Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2012-01564-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2012-01564-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2012-01564-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2012-01564-01(3834-2022)
Demandante: Oscar Alonso Dueñas Araque
Demandado: Secretaría Distrital de Salud y E.S.E. Hospital Simón
Bolívar
Llamado en garantía: Chubb Seguros Colombia S.A.
Tema: Nulidad elección de gerente de hospital público.
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación presentado por la
parte demandante contra la sentencia de fecha 19 de mayo de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
2. Pretensiones. Se solicitó la nulidad del Decreto nro. 210 del 8 de mayo de 2012,
por medio del cual se efectuó el nombramiento de la señora Viviana Fernanda
Meneses Romero como gerente de la ESE Hospital Simón Bolívar III Nivel, así como
la del Acuerdo 0009 del 27 de abril de 2012, por medio del cual se adoptó la terna
para la escogencia del gerente de esa institución.
3. A título de restablecimiento del derecho se exigió lo siguiente: i) la designación
del actor en el mencionado cargo, en razón a que le correspondía el primer lugar y
cumplía los requisitos exigidos para ello y, ii) el pago de los salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir desde la fecha en que se nombró en propiedad a
Viviana Fernanda Meneses Romero y hasta la fecha en que se produzca el
nombramiento del demandante.
4. Hechos. Se señalaron como tales, los siguientes:
5. El 31 de enero de 2012, las Empresas Sociales del Estado del Distrito y la
Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud, suscribieron un
convenio interadministrativo para apoyar el proceso de selección de la institución de
educación superior encargada de realizar los concursos de méritos para conformar
las ternas destinadas a la designación de los gerentes de las ESE.
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Demandantes: Oscar Alonso Dueñas Araque
6. El 29 de febrero de 2012, la Secretaría Distrital de Salud y la Pontificia
Universidad Javeriana celebraron un contrato de prestación de servicios para
adelantar, entre otras actividades, las pruebas de selección de los aspirantes a
integrar las ternas.
7. El 1.º de marzo de 2012, la Junta Directiva del Hospital Simón Bolívar III Nivel
ESE publicó la convocatoria para el concurso de méritos destinado a conformar la
terna para la designación de su gerente. La convocatoria estableció los requisitos,
etapas, pruebas, criterios de evaluación, cronograma y procedimiento para
presentar reclamaciones.
8. El concurso contempló la evaluación de conocimientos (50 %, eliminatoria),
competencias (20 %), entrevista (15 %) y antecedentes (15 %), bajo la
responsabilidad de la Universidad Javeriana.
9. El demandante se inscribió y participó en todas las etapas del proceso. En la
prueba de conocimientos obtuvo el mayor puntaje —86,33 puntos— y en la prueba
de competencias logró la calificación más alta, con 15,17 puntos.
10. El 14 de abril de 2012 presentó la entrevista ante un grupo de evaluadores
conformado con aspirantes de otros procesos de selección de gerentes de
hospitales distritales. Aunque los participantes de su grupo habían obtenido los
mejores resultados en las pruebas de conocimientos, recibieron calificaciones de
entrevista significativamente inferiores a las obtenidas por los aspirantes de otros
grupos. El demandante obtuvo 76 puntos, mientras el promedio de su grupo fue de
59,7 puntos.
11. A pesar de los resultados desfavorables de la entrevista, el demandante
inicialmente conservó el primer lugar del concurso, con un puntaje consolidado de
83,99 puntos, superior al obtenido por la aspirante Viviana Fernanda Meneses
Romero, quien registraba 83,07 puntos.
12. El 19 de abril de 2012, el accionante presentó reclamación contra los resultados
de la entrevista y la valoración de antecedentes. La universidad negó la reclamación
respecto de la entrevista, pero reconoció un error en la valoración de sus
antecedentes y señaló que su puntaje debía ser corregido de 95 a 100 puntos. No
obstante, dicha modificación no fue inicialmente incorporada en la publicación
oficial, aunque posteriormente el puntaje definitivo del demandante fue corregido a
84,73 puntos.
13. Paralelamente, la universidad modificó de manera sustancial la calificación de
antecedentes de la aspirante Viviana Meneses Romero, incrementándola
inicialmente de 74 a 80 puntos y posteriormente hasta 86,21 puntos, a raíz de
reclamaciones que, según el actor, fueron tramitadas irregularmente.
14. La segunda reclamación presentada por Viviana Meneses el 23 de abril de
2012, horas antes de la publicación definitiva de resultados, no estaba prevista en
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la convocatoria y permitió que se le reconociera puntaje por una maestría que, para
ese momento, no había sido culminada ni contaba con título, situación que habría
contravenido las reglas del concurso.
15. Como consecuencia de las modificaciones efectuadas a la calificación de
Viviana Meneses, esta pasó a ocupar el primer lugar del concurso, desplazando al
demandante, quien afirmó que la universidad aplicó criterios diferentes frente a otros
concursantes y favoreció indebidamente a dicha aspirante.
16. En el acta de la Junta Directiva del Hospital Simón Bolívar del 27 de abril de
2012 quedaron consignadas las inconformidades de algunos de sus integrantes
respecto del proceso de selección.
17. Adicionalmente, el demandante cuestionó la autenticidad de una certificación
laboral presentada por Viviana Meneses, relacionada con una supuesta vinculación
entre 2003 y 2005 con la empresa GED Gestión Estratégica y Desarrollo, pues dicha
sociedad habría sido constituida apenas en 2010. También cuestionó la posibilidad
de que su representante legal hubiera realizado dicha contratación, debido a que
para ese período se desempeñaba como servidor público.
18. El 30 de abril de 2012, el demandante solicitó al alcalde Mayor de Bogotá y al
secretario Distrital de Salud la suspensión del nombramiento de Viviana Meneses y
la adopción de medidas frente a las presuntas irregularidades y la documentación
cuestionada, sin obtener respuesta favorable.
19. El 8 de mayo de 2012, presentó acción de tutela, la cual fue negada por existir
otro medio de defensa judicial. Posteriormente, Viviana Meneses se posesionó
como gerente del Hospital Simón Bolívar el 14 de mayo de 2012.
20. El 3 de diciembre de 2012, se presentó denuncia contra Viviana Meneses y
William Fernando Díaz Rojas, por el presunto delito de falsedad ideológica en
documento privado.
21. Fundamentos de derecho. Para la parte actora, la decisión cuestionada
infringió los siguientes artículos: 1, 2, 4, 5, 6, 13, 20, 23, 25, 26, 29, 48, 49, 53, 83,
85, 87, 90, 210, 211, 236, 237, 277, 311, 312, 3.14, 315, 322, 365, 366 de la
Constitución Política; 52 de la Ley 1395 de 2010; 35 de la Ley 640 de 2001; Ley
1285 de 2009; Ley 100 de 1993; Decreto 1876 de 1994; Ley 446 de 1998; Decreto
1716 de 2009; Ley 1122 de 2007; Ley 1438 de 2011; Decreto 800 de 2008. Al
exponer el concepto de violación, sostuvo:
22. Que el concurso desconoció las reglas previamente establecidas en la
convocatoria y vulneró los derechos a la igualdad y al debido proceso,
particularmente en la realización y calificación de la entrevista.
23. Aunque la convocatoria estableció que la entrevista debió realizada y calificada
por la Junta Directiva en coordinación con la institución encargada del proceso, esta
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fue practicada por distintos grupos de jurados, integrados por personas ajenas a la
Junta Directiva. El demandante fue evaluado por un grupo diferente al que calificó
a Viviana Meneses, sin que existiera certeza de que todos los aspirantes hubieran
sido sometidos a los mismos criterios y condiciones de evaluación.
24. Indicó que esta metodología generó un trato desigual, pues el demandante, a
pesar de obtener los mejores resultados en las pruebas de conocimientos y
competencias, recibió una calificación de entrevista considerablemente inferior,
mientras que Viviana Meneses obtuvo una puntuación que le permitió superar al
demandante y ocupar el primer lugar.
25. La Universidad Javeriana también desconoció las reglas establecidas en el
Manual de Análisis de Antecedentes, pues le reconoció a la señora Viviana
Meneses una experiencia que no cumplió con los requisitos de la convocatoria. La
experiencia relacionada debió corresponder al desempeño de cargos de nivel
directivo o asesor en organismos o entidades públicas o privadas pertenecientes al
Sistema General de Seguridad Social en Salud y debió acreditarse mediante
documentos que permitieran verificar el cargo, tiempo de servicio y funciones
desempeñadas.
26. Sin embargo, varios de los documentos aportados por Viviana Meneses no
acreditaban el ejercicio de cargos directivos o de asesoría ni permitían establecer
que la experiencia hubiera sido adquirida en entidades pertenecientes al Sistema
General de Seguridad Social en Salud. Además, la certificación de experiencia
atribuida a GED Gestión Estratégica y Desarrollo S.A.S., indicaba una supuesta
vinculación de la concursante entre 2003 y 2005 pero la sociedad fue constituida en
2010.
27. También cuestionó la participación de William Fernando Díaz Rojas, quien
aparecía relacionado con dicha certificación, pues para ese período se
desempeñaba como servidor público y, según las pruebas allegadas, no habría
tenido los vínculos contractuales con los hospitales que se afirmaban en la
documentación.
