Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2012-01136-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2012-01136-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2012-01136-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
2 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., dos (2) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2012-01136-01 (1179-2014)
Demandante: Fredy Alexander Zapata Cote
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Departamento
Administrativo de Seguridad – DAS en supresión
Temas: Incorporación – régimen salarial y prestacional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 17 de octubre de 2013 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por medio de la cual negó las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, el señor Fredy Alexander Zapata Cote, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare lo siguiente:
1
Folios 134 a 167.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2012-01136-01 (1179-2014)
Demandante: Fredy Alexander Zapata Cote
i) la nulidad parcial de la Resolución 00271 del 1 de febrero de 2012, que
incorporó a los servidores del DAS en supresión a la planta de personal no
uniformado de la Policía Nacional; ii) la nulidad total de la Resolución 00748 del
12 de marzo de 2012 con la que se modificó el manual de funciones y requisitos
de los empleos al interior de la Policía Nacional; iii) la nulidad total del Oficio
STAH.GAPE.RYC.62098 del 31 de enero de 2012, a través del cual se le notificó
al interesado su incorporación a la referida institución.
El accionante también solicitó inaplicar por inconstitucionales e ilegales los
artículos 6 (incisos 1, 3 y 4) y 7 (inciso 1) del Decreto 4057 de 2011, por el cual se
suprimió el DAS y se reasignaron unas funciones; 1, 2 y 3 del Decreto 233 de 2012,
que modificó la estructura del Ministerio de Defensa; 1, 2 y 3 del Decreto 234 de
2012, que reajustó el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de la
entidades que integran el sector defensa; 1 a 4 del Decreto 235 de 2012, que varió
la planta de personal de la Policía Nacional; 1 a 4 del Decreto 236 de 2012, que
estableció las equivalencias de empleos al interior de la referida entidad; y 1 a 5
del Decreto 237 de 2012, que modificó la planta de personal del DAS en supresión.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, el
demandante solicitó condenar a la parte demandada a salvaguardar sus derechos
adquiridos en materia salarial y prestacional en los siguientes términos: i)
reconocer que para todos los efectos salariales y prestacionales, no se ha
presentado solución de continuidad en la prestación del servicio; ii) ajustar los
descuentos en salud y pensiones al monto en que se le venían efectuando cuando
pertenecía al DAS, pues el valor de la cotización se incrementó al vincularse a la
Policía Nacional; iii) incluir en su remuneración el auxilio de transporte, el subsidio
de alimentación y la prima de riesgo que devengaba mensualmente cuando
laboraba en el DAS; iv) reliquidar sus prestaciones sociales desde su ingreso al DAS
hasta el 31 de diciembre de 2011, con inclusión de la prima de riesgo; v) pagar, a
partir de la incorporación a la Policía Nacional, los siguientes emolumentos que
venía devengando en el DAS: bonificaciones de servicios y recreación; primas de
servicios, navidad, vacaciones, clima, instalación, coordinación y riesgo; dos
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Demandante: Fredy Alexander Zapata Cote
dotaciones anuales en bonos de Sodexo Pass; vi) garantizar el acceso a la
pensión de jubilación bajo el régimen de prima media con prestación definida en el
nivel de cotización de alto riesgo, conforme al artículo 140 de la Ley 100 de 1993,
el Decreto 1835 de 1994 y la Ley 860 de 2003, esto es, en atención a los
requisitos de dicha normativa y con el aporte correspondiente sobre la prima de
riesgo; vii) mantener el régimen especial de carrera previsto en el Decreto 2147 de
1989 en lugar del ordinario de los empleados públicos de la rama ejecutiva, con el
fin de conservar los beneficios salariales y prestacionales de los Decretos 3135 de
1968; 1848 de 1968; 1042, 1045 y 1047 de 1978; 2146, 2147 y 1933 de 1989;
1835 y 2646 de 1994. En caso de que ello no sea viable, otorgar una
indemnización por la pérdida de dichos beneficios; viii) conservar la antigüedad
para los ascensos y obtener la reubicación en un empleo de superior jerarquía al
que actualmente desempeña en la Policía Nacional, teniendo en cuenta su mérito
y estudios realizados; ix) reconocer «el porcentaje salarial que dejó de recibir a
causa de no ser ascendido, ya que al salir del DAS debería tener el grado 9 y con
este haber sido homologado en el Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional»; x) actualizar el valor de las condenas con base en el IPC2 y pagar los
intereses comerciales y moratorios a que haya lugar.
El señor Fredy Alexander Zapata Cote también elevó las siguientes pretensiones
subsidiarias: i) reconocer una indemnización tendiente a resarcir el daño causado
por la imposibilidad de garantizarle su permanencia en el régimen salarial,
prestacional, de carrera administrativa y de seguridad social al que pertenecía
cuando estuvo vinculado al DAS, así como por la vulneración de sus derechos a
obtener ascensos en dicha institución y por la no inclusión de la prima de riesgo en
el pago de su remuneración mensual; ii) indemnizar «las diferencias salariales y
prestacionales, como consecuencia del menor valor cancelado en sus ingresos
mensuales de los primeros cuatro (4) meses del año 2012»; iii) reparar el daño
ocasionado por la omisión de incluir la prima de riesgo en la liquidación de sus
prestaciones sociales mientras estuvo vinculado al DAS; iv) trasladar al actor a la
Fiscalía General de la Nación en donde podría desempeñar un empleo que se
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Índice de Precios al Consumidor.
