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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2012-01354-01

Fecha
16 de febrero de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2012-01354-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 28 de agosto de 2014, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que accedió a las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por la señora Rosa Matilde del Pilar Muñoz Sierra, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 21 Radicado: 25000 23 42 000 2012 01354 01 (1254-2015) Demandante: Rosa Matilde del Pilar Muñoz Sierra Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2012-01354-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

16 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000 23 42 000 2012 01354 01 (1254-2015)
Demandante: Rosa Matilde del Pilar Muñoz Sierra
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)1

Temas: Reconocimiento pensión gracia

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra
la sentencia proferida el 28 de agosto de 2014, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por medio de la cual se accedió
a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la señora Rosa Matilde del Pilar Muñoz Sierra,
mediante apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de la
Resolución UGM 021506 del 21 de diciembre de 2011, por la cual la Caja Nacional
de Previsión Social (Cajanal) le negó el reconocimiento y pago de la pensión

1 Mediante auto del 28 de junio de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la

vinculación al proceso de la UGPP como sucesor procesal de la Caja Nacional de Previsión Social
(Cajanal).
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000 23 42 000 2012 01354 01 (1254-2015)
Demandante: Rosa Matilde del Pilar Muñoz Sierra

gracia.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) declarar que tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, con la
inclusión de todos los factores salariales devengados durante el año anterior a la
fecha de adquisición del estatus; ii) pagar las mesadas pensionales y adicionales
con los respectivos reajustes de ley; iii) realizar los ajustes de valor conforme al
índice de precios al consumidor, según lo estipulado en el último párrafo del
artículo 187 de la Ley 1437 de 2011; iv) dar cumplimiento a la sentencia en el
término señalado en el artículo 192 ibidem; y v) condenar al pago de intereses
moratorios y costas.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

i) La señora Rosa Matilde del Pilar Muñoz Sierra nació el 30 de mayo de 1959 y se
vinculó al servicio del magisterio así:
Desde Hasta Total

Departamento de 21 de julio de 11 de abril de 2 años, 8 meses
Cundinamarca, en propiedad 1980 1983 y 21 días

11 de abril de 17 de junio de
Bogotá, docente interino 2 meses y 7 días
1983 1983
18 de julio de 30 de noviembre 4 meses y 13
Bogotá, docente interino
1983 de 1983 días
28 de marzo de 24 de mayo de
Bogotá, docente interino 1 mes y 27 días
1984 1984
17 de agosto de 7 de diciembre 3 meses y 21
Bogotá, docente interino
1984 de 1984 días

16 de agosto de 30 de mayo de 22 años, 9
Bogotá, en propiedad
1986 2009 meses y 15 días

ii) El 24 de julio de 2009, solicitó a la Caja de Previsión Social el reconocimiento y
pago de la pensión gracia.

2

Radicado: 25000 23 42 000 2012 01354 01 (1254-2015)
Demandante: Rosa Matilde del Pilar Muñoz Sierra

iii) Mediante la Resolución UGM 021506 del 21 de diciembre de 2011, la entidad
demandada reconoció que la señora Muñoz Sierra trabajó en el departamento de
Cundinamarca y en el distrito capital de Bogotá como docente nacionalizada; sin
embargo, niega la petición con fundamento en que aquella fue sancionada con
suspensión del cargo por 30 días.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 28, 46, 48, 53, 58,
228 y 336 de la Constitución Política; 1 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de
1928; 3 de la Ley 37 de 1933; 81 y 171 del Decreto 991 de 1974; 3, 46 y 47 del
Decreto Ley 2277 de 1979; 1, inciso 3 y 15, numeral 2, literal a) de la Ley 91 de
1989; 115 de la Ley 115 de 1994; 9 de la Ley 715 de 2001; la Ley 43 de 1975 y el
Decreto 081 de 1976.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los
siguientes argumentos:2

i) La Caja Nacional de Previsión hace una equivocada interpretación sobre la mala
conducta del docente, lo que condujo a negar la pensión solicitada. En tal sentido,
no se puede equiparar la sanción que se le impuso a la demandante con «la
aplicación de castigos denigrantes o físicos a los educandos», pues de acuerdo
con las decisiones proferidas en sede disciplinaria, la conducta que se le endilgó
fue a título de culpa y no de dolo.

