Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2012-00633-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2012-00633-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2012-00633-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
11 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2012-00633-02 (6180-2019)
Demandante: Carlos Armando Merchán Castillo
Demandada: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Temas: Improcedencia de considerar la bonificación por compensación
y la prima especial de servicios como factores salariales.
CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala1 el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el quince (15) de julio de dos mil diecinueve (2019) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Carlos Armando Merchán Castillo instauró demanda2 contra la Nación -
Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones: (i) 5837 del 11 de
noviembre de 2011, y (ii) 0259 del 10 de febrero de 2012; por medio de las cuales
la entidad demandada le reconoció y confirmó respectivamente el pago de un auxilio
1 Actualmente los miembros de la subsección no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998, ni de la prima
especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente proceso. De otro lado, mediante proveídos del
9 de abril del año en curso entre otros procesos dentro de los radicados 0276-2023, 2102-2021, 2526-
2025,2694-2023, 6334-2018; la sala declaró infundado el impedimento manifestado por el consejero Luis
Eduardo Mesa Nieves por la causal de pleito pendiente, tras considerar frente al proceso en curso que «si bien
existe coincidencia entre las partes, no integran el mismo extremo procesal en uno y otro proceso; no coincide
el medio de control bajo el cual se tramitan ni la causa y objeto que se examina en ellos».
2 Folios 17 a 26.
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de cesantías retroactivas definitivas, sin incluir dentro de la base de liquidación la
prima especial de servicios y la bonificación por compensación.
3. A título de restablecimiento del derecho, se ordene reconocer de forma
actualizada conforme al IPC, las cesantías retroactivas definitivas por el período
comprendido entre el 16 de mayo de 1979 y el 31 de julio de 2011, calculadas con
el último salario, incluyendo los dos mencionados emolumentos por ser factores
salariales para el efecto, pero con el descuento de los pagos parciales por valores
de $167.392.255 y $18.024.544.
4. Que la demandada dé cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 192
y 195 del CPACA, y que sea condenada al pago de la sanción prevista en la Ley
1071 de 2006.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
5. Que prestó sus servicios a la Rama Judicial en el cargo de magistrado auxiliar de
la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura desde el 16 de mayo de
1979 hasta el 31 de julio de 2011.
6. El 12 de agosto de 2011 solicitó la liquidación y pago de las cesantías definitivas
con inclusión de todos los factores salariales percibidos durante su último año de
servicio. Sin embargo, la entidad demandada concedió el derecho sin incluir dentro
de la base del cálculo la prima especial de servicios y la bonificación por
compensación.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
7. Considera vulnerados: los artículos 2, 13, 25 y 58 de la Constitución Política; 21
del Código Sustantivo del Trabajo; Leyes 57, 153 de 1887, 4 de 1966 y 100 de 1993;
Decretos 1045 de 1978, 3135 de 1968, 1848 de 1968, 3118 de 1968, 4040 de 2004,
1160 de 1989, 1158 de 1994 y 2143 de 1995.
8. Expresa que la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004 por parte del
Consejo de Estado, implicó que desapareció su efecto normativo o regulador, lo que
equivale a considerar que esa disposición nunca existió, al punto de que se puede
concluir que no fue acertado por parte de la administración fundamentar en dicha
norma la negativa de tener en cuenta la bonificación por compensación como factor
de salario para el cálculo de las cesantías definitivas.
9. Manifiesta que lo mismo ocurre respecto de la inclusión de la prima especial de
servicios en virtud de la declaratoria de nulidad del Consejo de Estado sobre los
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artículos 7° del Decreto 50 de 1998, 7° del Decreto 38 de 1999 y 8° del Decreto
2729 de 2001, pues en las respectivas providencias de esa corporación se
consideró que ilegalmente el Gobierno nacional no había considerado este
emolumento como un sobresueldo del 30%, sino que este porcentaje hacia parte
del salario, es decir este último se redujo cuando sí constituía factor salarial.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
10. El 15 de julio de 2013 fue admitida la demanda.3 La entidad accionada4 planteó
que la prima especial de servicios constituye factor de salario solo para la cotización
y liquidación de la pensión de jubilación de acuerdo con las normas nacionales
vigentes que regulan el régimen prestacional de los funcionarios judiciales. Por esa
razón manifestó que no es viable incluir dicho haber laboral sin carácter salarial ni
la bonificación por gestión judicial en la liquidación y pago de las prestaciones
sociales, pues hacerlo implicaría desacatar el ordenamiento legal vigente.