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Demandante: Fredy Alexander Zapata Cote
ajuste a las funciones que cumplía en el DAS y, en caso de que ello no sea posible,
reubicarlo en otro cargo dentro de la Policía Nacional que se ajuste a su
experiencia, nivel de estudios, capacitación y labores que ejercía antes de la
incorporación a dicha entidad; además, otorgarle todos los beneficios salariales y
prestacionales del personal no uniformado de la institución, es decir, no solo los
previstos en la Ley 1033 de 2006, sino también los contenidos en el Decreto 1214
de 1990 y en la Resolución 9360 de 1994.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) El 1 de mayo de 1998, el señor Fredy Alexander Zapata Cote se vinculó al
extinto DAS como alumno de academia y realizó el curso de formación para
detectives desde esa fecha hasta el 26 de febrero de 1999.
ii) El 1 de marzo de 1999 el actor fue nombrado como detective agente código
208, grado 6 y en el mes de mayo de 2004 fue llamado para ascender al grado 7,
el cual desempeñó hasta el 31 de enero de 2012, cuando fue incorporado a la
Policía Nacional.
iii) Durante su vinculación en el DAS, el accionante realizó el curso de
especialización en dactiloscopia y fue inscrito al régimen especial de carrera,
mediante la Resolución 2352 del 22 de diciembre de 2000.
iv) Durante los 13 años y 9 meses de servicio en la aludida institución, el
demandante fue ascendido una sola vez en el cargo de detective del grado 6 al 7,
pese a que ese beneficio debió concederse en más ocasiones y ello tampoco le
fue comunicado a la Policía Nacional al momento de su incorporación.
v) El señor Zapata Cote aportó para pensión de alto riesgo desde que ingresó al
DAS hasta el 31 de enero de 2012 y durante los últimos meses laborados en esa
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Demandante: Fredy Alexander Zapata Cote
entidad percibió un salario básico de $1.162.194, prima de riesgo del 35% por
$406.768 y subsidio de alimentación por $42.528, para un total devengado de
$1.611.490.
vi) El demandante fue incorporado a la Policía Nacional con ingreso mensual de
$1.579.078, lo cual denota una diferencia salarial que desmejoró su situación
laboral.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron el preámbulo y los artículos 1, 2, 6, 13, 25, 26, 27, 39,
48, 53, 55, 83, 121, 123, 124 y 125 de la Constitución Política; Leyes 909 de 2004
y 1444 de 2011; Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451 de
1984, 1933, 2146, 2147 y 2200 de 1989, 1137, 1835 y 2646 de 1994, 2759 de
2000 y 4057 de 2011; Resolución 1333 de 2006.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del actor expuso lo siguiente:
i) El legislador dispuso que la supresión del DAS y la incorporación de sus
servidores en otras entidades del Estado debía hacerse con respeto de los
derechos adquiridos en materia salarial y prestacional. Además, no podían
desmejorarse sus ingresos mensuales.
ii) Los actos acusados desconocieron los referidos mandatos, pues el actor fue
vinculado a la Policía Nacional en un cargo de inferior jerarquía a la que le
correspondía de acuerdo con su formación profesional y experiencia.
iii) Al accionante se le desmejoró su situación laboral en los siguientes aspectos:
1. Se le dejaron de pagar diversos emolumentos laborales que venía
percibiendo en el DAS, como el auxilio de transporte y el subsidio de
alimentación. A su vez, se incrementó la asignación básica con el consecuente
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Demandante: Fredy Alexander Zapata Cote
aumento de los aportes al sistema de seguridad social y se incluyó la prima de
riesgo en la referida asignación, razón por la que se perdió la cotización de alto
riesgo al sistema general de pensiones.
2. Se le desconoció el régimen especial de carrera administrativa al que estaba
adscrito en el DAS, así como la normativa en materia pensional que lo regía por
desempeñar una actividad de alto riesgo, lo cual se traduce en que deba cotizar
por mayores montos, acceder a una pensión en inferiores condiciones a las que
tendría derecho si se le hubieran mantenido sus prerrogativas en esa materia y
se incrementaron los años que debe trabajar para acceder a dicha prestación.
3. En razón a la ausencia de un régimen especial, el actor tiene incertidumbre
en torno a si percibirá las primas de servicios, navidad, riesgo, clima,
instalación, coordinación, técnica; la bonificación por recreación; y las
dotaciones semestrales.
iv) Desde su vinculación con el DAS y su posterior incorporación a la Policía
Nacional, se le ha desconocido el derecho al ascenso.
v) La prima de riesgo tiene carácter salarial y, por ende, debe computarse para
liquidar las prestaciones sociales.
vi) El accionante tenía derecho a ser incorporado en un cargo con funciones
iguales o similares a las que ejercía en el DAS; sin embargo, en la Policía Nacional
no se respetó dicha equivalencia, sino que fue nombrado como técnico de
identificación y registro, cuyo perfil no es acorde con el de detective que
desempeñaba en la entidad suprimida, situación que atenga contra su formación,
experiencia, dignidad humana y la libertad de elegir profesión u oficio.
1.2. Contestación de la demanda
La parte demandada en el sub lite estuvo representada por los departamentos
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Demandante: Fredy Alexander Zapata Cote
administrativos de la Función Pública3 y de Seguridad en supresión;4 los
ministerios de Hacienda y Crédito Público,5 Defensa – Policía Nacional,6
Relaciones Exteriores,7 Justicia y del Derecho8. A continuación, se resumen las
razones de defensa expuestas por las mencionadas entidades:
i) La Ley 1444 de 2011 facultó al presidente de la República para suprimir
entidades, así como reasignar funciones y competencias, teniendo en cuenta que
con ello se busca el interés general, atender necesidades públicas y restricciones
económicas, la modernización y eficiencia de la administración, entre otros fines.
La supresión del DAS se materializó con el Decreto 4057 de 2011.
ii) La Corte Constitucional, mediante las Sentencias C-240 de 2012 y C-098 de
2013, avaló los movimientos de personal requeridos como consecuencia de la
supresión del DAS; también indicó que la incorporación de sus servidores a otras
entidades del Estado no vulneraba sus garantías laborales y que no podían
protegerse meras expectativas, por lo que debían acogerse al régimen salarial y
prestacional de las instituciones receptoras.
iii) El Decreto 235 de 2012 dispuso que la Policía Nacional asumiría las funciones
de llevar los registros delictivos y de identificación nacionales, así como expedir
certificados judiciales. Para atender estas nuevas competencias, se modificó la
planta de personal en aras de vincular a los ex servidores del DAS, conforme a la
tabla de equivalencias establecida en el Decreto 236 de 2012.
iv) Al accionante se le salvaguardaron sus condiciones laborales, pues se respetó
la correspondencia entre el cargo que desempeñaba en el DAS y el que ocupa en
la Policía Nacional; inclusive, la prima de riesgo se le integró a la asignación
básica. Igualmente, se le ha garantizado el acceso la seguridad social integral y su
3
Folios 201 a 209.