ii) Además, al momento de ser expedida la Resolución 709 del 12 de mazo de
2004, que confirmó la Resolución 1832 del 30 de septiembre de 2003, por la cual
se impuso la sanción de suspensión del cargo por 30 días, la señora Muñoz Sierra
llevaba más de 20 años de servicio en la docencia. De tal manera que no puede
tenerse como prueba para negarle el derecho reclamado.

2 Folios 30 a 40.

3

Radicado: 25000 23 42 000 2012 01354 01 (1254-2015)
Demandante: Rosa Matilde del Pilar Muñoz Sierra

iii) A través del acto demandado se desconoció, por una parte, que la actora se
encuentra inmersa en un proceso de nacionalización que comenzó con la Ley 43
de 1975 y terminó el 31 de diciembre de 1980; y por otra, que la Ley 91 de 1989
conservó el carácter de nacionalizado a quienes tuvieran, para la época de la
nacionalización, la vinculación con el municipio, departamento o distrito.

1.2. Contestación de la demanda

La UGPP, por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones,3 con fundamento en que no hay lugar al reconocimiento de la
pensión gracia, por cuanto se constató que la demandante incurrió en una causal
de mala conducta comoquiera que se le aplicó una sanción.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia proferida el 28 de agosto de 2014, condenó a la UGPP a
reconocer y pagar la pensión gracia a la demandante en cuantía equivalente al
75 % del salario promedio de los factores devengados durante el año
inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus pensional, comprendido
entre el 30 de mayo de 2008 y el 30 de mayo de 2009, esto es, con la inclusión del
salario y una doceava de las primas especial, de vacaciones y de navidad. Para tal
efecto, se pronunció en estos términos:4

i) Del acto acusado se extrae que la señora Rosa Matilde Muñoz Sierra cuenta con
más de 50 años de edad y con más de 20 años de servicio en la docencia oficial
con una vinculación con carácter nacionalizado y que esta fue anterior al 31 de
diciembre de 1980, por lo que no es la materia sobre la cual recae el litigio. El
fundamento de la entidad para negar el reconocimiento y pago de la pensión
reclamada radica en que mediante la Resolución 1832 del 10 de septiembre de
2012, le fue impuesta una suspensión de 30 días sin remuneración por haber
cometido una falta grave culposa.

3 Folios 53 a 57.
4 Folios 165 a 178.

4

Radicado: 25000 23 42 000 2012 01354 01 (1254-2015)
Demandante: Rosa Matilde del Pilar Muñoz Sierra

ii) En efecto, el artículo 4 de la Ley 114 de 1913 estableció, entre otros requisitos,
que para que proceda el reconocimiento de la pensión gracia, se debe observar
una buena conducta de los docentes en el ejercicio de sus funciones. Sobre el
particular, se advierte que la demandante fue sancionada disciplinariamente
debido a que la conducta con sus estudiantes no fue la apropiada, pues utilizó
unos alfileres para demostrarles como «picaban las avispas, los mosquitos» sin
darse cuenta que los medios utilizados fueron inadecuados, toda vez que tenía
que prever que existía la posibilidad de ocasionar daño y, por lo tanto, abstenerse
de utilizarlos.

iii) Si bien es cierto que la docente fue sancionada, también lo es que en la
investigación se determinó que esta «sostiene una buena relación con sus
estudiantes, y el incidente con el joven […], es un hecho aislado al posible maltrato
denunciado por la madre del menor». Además, la conducta de la actora no
encuadra en ninguna de las causales del artículo 46 del Decreto 2277 de 1979.

