Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-00349-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-00349-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-00349-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
28 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá, D.C. veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2013-00349-01 (0862 -2017)
Demandante : Ed gar Antonio Ruiz Ruiz
Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación
Temas: Sanción disciplinaria -Prescripción de la acción
disciplina ria -Fa lsa motivación -Adecuación típica.
SENTENCIA DE SEGUNDA I NS TANCIA – LEY 1437 DE 2011
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del 11 de agosto de 2016 , proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección B 1 que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
del epígrafe, promovido por el señor Edgar Antonio Ruiz Ruiz , en
contra de la Nación - Procuraduría General de la Nación .
II. ANTE CEDENTES
2.1. La demanda 2
2.1.1. Pretensiones
2. El señor Edgar Antonio Ruiz Ruiz , a través de apoderado, formuló
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artícu lo 1 38 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en contra de la Nació n – Procuraduría Genera l de
la Nación , con el objeto de obtener la nulidad de los siguientes
actos administrativos de carácter disciplinario:
(i) La decis ión sa ncionatoria de pri mera instancia de 14 de
febrero de 2012 , dictada por la Procuraduría Delegada para
la Moralidad Administrativa , a través de la cual, lo sancionó
1 Magistrado ponente Dr. Luis Gilberto Ortegón Ortegón .
2 Ff. 212 y s.s. Cuaderno principal.
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disciplina riamente, en su condición de gerente general de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, con
destitución e inhabilidad general para el ejercicio de cargos y
funciones públicas por un término de doce años .
(ii) la decisión sa ncionatoria de se gunda ins tancia de 22
de junio de 2012 proferid a por la Sala Discip linaria de la
Procuraduría General de la Nación , que declaró improcedente
la solicitud de declaratoria de prescripción y confirmó la
anterior decisión.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene
a la Nación - Procuraduría Genera l de la Nación a lo siguiente:
(i) Reconocerle y pagarle los perjuicios materiales ocasionados
por el proceso disciplinario adelantado en su contra; así como
200 salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto
de perjuicios morales y 400 salarios mínimos mensuales legales
vigentes por perjuicios a la vida de relación «dados los trastornos
emocionales y sicológicos infligidos durante el tiempo que duró
el proceso disciplin ario en mención, y los efectos estigmatizantes
de la sanción que le fuera impuesta».
(ii) Igualmente solicitó que las sumas resultantes se an
actualizadas de acuerdo con el índice de precios al co nsumidor
«durante el curso del proceso y hasta cuando se verifique el pago
a título de indemnización monetaria » de acuerdo con lo previsto
en el artículo 195 del CPACA» .
(iii) Dar cumplimie nto al fallo en los t érminos de los artí culo s 192
y 195 del CPACA .
(iv) Condenar en costas y agencias en derecho a la parte
demandada.
2.1.2. Hechos 3
4. En síntesis, los hechos relevantes son los siguientes:
5. El señor Edgar Antonio Ruiz Ruiz , se desempeñó como gerente
general de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (en
adelante EAAB).
3 Folios 2 y s.s.
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6. Según la demanda, la EAAB suscribió el contrato No. 1 -002-4100-
224-2000 del 29 de junio de 2000 con la firma consultora INGETEC
S.A. para elaborar los diseños de la construcción de obras para el
control de crecientes de la cuenca del Río Tunjuelo, ante la
temporada de invierno que afectaba aproximadamente 500.000
personas que viven en la ribera de este .
7. Con base en los diseños, cantidades de obra y presupuestos
aportados por INGETEC SA, la EAAB abrió la invitación pública
ICSM – 540-2003, con el fin de escoger al contratista que se
encargaría de realizar la construcción de las obras.
8. El Consorcio Obras Tunjuelo fue seleccionado y se le fijó un
plazo de 28 meses para l levar a cabo las obras.
9. La EAAB suscribió el contrato No. 1 -001-25500-726-2004 de 29
de diciembre de 2004 cuyo objeto fue la construcción de las obras
para el control de crecientes de la cuenca del Río Tunjuelo
«Proyecto de la Presa Seca de Cantarrana» .
10. La interventoría del proyecto fue asignada al Consorcio
Interventoría «Cantarrana» y la supervisión a la Dirección de la Red
Troncal de Alcantarillado de la EAAB.
11. Así mismo el proyecto contó con acompañamiento de la firma
diseñadora INGETEC S. A. que participó como asesora durante la
construcción de las obras , que se iniciaron el 21 de febrero de 2005 .
12. El consorcio OBRAS TUNJUELO incurrió en atrasos e
incumplimiento en la ejecución del contrato por lo que la EAAB
declaró la caducid ad de este mediante la Resolución 0205 de 31 d e
marzo de 2006, confirmada por la Resolución 0370 de 26 de mayo
de 2006.
13. Según la demanda, en atención a las condiciones climatológicas
que podrían generar un desbordamiento del río dejando a miles de
personas damnificadas , así como el daño de las obras y pérdidas
de los recursos que se habían ejecutado por el contratista , se
acudió a la modalidad de urgencia manifiesta para contratar la
continuación de l proyecto .
14. El 31 de julio de 2006, la misma firma INGETEC S .A. actualizó
el presupuesto que consideró suficiente para culminar la
construcción de las obras para el control de crecientes de la cuenca
del Río Tunjuelo, el cual estimó en $50.899´406.606.
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15. Luego de revisar el presupuesto indicado por INGETEC S .A. la
Dirección de Contratación y Compras de la EAAB lo ajustó a
$49.391´394.009, es decir, $1.508´012.597 menos de lo indicado
por la firma asesora.
16. Con fundamento en lo anterior la EAAB promovió el proceso de
selección de contratación directa No. ICMS – 379-2006 para
continuar con la ejecución de las obras cuyo objeto era e l control
de crecientes de la cuenca de Río Tunjuelo.
17. Una vez evaluada la oferta que presentó la Unión Temporal
MINCIVIL – TOP CO S.A . se aceptó la propuesta y se suscribió e l
contrato No.01-25500 -2872006 de 11 de agosto de 2006, con plazo
de ejecución de 11.5 meses a partir de la suscripción del acta de
inicio; es decir, e l 25 de agosto del mismo año. Por valor de
$49.384´529.131, suma inferior a la inicialmente planteada por
INGETEC S.A.
18. El contrato fue objeto de dos adiciones, la primera de ellas el
25 de abril de 2007, relacionad a con mayores cantidad de obra
prevista en algunos de los ítems, como en «las excavaciones y
llenos», las cuale s fueron autorizad as por la interventoría que
autorizó el traslado de recursos correspondientes a otros ítems de
obras cuyas cantidades resultaban menores a las inicialmente
previstas o que n o se ejecutarían, equivalentes a la suma de
$1.514´805.873, por lo que se asignaron esos recu rsos a aquellos
cuyo valor se vería aumentado con la modificación pedida
($3.869´935.592 ) por lo que la adición neta ascendió a
$2.295´129.720.
19. La segunda modificación se realizó el 9 de agosto de 2007, en
la que se adicionó el plazo de ejecución hast a el 15 de septiembre
de 2007 y la interventoría contratada advirtió la necesidad de
incrementar cantidades de obras en algunos de los ítems
estipulados en el contrato por valor de $1.170´462.725, con el fin
de terminar satisfac toriamente el proyecto.
20. Igualmente, la EAAB solicitó ejecutar obras adicionales
consistentes en la construcción de una caseta de vigilancia a la
entrada del predio, el cerramiento de las principales obras del
proyecto y la reparación de la junta de dilatació n localizada en el
sitio de las obras, lo anterior, para preservar la seguridad, mantener
el control de acceso a la presa, entre otros.
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21. El valor de las obras adicionales fue de $ 490´000.000 y el valor
total de la modificación No. 2 fue de $747´750.168, por cuanto la
EAAB suprimió algunos ítems de obra correspondientes a la zona
de manejo y preservación ambiental por valor de $912´715.557, por
considerar suficien tes los trabajos ej ecutados en este aspecto.
22. Según la demanda, las obras se realizaron en los plazos
estipulados y se recibieron a satisfacción, por lo que el contrato fue
liquidado bilateralmente el 30 de noviembre de 2007 : el valor total
del contrato incluidas las dos modificaciones y las obras adicionales
fue de $52.427 ´409.019.
23. Los señores Wilson Borja Díaz, representante a la Cámara y
José Fernando Rojas Rodrígue z, concejal de Bogotá, formularon
queja ante la Procura duría General de la Nación -en adelante P GN-
y demás organismos de control, donde pusieron de presente
algunas situaciones que , según su criterio , constituían
irregularidades en la ejecución de los contratos cuyo objeto fue la
construcción de las obras para el control de crecientes de la cuenta
del Río Tunjuelo .
24. En el proceso de responsabilidad fiscal adelantado por la
Contraloría Distrit al de Bogotá mediante auto de 8 de febrero de
2012 se archivó el proceso por considerar que no hubo detrimento
patrimonial con ocasión del contrato 287 suscrito por la EAAB.
25. Asimismo, la Fiscalía General de la Nación decid ió archivar la
investigación que adelantó por los mismos hechos , para lo cual
señaló que se realizaron exhaustivas labores de ve rificación,
primero al valor del contrato y luego al costo real de la obra
ejecutada por la unión temporal conformada por las firmas
MINCIVIL SA y TO PCO y que en ellas un equipo interdisciplinario
del CTI pudo comprobar, después se realizar un análisis sobre
valores unitarios, que el valor de la obra ejecutada, es decir, el
costo de la obra, en su totalidad, efectivamente corresponde con el
valor reconocido y pagado por la EAAB al contratista, incluida la
adición del contrato.
26. Por su parte la Procuraduría General de la Nación y la
Personería de Bogotá iniciaron acciones disciplinarias , n o obstante,
la primera, por medio de su poder preferente asumió el
conocimiento de la adelantada por la Personería y la acumuló al
radicado 154-162878 -207.
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27. El primer cargo imputado al demandante fue el de participar en
la actividad contractual con detrimento del patrimonio público al no
disponer de la correspondiente justificación técnica ni económica
idónea para estipular un mayor precio de los ítems de obra No. 5.1,
5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.9, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 8.15.1, 8.18.1, 23.4.1.,
esto en el contrato No. 1 -01-25500-287-206, que suscribió el 11 de
agosto de 2006 con la Unión Temporal MINCIVIL S .A.- TOPCO S.A.
28. El ente de con trol consideró que el demandante transgredió ,
entre otros, los numerales 1.° y 21 del artículo 34, el numeral 7.°
del artículo 35 y el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de
2002.
29. El segundo cargo que se formuló fue el de participar en la
actividad contractual con detrimento del patrimonio público, al
autorizar y suscribir la modificación No. 2 del 9 de agosto de 2007,
mediante la cual se introdujeron obras adicionales al contrato No.
1. 01-25500-287-2006 del 11 de agosto de 2006, perfeccionando
con la Unión Temporal MINCIVIL S.A. – TOPCO S.A. en el sentido
de incluir el ítem de obra denominado «construcción de una caseta
de vigilancia a la entrada de la presa», por valor de $37´882.338
con un sobreprecio frente al mercado, toda vez que su valor era de
$17´457.067.39, lo que provocó un sobrecosto de $20´452 271, sin
que se haya encontrado justificación . Por ello se consideró que le
señor Ruiz Ruiz t ransgredió entre otros, los numerales 1 .° y 21 del
artículo 34 del Código Disciplinario Único. La falta fue calificada
como gravísima con fundamento en el numeral 31 del artículo 48
ibidem.