4
Folios 351 a 390.
5
Folios 214 a 221.
6
Folios 225 a 244.
7
Folios 303 a 314.
8
Folios 338 a 343.
7
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Demandante: Fredy Alexander Zapata Cote
pensión debe regirse por la normativa que configura ese sistema.
v) El DAS se suprimió y algunas funciones fueron asumidas por otras entidades,
cuya naturaleza, objetivos y misión impide que se siga aplicando el régimen de
carrera del que gozaban los empleados del referido departamento administrativo.
vi) El accionante no fundamentó en derecho las razones por las cuales debían
inaplicarse los decretos invocados en la demanda. Además, si saliera avante dicha
pretensión, decaería su incorporación, pues esas normas fueron la base del nuevo
nombramiento en la Policía Nacional.
vii) El régimen de ascensos aplicado al señor Fredy Alexander Zapata Cote se
ajustó a la normativa que regía el sistema específico de carrera de los servidores
del DAS, en consonancia con las vacantes existentes.
viii) Se proponen las siguientes excepciones: 1) falta de legitimación en la causa
por pasiva respecto del Departamento Administrativo de la Función Pública –
DAFP; el DAS en supresión; los ministerios de Hacienda y Crédito Público, Defensa
– Policía Nacional, Relaciones Exteriores, Justicia y del Derecho; 2) falta de
agotamiento de la vía gubernativa frente al DAFP y el Ministerio de Defensa -
Policía Nacional; 3) inexistencia de la obligación, alegada por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público; 4) cobro de lo no debido, presentada por el Ministerio
de Hacienda; 5) ineptitud de la demanda, sustentada por el DAFP, el Ministerio de
Defensa - Policía Nacional y el DAS en supresión; 6) ausencia de conciliación
extrajudicial, esgrimida por el Ministerio de Relaciones Exteriores; 7)
constitucionalidad, legalidad e indebida escogencia de la acción, expuesta por el
DAS en supresión; 8) falta de integración del litisconsorcio necesario, invocada por
el DAS en supresión; 9) genérica, presentada por el DAS en supresión, los
ministerios de Hacienda y Crédito Público y Defensa - Policía Nacional.
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Demandante: Fredy Alexander Zapata Cote
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
mediante sentencia del 17 de octubre de 2013, negó las pretensiones de la
demanda, con sustento en las siguientes consideraciones: 9
i) No hay lugar a inaplicar los Decretos 4057 de 2011 y 233 a 237 de 2012, por
cuanto la Sentencia C-098 de 2013 encontró que el proceso de supresión del DAS
se ajustó a la Constitución Política.
ii) El actor fue incorporado a la Policía Nacional en iguales condiciones a las que
ostentaba en el DAS, pues se respetó su inscripción en carrera administrativa y fue
adscrito al régimen especial del que disfruta el personal no uniformado de esa
entidad.
iii) El ascenso no opera de pleno derecho ni constituye un beneficio adquirido para
quien aspira a éste.
iv) La Sentencia C-209 de 1997 precisó que la reestructuración de un organismo
puede comprender una nueva regulación en materia laboral, pues no pueden
predicarse derechos adquiridos frente a un régimen salarial y prestacional.
v) Tampoco se desmejoró el ingreso mensual del demandante, por cuanto en el
DAS percibía la suma de $1.568.961,90, mientras que en la Policía Nacional
devenga $1.647.410, teniendo en cuenta que la prima de riesgo se integró a la
asignación básica y es factor de salario para liquidar los demás emolumentos.
Asimismo, el interesado recibe las prestaciones que se reconocen al personal no
uniformado de la institución como vacaciones; primas de vacaciones, navidad,
servicios, actividad, orden público, instalación, clima y antigüedad; bonificaciones
por servicios, compensación y recreación; auxilios de transporte, alimentación y
cesantías.
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Folios 437 a 447.
9
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Demandante: Fredy Alexander Zapata Cote
vi) El accionante no es beneficiario del régimen pensional especial previsto para
los ex servidores del DAS, ya que no está dentro de la transición establecida en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Acto Legislativo 1 de 2005. Además, no
permaneció en el régimen de prima media con prestación definida, sino que se
afilió a PROTECCIÓN, desde el 1 de abril de 2004 hasta el 31 de enero de 2012.
1.4. El recurso de apelación
El apoderado del accionante interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia con base en los siguientes argumentos: 10
i) El principio de favorabilidad impone a los jueces el deber de interpretar las
normas legales en la forma que mejor satisfaga los intereses de los trabajadores.
Este mandato se desconoció en el sub lite, pues la incorporación del actor a la
Policía Nacional desmejoró sus condiciones laborales, prestacionales, pensionales
y de carrera.
ii) El cargo que actualmente ocupa no se acompasa con las funciones que ejercía
en el DAS. Además, la homologación se efectuó sin atender su experiencia, nivel
de capacitación y que estaba próximo a ser ascendido.
iii) El señor Fredy Alexander Zapata Cote estaba adscrito al sistema específico de
carrera del DAS, el cual se instituyó en razón a las especiales funciones asignadas
a dicha entidad; por lo tanto, no era posible efectuar una incorporación automática
a otras entidades del Estado que tienen sistemas generales de carrera, pues con
ello se vulneraron los derechos mínimos que disfrutaba el demandante en materia
salarial, prestacional y pensional. Igualmente, se le obligó a renunciar a unos
beneficios que había consolidado en el ente suprimido.
iv) El accionante advirtió un incremento de su asignación básica en la Policía
10
Folios 450 a 456.
