Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2012-01357-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2012-01357-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2012-01357-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
19 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2012-01357-01 (3151-2021)
Demandante: Raúl Eduardo Martínez Lugo
Demandado: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Temas: Insubsistencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 23 de enero de 2020 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que negó las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, el señor Raúl Eduardo Martínez Lugo, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
«la expresión de voluntad realizada por la Sala Administrativa del Consejo Superior
1 Folios 505 a 537.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2012-01357-01 (3151-2021)
Demandante: Raúl Eduardo Martínez Lugo
de la Judicatura el día 29 de marzo de 2012, plasmada en la Resolución PSAR12-
106 del 9 de abril del mismo año», que declaró insubsistente el nombramiento del
actor en el cargo de director de la Unidad de Recursos Físicos e Inmuebles de la
mencionada Sala.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, el
accionante solicitó condenar a la Rama Judicial a lo siguiente: i) disponer el
reintegro al empleo que venía desempeñando o a otro de igual o superior categoría
y sin solución de continuidad; ii) pagar los emolumentos dejados de percibir como
consecuencia de su desvinculación hasta el momento en que ingrese nuevamente
al servicio, junto con la actualización monetaria y parafiscales; iii) indemnizar los
perjuicios materiales y morales derivados del retiro irregular; iv) sufragar la condena
en costas, conforme al artículo 188 del CPACA; v) cumplir la sentencia que ponga fin
al proceso, en los términos de los artículos 187 y 192 ibidem.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló:2
i) El 30 de diciembre de 1991, el señor Raúl Eduardo Martínez Lugo ingresó como
profesional universitario, código IV, grado 14, adscrito a la Dirección Nacional de
Administración Judicial.
ii) El 7 de julio de 1994, luego de ascensos anteriores, el accionante fue nombrado
como profesional universitario grado 21, de la Unidad de Recursos Físicos.
iii) El 7 de marzo de 1996, como consecuencia de la expedición de la Ley 270 de
1996, las unidades creadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura quedaron adscritas a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y
sus cargos adquirieron la naturaleza de carrera, de modo que los nombramientos
debían realizarse en provisionalidad.
2 Algunos hechos se relacionan con el concepto de violación, por lo que se resumirán en dicho acápite.
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Demandante: Raúl Eduardo Martínez Lugo
iv) El 1 de septiembre de 1998, el actor fue encargado como director de la Unidad
de Recursos Físicos e Inmuebles del Consejo Superior de la Judicatura. Dicha figura
se aplicó en varias ocasiones y el 30 de agosto de 2001 fue nombrado en propiedad
en el mencionado empleo, el cual ejerció con eficiencia hasta el momento de su
desvinculación.
v) El Acuerdo 273 de 1998 dispuso la «equivalencia del cargo de Director de Unidad
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con la de Magistrado Auxiliar».
vi) En el año 2011 se reconformó la Sala Administrativa del referido Consejo, en
razón a que ingresaron nuevos magistrados en reemplazo de los anteriores, lo que
condujo a varios despidos masivos entre los años 2011 y 2012.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 6, 13, 23, 29, 53, 121, 122, 125, 209,
256 y 257 de la Constitución Política; 98, 99, 125, 130 y 158 de la Ley 270 de 1996;
41 de la Ley 909 de 2004; 8 a 10 del Decreto 1227 de 2005.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso:
i) La Sala Administrativa dispuso el retiro del servicio del actor en una sesión que
no había previsto dicha determinación en el orden del día y sin la participación de 2
magistrados. Además, se designó a su reemplazo sin que se evidencie el estudio
de su hoja de vida o que se buscara mejorar el servicio.
ii) Las referidas irregularidades desconocieron el reglamento interno contenido en
el Acuerdo 113 de 1993 y demuestran que el acto acusado incurrió en desviación
de poder, teniendo en cuenta que la recomposición de la mencionada Sala condujo
a despidos masivos de los servidores, lo cual constituyó una práctica ajena a la
Rama Judicial. Es más, en el acta la Sala «deja sentado un reparto burocrático de
los destinos cuyo nombramiento le corresponden» y una vulneración al derecho a
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Demandante: Raúl Eduardo Martínez Lugo
la igualdad.
iii) Para la fecha del retiro, el señor Raúl Eduardo Martínez Lugo contaba con más
de 20 años de servicio y 58 de edad, por lo que se trataba de un sujeto de especial
protección, ya que se encontraba en el denominado retén social.
iv) De acuerdo con los artículos 125 de la Constitución Política y 158 de la Ley 270
de 1996, en consonancia con la Sentencia C-037 de 1996, el demandante ocupaba
un cargo de carrera, ya que ninguna ley ha establecido que tenga la naturaleza de
libre nombramiento y remoción. A su vez, depende de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, la cual nombra a sus servidores bajo el sistema de carrera.
v) El Acuerdo 022 de 1997, en contravía del ordenamiento superior, adscribió el
cargo de director de unidad a la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura; sin embargo, el Acuerdo PSAA-05-2961 de 2005 estableció
que los cargos de la Unidad de Infraestructura Física pertenecerían a la planta de
personal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
vi) La Sentencia SU-539 de 2012 aclaró que los directores de unidad son cargos de
carrera y no de libre nombramiento y remoción, es decir, que el accionante
únicamente podía ser retirado mediante un acto administrativo motivado.
1.2. Contestación de la demanda
La apoderada de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda en estos términos:3
i) El Consejo de Estado, mediante sentencia del 26 de noviembre de 2009, precisó
que los cargos de director de unidad de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial son de libre nombramiento y remoción, de ahí que no ostentan fuero de
3 Folios 541 a 551.
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Demandante: Raúl Eduardo Martínez Lugo
estabilidad. Además, el actor no tenía derechos de carrera, sino que fue nombrado
por la libre disposición de su nominador y de igual manera se produjo el retiro.
ii) El Acuerdo 22 de 1997 adscribió el cargo de director de unidad a la Presidencia
de Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura. A su vez, los artículos 130 y
131 de la Ley 270 de 1996 establecieron que dichos empleos serían de libre
nombramiento y remoción, lo cual fue avalado por la Corte Constitucional.
iii) La declaratoria de insubsistencia del nombramiento del demandante se efectuó
al amparo de la facultad discrecional, es decir, que no requería motivación y se
presume fundada en el buen servicio.
iv) El señor Raúl Eduardo Martínez Lugo desempeñaba un empleo de dirección
manejo y confianza. Este último elemento resulta determinante a la hora de
desvincular una persona que ejerce un cargo de libre nombramiento y remoción.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante sentencia del 23 de enero de 2020, negó las pretensiones de la demanda,
con sustento en las siguientes consideraciones:4
i) Conforme al Acuerdo 22 de 1997 y la Ley 270 de 1996, el cargo del accionante
estaba adscrito a la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura y era de libre nombramiento y remoción.
ii) La anterior conclusión fue respaldada por la Corte Constitucional en la Sentencia
SU-539 de 2012, pues aclaró que los directores de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial serían de carrera, pero los directores de la mencionada Sala
tendrían el carácter de libre nombramiento y remoción, por disposición expresa de
las normas enunciadas.
4 Folios 743 a 756.
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Demandante: Raúl Eduardo Martínez Lugo
iii) El actor desempeñaba funciones de asesorar, dirigir, controlar, coordinar y
planear, las cuales guardan relación con la formulación de las políticas
institucionales, esto es, una actividad propia de los cargos de libre nombramiento y
remoción.
iv) Debido a la naturaleza del empleo que ocupaba el señor Raúl Eduardo Martínez
Lugo, su retiro podía efectuarse en ejercicio de la facultad discrecional, no requería
motivación y se presumía fundado en razones del buen servicio.
v) El Acuerdo PSAA 12-9719 de 2012 suprimió la Unidad de Recursos Físicos e
Inmuebles de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y creó la
Unidad de Infraestructura en la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, pero
este cambio ocurrió con posterioridad a la expedición del acto acusado. Por lo tanto,
mientras el demandante ocupó el cargo de director este conservó su naturaleza de
libre nombramiento y remoción.
vi) La resolución demandada no está viciada de expedición irregular, ya que los
magistrados de la Sala Administrativa tenían la potestad de adicionar el orden del
día, conforme ocurrió en este caso en el que se propuso la declaratoria de
insubsistencia del señor Martínez Lugo. El interesado tampoco demostró la
desviación de poder alegada.
vii) El demandante no gozaba de una estabilidad laboral reforzada, ya que contaba
con el tiempo de servicio para pensionarse y solo le faltaba alcanzar la edad, pero
la ausencia de este último requisito no impide la desvinculación de quienes ostentan
cargos de libre nombramiento y remoción.
viii) Se condena en costas al señor Martínez Lugo y las agencias en derecho se fijan
en el 3% del valor de las pretensiones.
