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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2012-01819-01

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2012-01819-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR la sentencia proferida el seis (6) de abril de dos mil veintiséis (2026) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, y, en su lugar, Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 Radicado: 25000-23-42-000-2012-01819-01 (1390-2026) Segundo. NEGAR las pretensiones. Tercero. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante. Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2012-01819-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2012-01819-01 (1390-2026)
Demandante: Nelson Joaquín Malaver Montaña
Demandados: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría de Salud – Hospital
Usaquén I Nivel (Hoy Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.)

Temas: Conformación de la terna para la elección de gerente de la E.S.E. Hospital
Usaquén Nivel I. Cumplimiento de requisitos de estudios. Exigencia de título de
postgrado. REVOCA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA (Ley 1437 de 2011)

1. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el seis (6) de abril de dos mil veintiséis (2026) por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por medio de la
cual se declaró probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda.

ANTECEDENTES

2. El señor Nelson Joaquín Malaver Montaña instauró demanda1 en contra de la
Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría de Salud – Hospital Usaquén I Nivel (Hoy
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.), en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley
1437 de 2011), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

3. Que se declare la nulidad parcial del Acuerdo 012 del 24 de abril de 2012, por
medio del cual se conformó la terna para nombrar al gerente del Hospital Usaquén
I Nivel, declarándose la exclusión de los señores Francisco José Tafur Sacipa y
Juan Carlos Cocoma Parra; del Decreto Distrital 263 del 1.° de junio de 2012,
mediante el cual se efectuó el nombramiento del señor Francisco Tafur Sacipa como

1 Índice 00096 de SAMAI.

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gerente del Hospital Usaquén I Nivel de Bogotá D.C.; y del Acta del 6 de junio de
2012, a través de la que este fue posesionado.

4. Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene la conformación de una
nueva terna en orden descendente, con sujeción a las tres primeras calificaciones
obtenidas en el concurso de méritos, excluyendo a los señores mencionados e
incluyéndolo a él en el primer lugar; se ordene a la Alcaldía Mayor de Bogotá –
Secretaría Distrital de Salud nombrarlo y posesionarlo en el cargo mencionado para
un período de cuatro años, de conformidad con el artículo 28 de la Ley 1122 de
2007, con efectos retroactivos al 1.° de junio de 2012, fecha en que debió ser
nombrado; y se condene a las entidades demandadas a reconocer, pagar y liquidar
los perjuicios económicos que se le causaron, debidamente indexados, consistentes
en los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que dejó de percibir
desde el 6 de junio de 2012 hasta la fecha en que se le nombre y posesione en el
cargo.

5. Que la condena sea actualizada; se dé cumplimiento a la sentencia que ponga
fin al proceso; y se condene en costas a las entidades demandadas, de conformidad
con los artículos 187, 192 y 195 y 188 del CPACA, respectivamente.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

6. Que mediante el Acuerdo Distrital 17 de 1997, el Hospital Usaquén I Nivel se
transformó en Empresa Social del Estado del orden distrital, adscrita a la Secretaría
Distrital de Salud de Bogotá D.C y con fundamento en el artículo 2.° del Decreto 800
de 2008, la Secretaría mencionada celebró con la Pontificia Universidad Javeriana
el Contrato de Prestación de Servicios núm. 0012 del 29 de febrero de 2012, para
realizar el proceso de selección con el fin de conformar las ternas de candidatos
para la posterior designación de los respectivos gerentes de las Empresas Sociales
del Estado de Bogotá D.C.

7. Que la Secretaría convocó a las personas interesadas en participar en la
selección de aspirantes; que el 1.° de marzo de 2012 la Junta Directiva del Hospital
Usaquén I Nivel invitó a los ciudadanos interesados para establecer la terna para la
designación del gerente del Hospital Usaquén I Nivel; y de manera conjunta las
juntas directivas de las E.S.E. de Bogotá D.C., entre ellas, el Hospital referido,
efectuaron la misma convocatoria a través de aviso de prensa publicado en la
misma fecha.

8. Que se inscribió al concurso, para lo cual radicó su hoja de vida junto con el
formulario único de inscripción y los soportes de experiencia laboral y de estudios
para el cargo de gerente del Hospital, que fue admitido y citado mediante
publicación a la prueba escrita de conocimientos y competencias.

