-12).
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En el presente caso se encuentra acreditado lo siguiente:
a) Mediante la Resolución 014702 del 8 de agosto de 2000 20, a
la demandante le fue reconocida la pensión gracia en cuantía de
$914.796 .57, efectiva a partir del 23 de mayo de 1999.
b) Por medio de la Resolución 4166 del 9 de noviembre de
2005 21, CAJANAL revocó el anterior acto administrativo , aduciendo
que la benef iciaria incurrió en causal de mala conducta establecida
en el literal h) del artícu lo 46 del Decreto 2277 de 1979. Como
sustento de la decisión expuso que:
• El 17 de m ar zo de 2 004 r ecibió com un ic ación del j ef e de la Of icina
Asesor a Cont r ol I nt er no Discipl inar i o de la Secr et ar ía de Educación
de Bog ot á, indicand o q ue m ediant e la Resoluc ión 6863 de l 16 de
oct ubr e de 2003 se r evocar on par c ialm e nt e las r esoluc iones 03476
del 26 de m ayo de 1977, 09444 del 3 de noviem br e de 1996 y 02677
del 25 de m ar zo de 1999 m ediant e las cuales se ot or g ar on unos
ascensos a la señor a Nohr a Laver de Ca sas. Se indicó q ue el act o
adm inist r at i vo se pr of ir ió por haber apor t ado docum ent ació n no
aj ust ada a la r ealid ad a ef ect os de obtener pr om oción den t r o del
Escalaf ón Naciona l Docent e.
c) Obra la Resolución 6863 del 16 de octubre de 2003 22 ref erida
anteriormente, por medio de la cual, el Subsecretario Administrativo
de la Secretaría de Educación de Bogotá, procedió a la revocatoria
de los actos relacionados ut supra con las siguientes
consideraciones :
o I ndicó q ue la Junt a Secciona l de Escalaf ón Naciona l hab ía r ecibid o
el 6 de noviem br e de 1996, la docum ent ación q ue acr edit aba los
r eq uisit os de ascenso de g r ado 10 a 12 alleg ando dos cer t if icados
de capacit ació n y en consecuencia pr oce dió a ascender la.
o Post er ior m ent e, el 16 de abr i l de 1 99 8, la accio nant e al l eg ó la
docum ent ación par a ascender del g r ado 12 al 14, y f ue ascendida.
o Subsig uient em ent e al ver if icar los cer t if icados de c apacit ac i ones,
encont r ó q ue los cor r espondient es al Cent r o Exper im ent al Pil ot o
de Cundin am ar ca no se aj ust aba a la r ealidad seg ún la inf or mación
sum inist r ada por la Dir ección de Ad m inist r ación de Pe r sonal
Docent e y Adm in is t r at ivo de la Secr et ar ía de Educac ió n de
20 F o l i o s 303 a 305.
21 F o l i o s 298 a 300.
22 F o l i o s 315 a 320.
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Cundi nam ar ca, q ue cer t if icó q ue no se encont r ó r elacionada la
accionant e.
o Lo ant er ior dio lug ar a una act uación adm inist r at i va q ue le f ue
not if icada a la señora Laver de Casas , q uien aut or izó la r evoc at or ia
par cial de las r esolu ciones rel aci onadas con crédi t os sobrant es .
d) A través de la Resolución 2990 del 25 de enero de 2005 23, el
Jef e de la Of icina Asesora Contro l Disciplinario Int erno de la
Secretaría de Edu cación de Bogotá, ordenó el archivo del proceso
disciplina rio adelantado en contra de la señora Nohra Laverde
Casas. Dentro de las consideraciones expuestas indicó que:
• Si bien se or denó la in vest ig ación d is cipl inar ia por la co nduct a
t ipif icada com o pr esunt o incr em ent o inj ust if icado «cont enido en el
num er al 4 de l ar t ícul o 25 de la Le y 20 0 d e 1995, ho y i nciso s eg undo,
num er al 3 del ar t íc ul o 48 de la Ley 734 d e 2002 [ …] »
Sin em bar g o, est a Of icina Asesor a de Cont r ol D iscip li nar io I nt er no
[ …] cam bia su posición concept ual en r elación con la ade cuación
de la conduct a q ue ven ía endi lg ando a los docent es, pues est im a,
q ue aunq ue la docent e haya apor t ado u n dat o inexact o q ue sir vi ó
de sopor t e a su asc enso o pr om oción e n el esca laf ón, es est e act o
adm inist r at i vo en q ue est á am par ado por el pr incip io de pr es unción
de leg ali dad y q ue, por consig uient e, la cont r apr est ación r ecibid a
f ue pr oduct o del ser vic io pr est ado sin q ue pueda calif icárselo de
ileg al, indeb ido o il ícit o, lo cual conduce a det er m inar q ue la nor m a
q ue cont em pla el incr em ent o pat r im onial inj ust if icado, en el
pr esent e caso, no concuer da con la c onduct a despleg ada por la
docent e.