30. Por lo anterior, la Procuradora Delegada para la Moralidad
Administrativa prof irió decisión sancionatoria el 14 de febrero de
2012 resolviendo sancionar disciplina riamente a Edgar Antonio Ruiz
Ruiz, en su condición de gerente general de la EAAB para la ép oca
de los hechos, con destitución e inhabilidad general por el término
de doce años por ser encontrad o responsable del cargo No. 1
parcial en lo que tiene que ver con la imputación endilgada por los
ítems de obra No. 5.7., 8.15.1, y 8.18.1 del contrato.
31. En la misma decisión se resolvió absolver disciplina riamente al
señor Edgar Ruiz Ruiz fr ente al carg o 1. (parcial) en lo que tiene
que ver con la imputaci ón que le fue endilgada por los ítems de Nos
5.1., 5.3., 5.4., 5.6., 5.9., 6.1., 6.2., 6.3., 6.5., 6.6.3, 23.4.1., al
igual que respecto de la totalidad de la imputación que le fue
endilgad a en el cargo No. 2.
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32. El demandante, a través de ap oderado presentó recurso de
apelación en contra de la decisión de primera instancia en cuanto
al cargo No. 1. Co n base en que: (i)s e presentaron inconsistencias
de la prueba técnica practicada que atenta contra su trat amiento de
plena prueba ; (ii) la s anción se d erivó de una resp onsabilidad
objetiva prohibida por el ordenamiento jurídico disciplina rio , (iii) por
incumplimiento en cuanto a la adecuación típica de la conducta; (iv)
indebida apreciación de la prueba e inexistencia e imprecisión
respecto a la ilicit ud sustancial, (v) incompleta formulación y falta
de soporte probatorio de la culpabilidad; (vi) indebida apreciación
de la prueba; (vii) la decisión de fallo se adoptó sin que se hubiese
declarado su responsabilidad fiscal por el órgano de control fiscal
por los mismos hechos investigados; (viii) hubo decisión de archivo
del proceso penal adelantado en la Fiscalía General de la Nación
por los mismos hechos investigados disciplina riamente.
33. En cuanto a la Sala Disciplinaria de la PGN, mediante el fallo
de segunda instancia de 22 de junio de 2012 decidió el recurso de
apelación, resolvie ndo confirmar la d ecisión de primera instancia
en relación con la declaratoria de responsabilidad disciplinaria del
señor Edgar Antonio Ruiz Ruiz, en calidad de gerente general de la
EAAB.
2.1.3. Disposiciones violadas y concepto de violación 4.
34. Se invocaron como vulnerados los artículos 29 , 121 y 122 de la
Constitución Política, 4.°, 6.°, 20, 29.2 y 30 de la Ley 734 de 2002.
35. El concepto de violación expuesto en la demanda se concreta
en los siguientes cargos:
(i) Falsa motivación. Se indicó en la demanda que en este caso no
se acreditó la tipicidad de la falta comoquiera que no se presentó
detrimento patrimonial alguno , tal como lo determinó la Contraloría
General de la Rep ública, por lo que la Comisión Disciplinaria de la
PGN no podía fundar un cargo y mucho menos una sanción en la
existencia de tal circunstancia.
36. Estimó que, si bien las responsabilidades frente a un hecho son
independientes tanto en lo penal, fiscal y disciplinario,
necesariamente un cargo en materia disciplinaria en torno a la
causación de un perjuicio económico al Estado no puede
desconocer un fallo de la autoridad habi litada constitucionalmente
4 Folios 69 y siguientes del Cuaderno 1.
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para decidir sobre ese aspecto. Por tanto, la PGN invadió
competencias fiscales al volver a examinar s in f undamento
probatorio u n aspecto que ya fue evaluado por la Contraloría
General de la República .
37. En este caso no se pod ía aplicar el artículo 31 del artículo 48
de la Ley 734 de 2002, para señalar que el actor participó con
detrimento del patrimonio público al no disponer de la
correspondiente justificación técnica ni económica para estipular un
mayor precio de los ítems de obra 5.1., 5.3., 5.4., 5.6., 5.9., 6.1.,
6.2., 6.3., 6.5., 6.6., 8.15.1., 8.18.1., y 23.4.1. en el contrato 1.01 -
25500-287-2006 que suscribió la EAAB el 11 de agosto de 2006 con
la Unión Temporal MINCIVIL - TOPCO S .A., respeto de los precios
fijados el 31 de julio de 2006 por INGETEC S.A., lo que se mantuvo
hasta la liquidación del contrato «lo que provocó que las obras
ejecutadas y pagadas al contratist a dur ante la ejecución del
contrato y con ocasión de la liquidación tuvieran un mayor costo de
$4.297´615.092 ».
38. En este caso , la PGN no p odía determinar que existió el citado
detrimento patrimonial , por su cuenta, ignorando la especialización
funcional de la Contraloría General de la Nación.
(ii) Violación de los artículo s 29, numeral 2.° y 30 de la Ley 734
de 2002.
39. Explicó que, en este caso, ocurrió la prescripción d e la acción
disciplina ria.
40. Sobre el tema expuso que el cargo disciplinario atribuido se
edificó sobre la participación del disciplinado en la actividad
contractual, con detrimento del patrimonio público , al no disponer
de la correspondiente justificación técnica ni económica idó nea
para para estipular un mayor precio a determinados ítems de obras
en el contrato de 11 de agosto de 2006.
41. Manifestó el apoderado que si la participación en la actividad
contractual se concret ó con la firma del Contrato No. 1.01.25500 -
287-2006, se tiene que la acción disciplinaria y por tanto la facultad
punitiva de la PGN se extinguió el 11 de agosto de 2011 po r tratarse
de una conducta instantánea y que no puede ser transformada en
permanente hasta el 30 de noviembre de 2007 cuando se aprobó la
liquidación del co ntrato. Es decir que la carencia de justificación
técnica y económica que se le endilgó no puede superponerse a las
demás etapas contractuales .
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(iii) Tercer cargo. «Vía de hecho por defecto fá ctico, con
desconocimiento del derecho de defensa y (sic) incursas en
falsa motivación».
42. Explicó que en los contratos a precios unitarios la cláusula del
valor sirve como indicativo de un monto estimado , pero no es
vinculante y obligacional , pues el verdadero valor del contrato se
establecerá una vez se concluya su objeto . Que en esos eventos la
cláusula sólo cumple la función de realizar un cálculo estimado del
costo probable , estimativo que es necesario para elaborar el
presupuesto o para efectos fiscales, pero el valor real del contrato
que genera obligaciones mutuas solo se determinará cuando se
ejecute la obra y aplicando el procedimiento establecido.
43. Frente a este aspecto señaló que el perito de la Dirección de
Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la
Nación, señaló en su informe oficial que de conformidad con el
pliego, la aceptación de la oferta se efectúa sobre el valor total de
la misma y la acept ación de precios un itarios se encuentra implícita,
sin que se evalúe de manera individual cada uno de los precios
unitarios.
44. Además, que el citado perito indicó que no se presentaron
sobrecostos toda vez que el material de mayor valor se ejecutó en
menor cantidad que lo previsto en el presupuesto inicial; esto
porque en el presupuesto inicial se preveía que se debían ejecutar
42000 m3 con un valor de $2.055´942.000 y al final se ejecutó un
total de 39047 m3 por un valor de $1.911´389.697, es decir con una
diferencia de $144´552.303 .
45. Estimó que la PGN incurrió en una confusión, respecto «del
valor de los prec io s de algunos ítems con el valor total del contrato
como reflejo del presupuesto oficial elaborado como marco de su
celebración y ejecución». En este sentido, la entidad consideró el
valor de cada ítem independientemente del valor total de l contrato,
cuando, por el co ntrario, era la aplicación del procedimiento de
precios unitarios a las cantidades de obra ejecutada, lo que
determinaba el valor del mismo.
46. En estas condiciones la PGN perd ió de vista la existencia de un
presupuesto oficial global y que dicho valor se determin aría una vez
concluyera la obra y que en ningún caso se sobrepasó aquel , ni se
causó un daño al patrimonio público.
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(iv) Violación al debido proceso «e n cuanto a sus pri ncipios de
legalidad e interpretación restrictiva, y de la sentencia C -818 de
2005 y demás normas que se relacionan».
47. Indicó que la PGN le endilgó al demandante que había
desconocido un deber funcional por cuanto había participado en la
actividad contractual con detrimento del patrimonio público al no
disponer d e la correspondiente justificación técnica ni económica
para estipular un mayor precio de lo s ítems de obra 5. 1., 5.3., 5.4.,
5.6., 5.9., 6.1., 6.2., 6.3., 6.5., 6.6., 8.15.1., 8.18.1., y 23.4.1. en el
contrato 1.01 -25500 -287-2006 que suscribió e l 11 de agosto de
2006 con la Unión Temporal MINCIVI L TOPCO S .A.
48. Asimismo, la ilicitud sustancial la hicieron consistir en un
desconocimiento del principio de responsabilidad personal e
incumplimiento del de ber legal d e cuidado en la actividad
contractual para evitar el detrimento del patrimonio de la entidad
antes de la firma d el contrato 287 de 2006, durante su ejecución y
hasta su liquidación, al no justifica r ni técnica ni finan cieramente
los mayores valores contratados y pagados al contratista frente a
los precios unitario s contenidos en el presupuesto oficial.
49. Sin embargo, los funcionarios disciplinarios to maron como
referente para considerar configurado el principio de ilicitud
sustancia l de la falta disciplinaria la supuesta existencia de un
detrimento patrimonial determinado por la ca rencia de justificación
técnica y económica de unos ítems, en la celebración del aludido
contrato. Empero, t al detrimento no existió, tal como lo concluyó la
Contraloría General de la República.
50. Insistió en que en los contrato s a precios unitarios lo s ítems no
se pueden valorar independientemente con prescindencia del precio
global del contrato, porque cada oferente dependiendo de sus
condiciones competitiva s se mueve con diferentes márgenes en su
propuesta , por ende, al no haberse sobrepasado est e presupuesto
global en la ejecución y liquidación del mismo, de acuerdo con la
sentencia C – 818 de 2005, no tuvo ocurrencia un atentado al deber
funcional de preservación del patrimonio público.
51. Citó las sentencias C – 1076 de 2002, C – 125 de 2003 y C –
796 de 2004 y explicó que también se desconoció el principio de
proporcionalidad toda vez que « si hay carencia de antijuricidad
sustancial, no es posible sancionar su conducta pues el contrato
cumplió su cometido y la obra se entregó a satisfacción ». Esto,
porque la esencia de la antijuricidad es la ofensa a un bien jurídico
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protegido por la norma se infringe con la realización de la acción,
sí esta no se presenta, se impone la absolución y no la sanción.
2.2. Contestación de la demanda 5.
52. La Nación- Procuraduría General de la Nación , a través de
apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda para lo cual
manifestó lo siguiente:
53. Las decisiones disciplinarias se produjeron con ocasión del
trámite disciplinario que se adelantó con respeto del derecho al
debido proceso y el der echo de defensa, donde se pudo establecer
que el demandante intervino en el proceso contractual, dentro del
cual no dispuso de justificación técnica y económica frente a la
realización de los í tems de obra 5.7., 8.15.1., 8.18.1, del segundo
contrato de la «Presa Seca de Cantarrana », celebrado entre la
EAAB y la Unión Temporal MINCIVIL S.A. TOPCO SA, en virtud de
lo cual el valor del contrato se pagó con sobrecostos frente a lo que
inicialmente se presupue stó.
