República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2012-00640-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2012-00640-02 (3434-2020)
Demandante: Pablo Enrique Rodríguez Sarmiento
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: Reliquidación pensión de jubilación reconocida conforme al Decreto 546 de
1971. Tope pensional de 25 SMLMV.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la UGPP contra la sentencia proferida por la Sala
Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 29 de noviembre de 2019,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El demandante solicitó la nulidad de la resolución por medio de la cual Cajanal
reliquidó la pensión de jubilación conforme a lo dispuesto en los Decretos 546 de 1971
y 717 de 1978, con la pretensión de que se aumente el monto al 85 % de la asignación
más elevada devengada en el último año y sin la fijación del tope de 25 SMLMV. El
tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en lo atinente al tope
de la mesada pensional, al considerar que el régimen pensional dispuesto en el
Decreto 546 de 1971, que rigió el reconocimiento y liquidación de la prestación, no
establece límite en la cuantía pensional.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. El señor Pablo Enrique Rodríguez Sarmiento, mediante apoderado, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
el 4 de septiembre de 2012 contra la UGPP, de conformidad con las pretensiones,
Radicación: 25000-23-42-000-2012-00640-02 (3434-2020)
Demandante: Pablo Enrique Rodríguez Sarmiento
Demandada: UGPP
hechos y fundamentos de derecho que se sintetizan a continuación1:
2.1.1. Pretensiones
2. El demandante solicitó la nulidad de la Resolución UGM 031573 del 7 de
febrero de 2012, mediante la cual Cajanal reliquidó la pensión de jubilación reconocida
conforme al régimen del Decreto 546 de 1971, con el 75 % de la asignación más alta
devengada en el último año, con la inclusión de todos los factores devengados y
sujeción al tope de 25 SMLMV.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó reconocer «una mesada
equivalente al 85 % de la asignación mensual más elevada que devengó en el último
año de servicios, de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 546 de 1971 y 717
de 1978», sin aplicación de tope en la mesada pensional. En este orden, pidió el pago
de las diferencias dejadas de percibir por «la inadecuada estimación de las mesadas
pensionales desde cuando obtuvo el derecho (15 de abril de 2009) hasta cuando se
expida el acto administrativo que corrija dicho yerro»; el reconocimiento de «perjuicios
de orden moral y material»; la indexación de las sumas adeudadas por tratarse de
pago de tracto sucesivo y los intereses moratorios a que haya lugar conforme con lo
previsto en los artículos 176 y 178 del Código Contencioso Administrativo.
2.1.2. Hechos
4. El señor Pablo Enrique Rodríguez Sarmiento nació el 7 de diciembre de 1951
y para la fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 contaba con más de 42
años, requisito que le permitió acceder a los beneficios del régimen de transición
previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para pensionarse conforme a lo
dispuesto en el régimen especial contenido en el Decreto 546 de 1971.
5. Mediante Resolución 30178 del 4 de julio de 2008 Cajanal le reconoció la
pensión de jubilación, con el promedio de lo devengado en los 10 años anteriores al
reconocimiento, en cuantía de $3.194.385, a partir del 1 de julio de 2007, con
efectividad desde la fecha de retiro definitivo del servicio, sin tener en cuenta que
debía tomar el salario más alto devengado durante el último año de servicio, con todos
los factores y las doceavas partes de lo devengado en ese periodo.
6. El 10 de agosto de 2010 solicitó la reliquidación de la pensión, petición que fue
negada por la entidad. Por tal motivo, decidió presentar acción de tutela que fue
decidida en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
Sala Penal, el 29 de octubre de 2010, en el sentido de confirmar el amparo de los
derechos fundamentales de petición, debido proceso, seguridad social, mínimo vital e
igualdad. Como consecuencia, le ordenó a Cajanal expedir el acto administrativo
mediante el cual reliquidara la pensión conforme al régimen especial previsto en el
artículo 6.° del Decreto 546 de 1971, en concordancia con el artículo 12 del Decreto
1 Expediente físico, folio 45. Acta de reparto.
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Demandante: Pablo Enrique Rodríguez Sarmiento
Demandada: UGPP
717 de 1978.
7. Cajanal reliquidó la prestación mediante acto del 7 de febrero de 2012, con una
tasa de reemplazo del 75 % de la asignación más elevada devengada en el último
año, en el cargo de fiscal delegado ante tribunal, para un resultado de $13.231.503,
cifra a la que aplicó el tope de 25 SMLMV «al momento de causación del derecho, es
decir, para el año 2009», por lo que la mesada reconocida fue de $12.422.500.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
8. El demandante citó como violados los artículos 48 y 53 de la Constitución
Política; 34 y 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 610 de 1998.
9. Sustentó la violación con el argumento de que el acto demandado aplicó el tope
pensional de 25 SMLMV sin tener en cuenta que dicho límite «por disposición
constitucional, operaba a partir del 31 de julio de 2010», y el demandante adquirió el
derecho el 7 de diciembre de 2006, cuando cumplió 55 años. Además, afirmó que en
atención a la Ley 100 de 1993, la prestación debe liquidarse con el 85 % de todos los
factores devengados por un magistrado de alta corte.