28. Por lo que la experiencia cuestionada no podía ser objeto de puntuación y, sin
ella, Viviana Meneses no habría alcanzado el puntaje que finalmente le permitió
ocupar el primer lugar.
29. Por otro lado, se le tuvo en cuenta el reconocimiento de puntaje por una
Maestría en Gestión de Organizaciones que Viviana Meneses aún no había
culminado, pues tenía pendiente la presentación y aprobación del trabajo de grado,
pese a que la convocatoria exigía acreditar la formación académica mediante títulos,
diplomas, actas de grado o documentos equivalentes, de conformidad con el
Decreto 785 de 2005 y el Manual de Análisis de Antecedentes.
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30. No obstante, la universidad aceptó valorar dicha maestría después de admitir
una segunda reclamación presentada por la concursante, pese a que el término
para reclamar ya había vencido.
31. Irregularidad que resulta especialmente relevante porque, frente a otro
concursante, la propia universidad había señalado que una maestría sin la
presentación de la tesis no podía ser tenida en cuenta para otorgar puntaje. Por
tanto, existió un trato desigual y contrario a las reglas del concurso, así como la
modificación discrecional de las condiciones previamente establecidas.
32. Las actuaciones descritas evidencian una desviación de poder, pues la finalidad
del concurso —seleccionar al candidato más idóneo y garantizar el mérito, la
igualdad y la transparencia— habría sido sustituida por el propósito de favorecer a
Viviana Meneses.
33. La desviación se manifiesta especialmente en la admisión de una reclamación
extemporánea, el incremento injustificado de su puntaje de antecedentes, el
reconocimiento de experiencia cuestionada y la valoración de una maestría sin
título. Estas actuaciones permitieron modificar sustancialmente su calificación y
desplazar al demandante, quien hasta ese momento ocupaba el primer lugar.
34. Adicional a lo anterior, la administración fue advertida oportunamente de las
irregularidades, pero no adoptó ninguna medida para corregirlas, lo que, según el
demandante, demuestra que las autoridades distritales terminaron avalando las
actuaciones irregulares del proceso.
35. Los actos administrativos demandados se encuentran viciados por expedición
irregular, toda vez que la conformación de la terna y el posterior nombramiento se
sustentaron en resultados obtenidos mediante actuaciones contrarias a las reglas
del concurso.
36. Contestación de la demanda. Dentro del término legal, las demandadas y
llamada en garantía dieron respuesta en los siguientes términos:
37. La Secretaría Distrital de Salud1 se opuso a las pretensiones de la demanda,
indicó que no le constan los hechos, y propuso las excepciones de: inadecuada
elección de la acción, caducidad, hecho de tercero e indebida integración del
litisconsorcio, legalidad de la actuación administrativa demandada.
38. El Hospital Simón Bolívar E.S.E. III Nivel2, se opuso a la totalidad de las
pretensiones, solicitando se nieguen las mismas por no contar con fundamentos
facticos ni jurídicos. Propuso las excepciones de: inadecuada elección de la acción,
caducidad, legalidad de la actuación administrativa demandada.
1 Folios 207-226.
2 Folios 287-300.
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39. La llamada en garantía Chubb Seguros Colombia S.A.3, indicó que no le
constan los hechos de la demanda. Indicó que existió la póliza nro. 43113443, en la
que figuraba como tomador Ia Pontificia Universidad Javeriana y como asegurado
y/o beneficiario el Fondo Financiero Distrital de Salud, y que su vigencia se extendió
hasta el 29 de mayo de 2015.
40. Formuló como excepción que la póliza de seguro 1002674, sobre la cual se
fundamentó el llamamiento en garantía, no fue expedida por Chubb de Colombia
Compañía de seguros S.A., hoy Chubb Seguros Colombia S.A. Propuso otras
excepciones que denominó: falta de legitimación en la causa por activa, la
obligación de indemnizar no se ha hecho exigible, no invocación a título de
pretensión de una declaratoria de incumplimiento del contratista, compensación,
imposibilidad de acumulación del valor de los amparos, aplicación de los montos
asegurados e indebida elección del medio de control invocado y consecuente
caducidad de la acción.
41. Sentencia de primera instancia4. Es la dictada el 19 de mayo de 2022, a través
de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las súplicas de la
demanda. Con tales propósitos, concluyó lo siguiente:
42. Que el proceso de selección para proveer el cargo de gerente del Hospital
Simón Bolívar E.S.E. se desarrolló dentro del marco normativo previsto para los
concursos de méritos. La Secretaría Distrital de Salud impartió los lineamientos
generales, la Junta Directiva del hospital fijó previamente los criterios de evaluación
y la Pontificia Universidad Javeriana fue contratada para adelantar las pruebas y la
valoración de los aspirantes. Con base en los resultados obtenidos, la Junta
Directiva conformó la terna y la remitió al alcalde Mayor de Bogotá, quien designó
como gerente a Viviana Fernanda Meneses Romero.
43. Uno de los principales cuestionamientos del demandante se relacionó con la
entrevista practicada dentro del concurso, pues sostuvo que esta debía ser
realizada por la Junta Directiva y no por la Universidad Javeriana. No obstante, el
Tribunal encontró que las entrevistas fueron desarrolladas bajo protocolos técnicos
previamente diseñados, aplicados de manera uniforme a todos los concursantes y
ejecutados por profesionales expertos en selección de personal. Además, no se
demostró que la señora Viviana Meneses hubiera recibido un trato privilegiado ni
que se hubieran desconocido los criterios de evaluación. Tampoco se probó que,
de haber realizado la entrevista la Junta Directiva, los resultados hubieran sido
distintos. Por el contrario, la propia Junta conoció esta situación y posteriormente
avaló el proceso al conformar y enviar la terna al alcalde Mayor para el respectivo
nombramiento.
44. Respecto de la valoración de la experiencia profesional, el demandante alegó
que varias certificaciones aportadas por la señora Viviana Meneses no cumplían los
3
Folios 319-339.
4 Índice 135 de la plataforma SAMAI de primera instancia.
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requisitos exigidos para ser reconocidas como experiencia relacionada. Sin
embargo, al analizar las certificaciones expedidas por las empresas Quality
Improvement Consulting Group S.A.S. y JAHV McGregor S.A., el a quo concluyó
que las actividades desarrolladas consistían en labores de asesoría y consultoría
en el sector salud, por lo que encajaban dentro del concepto de experiencia
relacionada previsto en el Manual de Análisis de Antecedentes. En consecuencia,
dichas certificaciones fueron correctamente valoradas por la Universidad Javeriana.
45. La sentencia de primera instancia también examinó el cuestionamiento
relacionado con la certificación laboral aportada para acreditar experiencia en la
empresa Gestión Estratégica y Desarrollo (GED). Durante el trámite judicial quedó
acreditado que dicho documento era falso, circunstancia que dio lugar a
investigaciones disciplinarias y penales que culminaron con sanciones contra la
señora Viviana Meneses Romero. Sin embargo, al revisar la incidencia de esta
irregularidad en el concurso, la Sala concluyó que, aun excluyendo el tiempo de
experiencia acreditado con esa certificación, la concursante seguía obteniendo el
puntaje máximo permitido en el factor de experiencia laboral. Por esa razón, la
eliminación de ese tiempo de servicio no modificaba su calificación final ni alteraba
el orden de clasificación de los aspirantes o la conformación de la terna.
46. Otro aspecto debatido fue el reconocimiento de los puntos asignados por la
maestría cursada por la señora Viviana Meneses. El demandante sostuvo que ella
no acreditó el título de magíster y que únicamente presentó una certificación de
terminación de materias. El a quo verificó que el Manual de Análisis de
Antecedentes permitía expresamente acreditar estudios de posgrado mediante
certificación original de terminación de materias expedida por la respectiva
institución educativa. Como la concursante aportó dicha certificación expedida por
la Universidad Militar Nueva Granada, la asignación de los puntos correspondientes
por formación académica adicional se ajustó plenamente a las reglas de la
convocatoria.
47. De igual forma se analizó la afirmación según la cual las reclamaciones
presentadas por la señora Viviana Meneses para obtener la recalificación de sus
antecedentes habían sido radicadas extemporáneamente. Y encontró que la
primera reclamación fue presentada oportunamente dentro de los términos fijados
por la convocatoria y que la comunicación posterior únicamente complementó y
aclaró los argumentos inicialmente expuestos. La decisión de la universidad de
ajustar la calificación se fundamentó en las disposiciones del Manual de Análisis de
Antecedentes y no obedeció a un favorecimiento indebido.
48. Finalmente, recordó que no toda irregularidad formal genera la nulidad de un
acto administrativo. Para que ello ocurra, es necesario que el vicio tenga la entidad
suficiente para influir de manera determinante en la decisión adoptada. En este
caso, aunque se comprobó la existencia de una certificación falsa, el demandante
no logró demostrar que esa circunstancia hubiera alterado los puntajes definitivos,
modificado el orden de elegibilidad o cambiado la integración de la terna. Tampoco
aportó pruebas que permitieran concluir que la entrevista, la valoración de la
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experiencia profesional o el reconocimiento de la maestría se realizaron de manera
irregular o contraria a las reglas del concurso.
49. Por esas razones, concluyó que los actos administrativos demandados
conservaban su presunción de legalidad y que no se acreditaron los vicios alegados
por el demandante.