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9. Que la Universidad publicó el resultado de las pruebas, en la que obtuvo una
calificación de 80.21, y mediante el Acuerdo 012 del 24 de abril de 2012 la Junta
Directiva del Hospital conformó la terna para el cargo de gerente con sujeción a las
tres primeras calificaciones obtenidas en el concurso de méritos, en estricto orden,
así: Juan Carlos Cocoma Parra con un puntaje de 81.66, Francisco José Tafur
Sacipa con 80.67 y el actor con 80.21.

10. Que el 28 de mayo de 2012 advirtió al alcalde mayor de Bogotá, al secretario
distrital de Salud, a la directora de Talento Humano de la Secretaría Distrital de
Salud y a la veedora distrital que el señor Francisco José Tafur Sacipa no cumplía
con los títulos de especialización exigidos en el artículo 22.3.1 del Decreto 785 de
2005 para desempeñar el cargo, y les solicitó verificar la terna conformada.

11. Que el mismo día la Veeduría Distrital expidió el Oficio núm. 500/400/81733 a
través del cual evidenció que el señor Tafur Sacipa no cumplía con los requisitos
exigidos, por lo que recomendó revocar su nombramiento, y el 27 de agosto de 2012
el secretario general (E) de la Alcaldía informó las acciones adelantadas al respecto
a la veedora distrital.

12. Que, a pesar de lo anterior, por medio del Decreto 263 del 1.° de junio de 2012
fue nombrado el segundo de los mencionados, y se posesionó a través del Acta del
6 de junio de 2012, debido a que el primero de la terna se encontraba inhabilitado.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

13. Considera vulnerados los artículos 2, 6, 25, 29 y 209 de la Constitución Política;
22, 24, 25 y 26 del Decreto 785 de 2005; 12 del Decreto 2993 de 2011; 72 (último
inciso) de la Ley 1438 de 2011; 115 del Decreto 1660 de 1978; 35 (numeral 1) de la
Ley 734 de 2002; 1.° (numeral 2.19) del Decreto 2230 de 2003; y 93 del CPACA.

14. Expresó que la administración incurrió en abuso y desviación de poder y
transgredió el debido proceso porque se abstuvo de proteger su derecho al trabajo
consistente en continuar ocupando el cargo de gerente del Hospital Usaquén I Nivel
de Bogotá D.C., al que se hizo merecedor a través del concurso de méritos, debido
a que el primero que ocupaba la lista de elegibles estaba inhabilitado y el segundo
no cumplía con los requisitos mínimos exigidos en el artículo 22.3.1 del Decreto 785
de 2005 consistente en tener títulos de posgrado en salud pública, administración o
gerencia hospitalaria, o administración en salud.

15. Que la contestación otorgada por la Secretaría de Salud de la Alcaldía Mayor
de Bogotá a la acción de tutela que instauró por lo ocurrido es otra prueba fehaciente
del abuso y desviación de poder, al permitir, apoyar y cohonestar que la Universidad
validara el título de especialización en Salud Ocupacional, pese a que carecían de
competencia para ello, en tanto la función de homologar los estudios cursados y

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ejecutar la convalidación de los títulos obtenidos es del Ministerio de Educación
Nacional, según el numeral 2.19 del artículo 1.° del Decreto 2230 de 2003.

16. Adujo que tanto en la invitación como en la convocatoria publicadas se
estableció que los requisitos del cargo eran los definidos en el artículo 22 del
Decreto 785 de 2005, pese a lo cual no se le exigió el título de posgrado a quien fue
nombrado y posesionado en el cargo, quien solo acreditó especializaciones en
Salud Ocupacional y Medicina del Trabajo, como consta en el acta de posesión, las
cuales no se encuentran incluidas en el listado taxativo y restrictivo de la norma
citada, la que además no prevé equivalencias ni compensaciones.