2.2. Contestación de la demanda
10. La entidad demandada propuso las excepciones de «cobro de lo no debido»;
«caducidad de la acción»; «prescripción» y la «genérica». Se opuso a las pretensiones
de la demanda al afirmar que la reliquidación de la pensión se ajustó al régimen
especial establecido en el Decreto 546 de 1971, en lo atinente a edad, monto y tiempo
de servicios, por ser beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36
de la Ley 100 de 19932.
11. Además, expuso que la pensión reconocida conforme al régimen especial
aplicable a los funcionarios de la Rama Judicial no está exenta del tope previsto en el
Acto Legislativo 01 de 2005 sustentado en los principios de universalidad,
sostenibilidad presupuestal y legalidad que rigen el Sistema General de Pensiones
previsto en la Ley 100 de 1993, aplicable a dichos servidores por disposición del
legislador.
2.3. Sentencia de primera instancia
12. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala
Transitoria, mediante sentencia del 29 de noviembre de 2019, accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas3.
13. Afirmó que «el tope pensional de 25 salarios mínimos legales mensuales
vigentes no debe hacerse extensible al demandante» por ser «abiertamente
2 Expediente físico folios 63-65.
3 Expediente físico folios 190-196.
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incompatible» con el régimen pensional previsto en el Decreto 546 de 1971 aplicable
a los servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público conforme a lo considerado
en la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado y en la sentencia C-258 de 2013,
que fijó los parámetros sobre la aplicación del Acto Legislativo 01 de 2005.
14. En atención a lo anterior, consideró que la pensión se liquidó conforme a lo
dispuesto en el Decreto 546 de 1971, al aplicar el monto del 75 % de la asignación
más elevada devengada en el último año de servicio, pero precisó que el IBL debe
incluir todos los factores salariales devengados en dicho periodo, de acuerdo con lo
previsto en el Decreto 717 de 1978, que cita, entre otros, los gastos de representación,
las primas de antigüedad, semestral, ascensional y viáticos, además de la bonificación
por gestión judicial, «sin que sea procedente aplicar el tope pensional».
2.4. Recurso de apelación
15. La UGPP manifestó que el tribunal desconoció el precedente establecido en las
sentencias de la Corte Constitucional SU-230 del 29 de abril de 2015; SU-427 de 2016;
SU-395 de 2017; SU-023 de 2018 y C-258 de 2013, en cuanto fijaron el alcance del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y del Acto Legislativo 01 de 2005 en lo relativo al
cálculo del IBL y a la aplicación del tope máximo de la mesada pensional.
16. Expuso que el ingreso base de liquidación (IBL) se debe calcular conforme con
lo previsto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, según el cual debe
tomarse el tiempo que le faltara al titular del derecho para pensionarse o un periodo
de 10 años, con la inclusión de los factores descritos en el Decreto 1158 de 1994,
siempre y cuando hubiere hecho cotizaciones, con sujeción al tope de 25 SMLMV.
17. Por lo anterior, solicitó ajustar el IBL pensional a lo efectivamente cotizado
durante los últimos 10 años de servicio, sobre los factores enlistados en el Decreto
1158 de 1994 o, de manera subsidiaria, mantener la liquidación realizada mediante el
acto demandado, así como la sujeción al tope de 25 SMLMV4.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
18. Mediante auto del 25 de febrero de 2021, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA), modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Por auto del 8 de julio
de 2021 se corrió traslado para que las partes presentaran alegatos de conclusión y
el Ministerio Público rindiera informe5-6.
4 Expediente físico, folios. 199-203.
5 Samai, expediente digital, índices 6 y 9.
6 Samai, índice 56. Mediante auto del 22 de mayo de 2026, la Subsección B, en Sala Dual, declaró infundado el
impedimento manifestado por el doctor Juan Enrique Bedoya Escobar y ordenó ingresar el expediente al despacho
sustanciador para proferir sentencia. La manifestación se presentó cuando el magistrado se encontraba encargado
del despacho ponente y se remitió al doctor Jorge Edison Portocarrero Banguera quien, por auto del 2 de marzo
de 2026, dispuso devolver el expediente a la magistrada titular para resolver el impedimento y continuar el trámite
procesal. Surtido el trámite, el expediente ingresó al despacho para sentencia.
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2.6. Alegatos de conclusión
19. La UGPP solicitó revocar la sentencia de primera instancia con el argumento
de que el ingreso base de liquidación debe calcularse conforme al artículo 21 y al
inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con los factores previstos en el artículo
1.° del Decreto 1158 de 1994, que son aquellos frente a los cuales se efectuaron los
aportes al Sistema General de Pensiones7.
20. Igualmente, afirmó que debe aplicarse lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de
2005, según el cual para liquidar las pensiones solo se tienen en cuenta los factores
sobre los que se hubieren realizado cotizaciones, con el tope de 25 SMLMV, dado que
la cuantía de la mesada superaba dicho límite. Al respecto, citó los topes pensionales
que han establecido las leyes 4 de 1976, 71 de 1988, 100 de 1993, 797 de 2003 y el
Acto Legislativo 01 de 2005.
21. Por su parte, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó
escrito de intervención en defensa de los intereses litigiosos de la Nación mediante el
cual solicitó negar las pretensiones de reliquidación con fundamento en la sentencia
de unificación dictada por el Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018, en la que se
fijó como regla que el ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de
transición es el previsto en el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con los
factores sobre los cuales se hubieran realizado efectivamente las cotizaciones8.