1.4. El recurso de apelación
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Demandante: Raúl Eduardo Martínez Lugo
El demandante interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia con base
en los argumentos que se resumen, a continuación:5
i) El señor Raúl Eduardo Martínez Lugo ocupaba un cargo de carrera y no de libre
nombramiento y remoción, por ende, su desvinculación debía realizarse con un acto
motivado. En efecto, la administración se percató del error en que incurrió al asignar
la Unidad de Recursos Físicos a la Sala Administrativo del Consejo Superior de la
Judicatura y, por ello, poco tiempo después del retiro del actor, creó dicha unidad
en la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y ofertó el cargo de director a
concurso público.
ii) La Sentencia C-037 de 1996 indicó que, por regla general, los servidores de la
mencionada Sala serían nombrados por el sistema de carrera, incluidos los
directores administrativos y empleados de manejo y confianza de las unidades del
Consejo Superior.
iii) El empleo que desempeñaba el actor no podía exceptuarse del sistema de
carrera, pues el legislador no lo hizo expresamente y tampoco existía una razón
suficiente para ello, en tanto no le correspondían funciones de alta responsabilidad,
ni la toma de importantes decisiones y mucho menos exigía un grado especial de
confianza. Además, el cargo tiene diversas actividades operativas y no diseña la
política institucional.
iv) El Acuerdo 22 de 1997 adscribió el cargo de director de unidad a la Presidencia
de la Sala Administrativa; sin embargo, de manera contradictoria, el Acuerdo 22 de
1994, que estableció la planta de personal de la aludida Presidencia, no incluyó el
cargo de director de unidad, pues este pertenecía a la planta de personal de la
Unidad de Recursos Físicos.
v) El Consejo Superior de la Judicatura no podía acudir a una mera adscripción del
cargo a su Sala Administrativa para desconocer la naturaleza del empleo que
5 Folios 771 a 779.
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Demandante: Raúl Eduardo Martínez Lugo
ocupaba el actor, pues ello quebrantaba el ordenamiento superior y el principio de
primacía de la realidad sobre las formas.
vi) El Acuerdo 22 de 1997 resulta antitécnico e ilegal, pero esta irregularidad se
corrigió con el Acuerdo 250 de 1998 que adscribió nuevamente el cargo de director
a la unidad y no a la Presidencia de la Sala Administrativa, lo cual fue ratificado por
los Acuerdos 377 de 1998 y PSAA-05-2961 de 2005, al implementar el manual de
funciones.
vii) Los Acuerdos 1307 de 2001, 1893 de 2003, 3431 y 3602 de 2006 reestructuraron
la Presidencia de la Sala Administrativa, pero nunca le adscribieron el cargo de
director de unidad, lo cual evidencia que la decisión apelada partió de una premisa
equivocada.
viii) El tribunal aplicó un obiter dicta de la Sentencia SU-539 de 2012 relacionado
con las diferencias entre los directores de unidad adscritos a la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura y sus homólogos pertenecientes a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial. Además, dicha providencia resulta contraria a
la Sentencia C-037 de 1996 y a los acuerdos antes citados.
ix) La resolución enjuiciada también está incursa en la causal de nulidad de
expedición irregular, ya que la desvinculación del demandante no hacía parte del
orden del día de la sesión celebrada el 29 de marzo de 2012 y este no podía
alterarse de manera intempestiva, mucho menos cuando la Sala tampoco votó para
modificar dicho orden. Es más, la decisión de retirar al actor se propuso como
clausura de la sesión, sin contar con una ponencia previa ni una adecuada
deliberación y cuando ya se habían retirado algunos magistrados. A su vez, la
designación de su reemplazo no se detuvo en analizar la hoja de vida.
x) La administración actuó con desviación de poder, pues está demostrado que el
actor «reunía los requisitos del retén social». Adicionalmente, con el ingreso de
nuevos dignatarios se produjeron varios despidos de los directores de unidad, con
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Demandante: Raúl Eduardo Martínez Lugo
desconocimiento de la estabilidad laboral, la protección a los trabajadores e indubio
pro operario. También se acreditó «que el propósito que guio a los pocos
magistrados que se quedaron luego de culminada la Sala fue satisfacer unas cuotas
burocráticas y por ningún lado aflora la intención del mejoramiento del servicio».
xi) Deben revocarse las costas de primera instancia, ya que el actor acudió a la
jurisdicción amparado en fundamentos normativos. Además, la parte demandada
presentó los alegatos de manera extemporánea y, en todo caso, fueron escuchados
por el a quo.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Las partes demandante y demandada reiteraron los argumentos expuestos en el
transcurso del proceso.6
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si la declaratoria de insubsistencia del
nombramiento del señor Raúl Eduardo Martínez Lugo como director de la Unidad
de Recursos Físicos e Inmuebles de la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura, se encuentra viciada de nulidad en los términos alegados en el
recurso de apelación.
6 Memoriales visibles en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
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Demandante: Raúl Eduardo Martínez Lugo
2.2. Marco normativo
2.2.1. Naturaleza del cargo de director de la Unidad de Recursos Físicos e
Inmuebles de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
De acuerdo con el artículo 125 de la Constitución Política, por regla general, los
empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera con excepción de los
de elección popular, libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y los
demás que determine la ley.
Por su parte, el artículo 130 de la Ley 270 de 1996 clasificó los empleos de la Rama
Judicial de la siguiente forma:
Artículo 130. Clasificación de los empleos. Son de período individual los cargos de
Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo
de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, de Fiscal General de la Nación y
de Director Ejecutivo de Administración Judicial.
Los funcionarios a que se refieren los incisos anteriores permanecerán en sus cargos
durante todo el período salvo que antes de su vencimiento intervenga sanción
disciplinaria de destitución por mala conducta o lleguen a la edad de retiro forzoso.7
Es obligación de cada funcionario y del Presidente de la Corporación, informar con
seis meses de anticipación a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura de la fecha en que se producirá el vencimiento de su período, con el objeto
de que se proceda a elaborar la lista de candidatos que deba reemplazarlo.
Son de libre nombramiento y remoción los cargos de Magistrado Auxiliar, Abogado
Asistente y sus equivalentes; los cargos de los Despachos de Magistrados
enunciados en los incisos anteriores, los adscritos a la Presidencia y
Vicepresidencia de estas Corporaciones; los de los Secretarios de esas
Corporaciones; los cargos de los Despachos de los Magistrados de los Tribunales;
los cargos de Vicefiscal General de la Nación, Secretario General, Directores
Nacionales; Directores Regionales y Seccionales, los empleados del Despacho de
Fiscal General, del Vicefiscal y de la Secretaría General, y los de Fiscales delegados
ante la Corte Suprema de Justicia. Estos cargos no requieren confirmación.
Son de Carrera los cargos de Magistrado de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial y de los Tribunales Contencioso Administrativos y de las Salas Disciplinarias
de los Consejos Seccionales de la Judicatura; de los Fiscales no previstos en los
7 El aparte subrayado fue declarado condicionalmente exequible, mediante la Sentencia C-037 de 1996, suscrita por la
Corte Constitucional.
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Demandante: Raúl Eduardo Martínez Lugo
incisos anteriores; de Juez de la República, y los demás cargos de empleados de la
Rama Judicial. […]. [Resalta la Sala].
La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-037 de 1996, realizó el control de
exequibilidad al proyecto de la Ley 270 de 1996 y en cuanto a su artículo 130 efectuó
las siguientes reflexiones:
El inciso cuarto, se encarga de definir cuáles cargos dentro de la rama judicial serán
de libre nombramiento y remoción. Sabido es que según las voces del artículo 125
de la Carta Política, el principio general respecto de los empleos en los órganos y
entidades del Estado, es que ellos sean de carrera. De esta forma, se propugna que
el rendimiento en el desempeño de las labores confiadas al servidor público sea el
parámetro para fijar el ingreso, la permanencia en el cargo, el ascenso o el retiro del
servicio8.Con todo, el mismo precepto constitucional autoriza al legislador para
establecer excepciones a ese principio, bajo la condición lógica de que con la medida
que se adopte no se altere el orden superior ni la filosofía que inspiró al Constituyente,
al consagrar como regla general la carrera administrativa. Y una de esas excepciones
que se le atribuye a la ley (Arts. 125 y 150-23 C.P.), es la de definir cuáles cargos
son de libre nombramiento y remoción. […].
De conformidad con los criterios expuestos, encuentra la Corte que, salvo el caso de
las expresiones “y Directores Administrativos”, “los empleados de confianza y manejo
de las Divisiones y Unidades de los Consejos Superior y Seccionales de la
Judicatura”, “jefes de Oficina de la Fiscalía General”, y “jefes de División de la Fiscalía
General; Director de Escuela”, inspira un criterio de razonabilidad la enumeración que
el inciso cuarto hace respecto de los cargos que serán de libre nombramiento y
remoción, pues se trata de oficios que comprometen un mayor grado de confianza y
de responsabilidad en la toma de las decisiones que se requieran para el debido
ejercicio de las actividades asignadas. Por el contrario, el caso que se ha exceptuado
contempla unos empleos que, por su esencia, son plenamente compatibles con el
régimen de carrera; por tanto, incluirlos dentro de la categoría que se analiza, carece
de principio de razón suficiente en la medida en que no implican la toma de
importantes determinaciones ni requieren un trascendente grado de confianza. En
otras palabras, estima la Corte que en estos eventos debe prevalecer el sistema de
carrera, como, principio general, según el mandato del artículo 125 superior. [Cursiva
dentro del texto original].