Por el contrario, se observa que esta cumple con los requisitos para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que durante el ejercicio de la
docencia se desempeñó con buena conducta, estuvo vinculada como docente
territorial antes del 31 de diciembre de 1980, cumplió más de 20 años de servicio y
50 de edad el 30 de mayo de 2009 y allí adquirió el estatus de pensionada.
Además, la entidad demandada, sobre quien recae la carga probatoria, no aportó
al expediente prueba diferente a la relacionada en el proceso disciplinario,
respecto a que la actora durante su desempeño como docente de manera
reiterada haya incurrido en hechos que encuadren en las causales denominadas
mala conducta.

iv) No operó la prescripción trienal de que trata el Decreto 1848, toda vez que la
petición se presentó el 24 de julio de 2009 y las mesadas se ordenan pagar a
partir del 30 de mayo de 2009.

1.4. El recurso de apelación

5

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Demandante: Rosa Matilde del Pilar Muñoz Sierra

La UGPP, por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación 5 y lo
sustentó en que la demandante «trabajó mediante vinculación nacional como
docente del Distrito Capital y en consecuencia no cabe el reconocimiento de la
pensión gracia, por cuanto no cumple con la totalidad de los requisitos exigidos
por la ley».

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. La demandante

La señora Rosa Matilde del Pilar Muñoz Sierra guardó silencio, según se extrae
del informe secretarial del 16 de febrero de 2018.6

1.5.2. La demandada

La UGPP, a través de apoderado, solicitó que se revocara la sentencia apelada con
fundamento en los argumentos expuestos en el recurso de apelación.7

1.6. El ministerio público

El agente delegado ante esta Sección no rindió concepto.8

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación,9 se
circunscribe a establecer si la señora Rosa Matilde del Pilar Muñoz Sierra puede
ser beneficiaria de que la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del

5 Folios 179 y 180.
6 Folio 249.
7 Folios 243 a 248.
8 Según se extrae del informe secretarial del 16 de febrero de 2018. Folio 249.
9 Pues así lo establece el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.

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Demandante: Rosa Matilde del Pilar Muñoz Sierra

régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha
prestación.

2.2. Marco normativo

El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas
primarias oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor
de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en
conformidad con las prescripciones de la presente Ley».

Por su parte, las Leyes 116 de 192810 y 37 de 193311 consagraron la posibilidad
de que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados
en la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la
Ley 114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 12

Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra
pensión o recompensa de carácter nacional».13

10 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de
Instrucción Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y
demás que a esta complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los
prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de la
normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
11 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de

carácter legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.

Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios
señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
12 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia

de 16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
13 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional.
Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un
mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra
causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.

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Demandante: Rosa Matilde del Pilar Muñoz Sierra

En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado,
mediante Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la
pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional,
pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba
retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre
pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal
prerrogativa eran los educadores locales o regionales».14

Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la
finalidad de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en
razón a la diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes
nacionales; sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión
del proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y
en razón a que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería
compatible con la pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta
a cargo total o parcial de la Nación».

En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta
corporación, en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia
debe reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las
expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e
involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación
primaria y secundaria oficiales».

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la
pensión gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada;
sin embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de

1997, radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección
Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016,
radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de
marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B,
sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En
similar sentido, puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte
Constitucional.

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Radicado: 25000 23 42 000 2012 01354 01 (1254-2015)
Demandante: Rosa Matilde del Pilar Muñoz Sierra

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el
evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del
29 de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».

Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,15 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de
1989.

Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de
1989 contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia,
a saber:

1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.

2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de

15 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

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Radicado: 25000 23 42 000 2012 01354 01 (1254-2015)
Demandante: Rosa Matilde del Pilar Muñoz Sierra

la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión
gracia».16

En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia
aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o
territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la
Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento
en que logre colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo
haga antes o después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación
explicó lo siguiente:17

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».18

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a
la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los
requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral
respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,
radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,

radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
18 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-

03-15-000-2019-02219-01 (AC).