2.7. Concepto del Ministerio Público
22. El procurador segundo delegado ante el Consejo de Estado solicitó revocar la
sentencia de primera instancia y negar las pretensiones de la demanda. Indicó que la
Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013; SU-230 de 2015; SU-427 de
2016; SU-395 de 2017 y SU-023 de 2018, precisó que el régimen de transición
preserva la edad, el tiempo de servicio y el monto, no comprende el ingreso base de
liquidación que se rige por el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en
concordancia con el artículo 21 de dicha ley9.
23. Adujo que la Sección Segunda de esta corporación, mediante sentencia de
unificación del 11 de junio de 2020, fijó la regla para el cálculo del IBL de las pensiones
reconocidas conforme al régimen de la Rama Judicial y del Ministerio Público en igual
sentido al que determinó en sentencia del 2018, aplicable para las pensiones
reconocidas bajo el régimen pensional general dispuesto en la Ley 33 de 1985, esto
es, con el promedio de lo devengado en los últimos 10 años de servicio o en el tiempo
que le hiciere falta para pensionarse si fuera menos, y los factores previstos en el
7 Samai, índice 17.
8 Samai, índice 12.
9 Samai, índice 18.
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Decreto 1158 de 1994 sobre los cuales se hubieren realizado cotizaciones, con la
precisión de que dicha tesis se aplica a los procesos en curso.
24. Concluyó que el demandante no tiene derecho a la reliquidación pensional,
dado que el ingreso base de liquidación debe establecerse conforme a las
disposiciones citadas y con los factores frente a los cuales efectivamente cotizó.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
25. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, tiene
competencia para asumir el presente asunto conforme a lo previsto en el artículo 150
del CPACA, según el cual esta corporación conoce los recursos de apelación
interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales
administrativos.
3.2. Problemas jurídicos
26. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada, en atención a la competencia asignada al juez
de segunda instancia en el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)10, a la
Sala le corresponde resolver los siguientes problemas jurídicos:
(i) ¿La pensión de jubilación reconocida al demandante conforme al Decreto
546 de 1971, con la asignación mensual más elevada devengada en el
último año de servicio y los factores dispuestos en la resolución acusada,
puede ajustarse a lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en los
términos solicitados por la entidad apelante?
(ii) ¿La pensión de jubilación está sometida al tope de 25 SMLMV, aun cuando
el régimen especial previsto en el Decreto 546 de 1971 no fija dicho límite?
27. Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala seguirá el siguiente
orden metodológico: (i) marco normativo y jurisprudencial; (ii) hechos probados; y (iii)
caso concreto.
10 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que debido a la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán
promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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3.3. Marco normativo y jurisprudencial
28. El Sistema General de Pensiones, en virtud del régimen de transición dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, permitió a quienes estaban próximos a
pensionarse mantener las condiciones pensionales previstas en el régimen anterior,
siempre que reunieran los requisitos de edad o tiempo de servicio exigidos para la
fecha de entrada en vigencia del nuevo régimen, con la precisión de que los beneficios
de dicha transición solo salvaguardaban las condiciones de edad, tiempo de servicio
y monto o tasa de reemplazo establecidos en la norma con la que el servidor tenía la
expectativa de pensionarse.
29. La Corte Constitucional, en el primer análisis de constitucionalidad del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, consideró que la salvaguarda de los derechos pensionales
derivada de una transición normativa constituye «[…] una plausible política social que,
en lugar de violar la Constitución, se adecúa al artículo 25 que ordena dar especial
protección al trabajo». Así, concluyó que la regla de liquidación del IBL aplicable a los
beneficiarios de la transición es el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciere falta para pensionarse, siempre que fuera menor de diez años, o el cotizado
durante todo el tiempo, si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor11. En sentencias posteriores de
constitucionalidad, la Corte decidió estarse a lo resuelto en la providencia que declaró
parcialmente exequible el artículo 36 de la Ley 100 de 199312.
30. La jurisprudencia de la Sección Segunda de esta corporación, al establecer el
alcance del régimen de transición, fijó como primera tesis interpretativa que los
servidores públicos que cumplieran los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
podían pensionarse al cumplir los presupuestos de edad, tiempo de servicio y monto
previstos en el régimen pensional general anterior, con la precisión de que el último
elemento protegido por la transición (monto) incluía el beneficio de calcular el IBL con
los factores y el periodo de liquidación previstos en la norma precedente, no con los
señalados en el régimen general.
31. En este orden, mediante sentencia de unificación del 4 de agosto de 201013,
esta Sección dispuso que el régimen de transición debía aplicar el principio de
inescindibilidad normativa, en el entendido de que el «monto», salvaguardado en
virtud del cambio legislativo, constituía una unidad con el período de liquidación y los
factores enunciativos, no taxativos, previstos en el régimen pensional anterior.
32. Posteriormente, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de
Estado, por medio de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, replanteó
la tesis aplicada para determinar el alcance de la transición prevista en el artículo 36
de la Ley 100 para acceder a la pensión conforme a los regímenes anteriores
aplicables a los servidores públicos del orden nacional, en general, en el sentido de
establecer que este beneficio solo preservó los presupuestos de edad, tiempo de
11 Corte Constitucional, sentencia C-168 del 20 de abril de 1995.
12 Corte Constitucional, sentencias C-058 de 1998 y C-146 de 1998.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, expediente 0112-2009.