11. Propuso como excepciones las de ausencia de causa para demandar, cobro de
lo no debido y la genérica.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5
12. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 15 de julio
de 2019 negó las pretensiones y se abstuvo de condenar en costas.
13. Expresó que deben seguirse las posturas asumidas por la Sala de Conjueces
de la Sección Segunda del Consejo de Estado en lo que respecta a la bonificación
por compensación, particularmente en la sentencia del 18 de julio de 2018,
proferida en el radicado 47001233100020110007202 (2107-2015), en la que se
indicó que este emolumento solo constituirá factor salarial para efectos de
determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, en los mismos
términos de la prima especial de servicios de los magistrados de las Altas Cortes.
14. Frente a la prima especial de servicios recordó que la Corte Constitucional en
sentencia C- 279 de 1996 declaró exequibles las frases "sin carácter salarial" de los
artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992, por lo que no existe discusión en que las
mismas normas que crearon el referido haber laboral, le quitaron expresamente el
carácter remunerativo.
15. Afirmó con base en lo anterior que con la expedición del acto administrativo
demandado, la entidad accionada actuó conforme a derecho, en razón a que la
liquidación del auxilio de cesantía reclamado por el demandante se hizo bajo los
3 Folio 63.
4 Folios 74 a 91.
5 Folios 275 a 283.
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parámetros señalados en el artículo 2° del Decreto 1726 del 20 de agosto de 1973,
en concordancia con el artículo 42 del Decreto 1042 de 7 de junio de 1978, es decir,
excluyendo de la base de cálculo la bonificación por gestión judicial (hoy
bonificación por compensación), así como la prima especial de servicios de que trata
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, porque solo constituyen factor salarial para
efectos pensionales.
RECURSO DE APELACIÓN
16. La parte demandante6 interpuso recurso de apelación bajo el argumento de
que si la voluntad del legislador con la creación de la prima especial y de la
bonificación por compensación fue la de equiparar los ingresos percibidos por los
magistrados de las Altas Cortes, «entendiéndose como la remuneración, las
prestaciones sociales y los demás derechos laborales que devengan los miembros
del Congreso», utilizando la expresión "los ingresos laborales totales", resulta claro
que con esta expresión también se infiere que dicha nivelación debe extenderse al
reconocimiento y pago de las cesantías, pues si la intención era terminar el
desequilibro salarial en respeto del derecho a la igualdad salarial de funcionarios
que ocupan cargos semejantes, mal podría quedarse esta prestación calculada con
un ingreso inferior en desconocimiento del artículo 8 del Decreto 1293 de 1994.
17. Añadió que esta tesis encuentra respaldo en la sentencia del 21 de abril de 2016
proferida en el proceso con radicado 05001233100020030122001 (0239-2014)
proferida por el Consejo de Estado, la cual no se puede desconocer.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
18. El 14 de septiembre de 2021 se admitió el recurso de apelación.7 El 19 de
noviembre de 20218 corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.
19. La parte demandada9 solicitó que se confirme el fallo apelado al señalar que
este se encuentra debidamente motivado y no le asiste razón al demandante para
que esta sea revocada, pues tanto la ley como la jurisprudencia han sido claras en
determinar que tanto la bonificación por gestión judicial (hoy bonificación por
compensación), como la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de
1992, solo se tienen en cuenta como factor salarial para el reconocimiento de
pensión, sin que haya lugar a interpretación alguna diferente.
20. La parte demandante10 reiteró los argumentos de su recurso de apelación.
6 Folios 294 a 297.
7 Ver índice 17 de SAMAI.
8 Ver índice 24 de SAMAI.
9 Ver índice 28 de SAMAI.
10 Ver índice 29 de SAMAI.
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Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
21. La Sala debe determinar si la prima especial de servicios del artículo 14 de la
Ley 4.ª de 1992 y la bonificación por compensación constituyen factor salarial para
efectos prestacionales, particularmente de las cesantías definitivas del actor.