En virtud del anterior lineamiento, el texto final de la Ley 270 de 1996 no incluyó las
expresiones resaltadas en cursiva para aludir a empleos de libre nombramiento y
remoción, ya que en realidad esos cargos debían proveerse conforme al principio
del mérito y en el marco del sistema de carrera.
8 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias Nos. C-479/92, C-023/94, C-195/94, C-527/94, C-040/95, entre otras.
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Demandante: Raúl Eduardo Martínez Lugo
Bajo este esquema, y en lo que atañe al sub lite, se resalta que los cargos adscritos
a la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
tendrían la naturaleza de libre nombramiento y remoción, por disposición expresa
del artículo 130 de la citada ley.
Por su parte, el Acuerdo 22 de 1997 dispuso:9
ARTÍCULO PRIMERO.- Los cargos que a continuación se señalan, pertenecientes a la
planta de personal de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,
se adscriben a la Presidencia de la misma Sala:
Director Unidad Nominado
Profesional Especializado Grado 33
(jefe de División)
A su vez, el Acuerdo 250 de 1998 modificó el Acuerdo 22 de 1994 e indicó:10
ARTÍCULO PRIMERO.- La nomenclatura de los cargos de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con los Decretos 064 y 065 de
1998, es la siguiente:
a. PRESIDENCIA, DESPACHOS DE MAGISTRADO, UNIDADES Y OFICINAS DE LA SALA
ADMINISTRATIVA.
Cargos Nominados
Magistrado
Profesional Asistente
Abogado Asistente de la Oficina Jurídica
Director de Unidad de la Sala Administrativa
Auxiliar Judicial 1
2
3
4
5
[…]
PARÁGRAFO 2. De conformidad con el artículo segundo del Decreto 064 de 1998,
establécese para todos los efectos la equivalencia de los cargos de PROFESIONAL
ASISTENTE, ABOGADO ASISTENTE DE LA OFICINA JURIDICA Y DIRECTOR DE UNIDAD DE LA
SALA ADMINISTRATIVA mencionados en el presente Acuerdo con el cargo de
MAGISTRADO AUXILIAR.
9 Ver el siguiente enlace, consultado el 31 de agosto de 2024 a las 12:35 p.m.:
https://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=~%2FApp_Data%2FUpload%2FGaceta03-97.pdf
10 Ver el siguiente enlace, consultado el 31 de agosto de 2024 a las 12:35 p.m.:
https://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/web/Acto%20Administrativo/Default.aspx?ID=2116
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Radicación: 25000-23-42-000-2012-01357-01 (3151-2021)
Demandante: Raúl Eduardo Martínez Lugo
Al tenor de las citadas disposiciones, se concluye que los directores de las Unidades
de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura serían de libre
nombramiento y remoción.
Ahora bien, el Acuerdo 345 del 3 de septiembre de 1998 convocó a concurso de
méritos el cargo de director de la Unidad de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, repartidos en: asistencia legal, informática, planeación, presupuesto y
recursos humanos, pero no ofertó los empleos de directores de las Unidades de la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Por su parte, el Consejo de Estado, mediante sentencia del 26 de noviembre de
2009,11 anuló parcialmente el artículo 2, numeral 3, del Acuerdo 345 de 1998, por
considerar que el cargo de director de la Unidad de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial tampoco debió ofertarse a concurso en razón a que tenía la
naturaleza de libre nombramiento y remoción, al igual que sus homólogos de la Sala
Administrativa.
No obstante, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia SU-539 de 2012 dejó
sin efectos la anterior decisión por las siguientes razones:
(i) Tratándose de la carrera judicial, los cargos de libre nombramiento y remoción
deben ser definidos así por el legislador de manera manifiesta, porque en este ámbito
impera el principio de reserva de ley.
(ii) Queda descartada por inconstitucional la interpretación de los artículos 130 y 85
de la Ley 270 de 1996 según la cual, la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura puede definir mediante un acto administrativo los cargos de la carrera
judicial que son de libre nombramiento y remoción;
(iii) la validez de definir los cargos equivalentes al de Magistrado Auxiliar que tienen la
calidad de libre nombramiento y remoción, depende de su inclusión expresa y
desarrollo en una norma de carácter legal y no administrativa; y
(iv) el cargo de Director de Unidad de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
es de carrera y por esto debe ser sometido a concurso público de méritos, habida
cuenta que por disposición expresa de la ley no es de libre nombramiento y remoción.
[…]
11 Radicado 11001-03-25-000-2007-00092-00 (1790-07).
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Radicación: 25000-23-42-000-2012-01357-01 (3151-2021)
Demandante: Raúl Eduardo Martínez Lugo
Ahora bien, en este punto es preciso hacer referencia al argumento expuesto por el
Consejo de Estado en su sentencia, según el cual el Acuerdo 345 de 1998 vulnera el
derecho a la igualdad de quienes ocupan u ocuparán el cargo de Director de Unidad
de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. En criterio de esa
Corporación, eso es así porque aunque el Acuerdo 345 de 1998 convocó a concurso
de méritos para proveer el cargo de Director de Unidad de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, mediante el Acuerdo 346 de 1998 la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura convocó concurso de méritos para la conformación
del registro de elegibles de los cargos de carrera pertenecientes a esa Sala, sin incluir
el cargo de Director de Unidad de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, “que es idéntico” a los cargos incluidos en la convocatoria del Acuerdo
345 de 1998. Así, a su juicio, “El trato discriminatorio dado a los cargos que se
encuentran en idénticas condiciones, desbalancea (sic) en forma desfavorable a
quienes van a ocuparlos como funcionarios de libre nombramiento y remoción, frente
a los privilegios que otorgaría a quienes aparentemente los ocuparían en carrera.”
En sentir de esta Sala, dicho argumento queda desvirtuado si se tiene en cuenta que,
en primer lugar, en virtud del Acuerdo 022 de 1997 proferido por el Consejo Superior
de la Judicatura, el cargo de Director de Unidad de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura se encuentra adscrito a la Presidencia de esa Sala. En
segundo lugar, que a diferencia de lo que ocurre con el cargo de Director de Unidad
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, es razonable estimar que los
cargos adscritos a la Presidencia de las altas cortes (i) cumplen funciones directivas,
de manejo, de conducción u orientación institucional y (ii) requieren un grado de
confianza mayor al que se predica de la función pública ordinaria. [Cursiva dentro del
texto original].
De acuerdo con el anterior criterio, la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura carece de competencia para definir cuáles cargos se rigen por el
régimen de carrera y cuáles son de libre nombramiento y remoción, pues este
aspecto está reservado al legislador.
A su turno, los cargos de director de las unidades adscritos a la Presidencia de la
referida Sala tienen el carácter de libre nombramiento y remoción porque así lo
dispuso el artículo 130 de la Ley 270 de 1996 y cumplen funciones de dirección,
manejo y confianza que ameritan ese tratamiento.
En conclusión, dentro del contexto estudiado y vigente para la época de los hechos
analizados en el sub lite, los cargos de director adscritos a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial eran de carrera, mientras que los directores de unidad
asignados a la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura eran de libre nombramiento y remoción.
14
Radicación: 25000-23-42-000-2012-01357-01 (3151-2021)
Demandante: Raúl Eduardo Martínez Lugo
2.2.2. Insubsistencia del nombramiento en empleos de libre nombramiento y
remoción
En concordancia con lo expuesto en el acápite precedente, la Sala advierte por regla
general los cargos de la Rama Judicial deben ser de carrera administrativa; sin
embargo, existen algunas excepciones, entre las que se encuentran los empleos de
libre nombramiento y remoción. Esto quiere significar que para los primeros el
ingreso debe hacerse mediante el sistema del mérito, mientras que para los
segundos la administración goza de cierta libertad para seleccionar y retirar a sus
servidores, en atención a la trascendencia de las funciones que desempeñan y al
grado de confianza que se exige. En este último caso, al nominador le está permitido
disponer su provisión y retiro, incluso sin que sea necesario expresar los motivos
que lo llevan adoptar una u otra decisión.
En armonía con el anterior planteamiento, la jurisprudencia constitucional ha
identificado como límites para el ejercicio de dicha facultad, los siguientes:12 a) debe
existir una norma de rango constitucional o legal que contemple la discrecionalidad
expresamente; b) su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la norma que la
autoriza; y c) la decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa.