10
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Demandante: Fredy Alexander Zapata Cote
Nacional, pero ello no compensa los demás emolumentos que dejó de percibir
como el auxilio de transporte, subsidio de alimentación, bonificación por
recreación; dotaciones anuales; primas de servicios, navidad, vacaciones, clima y
coordinación.
v) Se aumentaron los descuentos realizados al actor por concepto de aportes al
sistema de seguridad social en salud y pensiones. Además, dejó de cotizar bajo el
régimen de actividades de alto riesgo, toda vez que la prima de riesgo se le
incorporó a la asignación básica.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Los ministerios de Relaciones Exteriores11 y Defensa – Policía Nacional,12 y el
DAFP13 reiteraron los argumentos expuestos en las respectivas etapas del proceso.
Los demás sujetos procesales guardaron silencio.
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto. 14
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el problema
jurídico se circunscribe a determinar si el actor tiene derecho a seguir disfrutando
del régimen de carrera, salarial, prestacional y de seguridad social en pensiones
que lo regía mientras estuvo vinculado al extinto DAS, en virtud a que su
11
Folios 505 a 506.
12
Folios 513 a 517.
13
Folios 522 a 525.
14
Según constancia secretarial obrante en el folio 527.
11
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Demandante: Fredy Alexander Zapata Cote
incorporación a la Policía Nacional supuso una desmejora de sus condiciones
laborales en los referidos aspectos.
2.2. Marco normativo
2.2.1. Supresión y carrera administrativa
De conformidad con el artículo 125 de la Constitución Política, los empleos de las
entidades del Estado son de carrera administrativa, salvo las excepciones
expresamente consagradas en la ley.
Los Decretos 2146 y 2147 de 1989 establecieron el régimen de administración de
personal y carrera de los empleados del DAS, quienes ingresarían a la institución
mediante nombramiento en período de prueba para el grado inferior de detective
agente, luego de adelantar y aprobar los cursos de formación y especialización en
la Academia de Inteligencia y Seguridad Pública o en las escuelas regionales, y
obtenido evaluación favorable del Comité Interdisciplinario del respectivo centro
docente. Una vez finalizado el aludido período de prueba, los detectives serían
inscritos en el régimen especial de carrera.15
A su turno, el retiro se verificaría, entre otras razones, por supresión del empleo. 16
Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que la reestructuración de las
entidades públicas no pugna con el derecho a la carrera administrativa, pues ello
obedece a una medida legítima inspirada en la protección del interés general. En
tal sentido, ha explicado lo siguiente: 17
La Corte ha sostenido que “el Estado, para cumplir con sus fines, debe reajustar la
estructura orgánica y funcional que le sirve de medio para obtenerlos. Por lo tanto,
en lo que respecta a la administración pública, resulta razonable que se produzca la
correspondiente valoración del desempeño de las entidades que la conforman, a fin
de evaluar su misión, estructura, funciones, resultados, etc, y adecuarlas a los
objetivos demarcados constitucionalmente.”18
15
Artículo 50 del Decreto 2147 de 1989.
16
Artículo 33 del Decreto 2146 de 1989.
17
Sentencia C-954 de 2001.
18
Sentencia C-209/97 M.P. Hernando Herrera Vergara.
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Radicación: 25000-23-42-000-2012-01136-01 (1179-2014)
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Tales reajustes pueden conducir a la supresión de cargos de carrera,
concretamente como consecuencia de reestructuraciones administrativas que
impliquen reformar las plantas de personal, lo cual podría afectar los derechos de
los empleados, especialmente los de carrera, que en principio gozan de cierta
estabilidad laboral. Con fundamento en ello, el legislador, en procura de la
protección de estos derechos, exige que la supresión de tales cargos no pueda ser
caprichosa, arbitraria o subjetiva. Al respecto, la Corte ha sostenido:
“La supresión de un cargo de carrera administrativa se puede producir por múltiples
circunstancias, vr.gr. por fusión o liquidación de la entidad pública respectiva, por
reestructuración de la misma, por modificación de la planta de personal, por
reclasificación de los empleos, por políticas de modernización del Estado con el fin
de hacer más eficaz la prestación del servicio público, controlar el gasto público,
abolir la burocracia administrativa, etc. Objetivos que deben dirigirse exclusivamente
a lograr la optimización en términos de calidad, idoneidad y eficiencia del servicio
público, basarse en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del
interés general, sin dejar de lado la protección de los derechos de los
trabajadores.”19
De acuerdo con el anterior lineamiento, se concluye que la carrera administrativa
no confiere un derecho de inamovilidad absoluta, pues la estabilidad de los
empleados que acceden a dicho sistema debe armonizarse con las necesidades
técnicas, económicas y de modernización de la administración en aras de lograr
su mayor eficiencia y la consecución de los fines del Estado.
Además, los procesos de reestructuración tampoco conducen a un
desconocimiento de los derechos laborales de los empleados de carrea, ya que se
han previsto medidas tendientes a lograr su incorporación en otro empleo y, en
caso de que ello no sea viable, reconocer una indemnización encaminada a
resarcir el daño que ocasiona la culminación de su vínculo laboral. A su vez,
dichos procesos deben obedecer a razones ciertas y verificables con el objetivo de
que no se incurra en un ejercicio ilegítimo o arbitrario de la potestad en comento.
2.2.2. Supresión del DAS
El artículo 18 de la Ley 1444 de 2011 confirió facultades extraordinarias al
presidente de la República para crear, escindir, fusionar y suprimir departamentos
19
Sentencia C-370/99 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
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Radicación: 25000-23-42-000-2012-01136-01 (1179-2014)
Demandante: Fredy Alexander Zapata Cote
administrativos, así como para reasignar funciones y competencias entre las
entidades y organismos de la administración pública.
En ejercicio de las referidas facultades, se expidió el Decreto Ley 4057 de 2011,
que suprimió el DAS y trasladó algunas de sus funciones a la Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia, Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional y
Unidad Nacional de Protección.