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Radicado: 25000 23 42 000 2012 01354 01 (1254-2015)
Demandante: Rosa Matilde del Pilar Muñoz Sierra

vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores
de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de
instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la
prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y
cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se
reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y
consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989.

Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».

Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en
sentencia del 21 de junio de 2018,19 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:20

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o
la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter
territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el
pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad,
o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas
exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del
situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
20 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal

de la sentencia transcrita.

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Radicado: 25000 23 42 000 2012 01354 01 (1254-2015)
Demandante: Rosa Matilde del Pilar Muñoz Sierra

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.

El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar de 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.

A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del
29 de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio
pensional bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o
parcialmente con recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de
participaciones, pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada».21 Además, valga precisar que no se requiere
que el tiempo de servicio sea continuo, pues lo importante es que haya sido en
plazas territoriales o nacionalizadas.

2.3. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro el proceso, se establece
lo siguiente:

2.3.1. Sobre la edad y la relación laboral de la demandante

El 30 de mayo de 1959, nació la señora Rosa Matilde del Pilar Muñoz Sierra,
según se advierte en la copia de su registro civil de nacimiento.22

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
22 Folio 29.

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Radicado: 25000 23 42 000 2012 01354 01 (1254-2015)
Demandante: Rosa Matilde del Pilar Muñoz Sierra

El 27 de mayo de 1980, el secretario de educación de la Gobernación de
Cundinamarca nombró en el empleo de maestra a la señora Muñoz Sierra a través
del Decreto 02393.23 De este empleo tomó posesión el 21 de julio de ese año24 y
allí permaneció hasta el 11 de abril de 1983, como docente nacionalizada de la
Secretaría de Educación de Cundinamarca, tal y como consta en el Formato Único

para Expedición de Certificado de Historia Laboral.25

Entre el 11 de abril y el 17 de junio, el 18 de julio y el 30 de noviembre de 1983, el
28 de marzo y el 24 de mayo, el 26 de junio y el 27 de julio, y el 17 de agosto y el
7 de diciembre de 1984, la demandante se vinculó como docente interina de la
Secretaría de Educación de Bogotá, según hizo constar la profesional

23 Folio 94.
24 Según el acta de posesión vista a folio 93 vuelto.
25 Folio 73 vuelto.

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Demandante: Rosa Matilde del Pilar Muñoz Sierra

especializado (E) de la Oficina de Personal de esa entidad.26 Así se señala en el
aludido documento:

Desde el 16 de agosto de 1986, la señora Muñoz Sierra se vinculó a la docencia
en el distrito de Bogotá, según se hizo constar a través del Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral del 9 de marzo de 2012, expedido
por la Secretaría de Educación de ese ente territorial. En tal documento se
consignó lo siguiente:27

1. Tipo de vinculación: nacionalizado
2. Cargo: docente
3. Nivel: primaria
4. Activo: si

Tipo No. Fecha Fecha
DESDE HASTA
NOVEDADES de de A.A. Posesión
A.A. A.A. dd mm aa dd mm aa dd mm aa dd mm aa
Tipo de Nombramiento
novedad en propiedad
1 Plantel Dec. 0690 13 6 86 16 8 86
educativo
Municipio BOGOTÁ
Tipo de Licencia sin
novedad remuneración
2 Plantel Res. 1667 21 7 92 25 5 92 12 6 92
educativo
Municipio BOGOTÁ
Tipo de Suspensión
novedad como sanción
3 Plantel Res. 0981 7 4 04 20 4 04 19 5 04
educativo

Municipio BOGOTÁ
En el ejercicio de sus funciones***

De acuerdo con el Formato Único para la Expedición del Certificado de Salario, de
enero de 2008 a mayo de 2009, la actora percibió sueldo y primas especial, de
vacaciones y de navidad.28

El 30 de septiembre de 2003, la jefe de la Oficina Asesora de Control Interno
Disciplinario expidió la Resolución 1832, por la cual sancionó a la señora Muñoz

26 Folio 73.
27 Folio 27.
28 Folio 28.

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Radicado: 25000 23 42 000 2012 01354 01 (1254-2015)
Demandante: Rosa Matilde del Pilar Muñoz Sierra

Sierra con suspensión de 30 días en el ejercicio del cargo y sin derecho a
remuneración.29

Los hechos que dieron inicio a la investigación, tienen relación con la queja que
presentó la madre de un estudiante, según la cual «la profesora […] maltrata a los
alumnos con un alfiler chuzándolos o pellizcándolos cada que vez cometen algún
acto de indisciplina».