50. Recurso de apelación5. Inconforme con esa decisión, el apoderado del
demandante presentó recurso de apelación en los siguientes términos:
51. Consideró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca interpretó de
manera equivocada los planteamientos de la demanda y desconoció varias
irregularidades que afectaron la legalidad del concurso de méritos para la selección
del gerente del Hospital Simón Bolívar E.S.E.
52. Sostuvo, en primer lugar, que el concurso se desarrolló con vulneración de las
normas que lo regulaban, especialmente porque la Junta Directiva había establecido
expresamente en el Acuerdo 003 de 2012 que la entrevista debía ser realizada y
calificada por dicha Junta en coordinación con la entidad encargada del proceso.
Sin embargo, la Universidad Javeriana asumió directamente esa función,
desconociendo los parámetros fijados por la Junta Directiva y las disposiciones
contenidas en la Ley 1122 de 2007 y el Decreto 800 de 2008.
53. A juicio del apelante, la Junta debía conformar la terna con base en una lista de
elegibles remitida por la universidad, pero esta terminó elaborando en la práctica la
propia terna, alterando el procedimiento legalmente previsto. Señaló, además, que
el tribunal incurrió en error al considerar saneada dicha irregularidad por el hecho
de que la Junta Directiva conociera posteriormente la situación y remitiera la terna
al alcalde Mayor.
54. Frente a la valoración de la experiencia laboral de Viviana Fernanda Meneses
Romero, afirmó que el tribunal redujo indebidamente el debate a la certificación falsa
expedida por Gestión Estratégica y Desarrollo (GED), omitiendo estudiar otros
errores en la calificación de antecedentes. Que varios certificados de experiencia
laboral fueron calificados como experiencia relacionada, cuando en realidad solo
podían valorarse como experiencia profesional, debido a que las entidades donde
prestó servicios, entre ellas Quality Improvement Consulting Group S.A.S., JAHV
McGregor S.A., Telefónica Data Colombia y Gas Natural, no pertenecían al Sistema
General de Seguridad Social en Salud o no implicaban el ejercicio de cargos
directivos o de asesoría exigidos por la convocatoria. Con ello la universidad otorgó
puntajes superiores a los que correspondían e infló el puntaje de antecedentes de
la concursante.
55. Insistió en que la certificación falsa de GED sí tuvo incidencia en el resultado
del concurso, y si se corrigiera además la indebida valoración de las demás
5 Índice 139, ibidem.
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experiencias laborales, su puntaje descendería significativamente y no alcanzaría
los 60 puntos máximos en experiencia laboral. Incluso la propia concursante, en una
reclamación presentada durante el concurso, reconoció una puntuación inferior a la
que posteriormente le fue otorgada.
56. Otro de los argumentos centrales de la apelación se refiere al reconocimiento
de 15 puntos por una maestría respecto de la cual Viviana Meneses no ostentaba
el título correspondiente. Sostuvo que la Universidad Javeriana inicialmente negó
esa puntuación por considerar que una certificación de terminación de materias no
equivalía al título de magíster, criterio que luego modificó para favorecer a la
concursante. Ya que la convocatoria distinguía claramente entre acreditar estudios
y acreditar títulos, y que para la asignación de puntaje por educación superior
adicional se exigía expresamente el título de maestría. Por ello, es ilegal que la
universidad le hubiera asignado 15 puntos con base únicamente en una certificación
de terminación de materias expedida por la Universidad Militar Nueva Granada,
cuando incluso estaba pendiente la presentación y aprobación del trabajo de grado.
57. El apelante también cuestionó la legalidad de la reclamación que permitió
reconocer dichos puntos adicionales. Indicó que la reclamación inicial presentada
por Viviana Meneses fue resuelta negativamente y que posteriormente se le permitió
formular una nueva reclamación sobre el mismo asunto, pese a que la convocatoria
establecía que las reclamaciones debían presentarse dentro de un término
específico y que las extemporáneas serían rechazadas de plano. En su criterio, la
universidad tramitó una especie de “reposición de la reposición” no prevista en las
reglas del concurso, con el único propósito de modificar el puntaje de la concursante
y ubicarla en el primer lugar de la lista.
58. El recurrente argumentó, además, que existió una actuación parcializada de la
Universidad Javeriana, pues adoptó criterios diferentes frente a situaciones
similares. Como ejemplo, mencionó el caso de otro concursante a quien se le negó
puntuación por una maestría al no haber obtenido aún el título, mientras que a
Viviana Meneses se le reconocieron los puntos por el simple hecho de haber
culminado las materias. Lo que evidencia vulneración de los principios de igualdad,
objetividad, transparencia e imparcialidad que debían regir el concurso de méritos.
59. En cuanto a la expedición del acto de nombramiento, sostuvo que existió
desviación de poder, ya que las autoridades ignoraron las advertencias formuladas
oportunamente sobre la falsedad de documentos aportados por Viviana Meneses.
Antes de esa designación, se puso en conocimiento de la alcaldía Mayor la
irregularidad relacionada con la certificación de GED, pero aun así se mantuvo el
proceso y se efectuó el nombramiento. Posteriormente, la concursante fue
sancionada disciplinariamente con destitución e inhabilidad y condenada
penalmente por fraude procesal y falsedad documental, circunstancias que
demuestran la gravedad de las irregularidades cometidas y que el tribunal minimizó
indebidamente al concentrarse únicamente en la incidencia numérica de los
puntajes.
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60. Finalmente, afirmó que la suma de todas estas actuaciones evidencia un
favorecimiento indebido hacia Viviana Fernanda Meneses Romero, mediante la
asignación de puntajes injustificados en experiencia laboral, estudios de maestría y
entrevista, con el propósito de asegurar su elección como gerente del Hospital
Simón Bolívar. Por ello solicitó revocar la sentencia de primera instancia, declarar
la nulidad de los actos demandados y acceder a las pretensiones formuladas en la
demanda.
Trámite correspondiente a la segunda instancia.
61. La admisión del recurso6. Mediante auto de 14 de septiembre de 2022 se
admitió el recurso de apelación. Dentro de la oportunidad prevista en la ley se
pronunció el apoderado de la llamada en garantía7, quien solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia, para lo cual reiteró algunos argumentos de la
contestación de la demanda y del llamamiento en garantía.
62. El representante del Ministerio Público8 ante esta corporación allegó concepto
en el que solicitó confirmar la sentencia impugnada, para lo que indicó que la parte
demandante no logró desvirtuar la desviación de poder ni la falsa motivación
alegadas.
63. Mediante providencia del 27 de julio de 2023 se decretó como prueba de oficio
el requerimiento a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, al Hospital Simón
Bolívar III Nivel E.S.E. y a la Pontificia Universidad Javeriana para que remitieran,
con destino al proceso, la evaluación de la prueba denominada “análisis de
antecedentes” realizada por la Pontificia Universidad Javeriana a la entonces
aspirante al cargo de gerente del Hospital Simón Bolívar E.S.E., para el período
2012-2016, señora Viviana Fernanda Meneses Romero. En particular, se exigió la
documentación correspondiente a la valoración de los requisitos mínimos y al
examen de los logros académicos y laborales de la aspirante.
64. Por lo anterior se aportaron varios escritos de respuesta9, los cuales fueron
trasladados a las partes el 26 de enero de 2024.
65. Control de legalidad10. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte
ninguna causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que
se resolverá la alzada, previas las siguientes:
6 Actuación visible en el índice 7 de la plataforma SAMAI.
7
Actuación visible en el índice 14, ibidem.
8
Actuación visible en el índice 16, ib.
9
Visible en índices 24, 26, 29, 30 y 32, ib.
10 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el
control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
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II. CONSIDERACIONES
66. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo11, esta Sala de
Subsección es competente para resolver el recurso de apelación de la referencia.
67. Problema jurídico. Corresponde a la Sala determinar si ¿están viciados de
nulidad el Acuerdo nro. 0009 del 27 de abril de 2012 y el Decreto nro. 210 del 8 de
mayo de 2012, por las presuntas irregularidades sustanciales presentadas durante
el concurso de méritos para la conformación de la terna y el nombramiento de la
gerente del Hospital Simón Bolívar E.S.E., que habrían incidido en el resultado final
y vulnerado los principios de mérito, igualdad, transparencia y debido proceso?
68. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.
69. Designación de gerentes de las Empresas Sociales del Estado.
70. El artículo 125 de la Constitución Política consagra el principio del mérito como
eje del sistema de carrera administrativa, que constituye la regla general para el
acceso a los empleos públicos, salvo las excepciones constitucionales y legales,
entre ellas, los cargos de elección popular, libre nombramiento y remoción y
trabajadores oficiales.
71. En ese sentido, los empleos que no estén exceptuados por la Constitución o la
ley deben proveerse mediante concurso público. La carrera administrativa
constituye, así, un sistema técnico de administración del empleo público orientado
a garantizar la idoneidad de quienes ingresan al servicio del Estado, la estabilidad
laboral y la igualdad de oportunidades12.
72. Dentro de las excepciones al régimen de carrera se encuentran los empleos de
libre nombramiento y remoción, vinculados principalmente con funciones de
dirección, conducción y orientación institucional, que exigen un especial grado de
confianza por parte del nominador. Su naturaleza justifica que su provisión y retiro
respondan, dentro de los límites constitucionales y legales, a una facultad
discrecional.