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servicio y porcentaje o tasa de reemplazo establecidos en aquellos, sin que se pueda
entender que el último elemento incluía la aplicación del periodo y factores previstos
con anterioridad14. Esta consideración la explicó en los siguientes términos:
Para la Sala Plena de esta [c]orporación esa es la lectura que debe darse del artículo
36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones
para que las personas beneficiarias del régimen [de] transición puedan adquirir su
pensión de jubilación con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la
tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36,
inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
33. Asimismo, señaló que las reglas de unificación «son obligatorias para todos los
casos en discusión tanto en vía administrativa como judicial […]. De igual manera,
debe precisarse que los casos respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada,
en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables. Las pensiones
que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento
en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, no pueden
considerarse que lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley».
3.3.1. Régimen pensional dispuesto en el Decreto 546 de 1971
34. En punto al régimen pensional previsto para los servidores de la Rama Judicial
y del Ministerio Público, el artículo 6.° del Decreto 546 de 1971 establece que los
funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público tienen
derecho a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75 % de la
asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicio, siempre que
acrediten (i) 55 años de edad, si son hombres, o 50, si son mujeres; y (ii) 20 años de
servicio, continuos o discontinuos, de los cuales por lo menos diez (10) años hayan
sido prestados en la Rama Jurisdiccional o en el Ministerio Público15.
35. El artículo 12 del Decreto 717 de 1978 estableció los factores de salario con
base en los cuales se liquidan las pensiones del régimen y dispuso que, además de
la asignación básica mensual, constituyen factores «todas las sumas que habitual y
periódicamente recibe el funcionario o empleado como retribución por sus servicios»,
entre las que enunció los gastos de representación, la prima de antigüedad, el auxilio
de transporte, las primas de capacitación, ascensional y semestral, y los viáticos
percibidos en desarrollo de comisiones de servicio.
36. En relación con el ingreso base de liquidación aplicable a los beneficiarios del
régimen de transición previsto en el artículo 36, esta Sección, mediante sentencia de
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia 00143 del 28 de agosto de 2018,
expediente 2012-00143-01.
15 Decreto 546 de 1971, «por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios
y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares». Artículo 6.°: «Los funcionarios
y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán derecho al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de
50, si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia
de este Decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al
Ministerio Público, o a ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la
asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas».
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unificación del 11 de junio de 2020, fijó las siguientes reglas16: (i) son beneficiarios del
régimen de transición quienes reúnan los requisitos de tiempo o edad previstos en la
Ley 100 de 1993; (ii) la edad, el tiempo de servicio y la tasa de reemplazo son los
previstos en el artículo 6.° del Decreto 546 de 1971; (iii) el IBL se calcula conforme a
lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dado que este elemento no forma
parte del beneficio de la transición; (iv) constituyen base de liquidación del IBL los
emolumentos sobre los cuales se hubieran realizado cotizaciones por constituir factor
salarial para ese efecto.
37. Conforme con la sentencia de unificación citada, solo integran el IBL los
emolumentos sobre los cuales se hubieren efectuado los aportes correspondientes al
Sistema General de Pensiones, conforme a las siguientes reglas:
Por tanto, esa pensión se le debe reconocer con los elementos del régimen anterior
consagrados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años
si es mujer, de 55 años si es hombre; b) el tiempo de servicios de 20 años, continuos o
discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años
de servicio, por lo menos 10 años lo debieron ser exclusivamente a la Rama
Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades; d) la tasa de reemplazo del
75%, e) el ingreso base de liquidación de que tratan los artículos 21 y 36, inciso 3.°, de
la Ley 100 de 1993, según el caso, es decir, si le faltare más de 10 años, será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10
años anteriores al reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base en
la IPC certificado por el DANE, si faltare menos de 10 años para adquirir el derecho a la
pensión, el ingreso base de liquidación será: (i) El promedio de lo devengado en el
tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) El cotizado durante todo el tiempo, el que
fuere superior actualizado anualmente con base en IPC certificado por el DANE; y con
los factores de liquidación contemplados por el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al
igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la modificación de la Ley 332 de
1996; 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460
de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate
de magistrados o empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público, siempre que
respecto de ellos se hubieren realizado las cotizaciones respectivas.
38. La parte resolutiva de la sentencia de unificación dispuso «que la regla
jurisprudencial fijada es vinculante en los siguientes casos: (i) respecto de los asuntos
similares que actualmente se están tramitando en el seno de la administración; (ii)
respecto de los procesos similares que se están adelantando en juzgados, tribunales
administrativos y Consejo de Estado. En consecuencia, no tiene efectos respecto de
aquellos asuntos en los que ya existe sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los
conflictos judiciales ya resueltos están amparados por la cosa juzgada y en
consecuencia resultan inmodificables».
39. Conforme con lo expuesto, es claro que a partir de la sentencia de unificación del
11 de junio de 2020, esta Sala replanteó la tesis jurisprudencial según la cual el beneficio
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de junio de 2020, expediente 15001-23-
33-000-2016-00630-01(4083-2017), CE-SUJ-S2-021-20.
Radicación: 25000-23-42-000-2012-00640-02 (3434-2020)
Demandante: Pablo Enrique Rodríguez Sarmiento
Demandada: UGPP
de la transición incluía el periodo y los factores señalados en el régimen anterior para la
determinación del IBL para, en su lugar, fijar como regla de unificación que la transición
prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, analizado por la Corte Constitucional en
las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, solo conserva los presupuestos de
edad, tiempo de servicio y monto o tasa de reemplazo fijados en el Decreto 546 de 1971.