A su turno, el artículo 44 del CPACA establece que, en la medida en que el contenido
de una decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe ser
«adecuada» a los fines de la norma que la autoriza y «proporcional» a los hechos
que le sirven de causa; lo anterior supone que debe existir una razón para adoptar
la decisión, fundada en normas jurídicas y en hechos reales y ciertos, lo cual hace
que la discrecionalidad tenga como medida la «razonabilidad», y ello, de suyo,
comporta un límite a la facultad discrecional de libre nombramiento y remoción.
En suma, la potestad discrecional se traduce en la voluntad libre de apreciación y
valoración de una autoridad administrativa, ejercida dentro del marco jurídico, de su
12 Sentencia T-372 de 2012.
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Radicación: 25000-23-42-000-2012-01357-01 (3151-2021)
Demandante: Raúl Eduardo Martínez Lugo
autonomía y de su competencia, para determinar y decidir un asunto concreto,
buscando siempre la consecución de un interés general y la satisfacción de los
derechos de los asociados, haciendo la ponderación respectiva.
Según lo ha precisado la doctrina, la discrecionalidad tiene su fundamento en el
concepto de Estado Social de Derecho, puesto que atañe a elementos de
oportunidad, conveniencia, necesidad o utilidad; en la circunstancia de que la ley
necesita ejecutarse; en la existencia de conceptos jurídicos indeterminados; y en la
progresiva actuación de la administración.
La Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-686 de 2014, hizo un recuento de
la línea jurisprudencial trazada en torno a la posibilidad de declarar la insubsistencia
de nombramientos efectuados en empleos de libre nombramiento y remoción sin
necesidad de motivación y destacó los siguientes pronunciamientos:
En este sentido, la Sentencia C-443 de 1997, señaló:
“(…) la estabilidad “entendida como la certidumbre que debe asistir al empleado en
el sentido de que, mientras de su parte haya observancia de las condiciones fijadas
por la ley en relación con su desempeño, no será removido del empleo”, es plena para
los empleos de carrera pero restringida o precaria para los de libre nombramiento
y remoción, “pues para éstos la vinculación, permanencia y retiro de sus cargos
depende de la voluntad del empleador, quien goza de cierta discrecionalidad para
decidir libremente sobre estos asuntos, siempre que no incurra en arbitrariedad por
desviación de poder.
[…]
En igual sentido, en la Sentencia T-132 de 200713 se reiteró […]:
“En efecto, la Legislación prevé que en ciertos casos no se requiere la motivación.
Esto sucede, por ejemplo, cuando quien se desvincula del servicio es un empleado
de libre nombramiento y remoción. Ha manifestado la Corte Constitucional que al
“tratarse de personas que ejercen funciones de confianza, dirección o manejo, la
permanencia en sus cargos depende, en principio, de la discrecionalidad del
nominador.”14 Este tipo de empleos suponen la existencia de estrechos lazos de
confianza de modo que “el cabal desempeño de la labor asignada debe responder a
las exigencias discrecionales del nominador y estar sometida a su permanente
vigilancia y evaluación.”15
13 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
14 Así lo expresó en las sentencias C-514 de 1994, SU 250 de 1998 y C-292 de 2001.
15 Ver Sentencias C-195 de 1994, C-368 de 1999, C-599 de 2000, C-392 y C-1146 y C-392 de 2001.
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Demandante: Raúl Eduardo Martínez Lugo
Bajo estas circunstancias, el nominador goza de un margen amplio de
discrecionalidad que no puede, desde luego, derivar en actuación arbitraria o
desproporcionada pero tampoco exige para que proceda el retiro que el acto de
desvinculación deba ser motivado. Ha sostenido la Corporación en numerosas
ocasiones que, “la falta de motivación del acto que desvincula a una persona que
ocupe un cargo de libre nombramiento y remoción no es contrario a la Constitución.”16
Ha recalcado, además, que la no motivación de esos actos constituye “una excepción
al principio general de publicidad, sin que ello vulnere derecho fundamental alguno.”17
Con base en los anteriores lineamientos, la Corte Constitucional reiteró que la
desvinculación de los servidores de libre nombramiento y remoción puede realizarse
de forma inmotivada, ya que la escogencia para proveer esos empleos se basa en
razones de orden personal o de confianza.
Aunque la ausencia de motivación en tales casos es una excepción al principio de
publicidad, ello no vulnera garantías fundamentales, pues la facultad discrecional
no implica arbitrariedad. Además, ese margen de libertad debe estimarse como
adecuado en consideración a la naturaleza de las labores que desempeñan dichos
funcionarios y la cercanía con sus nominadores. En efecto, entre ellos debe existir
un alto grado de confianza, por cuanto se manejan asuntos de reserva y cuidado,
que involucran la toma de toma de decisiones de alta trascendencia e impacto.
En este orden de ideas, una vez efectuado el análisis armónico de las anteriores
normas y según lo expresado por el máximo tribunal constitucional, es viable
concluir que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento de los empleados
de libre nombramiento y remoción es una facultad discrecional del nominador que
se ejercita a través de un acto administrativo que por su naturaleza es inmotivado,
no obstante estar fundado en motivos implícitos, acordes con la efectiva prestación
del servicio público.
2.3. Hechos probados
16Sentencia T-222 de 2005.
17 Corte Constitucional. Sentencia T-610 de 2003.
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• El 29 de marzo de 2012, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura celebró sesión ordinaria y declaró insubsistente el nombramiento del
actor como director de la Unidad de Recursos Físicos e Inmuebles de esa Sala.18
• El 9 de abril de 2012, por Resolución PSAR12-106, el presidente de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, «en ejercicio de sus facultades
legales, en especial de la conferida por el artículo 85 de la Ley 270 de 1996 y de
conformidad con lo aprobado en la sesión de la Sala Administrativa del 29 de marzo
de 2012», declaró la insubsistencia del nombramiento del actor en el cargo antes
mencionado.19
• El 14 de mayo de 2012, la directora administrativa de la División de Asuntos
laborales hizo constar que el demandante prestó sus servicios a la Rama Judicial
desde el 30 de diciembre de 1991 hasta el 8 de abril de 2012.20
• El 4 de febrero de 2014, en la audiencia de pruebas practicada en el sub lite se
recibió el testimonio del señor Jorge Mario Rivadeneira Mora, quien declaró:
[…] PREGUNTADO: Tiene usted conocimiento sobre las posibles causas que dieron
lugar a la declaración de insubsistencia del nombramiento de RAÚL EDUARDO MARTÍNEZ
LUGO en el cargo de director de la Unidad de Recursos Físicos e Inmuebles de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura? si lo tiene, explique cómo
obtuvo el conocimiento de este hecho. CONTESTÓ: Conocimiento directo de las
causas, razones o móviles de la Sala, pues no. Más sin embargo, a partir de un
cambio de directiva de los magistrados de la Sala se empezaron a presentar todas
estas situaciones con relación a los directores de unidad, que implicó la salida de
varios de todos nosotros. […] PREGUNTADO: Qué puede usted decir acerca de la
calidad del servicio prestado por RAÚL EDUARDO MARTÍNEZ LUGO en el tiempo en que
ocupó el cargo de director de la Unidad de Recursos Físicos e Inmuebles de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y posteriormente la de su
reemplazo, en caso tal de que conociera algo de eso? Explicando las razones de su
dicho. CONTESTÓ: Pues solamente podría entrar a referirme durante el tiempo en el
cual yo estuve o fui compañero de Raúl de trabajo, no conozco lo anterior. Más sin
embargo, sí tuve conocimiento de que él venía incluso desde antes de crearse la Sala
Administrativa por parte del Constituyente de 1991, en la medida en que venía de la
entidad que se encargaba de la infraestructura en ese entonces. Coloquialmente
decíamos que él era parte del inventario. Y en las actuaciones que hacíamos
18 Folios 441 a 466.
19 Folio 310.
20 Folios 312 a 314.
18
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conjuntamente con el presidente de la Sala, como anoté con antelación, veía uno que
él tenía un amplio manejo y conocimiento de su dependencia y se enteraba uno que
sus ejecuciones presupuestales eran bastante elevadas. De su remplazo, como digo,
no puedo ni tengo opinión, más allá de algún comentario o de alguna anotación de
prensa que salió en algún momento donde se anotaba que la ejecución presupuestal
en el gasto de inversión de la Rama había descendido considerablemente. […].
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
A continuación, se analizarán cada uno de los argumentos que fundaron la alzada.
2.4.1. Naturaleza del cargo ocupado por el demandante
El señor Raúl Eduardo Martínez Lugo sostuvo que la administración incurrió en un
error al considerar que el cargo que ocupaba como director de la Unidad de
Recursos Físicos e Inmuebles de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura tenía el carácter de libre nombramiento y remoción, ya que realmente se
trataba de un empleo de carrera y, por lo tanto, su desvinculación debió hacerse
mediante un acto motivado.