73. La regulación de la designación de los gerentes y directores de las Empresas
Sociales del Estado (E.S.E.) ha experimentado diversas modificaciones. En
determinados períodos, su provisión incorporó elementos propios del principio del
mérito y de los concursos de selección, mientras que, posteriormente, el legislador
reconoció un mayor margen de discrecionalidad al nominador, atendiendo a la
naturaleza de estos empleos.
11 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
12 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A., sentencia del 28 de agosto de 2025, expediente nro.
20001-23-33-000-2021-00187-01 (4870-2022). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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74. El artículo 194 de la Ley 100 de 1993 dispone que la prestación directa de los
servicios de salud por la Nación o por las entidades territoriales se realiza a través
de las Empresas Sociales del Estado, entendidas como una categoría especial de
entidades descentralizadas, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa. A su vez, el artículo 192 de la misma ley estableció que los directores
de los hospitales públicos de cualquier nivel de complejidad serían nombrados por
el jefe de la respectiva entidad territorial, de la terna presentada por la junta directiva,
para períodos de tres años13.
75. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 909 de 2004, los directores o gerentes
de las entidades descentralizadas por servicios, tanto del orden nacional como
territorial, son empleos de libre nombramiento y remoción. En consecuencia, los
gerentes y directores de las E.S.E., por tratarse de entidades descentralizadas,
ocupan cargos de esta naturaleza, aunque su provisión ha estado sometida a reglas
especiales previstas por el legislador14.
76. En desarrollo del artículo 192 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 3344 de 2003
estableció inicialmente que la conformación de la terna por parte de la junta directiva
debía estar precedida de un proceso público y abierto, basado en criterios de mérito,
capacidad y experiencia, adelantado por una universidad pública o privada, una
entidad experta en selección de personal o mediante convenios de cooperación.
77. Posteriormente, el artículo 28 de la Ley 1122 de 2007 introdujo una modificación
sustancial al régimen de provisión, al ampliar a cuatro años el período institucional
de los gerentes y disponer que su nombramiento estuviera precedido de un
concurso de méritos, el cual debía realizarse dentro de los tres meses siguientes al
inicio del período del presidente de la República o del jefe de la respectiva entidad
territorial. La norma estableció expresamente que la junta directiva conformaría una
terna, previo proceso de selección, de la cual el nominador debía efectuar el
nombramiento correspondiente.
78. La Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de esta
disposición, al considerar el cuestionamiento según el cual permitir que el
nominador escogiera discrecionalmente a cualquiera de los integrantes de la terna
desconocía el artículo 125 de la Constitución y el principio del mérito, pues el
concurso debía conducir a la designación de quien obtuviera el mejor resultado.
79. Al resolver dicha controversia, la Corte Constitucional concluyó que la
posibilidad de que el nominador escogiera libremente entre los integrantes de la
13 Redacción que fue reiterada en el artículo 81 del Decreto Ley 1298 de 1994.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B., sentencia del 17 de agosto de 2017, expediente nro.
15001-23-33-000-2013-00846-02 (3819-16), C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Al respecto, la Corte
Constitucional ha sostenido que, según el artículo 2 de la Ley 909 de 2004, es posible aplicar criterios de
selección objetiva para la provisión de empleos de libre nombramiento y remoción. Así: «[…] si el legislador ─y
lo mismo podría aplicarse a la administración─ decide someter a concurso la provisión de un cargo de libre
nombramiento y remoción, debe sujetarse a las reglas propias del concurso fijadas por la ley y la jurisprudencia
de esta Corporación. En este sentido es preciso recordar que la libertad de configuración del legislador no sólo
está sometida a las limitaciones expresas que impone la propia Constitución, sino también a las restricciones
que se desprenden de los derechos fundamentales y los principios constitucionales.» (Corte Constitucional.
Sentencia C-181 del 17 de marzo de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
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terna desconocía el principio del mérito y los derechos de quienes participaban en
el proceso de selección. Por ello, condicionó la constitucionalidad de la norma en el
sentido de que la terna debía integrarse con los tres concursantes que hubieran
obtenido las mejores calificaciones; el nominador debía designar al candidato con
el mayor puntaje y los restantes integrantes operarían como lista de elegibles, para
ser designados sucesivamente en caso de imposibilidad de nombrar al primero. Al
respecto, precisó:
«[…] (i) la terna a la que se refiere el inciso primero del artículo 28 de la Ley 1122
de 2007 deberá ser conformada por los concursantes que hayan obtenido las tres
mejores calificaciones, (ii) el nominador de cada empresa social del estado deberá
designar en el cargo de gerente a quien haya alcanzado el más alto puntaje, y (iii)
el resto de la terna operará como un listado de elegibles, de modo que cuando no
sea posible designar al candidato que obtuvo la mejor calificación, el nominador
deberá nombrar al segundo y, en su defecto, al tercero»15.
80. Este criterio jurisprudencial fue posteriormente incorporado al ordenamiento
jurídico por el inciso segundo del artículo 72 de la Ley 1438 de 2011, conforme al
cual la junta directiva debía conformar la terna con los concursantes que hubieran
obtenido las tres mejores calificaciones y el nominador debía designar al que
alcanzara el mayor puntaje dentro de los quince días calendario siguientes a la
culminación del proceso. Los demás integrantes de la terna operarían como lista de
elegibles, para ser considerados en su orden, ante la imposibilidad de designar al
candidato con mayor puntuación.
81. De esta regulación se desprende que la lista de elegibles tenía un efecto
específico y limitado: permitía acudir al segundo o tercer candidato únicamente
cuando no fuera posible designar al aspirante que hubiera obtenido el primer lugar.
En consecuencia, la regla imponía que la provisión del cargo estuviera directamente
determinada por el resultado del concurso.
82. En ese sentido, la jurisprudencia ha señalado que «[…] una vez nombrado y
posesionado el Gerente atendiendo el mérito, el propósito del concurso de méritos
se cumple, quedando agotada la terna que se conformó para el efecto, así hubiere
sido con quienes obtuvieron las tres calificaciones más altas […]»16. Por tanto, una
vez efectuado el nombramiento y la posesión del gerente, la terna pierde sus efectos
y, si durante el período institucional se produce una separación del cargo que
genere una vacancia temporal o absoluta, esta no puede ser suplida con la terna
inicialmente conformada, por encontrarse agotada.
83. La Ley 1438 de 2011 también dio lugar a modificaciones reglamentarias. Así, el
artículo 12 del Decreto 2993 de 2011, modificó el artículo 4 del Decreto 800 de 2008,
que reglamentaba el artículo 28 de la Ley 1122 de 2007, estableciendo que la junta
directiva conformaría la terna a partir de la lista remitida por la entidad encargada
del proceso de selección. Esta lista debía estar integrada, como mínimo, por cinco
15 Corte Constitucional, sentencia C-181 del 17 de marzo de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B., sentencia del 17 de agosto de 2017, expediente nro.
15001-23-33-000-2013-00846-02 (3819-16), C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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aspirantes y presentarse en orden alfabético. Si al culminar el concurso no era
posible conformarla con el número mínimo requerido, debían adelantarse tantos
concursos como fueran necesarios.
84. Por su parte, el artículo 5 del Decreto 800 de 2008 facultó al Departamento
Administrativo de la Función Pública (DAFP) para establecer los estándares
mínimos aplicables al concurso público y abierto de méritos. En ejercicio de dicha
facultad se expidió la Resolución 165 del 18 de marzo de 2008, que reguló aspectos
relacionados con las entidades encargadas del proceso, la convocatoria y su
publicación, las inscripciones, las pruebas y su valoración. En particular, el artículo
6 dispuso:
«Artículo 6°. Valoración de las pruebas. Las pruebas se valorarán en una escala de
0 a 100 puntos, cuyos resultados se ponderarán de acuerdo con el peso que se le
haya asignado a cada prueba dentro del proceso. La lista de candidatos para
entregar a la Junta Directiva se elaborará en orden alfabético con quienes hayan
obtenido un puntaje ponderado igual o superior a setenta (70) puntos, la cual deberá
ser informada en medios de comunicación masiva.
De la lista a que se refiere el inciso anterior, la Junta Directiva, mediante el
mecanismo que ella determine, conformará la terna para la designación del Gerente
o director de la respectiva empresa social del Estado»
85. De esta manera, durante la vigencia de este régimen, la designación de los
gerentes de las E.S.E. incorporó elementos propios de un sistema de selección
basado en el mérito, en tanto la conformación de la terna debía estar precedida de
un concurso público y abierto, sometido a reglas de evaluación y valoración
previamente establecidas.