La autoridad pudo establecer que la docente sí utilizó una aguja y pinchó a
algunos estudiantes, pues según estos indicaron, «yo sí he visto que a algunos los
ha pinchado un poquito pero no duro […] pero fue por una actividad que ella
estaba haciendo, que mosquito pica a la niña, ella sacó un alfiler». Al respecto,
concluyó que en ningún caso la ayuda implementada por aquella para explicar una
actividad académica, puede entenderse como una constante agresión física contra
sus estudiantes; «distinto es que hubiera utilizado medios inadecuados para esa
actividad lesionando así de alguna manera a uno de ellos como sucedió con el
menor […] sin que ese fuera este (sic) el fin o el objeto de la mencionada
actividad».

En consecuencia, señaló que si bien la educadora sostiene una buena relación
con sus estudiantes y que el incidente con el menor es un hecho aislado «lo cierto
es que utilizó medios inadecuados de los cuales debía prever que existía la
posibilidad de ocasionar daño y, por lo tanto, abstenerse de utilizarlos, lo que no
hizo». Por lo anterior, encontró que el cargo estaba llamado a prosperar; empero,
lo calificó a título de culpa, «por cuando no existió la intención positiva de
ocasionar daño en la integridad del joven».

El 12 de marzo de 2004, el secretario de educación del Distrito Capital emitió la
Resolución 709, por la cual confirmó la decisión anterior.30

29 Folios 9 a 15.
30 Folios 16 a 24.

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Radicado: 25000 23 42 000 2012 01354 01 (1254-2015)
Demandante: Rosa Matilde del Pilar Muñoz Sierra

El 7 de abril de 2004, mediante la Resolución 981, el aludido funcionario ejecutó la
sanción impuesta a la docente.31

2.3.2. Sobre la reclamación de las prestaciones en litigio

El 24 de julio de 2009, la señora Rosa Matilde del Pilar Muñoz Sierra solicitó a
Cajanal el reconocimiento de la pensión gracia.32

El 21 de diciembre de 2011, la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal EICE, en
liquidación emitió la Resolución UGM 021506 por la cual negó la solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión gracia, con fundamento en que la docente
fue sancionada por la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá con suspensión del
cargo por 30 días, mediante la Resolución 1832 del «30 de enero de 2000», la
cual fue confirmada por la Resolución 709 del 12 de marzo de 2004 y se ejecutó a
través de la Resolución 981 del 7 de abril de 2004.33

Para arribar a tal conclusión indicó que la señora Muñoz Sierra prestó sus
servicios como docente nacionalizada de primaria en el departamento de
Cundinamarca y el distrito capital de Bogotá desde el 21 de julio de 1980 hasta el
11 de abril de 1983 y entre el 16 de agosto de 1986 y el 30 de mayo de 2009.
Además, advirtió que si bien se aportaron tiempos en interinidad, estos no serían
tenidos en cuenta toda vez que «no obra la naturaleza de los mismos».

2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

Previo a resolver el problema jurídico planteado, en relación con el reconocimiento
pensional deprecado, y en atención al anterior recuento fáctico, normativo y
jurisprudencial, se advierte que la competencia de esta corporación está
delimitada por los argumentos presentados en la apelación, pues así lo dispone el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012. En tal sentido, y comoquiera que la UGPP no
cuestionó argumento alguno del expuesto por el a quo al resolver el litigio en torno

31 Folio 25 y 26.
32 Folio 8.
33 Folios 3 a 5.

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Demandante: Rosa Matilde del Pilar Muñoz Sierra

al requisito de buena conducta, esta Sala se circunscribirá a analizar el tiempo de
servicio en plazas territoriales, en aplicación del régimen consagrado en la Ley
114 de 1913 y demás normas que regulan la pensión gracia.