En lo que atañe al sub lite, se destaca que a la Policía Nacional se le atribuyó la
competencia de «[l]levar los registros delictivos y de identificación nacionales, y
expedir los certificados judiciales, con base en el canje interno y en los informes o
avisos que deben rendir oportunamente las autoridades judiciales de la
República».20
Por su parte, los artículos 6 y 7 ibidem fijaron las siguientes reglas en relación con
las condiciones laborales del personal que sería incorporado a otros organismos
del Estado:
i) La incorporación debía realizarse sin solución de continuidad y respetando la
condición de carrera o provisionalidad que ostentaban los empleados en el DAS.
Quienes desempeñaban cargos de libre nombramiento y remoción serían
vinculados en provisionalidad a los cargos de carrera de las entidades receptoras.
ii) Los servidores del DAS conservarían sus derechos de carrera administrativa en
las instituciones que los acogieran. Igualmente, se actualizaría su inscripción en el
correspondiente registro por parte de la autoridad competente.
iii) A partir de la incorporación, el régimen de carrera del personal incorporado
sería el que rigiera en la entidad receptora.
20
Artículo 3, numeral 3.3, del Decreto Ley 4057 de 2011, en concordancia con el artículo 2, numeral 12, del
Decreto 643 de 2004.
14
Radicación: 25000-23-42-000-2012-01136-01 (1179-2014)
Demandante: Fredy Alexander Zapata Cote
iv) El régimen salarial, prestacional, de carrera y de administración de personal de
los servidores incorporados sería el previsto para la institución receptora; sin
embargo, el régimen salarial y prestacional de quienes ingresaran a la Policía
Nacional sería fijado por el presidente de la República.
v) Para efectos de hacer las equivalencias de los cargos desempeñados por los
empleados en el DAS con los de las entidades receptoras, se dispuso computar la
asignación básica y la prima de riesgo que venían devengando.
vi) A partir de la incorporación, la prima de riesgo se entendía integrada y
reconocida en la asignación básica del nuevo cargo.
vii) En caso de que los servidores del DAS fueran incorporados a un empleo con
una asignación básica inferior a la sumatoria de esta y la prima de riesgo que
estaban percibiendo, la diferencia se reconocería con una bonificación mensual
por compensación que se entendería integrada a la asignación básica y
constituiría factor salarial para todos los efectos legales.
viii) El DAS debía reconocer y pagar los beneficios salariales y prestacionales
causados a la fecha de la incorporación.
2.3. Hechos probados
• El 1 de mayo de 1998, el señor Fredy Alexander Zapata Cote ingresó al DAS y
estuvo vinculado hasta el 31 de enero de 2012, el último cargo desempeñado fue
el de detective 208-07, con derecho a una asignación mensual de $1.162.194 y
una prima especial de riesgo equivalente al 35% de dicho rubro.21
21
Folio 7.
15
Radicación: 25000-23-42-000-2012-01136-01 (1179-2014)
Demandante: Fredy Alexander Zapata Cote
• La subdirectora de Talento Humano del DAS en supresión certificó lo siguiente en
relación con los aportes efectuados a la seguridad social mientras el actor estuvo
laborando en dicha entidad: 22
TIEMPO DE SERVICIO TRECE (13) AÑOS, OCHO (8) MESES Y TREINTA (30) DÍAS
[…]
QUE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD ENVIÓ COTIZACIÓN A CARGO DEL
PATRONO CORRESPONDIENTE AL 8.5% POR ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO A LA CAJA
NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL, DESDE EL 01 DE ENERO DE 1996 AL 31 DE JULIO DE
2003 SEGÚN DCTO. 1835/94, ARTS. 2 Y 12 DE FORMA GLOBALIZADA.
EL SEÑOR FREDY ALEXANDER ZAPATA COTE HA COTIZADO PARA PENSIÓN DESDE EL 01
DE MAYO DE 1998 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2001 AL I.S.S., DESDE EL 01 DE JULIO DE
2001 AL 31 DE MARZO DE 2004 A PROTECCIÓN, A PARTIR 01 DE ABRIL DE 2004 AL 31 DE
ENERO DE 2012 AL I.S.S. […]
• El 31 de enero de 2012, por Oficio STAH.GAPE.RYC.62098, el secretario General
del DAS en supresión le informó al demandante que sería incorporado a la Policía
Nacional a partir del 1 de febrero de 2012. 23
• El 1 de febrero de 2012, por Resolución 00271, el director General de la Policía
Nacional incorporó al accionante a la planta global de personal no uniformado de
la institución en el cargo de técnico de identificación y registro, código I-2, grado
5.24
• El coordinador del Grupo de Registro de la Comisión Nacional del Servicio Civil
certificó que «se encontró en el Registro Público de Carrera Administrativa
capítulo DAS información de la inscripción y actualización del señor (a) ZAPATA COTE
FREDY ALEXANDER identificado […], como se relaciona a continuación»: 25
Nivel Denominación Código Grado Resolución Fecha Tipo de
Trámite
Asistencial DETECTIVE 208 06 2352 20/12/2000 Inscripción
Asistencial DETECTIVE 208 07 0816 21/04/2004 Actualización
por ascenso
22
Folio 394.
23
Folio 9.
24
Folios 10 a 23.
25
Folio 263.
16
Radicación: 25000-23-42-000-2012-01136-01 (1179-2014)
Demandante: Fredy Alexander Zapata Cote
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
El apelante sostiene que su incorporación a la Policía Nacional le implicó una
desmejora frente al régimen de carrera, salarial, prestacional y de seguridad
social en pensiones que lo regía mientras estuvo vinculado al extinto DAS. En
consecuencia, solicita que se le restablezcan las condiciones laborales que venía
disfrutando, en aras de garantizar sus derechos adquiridos y el principio de
favorabilidad.
En anterior oportunidad esta Subsección analizó un caso con contornos análogos
al presente y concluyó que no era viable acceder a tal pretensión, 26 toda vez que
la Corte Constitucional estudió las reglas fijadas por el Decreto Ley 4057 de 2011
en materia laboral para los servidores del DAS que serían incorporados a otros
organismos públicos y concluyó que eran respetuosas del marco constitucional.