86. No obstante, este modelo fue nuevamente modificado por el artículo 20 de la
Ley 1797 de 2016, que atribuyó al presidente de la República y a los jefes de las
entidades territoriales la competencia para efectuar directamente el nombramiento
de los gerentes o directores de las E.S.E., previa verificación de los requisitos del
cargo y evaluación de las competencias conforme a los parámetros establecidos
por el DAFP. La disposición señaló:
«Artículo 20. Nombramiento de Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del
Estado. Los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del nivel
territorial serán nombrados por el Jefe de la respectiva Entidad Territorial. En el nivel
nacional los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado serán
nombrados por el Presidente de la República. Corresponderá al Presidente de la
República, a los Gobernadores y los Alcaldes, dentro de los tres (3) meses
siguientes a su posesión, adelantar los nombramientos regulados en el presente
artículo, previa verificación del cumplimiento de los requisitos del cargo establecidos
en las normas correspondientes y evaluación de las competencias que señale el
Departamento Administrativo de la Función Pública. Los Gerentes o Directores de
las Empresas Sociales del Estado serán nombrados para periodos institucionales
de cuatro (4) años, el cual empezará con la posesión y culminará tres (3) meses
después del inicio del periodo institucional del Presidente de la República, del
Gobernador o del Alcalde. Dentro de dicho periodo, solo podrán ser retirados del
cargo con fundamento en una evaluación insatisfactoria del plan de gestión,
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evaluación que se realizará en los términos establecidos en la Ley 1438 de 2011 y
las normas reglamentarias, por destitución o por orden judicial.
Parágrafo transitorio. Para el caso de los Gerentes o Directores de las Empresas
Sociales del Estado que a la entrada en vigencia de la presente ley hayan sido
nombrados por concurso de méritos o reelegidos, continuarán ejerciendo el cargo
hasta finalizar el período para el cual fueron nombrados o reelegidos.
Los procesos de concurso que al momento de entrada en vigencia de la presente
ley, se encuentren en etapa de convocatoria abierta o en cualquiera de las etapas
subsiguientes continuarán hasta su culminación y el nombramiento del Gerente o
Director recaerá en el Integrante de la terna que haya obtenido el primer lugar, el
nominador deberá proceder al nombramiento en los términos del artículo 72 de la
Ley 1438 de 2011. En el evento que el concurso culmine con la declaratoria de
desierto o no se integre la terna, el nombramiento se efectuará en los términos
señalados en el primer inciso del presente artículo.
Del mismo modo, en los casos en que la entrada en vigencia de la presente ley, no
se presente ninguna de las situaciones referidas en el inciso anterior, el jefe de la
respectiva Entidad Territorial o el Presidente de la República procederá al
nombramiento de los Gerentes o Directores dentro de los tres meses siguientes a
la entrada en vigencia de la presente ley, en los términos señalados en el presente
artículo» (énfasis fuera de texto).
87. La Ley 1797 de 2016 implicó, por tanto, un cambio sustancial en el sistema de
provisión de estos empleos. Aunque amplió el margen de decisión del presidente
de la República y de los jefes de las entidades territoriales, mantuvo como condición
previa la verificación de los requisitos legales y la evaluación de las competencias
conforme a los parámetros establecidos por el DAFP.
88. La Corte Constitucional declaró exequible la primera parte del inciso primero del
artículo 20 de la Ley 1797 de 2016 y, al examinar su compatibilidad con el principio
constitucional del mérito y el mandato de no regresividad, concluyó que el cargo de
gerente o director de las E.S.E. presenta dos características que permiten
exceptuarlo de la regla general de carrera administrativa: i) es un empleo de libre
nombramiento y remoción y, ii) corresponde a un cargo de período fijo17.
89. La naturaleza de libre nombramiento y remoción resulta determinante, pues la
Constitución permite exceptuar de la carrera aquellos empleos cuyas funciones,
responsabilidades y posición dentro de la estructura administrativa justifican un
especial vínculo de confianza con el nominador. Aunque el cargo de gerente de una
E.S.E. presenta características sui generis y está sujeto a restricciones legales para
su retiro, la Corte consideró que la modificación del mecanismo de designación se
encontraba comprendida dentro del amplio margen de configuración del legislador.
90. Finalmente, frente al principio de progresividad y al mandato de no regresividad,
la Corte Constitucional concluyó que el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016 no
regulaba directamente derechos sociales ni establecía una prestación a favor de los
ciudadanos, sino que atribuía una competencia para el nombramiento de los
gerentes o directores de las E.S.E. al presidente de la República y a los jefes de las
17 Sentencia C-46 del 23 de mayo de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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entidades territoriales. Por ello, consideró que dicha disposición no estaba sometida
al juicio de no regresividad propio de los derechos sociales.
91. El caso concreto. ¿Están viciados de nulidad el Acuerdo nro. 0009 del 27 de
abril de 2012 y el Decreto nro. 210 del 8 de mayo de 2012, por las presuntas
irregularidades sustanciales presentadas durante el concurso de méritos para la
conformación de la terna y el nombramiento de la gerente del Hospital Simón Bolívar
E.S.E., que habrían incidido en el resultado final y vulnerado los principios de mérito,
igualdad, transparencia y debido proceso?
92. El apelante sostuvo que el concurso de méritos estuvo viciado porque la
Universidad Javeriana asumió funciones que correspondían a la Junta Directiva, se
valoró incorrectamente la experiencia laboral de Viviana Fernanda Meneses
Romero, se le otorgaron puntos por una maestría sin acreditar el título
correspondiente, se aceptó una reclamación extemporánea para aumentar su
puntaje y se minimizó el impacto de la certificación laboral falsa por la que
posteriormente fue sancionada disciplinaria y penalmente. En su criterio, estas
irregularidades alteraron el resultado del concurso, favorecieron indebidamente a la
señora Meneses Romero y condujeron a un nombramiento contrario a los principios
de mérito, igualdad, transparencia y debido proceso.
93. Para resolver los reparos planteados, la Sala analizará el acervo probatorio que
reposa en el expediente.
94. Circular nro. 001 del 16 de enero de 2012. Mediante la cual el secretario Distrital
de Salud de Bogotá comunicó a los miembros de las Juntas Directivas de las
Empresas Sociales del Estado adscritas a la Secretaría Distrital de Salud los
lineamientos para adelantar el concurso de méritos destinado a la selección de los
gerentes de las E.S.E. Se indicó que, de conformidad con el artículo 28 de la Ley
1122 de 2007, las juntas directivas debían conformar una terna, previo proceso de
selección, y que el nominador debía efectuar el respectivo nombramiento.
Asimismo, se señaló que los concursos debían iniciarse en enero de 2012 y
culminar antes del 31 de marzo del mismo año, y que el proceso de selección debía
ser adelantado por una universidad o institución de educación superior, pública o
privada, conforme a los parámetros establecidos en la Resolución 165 de 2008 del
Departamento Administrativo de la Función Pública. Finalmente, la Secretaría
Distrital de Salud dispuso que las juntas directivas iniciarían el proceso únicamente
mediante concurso de méritos y anunció su apoyo para la selección de una entidad
única encargada de practicar las pruebas de evaluación a los aspirantes (folios 7-8
del expediente físico).
95. Acuerdo nro. 003 del 24 de enero de 2012. La Junta Directiva del Hospital Simón
Bolívar E.S.E. estableció los parámetros para adelantar el concurso público y abierto
de méritos para la selección del gerente. Determinó que las pruebas tendrían la
siguiente ponderación: prueba de conocimientos específicos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud, 50 %; prueba escrita de competencias gerenciales
específicas, 20 %; análisis de antecedentes, 15 %; y entrevista realizada y calificada
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por la Junta Directiva, en coordinación con la entidad seleccionada para adelantar
el proceso, 15 %. Asimismo, asignó a la Junta Directiva la responsabilidad de
adelantar el concurso de méritos conforme a los parámetros establecidos (folios 11-
13, ibidem).
96. Contrato de prestación de servicios nro. 0012-2012 del 29 de febrero de 2012.
La Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud y la Pontificia
Universidad Javeriana suscribieron este contrato con el objeto de adelantar el
concurso de méritos para la selección de los gerentes de las Empresas Sociales del
Estado (folios 23-26, ib.).
97. Comunicado del 1.º de marzo de 2012. La Junta Directiva del Hospital Simón
Bolívar E.S.E. informó a la ciudadanía sobre el proceso de selección del gerente de
la entidad. En él señaló las funciones y requisitos del cargo, los estudios y
experiencia exigidos, la asignación básica y las diferentes etapas del concurso, junto
con el cronograma correspondiente (folios 27-32).
98. Documentación de la aspirante Viviana Fernanda Meneses Romero. En ella
reposa el formato único de hoja de vida, los documentos aportados como soportes
de la información consignada en aquella, correspondiente a sus estudios,
experiencia y demás antecedentes acreditados para efectos del proceso de
selección (folios 33-61, ib.).
99. Oficio del 9 de abril de 2012. La Junta Directiva del Hospital Simón Bolívar
E.S.E. informó a la Dirección de Desarrollo de Talento Humano que, en desarrollo
del proceso de selección, debía coordinarse con la Pontificia Universidad Javeriana
la realización de las entrevistas. Solicitó, además, que se requiriera a dicha
universidad para remitir la lista de aspirantes preseleccionados, con el propósito de
continuar con el proceso, realizar las entrevistas y conformar finalmente la terna. La
Junta Directiva señaló que, por decisión adoptada el 9 de abril de 2012, había
determinado realizar las entrevistas a los aspirantes preseleccionados el 16 de abril
de 2012, a la 1:00 p. m., en las instalaciones de la Universidad Javeriana (Folios. 9-
10, ib.).
100. Resultados finales del concurso de méritos. Una vez culminado el proceso
de selección, la Pontificia Universidad Javeriana publicó los resultados finales
obtenidos por los aspirantes al cargo de gerente del Hospital Simón Bolívar E.S.E.