[ …]
A est e t enor , concluye e l despac h o q ue si los act os adm in ist r at ivos
q ue or denaban los a scensos en e l esca l af ón al per sonal doc ent e no
han sido suspend i dos o dec lar ados nulos por la j ur is dicció n
Cont encioso Adm in i st r at iva, la Adm inist r ación no puede sost ener
q ue los salar ios pe r cibidos com o cum plim ie nt o de las f unciones
asig nadas en los ascensos sean ileg ales o i l ícit os y p or ell o
det er m inar q ue “ exist e un incr em ent o pat r im onial inj ust if icado” ,
pues en t odo caso la docent e est á pr estando el r espect ivo s er vic io
o f unción asig nada en el act o adm inist r at ivo q ue se presum e
leg al. [ …]
Par a est e Despacho, ent onces, es de f or zoso acat am ient o el
pr ecedent e exp uest o en la sent encia de la Cor t e Const it uci onal C-
130 de j unio 25 de 1997 [ …]
Con r elac ión a lo a nt er ior , el Despach o consider a q ue es pr eciso
hacer un vir aj e en t or no a la t eor ía q ue se ven ía e xpon iend o y q ue
23 F o l i o s 321 a 333.
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dio lug ar al pr esent e pr oceso in vest ig a t ivo, t oda ve z q ue exist en
ar g um ent os m ás sólidos y f uert es, com o los ya exp licad os, q ue
per m it en sost ener que esa conduct a r esult a inap licab le [ …] »
De ot r o lado, r espect o de la conduct a del dat o ine xact o , c on base
en la posición e xpu est a por la Pr ocur adur ía G ener al de la Nación
en el sent i do de con sider ar q ue la condu ct a del docent e q ue obt uvo
un ascenso en el e scalaf ón con pr esen t ación de d ocum ent os q ue
cont ienen dat os ine xact os, «produce ef ect os durant e el t i empo en
que el act o admi nist rat i vo de ascens o si ga ri gi endo, est o es,
hast a que se prod uzca l a re vocat ori a del act o o hast a que el
servi dor públ i co se ret i re del servi c i o, por generarse un
cont i nuo quebrant ami ent o del deber de act uar con ét i ca y
t ransparenci a y q u e sol o a part i r del ret i ro del f unci onario o de
l a f echa de re vocat ori a del act o admi ni st rat i vo, se come nzarí a
a cont ar el t érmi no de prescri pci ón. »
Sin em bar g o, en el aut o de aper t ur a se señaló q ue: «la acción
r elacion ada con la pr esent ación del docum ent o pr esunt am ent e
ine xact o, m ediant e r adicac ión No. 01001 39 del 6 de no viem br e de
1996, com o pr esunt a f alt a discipl inar ia se encuent r a pr escr i t a, t oda
ve z q ue el cer t if icado cuest ionado po r la Unidad de Es calaf ón
Docent e f ue r adicado hace m ás de cinco años, t ér m ino m áxi m o q ue
cont em pla la le y par a est e t ipo de f alt a de car áct er inst ant áneo.
A pesar de l o ant er i or , se debe aclar ar q ue el pr onunciam i e nt o del
Despac ho e n su m o m ent o, sobr e la “ pr escr ipción de la cond uct a de
pr esent ación de doc um ent o q ue cont ienen dat os ine xact os” pr oduce
ef ect os de cosa j uzg ada sobr e est a conduct a en concr et o, por ello
en ar as de g ar ant izar la seg ur idad j ur íd ica par a t odo e l des ar r oll o
pr ocesal, est a inst ancia se abst endr á de pr onunciar se al r esp ect o .»
e) Mediante providencia del 21 de f ebrero de 2005, la Fiscal 69
Seccional de la Unidad de Delitos contra el Orden Económico y
Social 24 resolvió precluir la in vestigación a f avor de la educadora
por los delitos de estaf a, f raude procesal y uso de documento
público falso, realizando para ello el análisis en torno al material
probatorio allegad o ; concluyó que los documentos objeto de
invest igación en las condiciones analizadas no se ajustaban a
derecho para prof erir resolución de acusación, pues «ni siquie ra en
la etapa de juicio se podría recaudar la prueba que, como se dijo,
nos lle ve a la certe za de la ocurrencia del hecho y menos aún de la
responsabilidad de la mencionada señora».