Ahora bien, la Sala confirmará la decisión del a quo que accedió al reconocimiento
de esta prestación a favor de la señora Rosa Matilde del Pilar Muñoz Sierra. Lo
anterior, toda vez que se demostró que laboró en el magisterio oficial durante más
de 20 años como docente, en plazas clasificadas como territoriales. Igualmente,
tuvo una experiencia como educadora anterior al 31 de diciembre de 1980, por
ende, en lo que respecta al tiempo de servicio, cumple con los presupuestos
previstos por la ley para ser acreedora del beneficio pensional pretendido.

En efecto, una vez analizado el acervo probatorio se concluye que el tiempo de
servicio computable para obtener la pensión gracia a favor de la demandante
corresponde al siguiente:

Periodo
Cargo
Desde Hasta Duración
Maestra, Gobernación de 11 de abril de 2 años, 8 meses y 21
21 de julio de 1980
Cundinamarca 1983 días

Docente, Secretaría de 16 de agosto de 30 de mayo de 22 años, 9 meses y 14
Educación de Bogotá 1986 2009 días
25 años, 6 meses y 5
Periodo total
días

En relación con el anterior cuadro, es oportuno resaltar que la UGPP pretende
desestimar el tiempo de servicio prestado en el «Distrito Capital» pues allí
«trabajó mediante vinculación nacional». Empero, de conformidad con los
certificados que obran en el expediente, en el periodo comprendido entre el 16 de
agosto de 1986 y el 30 de mayo de 2009, tuvo una vinculación de tipo
nacionalizado,34 lo que le permite ser beneficiaria de la prestación reclamada. De
esta manera, es dable concluir que estos tiempos pueden ser computados para
efectos del reconocimiento deprecado.

34 Folio 27.

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Radicado: 25000 23 42 000 2012 01354 01 (1254-2015)
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Lo anterior se extrae del Decreto 02393 del 27 de mayo de 1980, por virtud del
cual el secretario de educación de la Gobernación de Cundinamarca nombró en el
empleo de maestra a la señora Muñoz Sierra en una plaza existente en la Escuela
Rural El Valle, ubicada en el municipio El Peñón (Cundinamarca), y en los
certificados expedidos por la Secretaría de Educación de Bogotá, según los
cuales la docente tuvo una vinculación de tipo nacionalizado en el nivel de
primaria.

Al respecto, esta Sala hace énfasis en que el carácter nacionalizado de la
designación de la demandante, también encuentra respaldo en el artículo 1 de la
Ley 91 de 1989, en tanto dispone que son nacionalizados aquellos «docentes
vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y
los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley
43 de 1975». En similar sentido, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-
085 de 2002, indicó que los «docentes nacionalizados» son «los vinculados antes
del 31 de diciembre de 1980, por las entidades territoriales», conforme ocurrió en
el sub lite.

Aunado a ello, al plenario no se aportó prueba de que tal nombramiento lo hubiera
realizado el Ministerio de Educación Nacional, por lo que debe seguirse la regla
dispuesta en la Ley 91 de 1989, a la que se aludió en el párrafo anterior, en
consonancia con lo dispuesto en la Sentencia SU-014 de 2020 en la que se
mencionó la relevancia del tiempo prestado en primaria para efectos de reconocer
la pensión gracia. Esto se dijo en aquella oportunidad:

84. Para la Corte, la norma solo tiene una lectura posible, esto es, la interpretación
literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria, los
empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los
demás requisitos de ley. [...]
Así las cosas, es claro que el sentido hermenéutico que las autoridades dieron a la
disposición, dejó de lado que el beneficio se concede a los maestros de primaria,
habida cuenta que desde la expedición de la Ley 39 de 1903 las instituciones de
esta naturaleza eran de carácter territorial y, por tal motivo, los educadores adscritos
a los mismas no tenían derecho a una pensión ordinaria de jubilación porque ningún