Para el caso de los participantes relevantes en el proceso, el señor Oscar Dueñas
Araque obtuvo 86,33% en la prueba de conocimientos, equivalente al 43,17; 75,83%
en la prueba de competencias, equivalente a 15,17; 76 en la entrevista, equivalentes
a 11,40; y 95 en antecedentes, equivalentes a 14,25. En particular, la señora
Meneses Romero obtuvo 84,67% en la prueba de conocimientos, equivalente a
42,34; 73,89% en la prueba de competencias, equivalente a 14,78; 99 en la
entrevista, equivalentes a 14,85; y 95 en antecedentes, equivalentes a 14,25 (Folio
485, ib.).
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101. Sesión extraordinaria de la Junta Directiva del 27 de abril de 2012. En esta
se analizó la conformación de la terna para la selección del gerente del Hospital
Simón Bolívar. Durante la deliberación se puso de presente que la Pontificia
Universidad Javeriana había adelantado el proceso de selección y que existía una
situación relacionada con la realización de las entrevistas, pues el Acuerdo nro. 003
de 2012 había previsto que estas fueran realizadas y calificadas por la Junta
Directiva en coordinación con la entidad seleccionada. En la sesión se dio lectura a
una comunicación de la Universidad Javeriana, en la que manifestó que, al
momento de suscribir el contrato, no le habían sido puestos en conocimiento los
acuerdos que regulaban específicamente el concurso de méritos. Finalmente, la
Junta Directiva decidió remitir al alcalde Mayor de Bogotá la terna para que
procediera al nombramiento del gerente (folios 62-66, ib.).
102. Acuerdo nro. 0009 del 27 de abril de 2012. Mediante este acto, la Junta
Directiva del Hospital Simón Bolívar E.S.E. adoptó la terna para la designación del
gerente, con fundamento en el listado final de aspirantes remitido por la Secretaría
Distrital de Salud y atendiendo las tres primeras calificaciones obtenidas en el
concurso de méritos adelantado por la Pontificia Universidad Javeriana. La terna
quedó integrada, en su orden, por Viviana Fernanda Meneses Romero, con 86,21
puntos; Oscar Alonso Dueñas Araque, con 83,98 puntos y, Javier Ignacio Cormane
Fandiño, con 81,12 puntos; misma que fue radicada ante la Secretaría Mayor de
Bogotá el 30 de abril de 2012 (folios 67-69).
103. Decreto nro. 210 del 8 de mayo de 2012. Mediante este acto administrativo,
el alcalde Mayor de Bogotá designó a la señora Viviana Fernanda Meneses Romero
como gerente de la E.S.E. Hospital Simón Bolívar III Nivel, código 085, grado 002,
a partir de la fecha del Decreto, persona que tomó posesión de ese empleo el 16 de
mayo de esa anualidad (folios 3-5).
104. Como se indicó en párrafos anteriores, en esta instancia se decretaron
pruebas de oficio. Como respuesta se aportaron los siguientes documentos:
cotización para llevar a cabo el concurso por parte de la Pontificia Universidad
Javeriana; la evaluación de la prueba denominada “análisis de antecedentes”
efectuada por la Pontificia Universidad Javeriana a la entonces aspirante al cargo
de gerente del Hospital Simón Bolívar E.S.E (período 2012-2016); protocolo de
entrevista y listado de resultados (índices 24, 26, 29, 30 y 32 de la plataforma
SAMAI).
105. Corresponde a la Sala determinar si la Pontificia Universidad Javeriana
desconoció las reglas del concurso al realizar y calificar directamente las
entrevistas, pese a que el Acuerdo 003 de 2012 señalaba que estas serían
realizadas y calificadas por la Junta Directiva, y si tal circunstancia constituye un
vicio que afecte la validez del proceso de selección.
106. La Sala considera que no se configuró dicha irregularidad. Si bien el artículo
1.º del Acuerdo en mención estableció que la entrevista tendría un valor del 15% y
sería «realizada y calificada por la Junta Directiva en coordinación con la entidad
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seleccionada para adelantar el proceso», el artículo 2.º autorizó al gerente para
adelantar los trámites necesarios para contratar una universidad o institución de
educación superior encargada de llevar a cabo el concurso de méritos, conforme a
los parámetros fijados por la junta. Y también estableció específicamente el
mentado acuerdo:
107. En desarrollo de esta previsión, la Junta Directiva, mediante Oficio del 9 de
abril de 2012, coordinó con la Pontificia Universidad Javeriana la realización de las
entrevistas a los aspirantes preseleccionados y determinó que estas se llevarían a
cabo el 16 de abril de 2012 en las instalaciones de esa institución.
108. En consecuencia, la intervención de la Universidad Javeriana en la
realización y calificación de las entrevistas no puede considerarse como una
actuación unilateral o contraria a las reglas del concurso, pues se produjo dentro del
proceso que le había sido encomendado y con conocimiento y coordinación de la
Junta Directiva. Por tanto, no se acreditó vicio que, por este aspecto, afecte la
validez del concurso ni de los actos administrativos demandados.
109. Ahora se deberá establecer si la experiencia laboral acreditada por Viviana
Fernanda Meneses Romero fue valorada correctamente como experiencia
relacionada o si, como sostiene el apelante, varias de las actividades desarrolladas
en empresas como Qualico, JAHV McGregor, Telefónica y Gas Natural solo podían
ser calificadas como experiencia profesional o incluso no podían ser puntuadas,
circunstancia que alteraría su ubicación en la terna respectiva.
110. Según la evaluación de la prueba denominada “análisis de antecedentes”
efectuada por la Pontificia Universidad Javeriana a la señora Viviana Meneses se le
tuvo en cuenta la siguiente experiencia:
¿La
Tipo de
Puntaje tuvieron
Empresa Cargo Período experiencia
otorgado en
reconocida
cuenta?
Hospital Asesora de
24/10/2005 - No visible
Nazareth I Planeación y Sí Relacionada
30/09/2009 (requisito)
Nivel Calidad
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Radicado: 25000-23-42-000-2012-01564-01(3834-2022)
Demandantes: Oscar Alonso Dueñas Araque
¿La
Tipo de
Puntaje tuvieron
Empresa Cargo Período experiencia
otorgado en
reconocida
cuenta?
Asesoría en
Hospital 16/12/2010 - No visible
Sistemas de Sí Relacionada
Fontibón ESE 31/01/2011 (requisito)
Calidad
Gerente de
01/11/2011 -
Qualico Consultoría en 3,9231 Sí Relacionada
28/02/2012
Salud
Asesoría en
Hospital 01/02/2011 -
Sistemas de 9,0 Sí Relacionada
Fontibón ESE 30/10/2011
Calidad
JAHV
Consultor, 01/10/2009 -
McGregor 14,4923 Sí Relacionada
Asesor 15/12/2010
S.A.
Gestión y
Auditora de 07/01/2005 - Excluida por
Calidad 0 No
Control Interno 18/10/2005 solapamiento
Eficiente CTA
Gestión
Directora de
Estratégica y 15/09/2003 -
Proyectos de 25,2 Sí Relacionada
Desarrollo 18/10/2005
Salud
(GED)
Profesional 01/06/1999 -
Gas Natural 22,0615 Sí Profesional
Especializado 30/03/2001
Director
03/04/2001 -
Telefónica Programación 11,1231 Sí Profesional
06/03/2002
de Operaciones
111. De conformidad con las reglas de la convocatoria, la experiencia relacionada
es aquella adquirida en cargos del nivel directivo o asesor desempeñados en
organismos o entidades públicas o privadas que conforman el Sistema General de
Seguridad Social en Salud, mientras que la experiencia profesional corresponde a
la adquirida con posterioridad a la terminación de la formación universitaria.
112. En el presente caso se encuentra acreditado que Viviana Fernanda Meneses
Romero obtuvo los títulos de Economista y Administradora de Empresas el 10 de
diciembre de 1999; por consiguiente, toda experiencia acreditada con posterioridad
a dicha fecha resulta susceptible de ser valorada como experiencia profesional. No
obstante, para determinar si además puede ser considerada experiencia
relacionada, es necesario analizar el contenido material de cada certificación, las
funciones desempeñadas y la naturaleza de las entidades en las que prestó sus
servicios.
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113. Respecto de las certificaciones expedidas por Hospital Nazareth, Hospital
Fontibón E.S.E., Gestión Estratégica y Desarrollo (GED), JAHV McGregor S.A. y
Qualico, se observa que las actividades desarrolladas guardan una relación directa
con el sector salud y corresponden a funciones de carácter directivo, asesor o de
consultoría especializada en instituciones que hacen parte del Sistema General de
Seguridad Social en Salud. En efecto:
• En el Hospital Nazareth se desempeñó como asesora de Planeación y
Calidad entre el 24 de octubre de 2005 y el 30 de septiembre de 2009,
ejerciendo actividades relacionadas con la implementación y fortalecimiento
del Sistema de Gestión de Calidad, acreditación institucional, planeación
estratégica, seguimiento a proyectos de inversión y representación de la
dirección ante sistemas de calidad y control interno.
• En el Hospital Fontibón E.S.E. prestó servicios de asesoría en los procesos
de los Sistemas de Gestión de Calidad durante los períodos comprendidos
entre el 16 de diciembre de 2010 y el 31 de enero de 2011 y entre el 1 de
febrero y el 30 de octubre de 2011, actividad que corresponde claramente a
funciones de asesoría en una Empresa Social del Estado.