24 F o l i o s 334 a 345.
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k) El 28 de octubre de 2010, la demandante solicitó a la entidad
demandada el reconocimiento y pago de la pensión gracia, la cual
f ue negada de acuerdo con la Resolución UGM 010552 del 27 de
septiembre de 2011 25, a través de la cual, CAJANAL consideró que ,
si bien la in vestigación disciplinaria que f ue iniciada en su contra
f ue archivada por prescripción de la acción, no se pronunció en el
sentido de determinar si la cond ucta que conf iguró la f alta
disciplina ria se pro dujo o no. En ese orden, consideró que incurrió
en mala conducta de conf ormidad con lo prescrito en e l litera l h,
artícu lo 44 y literal h, artícu lo 46 del Decreto 2277 de 1979, al haber
aportado documentos que no se ajustan a la realidad con el f in de
obtener el ascenso en el escalafón nacional docente.
2. 4. 2. Anál i si s sust anci al
2.4.2.1. ¿La docente Nohra La verde Casas incurrió en causal de
mala conducta por el hecho de que se hubiere adelantado en su
contra procesos disciplinario y pe nal que a la postre fueron
declarados precluidos y archi va dos ?
Para la entidad demandada el hecho de que se hubiese adelantado
invest igaciones disciplinaria y penal en contra de la accionante ,
constituye la e xist encia de la causal de mala conducta y , en ese
orden, aquella no resulta benef iciaria de la pensión gracia.
Ahora bien, según se desprende de las consideraciones expuestas
en la Resolución UGM 010552 del 27 de septiembre de 2011, la
entidad indicó que obra Of icio del 5 de abril de 2011 , expedido por
la Secretaría d e Educación de Bogotá , en el que informa que ,
mediante la Resolución 2990 del 25 de enero de 2005 , se resolvió
archivar e l e xpediente por prescripción de la acción, p ero agregó
que en dicho documento «se abstiene de pronunciarse sobre si la
conducta que co nf igura la f alta disciplinaria se produjo o no.»
En razón a lo anterior, la demandada señaló que no era procedente
reconocer la pensión gracia, toda ve z que uno de los requisitos
exigidos para acceder a la prestación es la buena conducta, que
25 F o l i o s 20 a 22.
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para el caso no se cumple porque la docente aport ó documentos
que no se ajustan a la realidad con el f in de obtener el ascenso en
el Escalaf ón Nacional Docente, conducta que conllevó a la
revocatoria parcial de los correspondientes actos administrativos.
En efecto, de los documentos que reposan en el plenario se tiene
que la Secretaría de Educación d e Bogotá , mediante la Resolución
6863 del 16 de octubre de 2003 , revocó parcialmente las
Resoluciones 03476 del 26 de mayo de 1977, 09444 del 3 de
noviembre de 1996 y 02677 del 25 de marzo de 1999, por las cuales
se otorgaron unos ascensos a la señora Nohra Laverde Casas, ya
que la Junta Seccional de Escalaf ón Nacional al verif icar los
certif icados de capacitaciones allegadas para las promociones ,
encontró que los correspondientes al Centro E xperimental Piloto de
Cundinamarca eran incorrectos segú n la inf ormación suministrada
por la Dirección de Administración de Personal Docente y
Administrativo de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, que
certif icó que no se encontró relacion ada la demandante y e llo dio
lugar a una actuación administrativa que le f ue notificada a la
señora Laverde Casas, quien autorizó la revocatoria parcial de las
resoluciones en lo que tiene que ve r con los créditos sobrantes.
Así las cosas, de acuerdo con el o f icio 423 -S079062 del 22 de
agosto de 2005 26, se tiene que el Gerente Unidad Escalaf ón
Docente inf ormó a CAJANAL el contenido de la Resolución 6863 del
16 de octubre de 2003 , advirt iendo que dicho acto se prof irió por
cuanto la señora Laverde Casas había a portado documentación no
ajustada a la realidad , a efectos de obtener una promoción dentro
del Escalaf ón Nacional Docente, advirtiendo que «revocó solo de
f orma parcial en lo atinente a los créditos sobrantes […] la ref erida
docente continua escalafonada e n el grado catorce (14) del
Escalaf ón Nacional Docente.» (subraya del texto original)
Agre gó, además, que lo atinente a la inf ormación respecto de la
invest igación de carácter disciplinario, solo p uede ser
26 F o l i o s 291 292.
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proporcionada por parte de la Of icina Asesora de Control Interno
Disciplinario.