17. Que en los artículos 24, 25 y 26 de dicho Decreto se dispuso que para el ejercicio
de los empleos correspondientes a los diferentes niveles jerárquicos que tengan
requisitos establecidos en la Constitución Política o en la ley, se deben acreditar los
allí definidos, sin que las autoridades territoriales puedan disminuir los requisitos de
estudio y experiencia, al establecer el manual específico de funciones y de
requisitos, ni compensar por experiencia u otras calidades, los grados, títulos,
licencias, matrículas o autorizaciones fijadas en la norma, salvo que la ley así lo
permita.

18. Considera que los actos administrativos demandados contienen un vicio de falsa
motivación, puesto que la razón que generó el nombramiento y posesión del señor
Francisco Tafur Sacipa no fue que le asistiera ese derecho por haber cumplido el
requisito mínimo de especialización exigido en la ley, lo que se torna más evidente
con la utilización de argumentos carentes de fundamento para no acceder a la
solicitud de revocatoria directa elevada por la Veeduría Distrital ante el alcalde
mayor de Bogotá D.C., con el fin de que se diera aplicación al artículo 5.° de la Ley
190 de 1995 y, en consecuencia, se revocara el nombramiento efectuado y se le
nombrara al siguiente en la lista de elegibles.

19. Que esa falsa motivación la «ratifican los accionados en la sustentación de su
negativa a la mencionada solicitud de revocatoria directa, al argumentar […]» que
no era competencia de la Secretaría de Salud ni de la Alcaldía Mayor de Bogotá
conocer sobre la legalidad o no del Decreto Distrital 263 del 1.° de junio de 2012,
correspondiéndole a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con lo que
vulneraron abiertamente el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y los
artículos 93 del CPACA y 115 del Decreto 1660 de 1978.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

20. La demanda fue admitida2 el 15 de enero de 2013. La Secretaría de Salud de
la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.3 afirmó que el concurso fue realizado con
transparencia, dentro del marco de la convocatoria y en cumplimiento de las normas

2 Ibidem.
3 Ibidem.

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que lo regían. Considera que el demandante efectuó una interpretación equivocada
consistente en estimar que la especialización exigida no solo debe estar
comprendida en la Salud Pública, sino que debe denominarse de esa forma, la cual
no es acogida por las universidades Javeriana, que realizó el proceso de selección,
ni la Nacional, que fue donde se realizó el programa por la persona que fue
nombrada en el cargo de gerente, y que resulta absurda, pues implicaría que la
especialización debe realizarse en una única universidad y en una sola facultad, a
pesar de que la convocatoria no estaba dirigida a una única profesión.

21. Sostuvo que debió demandarse también el Acuerdo 012 del 24 de abril de 2012,
a través del cual se integró la terna, pues este junto con el Decreto 263 del 1.° de
junio de 2012 constituían un acto complejo, pues a pesar de haber sido expedidos
por organismos distintos, tenían una sola finalidad, esto es, dar cumplimiento a
dicha norma, culminando con el nombramiento del gerente del Hospital, de
conformidad con el inciso 2.° del artículo 72 de la Ley 1438 de 2011, por lo que se
incurrió en una ineptitud sustantiva de la demanda. Propuso, además, las
excepciones de caducidad; hecho de tercero e indebida integración del
litisconsorcio; y legalidad de la actuación administrativa demandada.

22. El señor Juan Carlos Cocoma Parra4 manifestó que se atenía a lo demostrado
en el proceso y propuso como excepción la denominada genérica.

23. El señor José Tafur Galvis y el Hospital Usaquén I Nivel guardaron silencio.

24. El 17 de octubre de 20255 se advirtió la posibilidad de proferir sentencia
anticipada y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al
representante del Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6

25. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia del 6 de abril de 2026, declaró probada la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda y se abstuvo de condenar en costas. Consideró que los
actos demandados tenían fundamento en el Acuerdo núm. 12 del 24 de abril de
2012, mediante el cual se conformó la terna de elegibles y se consolidaron los
resultados del concurso de méritos, por lo que se trataba de un acto definitivo que
produjo efectos jurídicos dentro del proceso de selección, pues definió el orden de
los aspirantes y habilitó el nombramiento, por lo que debía ser controvertido, lo que
no ocurrió y, por tanto, impedía realizar un examen integral de la actuación
administrativa, ya que no podía emitirse un pronunciamiento de fondo sobre los
actos de nombramiento y posesión sin afectar directa o indirectamente el acto previo
que les sirvió de sustento.