• En la empresa Gestión Estratégica y Desarrollo (GED) ejerció el cargo de
directora de Proyectos de Salud entre el 15 de septiembre de 2003 y el 18
de octubre de 2005, desarrollando seguimiento a planes y programas
institucionales, diseño e implementación de indicadores, sistemas de calidad
y proyectos para diversos hospitales públicos, lo cual encaja plenamente
dentro del concepto de experiencia relacionada previsto en la convocatoria.
• En JAHV McGregor S.A. actuó como consultora y asesora en procesos de
acreditación en salud para varias instituciones hospitalarias y clínicas del
país, desarrollando actividades de asistencia técnica, capacitación,
evaluación y mejoramiento continuo de la calidad en servicios de salud.
• En Qualico se desempeñó como Gerente de Consultoría en Salud,
planeando, dirigiendo y supervisando proyectos de consultoría para
organizaciones del sector salud y asesorando a dichas entidades en
direccionamiento estratégico, gerencia organizacional, sistemas de calidad y
acreditación en salud.
114. De esta manera, las certificaciones mencionadas satisfacen los elementos
establecidos en la convocatoria para ser consideradas como experiencia
relacionada, pues corresponden a funciones de asesoría, dirección, planeación,
calidad, acreditación y gestión institucional desarrolladas de manera específica en
el sector salud.
115. Distinta es la situación de las certificaciones expedidas por Gas Natural y
Telefónica.
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116. En el caso de Gas Natural, la aspirante se desempeñó como profesional
especializado entre el 1 de junio de 1999 y el 30 de marzo de 2001. Aunque el
tiempo laborado con posterioridad al 10 de diciembre de 1999 puede ser reconocido
como experiencia profesional, dicha actividad fue desarrollada en una empresa del
sector energético y no corresponde a funciones ejecutadas dentro de entidades
pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
117. Por su parte, en Telefónica ejerció el cargo de director de Programación de
Operaciones entre el 3 de abril de 2001 y el 6 de marzo de 2002. Al igual que ocurre
con Gas Natural, se trata de una experiencia adquirida con posterioridad a la
obtención del título profesional, razón por la cual resulta válida como experiencia
profesional; sin embargo, no guarda relación con el sector salud ni fue
desempeñada en organismos integrantes del Sistema General de Seguridad Social
en Salud, por lo que no reúne los presupuestos exigidos para ser calificada como
experiencia relacionada.
118. En consecuencia, aun aceptando el planteamiento del apelante, en el sentido
de que la experiencia en Telefónica y Gas Natural debían computarse únicamente
como profesional y no como relacionada, ello no modifica el resultado final de la
valoración.
119. La convocatoria establece que la experiencia relacionada obtiene hasta 60
puntos cuando se acreditan cinco (5) años o más de experiencia, mientras que la
experiencia profesional puede otorgar hasta 50 puntos. No obstante, también
dispone expresamente que la suma de la experiencia profesional y la experiencia
relacionada no podrá superar los 60 puntos.
120. Al analizar únicamente las experiencias que indiscutiblemente corresponden
a experiencia relacionada, esto es, las acreditadas en GED, Hospital Nazareth,
JAHV McGregor, Hospital Fontibón E.S.E. y Qualico, se evidencia que la aspirante
acumula más de ocho (8) años continuos de experiencia relacionada en el sector
salud, superando ampliamente el umbral de cinco (5) años exigido para obtener el
puntaje máximo de dicha categoría.
121. Por esta razón, aun excluyendo la experiencia certificada por Gas Natural y
Telefónica de la categoría de experiencia relacionada y valorándolas únicamente
como experiencia profesional, Viviana Fernanda Meneses Romero seguiría
alcanzando el puntaje máximo de 60 puntos en el factor experiencia, puesto que las
certificaciones relacionadas con el sector salud son suficientes, por sí solas, para
superar el mínimo requerido para acceder al máximo puntaje previsto por la
convocatoria.
122. En consecuencia, la reclasificación de las experiencias de Gas Natural y
Telefónica como experiencia profesional y no relacionada, no tiene incidencia real
en la puntuación final obtenida por la aspirante ni altera su ubicación dentro del
concurso, dado que la experiencia relacionada acreditada en las demás entidades
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resulta suficiente para alcanzar el tope máximo de sesenta (60) puntos establecidos
en las reglas de la convocatoria.
123. Dicho lo anterior, corresponde determinar si la certificación laboral atribuida
a Gestión Estratégica y Desarrollo (GED), posteriormente declarada falsa y que dio
lugar a sanciones disciplinarias y a una condena penal, tuvo una incidencia real,
efectiva y determinante en el puntaje final obtenido por la señora Viviana Fernanda
Meneses Romero y, en consecuencia, en su inclusión dentro de la terna y en su
posterior designación en el cargo.
124. Del análisis de la valoración de antecedentes se observa que a la señora
Viviana Fernanda Meneses Romero le fueron reconocidos 85,8 puntos por concepto
de experiencia laboral, resultado de la sumatoria de la experiencia profesional y
relacionada acreditada. Dentro de dicho puntaje se incluyeron 25,2 puntos
correspondientes a la certificación expedida por Gestión Estratégica y Desarrollo
(GED).
125. No obstante, aun si se excluyera en su totalidad dicha certificación y el
puntaje derivado de ella, la aspirante conservaría 60,6 puntos por experiencia (85,8
• 25,2 = 60,6). Lo anterior resulta relevante porque la propia convocatoria estableció
expresamente que la suma de la experiencia profesional y la experiencia
relacionada no podía superar los sesenta (60) puntos, constituyendo este el puntaje
máximo posible para dicho factor.
126. Por consiguiente, aun prescindiendo completamente de la experiencia
acreditada mediante la certificación de GED, la aspirante seguía superando el límite
máximo de puntuación permitido para el factor experiencia, razón por la cual dicha
certificación no tuvo incidencia material en el puntaje definitivo de experiencia ni
alteró el resultado final de la valoración de antecedentes. En consecuencia, desde
una perspectiva estrictamente cuantitativa, la exclusión de la certificación de GED
no modificaba la obtención del puntaje máximo de sesenta (60) puntos previstos
para dicho factor dentro de la convocatoria.
127. Corresponde ahora analizar si la Universidad Javeriana podía reconocer
puntaje adicional por un+a maestría acreditada únicamente mediante certificación
de terminación de materias o si, por el contrario, las reglas de la convocatoria
exigían acreditar la obtención del respectivo título para acceder a los quince (15)
puntos previstos para el nivel de maestría dentro del factor de educación superior.
128. De acuerdo con las reglas de la convocatoria, la educación superior
comprende los estudios de pregrado y posgrado en las modalidades de
especialización, maestría, doctorado y postdoctorado. Asimismo, se estableció que
los estudios podían acreditarse mediante la presentación de fotocopia de cualquiera
de los siguientes documentos: i) diploma, ii) acta de grado, iii) tarjeta profesional o
matrícula correspondiente, cuando fuere procedente, o iv) certificación original de
terminación de materias expedida por la respectiva institución de educación
superior.
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129. La lectura armónica de dichas disposiciones permite advertir que la
convocatoria no exigió exclusivamente la presentación del diploma o del acta de
grado para acreditar los estudios cursados, sino que admitió expresamente, como
medio idóneo de acreditación, la certificación de terminación de materias expedida
por la institución de educación superior. En otras palabras, las reglas del concurso
previeron varias formas alternativas de demostrar la realización de estudios
superiores y no condicionaron de manera expresa el otorgamiento de puntaje a la
obtención previa del título académico.
130. Esta conclusión se refuerza si se tiene en cuenta que la propia convocatoria
utilizó la expresión “los estudios se acreditarán mediante la presentación de
fotocopia de cualquiera de los siguientes documentos”, fórmula que evidencia un
criterio alternativo y no acumulativo. De esta manera, acreditada la culminación de
los estudios mediante certificación expedida por la universidad correspondiente, se
satisfacía el requisito documental previsto en las reglas del proceso de selección.
131. En consecuencia, si la señora Viviana Fernanda Meneses Romero aportó
oportunamente una certificación expedida por la Universidad Militar Nueva Granada
en la que constaba la terminación y aprobación de la totalidad de las materias
correspondientes al programa de maestría, la universidad estaba facultada para
valorar dicho estudio dentro del factor de educación superior, pues ese documento
se encontraba expresamente contemplado por la convocatoria como medio válido
para acreditar estudios de educación superior.
132. Por tanto, no resulta acertada la tesis según la cual los quince (15) puntos
correspondientes al nivel de maestría solo podían reconocerse mediante la
presentación del diploma o del acta de grado. Tal exigencia no fue incorporada en
las reglas de la convocatoria y, en consecuencia, no podía ser introducida
posteriormente por vía interpretativa, ya que ello implicaría modificar las condiciones
inicialmente fijadas para todos los participantes y desconocer el principio de sujeción
estricta a las reglas del concurso.
133. Así las cosas, siempre que la certificación aportada acreditara efectivamente
la culminación de los estudios de maestría y hubiera sido presentada dentro del
término establecido para la inscripción, el reconocimiento del puntaje
correspondiente por educación superior adicional se ajustaba a las condiciones
expresamente previstas en la convocatoria.