Marco normativo y jurisprudencial
De la prima especial. Artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992
22. La Ley 4.ª de 1992 en el artículo 14 determinó que el Gobierno Nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de la
República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los
auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
23. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno Nacional ha expedido anualmente
los decretos salariales aplicables a los servidores públicos. No obstante, aquellos
proferidos entre los años 1993 y 2007 fueron declarados nulos por el Consejo de
Estado, Sala de Conjueces, mediante sentencia del 29 de abril de 201411, al
considerar que reconocer el treinta por ciento (30%) de la asignación básica a título
de prima especial despoja de efectos salariales esa porción de la remuneración total
y, en consecuencia, reduce el monto de las prestaciones sociales, al liquidarlas
sobre un setenta por ciento (70%). Con lo que se inobserva la prohibición
establecida en el artículo 2, literal a), de la Ley 4.ª de 1992, según la cual «En ningún
caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales», y además se
desconoce que la prima «debe entenderse como un fenómeno retributivo de
carácter adicional».
24. A partir de dicha providencia, el Consejo de Estado ha emitido varias decisiones
en las cuales ha mantenido este criterio, entre ellas, las sentencias del 2 de
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:
11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz
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5
Radicado: 25000-23-42-000-2012-00633-02 (6180-2019)
septiembre de 201912, 11 de julio de 202313, 5 de septiembre de 202314, 5 de
diciembre de 202315, 6 de agosto de 202416 y 18 de diciembre de 202417. En
particular, se ha precisado que:
• La prima especial es un incremento del salario básico, por ende, sus
beneficiarios tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias que
por dicho concepto resulten a su favor.
• No tiene carácter salarial, salvo para efectos de pensión, lo cual guarda
armonía con lo sostenido por la Corte Constitucional en la sentencia C-279
de 1996.
• El reconocimiento de las sumas adeudadas no podrá, en ningún caso,
superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional para cada uno
de los cargos que perciban el referido emolumento.
• Los beneficiarios tienen derecho a la reliquidación y pago de las prestaciones
sociales sobre el 100% de su asignación básica, sin restarle ni sumarle a este
el 30%, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial y por
tanto, no incide en la liquidación de las prestaciones sociales.
25. En esa misma línea argumentativa, esta corporación mediante sentencia del 9
de abril de 202418, declaró la nulidad de los decretos salariales proferidos entre los
años 2008 y 2018 y reiteró que el 30 % correspondiente a la prima especial «no
puede ser deducido del salario».19
Sobre la bonificación por compensación
26. La bonificación por compensación fue creada mediante el Decreto 610 de 1998
tras el reconocimiento de una brecha salarial entre los magistrados de tribunal y
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019.
Radicación: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018). CP. Carmen Anaya de Castellanos.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:
25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023. Radicación:
73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023. Radicación:
250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:
250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:
25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:
11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
19 En dicha providencia se precisó que: «la nulidad que se declara no implica que la prima especial sin carácter
salarial del 30% de la remuneración mensual de los servidores públicos beneficiarios, desaparece del mundo
jurídico, sino que, tal como se desprende de la motivación plasmada en esta sentencia, ese porcentaje no puede
ser deducido del salario, sin que en ningún caso pueda ser inferior, a la luz de la norma legal, artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992».
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otros funcionarios frente a los magistrados de altas cortes, pues para ese momento
aquellos percibían apenas el 46% de la remuneración de estos últimos.
27. Con tal finalidad, la norma adoptó un esquema de nivelación salarial progresiva,
mediante el cual se dispuso un incremento gradual de los ingresos laborales de los
funcionarios destinatarios del decreto, iniciando en 1999 con un reconocimiento
equivalente al 60% de lo percibido por los magistrados de las altas cortes y
alcanzando el 80% en el 2001. Con ese propósito, la norma dispuso una nivelación
progresiva de sus ingresos, hasta alcanzar el 80 % de lo devengado por estos
últimos, precisando, en el inciso 2.° del artículo 1.° que el emolumento solo
constituirá factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez,
invalidez y sobrevivientes.