Lo anterior, en concordancia con los argumentos relacionados en
las decisiones que pusieron f in a las actuaciones penal y
disciplina ria , permiten establecer que las in vestigaciones
encaminadas a esclarecer y dar certeza respect o de las
certif icaciones alle gadas por la accionante para acceder al ascenso
en el escalaf ón f uero n resueltas de f orma favorable a la accionante
tal y como quedó detallado en el acápite anterior, no solo porque la
entidad disciplinaria encontró prescrit a la acción, sino porque, del
análisis realizado a nte la jurisdicción p enal, se lle gó a la conclusión
de que el material probatorio allegado no era suf iciente , pero que
además, no iba a lograrse ahondar en el mismo debido al desorden
endilgado a la entidad educativa a la que le correspondía corroborar
la inf ormación objeto de la investigación.
En ese orden, atendiendo a lo expuesto en el marco normativo,
resulta evidente que desde la perspectiva de lo dispuesto en el
artícu lo 46 ref erido a las causales de mala conducta, los hechos
deben encontrarse debidamente comprobados para que pueda
considerarse que son constitutivos de mala conducta , lo que no
ocurrió en el presente caso pues, como se ha dicho, la investigación
penal concluyó que no sería posible comprobar si los certif icados
allegados eran le gítimos o no debido a que el Centro E xperimental
Piloto presentó un sinnúmero de inconsistencias y e vidente
desorden administrativo que hicie ron imposible constatar lo ref erido
a cursos de capacitación pues , como se dijo en la actuación que
ordenó precluir la investigación penal:
«[ …] cualq uier pr ueba q ue de sus ar chi vos se ext r ai g a es
dele znab le, f ácilm ent e cuest ionable, com o lo señala con aci er t o su
abog ado [ de la Secr et ar ía de Educac ión ] , q uien t r aj o copia de una
dil ig encia de i nspe cción j udic ial a los ar chivos del m enc ionado
cent r o. »
De lo e xpuesto se puede colegir que , para que el h echo f uera
constitutivo de mala conducta se reque ría certe za, no solo de la
existencia de un h echo al margen del derecho penal, sino sobre la
responsabilidad del autor por lo que, evidentemente no existió
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prueba suf iciente ( dado que sólo se hallaron 25 carpetas con
resoluciones de capacitaciones de docentes desde 1986) para
señalar si realizó o no el curso .
Si bien es cierto se ha considerado que las conductas sancionadas
por la justicia penal predican una mala c onducta para considerar la
pérdida del derecho a la pensión gra cia en la medida en que los
delitos penales constituyen conductas reprochables para la
sociedad, lo que conlleva que se afecte también a la comunidad
educativa como se desprende del contenido d el artículo 46 del
Decreto 2277 de 1979, en el presente caso se observa que no hubo
sanción penal ni disciplinaria, por lo que la conducta por la que f ue
invest igada en realidad no generó ningún reproche , mucho menos
para que se le prive del goce de la pe nsión 27.
En ese sentido, la simple actuación administrativa que consistió , no
en la negativa a la obtención de la promoción como docente, como
erróneamente lo asevera la entidad demandada, sino en revocar
parcialmente lo concerniente a créditos sobrante s, no constituyen
mala conducta.
Desde esa perspectiva, en conco rdancia con los derroteros
jurisprudenciales a los que se hiciero n ref erencia, considera la Sala
que la conducta presuntamente desplegada por la demandante y
que es objeto de reproche en el caso sub examine , co nstituye un
hecho que además de ser aislado, carece de la entidad suf iciente
para enervar el posible derecho que le asiste de go zar de la pensión
gracia reclamada.
Lo anterior, toda vez que no resultaría equ itativo tener en cuenta
ese solo hecho desf avorable que no f ue recurrente ni mucho menos
reiterado en el tiempo, habida cuenta que no le han impuesto algún
tipo de sanción, tal como se puede inf erir del certif icado de
antecedentes disciplinarios emitido p or la Procuraduría General de
27En el mismo sentido sentencia del 13 de junio de 2013, 73001 -23-31-000-
2010-00361-01(1395-12). C.P Luis Rafel Vergara Quintero.