134. Ahora bien, el apelante sostiene que la universidad inicialmente negó el
reconocimiento de los quince (15) puntos correspondientes a la maestría, al
considerar que la certificación de terminación de materias aportada por la
concursante no equivalía al título académico exigido para acceder a dicha
puntuación, decisión que además habría sido adoptada respecto de otros
participantes que se encontraban en una situación similar.
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135. Sobre este aspecto se encuentra acreditado que la señora Viviana Fernanda
Meneses Romero aportó dentro del término de inscripción la certificación expedida
por la Universidad Javeriana en la que constaba la culminación de los estudios
correspondientes al programa de maestría18. Es decir, no se trata de un documento
allegado extemporáneamente ni de un soporte incorporado con posterioridad al
cierre de la convocatoria, sino de una evidencia que formaba parte del expediente
desde el momento mismo de la inscripción.
136. Igualmente se advierte que, en una primera oportunidad, la universidad
consideró que dicho documento no era suficiente para efectos de otorgar el puntaje
previsto para el nivel de maestría, bajo el entendido de que se requería acreditar el
respectivo título académico. No obstante, posteriormente, ante una nueva
reclamación de la concursante, la entidad revisó nuevamente el asunto y concluyó
que la certificación aportada sí debía ser valorada, procediendo en consecuencia a
reconocer el correspondiente puntaje.
137. En criterio de esta Sala, la legalidad de dicha reconsideración no depende de
la posición inicialmente asumida por la universidad, sino de la correcta interpretación
de las reglas de la convocatoria. En efecto, aun cuando en un primer momento la
entidad hubiera entendido que únicamente el diploma o el acta de grado permitían
acreditar una maestría, lo cierto es que las bases del concurso establecieron
expresamente que los estudios de educación superior podían acreditarse mediante
la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: diploma, acta de grado,
tarjeta profesional cuando correspondiere o certificación original de terminación de
materias expedida por la institución de educación superior.
138. En consecuencia, si la convocatoria admitía expresamente la certificación de
terminación de materias como mecanismo de acreditación de estudios superiores y
dicho documento fue aportado dentro del término de inscripción, la universidad no
solo estaba facultada para revisar su decisión inicial, sino que además tenía el deber
de corregir cualquier interpretación que resultara contraria a las propias reglas del
concurso.
139. Lo anterior conduce a concluir que el reconocimiento posterior de los quince
(15) puntos por la maestría no obedeció a la incorporación extemporánea de nuevos
documentos ni a la modificación de las condiciones de participación, sino a la
valoración de un soporte que había sido presentado oportunamente y que, de
acuerdo con la literalidad de la convocatoria, constituía un medio válido para
acreditar estudios de educación superior.
140. Sin perjuicio de lo dicho, el reparo formulado por el apelante en relación con
el principio de igualdad exige verificar si otros concursantes que aportaron
certificaciones equivalentes recibieron un tratamiento diferente y, de ser así, si
existía una justificación objetiva y razonable para dicha diferencia. Sin embargo, la
eventual existencia de decisiones contradictorias frente a otros participantes no
18 Folios 33 y 44 del expediente.
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transforma por sí misma en ilegal el reconocimiento efectuado a la señora Viviana
Meneses Romero, pues la controversia debe resolverse a partir de la interpretación
correcta de las reglas de la convocatoria y no de la eventual repetición de un criterio
equivocado respecto de otros aspirantes.
141. Por tanto, dado que la certificación de terminación de materias fue aportada
oportunamente y que la convocatoria la contemplaba expresamente como
documento idóneo para acreditar estudios de educación superior, la decisión final
de reconocer el puntaje correspondiente a la maestría encuentra respaldo en las
reglas del concurso, con independencia de que inicialmente la universidad hubiera
sostenido una interpretación distinta.
142. Finalmente, corresponde determinar si las situaciones cuestionadas por el
apelante, consideradas en su conjunto, permiten concluir la existencia de una
desviación de poder o de un favorecimiento indebido en favor de la señora Viviana
Fernanda Meneses Romero, de tal entidad que comprometa la legalidad de los
actos mediante los cuales se conformó la terna y se produjo su posterior
nombramiento como gerente.
143. Para tal efecto, debe recordarse que la desviación de poder se configura
cuando una autoridad ejerce una competencia legítimamente atribuida por el
ordenamiento jurídico, pero persiguiendo una finalidad distinta de aquella para la
cual le fue conferida. En consecuencia, no toda irregularidad administrativa, error
de interpretación o modificación de una decisión durante el trámite de un
procedimiento constituye por sí misma una desviación de poder. Lo determinante
es acreditar que la actuación estuvo orientada deliberadamente a favorecer a una
persona determinada o a obtener un resultado ajeno a los fines del concurso.
144. En el presente asunto, el apelante fundamenta su acusación principalmente
en tres aspectos: (i) la valoración de la maestría acreditada mediante certificación
de terminación de materias, (ii) el reconocimiento de experiencia laboral que, a su
juicio, no debía calificarse como experiencia relacionada y, (iii) la inclusión de la
certificación laboral falsa expedida por Gestión Estratégica y Desarrollo (GED), la
cual posteriormente dio lugar a responsabilidad disciplinaria y penal.
145. Respecto del primer aspecto, se estableció que la certificación de terminación
de materias fue aportada oportunamente dentro del término de inscripción y que la
propia convocatoria contemplaba expresamente la certificación original de
terminación de materias como uno de los documentos válidos para acreditar
estudios de educación superior.
146. En relación con la experiencia laboral, también se evidenció que algunas
certificaciones, particularmente las correspondientes a Telefónica y Gas Natural,
difícilmente podían considerarse experiencia relacionada en los términos estrictos
definidos por la convocatoria, puesto que no fueron desarrolladas en entidades
pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Sin embargo,
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dichas certificaciones sí constituían experiencia profesional válida al haber sido
adquiridas con posterioridad a la obtención del título profesional.
147. Igualmente se concluyó que las certificaciones expedidas por Hospital
Nazareth, Hospital Fontibón E.S.E., JAHV McGregor S.A., Qualico y, en principio,
GED, correspondían materialmente a actividades de asesoría, consultoría,
planeación, gestión de calidad, acreditación y dirección de proyectos desarrolladas
en el sector salud, razón por la cual reunían las condiciones para ser valoradas
como experiencia relacionada.
148. Ahora bien, frente a la certificación de la empresa GED, la Sala encuentra
acreditado que se trató de un documento falso cuya utilización produjo
consecuencias disciplinarias y penales. No obstante, también quedó demostrado
que dicha experiencia no tuvo incidencia material en el puntaje definitivo obtenido
por la concursante dentro del factor experiencia.
149. En estas condiciones, no se observa que las irregularidades alegadas hayan
tenido la virtualidad de modificar el resultado final de la valoración de antecedentes
ni de alterar sustancialmente la posición ocupada por la concursante dentro del
proceso de selección. La experiencia relacionada válida acreditada por la aspirante
era suficiente para alcanzar el máximo puntaje permitido, incluso prescindiendo de
la certificación falsa de la empresa GED.
150. En consecuencia, aunque la utilización de un documento falso constituye una
conducta grave y jurídicamente reprochable, de las pruebas analizadas no se
desprende que la universidad hubiera estructurado o manipulado la valoración de
antecedentes con el propósito de favorecer indebidamente a la señora Viviana
Fernanda Meneses Romero, ni que las decisiones adoptadas durante el trámite del
concurso respondieran a una finalidad distinta de la evaluación de los antecedentes
presentados por los aspirantes.
151. Por tanto, examinadas conjunta e integralmente las irregularidades
planteadas por el apelante, no se encuentra acreditado que las mismas configuren
una desviación de poder o un favorecimiento indebido determinante del resultado
del concurso. Tampoco se demuestra que, de haberse excluido los aspectos
cuestionados, la concursante hubiera perdido el puntaje necesario para integrar la
terna o que ello hubiera alterado de manera concluyente su posterior nombramiento.
152. En consecuencia, las irregularidades analizadas, aun siendo relevantes para
efectos disciplinarios o penales en lo concerniente a la certificación de la empresa
GED, no evidencian por sí solas la ilegalidad de los actos de conformación de la
terna y de nombramiento desde la perspectiva estrictamente meritocrática y
cuantitativa del concurso.
153. En consecuencia, no hay lugar a acceder a las pretensiones formuladas por
la parte demandante en el recurso de apelación, razón por la cual se confirmará la
decisión impugnada.
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154. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del CPACA., efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
155. La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la
demanda carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos en los que no se ventila un interés público, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA., se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia deberá imponer
costas sobre la parte vencida en el proceso, y su liquidación y ejecución se regirá
por las normas del CGP.19
156. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP. teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
157. En consecuencia, se condenará en costas en esta instancia a la parte
demandante, por cuanto en la presente decisión no se acogieron los argumentos
planteados en el recurso de apelación por ella presentado. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP., las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 19 de mayo de 2022, a través de la
cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, presentó el señor Oscar Alonso Dueñas Araque en contra de la Secretaría
Distrital de Salud y E.S.E. Hospital Simón Bolívar.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
19 La redacción original de la norma se refiere al Código de Procedimiento Civil, sin embargo, en la actualidad
corresponde al Código General del Proceso.
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TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA. La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley y el art. 186 del CPACA.
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