4 Ibidem.
5 Índice 00097 de SAMAI.
6 Índice 00106 de SAMAI.

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RECURSO DE APELACIÓN7

26. La parte demandante interpuso recurso de apelación, al considerar que la
demanda sí se dirigió a discutir el Acuerdo núm. 12 de 2012, según consta en el
documento de la demanda y saneamiento, por lo que no se configuró la ineptitud
sustantiva de la demanda y, por ende, la sentencia debe ser revocada, para que, en
su lugar, sea sustituida por una decisión de fondo, en la que se acceda a las
pretensiones.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

27. El 3 de julio de 20268 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una
vez ejecutoriada esa decisión, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados; además, se advirtió que el Ministerio Público
podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo para
sentencia.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

28. La Subsección deberá resolver si el actor demandó los actos administrativos
que definieron la situación jurídica que pretende controvertir y, de ser así, si se
encuentran viciados de nulidad, al desconocer que la persona que conformó la terna
de elegibles y posteriormente fue nombrada y posesionada en el cargo de gerente
del Hospital Usaquén I Nivel (hoy Subred Integrada de Servicios de Salud Norte
E.S.E.) no cumplía con la totalidad de los requisitos exigidos para ese efecto.

Marco normativo y jurisprudencial

Elección de gerentes y directores de Empresas Sociales del Estado

29. Los directores o gerentes del sector descentralizado por servicios en el orden
nacional y territorial son empleos de libre nombramiento y remoción. De allí que los
directores o gerentes de Empresas Sociales del Estado, como son entidades
descentralizadas9, ocupan cargos de libre nombramiento y remoción; sin embargo,

7 Índice 00109 de SAMAI.
8 Índice 00004 de SAMAI.
9 El carácter de entidad descentralizada no solo encuentra fundamento expreso en la Ley 100 de 1993, sino

también en el artículo 68 de la Ley 489 de 1998: «[…] Son entidades descentralizadas del orden nacional, los
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y las
sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería
jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades
creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la
prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. […]».

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su provisión se sujeta a reglas especiales10, según la clasificación prevista en el
artículo 5 de la Ley 909 de 2004.

30. Inicialmente, en desarrollo del artículo 192 de la Ley 100 de 1993, en el Decreto
3344 de 2003 se estableció que la conformación de la terna que le correspondía a
la junta directiva se realizaría por medio de un proceso público abierto, teniendo en
cuenta criterios de mérito, capacidad y experiencia y llevado a cabo por una
universidad pública o privada, una entidad experta en selección de personal o
convenios de cooperación.

31. Sin embargo, en el artículo 28 de la Ley 1122 de 2007 se amplió el período
institucional de los gerentes a 4 años y ordenó que fueran nombrados mediante
concurso de méritos que debía realizarse dentro de los 3 meses contados al inicio
del período del presidente de la República o el jefe de la entidad territorial respectiva.
Expresamente, dispuso: «[…] [p]ara lo anterior, la Junta Directiva conformará una
terna, previo proceso de selección de la cual, el nominador, según estatutos, tendrá
que nombrar el respectivo Gerente […]». La Corte Constitucional declaró la
exequibilidad condicionada de esta norma, bajo el siguiente entendido:

«[…] (i) la terna a la que se refiere el inciso primero del artículo 28 de la Ley 1122 de
2007 deberá ser conformada por los concursantes que hayan obtenido las tres
mejores calificaciones, (ii) el nominador de cada empresa social del estado deberá
designar en el cargo de gerente a quien haya alcanzado el más alto puntaje, y (iii) el
resto de la terna operará como un listado de elegibles, de modo que cuando no sea
posible designar al candidato que obtuvo la mejor calificación, el nominador deberá
nombrar al segundo y, en su defecto, al tercero»11.

32. El criterio jurisprudencial fue positivizado en el segundo inciso del artículo 72 de
la Ley 1438 de 2011, así:

«[…] La Junta Directiva conformará una terna con los concursantes que hayan
obtenido las tres mejores calificaciones en el proceso de selección adelantado. El
nominador deberá designar en el cargo de gerente o director a quien haya alcanzado
el más alto puntaje dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la
finalización del proceso de elección. El resto de la terna operará como un listado de
elegibles, para que en el caso de no poder designarse el candidato con mayor
puntuación, se continuará con el segundo y de no ser posible la designación de este,
con el tercero».