En tal sentido, la Sentencia C-098 de 2013 explicó que la normativa que rige la
carrera administrativa no tiene por objeto regular «los salarios o prestaciones, sino
que busca garantizar la eficiencia en la prestación del servicio, la garantía de
igualdad de oportunidades y la protección de la estabilidad de las personas
vinculadas a este régimen». A partir de esta aclaración preliminar, el análisis del
Decreto Ley 4057 de 2011 se hizo de manera separada, por un lado, frente al
régimen salarial, prestacional y de administración de personal y, por otro lado, el
de carrera.
En cuanto al régimen salarial, prestacional y de administración de personal,
la referida providencia concluyó que la norma demandada respetó los derechos
adquiridos en materia laboral y no afectó las prerrogativas de los ex servidores del
DAS incorporados a otras entidades, por las siguientes razones:
26
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de febrero de 2022, radicado: 76001-
23-33-000-2013-00151-01 (4392-2018).
17
Radicación: 25000-23-42-000-2012-01136-01 (1179-2014)
Demandante: Fredy Alexander Zapata Cote
3.7.3.3. En la sentencia C-880 de 2003, la Corte consideró que es razonable que
se establezca que el régimen laboral de los servidores que, en virtud de un proceso
de reestructuración, pasan de una entidad a la otra, sea el de la entidad que los
recibe […].
[…]
3.7.3.6. Así las cosas, teniendo en cuenta que el legislador es competente para
reformar la estructura de la administración en relación con el régimen salarial,
prestacional y de administración de personal de los servidores de entidades
reestructuradas, la modificación planteada en la norma demandada (parcialmente) se
ajusta a la Carta Política y a la jurisprudencia constitucional y no desconoce en
manera alguna derechos adquiridos, en la medida que la reubicación de estos
trabajadores, por sí sola, no implica una desmejora de sus condiciones laborales.
En lo que concierne al régimen de carrera, la Sentencia C-098 de 2013 explicó
que el Decreto Ley 4057 de 2011 garantizó la estabilidad de los empleados del DAS,
beneficio que corresponde a la principal prerrogativa que se deriva de dicho
sistema cuando se presenta un proceso de supresión. Al respecto, sostuvo lo
siguiente:
3.7.4.11. De esta manera, la protección de los servidores inscritos en carrera
administrativa de una entidad suprimida, en virtud de la estabilidad laboral, no puede
ir más allá de la incorporación, reincorporación o la indemnización, toda vez que
el Estado no puede garantizar la vigencia de un régimen de una entidad, que en
virtud de la supresión, no existe. No obstante ello, la legislación vigente con el fin de
garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores de carrera administrativa
establece reglas de incorporación que procuran que el servidor escalafonado a
quien le fue suprimido el cargo siga desempeñándose como tal en otra entidad. Es
decir, que, aunque pierde las condiciones especiales del régimen extinto, ingresa a la
nueva entidad bajo el amparo de las reglas de carrera para ella vigentes.
[…]
3.7.4.14. Además, como se indicó en el acápite precedente, aunque la redefinición
del régimen laboral de los empleados públicos decretada en el marco de una
reestructuración administrativa, no puede desconocer los derechos adquiridos
conforme a leyes preexistentes, si permite su reglamentación a futuro. […].
3.7.4.15. En ese entendido, el proceso de supresión del D.A.S. se ajustó a los
preceptos constitucionales y legales, y procuró la protección de los derechos
adquiridos, la estabilidad laboral y el debido proceso de los servidores en carrera
cuyos cargos fueron suprimidos, a través de la incorporación a entidades afines en
cargos escalafonados y de la indemnización de perjuicios, según el caso.
Adicionalmente, se repite, no existe obligación para el legislador de mantener en el
tiempo los beneficios de un régimen cuya vigencia se agotó con la supresión del
organismo para el cual fue establecido. De manera que, como lo accesorio sigue la
suerte de lo principal, una vez extinguida la entidad para el cual fue creado el
régimen de carrera, éste desaparece del ordenamiento jurídico, salvo disposición
especial del legislador en contrario.
18
Radicación: 25000-23-42-000-2012-01136-01 (1179-2014)
Demandante: Fredy Alexander Zapata Cote
De acuerdo con el anterior lineamiento, se concluye que el cambio del régimen de
carrera de los ex servidores del DAS se ajustó a los mandatos constitucionales, ya
que se les respetó la estabilidad en el empleo y era natural que a partir de ese
momento se rigieran por el régimen de carrera de las entidades receptoras.
Para arribar a la anterior conclusión, la sentencia antes citada expresó que la
supresión del DAS conllevaba la extinción o el traslado de sus funciones, la
eliminación de su planta de personal, liquidación de su patrimonio y la
desaparición del régimen de carrera administrativa.
Además, el legislador cumplió con su deber de garantizar la incorporación de los
ex servidores del DAS o el pago de una indemnización, pero no podía exigírsele la
protección de meras expectativas «como la de continuar vinculados al régimen de
carrera de una entidad ya extinta».27
Por lo tanto, se cumplió con la finalidad esencial del sistema de carrera
administrativa, esto es, garantizar la estabilidad de los empleados públicos, a
través de la incorporación, reincorporación o el pago de una indemnización. De
esta manera, los servidores no podían reclamar la vigencia de un régimen de una
entidad suprimida.
A su vez, «los beneficios de ascenso y retiro de un régimen especial de carrera
extinto, no constituyen derechos adquiridos para los servidores vinculados a éste,
toda vez que la estabilidad de estos cargos públicos y el acceso de los
ciudadanos a la Administración Pública, tendrá vigencia mientras subsista el
régimen o la entidad que lo sustenta».28
Con base en las anteriores directrices, se concluye que el actor no tenía derecho
a seguir disfrutando del régimen especial de carrera del DAS, incluyendo los
27
Sentencia C-098 de 2013.
28
Sentencia C-098 de 2013.
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Demandante: Fredy Alexander Zapata Cote
ascensos, pues a partir de la incorporación debía acogerse a las reglas previstas
en el organismo receptor, esto es, la Policía Nacional.