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la Nación en el que se indicó que la parte demandante, a la f echa
de su expedición 28 no regist raba sanciones o inhabilidades. 29
Del mismo modo, l a Personería de Bogotá en sendos of icios
allegados al proc eso 30 inf ormó que , consultados los libros y
sistemas de la dependencia, no se encontró que curse expediente
o proceso alguno donde la accionante haya sido discip lin ada.
Repárese además que dicho s documento s no fueron tachado s de
f alsos y tampoco fue ron objeto de reproche durante el trámite de
primera instancia.
De otro lado, no se demostró que con la conducta la accionante no
observó una conducta pública acorde con el decoro y la dignidad
del cargo como lo af irma la entidad demandada en el acto
administrativo mediante el cual re vocó la pensión gracia –haciendo
ref erencia al literal h) del art ículo 44 del Decreto 2277 de 1979 –, y
tampoco incumplió algún otro de los deberes de los docentes
vinculados al servicio of icial que en dicha norma se relacionan.
De lo e xpuesto, se puede colegir que la decisión del tribunal de
instancia se encuentra ajustada a la jurisprudencia de esta
Corporación f rente a este aspecto por lo que carecen de
f undamento legal los argumentos expuestos por la entidad
demandada , lo que impone a la Sala conf irmar la decisión de
primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda .
3. Conclusión
Conf orme a lo e xpuesto, a la señora Nohra Lave rde Casas le asiste
el derecho a la pensión gracia por haber prestado los servicios
como docente por veinte (20) años, vincu lad a antes del 31 de
28 F o l i o 35. Certificación expedida el 27 de febrero de 2009.
29 Siguiendo la línea jurisprudencial de esta Sala en sentencia s del 5 de
diciembre de 2022, radicado 20001 23 33 000 2013 00142 01 (4427 -2014),
C.P. Gabriel Valbuena Hernández; 17 de noviembre de 2022, radicado 25000 -
23-42-000-2014-00996-01 (3928-2017). C. P. W illiam Hernández Gómez.
30 E x p e d i d o s
entre el 17 y el 18 de f ebrero de 2009, obrantes a folios 30 a 34,
suscritos por el personero para la Segunda Instancia, Personero Delegado ,
Personero Delegado para la vigilancia Administrativa IV – Asuntos
Disciplinarios-, Personero Delegado para el derecho de petición – Asuntos
Disciplinarios y personero delegado, respectivamente
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diciembre de 1980 , cumplir el requisito de edad y observar buena
conducta en su desempeño , por lo que esta Subsección considera
que debe conf irmarse la sentencia del 13 de f ebrero de 2014,
prof erida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por
medio de la cual accedió a las pretensiones de la demanda.
4. Condena en costas de segunda instancia
De acuerdo con lo dispuesto en el art ículo 365 del Código General
del Proceso , no se condena en costas a la entidad recurrente , pese
a que el recurso d e apelación le f ue resuelto desf avorablemente ,
porque la contrap arte no efectuó ninguna actuación en segunda
instancia .
5. Otras decisiones
Mediante memorial poder allegado el 13 de agosto de 2018 31, el
abogado Luis Alberto Jiménez Polanco en su calidad de apoderado
de la parte demandante, le SUSTITUYE el poder al aboga do CESAR
AUGUSTO MANRI QUE SOACHA, id entif icado con la cédula de
ciudadanía 11.378.820 y portador de la tarjeta prof esional 63.537
del Consejo Superior de la Judicatura, a quien le será reconocida
personería para actuar dentro del presente proceso.
En mérito de lo expuesto, el Con sejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO. CONFI RM AR la sentencia del 13 de f ebrero de 2014 ,
prof erida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que
accedió a las prete nsiones de la demanda presentada por la señora
NOHRA LAVERDE CASAS contra la UNIDAD ADMI NISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP–, de
31 F o l i o 565 y 566.
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conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva
de la presente sentencia.
SEGUNDO. No con denar en costas en esta instancia .
TERCERO. RE CO NOCER PERSONERÍ A a CESAR AUGUSTO
MANRIQUE SOACHA, portador de la tarjeta prof esional 63.537 del
Consejo Superior d e la Judicatura, de acuerdo con la sustitución de
poder allegada al proceso.
CU ARTO. En f irme esta decisión devuélvase el e xp ediente al
Tribunal de orige n y ef ectúese las anotaciones en el programa
SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPL ASE
La anterior provide ncia f ue considerada y aprobada por la Sala en
sesión del veintiséis (26 ) de enero de dos mil veinti t rés (2023).
G ABRIEL V ALBUEN A HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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