10
Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 17 de agosto de 2017. Rad. 15001-23-
33-000-2013-00846-02 (3819-16). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Al respecto, la Corte Constitucional ha
sostenido que, según el artículo 2 de la Ley 909 de 2004, es posible aplicar criterios de selección objetiva para
la provisión de empleos de libre nombramiento y remoción. Así: «[…] si el legislador ─y lo mismo podría aplicarse
a la administración─ decide someter a concurso la provisión de un cargo de libre nombramiento y remoción,
debe sujetarse a las reglas propias del concurso fijadas por la ley y la jurisprudencia de esta Corporación. En
este sentido es preciso recordar que la libertad de configuración del legislador no sólo está sometida a las
limitaciones expresas que impone la propia Constitución, sino también a las restricciones que se desprenden
de los derechos fundamentales y los principios constitucionales.» (Corte Constitucional. Sentencia C-181 del 17
de marzo de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
11
Corte Constitucional. Sentencia C-181 del 17 de marzo de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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33. Según el recuento normativo efectuado, los efectos de la lista de elegibles que
estableció la Corte y adoptó el legislador están circunscritos a la imposibilidad de
ser nombrado el primero, cuando debe procederse con el segundo o, si sucede lo
mismo, con el tercero.

34. Ahora bien, en el artículo 5.° del Decreto 800 de 2008, por el cual se reglamentó
parcialmente el artículo 28 de la Ley 1122 de 2007, se autorizó al DAFP para
establecer unos «estándares mínimos» para adelantar el concurso de mérito público
y abierto correspondiente. En ejercicio de esta facultad, expidió la Resolución 165
del 18 de marzo de 2008, que reguló lo pertinente en relación con i) las entidades
encargadas del proceso; ii) la invitación a participar y su publicación; iii) el contenido;
iv) las inscripciones; v) las pruebas evaluación y su valoración.

35. De conformidad con la Resolución mencionada, las juntas directivas de las ESE
del nivel territorial determinan los trámites pertinentes para realizar los procesos
para seleccionar a los gerentes o directores, y estos deben adelantarse por
universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas, con
aprobación oficial, o por estas en asocio con entidades especializadas en la materia.

36. Igualmente, se previó que una vez ello hubiere ocurrido, la Junta Directiva
invitaría a los participantes interesados a inscribirse, con indicación, entre otros, de
las funciones y requisitos del cargo, los cuales están definidos en el Decreto 785 de
2005. Con la inscripción al proceso público y abierto, los aspirantes aceptan las
reglas y exigencias previstas para concursar, por lo que no pueden con
posterioridad desconocerlas o pretender varias los parámetros previamente
definidos.

Resolución del caso concreto

37. El demandante considera que instauró la demanda en debida forma, pues
incluyó dentro de las pretensiones la declaratoria de nulidad parcial del Acuerdo 12
de 2012, mediante el cual se conformó la terna de elegibles para el cargo de gerente
del Hospital Usaquén I Nivel de Bogotá D.C.

38. Revisada la totalidad de las actuaciones adelantadas en primera instancia, la
Sala advierte que, aunque inicialmente la demanda fue instaurada únicamente con
la finalidad de controvertir el Decreto 263 de 2012, a través del cual se efectuó el
nombramiento del señor Franciso José Tafur Sacipa en dicho cargo, y el Acta de
Posesión del 6 de junio de 2012, posteriormente, en la audiencia inicial celebrada
el 10 de julio de 2013, se ordenó al demandante subsanar la demanda incluyendo
todos los actos demandables, lo cual fue acatado por este con la inclusión del
Acuerdo mencionado.