En el plenario se encuentra acreditado que al demandante se le salvaguardó su
derecho a la estabilidad, por cuanto fue incorporado a la referida institución de
acuerdo con las equivalencias establecidas en el Decreto 236 de 2012, en el cual
se determinó que el cargo de detective, código 208, grado 7, sería homologado al
de técnico de identificación y registro, código I-2, grado 5.
Igualmente, según el Decreto 235 de 2012, el mencionado empleo se creó luego
de que el Ministerio de Defensa - Policía Nacional presentara la justificación
técnica sobre las necesidades que surgían al interior de la entidad para atender la
función asignada por el Decreto Ley 4057 de 2011. A su vez, la propuesta contó
con concepto favorable del DAFP.
Frente a lo anterior, es oportuno recordar que la Sentencia C-240 de 2012 precisó
que el artículo 18 de la Ley 1444 de 2011 facultó al Gobierno nacional no sólo
para suprimir el DAS, sino también para efectuar los movimientos del personal que
demandara la administración central.
Por su parte, el accionante no aportó pruebas tendientes a explicar por qué la
homologación se apartó del ordenamiento superior, ni mucho menos expuso
argumentos específicos frente a la manera en que se hicieron los estudios previos
para crear los cargos a los cuales serían incorporados los ex servidores del DAS,
determinar sus perfiles y asignar las correspondientes funciones.
De otro lado, tampoco le asiste razón al señor Fredy Alexander Zapata Cote en
cuanto a que se le debe respetar el régimen salarial, prestacional y de seguridad
social en pensiones que venía disfrutando en el DAS, puesto que la supresión de
ese organismo es una expresión de la potestad de reestructuración de la
administración pública, lo cual también implica una nueva regulación legal del
20
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Demandante: Fredy Alexander Zapata Cote
régimen laboral de los empleados inmersos dentro de estos procesos,29 «a fin de
concordarlo con la modificación o redefinición de funciones». 30
En relación con dicho aspecto, la Corte Constitucional ha sostenido que «la
función de determinar la estructura de la administración nacional, no se agota con
la creación, supresión o fusión de los organismos que la integran, sino que abarca
proyecciones mucho más comprensivas que tienen que ver con el señalamiento
de la estructura orgánica de cada uno de ellos, la precisión de sus objetivos, sus
funciones generales y la vinculación con otros organismos para fines del control 31,
así como también “regular los asuntos relacionados con el régimen jurídico de los
trabajadores, con la contratación y con las materias de índole presupuestal y
tributario, entre otras” 32».33
Además, la modificación del régimen salarial y prestacional de los empleados
puede hacerse, pero siempre con respeto de los derechos adquiridos, entendidos
como «aquellos que han ingresado definitivamente en el patrimonio de la
persona»,34 por ende, no se protegen las meras expectativas de los servidores en
dicha materia, es decir, «aquellas en que los supuestos fácticos para la
adquisición del derecho no se han realizado».35
A partir del anterior entendimiento, la Corte Constitucional concluyó que la
incorporación de los servidores del DAS no quebrantó sus derechos adquiridos en
materia laboral, pues precisamente el Decreto Ley 4057 de 2011 estableció las
condiciones para garantizarlos, a través de la incorporación a otras entidades.
Inclusive, el artículo 7 ibidem previó que para «la aplicación de las equivalencias
que se establezcan para los fines de la incorporación, la asignación básica de los
29
Sentencia C-098 de 2013.
30
Sentencia C-209 de 1997.
31
Sentencia C-299 de 1994 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
32
Sentencia C-306/04 M.P. Rodrigo Escobar Gil. S.V. M. Jaime Araujo Rentería. Así mismo ver la Sentencia C-
209/97 M.P. Hernando Herrera Vergara.
33
Sentencia C-784 de 2004.
34
Sentencia C-098 de 2013.
35
Sentencia C-098 de 2013.
21
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Demandante: Fredy Alexander Zapata Cote
empleos en los cuales sean incorporados los servidores del Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS) comprenderá la asignación básica y la prima de
riesgo correspondientes al cargo del cual el empleado incorporado sea titular en el
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a la vigencia del presente
decreto. En consecuencia, a partir de la incorporación, la prima de riesgo se
entiende integrada y reconocida en la asignación básica del nuevo cargo».
La Sala observa que la anterior medida buscó que la homologación de los cargos
de la entidad suprimida y las receptoras no condujeran a una desmejora en el
ingreso mensual de los ex servidores del DAS. Esta previsión legal fue reafirmada
por el Decreto 236 de 2012, en tanto dispuso que los ex servidores del DAS
conservarían los beneficios salariales y prestacionales que venían percibiendo en
el DAS hasta su retiro de la Policía Nacional, los cuales se liquidarían con la
asignación básica que corresponda al empleo en el que sean incorporados.
Además, el accionante no aportó elementos de juicio que permitan evidenciar que
no se cumplieron las anteriores medidas protectoras, ni hacer una comparación
integral de su situación laboral en el DAS y contrastarla con la que tiene en la
Policía Nacional.
Aunado a ello, esta corporación en reiteradas oportunidades ha precisado que
para comparar dos regímenes a efectos de determinar una desmejora de las
condiciones laborales no es posible hacerlo en forma aislada, fraccionada, ni
factor por factor, pues las prerrogativas que no existan en uno pueden estar
compensadas con otros emolumentos.36
A su vez, el Consejo de Estado ha concluido que la incorporación de los
servidores del DAS a la Policía Nacional no afectó sus derechos laborales, por las
siguientes razones:37
36
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de febrero de 2018, radicado: 17001-
23-33-000-2013-00081-01 (4370-2013).
37
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de enero de 2021, radicado: 76001-
23-33-000-2015-01266-01 (5991-18).
22
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Demandante: Fredy Alexander Zapata Cote
[…] con la incorporación que se surtió luego de la supresión del Departamento
Nacional de Seguridad -DAS- le fue reconocida unas prebendas que no tienen
aquellos, como lo es, que todos los factores salariales y prestacionales que
percibía anteriormente fueron incluidos a la asignación básica.