40. A partir de la nueva tesis jurisprudencial, las pensiones reconocidas en aplicación
del régimen previsto para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del
Ministerio Público se liquidan conforme a lo establecido en los artículos 21 y 36 de la Ley
100 de 1993, regla obligatoria «para todos los casos en discusión tanto en vía
administrativa como judicial» y con efecto retrospectivo sobre los asuntos que se
tramitan ante la administración y ante la jurisdicción, sin que se extienda a aquellos en
los que existe sentencia ejecutoriada.
41. La Sala Plena precisó, igualmente, que «[l]as pensiones que han sido
reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que
sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, no pueden considerarse que lo
fueron con abuso del derecho o fraude a la ley». Por tanto, el cambio jurisprudencial
aplica a los casos que se encuentran en discusión, no a los actos de reconocimiento y
reliquidación pensional sustentados en la tesis vigente para la época en que fueron
expedidos.
3.3.2. Determinación del tope pensional
42. La Ley 4 de 1976, en el artículo 2, dispuso que las pensiones de jubilación,
invalidez, vejez y sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial, en todos
sus órdenes, y del sector privado «no podrán ser inferiores al salario mínimo mensual
más alto, ni superiores a 22 veces este mismo salario»17.
43. Posteriormente, la Ley 71 de 1988 (artículo 2) redujo el tope máximo a quince
(15) salarios mínimos legales mensuales, previsión que el Decreto 1160 de 1989,
reglamentario de dicha normativa, reiteró para la pensión de jubilación por aportes.
44. A su vez, el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 estableció que la base para
calcular cotizaciones es el salario mensual y facultó al Gobierno nacional para
restringir el monto a 20 salarios mínimos cuando el ingreso mensual supera dicha
cifra. En desarrollo de lo anterior, se expidió el Decreto 314 de 1994, «por el cual se
limita la base de cotización obligatoria del Sistema General de Pensiones», cuyo
artículo 1.° prevé: «Límite de la base de cotización obligatoria. Limítase a 20 salarios
mínimos legales mensuales, la base de cotización al Sistema General de Pensiones,
creado por la Ley 100 de 1993».
45. El artículo 5.° de la Ley 797 de 2003 modificó el artículo 18 de la Ley 100 de
1993 y señaló que «el límite de la base de cotización será de veinticinco (25) salarios
mínimos legales mensuales vigentes para trabajadores del sector público y privado»,
17 Ley 4 de 1976, artículo 2.°.
Radicación: 25000-23-42-000-2012-00640-02 (3434-2020)
Demandante: Pablo Enrique Rodríguez Sarmiento
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con la precisión de que, cuando se devengue una suma superior, la base de cotización
«podrá ser hasta de 45 salarios mínimos legales para garantizar pensiones hasta de
veinticinco (25) salarios mínimos legales», y con la regla de que «en todo caso, el
monto de la cotización mantendrá siempre una relación directa y proporcional al monto
de la pensión».
46. El Acto Legislativo 01 de 2005 adicionó el artículo 48 de la Constitución Política
y dispuso que «a partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones
superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con cargo
a recursos de naturaleza pública»; precisó que para la liquidación de las prestaciones
«sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones» y que el derecho se entiende causado «cuando se
cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aun cuando no se hubiese efectuado
el reconocimiento».
47. La Corte Constitucional ha señalado que resulta legítimo que el legislador
establezca un tope máximo a la mesada, sin que esto implique una vulneración del
derecho a la seguridad social, dado que tales restricciones concretan la garantía de
los recursos destinados al pasivo pensional y permiten asignarlos de manera
preferente a quienes se encuentran en una escala económica inferior18.
48. En cuanto a los regímenes especiales, la Corte Constitucional precisó que la
ausencia de tope en la normativa que los rige no quiere decir que la prestación se
encuentre exenta de límite, dado que en tales casos procede la remisión a las reglas
generales, pues lo contrario conduciría a la «existencia de un grupo de pensionados
privilegiados, excluidos de los límites máximos que la ley ha previsto para el
reconocimiento y valor de las pensiones»19.
49. La tesis referida fue reiterada en la sentencia C-258 de 2013, en la que se indicó
que el tope de las mesadas previsto en la ley es imperativo y cobija todas las
prestaciones reconocidas bajo los regímenes pensionales especiales, en atención a
que el Acto Legislativo 01 de 2005 tuvo como propósito limitar los subsidios que el
Estado destina a la financiación de las pensiones más altas, muchas de ellas
originadas en regímenes vigentes antes de la expedición de la Ley 100 de 1993.
50. Frente a la determinación del tope, la Sección Segunda del Consejo de Estado
ha considerado, de manera reiterada, que las pensiones están sometidas a los topes
establecidos por la norma vigente al momento en que la prestación se hace efectiva,
primero, porque es el momento en el que deben observarse los parámetros que el
ordenamiento fija para calcular el monto, entre los que se encuentra el límite máximo.
Segundo, porque el reconocimiento del derecho es viable a partir de los aportes
realizados al Sistema de Seguridad Social, que también están sometidos a un máximo,
en consonancia con la cuantía de las prestaciones respectivas20.