Igualmente, el accionante sostuvo que el Acuerdo 22 de 1997 adscribió dicho
empleo a la Presidencia de la Sala Administrativa, pero este fue modificado por los
Acuerdos 250 de 1998, 377 de 1998, 1307 de 2001, 1893 de 2003, PSAA-05-2961
de 2005, 3431 y 3602 de 2006, en tanto determinaron que el empleo pertenecería
a la unidad y no a la Presidencia. Además, la aludida Sala no podía cambiar la
naturaleza del cargo con una simple adscripción en la planta de personal.
Ahora bien, esta Subsección se aparta de las anteriores conclusiones, ya que el
Acuerdo 22 de 1997 adscribió el empleo que ostentaba el actor a la Presidencia de
la Sala y ello no fue modificado por los acuerdos mencionados; por el contrario, en
la parte motiva del Acuerdo 250 de 1998 se lee lo siguiente:
Que el Acuerdo 22 de marzo 24 de 1994 establece la planta de personal de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, según la nomenclatura
definida por los Decretos 105 y 106 de 1994.
19
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Que se hace necesario actualizar la mencionada nomenclatura, teniendo en cuenta
tanto la reestructuración que, por mandato del artículo 199 de la Ley 270 de 1996,
sufrió la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, como la
incorporación de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.
Conforme a la anterior cita, el Acuerdo 250 de 1998 se limitó a actualizar la
nomenclatura los empleos allí enlistados, es decir, que mantuvo la adscripción del
cargo de director de unidad a la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura en los términos dispuestos por el Acuerdo 22 de 1997.
Es más, el Acuerdo 250 de 1998 no revocó, derogó o dejó sin efectos el Acuerdo
de 1997, sino que armonizó la adscripción inicialmente dispuesta con la
nomenclatura adoptada con posterioridad.
Por su parte, el Acuerdo 377 de 1998 no fue aportado al plenario y tampoco se
encuentra en la página web del Consejo Superior de la Judicatura; sin embargo,
según lo informa el apelante, dicho acto implementó el manual de funciones, de
manera que su finalidad no fue cambiar la adscripción de los empleos al interior de
la mencionada Sala. Idéntica conclusión se predica del Acuerdo PSAA-05-2961 de
2005,21 «por el que se expide el Manual de Funciones para los cargos adscritos a
las Unidades de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura».
A su turno, el Acuerdo 1307 de 200122 reestructuró la Oficina del Despacho de la
Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, asignó
sus funciones y determinó su planta de personal, pero no se refirió al Acuerdo 22
de 1997, por ende, su expedición tampoco afectó la adscripción efectuada en aquel.
Es más, el Acuerdo 1307 de 2001 se refirió a la Oficina de la Presidencia, la cual no
puede confundirse con la Presidencia de la Sala y las Unidades adscritas a esta.
La anterior conclusión también aplica para los Acuerdos 1893 de 2003 y 3431 de
21 Ver el siguiente enlace, consultado el 5 de septiembre de 2024 a las 11:04 a.m.:
https://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/web/Acto%20Administrativo/Default.aspx?ID=2684
22 Ver el siguiente enlace, consultado el 4 de septiembre de 2024 a las 12:45 p.m.:
https://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/web/Acto%20Administrativo/Default.aspx?ID=518
20
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Demandante: Raúl Eduardo Martínez Lugo
2006, en tanto siguieron reestructurado la mencionada oficina.23
Por su parte, el Acuerdo 3602 de 200624 tampoco cambió la adscripción establecida
en el Acuerdo 22 de 1997, pues solo resolvió «dejar sin efectos el Acuerdo No. 2466
de 2004 y como consecuencia de lo anterior, el cargo de Profesional Universitario
Grado 33 pertenece a la planta de personal de la Presidencia de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura». De manera que este acuerdo
no se refirió al cargo de director de unidad que ocupaba el actor.
Se destaca que el Acuerdo PSAA13-9964 de 2013 modificó expresamente el
Acuerdo 22 de 1997 para suprimir los cargos de profesional especializado grado 33,
adscritos a la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura y que desempeñaban sus funciones en las unidades de la misma.
En virtud de lo anterior, se resolvió «adscribir el cargo de Director de Unidad
Nominado perteneciente a la planta de personal de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, a la Presidencia de la misma Sala», es decir,
que se mantuvo la adscripción prevista en el Acuerdo 22 de 1997 para el empleo de
director de unidad.
En armonía con lo antes expuesto, en un caso contornos similares al presente, esta
corporación reafirmó que el empleo de director de unidad de la mencionada Sala
tenía la naturaleza de libre nombramiento y remoción, pues así se deducía de los
artículos 130 y 131 Ley 270 de 1996, en concordancia con el Acuerdo 22 de 1997,
esto es, «por tratarse de un cargo adscrito a la Presidencia de la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura, cuya nominación corresponde a la Sala».25
23 Ver los siguientes enlaces, consultados el 4 de septiembre de 2024 a las 12:45 p.m.:
https://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/web/Acto%20Administrativo/Default.aspx?ID=1344
https://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/web/Acto%20Administrativo/Default.aspx?ID=3268
24 Ver el siguiente enlace, consultado el 4 de septiembre de 2024 a las 12:45 p.m.:
https://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/web/Acto%20Administrativo/Default.aspx?ID=3465
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de mayo de 2013, radicado 25000-23-25-000-2006-
05536-02 (2256-11). A su vez, en sentencia del 9 de febrero de 2017, radicado 25000-23-25-000-2010-00422-01 (3201-
13), se expresó que los cargos de coordinador de las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial y director de Unidad
tenían la categoría de empleos de libre nombramiento y remoción. Este criterio también fue reiterado en la sentencia del
7 de febrero de 2015, radicado 11001-03-25-000-2009-00120-00(1634-09).
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Demandante: Raúl Eduardo Martínez Lugo
El accionante también reprochó que el fallador de primera instancia aplicó un obiter
dicta de la Sentencia SU-539 de 2012 relacionado con las diferencias entre los
directores de unidad adscritos a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura y sus homólogos pertenecientes a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y que la providencia de tutela resulta contraria a la Sentencia
C-037 de 1996 y a los acuerdos antes citados.
No obstante, el anterior motivo de inconformidad carece de fundamentación
suficiente, ya que la Sentencia SU-539 de 2012 no se refirió al cargo de directores
de unidad adscritos a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
como un obiter dicta; por el contrario, se trató de un argumento importante para
diferenciar ese empleo del de director de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial con miras a justificar las razones por las cuales el primero no debía ser
ofertado a concurso, mientras que el segundo sí.
Al respecto, conforme se desarrolló en el acápite normativo y jurisprudencial, la
Corte Constitucional concluyó que los directores de unidad de la aludida Sala eran
de libre nombramiento y remoción porque así lo establecía expresamente el artículo
130 de la Ley 270 de 1996 y por las funciones que desempeñaban, las cuales
concernían a la dirección, manejo, conducción u orientación institucional y requerían
de un especial grado de confianza.
La diferenciación entre los citados cargos tampoco riñe con el criterio fijado por la
Sentencia C-037 de 1996, pues esa decisión respetó el hecho de que los cargos
adscritos a la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura tuvieran el carácter de libre nombramiento y remoción.
En efecto, la referida providencia declaró inexequibles las expresiones «Directores
Administrativos» y «los empleados de confianza y manejo de las Divisiones y
Unidades de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura», bajo el
entendido de que, a diferencia de los otros empleos enlistados por el artículo 130
22
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Demandante: Raúl Eduardo Martínez Lugo
de la Ley 270 de 1996, no cumplían funciones de dirección, manejo y confianza,
sino técnicas; además, sus decisiones y procedimientos dependían de las
directrices fijadas por un órgano superior, como lo era la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura.
Mientras que el empleo desempeñado por el actor, en oposición a lo expresado en
su apelación, no solo tenía asignadas funciones técnicas, sino también de dirección
e intervención en la política institucional en lo referente a la infraestructura requerida
para la operatividad de los despachos judiciales a nivel nacional. Para efectos
ilustrativos se destacan las siguientes responsabilidades:26
1.- Asesorar a la Sala Administrativa en la formulación de los planes y programas para
la adquisición, diseño, contratación, construcción, adecuación y mantenimiento de los
inmuebles de la Rama Judicial.
2.- Asesorar a la Sala Administrativa en la elaboración y presentación de los proyectos
de inversión en infraestructura física para los planes de desarrollo y llevar el
seguimiento.
3.- Dirigir y controlar el cumplimiento de las políticas, planes y programas que en
materia de Recursos Físicos señale la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura.
[…]
6.- Asesorar en la elaboración del proyecto de presupuesto de inversión, suministrando
la información relacionada con la evaluación de los costos de adquisición, diseños,
construcción, adecuación y mantenimiento de los inmuebles de la Rama Judicial.