54. Precisó que desde el punto de vista juríd ico y probatorio
representa la comisión de una conducta constitutiva de falta
disciplina ria dolosa, en virtud de la infracción de los a rtículos 123
inciso 2.° de la Ca rta Política, 4.° de la Ley 489 de 1 998; 16 inciso
1.° y 25 de la Resolución 1016 de 28 de diciembre de 2005 y 11 de
la Resolución 088 de 1 .° de febrero de 2007, en armonía con los
artículos 34 numerales 1 .° y 21, 35 numeral 7.°, 48 numeral 31 de
la Ley 734 de 2002, sancionable con destituc ión e inhabilidad para
el ejercicio de cargos públicos de 10 a 20 años.
55. El disciplinado no tuvo en cuenta las obras que determinó
INGETEC S.A., y que se debían realizar en su totalidad, sino que
incorporó al contra to , sin soporte técnico ni económico que así lo
justificara , obras n o especificadas ni presupuestadas cuyos valores
aparecen contenidos en los ítems del contrato 5.7., 8.15.1, y 8.18.1.
56. Dijo que el nuevo contrato fue adicionado en 2 ocasiones, la
primera de ella, por $3.869´935.595 para excavaciones y la
segunda adición se suscribió el 9 de agosto de 2007 por valor de
$1.170´462.725 y obras adicionales por valor de $490´000.000 y
una modificación por valor de $747´750 .168 al suprimirse ítems por
valor de $912´712.557.
5 Folios 246 y s.s. cuaderno 1.º.
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57. Dijo que el valor total del contrato fue de $52.427´409.109
según la liquidación realizada el 30 de septiembre de 2007, la cual
fue objeto de aprobación con fecha 30 de noviembre de 2007 .
58. Explicó que el hecho de que se contrate por un valor inferio r al
presupuestado globalmente no puede significar que el ordenador
del gasto tenga la posibilidad de incluir dentro del contrato la
realización de obra s no justif icadas desde el punto de vista té cnico
y económico ni que se deban hacer obras no justificadas hasta
alcanzar o superar el valor presupuestado sin que exista dicho
soporte.
59. Explicó que si bien la Contralorí a Distrital de Bogotá el 8 de
febrero de 2012 archivó el proceso de responsabi lidad fiscal así
como sucedió en la Fiscalía General de la Nación , se tiene que los
procesos de responsabilidad fiscal , penal y disciplinario son de
naturaleza, principios y origen diversos, de manera tal que los
procesos que al respecto se realizan son au tónomos e
independientes y no necesariamente deben coincidir en sus
resultados.
60. Al fallar el proceso la PGN consideró parcialmente probado el
primer cargo por incluir en el contrato los ítems de obra No. 5.7.,
8.15.1, y 8.18.1. no consideradas como necesarios en los estudios
y proyecciones de INGETEC S.A. y de la propia EAAB, es decir , sin
soporte técnico y económico, por violación de los a rtículos 34
numerales 1.° y 21.°; 35 numeral 7.° y 48 numeral 31 de la Ley 734
de 2002. Como cargo No. 2. la PG N cuestion ó la existencia de
sobrecostos en la construcción de una caseta por valor de
$20´452.271. pero de dicho cargo se absolvió al implica do.
61. Aclaró que aunque el precio globalmente presupuestado
eventualmente coincida o esté por encima del precio finalmente
fijado en el contrato, parte de las obras ejecutadas no formaron
parte del análisis t écnico y económico efectuado frente al tema; y
por ello resulta evidente la transgresión de los artículos 123 de la
Carta Política y 4.° de la Ley 489 de 1989 en cuanto los servidores
públicos están al servicio del Estado y de la comunidad , toda vez
que deben ejercer sus funciones administrativas consultando el
interés general.
62. Al demandante se le atribuyó responsabilidad por cuanto como
gerente le correspondía expedir actos, celebrar contratos y ejecutar
operaciones necesarias para asegurar el normal funcion amiento de
la EAAB orientada a optimizar el manejo de sus recursos y tal
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cometido no se cumplió por cuanto parte de las obras que fueron
contratadas carecían de justificación y excedían el costo real .
63. Además, se atentó contra el patrimonio público por cuanto en la
liquidación del contrato 287 de 2006 se aprobó un mayor valor
equivalente en total a $571´507.442,16, tal como se le indicó en el
fallo de primera instancia.
64. Por su parte en el fallo de segunda i nstancia se le precisó que
el deber de cuidado en la actividad contractual para evitar
detrimento del patrimonio y la entid ad surgió desde antes de la
firma del contrato , durante la ejecución y en la liquidación del
mismo al no justificar ni técn ica ni fin ancieramente los mayores
valores contratados y pagados al contratista frente a los precios
unitarios contenidos en el presupuesto oficial , con lo que se
demostró la ilicitud sustancial de la conducta por el
desconocimiento de los principios de moralidad y economía que
rigen la función pública.
65. Explicó que debe tenerse presente que de conformidad con la
Resolución No. 88 de 1.° de febrero de 2007 , en su artículo 11 , con
la liquidación del contrato celebrado se deben efectuar los
reconocimientos a que haya lugar y en el caso que nos ocupa es
evidente que los reconocimientos efectuados no guardan
correspondencia con la analizado y presupuestado por INGETEC
S.A. que fuera acogido como parámetro para definir la contratación
cuestionada , todo lo cual implica la comisión de las faltas
disciplina rias contenidas en los artículos 34 en numerales 1 .° y 21
y 35 numeral 1.° de la Ley 734 de 2002.
66. Dijo que esto se explicó en el fallo de segunda instancia cuando
se dijo que si se hubiera tenido en cuenta los precios de la
invitación al momento de la adjudicación del contrato , aún con los
ajustes por factores al recibir el presupuesto oficial se le hubiera
ahorrado a la entidad la suma de $553 ´530.203 pero como no se
hizo se configur ó el detrimento del patrimonio de la misma por
cuanto pagó una cifra m ayor a la que debía cancelar , con lo que se
transgredieron los principios contra ctuales y se incurrió en la
conducta señalada en la Ley 734 de 2002, artículo 48, numeral 31.
67. Además aclaró que en este caso el demandante nunca allegó al
proceso alguna prueba que condujera a desvirtuar la conducta
imputada ni afirmar que las disposiciones sustantivas cuyo
cumplimiento le eran exigibles se at endieron en debida forma ; al
contrario , lo que emitió fue una opinión acerca del contenido de la
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prueba técnica que sirvió para fundamentar su responsabilidad , es
decir que la defensa se centró en a firmar que la PGN no probó
adecuadamente y desde el punto de vista técnico el m onto de la
afectación patrimonial generada por la celebración y ejecución del
contrato , lo cual, conforme se desprende la motivación de los actos
acusados no es cierto toda vez que éstos fueron claros y señalaron
los costos del co ntrato y las obras a emprender en virtud del
análisis previo realizado por la firma INGETEC S .A.
68. Empero de manera inexplicable el implicado en lugar de acoger
tales estudios decidió contratar unas obras no especificadas en los
mismos y paga r un costo de mayor valor carente de soporte técnico
y económico que lo just ificara , situación examinada en las
providencias de primera y segunda instancia.
69. Finalmente explicó que en este ca so no ocurrió la prescripción
de la acción discip linaria como quiera que se trata de una conducta
de tracto sucesivo que inició con la suscripción del contrato sin
justificar el costo de alguno de los sistemas de las obras
contratadas y concluyó con el pago de tales obras en exceso a favor
del contratista. Por tanto, como la acción disciplinaria prescribe en
5 años contados desde la realizació n del último acto es evidente
que no operó el fenómeno la prescripción como quiera que el acta
de liquidación del contrato se efectuó el 30 de noviembre de 2007
donde se pudo establecer que se pagó un mayor valor al
presupuestado.
2.3. Sentencia de primera instancia 6
70. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió fallo el 11
de agosto de 2016 en el cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y se abstuvo de imponer condena en
costas a la parte demandada.
71. Para tales efectos realizó una extensa relación probatoria,
luego de lo cual particularizó los carg os formulados al demandante
de acuerdo con las decisiones disciplinarias cuestionadas.
72. A partir de ello concluyó que la única conducta sancionada por
la PGN fue el cargo p rimero referente a la participación en la
actividad contractual con detrimento del patrimonio público al no
disponer de la correspondiente justificación técnica ni económica
idónea para estipular un mayor precio de algunos ítems del Contrato
287 de 11 de agosto de 2006 .
6 Folios 370 a 383.
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73. En su consideración la conducta que se sancionó h izo
referencia directa al cumplimiento de requisitos previos a la
suscripción del contrato porque con la firma del contrato se
configuró la falta de justificación técnica y económica que e s una
conducta instantánea y no como se a firm ó en el fallo disciplinario
de segunda instancia puesto que el segundo cargo endilgado en el
auto de formulación de cargos referente a las modificaciones del
contrato no fue objeto de sanción , por tanto , el término de
caducidad no debe contarse ni desde la liquidación del acta ni
desde la modificación del contrato.
74. A partir de allí estimó que de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, la PGN contaba con el tér mino
de 5 años para proferir la sanción disciplinaria término que debía
ser contado desde el 11 de agosto de 2006, es decir, desde la
suscripción del contrato que es la con ducta por la cual se sancionó
al señor Edgar Antonio Ruiz Ruiz .
75. Se refirió a la sentencia del Consejo de Estado de 13 de febrero
de 2014 proferido por la Sección Segunda , Subsección A dentro del
proceso radicado interno 0328 -2012 así como a la sentencia C - 244
de 1996 proferida por la Corte Constitucional, y concluyó que en
este caso la PGN d ebía proferir la decisión sancionatoria de primera
instancia a más tardar el 11 de agosto de 2011, pero dentro del
plenario constaba que fue dictada el 14 de febrero de 2012 .
76. En virtud de ello encontró probado el cargo referente a la
ocurrencia de la prescripción y se abstuvo de analizar l as
restantes causales de anulación formulad as en la demanda .
77. Como consecuencia de lo anterior declaró la nulidad de las
decisiones discip linarias sancionatorias y denegó los perjuicios
materiales reclamados y los correspondientes a l daño a la vida de
relación ; empero, decidió otorgar al demandante 20 SMMLV por
concepto de perjuicios morales d e acuerdo con las pruebas
testimoniales allegadas al proceso. Ordenó que las sumas
resultantes debían ser actualizad as de conformidad con el artículo
187 del CPACA y dar cumplimiento a la sentencia en lo s términos
del artículo 192 ibidem.
78. Finalmente, n egó las demás pretensiones de la demanda y se
abstuvo de imponer condena en costas.
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2.4. Recurso de apelación 7.
79. La apoderad a de la entidad demandada interpuso recurso de
alzada en contra de la decisión de p rimera instancia, en escrito en
el cual manifestó, en síntesis, lo siguiente:
80. Estimó que en este caso se acred itó la tip icidad de la conducta
desplegada por el demandant e. Al efecto explicó que el tipo está
conformado por la descripción de la conducta, que es la parte
objetiva donde se establece el incumplimiento de deberes,
funciones, omisiones y extralimitacio nes del servidor p úblico como
objeto de persecución disciplin aria.