18 Corte Constitucional, sentencia C-155 de 1997.
19 Corte Constitucional, sentencia C-089 del 26 de febrero de 1997.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29
de enero de 2026, expediente 25000-23-42-000-2016-04596-02 (2006-2025), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo. En
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Demandante: Pablo Enrique Rodríguez Sarmiento
Demandada: UGPP
51. La correspondencia entre el tope de la pensión y el de la cotización obligatoria
se encuentra en el texto de las normas de acuerdo con las cuales el artículo 1.° del
Decreto 314 de 1994 fijó un máximo pensional de veinte (20) salarios mínimos legales
mensuales y limitó la base de cotización al Sistema General de Pensiones al mismo
valor. En consonancia, el inciso 5.° del artículo 18 original de la Ley 100 de 1993,
determinó que «cuando se devengue mensualmente más de 20 salarios mínimos
legales mensuales vigentes, la base de cotización podrá ser limitada a dicho monto
por el Gobierno Nacional».
52. La correlación entre cotización y tope garantiza que las prestaciones por
reconocer cuenten con el respaldo presupuestal derivado de los aportes efectuados,
de manera que, si estos se debían efectuar conforme al máximo vigente al momento
en que se hizo efectivo el derecho, no resulta procedente aumentar el monto de la
mesada al límite fijado con posterioridad.
53. Sobre el tema, la Corte Constitucional ha considerado que «los
reconocimientos pensionales están sujetos a los términos establecidos por la
normatividad vigente al momento de su causación» y que los límites previstos en la
Ley 100 de 1993 y en el Decreto 314 de 1994 «fueron modificados posteriormente con
la Ley 797 de 2003 y del Acto Legislativo 01 de 2005, elevándolo a la suma de 25
SMLMV», por lo que no resulta viable reliquidar una prestación reconocida bajo un
régimen especial sin imponer tope máximo, dado que este aplica «inclusive respecto
de las pensiones reconocidas en virtud del régimen de transición»21.
54. Al respecto, esta Subsección ha considerado que el tope de veinticinco (25)
salarios mínimos legales mensuales rige para las prestaciones que se hacen efectivas
en vigencia de la Ley 797 de 2003 y cuando la vinculación continúa después de la
entrada en vigor, únicamente respecto de los periodos efectivamente cotizados bajo
dicha normativa22.
55. Las razones expuestas permiten concluir que la mesada queda sujeta al tope
previsto en la normativa general vigente cuando la prestación se hizo efectiva, y que
el aumento a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales, establecido en el
el mismo sentido, entre otras, las sentencias de la Subsección B del 12 de junio de 2020, expediente 76001-23-
31-000-2011-00631-01 (4225-15), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter; del 13 de noviembre de 2020, expediente
25000-23-42-000-2016-01911-01 (5824-2018), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; del 18 de febrero de 2021,
expediente 25000-23-42-000-2014-01410-01 (4503-17), M.P. César Palomino Cortés; del 29 de abril de 2021,
expediente 25000-23-42-000-2015-01246-01 (4456-18), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter; y del 23 de octubre de
2025, expediente 05001-23-33-000-2017-02025-01 (2084-2025), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera; y las
de la Subsección A del 22 de julio de 2021, expediente 76001-23-31-000-2009-01137-01 (2189-14), M.P. Gabriel
Valbuena Hernández; del 23 de septiembre de 2021, expediente 25000-23-42-000-2013-06955-01 (1426-2017),
M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y del 16 de octubre de 2025, expediente 25000-23-42-000-2013-01443-02
(4431-2017), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
21 Corte Constitucional, sentencia T-073 de 2019.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29
de enero de 2026, expediente 25000-23-42-000-2016-04596-02 (2006-2025). En el mismo sentido, sentencia del
6 de agosto de 2026, expediente 05001-23-33-000-2016-02482-01 (3002-2025), M.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar.
Radicación: 25000-23-42-000-2012-00640-02 (3434-2020)
Demandante: Pablo Enrique Rodríguez Sarmiento
Demandada: UGPP
artículo 5.° de la Ley 797 de 2003, incorporado a la Constitución Política por el Acto
Legislativo 01 de 2005, solo produce efectos hacia el futuro.
56. El régimen especial previsto en el Decreto 546 de 1971 no fijó tope para el valor
de la mesada, de manera que, según lo señalado en las sentencias C-089 y C-155 de
1997, reiteradas en la C-258 de 2013, y por la jurisprudencia reiterada de esta
Sección, procede la remisión a las reglas generales.
3.4. Hechos probados
57. El señor Pablo Enrique Rodríguez Sarmiento nació el 7 de diciembre de 1951,
según consta en la cédula de ciudadanía, por lo que cumplió 55 años el 7 de diciembre
de 200623.
58. Cajanal, mediante Resolución 30178 del 4 de julio de 2008, reconoció y ordenó
el pago de una pensión de jubilación al demandante al encontrar acreditado que
cumplió 55 años el 7 de diciembre de 2006 y prestó servicios en la Rama Judicial y la
Fiscalía General de la Nación desde el 1 de septiembre de 1971 hasta el 30 de junio
de 2007, fecha en la que ejercía el cargo de fiscal delegado, para un total de 12.689
días.