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Demandante: Rosa Matilde del Pilar Muñoz Sierra

departamento o municipio contaba con recursos suficientes para conceder ese
beneficio; solo los docentes de secundaria nacionales podían devengarla. De esta
forma, la prestación pretendía acabar con el trato inequitativo de la primera
categoría de docentes.
86. Se debe indicar que si bien la Ley 43 de 1975 entre los años 1976 y 1980
nacionalizó la educación prestada por las entidades territoriales, siguiendo la línea
argumentativa desarrollada en precedencia (supra, 72 a 82), dicha circunstancia no
derivó en que los profesores pasaran de plano a ser educadores con un régimen
laboral y prestacional del orden nacional o equivalente a este, pues ello solo ocurrió a
partir de la Ley 91 de 1989. Adicionalmente, pese a que los recursos para el
sostenimiento de los planteles nacionalizados podían tener su origen en la Nación, esto
no implicaba la conversión del vínculo docente; tampoco la intervención del FER en el
acto administrativo demostraba la dependencia de la Nación. [Resalta la Sala]

Así las cosas, los tiempos de servicios prestados por la demandante al magisterio
tienen el carácter nacionalizado, y estos son beneficiarios del régimen
prestacional reclamado. Así lo señaló la Sala Plena del Consejo de Estado al
analizar el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que limitó el
reconocimiento de la pensión gracia. Esto dijo la corporación:35

[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los
docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley
91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980
“tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando
cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en
especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos
servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose
nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en
realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley. [Resalta la
Sala].

Además, de conformidad con la sentencia de unificación del 21 de junio de
2018,36 la calidad de docente territorial se puede acreditar a través del acto
administrativo donde conste el vínculo y que la plaza a ocupar sea de aquellas
que el legislador ha previsto como territoriales «o, en su defecto, también es
posible demostrar tal situación con la respectiva certificación de la
autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de
vinculación al cual fue sometido el docente oficial fue de carácter territorial

35Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia S-699 del 29 de agosto de

1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 25000-23-42-

000-2013-04683-01 (3805-2014), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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Demandante: Rosa Matilde del Pilar Muñoz Sierra

o nacionalizado».37

En suma, la demandante acreditó con suficiencia el ejercicio de la profesión
docente por más de 20 años y cumplió con la exigencia de haberse vinculado
antes del 31 de diciembre de 1980; por lo tanto, colmó el requisito del tiempo de
servicio previsto por el legislador para acceder a la prestación pretendida y, por lo
tanto, se impone confirmar la sentencia apelada, en tanto accedió a las
pretensiones de la demanda.

2.5. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,38 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. El
primero, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y el segundo, en cuanto se requiere que el juez revise si
ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago
de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las
partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará
atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las

37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de agosto de 2021,

radicado 25000-23-42-000-2016-04348-01(5804-18), M.P. William Hernández Gómez.
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-

01 (1291-2014), M.P. William Hernández Gómez.

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Demandante: Rosa Matilde del Pilar Muñoz Sierra

agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede
condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y teniendo en cuenta que la decisión que aquí se
adopta es fruto de lo dispuesto en las reglas jurisprudenciales trazadas en las
sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y 11 de agosto de 2022, no se
impondrán costas a cargo de la parte vencida, con el fin de salvaguardar los
principios de buena fe y confianza legítima.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al asunto que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, la Sala considera que la decisión del a quo debe ser confirmada
en tanto reconoció a la señora Rosa Matilde del Pilar Muñoz Sierra la pensión
gracia reclamada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 28 de agosto de 2014, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que accedió a
las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por la señora Rosa
Matilde del Pilar Muñoz Sierra, contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP),
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

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Demandante: Rosa Matilde del Pilar Muñoz Sierra

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado Electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

(SLVA)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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