81. Luego citó el cargo por el cual se sancionó al demandante y
explicó que la PGN pudo comprobar que en su calidad de gerente
de la EAAB contrarió los artí culos 123 8 inciso 2.° de la Carta
Política, 4.° 9 de la Ley 489 de 1998, la Resolución 1016 de 2005 y
sus artículos 16 in ciso 1 10 y 25 11 y la Re solución 088 de 2007 , art.
11 12 (ambas hacen parte de los reglamentos internos de la EAAB en
7 Ff. 393 y s.s. Cuaderno principal.
8 «Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los
empleados y trabajadores del Estado y de sus entid ades descentralizadas
territorialmente y por servicios.
Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad;
ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el
reglamento.
La ley determinará el régimen aplicabl e a los particulares que temporalmente
desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio.»
9 «ARTICULO 4.- Finalidades de la función administrativa. La función
administrativa del Estado busca la satisfacción de las necesidades generales
de todos los habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y
cometidos consagrados en la Constitución Política.
Los organismos, entidades y personas encargadas, de manera permanente o
transitoria, del ejercicio de funciones administrativas deben ejercerlas
consultando el interés general».
10 « A R T Í C U L O D É C I M O S E X T O . A D J U D I C A C I Ó N . L a a d j u d i c a c i ó n d e l c o n t r a t o
se hará teniendo en cuenta los criterios expuestos en los términos de
referencia o invitación de presentación de oferta, tales como: precio, plazo,
cumplimiento en contratos anteriores, calidad del bien o servicio, capacidades
técnicas, experiencia, organización y equipo de proveedores».
11 « A R T Í C U L O V I G E S I M O Q U I N T O . - F A C U L T A D D E I N T E R P R E T A C I Ó N . L a s
disposiciones del presente manual deberán ser interpretada s de manera
integral y sistemática, en concordancia con las normas del Código de Comercio
y del Código Civil. Los eventos que no se encuentren previstos expresamente
en el Manual se atenderán aplicando la regla que haya resuelto otro similar a
partir de la vigencia del mismo. En todo caso, la actuación en el procedimiento
de contratación estará regida por los principios de responsabilidad personal y
economía, y orientada a obtener la optimización de los recursos de la Empresa.
De todas formas, la facultad d e interpretar la presente resolución, que adopta
el Manual de Contratación de la EAAB la tendrá la Gerencia jurídica con el
acompañamiento de un asesor de la Gerencia General, designado por ésta. »
12 « A R T Í C U L O D É C I M O P R I M E R O . M o d i f i c a r e l a r t í c u l o v i g é s i m o s e g u n d o d e
la Resolución 1016 de 2005, el cual quedará así: ARTÍCULO VIGÉSIMO
SEGUNDO.- LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. Los contratos de tracto
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concordancia con la Ley 734 de 2002 y sus artículos 34 numeral
1.° 13 y 21, 35 numeral 7.° 14 y 48 numeral 31 15.
82. Según la apoderada la ilicitud rep rochada consistió en el que el
señor Ruiz Ruiz no tuvo en cuenta las obras y precios que
determinó INGETEC S .A., quien elaboró los diseños de la
construcción del proyecto para el control de crecientes de la cuenca
del Río Tunjuelo, los que se debían realizar en su totalidad, sin que
le estuviese permitido al gerente incorporar al contrato, sin soporte
técnico ni económico que lo justificara, obras no especificadas ni
presupuestadas , cuyos valores aparecen contenidos en los ítems
del contrato citados bajo los números 5.7., 8.15.1. y 8.18.1.
83. Indicó que, al carecer de la citad a justificación , resulta ba claro
que los reconocimientos dinerarios que se efectuaron no guardaron
correspondencia con los estudios y los diseños que la empresa
INGETEC S .A. realizó, y que fueron acogidos para definir la
contratación.
sucesivo cuyo valor sea igual o superior a cuatrocientos (400) salarios
mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) y los demás que lo requieran
se liquidarán de común acuerdo por las partes dentro del plazo fijado en cada
contrato.
En el acta de liquidación se consignarán, entre otros, los ajustes y
reconocimientos a que haya lugar, los acuerdos, conciliaciones y
transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias
presentadas y poder declararse a paz y salvo.
Si no hubiere acuer do para liquidar, así lo informará el interventor del
respectivo contrato por escrito al ordenador del gasto, dejando constancia
sobre esta situación y consignando algunos antecedentes y datos del contrato,
tales como, garantías constituidas, balance finan ciero, penas pecuniarias,
multas y obligaciones pendientes. Este informe será remitido a la Gerencia
Jurídica para que sea ésta la que defina las actuaciones pertinentes».
13 « A r t í c u l o 3 4 . D e b e r e s . S o n d e b e r e s d e t o d o s e r v i d o r p ú b l i c o :
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución,
los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por
el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales
y municipales, los estatutos de la entida d, los reglamentos y los manuales de
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones
colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por
funcionario competente.
[…]
21. Vigilar y salvaguardar los bienes y val ores que le han sido encomendados
y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los
fines a que han sido destinados. »
14 « Artículo 35.Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido:
[…]
7. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o
la prestación del servicio a que está obligado. »
15 « A r t í c u l o 4 8 . F a l t a s g r a v í s i m a s . S o n f a l t a s g r a v í s i m a s l a s s i g u i e n t e s :
[…]
31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contract ual, en
detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que
regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la
Constitución y en la ley.»
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84. En ese orden, las decisiones adoptadas por el org anismo no
son fruto de una apreciación sin suste nto, toda vez que las pruebas
demostraron que se contrataron unas obras que adolecían de
justificación y aun así se facilitó el pago de estas, imputación que
se encuentra demostrada y no fue desvirtuada.
85. Dijo que se apartaba del análisis del Tribunal en la medida en
que el estudio del cargo primero que le fue imputado al señor Ruiz
Ruiz y del cual se declaró probado parcialmente y no desvirtuado,
no centró la ilegalidad de la condu cta en el solo hecho de la
suscripción del co ntrato número 1 -01-25500-287-2006- de 11 de
agosto de 2006 . Al contrario, la PGN fue enfátic a en señalar que el
al suscribirse el contrato , no se dispuso de la correspondiente
justificación técnica ni económica para estipular un ma yor precio de
ciertos ítems de obra y pese a ello dicho omisión se prolo ngó
durante la ejecución del contrato y hasta el momento en que se
aprobó la liquidación del mismo.
86. Además, tanto el pliego de cargos como la parte motiva de los
actos administrativos sancionatorios y la parte resolutiva de éstos ,
dieron cuenta que la comisión de la falta fue continuada y no
instantánea porque se tuvo en cuenta lo siguiente:
(i) La fecha de suscripc ión del contrat o fue el 11 de agosto de
2006.
(ii) El contrato fue objeto de 2 modificaciones la primera el 25
de abril de 2007, motivada porque el contratista advirtió que
al comparar las ca ntidades de obra previstas en algunos ítems
del contrato con las establecidas durante la ejecució n del
mismo se presenta un incremento en las excavaciones y
rellenos. La segunda sucedió el 9 de agosto de 2007, donde
se amplió el plazo de ejecución hasta el 15 de septiembre de
2007, y se incrementaron las cantidades de obra en algunos
ítems del contrato para terminar el proyecto.
(iii) El contrato fue liquidado bilateralmente el 30 de
noviembre de 2007.
87. Por tanto la conducta no se agotó con la simple suscripción del
contrato en la medida que la misma se mantuvo dur ante las
modificaciones , la ejecución y hasta la liquidación del mismo toda
vez que el demandante tuvo oportunidad de pronunciarse sobre las
presuntas diferencias en los precios señalados durante las
modificaciones que sufrió el contrato hasta su liquidaci ón y no lo
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hizo, omisión que dio lugar a la erogación de los dineros de la
empresa concluyéndose por la PGN que la conducta del disciplinado
se extendió hasta el último acto constitutivo del presunto detrimento
como es el acto administrativo de liquidación del contrato de obra
el 30 de noviembre de 2007 .
88. Por tanto, no operó la figura de la prescripción de la acción
disciplina ria señala da en el artículo 30 de la Ley 734 de 2007 , antes
de la modificación introducida por la Ley 1474 de 2011 , comoquiera
que la liquidación se realizó el 30 de noviembre de 2007, el fallo de
primera instancia se profirió el 14 de febrero de 2012 y el fallo de
segunda instancia el 22 de junio de 2012 .
2.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
2.5.1. La parte demandante 16 manifestó encontrarse en
desacuerdo con la tesis de prescripción de la acción disciplinaria
señalada por la entidad apelante para lo cual señaló que no es
admisible que el término de prescripción se interrumpa con la
notificación al disciplinado de la providencia que defina la situación
jurídica en primera instancia, pues en su sentir el proceso
disciplina rio es uno solo y en esa medida con la expedición y
notificación del fallo de segunda instancia que resuelve el recurso
de apelación es que debe entenderse finalizada la actuación del
ente de control.
2.5.2. La apoderada de la PGN 17 reiteró los planteamientos
señalados en el recurso de apelación .
89. El Procurador Delegado ante esta Corporación guardó
silencio 18.
III. CONSIDERACI ONES
3.1. Competencia
90. Es competente esta Subsección para decidir dentro del proceso
del epígrafe, conforme con lo dispuesto en el artículo 150 del
CPACA 19.
16 F o l i o s 451 - 454 .
17 F o l i o s 455-466.
18 C o n f o r m e a l a c o n s t a n c i a s e c r e t a r i a l q u e o b r a e n e l f o l i o 4 6 7 d e l e x p e d i e n t e .
19 C P A C A , a r t . 1 5 0 : « C o m p e t e n c i a d e l C o n s e j o d e E s t a d o e n s e g u n d a i n s t a n c i a
y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
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3.2. Problemas jurídicos.
91. En esta oportunidad la controversia se centra en establecer lo
siguiente: (i)¿en e ste caso ocurrió el fenómeno de la prescripción
de la acción disciplinaria?; en caso de que la respuesta al anterior
interrogante sea negativa la Sala deberá establecer: (ii) ¿ La PGN,
al expedir los actos sancionatorios incurrió en falsa motivación al
desconocer qu e la Contraloría General de la República det erminó
que por esos hechos no ocurrió detrimento patrimonial ?, (iii) ¿En
este caso la PGN incurrió en una falsa motivación derivada de una
defectuosa valoración probatoria al analizar el elemento
«detrimento patrimonial» del tipo disciplinario? y (iv) fin almente se
verifica rá si ¿en este caso se desatendió el principio de
interpretación restrictiva establecido en sentencia C -818 de 2005 y
demás normas que se relacionan y con ello el elemento de ilicitud
sustancial?.
92. Para el efecto, la Sala seguirá el siguiente orden metodológico:
se referirá al (i) control integral que e jerce el juez de lo contencioso
administrativo sobre los actos administrativos de carácter
disciplina rio (ii) verifica rá si en este caso ocurrió la pr escripción de
la acción disciplin aria; (iii) analizará aspectos sustanciales de los
elementos que estructuran la responsabilidad disciplinaria,( iv)
analizará la s restantes causales de nulidad alegadas en la
demanda.