59. La entidad aplicó una tasa de reemplazo del 75 % y calculó el IBL con los
emolumentos devengados durante los últimos 10 años de servicio, «conforme a lo
establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, entre el 1 de julio de 1997 y el 1
de julio de 2007», esto es, la asignación básica, la bonificación por servicios prestados
y los gastos de representación, para una mesada de $3.194.385,39. La prestación fue
reconocida a partir del 1 de julio de 2007, con efectividad a partir de la demostración
del retiro definitivo del servicio24.
60. Mediante Resolución UGM 031573 del 7 de febrero de 2012, Cajanal reliquidó
la pensión de jubilación, en atención al fallo de tutela expedido en instancia de
impugnación por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, el 29
de octubre de 201025, que amparó los derechos fundamentales del pensionado al
debido proceso, petición, seguridad social, mínimo vital e igualdad26.
61. El acto referido, objeto de la pretensión de nulidad, reliquidó la pensión de
jubilación del actor, con la asignación más alta devengada en el último año de servicio,
comprendido entre el 14 de abril de 2008 y el 14 de abril de 2009, para un total de
tiempo de servicio de 13.333 días. Aplicó un monto del 75 % y los factores de salario
que se enlistan a continuación:
23 Expediente físico, folio 24.
24 Expediente físico, folios 19 al 23, cuaderno 2.
25 La reliquidación se efectuó en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, Sala Penal, que ordenó liquidar la prestación «conforme al artículo 6 del Decreto 546 de 1971,
en concordancia con el artículo 12 del Decreto 717 de 1978» (expediente físico, folio 9).
26 Expediente físico, folios 9-23.
Radicación: 25000-23-42-000-2012-00640-02 (3434-2020)
Demandante: Pablo Enrique Rodríguez Sarmiento
Demandada: UGPP
FACTORES VALOR
Asignación básica – 2009 $3.908.678,00
Gastos de representación – 2008 $3.720.635,00
Prima de navidad – 2008 $624.916,92
Bonificación por servicios prestados – 2008 $212.942,42
Prima de servicios – 2008 $287.961,75
Prima de vacaciones – 2009 $652.241,67
Bonificación por gestión judicial – 2008 $8.234.629,00
TOTAL $17.642.004,76
Tabla 1. Factores del ingreso base de liquidación. Resolución UGM 031573 del 7 de febrero de 2012.
62. A la cifra total aplicó la tasa de reemplazo del 75 %, lo que arrojó como
resultado la suma de $13.231.503,56, valor que sujetó al tope de 25 SMLMV, «de
acuerdo con el Decreto 510 de 2003», para una mesada pensional de $12.422.500,
con efectividad a partir del 15 de abril de 2009, condicionada al retiro del servicio.
3.5. Caso concreto
63. El demandante solicitó la nulidad de la Resolución UGM 031573 del 7 de
febrero de 2012, por medio de la cual Cajanal reliquidó la pensión de jubilación en
cumplimiento de la orden de tutela, y pidió, a título de restablecimiento del derecho, el
reconocimiento de una mesada equivalente al 85 % de la asignación mensual más
elevada devengada en el último año de servicios, sin sujeción al tope de 25 SMLMV.
64. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad parcial de la
Resolución UGM 031573 del 7 de febrero de 2012 expedida por Cajanal, en cuanto
fijó el tope de 25 SMLMV a la mesada pensional, bajo la consideración de que dicho
límite no resulta aplicable a las pensiones reconocidas conforme al régimen previsto
en el Decreto 546 de 1971, aplicable a los servidores de la Rama Judicial y del
Ministerio Público porque dicha normativa no prevé tal restricción.
65. Así, ordenó reconocer la prestación con el 75 % de la asignación mensual más
elevada que devengó durante el último año de servicio con los factores salariales
previstos en el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, que incluye, entre otros, los
siguientes: gastos de representación, primas de antigüedad, capacitación,
ascensional y semestral, auxilio de transporte y viáticos percibidos por los funcionarios
y empleados en comisión en desarrollo de comisiones de servicio, sin el tope de los
25 SMLMV.
66. En el recurso de apelación, la UGPP manifestó que, de acuerdo con lo previsto
en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el ingreso base de liquidación de
la pensión de jubilación se debe liquidar conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de
dicha normativa, según el cual el IBL corresponde al promedio de lo devengado en los
últimos 10 años o el tiempo que le hiciera falta para consolidar el derecho, con los
factores salariales dispuestos en forma taxativa por el Decreto 1158 de 1994, con
inclusión de los emolumentos sobre los que se hubieran realizado las cotizaciones al
sistema, con aplicación del tope de 25 SMLMV.
Radicación: 25000-23-42-000-2012-00640-02 (3434-2020)
Demandante: Pablo Enrique Rodríguez Sarmiento
Demandada: UGPP
67. A partir de lo anterior, se observa que Cajanal reconoció la pensión mediante
la Resolución 30178 del 4 de julio de 2008 con el ingreso base de liquidación previsto
en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y, con posterioridad, la reliquidó mediante la
Resolución UGM 031573 del 7 de febrero de 2012, con la asignación mensual más
elevada devengada en el último año de servicio y los factores allí relacionados.
68. Frente a la reliquidación referida, las pretensiones de la demanda se
circunscribieron a la tasa de reemplazo y al tope, sin cuestionar el periodo ni los
factores que sirvieron de cálculo para el IBL.