7.- Coordinar la inscripción y seguimiento de los proyectos de inversión en el Banco de
Proyectos de Inversión Nacional del Departamento Nacional de Planeación, que en
materia de Recursos Físicos desarrolle la Unidad.
8.- Dirigir y coordinar el cumplimiento de la ejecución de los diseños arquitectónicos y
estudios técnicos de los proyectos para los inmuebles de la Rama Judicial.
9.- Dirigir y coordinar el cumplimiento de la ejecución de los proyectos de construcción,
mejoramiento y remodelación, así como la supervisión de la interventoría de las
diferentes obras que se realicen para la Rama Judicial.
10.- Planear, dirigir y coordinar la programación anual de los recursos de mejoramiento
y mantenimiento físico de los inmuebles de la Rama Judicial.
11.- Planear, dirigir y coordinar el desarrollo del catastro físico de la Rama Judicial.
26 Folios 312 a 314.
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Demandante: Raúl Eduardo Martínez Lugo
12.- Dirigir y coordinar la evaluación de las solicitudes relacionadas con el desarrollo de
la inversión de los recursos físicos de la Rama Judicial.
[…]
18.- Dirigir y coordinar la elaboración de los Proyectos de Acuerdo en materia de
Recursos Físicos.
19.- Presentar debidamente sustentados a la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura los proyectos de Acuerdo relacionados con la Unidad.
[…]
25- Velar por la correcta racionalización de los diferentes recursos físicos, humanos y
financieros asignados a la Unidad de Recursos Físicos.
De otro lado, el señor Raúl Eduardo Martínez Lugo sostuvo que después de su retiro
la demandada corrigió su error y adscribió la Unidad de Recursos Físicos a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y ofertó el cargo de director a
concurso público; sin embargo, esta situación no puede oponerse para desvirtuar la
presunción de legalidad del acto acusado, ya que la administración actuó conforme
a la normativa superior que para ese entonces se encontraba vigente.
En torno a la vigencia de los supuestos de hecho y de derecho que se analizan para
controlar la legalidad de un acto administrativo, esta corporación ha explicado: 27
[R]resulta oportuno precisar que cuando se efectúa un juicio de legalidad de un acto
de desvinculación se examinan las razones concomitantes al momento en que se
profirió o anteriores a éste, sin que sea posible analizar las posteriores. Lo anterior,
porque indistintamente de la naturaleza del cargo, es evidente que existían unas
razones de hecho y de derecho que la administración no tenía por qué desconocer,
como es el hecho de que se había conformado una lista de elegibles producto de un
concurso de méritos convocado mediante el Acuerdo No. 345 de 1998, destinado a
la provisión del cargo de Coordinador de Seccionales de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.
[…]
En efecto, si en gracia de discusión se admitiera que la administración no podía retirar
a la demandante porque el cargo que ocupaba era de libre nombramiento y remoción,
resulta que antes de establecer la naturaleza del mismo, era necesario analizar la
legalidad de los actos administrativos con los que se cimentó la decisión adoptada,
los cuales, se insiste, se encontraban vigentes.
De acuerdo con el anterior lineamiento interpretativo, se concluye que el acto
demandado no está viciado de nulidad, ya que para la fecha de su expedición las
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de febrero de 2017, radicado 25000-23-25-000-
2010-00422-01 (3201-13).
24
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Demandante: Raúl Eduardo Martínez Lugo
normas legales y reglamentarias, así como la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, permitían concluir que el accionante
desempeñaba un cargo de libre nombramiento y remoción y, por lo tanto, podía ser
retirado del servicio mediante un acto inmotivado.
2.4.2. Expedición irregular
En cuanto a la expedición irregular como causal de nulidad de los actos acusados,
mediante auto del 19 de septiembre de 2023, el suscrito ponente expresó:28
Este vicio se genera por afectación del elemento formal del acto
administrativo, es decir, se materializa si en su formación y expedición se
desconocieron las formalidades y el procedimiento que legamente se fijó para
ello,29 pues este último constituye una garantía tanto para la administración
como para los asociados al evitar la existencia de arbitrariedades en el trámite
y permitir la materialización del debido proceso.30
Sin embargo, no todo desconocimiento de una formalidad o procedimiento
acarrea la nulidad del acto administrativo; por el contrario, tal consecuencia
solo se origina ante la inobservancia de una formalidad sustancial, 31 esto es,
aquella que de omitirse tenga la capacidad de generar una arbitrariedad o
alterar la transparencia del trámite o es determinante para la existencia del
acto o para el resultado de la decisión definitiva.32 Entonces, se descartan las
que no inciden de manera transcendente en su contenido, ya que se correría
el riesgo de que el mínimo desconocimiento de una formalidad genere la
nulidad de la decisión, pese a su insignificancia o a que no se afectó el derecho
al debido proceso del asociado.
Para identificar si se está en presencia de una formalidad sustancial o
accesoria, «el operador jurídico debe preguntarse qué habría sucedido si se
hubieran seguido las formas dejadas de lado».33
Finalmente, es pertinente señalar que en la causal de nulidad de expedición
28 Radicado 11001-03-25-000-2022-00348- 00 (2832-2022).
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de enero de 2016, radicado 54001-23-31-000-2009-
00166-01 (0851-15).
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 29 de marzo de 2017, radicado: 11001-03-25-000-2016-
01189-00 (5266-2016).
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de marzo de 2017, radicado: 11001-03-25-000-2016-00019-00
(0034-2016).
32 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 23 de marzo de 2007, radicado 11001-03-28-000-2006-00172-
01(4120).
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de octubre de 2016, radicado 68001-23-31-000-
2008-00129-01 (4357-2013).
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Demandante: Raúl Eduardo Martínez Lugo
irregular se encuentra inmerso el desconocimiento del derecho de audiencia y
de defensa,34 lo cual se configura, en suma, cuando no se acatan las garantías
que circunscriben el derecho fundamental al debido proceso para la expedición
del acto administrativo.
El demandante sostuvo que la resolución enjuiciada se expidió irregularmente, ya
que su desvinculación no hacía parte del orden del día de la sesión celebrada el 29
de marzo de 2012 y este no podía alterarse de manera intempestiva, mucho menos
cuando la Sala tampoco votó para modificarlo. A su vez, la declaratoria de
insubsistencia se propuso como clausura de la sesión, sin contar con una ponencia
previa ni una adecuada deliberación y cuando ya se habían retirado algunos
magistrados. Además, la designación de su reemplazo no se detuvo en analizar la
hoja de vida.
De acuerdo con las pruebas aportadas al expediente, en el acta de la mencionada
sesión se consignó lo siguiente frente al retiro del actor:35
M.- LO QUE PROPONGAN LOS SEÑORES MAGISTRADOS
[…]
M.5. Declaratoria de insubsistencia del doctor Raúl Martínez Lugo, en el cargo de
Director de la Unidad de Recursos Físicos e Inmuebles de la Sala Administrativa de
esta Corporación.
La Sala declaró la insubsistencia del nombramiento del doctor Raúl Martínez Lugo,
en el cargo de Director de la Unidad de Recursos Físicos e Inmuebles de la Sala
Administrativa de esta Corporación.
Así mismo, la Sala decidió nombrar en propiedad al doctor Iván Darío Cely Barajas,
en el cargo de Director de la Unidad de Recursos Físicos e Inmuebles de la Sala
Administrativa de esta Corporación, previa verificación de los requisitos mínimos por
parte de la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial previo el cumplimento de los requisitos por parte de la Unidad de Recursos
Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial [sic].
Dispuso en consecuencia expedir los actos administrativos respectivos.
Por su parte, el Acuerdo 113 de 1993, que contiene el Reglamento Interno de la
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de enero de
2015, radicado 11001-03-25-000-2011-00439-00 (1689-2011).
35 Folios 441 a 466.
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Demandante: Raúl Eduardo Martínez Lugo
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, indicó lo siguiente frente
a las sesiones y el orden del día:36
Artículo 24. Orden del Día. Corresponde al Presidente de le Sala preparar el Orden
del Día de las reuniones ordinarias y para las extraordinarias cuando no lo haya
previsto la misma Sala, incluyendo en él las solicitudes que en tal sentido formulen
los demás magistrados. Es deber del Presidente ordenar la entrega del Orden del Día
en los despachos de los demás Magistrados con veinticuatro horas de anticipación,
por lo menos, a la hora en que deba iniciarse la respectiva sesión. El Orden del Día
deberá estar acompañado de una documentación de un documento contentivo del
resumen de las ponencias cuya consideración o votación se prevea. Este anexo
deberá indicar los documentos que corresponden a cada asunto, los cuales
permanecerá, a disposición de los Magistrados antes de la sesión para su consulta o
durante ella.
La Sala por mayoría ordinaria decidirá lo pertinente al Orden del Día. Incluidas
adicionales, alteraciones y supresiones propuestas por cualquiera de los Magistrados.