39. En ese entendido, no es cierto que el actor se hubiere abstenido de demandar
el acto que conformó la lista de elegibles. En todo caso, lo anterior carece de

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relevancia para establecer si la demanda fue instaurada en debida forma, pues aún
si no se hubiere demandado ese acto, la decisión administrativa que definió la
situación jurídica que ahora es objeto de discusión es la contenida en el acto de
nombramiento del señor Francisco Tafur Sacipa en el cargo de gerente del Hospital,
el cual constituye el acto definitivo susceptible de control judicial en el caso, siendo
entonces el Acuerdo echado de menos en primera instancia un acto de trámite
expedido únicamente para darle continuidad al proceso de selección, por lo que la
decisión de declarar probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda
carecía de sustento jurídico.

40. En consecuencia, se efectuará el estudio del fondo del asunto, teniendo en
cuenta que aun cuando los desacuerdos de la alzada se dirigieron a discutir
principalmente la declaratoria de inepta demanda, ello no es óbice para analizar los
cargos expuestos en el concepto de violación de la demanda. Lo anterior debido a
que la decisión de primera instancia conllevó una falta de análisis del fondo de los
argumentos allí planteados.

41. En relación con el desacuerdo central del demandante consistente en que la
persona que fue nombrada y posesionada en el cargo de gerente de la E.S.E.
Hospital Usaquén de I Nivel ubicado en la ciudad de Bogotá no cumplía con el
requisito del título de posgrado exigido en el numeral 22.3.1 del artículo 22 del
Decreto 785 de 2005, la Sala evidencia que en la invitación efectuada el 1.° de
marzo de 2012 por dicha E.S.E., se dejó establecido que las funciones del cargo
serían las definidas en el Decreto 785 de 2005.

42. Lo anterior en coherencia con el Oficio 2506 del 9 de diciembre de 2011,
mediante el que la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de la facultad
preventiva de que trata el artículo 24 del Decreto Ley 262 de 2002, requirió a las
entidades competentes para desarrollar el proceso para la elección de gerentes de
las ESE del nivel territorial que acataran las previsiones allí dispuestas, entre ellas,
que los requisitos que debían cumplir quienes participaran el concurso para director
o gerente eran los definidos en el artículo 22 del Decreto 785 de 2005.

43. En ese entendido, frente a los requisitos de estudios, que son los que suscitaron
la instauración de esta demanda, en la invitación efectuada por el Hospital para
participar el concurso público, se previó que serían los siguientes: título universitario
en áreas de la salud, económicas, administrativas o jurídicas, y postgrado en salud
pública, administración o gerencia hospitalaria, o administración en salud, en los
términos del Decreto mencionado.

44. El señor Francisco Tafur Sacipa, quien fue nombrado y posesionado en el cargo
de gerente del Hospital, contaba con dos títulos de postgrado, Especialista en Salud
Ocupacional y Especialista en Medicina del Trabajo, según consta en el Acta de
Posesión del 6 de junio de 2012, los cuales la Pontificia Universidad Javeriana, en
su calidad de contratista para la realización del proceso de selección, determinó

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que esos programas pertenecían al área al que correspondía a la establecida en el
artículo 22.3 del Decreto 785 de 2005, de conformidad con el Sistema Nacional de
Información de Educación Superior (SNIES), por lo que ese aspirante cumplía con
el requisito de estudios.

45. La Sala observa que, como lo concluyó la Universidad aludida y según consta
en dicho Sistema, el programa de Especialización en Salud Ocupacional de la
Universidad Nacional de Colombia tiene como área de conocimiento el de Ciencias
de la Salud, como campo específico el de Salud y como Núcleo Básico del
Conocimiento (NBC) el de Salud Pública:

46. Lo expuesto permite evidenciar que la exigencia de estudios de postgrado
prevista en el artículo 22.3.1 del Decreto 785 de 2005 para el caso de la persona
nombrada en el cargo de gerente y que es objeto de controversia sí se cumplió. En
efecto, en dicha norma se fijó como requisito «[…] título de posgrado en salud
pública […]», lo que no implica que la denominación del programa deba ser textual,
sino que este debe estar directamente relacionado con el área allí establecida; una
interpretación distinta implicaría vaciar de contenido la finalidad de la norma, que
no es otra que garantizar que quien ejerza el cargo tenga conocimientos en alguna
de las temáticas relevantes para el desempeño del empleo.