69. La sentencia apelada declaró la nulidad parcial del acto acusado únicamente
en lo relativo al tope y ordenó reliquidar la prestación con el 75 % de la asignación
mensual más elevada devengada en el último año de servicio y los factores del artículo
12 del Decreto 717 de 1978 que enunció, cálculo que corresponde al efectuado en la
Resolución UGM 031573 del 7 de febrero de 2012, con los emolumentos devengados
entre el 2008 y el 2009, en los montos indicados en precedencia (tabla 1).
70. Por tanto, la liquidación de la pensión se mantiene en los términos previstos en
el acto demandado, y el examen de la Sala se circunscribe a los dos reparos de la
entidad apelante.
71. Precisado lo anterior, es del caso señalar que el acto de reliquidación
demandado se expidió el 7 de febrero de 2012, época en la que se encontraba vigente
la tesis jurisprudencial según la cual el monto de la pensión se entendía integrado,
además de la tasa de reemplazo, por el periodo de liquidación y los factores del
régimen anterior, interpretación que fue replanteada a partir de las sentencias de
unificación del 28 de agosto de 2018, en el régimen general, y del 11 de junio de 2020,
para el régimen previsto en el Decreto 546 de 1971.
72. En este escenario, resulta oportuno indicar que la sentencia de unificación
citada precisó que «[l]as pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el
régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda
del Consejo de Estado, no pueden considerarse que lo fueron con abuso del derecho
o fraude a la ley». Por tanto, la situación pensional del demandante, en los aspectos
no cuestionados en ejercicio del presente medio de control, se considera una situación
jurídica consolidada en la actuación administrativa, no susceptible de modificación,
porque dichos aspectos fueron definidos conforme a la regla jurisprudencial vigente
para la época en la que fue expedido el acto administrativo de reliquidación (7 de
febrero de 2012).
73. En consecuencia, los reparos presentados por la entidad apelante frente al
cálculo del ingreso base de liquidación no son de recibo, comoquiera que la
modificación pretendida versa sobre un aspecto ajeno a las pretensiones de la
demanda, definido en la actuación administrativa conforme a la interpretación
jurisprudencial vigente para la época. En este orden de ideas, la respuesta al primer
Radicación: 25000-23-42-000-2012-00640-02 (3434-2020)
Demandante: Pablo Enrique Rodríguez Sarmiento
Demandada: UGPP
problema jurídico es negativa.
74. Respecto del tope aplicado a la mesada pensional, se observa que la pensión
del demandante se hizo efectiva el 15 de abril de 2009, época para la cual la cuantía
máxima de las mesadas era de 25 SMLMV, conforme a lo previsto en el artículo 5.°
de la Ley 797 de 2003.
75. Ahora, si bien el Decreto 546 de 1971 no fijó tope para el valor de la mesada,
la Corte Constitucional precisó en las sentencias C-089 y C-155 de 1997, reiteradas
en la C-258 de 2013, que en dichos eventos procede la remisión a las reglas
generales.
76. De acuerdo con la regla según la cual las pensiones se someten a los topes
establecidos por la normativa vigente al momento en que la prestación se hace
efectiva, la Resolución UGM 031573 del 7 de febrero de 2012 se ajustó a la legalidad
al someter el valor de la mesada al límite máximo vigente para la época. En este orden,
la respuesta al segundo problema jurídico es afirmativa.
3.5.1. Conclusión
77. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que la pensión de jubilación
reliquidada al demandante mediante la Resolución UGM 031573 del 7 de febrero de
2012, con la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicio
y los factores relacionados en dicho acto, no puede ajustarse a lo previsto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, como lo solicitó la entidad apelante, porque la liquidación
se efectuó conforme a la interpretación jurisprudencial vigente para la época, sin que
el titular del derecho hubiera cuestionado ni el periodo ni los factores que conformaron
el cálculo del IBL, aspectos que constituyen una situación jurídica consolidada,
definida en la actuación administrativa.
78. Asimismo, es del caso concluir que la aplicación del tope de 25 SMLMV
dispuesto en el acto demandado se ajusta a la legalidad, dado que las reglas
generales que establecen el límite de las mesadas pensionales resultan aplicables
frente a las pensiones reconocidas conforme al régimen pensional previsto en el
Decreto 546 de 1971.
79. En ese orden, la Sala revocará la sentencia apelada que declaró la nulidad
parcial de la Resolución UGM 031573 del 7 de febrero de 2012 que reliquidó la
pensión del demandante y excluyó la aplicación del tope pensional de 25 SMLMV.
3.6. Costas
80. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que, para condenar en costas, es necesario realizar un juicio de ponderación subjetiva
Radicación: 25000-23-42-000-2012-00640-02 (3434-2020)
Demandante: Pablo Enrique Rodríguez Sarmiento
Demandada: UGPP
respecto de la conducta procesal asumida por las partes; por tanto, debe verificarse
que la parte vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria27.
81. Así, en el caso bajo estudio no se condenará en costas, pues no se advierte
que la parte vencida haya incurrido en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, el 29 de noviembre de 2019, por
las razones expuestas en la parte motiva. En su lugar se dispone:
Negar las pretensiones de la demanda presentada por Pablo Enrique Rodríguez
Sarmiento contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, una vez cobre ejecutoria la
presente providencia, previas las anotaciones pertinentes en el Sistema de Gestión
Judicial, Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
27 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, expediente 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
Radicación: 25000-23-42-000-2012-00640-02 (3434-2020)
Demandante: Pablo Enrique Rodríguez Sarmiento
Demandada: UGPP
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
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