3.3. Fondo del asunto
3.3.1. Del control integral de la sanción disciplinaria
93. La Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de
unificación 20, determinó que el juez de lo contencioso administrativo
ejerce un control integral sobre los actos administrativos de
carácter discip lina rio. En tal sentido, está habilitado no solo para
ejercer el juicio de legalidad enmarcado en las causales de nulidad
invocadas por la parte demandante, sino, para analizar todos
aquellos aspectos sustanciales de la actuación disciplinaria, que
permitan cumplir la finalidad de una tutela judicial efectiva.
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así
como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apel ación por parte
de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o
no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de
jurisprudencia […]».
20 C o n s e j o d e E s t a d o , S a l a P l e n a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o , s e n t e n c i a
del 9 de agosto de 2016, CP. William Hernández Gómez. Actor: Piedad Esneda
Córdoba Ruiz, Radicación: 11001 -03-25-000-2011-00316-00(SU).
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94. Para precisar e l alcance del control integral, en la sentenci a de
unificación ut supra se fijaron las sig uientes reglas 21:
i) La competencia del juez administrativo es plena, sin «deferencia
especial» respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de
la acción disciplin aria. ii) La presu nción de legalidad del acto
administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto
administrativo. iii) La existencia de un procedimiento disciplinario
extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el
control judicial. iv) La interp retación normativa y la valoración
probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlabl e ju dicialmente
en el marco que impone la Constitución y la ley. v) Las
irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de
lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia
e imparcialidad qu e lo caracteriza. vi) E l juez d e lo contencioso
administrativo no solo es de control de la legalidad, sino también
garante de los derechos. vii) El control judicial integral involucra
todos los principios que rigen la acción disciplinaria. viii) El juez de
lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial
efectiva.
3.3.2. Breve síntesis del proceso disciplinario adelantado en
contra del señor Edgar Antonio Ruiz Ruiz .
(i) Queja 22. El señor Wilson Alfonso Borja Díaz , representante a
la Cámara 23, y José Fernando Rojas Rodríguez, concejal 24, el 15 de
junio de 2007 presentaron queja en contra del señor Edgar Antonio
Ruiz Ruiz, ante la PGN donde solicitaron investigar las presuntas
irregularidades en que incurrió el acá demandante en el proceso de
adjudicación y ejecución del contrato celebrado para la
construcción del proyecto de control de crecientes del Río Tunjuelo.
Lo anterior, en síntesis, por los siguie ntes hechos:
• Allí indicaron que el proceso licitatorio fue adjudicado al Consorcio
Obras Tunjuelo conformado por Q uality Couries Interna cional SEA
y la firma nacional de diseños y construcciones civiles DI CONCI SA.
• El contrato inició el 21 de febrero de 2005, sin embargo, a los
pocos meses, DICONCI S .A., empresa que hacía pa rte de l
consorcio Obras Tunjuelo , entró en proceso de reestructuración lo
que condujo a su liquidación definitiva. Por lo anterior QUALITY SA
21 I b i d e m .
22 F o l i o s 4 a 15 segundo cuaderno de los antecedentes administrativos.
23 P a r a la época de formulación de la q ueja.
24 I b i d e m .
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le propuso a la EAAB otras firmas para su reemplazo, pero la
entidad guardó silencio frente a esta propuesta y , a l contrario, la
EAAB, le insistió que aceptara a MINCIVIL SA.
• Ante la negativa de QUALITY SA de aceptar a la firma MINCIVIL
SA para que hiciera parte de la unión temporal, la EAAB optó por
decretar la caducidad del contrato, soportada en el atraso parcial
de la obra por el no cumplimiento de unos topes de volúmenes
diarios de producción .
• Según la queja , el objeto del contrat o debía fundamentarse en los
estudios de evaluación y diseños elaborados por INGETEC S.A.
durante el periodo 1967 -1972, sin embargo, los retrasos en las
obras obedecieron a la impericia de INGETEC S.A. en la medida en
que no advirtió de la presencia de fal las geológicas en la zona de
construcción de la presa, situación qu e, según la queja, generó una
información errada en los pliegos de la licitación y sobre costos.
• Durante el proceso de selección inicial la firma MINCI VIL S .A. no
obtuvo calificación por no cumplir las especificaciones técn icas, no
acreditó el subtotal de capacidad de contratación residual mínima
exigida, determinándose en consecuencia como no hábil dentro del
proceso licitatorio.
-Mediante Resolución 205 de 31 de marzo de 2006 el gerente de la
EAAB decretó la caducidad del contrato.
-La EAAB contrató con MINCIVIL S .A. pese a que fue descalificada,
para lo cual se sustentó en que la que fue objeto de descalificación
fue la «UT MINCIVILO SA AIA Arquitectos e Ingenieros Asociados
SA y GRANDICÓN», considerando los quejosos que las uniones
temporales no cambian las condiciones particulares de la s personas
jurídicas.
• Debió acudirse a la empresa que obtuvo la segunda calificación ,
como lo fue «FERRROVIAL EL CÓNDOR», firma que tuvo en cuenta
las evaluaciones y los estudios iniciales llevados a cabo durante el
proceso licitatorio, por lo que no era lógico que se le hubiera
adjudicado el contrato a MINCIVIL S .A.
• Posterio rmente , señalaron en rela ción con el contra to suscrito
entre MINCIVIL SA y la EAAB, que si el contrato inicial suscrito con
el Consorcio Obra s Tunjuelo fue por un valor de $47.500´000.000,
habiéndose ejecutado hasta el momento de la declaratoria de
caducidad $16.000´000.000, no se comprendía por qué el segundo
contrato se suscrib ió por $49.400´000.000.
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(ii) Indagación preliminar. Por auto de 31 de agosto de 2007 , el
Despacho del Procurador General – Oficina Asesores dispuso
la apertura de la indagación preliminar en contra del señor
Edgar Antonio Ruiz Ruiz 25
95. En la citada providencia se ordenó la práctica de visita especial
a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá con el fin de
obtener toda la docume ntación relacionada con el objeto de una
investigación y que no fue aportada por el quejoso , además ordenó
escuchar en versión libre al señor Ruiz Ruiz el 24 d e octubre de
2007, para lo que dispuso notificarle dicha decisión .
(ii) Por Auto 086 de 12 de julio de 20 07 suscrito por la Dire cción
de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico de la Personería de
Bogotá 26 se dio apertura a indagación preliminar en contra del señor
Edgar Antonio Ruiz Ruiz por presuntas irregularidades re lacionadas
con la adjudic ación , contratación y ejecución del contrato celebrado
por la EAAB y la Unión temporal MINCIVIL S .A. TOPCO S.A. para
la construcción de la obra «Presa Seca de Cantarrana ».
(iii) Mediante proveído de 31 de de marzo de 2008 la Procuraduría
General de la Nación de cidió ordenar la acumulación de la acción
disciplina ria radica da con el No. 0142 -160470, al expediente 154 -
162878-07 27.
(iv) Mediante auto de 9 de abril de 2008 el Viceprocurador
General de la Nación 28 decidió ejercer el poder preferente del
proceso 10233 de 2007 que adelantaba la Personería de Bogotá
DC.
(v) Auto de formulaci ón de cargos.
96. Por medio de auto de 15 de octubre de 2010 29 la Pro curaduría
Segunda Delegada para la Contratación Estatal procedió a calificar
la investigación disciplinaria, profiriendo pliego de cargos en contra
de Edgar Antonio Ruiz Ruiz y Ulise s Julio Ibarra Daza , por dos
reproches disciplin arios, a los que se hará alusión en el cuadro
siguiente.
97. En primera instancia se sancionó al señor Edgar Antonio Ruiz
Ruiz al encontrar probado parcialmente el primer ca rgo y se le
25 F o l i o s 12 a 14 Cuaderno segundo del cuaderno actuaciones disciplinarias.
26 F o l i o s 104 y 105 ibidem.
27 F o l i o s 9 8 y s . s . I b i d e m .
28 F o l i o s 1 0 6 – 1 0 7 I b i d e m .
29 F o l i o s 3 1 9 y s . s . d e l c u a d e r n o 3 . ° i b i d e m
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absolvió frente al segundo; dicha decisión fue confirmada e n
segunda instancia por la Sala Disciplinaria de la PGN. Sobre tales
decisiones se referirá la Sala en mayor detalle , así:
DECISIÓN SANCIONATORIA DE
PRIMERA INSTANCIA DE 14 DE
PLIEGO DE CARGOS F E B R E R O D E 2 0 1 2 31 , D I C T A D A
1 5 D E O C T U B R E D E 2 0 1 0 30 LA PROCURADORA DELEGADA
PARA LA MORALIDAD
ADMINISTRATIVA
• FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LOS
CARGOS A través de esta decisión se
sancionó al demandante al
Primer cargo: encontrarlo responsable de la
comisión parcial del primer cargo
«Participar en la actividad contractual en imputado. Al efecto le encontró
detrimento del patrimonio público, al no responsable de la falta gravísima
disponer de la correspondiente justificación a título de dolo, establecida en el
técnica y económica idónea para estipular un a r t , 4 8 n u m e r a l 3 1 43 d e l a L e y 7 3 4
mayor precio de los ítems de obra Nos. 5.1, de 2002. Por lo anterior la PGN
5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.9, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, dispuso :
8.15.1, 8.18.1, 23.4.1., en el contrato No. 1 -
01-25500-287-2006, que suscribió el 11 de «RESUELVE
agosto de 2006 con la UNIÓN TEMPORAL PRIMERO: SANCIONAR
MINCIVIL S.A.- TOPCO S.A., cuyo objeto disciplinariamente al doctor
consistió en la continuación de la EDGAR ANTONIO RUIZ RUIZ
construcción de las obras para el control de identificado con la cédula de
crecientes de la Cuenca del río Tunjuelo, ciudadanía […], en su condición de
respecto a los precios fijados el 31 de julio de Gerente General de la Empresa de
2006 por el diseñador y asesor del Acueducto y Alcantarillado de
mencionado proyecto (INGETEC), omisión Bogotá para la época de los hechos
(carencia de justificación técnica y ( 2006-2007), con DESTITUCIÓN E
económica) que se prolongó durante la INHABILIDAD GENERAL POR EL
ejecución del contrato (25 de agosto de 2006 TÉRMINO DE DOCE (12) AÑOS,
al 15 de septiembre de 2007) y hasta el toda vez que fue encontrado
momento en que el disciplinado aprobó la responsable del cargo No. 1
liquidación del aludido contrato el 30 de (parcial) formulaban el auto de 15
noviembre de 2007 guardando silencio al de octubre de 2010, preferido por
respecto, lo que provocó que las obras el Procurador Segundo Delegado
ejecutadas y pagadas al contratista durante la para la Contratación Estatal en el
ejecución y con ocasión de la liquidación expediente 154-162878-2007, en lo
tuvieran un mayor costo de que tiene que ver con la imputación
$4.297´615.092.30, como se ilustra en el que le fue entregada por los ítems
cuadro No. 1.» de obra Nos. 5.7.. 8.15.1. y 8.18.1.
correspondientes al denominado
Segundo cargo. «[…] participar en la segundo contrato del proyecto de
actividad contractual con detrimento del la Presa seca de Cantarrana de
patrimonio público, al autorizar y susc ribir la conformidad con lo expuesto en la
modificación No. 2. de 9 de agosto de 2007, parte motiva de esta providencia .
mediante el cual (sic) se introdujeron obras […]
adicionales al contrato No. 1-01-25500-287-
2006, que suscribió el 11 de agosto de 2006, TERCERO: ABSOLVER
perfeccionado con la UNIÓN TEMPORAL disciplinariamente al doctor Edgar
MINCIVIL S.A.- TOPCO S.A., cuyo objeto Antonio Ruiz Ruiz identificado con
consistió en la continuación de la la cédula de ciudadanía […], en su
construcción de las obras para el control de condición de Gerente General de la
crecientes de la cuenca del río Tunjuelo, en Empresa de Acueducto y
30 I b i d e m ( f. 321 y s.s.)
31 F f .
40 y s.s.