En efecto, el Presidente de la República […] señaló que estos servidores que fueron
incorporados a la Policía Nacional conservarían los beneficios salariales y
prestacionales que venían percibiendo en el Departamento Administrativo de
Seguridad -DAS- hasta que se retiraran de la entidad, los cuales se liquidarían con
la asignación básica que corresponda al empleo en que fueran incorporados.
En tal sentido, resulta evidente que la prima de riegos y demás emolumentos que
percibía la señora Sandra Azucena Ducuara Carvajal se le liquidan en la actualidad,
tal y como lo señaló el a quo, con la asignación básica del empleo al que fue
incorporada, esto es, con la integración de todos los beneficios laborales en la
asignación básica del nuevo empleo, por tal motivo, no es cierto que exista una
desmejora salarial.
[…] observa la Sala que los decretos expedidos por el Gobierno Nacional a través
de los cuales se establecieron las equivalencias en los empleos en donde fueron
incorporados los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-,
tal es el caso del Decreto 236 de 201238 propendieron por amparar los beneficios
que tenían, prueba de ello fue que, con posterioridad a la expedición de éste, la
prima de riesgo pasó a constituirse en factor salarial. [Se resalta]
De acuerdo con la anterior directriz jurisprudencial, los ex servidores del DAS
mantuvieron su nivel de ingresos al ser incorporados a la Policía Nacional.
Inclusive, la prima de riesgo pasó a conformar su asignación básica y, por ende,
sería computable para liquidar sus prestaciones sociales.
En consonancia con lo antes expuesto y, contrario a lo sostenido por el apelante,
dicha asignación debe tenerse en cuenta para liquidar los aportes a la seguridad
social, pues ello es reflejo del principio de solidaridad que orienta ese sistema y
que obliga a los afiliados a contribuir a su financiación de acuerdo con sus
capacidades,39 no sólo para poder recibir los distintos beneficios, sino para
preservar el sistema en su conjunto. 40
38
Ibídem.
39
Corte Constitucional, Sentencia C-258 de 2013.
40
Corte Constitucional, Sentencia C-760 de 2004.
23
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Demandante: Fredy Alexander Zapata Cote
También es importante indicar que en este caso no se está haciendo una
valoración integral de la normativa que rige la pensión de jubilación del
demandante, pues el recurso de apelación no se orientó a concretar tal derecho,
sino a explicar las razones por las cuales la incorporación a la Policía Nacional
afectó sus condiciones salariales y prestacionales, pero esa apreciación quedó
desvirtuada por las razones expresadas en precedencia.
Inclusive, el señor Zapata Cote sostuvo que en virtud a su nuevo nombramiento
dejó de cotizar al sistema por desempeñar una actividad de alto riesgo; sin
embargo, el DAS certificó que mucho antes de la supresión de la entidad había
cesado dicho aporte, pues solo se efectuó hasta el 31 de julio de 2003.
Además, esta Subsección41 ha precisado que la incorporación del personal del
DAS a la Policía Nacional no podía conducir a una protección de meras
expectativas en materia pensional, como las del personal que no había
completado 20 años de servicio al momento de vincularse con las entidades
receptoras.
De esta manera, la Sala advierte que el accionante no está reclamando una
protección de su derecho adquirido a la pensión de jubilación, sino la expectativa
de acceder a la prestación bajo las disposiciones que lo gobernaban en el DAS. En
efecto, para el momento en que el actor ingresó a la Policía Nacional únicamente
contaba con 13 años y 9 meses de servicio en el DAS, pese a que la normativa
especial invocada y que considera debió seguirse aplicando en su caso exige
acreditar 20 años al servicio del DAS con funciones de dactiloscopista. 42
En similares términos, la Sentencia C-098 de 2013 recalcó que «no existe un
desconocimiento de los derechos adquiridos cuando, a futuro, el legislador define
un nuevo régimen laboral para los funcionarios de una entidad que es
41
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de febrero de 2022, radicado: 76001-
23-33-000-2013-00151-01 (4392-2018).
42
Artículos 1 y 2 del Decreto 1047 de 1978 y 10 del Decreto 1933 de 1989.
24
Radicación: 25000-23-42-000-2012-01136-01 (1179-2014)
Demandante: Fredy Alexander Zapata Cote
reestructurada; en tal hipótesis solamente se estarían afectando las expectativas
que tenían aquellos funcionarios».
Ahora bien, una vez el interesado solicite su pensión ante el fondo de pensiones
respectivo, se habilitarán las instancias administrativas y judiciales para evaluar su
historia laboral, determinar la normativa aplicable a dicha prestación y demás
condiciones inherentes a tal reconocimiento.
En este orden de ideas, la Sala no advierte una transgresión al marco
constitucional que conduzca a inaplicar los Decretos 4057 de 2011, 233, 234, 235,
236 y 237 de 2012, como tampoco existen razones que le permitan al actor
mantener el régimen laboral que lo regía cuando estaba vinculado al DAS.
3. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016 43, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del
Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise
si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el
pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de
las partes.
Así mismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
43
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-
2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
25
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Demandante: Fredy Alexander Zapata Cote
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará
atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las
agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede
condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en los numerales 1 y 8
del artículo 365 del Código General del Proceso,44 la Sala se abstendrá de
condenar en costas en segunda instancia, puesto que la presente decisión
obedece al criterio jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional en la Sentencia
C-098 de 2013, proferida con posterioridad a la presentación del medio de control
de la referencia y en la que se analizaron las reglas fijadas en materia laboral para
la incorporación de los ex servidores del DAS en otras entidades del Estado.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo se ajustó a las directrices
interpretativas que regían la situación particular del demandante, razón por la que
deberá confirmarse.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
44
«[…] 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
26
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Demandante: Fredy Alexander Zapata Cote
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 17 de octubre de 2013 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que
negó las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por el señor Fredy
Alexander Zapata Cote contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional,
Departamento Administrativo de Seguridad – DAS en supresión.
Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.
Tercero. Reconocer personería al abogado Carlos Ariel Lozano Ariza como
apoderado de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, conforme al
poder que obra en el folio 507 del expediente.
Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
cgg
27
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