Al iniciar cada sesión la Secretaría Ejecutiva distribuirá a los Magistrados una relación
en donde aparezca la antigüedad de cada asunto en su sometimiento a la
consideración de la Sala.
En término de resolver los asuntos de que trata Orden del Día, y los aplazados,
indicando el trámite a que estos últimos estén sujetos.
Artículo 27. Iniciación de las sesiones. Las sesiones se iniciarán siempre con la
verificación del quórum por el Secretario y continuarán y adopción del Orden del Día.
El orden en que deban tratarse los asuntos podrá ser alterado por mayoría a solicitud
de cualquier Magistrado.
Es pertinente anotar que al plenario no se allegó el orden del día de la sesión del 29
de marzo de 2012, sino el acta, de la cual se extrae que unos de los puntos a tratar
era el «M.- LO QUE PROPONGAN LOS SEÑORES MAGISTRADOS».
De esta manera, no se observa una irregularidad por el hecho de que en el citado
punto se hubiera propuesto y decidido un asunto relacionado con la administración
del personal adscrito a la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura, específicamente la declaratoria de insubsistencia del actor. Incluso,
el reglamento interno de la corporación permitía adicionar, alterar y suprimir
36 Ver el siguiente enlace, consultado el 5 de septiembre de 2024 a las 3:23 p.m.
https://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/web/Acto%20Administrativo/Default.aspx?ID=253
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Demandante: Raúl Eduardo Martínez Lugo
propuestas del orden del día a petición de cualquier magistrado.
Esta Subsección tampoco concuerda con el razonamiento del actor en el sentido de
que la decisión de su retiro y el nombramiento del reemplazo debían estar
precedidos de una sesuda ponencia, pues los nominadores estaban deliberando
sobre un cargo de libre nombramiento y remoción, en el que el ingreso y el retiro
obedecen a la facultad discrecional.
Además, se dejó claro que la hoja de vida del nuevo funcionario debía ser estudiada
por la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, de modo que se garantizó que la nueva designación se hiciera con respeto
de los requisitos mínimos de acceso al cargo.
En el acta tampoco se dejó constancia de que se hubieran retirado magistrados,
sino que uno de ellos no asistió ese día, pero de ninguna manera se expresó que
tal circunstancia afectó el quórum decisorio.
En consecuencia, no se advierte una razón apremiante para invalidar la decisión
acogida en forma unánime por los magistrados que en ese momento constituían el
número de miembros necesario para deliberar y adoptar las determinaciones del
órgano colegiado.
2.4.3. Desviación de poder
Entre las causales de anulación de los actos administrativos que consagra el artículo
137 del CPACA, está la desviación de poder que se configura cuando el elemento
teleológico del acto está viciado, esto es, cuando no se expide en aras del buen
servicio y de la correcta marcha de la administración, sino por móviles arbitrarios,
caprichosos, egoístas o injustos. Entonces, se podrá pedir la nulidad de un acto
administrativo cuando se dicta con desviación de las atribuciones propias del
funcionario o corporación que lo profirió.
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Como lo ha precisado la doctrina y la jurisprudencia, si bien el acto fue expedido por
órgano o autoridad competente y con las formalidades debidas, en realidad persigue
fines distintos a los que ha fijado el ordenamiento jurídico.37 Al respecto, el
doctrinante Tomás Ramón Fernández Rodríguez afirma que la desviación de poder
es un vicio determinante de anulabilidad del acto administrativo, toda vez que afecta
el fin como uno de sus elementos esenciales.
Para el mencionado autor, esta causal de nulidad es altamente reprochable porque
el titular de la potestad administrativa antepone un fin privado en el ejercicio de sus
funciones y, en forma correlativa, atenta contra el interés general. «En este caso
hay una verdadera apropiación de la organización y de sus instrumentos por un
sujeto privado, que hace querer a la Administración lo que ésta no puede
institucionalmente pretender, y ello para su exclusivo beneficio individual».38
En este contexto, el vicio de nulidad analizado concierne a la intención que tiene la
autoridad para adoptar una decisión, encaminada a perseguir un fin diferente al
previsto por el legislador y, en su lugar, atender un propósito particular, personal o
arbitrario.39
Por su parte, la jurisprudencia ha manifestado que «demostrar la causal de
desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción plena de que la
intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó
con fines distintos a los previstos por la norma».40
De esta manera, es a los accionantes a quienes les corresponde probar los
supuestos de hecho en que se basa la censura que pretenden hacer valer para
37 Berrocal Guerrero, Luis Enrique Manual del acto administrativo, Librería ediciones del profesional LTDA., Bogotá,
Colombia, 2014, página 547.
38 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás Ramón. Orden público y nulidad de pleno derecho. Revista de administración pública,
ISSN 0034-7639, N.° 59, 1969, págs. 71-128. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2111655
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente: Gustavo
Eduardo Gómez Aranguren, siete (07) de marzo de dos mil trece (2013), Radicación número: 13001-23-31-000-2007-
00052-01(0105-12).
40 Sentencia de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, de 23 de febrero de 2011, radicado interno: 0734-
10.
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destruir la presunción de legalidad del acto acusado; 41 esta afirmación, atendiendo
a la jerarquización de las fuentes del derecho administrativo, está determinada por
la regla contenida en el Código General del Proceso de que «incumbe a las partes
probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
ellas persiguen».42
En lo que atañe al sub lite, el señor Raúl Eduardo Martínez Lugo expresó que la
administración actuó con desviación de poder, pues está demostrado que con el
ingreso de nuevos dignatarios a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura se produjeron varios despidos de los directores de unidad, con
desconocimiento de la estabilidad laboral, la protección a los trabajadores e indubio
pro operario. Además, «que el propósito que guio a los pocos magistrados que se
quedaron luego de culminada la Sala fue satisfacer unas cuotas burocráticas y por
ningún lado aflora la intención del mejoramiento del servicio».
Conforme se concluyó en acápites precedentes, el accionante ostentaba un empleo
de libre nombramiento y remoción, por lo que la mencionada Sala contaba con la
facultad discrecional para removerlo mediante un acto inmotivado y tal actuación se
presumía ajustada a la legalidad.
Inclusive, dicha potestad podía ejercerse ante la pérdida de confianza por parte del
nominador, pues esa clase de empleos revisten especiales responsabilidades y
profundas implicaciones al momento de tomar decisiones, por lo que debe existir
coordinación y el mejor entendimiento posible entre los funcionarios del más alto
nivel, quienes están a la cabeza de las entidades y deben velar porque la misión
institucional se cumpla en términos de eficiencia, oportunidad y conveniencia.
Es así como la Corte Constitucional ha explicado que «siendo la confianza un factor
determinante a la hora de vincular funcionarios en cargos de libre nombramiento y
remoción, su pérdida constituye una razón justificada para que la administración de
41 Sentencia del 16 de febrero de 2006, Consejo de Estado – Sección Segunda, Subsección B, consejero ponente: Jesús
María Lemos Bustamante. Radicación número: 25000-23-25-000-2002-08208-01(2485–04).
42 Artículo 167 del CGP.
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Demandante: Raúl Eduardo Martínez Lugo
por terminada la relación laboral con el empleado público y de esta forma garantice
tanto la prestación del buen servicio como la satisfacción del interés público».43
Entonces, conforme lo ha expresado esta Subsección en casos similares al
presente,44 como la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura varió
mayoritariamente en cuanto a los miembros que la integraban, resultaba razonable
que esta nueva conformación incidiera en la vinculación del interesado, en aras de
que hubiera la mejor comunicación posible entre ese órgano de administración y los
directores de las unidades adscritos a este, de manera que colaboraran
armónicamente para el cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad.
La anterior afirmación también se sustenta en las especiales funciones que le
correspondían al actor como director de la Unidad de Recursos Físicos e Inmuebles
y su comunicación directa con la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura para el diseño e implementación de la política pública propia de esa área.
Esta dinámica colaborativa igualmente está reflejada en el reglamento interno de
dicha Sala, en el que se lee:
Artículo 16. Control de la Sala sobre la actividad administrativa. El Orden del día
de la sesión ordinaria semanal de deliberación y decisión contemplará un punto
destinado a oír a uno de los diferentes Jefes de Unidad, según la citación que haya
dispuesta la Sala para la sesión correspondiente, o, en su defecto, según el orden
previsto en forma permanente.
En desarrollo del punto respectivo del Orden del Día el funcionario correspondiente
informará a la Sala sobra la marcha de su dependencia, el estado de los principales
asuntos que le estén encomendados, expondrá las necesidades y sus sugerencias
sobre decisiones reservadas a la Sala.
Las anteriores reflexiones evidencian la necesidad de que existiera un especial
grado de confianza y correcto relacionamiento entre los directores de unidad y la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura con miras a diseñar e
implementar políticas y planes de acción en el marco de la misión institucional. De
esta manera, resultaba imperioso que desarrollaran armónicamente sus funciones
43 Sentencia T-686 de 2014.
44 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de noviembre de 2022, radicado 25000-23-42-000-
2016-04041-02 (4127-2021).