Resolución del caso concreto
28. El asunto bajo estudio deberá enfocarse en los motivos de inconformidad
expuestos por el apelante único, que consisten en determinar la naturaleza salarial
de la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 y de la
bonificación por compensación.
29. Sobre el particular, es de precisar que no existe controversia sobre la titularidad
del derecho que tiene el demandante a los mencionados emolumentos. En ese
contexto, tal como lo estimó el tribunal de primera instancia, estos únicamente
constituyen factor salarial para efectos pensionales, pues así lo señalan las normas
que los consagran.
30. A saber, el inciso 1.° del artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 dispone: «El Gobierno
Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario
básico, sin carácter salarial (…)»; el artículo 1.° de la Ley 332 de 1996 establece:
«La prima especial prevista en el primer inciso del artículo 14 de la Ley 4a. de 1992
(…), harán parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la
pensión de jubilación, para lo cual se harán las cotizaciones de pensiones
establecidas por la ley», y el inciso 2.° del artículo 1.° del Decreto 610 de 1998
señala: «La Bonificación por Compensación sólo constituirá factor salarial para
efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes (…)».
31. Al respecto, se reitera lo manifestado por esta corporación en sentencia de
unificación del 12 de mayo de 202220, al precisar que, tanto el Gobierno nacional en
su potestad reglamentaria, así como el legislador en su libertad de configuración
legislativa, tienen la facultad de regular el régimen salarial y prestacional de los
servidores públicos, así como decidir qué emolumentos constituyen factor salarial
20 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de unificación del 12 de mayo de 2022. Exp. 05001-33-33-
000-2013-01009-01(2263-2018).
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para efectos de liquidar prestaciones sociales y cuáles no, facultad que no vulnera
derechos de los trabajadores pues no existe una obligación constitucional que exija
que todos los ingresos deban ser tenidos en cuenta como base para dichos ingresos
laborales.
32. Lo anterior se ajusta por analogía a la postura adoptada por la Corte
Constitucional en la sentencia C-279 de 1996, en la cual se declaró exequible la
expresión «sin carácter salarial» contenida en los artículos 14 y 15 de la Ley 4.ª de
1992, pues si bien se trata de otro haber laboral, se consideró de manera general
que esta clase de disposiciones restrictivas no desconocen derechos laborales,
pues ninguna norma que aumente la remuneración de los trabajadores puede
considerarse contraria a la protección laboral, y en todo caso, el legislador cuenta
con un margen de configuración para determinar qué conceptos integran el salario
y para desarrollar su definición. Además, concluyó que excluir esta clase de
emolumentos de la base para liquidar prestaciones no les quita su naturaleza
remuneratoria ni vulnera compromisos internacionales del Estado colombiano.
33. Ahora, en el recurso de alzada, el demandante manifestó que, en sentencia del
21 de abril de 2016, radicado n.° 05001233100020030122001 (0239-2014), el
Consejo de Estado hace un recuento sobre el carácter salarial de la prima especial
objeto de discusión, en la cual se concluyó, con fundamento en la sentencia del 4
de agosto de 2010 con radicado 0230-2008, que dicha prima sí constituía factor
salarial.
34. No obstante, esta Sala considera que tal interpretación no resulta adecuada, y
en su lugar, comparte la lectura que sobre la misma hizo la Sala de Conjueces en
providencia del 15 de diciembre de 202021, pues la referida sentencia de 2010 no
estableció que la prima especial tenga carácter salarial en todos los casos. Lo que
allí se precisó fue que, para los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación,
entre los años 1994 y 2001, el 30% correspondiente a la prima especial que no se
les reconocía como un valor adicional al salario sino como parte del mismo, sí
constituye factor para efectos de liquidar prestaciones sociales, pero esto solo
porque en los pagos que hacía la entidad se fraccionaba la remuneración de dichos
beneficiarios en un 70% de asignación básica y un 30% de prima especial para
completar el 100% del salario.
35. En ese contexto específico, la irregularidad consistía en que las prestaciones
sociales se liquidaban únicamente sobre el 70%, pese a que el 30% restante
también integraba realmente el salario devengado. Por ello, la jurisprudencia
resolvió que, en esos eventos, dicho porcentaje debía incluirse en la base
prestacional. Distinta es la situación en la que la prima especial se reconoce como
21 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sala Plena de Conjueces. Sentencia del 15 de diciembre de 2020.