43 « A r t í c u l o 4 8 . F a l t a s g r a v í s i m a s . S o n f a l t a s g r a v í s i m a s l a s s i g u i e n t e s :
[…]
31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en
detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios
que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados
en la Constitución y en la ley.» (Resaltado original)
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el sentido de incluir el ítem de obra Alcantarillado de Bogotá para la
denominado “construcción de una caseta de época de los hechos ( 2006 -2007),
vigilancia a la entrada de la presa”, por valor frente al cargo No. 1 ( parcial) en
de $37´882.338 con un sobre precio frente a lo que tiene que ver con la
los del mercado de la época, toda vez que su imputación que le fue indicada por
valor era de $17´457.067.39,, lo que provocó los ítems de obra No. 5.3., 5.4.,
un sobrecosto de $20.452.271 por dicho 5.6., 5.9., 6.1., 6.2., 6.3., 6.5.,
concepto, sin que se haya encontrado 6.6., y 23.4.1. al igual que respecto
justificación alguna, según análisis efectuado a la totalidad de la imputación que
al respecto por la Dirección Nacional de le fue indicado en el cargo No. 2,
Investigaciones Especiales de la según auto del 15 de octubre de
Procuraduría General de la Nación .» 2010, proferido por el Procurador
Segundo Delegado para la
IMPUTACIÓN JURÍDICA, FRENTE AL Contratación Estatal en el
PRIMER CARGO, QUE ES SOBRE EL CUAL expediente 154-162878-2007, con
SE LE SANCIONÓ DISCIPLINARIAMENTE EN el consecuente archivo definitivo
PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA. de las presentes diligencias
únicamente con los supuestos
E n c u a n t o a l p r i m e r c a r g o 32, s e s e ñ a l ó q u e e l fácticos examinados en tales
señor Edgar Antonio Ruiz Ruiz en su calidad conductas, con fundamento en el
de gerente de la EAAB contrarió los artículos artículo 73 de la Ley 734 de 2002,
1 2 3 33 i n c i s o 2 . ° d e l a C a r t a P o l í t i c a , 8 3 1 34 d e l de conformidad con lo dispuesto en
C ó d i g o d e C o m e r c i o , 4 . ° 35 d e l a L e y 4 8 9 d e la parte motiva de esta
1998, la Resolución 1016 de 2005 y sus providencia.
a r t í c u l o s 1 6 i n c i s o 1 36 y 2 5 37 y l a R e s o l u c i ó n [ … ] » 44.
32 F o l i o s335 y siguientes del cuaderno 3.° ibidem.
33 «Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios.
Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad;
ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el
reglamento.
La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente
desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio.»
34 « A R T Í C U L O 8 3 1 . E N R I Q U E C I M I E N T O S I N J U S T A C A U S A . N a d i e p o d r á
enriquecerse sin justa causa a expensas de otro. »
35 « A R T I C U L O 4 . - F i n a l i d a d e s d e l a f u n c i ó n administrativa. La función
administrativa del Estad o busca la satisfacción de las necesidades generales
de todos los habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y
cometidos consagrados en la Constitución Política.
Los organismos, entidades y personas encargadas, de manera permanente o
transitoria, del ejercicio de funciones administrativas deben ejercerlas
consultando el interés general».
36 « A R T Í C U L O D É C I M O S E X T O . A D J U D I C A C I Ó N . L a a d j u d i c a c i ó n d e l c o n t r a t o
se hará teniendo en cuenta los criterios expuestos en los términos de
referencia o invitación de presentación de oferta, tales como: precio, plazo,
cumplimiento en contratos anteriores, calidad del bien o servicio, capacidades
técnicas, experiencia, organización y equipo de proveedores».
37 « A R T Í C U L O V I G E S I M O Q U I N T O . - F A C U L T A D D E I N T E R P R E T A C I Ó N . L a s
disposiciones del presente manual deberán ser interpretadas de manera
integral y sistemática, en concordancia con las normas del Código de Comercio
y del Código Civil. Los eventos que no se encuentren previstos expresamente
en el Manual se atenderán aplicando la regla que haya resuelto otro similar a
partir de la vigencia del mismo. En todo caso, la actuación en el procedimiento
de contratación estará regida por los principios de responsabilidad personal y
economía, y orientada a obtener la optimización de los recursos de la Empresa.
De todas formas, la facultad de interpretar la presente resolución, que adopta
el Manual de Contratación de la EAAB la tendrá la Gerencia jurídica con el
acompañamiento de un asesor de la Gerencia General, design ado por ésta.»
44 F . 1 4 6 - 1 4 7 C u a d e r n o p r i n c i p a l .
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0 8 8 d e 2 0 0 7 , a r t . 1 1 38 ( a m b a s h a c e n p a r t e d e
los reglamentos internos de la EAAB ) en
concordancia con la Ley 734 de 2002 y sus
a r t í c u l o s 3 4 n u m e r a l 1 . ° 39, 3 5 n u m e r a l 7 . ° 40 y
4 8 n u m e r a l 3 1 41.
Sobre el quebrantamiento de cada una de
estas normas, en los términos endilgados en
el pliego de cargos, se ahondará en el acápite
siguiente.
La comisión de las faltas señaladas se imputó
a título de dolo y culpa gravísima
r e s p e c t i v a m e n t e 42.
L A D E C I S I Ó N D I S C I P L I N A R I A D E S E G U N D A I N S T A N C I A 45.
La Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación profirió decisión
sancionatoria el 22 de junio de 2012 , a través de la cual confirmó la decisión
sancionatoria de primera instancia en los siguientes términos:
«PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de prescripción i nterpuesta por
el apelante Ulises Julio Ibarra Daza, conforme las razones expuestas en la parte
motivan de la presente providencia .
38 «ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Modificar el artículo vigésimo segundo de
la Resolución 1016 de 2005, el cual quedará así: ARTÍCULO VIGÉSIMO
SEGUNDO.- LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. Los contratos de tracto
sucesivo cuyo valor sea igual o superior a cuatrocientos (400) salarios
mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) y los demás que lo requieran
se liquidarán de común acuerdo por las partes dentro del plazo fijado en cada
contrato.
En el acta de liquidación se consignarán, entre otros, los ajustes y
reconocimientos a que haya lugar, los acuerdos, conciliaciones y
transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias
presentadas y poder declararse a paz y salvo.
Si no hubiere acuerdo para liquidar, así lo informará el interventor del
respectivo contrato por escrito al ordenador del gasto, dejando constancia
sobre esta situación y consignando algunos antecedentes y datos del contrato,
tales como, garantías constituidas, balance financiero, penas pecuniarias,
multas y obligaciones pendientes. Este informe será remitido a la Gerencia
Jurídica para que sea ésta la que defina las actuaciones pertinentes».
39« A r t í c u l o 3 4 . D e b e r e s . S o n d e b e r e s d e t o d o s e r v i d o r p ú b l i c o :
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución,
los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por
el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distrita les
y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones
colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por
funcionario competente.
[…]
21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados
y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los
fines a que han sido destinados. »
40 « A r t í c u l o 3 5 . P r o h i b i c i o n e s . A t o d o s e r v i d o r p ú b l i c o l e e s t á p r o h i b i d o :
[…]
7. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o
la prestación del servicio a que está obligado. »
41 « A r t í c u l o 4 8 . F a l t a s g r a v í s i m a s . S o n f a l t a s g r a v í s i m a s l a s s i g u i e n t e s :
[…]
31. Participar en la etapa precont ractual o en la actividad contractual, en
detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios
que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados
en la Constitución y en la ley.» (Resaltado original)
42 F o l i o 3 3 9 C u a d e r n o s e g u n d o .
45 F f . 1 7 2 y s . s . C u a d e r n o p r i n c i p a l .
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Demandante: Edgar Antonio Ruiz Ruiz
SEGUNDO: CONFIRMAR los ordinales primero y segundo de la parte resolutiva de
la providencia de 14 de febrero de 2012, media nte los cuales el Procurador
Delegado Para La Moralidad Pública, declaró disciplinariamente responsable del
cargo endilgado a los señores Edgar Antonio Ruiz Ruiz […] en calidad de Gerente
General y Ulises Julio Ibarra […] en calidad de director de Contratación y Compras
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para la época de los hechos
y les fue impuesta sanción consistente en DESTITUCIÓN E INHABILIDAD
GENERAL para el ejercicio de cargos y de funciones públicas por el tér mino de
doce (12) años, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta
providencia.
[…]».
3.4. Análisis de la Sala
3.4.1. Primer problema jurídico. ¿Ocurrió e n es te caso el
fenómeno de la prescripción de la acción disciplinaria?
98. Como ya se in dicó en la parte h istórica, la PGN sostuvo en la
apelación que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no tuvo
en cuenta que la falta disciplinaria por la cual se sancionó al
demandante es de naturaleza continuada con lo cual no tuvo
ocurrencia el citad o fenómeno de la prescripción comoquiera que
debió atenderse a la fecha de suscripción de la liquidación del
contrato y no solo la suscripción del contrato .
99. Para el efecto, la Sala abordará el análisis del ele mento de la
responsabilidad disciplinaria relacion ado con la tipicidad y a partir
de allí realizará el juicio de adecuación de la conducta, el marco
jurídico del fenómeno de la prescripción de la acción disciplinaria y
lo contrastará con los elementos de prueba allegados.
3.4.1.1. De la tipicidad y el juicio de adecuación típica en
materia disciplinaria
100. En lo que se refiere a la t ipicidad , es pertinente señalar, como
lo ha expuesto la Corte Consti tucional en reiteradas decisiones, que
el régimen disciplinario se caracteriza, a diferencia del penal,
porque las conductas constitutivas de falta disciplinaria están
consignadas en tipos abiertos , ante la imposibilidad del legislador
de contar con un lis tado detallado de comportamientos donde se
subsuman todas aquellas conductas que están prohibidas a las
autoridades o de los actos antijurídicos de los servidore s públicos.
101. Por lo tanto, las normas disciplinarias tienen un complemento
compuesto por disposiciones que contienen prohibiciones,
mandatos y deberes, al cual debe remitirse el operador d isciplinario
para imponer las sanciones correspondientes, circunstancia que sin
vulnerar los dere chos de los procesados permite una mayor
adaptación del derecho disciplinario a sus objetivos 46.
46 S o b r e
la vigencia del sistema de tipos abiertos en el ámbito disciplinario ver
-entre otras- las sentencias C-181/02, MP Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, y
C-948 de 2002, MP Dr. Álvaro Tafur Galvis
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102. Así las cosas, el que adelanta la investigación disciplinaria
dispone de un campo amplio para establecer si la conducta
investigada se subsume o no en los supuestos de hecho de los tipos
legales corre spondientes, y si fue cometida con dolo o con culpa,
es decir, en forma consciente y voluntaria o con violación de un
deber de cuidado, lo mismo que su mayor o menor grado de
gravedad, sin que ello sea una patente para legitimar posiciones
arbitrarias o ca prichosas.