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Demandante: Raúl Eduardo Martínez Lugo
y trabajaran en forma mancomunada.
A lo expuesto se agrega que el testigo llamado al proceso tampoco refirió razones
alejadas al buen servicio para la desvinculación del actor; por el contrario, sostuvo
que desconocía motivaciones concretas, que el despido se hizo en el marco del
cambio de los magistrados de la aludida Sala y que no sabía del desempeño del
funcionario designado en lugar del demandante.
Así las cosas, no se puede concluir nada diferente a que el señor Martínez Lugo, al
estar ocupando un cargo de libre nombramiento y remoción, tenía una estabilidad
precaria, la mencionada Sala podía removerlo en cualquier momento sin necesidad
de motivar el acto, pues se presume que fue proferido para satisfacer el interés
general y garantizar la buena prestación del servicio público.
De otro lado, el interesado no encauzó su defensa a demostrar que quien lo
reemplazó incumplía los requisitos mínimos para el ejercicio del cargo o que tuviera
calidades evidentemente inferiores a las suyas, criterios que ha establecido esta
corporación para examinar si la administración se apartó de las normas que
determinan las competencias de los nominadores para designar a los servidores.45
A lo cual se agrega que esta corporación y la Corte Constitucional en múltiples
oportunidades han sostenido que la estabilidad de los servidores de libre
nombramiento y remoción no depende exclusivamente del adecuado desempeño
laboral, ya que se trata de personas que son vinculadas por razones personales y
de confianza, por lo que el nominador goza de un amplio margen de libertad para
disponer su retiro y tal potestad también responde a las necesidades del servicio.
De esta manera, se ha explicado que la función pública exige que sus servidores
tengan calidades sobresalientes respecto a su formación moral, profesional y
experiencia, pero ello no elimina la potestad discrecional del nominador de remover a
45 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de febrero de 2015, radicado: 05001-23-31-000-
2002-00382-01 (0193-12).
32
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Demandante: Raúl Eduardo Martínez Lugo
sus funcionarios. En tal sentido, se ha precisado lo siguiente:46
[…] el simple mérito personal y las ejecutorias47 aunque son elementos valiosos para
juzgar el posible abuso de la arbitrariedad, no son por sí solos fuente de inmunidad
contra el uso de la discrecionalidad por parte del nominador, sin perjuicio de que ese
buen servicio se vea menguado con el ingreso del reemplazo, y que en casos
excepcionales pueda tomarse como un indicio que, junto con otras manifestaciones y
señales, constituyan la prueba de la desviación de poder. Entonces, aunque no debe
descartarse que pueda haber desviación de poder en el uso de la facultad discrecional
por el retiro de empleados de libre nombramiento y remoción, su configuración es
asunto más exigente de lo que se piensa, pues la responsabilidad del nominador en
el éxito de su gestión, depende en gran medida de la posibilidad de ejecutar sus
políticas por el círculo más cercano de sus colaboradores que se identifican con ellas
y que por ser de confianza se mantienen en una relación laboral siempre precaria.
[…]
La meritoria hoja de vida tampoco otorga estabilidad en el empleo, ni es cierto, como
se sugiere en el proceso, que la carga de la prueba se invierte y que a la
Administración le corresponde probar que la desvinculación implicó una mejora del
servicio, pues ello llevaría a imponer la motivación a posteriori del uso de la
discrecionalidad y derrumbaría la presunción de legalidad y acierto que acompaña a
los actos de la administración.
A partir de este lineamiento, se concluye que el excelente desempeño laboral del
actor, así como el cumplimiento de sus funciones y metas no son suficientes para
reclamar un fuero de inamovilidad o impedir el ejercicio de la facultad discrecional
de remoción por parte del nominador.48
Por otra parte, el accionante en su apelación mencionó que «cumplía los requisitos
del retén social»; sin embargo, no amplió esta afirmación y dejó desprovista a la
Sala de elementos de juicio para revisar cuáles de las situaciones que otorgan el
fuero de inamovilidad se predicaban del señor Raúl Eduardo Martínez Lugo.
En caso de suponer que el actor pretendía alegar su condición de prepensionado,
se observa que en el expediente obran algunas afiliaciones a fondos privados
administradores de pensiones, por lo que podría pensarse que pertenecía al RAIS,49
46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de septiembre de 2010, radicado: 25000-23-25-000-
2001-12130-02 (1972-07).
47 Sentencias de 7 de diciembre de 1992, Sección Segunda, M.P. Alvaro Lecompte Luna; y 8 de junio de 1994, exp. 729,
M.P. Dolly Pedraza de Arenas
48 En similar sentido puede consultarse la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
20 de mayo de 2021, radicado: 47001-23-31-000-2012-00382-01 (1152-15).
49 Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
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Demandante: Raúl Eduardo Martínez Lugo
pero no existe una prueba suficiente para sostener esa hipótesis con certeza y
mucho menos para analizar el capital aportado ni las semanas cotizadas con miras
a obtener la pensión de vejez. De esta manera, no es posible identificar el régimen
pensional que regía al actor, ni los demás aspectos necesarios para determinar si
estaba próximo a pensionarse y que requería de una estabilidad laboral reforzada
para completar el tiempo de servicio.
Como reproche adicional, el apelante indicó que inicialmente uno de los magistrados
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca presentó una ponencia favorable a sus
pretensiones, lo cual demostraba el derecho que le asistía en el presente litigio; sin
embargo, esta situación no es suficiente para infirmar la sentencia de primera
instancia, pues el proyecto que refiere el interesado no obtuvo el voto mayoritario
de la Sala y por tal motivo el caso se asignó al magistrado que seguía en turno,
conforme correspondía.
Así las cosas, la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo acusado
permanece incólume, en tanto no se acreditaron las causales de nulidad endilgadas
por el accionante y, por ello, habrá de confirmarse la sentencia apelada, que negó
las pretensiones de la demanda.
2.4.4. Condena en costas de primera instancia
El actor sostuvo que deben revocarse las costas de primera instancia, ya que acudió
a la jurisdicción amparado en fundamentos normativos. Además, la parte
demandada presentó los alegatos de conclusión de manera extemporánea y aún
así fueron escuchados por el a quo.
Para desatar el anterior motivo de inconformidad, es pertinente anotar que la
sentencia recurrida fue proferida antes expedirse la Ley 2080 de 2021, por lo que
es razonable atender al criterio que para ese momento tenía definido esta
Subsección en el sentido de interpretar que por mandato del artículo 188 del CPACA,
la imposición de las costas obedece a un criterio objetivo, sin que para ello deba
34
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Demandante: Raúl Eduardo Martínez Lugo
evaluarse la conducta de las partes. De este modo, al juez le corresponde efectuar
una estimación objetiva valorativa para comprobar que se causaron conforme con
los parámetros fijados en el artículo 365 del CGP, sin que se requiera un examen de
la existencia de una actuación temeraria o de mala fe de las partes.
Teniendo en cuenta lo anterior, no están llamados a prosperar los argumentos de la
apelación en este aspecto, ya que el artículo 188 del CPACA, antes de la modificación
efectuada por la Ley 2080 de 2021, confería al tribunal la facultad de imponer la
condena en costas a favor de la parte vencedora, teniendo en cuenta que i) la
demanda no prosperó y, por ende, el actor resultó vencido en juicio, de acuerdo con
los criterios establecidos en el artículo 365 del CGP; y ii) que la entidad demandada
actuó en el proceso y constituyó apoderados con miras a ejercer su defensa; y iii)
los mandatarios judiciales contestaron la demanda, aportaron el expediente
administrativo y acudieron a audiencia inicial celebrada en el trámite de la primera
instancia. De manera que sí se causaron las costas, las cuales comprenden las
expensas y gastos sufragados durante el trámite judicial, así como las agencias en
derecho, cuyo monto no fue objetado por el accionante.50
2.5. Condena en costas de segunda instancia
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,51 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
50 Artículo 361 del CGP.
51 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José
Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.
35
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Demandante: Raúl Eduardo Martínez Lugo
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo debe ser confirmada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 23 de enero de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que negó las
pretensiones de la demanda en el proceso promovido por el señor Raúl Eduardo
36
Radicación: 25000-23-42-000-2012-01357-01 (3151-2021)
Demandante: Raúl Eduardo Martínez Lugo
Martínez Lugo contra la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.
Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.
Tercero. Reconocer personería a los abogados César Augusto Contreras Suárez y
César Augusto Mejía Ramírez, como apoderados de la parte demandada, en los
términos y para los efectos del poder conferido. 52 Se aclara que el último de los
citados es quien en la actualidad ejerce la defensa judicial de la entidad.
Cuarto. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
cgg
52 Documentación aportada a la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
37
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