Exp. 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018). C.P. Jorge Iván Rincón Córdoba.
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un valor adicional al 100% de la asignación salarial, caso en el cual ese 30% de
sobresueldo no constituye factor salarial para efectos de liquidar prestaciones
sociales; criterio que esta corporación ha sostenido de manera pacífica22 y que,
además, resulta acorde con la jurisprudencia de la Corte Constitucional ya
mencionada.
36. Así pues, se aclara que el precedente relacionado con los funcionarios de la
Fiscalía General de la Nación no modificó la naturaleza jurídica de la prima especial
prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, sino que respondió a una situación
particular en la que la administración fraccionó la remuneración de los servidores
para completar el 100 % de su salario.
37. En todo caso, no debe perderse de vista que el artículo 243 de la Constitución
Política dispone que los fallos proferidos por la Corte Constitucional en ejercicio del
control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, por lo que sus
decisiones tienen efectos generales y vinculantes frente a todas las personas y
autoridades públicas, tal como lo ha precisado la mentada corporación23.
38. En consecuencia, la interpretación sobre la naturaleza de la prima especial
prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, así como la de la bonificación por
compensación, debe armonizarse con la ratio decidendi fijada en la sentencia C-
279 de 1996, en la cual la Corte reconoció la facultad del legislador para excluir
determinados emolumentos de la base de liquidación de prestaciones sociales, sin
que ello implique desconocimiento de derechos laborales.
39. Por lo expuesto, se concluye que, ni la prima especial ni la bonificación por
compensación deben ser consideradas en la base de liquidación de las prestaciones
sociales, incluidas las cesantías definitivas, puesto que la norma de manera expresa
consagra que estos conceptos no integran la misma. En consecuencia, se
confirmará el fallo de primera instancia.
40. Finalmente, respecto de la solicitud de apertura del incidente de regulación de
honorarios promovida por el apoderado de la parte demandante a quien se le revocó
el poder, la cual que reposa en el índice 74 de SAMAI, se precisa que este deberá
sujetarse a lo dispuesto en el artículo 76 CGP, por lo que su admisibilidad y eventual
trámite se analizará en actuación aparte con posterioridad a la ejecutoria de esta
sentencia en los términos del artículo 129 del CGP.
22 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sala Plena de Conjueces. Sentencia del 2 de septiembre de 2019.
Exp. 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18). C.P. Carmen Anaya de Castellanos; Consejo de Estado. Sala
Plena de Conjueces. Sentencia del 15 de diciembre de 2020. Exp. 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-
2018). C.P. Jorge Iván Rincón Córdoba.
23 Corte Constitucional. Sentencia T-836/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra: «La cosa juzgada
constitucional de los fallos de la Corte, lo dicen la ley y la jurisprudencia, produce efectos erga omnes, es decir,
son vinculantes para todo el mundo, tienen “carácter obligatorio general, oponible a todas las personas y a las
autoridades públicas, sin excepción alguna».
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Radicado: 25000-23-42-000-2012-00633-02 (6180-2019)
Condena en costas de segunda instancia
41. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
42. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
43. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
44. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto ante la confirmación de la providencia censurada, no prosperan los
argumentos del recurso de apelación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el quince (15) de julio de dos mil
diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la
cual se negaron las pretensiones.
Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante.
Tercero. Admitir la revocatoria del poder conferido por el demandante al abogado
Manuel Sanabria Chacón, portador de la tarjeta profesional 90.682, conforme al
memorial obrante en el índice 70 de SAMAI. Respecto de la solicitud de apertura
del incidente de regulación de honorarios promovida por este último, la cual que
reposa en el índice 74 de SAMAI, este deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo
76 CGP, por lo que, una vez cumplido lo anterior, su admisibilidad y eventual trámite
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Radicado: 25000-23-42-000-2012-00633-02 (6180-2019)
se analizará en actuación aparte con posterioridad a la ejecutoria de esta sentencia
en los términos del artículo 129 del CGP.
Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
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JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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