103. En el sub judice , se tiene que en el pliego de cargos se le
atribuyó al señor Edgar Antonio Ruiz Ruiz, el siguiente cargo, por
el cual se le sancionó en primera y segunda instancia :
« Par t icipar en la act i vidad cont r act ual en det r im ent o del pat r i m onio
públ ico, al no dispo ner de la cor r espondient e j ust if icación t écnica
y económ ica id ónea par a est ipular un m a yor pr ecio de los í t e m s de
obr a Nos . 5. 1, 5. 3, 5. 4, 5. 6, 5. 7, 5. 9, 6. 1, 6. 2, 6. 3, 6. 5, 6. 6, 8.15. 1,
8. 18. 1, 23. 4. 1. , en el cont r at o No. 1 - 01- 25500- 287- 2006 , que
suscr ibió e l 11 de agost o de 2006 c o n la U NI Ó N TEM P O RAL
M I NCI VI L S. A. - TO PCO S. A. , cuyo obj et o consist ió en la
cont inuaci ón de la const r ucción de las obr as par a el c ont r ol de
cr ecient es de la Cu enca del r í o Tunj uel o, r espect o a los precios
f ij ados el 31 de j ulio de 2006 por el diseñador y asesor del
m encionado pr oye ct o ( I NG ETEC) , om isión ( car encia de
j ust if icación t écnica y económ ica) que se prol ongó durant e la
ej ecuci ón del cont rat o ( 25 de agost o de 2006 al 15 de
sept i embre de 2007) y hast a el momento en que el di sci pl inado
aprobó l a l i qui dación del al udi do cont rat o el 30 de noviembre
de 2007 guar dan do silenc io a l r espect o, lo que pr ovocó q ue las
obr as ej ecut adas y pagadas al c ont r at ist a dur ant e la ej ecución y
con ocasión de l a liqu idac ión t uvi er an un m ayor cost o de
$4. 297´ 615. 092. 30, com o se ilust r a en el cuadr o No. 1. » 47 (
Negrilla de la Sala)
104. Acorde con el citado cargo se señaló que el señor Edgar
Antonio Ruiz Ruiz en su calidad de gerente de la EAAB contrarió 48
el artículo 123 49 inciso 2.° de la Carta Política . Esto porque :
«[ …] t r ansgr edió, posib lem ent e la disposici ón inm ediat a m ent e
ant er ior por f alt a de aplicac ión y viola ción dir ect a, dado que es
deber de t odo ser vi dor públ ico cum pl ir con sus f uncion es en la
f or m a pr evist a en la Const it ución, la ley y el r eglam ent o, lo que se
47 F . 15.
48 F o l i o s
335 y siguientes del cuaderno 3.° ibide m.
49«Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios.
Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad;
ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el
reglamento.
La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente
desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio.»
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inobser vó al no salv aguar dar los r ecur sos de la Em pr esa […] con
la om isión que se l e r epr ocha».
105. Igualmente se dijo que desconoció el art. 831 50 del Código de
Comercio, porque :
«[ . .] al est ipular un m ayor valor en los it em s de obr a en el
cont r at o, sin f undam ent o t écnico y económ ico, pr ovocó un sobr e
cost o en el cont r at o, gener ando e l m enoscabo del p at r im onio de la
ent idad cont r at ant e y consecuent em ente un enr iquecim ient o sin
j ust a causa del con t r at ist a a expensas de los r ecur sos púb lico s
[ …] en vir t ud de que se r econoció y pagó un valor super ior al
cont r at ist a, en la m edida en que se hizo caso om iso al pr esupuest o
est ablecid o por el diseñador y as esor del pr oyect o qu ie n f ue
cont r at ado pr ecisam ent e par a act ualizar el pr ecio del m ism o,
t enien do en cuent a que acr edit aba exper ienc ia en estudios,
diseño, super vis ión y asesor í a en el cam po de pr esas par a
dif er ent es t ipos de pr oyect os, t ant o a nivel nacional com o
int er naciona l».
106. En cuanto al art. 4.° 51 de la Ley 489 de 1998 , se indicó :
«[ …] la f unción adm inist r at iva est á al ser vicio del i nt er és gener al
lo que f ue desat endido con la om isión que se le r epr ocha t odo es
que el m ayor valor que causó en los t r abaj os obj et o del co nt r ato
[ …] se alej a del obj et ivo pr inc ipa l par a el cual f uer on inst it uid os los
ser vidor es públ icos [ …] ».
107. En lo referente a la Resolución 1016 de 2005 «Por la cual se
adopta el Manual de Contratación de la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Bogotá, E.S.P.», en sus artículos 16 inciso
1 52 y 25 53 la PGN indicó:
50 «ARTÍCULO 831. ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA. Nadie podrá
enriquecerse sin justa causa a expensas de otro. »
51 « A R T I C U L O 4 . - F i n a l i d a d e s d e l a f u n c i ó n administrativa. La función
administrativa del Estado busca la satisfacción de las necesidades generales
de todos los habitantes, de con formidad con los principios, finalidades y
cometidos consagrados en la Constitución Política.
Los organismos, entidades y personas encargadas, de manera permanente o
transitoria, del ejercicio de funciones administrativas deben ejercerlas
consultando el interés general».
52 « A R T Í C U L O D É C I M O S E X T O . A D J U D I C A C I Ó N . L a a d j u d i c a c i ó n d e l c o n t r a t o
se hará teniendo en cuenta los criterios expuestos en los términos de
referencia o invitación de presentación de oferta, tales como: precio, plazo,
cumplimiento en contratos anteriores, calidad del bien o servicio, capacidades
técnicas, experiencia, organización y equipo de proveedores».
53 « A R T Í C U L O V I G E S I M O Q U I N T O . - F A C U L T A D D E I N T E R P R E T A C I Ó N . L a s
disposiciones del presente manual deberán ser interpretadas de manera
integral y sistemática, en concordancia con las normas del Código de Comercio
y del Código Civil. Los eventos que no se encuentren previstos expresamente
en el Manual se atenderán aplicando la regla que haya resuelto otro similar a
partir de la vigencia del mismo. En todo caso, la actuación en el procedimiento
de contratación estará regida por los principios de responsabilidad personal y
economía, y orientada a obtener la optimización de los recursos de la Empresa.
De todas formas, la facultad de interpreta r la presente resolución, que adopta
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«[ …] el invest igad o pr et endió posibl em ent e las disposiciones
inm ediat am ent e ant er ior es t eniendo en cuent a que er a su deber
pr ot eger y opt im izar los r ecur sos de l a Em pr esa [ …] con ocasión
de la ce lebr ac ión, ej ecución y liqu ida ción de l cont r at o 2 87/ 06,
et apas en las que in t er vino act ivam ent e, per o no lo hizo, pu es sin
f undam ent o alguno, est ipuló d iscr eci on alm ent e m ayor es valor es
en los í t em s de obr a cuest ionados a l m om ent o de su celebr a ción,
lo que a la postr e provocó que el pr oyecto t uvier e un cost o super ior
al est ablec ido por e l diseñ ador ( I NG ETEC) , en la m edida e n que
f uer on esos valor es los ut ilizad os par a r econocer y liquida r las
cant idades de obr a ej ecut adas por el cont r at ist a, ant e el sil encio
del inv est igado e n est e aspect o dur ant e las alu didas et apas
cont r act uales ».
108. En cuanto a la Resolución 088 de 2007, por la cual se
modificó el manual de contratación de la EAAB, e n su art. 11 54
la PGN indicó que el accionante:
«[ …] apr obó la liqui dación del cont r at o 287/ 06, r econociend o los
m ayor es valor es qu e est ipul ó par a los í t em s r elacionados en el
car go, consolida ndo el m ayor cost o de las obr as equiv alen t es a
$4. 297´ 615. 092. 30, sin cont ar pr eviam ent e con el f undam ent o
t écnico y económ ico que se lo perm it ier a y ant e el silencio que
guar dó en est e aspect o t ant o en la ej ecución com o en la
liqu idac ión, no obst ant e, haber t enido l a opor t unidad de int er venir
act ivam ent e en las m ism as par a at ender asunt os r elacionad os con
el desar r oll o del pr o yect o. »
109. En cuanto a la Ley 734 de 2002, el pliego de ca rgos indicó que
se desconoció el art. 34 numeral 1.° 55, porque « […] desconoció el
el Manual de Contratación de la EAAB la tendrá la Gerencia jurídica con el
acompañamiento de un asesor de la Gerencia General, designado por ésta. »
54 « A R T Í C U L O D É C I M O P R I M E R O . M o d i f i c a r e l a r t í c u l o v i g é s i m o s e g u n d o d e
la Resolución 1016 de 2005, el cual quedará así: ARTÍCULO VIGÉSIMO
SEGUNDO.- LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. Los contratos de tracto
sucesivo cuyo valor sea igual o superior a cuatrocientos (400) salarios
mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) y los demás que lo requieran
se liquidarán de común acuerdo por las partes dentro del plazo fijado en cada
contrato.
En el acta de liquidación se consignarán, entre otros, los ajustes y
reconocimientos a que haya lugar, los acuerdos, conciliaciones y
transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias
presentadas y poder declararse a paz y salvo.
Si no hubiere acuerdo para liquidar, así lo informará el interventor del
respectivo contrato por escrito al ordenador del gasto, dejando constancia
sobre esta situación y consignando algunos antecedentes y datos del contrato,
tales como, garantías constituidas, balance financiero, penas pecuniarias,
multas y obligaciones pendientes. Este informe será remitido a la Gerencia
Jurídica para que sea ésta la que defina las actuaciones pertinentes».
55« A r t í c u l o 3 4 . D e b e r e s . S o n d e b e r e s d e t o d o s e r v i d o r p ú b l i c o :
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos e n la Constitución,
los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por
el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales
y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones
colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por
funcionario competente.
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disciplinado presuntamente estas normas que consagran los
deberes que tenía que cumplir y hacer cumplir la Constitución, las
leyes y los reglamentos de la entidad, así como el de proteger los
dineros (bienes) pertenecientes al patrimonio de la entidad
contratante, más aún, cuando el reglamento interno de contratación
imponía la obligación de optimizar los recursos que se utilizaran
(sic)en dicha actividad […]».
110. Frente al artículo 35 numeral 7.° 56 ibidem se indicó : «el
investigado no tuvo en cuenta, al parecer, la disposición
inmediatamente anterior, dado que sin disponer de fundamento
técnico y económico alguno, estipuló un mayor valor en los items
de obra y permitió q ue fueron utili zados durante la ejecución y
liquidación para reconocer las cantidades de obra realizadas
por el contrati sta, guardando silencio en este aspecto,
ocasionando un mayor valor en el co ntrato y, consecuentemente,
el menoscabo del patrimonio de la entidad contratante ».