47. Al respecto, se advierte que en respuesta dirigida al actor y emitida por la
Vicerrectoría Académica de la Universidad Nacional, en la que quien resultó
nombrado en el cargo cursó la especialización discutida, sostuvo que «[l]a
Especialización en Salud Ocupacional contiene aspectos básicos de Salud Pública
en razón a que su objetivo es comprender la influencia de las condiciones de trabajo
en los aspectos físicos, psíquicos y sociales de la salud humana; así como también,
reconocer, evaluar y establecer medidas de control a los factores de riesgo para la
salud humana […] Teniendo en cuenta lo anterior se puede enmarcar dentro del
campo de la Salud Pública […]».

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48. En ese orden de ideas, no asiste razón al demandante al afirmar que se
transgredió su derecho al debido proceso, al no proteger su derecho al trabajo, pues
el nombramiento y posesión se llevó a cabo utilizando la lista de elegibles y en
orden descendente, distinto es que quien ocupó el segundo lugar, superando en el
puesto al actor, cumpliera con los requisitos para ocupar el cargo de gerente del
Hospital demandado.

49. Adicionalmente, no está acreditado que las entidades demandadas hayan
incurrido en abuso o desviación de poder, pues el actor no logró probar que la
decisión administrativa haya obedecido a razones distintas al mérito, esto es, a
motivos arbitrarios, caprichosos, injustos u ocultos, o se haya apartado de los fines
constitucional o legalmente previstos.

50. En este punto, resulta relevante precisar que las entidades demandadas no
efectuaron equivalencias u homologaciones, al momento de valorar el cumplimiento
de las exigencias de estudios, sino que se limitaron a aplicar y verificar los requisitos
del Decreto 785 de 2005.

51. Lo anterior desvirtúa el argumento de disenso sobre su falta de competencia, al
recaer en el Ministerio de Educación Nacional, pues si bien esa cartera ministerial
tiene la función de legalizar los documentos expedidos por instituciones de
educación superior colombianas para acreditarlos en el exterior, y homologar y
convalidar los títulos cursados allí, en los términos del numeral 2.19 del artículo 1.°
del Decreto 2230 de 2003, ello no fue lo que aquí ocurrió no solo porque el análisis
no recayó sobre títulos que pretendieran ser validados en el extranjero o la
convalidación de títulos foráneos, sino, además, porque la decisión administrativa
atendió a las exigencias legales para el cargo.

52. Tampoco puede considerarse que se redujeron los requisitos de estudio o se
compensaron estos, en contravía de los artículos 24 a 26 del Decreto 785 de 2005,
como lo alega el recurrente, pues, como quedó expuesto, se exigieron los allí
previstos.

53. Lo hasta aquí analizado desvirtúa también el vicio de nulidad de falsa
motivación, pues no se probó que la decisión que fundamentó la composición de la
lista de elegibles, el nombramiento y la posesión del señor Francisco Tafur Sacipa
sea ajena al resultado del concurso y al cumplimiento de las exigencias de ley.

54. Por último, basta con mencionar que respecto al señor Juan Carlos Cocoma
Parra, primero en la lista, según se advirtió en el acto de nombramiento, este se
encontraba inhabilitado por incurrir en la causal establecida en el artículo 71 de la
Ley 1438 de 2011, pues hizo parte de la Junta Directiva del Hospital Rafael Uribe
Uribe I Nivel de Atención, hasta el 12 de abril de 2012, lo que dio lugar al
nombramiento del segundo en orden descendente.

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55. En consecuencia, al no encontrarse configurada la excepción declarada en
primera instancia, pero mantenerse incólume la legalidad de los actos demandados,
se revocará la decisión recurrida y, en su lugar, se negarán las pretensiones.

Condena en costas de segunda instancia

56. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

57. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

58. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

59. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias en contra de la
parte demandante, por cuanto ante la falta de prosperidad de la apelación respecto
al fondo del asunto se revocará el fallo impugnado y, por tanto, la decisión proferida
de negar las pretensiones es contraria a los intereses de la primera, lo que implica
que ha resultado vencida en juicio. Para el efecto, de conformidad con el artículo
366 de la misma norma, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del tribunal de origen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR la sentencia proferida el seis (6) de abril de dos mil veintiséis
(2026) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, y, en su lugar,

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Segundo. NEGAR las pretensiones.

Tercero. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante.

Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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