111. Finalmente le endilgó la falta gravísima del art. 48 numeral
31 57 ibidem, aparte resaltado, consistente en « Participar en la
etapa precontra ctual o en la actividad contractual, en
detrimento del patrimonio público, […] » porque «[…] con el
reproche que se le endilga originó un mayor costo de las obras
ejecutadas por la Unión temporal MI NCIVIL – TOPCO SA
equivalente a $4.297´615.092.30 asumido por el patrimonio de la
entidad contratante, debido a que en el contrato se estipularon
mayores precios de los ítems citados, desconociendo los
establecidos por el diseñador y aseso r del proyecto (ING ETEC), sin
disponer de justificación técnica y económica idónea para el efecto,
omisión que se prolongó durant e las etapas contractuales
subsiguientes ante el silencio del disciplinable en este aspecto en
particular, las que no le fueron ajenas dado que intervino
activamente en las mismas para atender asuntos relacionados con
el desarrollo del proyecto. »
[…]
21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados
y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los
fines a que han sido destinados. »
56 « A r t í c u l o 3 5 . P r o h i b i c i o n e s . A t o d o s e r v i d o r p ú b l i c o l e e s t á p r o h i b i d o :
[…]
7. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o
la prestación del servicio a que está obligado. »
57 « A r t í c u l o 4 8 . F a l t a s g r a v í s i m a s . S o n f a l t a s g r a v í s i m a s l a s s i g u i e n t e s :
[…]
31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en
detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios
que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados
en la Constitución y en la ley.» (Resaltado original)
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112. Ahora bien, como se indicó en la parte histórica, en la
sentencia de 11 de agosto de 2016 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, encontró probado uno de los argumentos de la
demanda consistente en que en este caso se ejecutó una sanción
disciplina ria prescrita, al considerar que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 .
113. Para tal efecto el Tribunal citó de manera parcial el cargo
endilgado al señor RUIZ RUIZ, y estableció que , como la falta
disciplina ria era de naturaleza instantánea la PGN contaba con un
término de 5 años para proferir la sanción disciplinaria, término que
debía ser contado desde la suscripción del contrato No .01-25500-
2872006 el 11 de agosto de 2006 . Esto en los siguientes términos :
« D e l c o n te n i d o d e l m a te ri a l p ro b a to ri o q u e re p o s a e n e l e x p e d i e n te
e n e s p e c i a l e l a u to d e fe c h a 1 5 d e o c tu b re d e 2 0 1 0 y e l fa l l o d e
p ri m e ra i n s ta n ci a s e a d v i e rte q u e u n o d e l o s c a rg o s e n d i l g ad o s a l
a c to r y q u e fi n a l men te p ro s p e ró fu e « P a rti c i p a r e n l a ac ti v i d a d
c o n tra c tu a l c o n d e tri m e n to d e l p a tri m o ni o p ú b l i c o , a l n o d i s p o n e r d e
l a c o rre s p o n d ie n te ju s ti fi c a c i ó n té c n i ca , n i e c o n ómi c a i d ón e a p a ra
e s ti p u l a r u n m a yo r p re c i o d e l o s íte m s d e o b ra N o s . 5 .1 , 5 .3 , 5 . 4 , 5 .5 ,
5 .7 , 5 .9 , 6 .1 , 6 .2 , 6 . 3 , 6 .5 , 6 .6 , 8 .1 5 , 8 .1 8 .1 , y 2 3 .4 .1 e n e l c o n tra to
N ° 1 -0 1 -2 5 5 0 0 -2 8 7 -2 0 0 6 s u s c ri b i ó e l 1 1 d e a g o s to d e 2 0 0 6 c o n l a
U N IÓN T E MP ORA L MIN IC IV IL S .A . - T OP C O q u e S .A ., c u y o o b j e to
c o n s i s ti ó e n l a c o n tin u a c i ó n d e l a c o n s tru c c i ó n d e l a s o b ra s p a ra e l
c o n tro l d e l ri o T u n j ue l o , re s p e c to a l o s p re c i o s fi j a d o s e l 3 1 d e j u l i o
d e 2 0 0 6 , p o r e l d i s e ñ a d o r y a s e s o r d e l m e n ci o n a do p ro y e c to
(IN GE T EC ) o m i s ión (c a re n c i a de j u s ti fi c a c i ó n té c n i c a y
e c o n óm i c a )… .» .
D e l a n ál i s is d e l p re c i ta d o c a rg o s e ti e n e , q u e l a c o n d u c ta q u e l a
a d mi n i s tra c i ó n l e re cri m in ó a l in v e s ti g a d o e s l a om i s ió n o fa l ta d e
c u i d a d o e n l a c e l e b ra c i ó n d e l c o n tra to N ° 1 -0 1 .2 5 5 0 0 - 2 8 7 -2 0 0 6 d e
fe c h a 1 1 d e a g o s to d e 2 0 0 6 , p o r l a i n d e b i d a j u s ti fi c a c i ón té c n i c a y
e c o n óm i c a q u e g e ne ró u n d e tri m e n to e n e l p a tri m o n i o p ú bl i c o .
L a o m i s ió n q u e o ri g i n ó l o s fa l l o s d i s c i p li n a ri o s s e c o n c re tó e n e l
q u e b ra n ta mi e n to d e u n d e b e r fu n c i o n a l e n l a s u s c ri p c i ó n d e l c o n tra to
e n tre l a E .A .A .B y l a u n i ó n tem p o ra l MIN IC IV IL S .A . T OP C O S .A ., p o r
e l i n c re me n to d e l o s v a l o re s e n l a c o n s tru c c i ó n d e l a o b r a q u e
re g u l a ría l a s c re c i e n t e s d e l ri o T u n j u e l i to , d e b i d o a q u e e l i n v e s t i g a d o
p re s c i n d i ó d e l o s p re c i o s e n tre g a d o s p o r l a fi rm a IN GE T E C , q u e fu e
c o n tra ta d a p a ra a c tu a l i z a r l as c a n ti d a de s fa l ta n te s y l o s p re c i o s
u n i ta ri o s d e l a s a c ti v id a d e s .
E n ra z ó n a l o e x p u e s to y a te n d i e n d o q u e l a a c ti v i d a d p o r l a q u e s e
s a n c i o n ó al d em a n da n te g u a rd a re l a c i ó n d i re c ta c o n l a s u s c ri p c i ón
d e l c o n tra to d e fe c h a 1 1 d e a g o s to d e 2 0 0 6 , e n c u e n tra l a S a l a q u e l a
c o n d u c ta q u e o ri g i n ó e s ta c o n tro v e rs i a e s i n s ta n tá n e a , y a q u e e l
h e c h o g e n e ra d o r d e la s a n c i ó n fu e l a c e l eb ra c i ó n d e l c o n tra to .
[… ] » .
114. Luego de esto, indicó que no estaba de acuerdo con la PGN
en cuanto a que la conducta fuera considerada de carácter
permanente porque «la única conducta sancionada por la
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Procuraduría General de la Nación f ue el cargo primero referente
a la participa ción en la actividad co ntractual con detrimento del
patrimonio público, al no disponer de la correspondiente
justificación técnica, ni económica idónea para estipular un mayor
precio de algunos ítems del contrato[…] es decir, que la conducta
que se sancion ó hace referencia directa al cumplimiento de
requisitos previos a la suscripción del contrato porque con la firma
de dicho contrato se configuró la falta de justificación técnica y
económica que es una conducta instantánea […]» (Negrilla de la
Sala).
115. Ahora bien, establecido lo anterior, es de señalar, que en este
caso es aplicable el artículo 30, de la Ley 734 de 2002, previa la
modificación introducida por la Ley 1474 de 2011 58, vigente al
momento en que se formuló la queja disciplina ria al deman dante el
15 de junio de 2007 59 y en aplicación de la Directiva 016 de 30 de
noviembre de 2011, proferida por la Procuraduría General de la
Nación donde indicó:
«PRI M ERO : El ar t í culo 132 de la ley 14 74 de 2011, por m edio de
la cual se m odif ica el ar t í culo 30 de la ley 734 de 2002, deber á
aplic ar se en m at er ia de pr escr ipción solam ent e r espect o de los
hechos ocur r idos a p ar t ir del 12 de j ulio d e 2011. En consecue ncia,
t odos los pr ocesos discip lin ar ios que a di cha f echa se encont r ar en
en cur so y aún aquellos q ue no se hubier en inicia do per o que se
r ef ier an a hechos ant er ior es a la expedic ión de la ley 1474,
deber án r egir se por el t ér m ino pr escr ipt ivo de la a cción
discip li nar ia, pr evist o en el ar t í culo 30, or igina l, de la ley 734 de
2002. »
116. En este sentido, el artículo 30, original, disponía:
«Ar t í culo 30. Tér m inos de pr escr ipción de la acción discipl i nar ia.
La acción disc ip linar ia pr escr ibe en cinc o años, cont ados par a las
f alt as inst ant áneas desde el dí a de su consum ación y par a las de
car áct er per m anente o cont inuado des d e la r eal izació n del últ im o
act o.
58 Esta norma fue modificada por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011, y
quedó de la siguiente manera:
«Artículo 132. Caducidad y prescripción de la acción disciplinaria. La acción
disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia de
la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Este
término empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de su
consumación, para las de carácter permanente o continuado desde la
realización del último hecho o acto y para las omisivas cuando haya cesado el
deber de actuar.
La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto
de apertura de la acción disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas
juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple independientemente
para cada una de ellas.
Parágrafo. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo
establecido a los tratados internacionales que Colombia ratifique».
En todo caso, este artículo se declaró derogado, a partir del 1 de julio de 2019,
por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019.
59 F o l i o s 4 a 1 5 s e g u n d o c u a d e r n o d e l o s a n t e c e d e n t e s a d m i n i s t r a t i v o s .
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-00349-01 (0862-2017)
Demandante: Edgar Antonio Ruiz Ruiz
En el t ér m ino d e d oce años, par a l as f alt as señala das e n los
num er ales 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del ar tí culo 48 y las del ar tí culo 55
de est e código .
Cuando f uer en var i a s las conduct as j uzg adas en un so lo pr o ceso,
la pr escr ipción de las acciones se cum ple independ ient e m ent e
par a cada una de ell as.
Parágraf o. Los t érm inos pr escr ipt ivos aquí pr evist os quedan
suj et os a lo est ablecid o en los t r at ados int er naciona les que
Colom bi a r at if ique [ …] » ( Apar t e t achado declar ado I NEXEQ UI BLE
por la Cor t e Const it uciona l m ediant e Se nt encia C - 948 de 2 002) .
117. De acuerdo con la norma en cita, para determinar cuándo
comienza a contabilizarse el término de prescripción debe
establecerse si la falta disciplinaria es instantánea, permanente o
continuada, aspecto sobre el cual vale la pena citar el análisis de
la Corte Constitucional en sentencia T - 282A de 2012 60 donde indicó
lo siguiente:
«6. 3. 1. Ret om ando la clasif icac ión de las f alt as, se r eseña la
post ur a est ablecida por la Pr ocur adur í a G ener al de la N ación,
inst it ució n que en el ej er cicio de su cont r ol discipl i nar io
pr evalent e, ha or denado los t ipos sanci onat or ios conf or m e “ a las
cir cunst ancias m oda les y t em por ales en que se pr esent an, com o
de: i) M er a conduct a, donde el com por t am ient o se adecua al
incum pl im ient o sim p le y l lano de la nor m a; ii) De r esult ado en las
que se necesar i a m ent e se pr esent a un r esult ado o ef ect o
nat ur alí st ico ; iii) I nst ant áneas cuando la r ealizac ión del
com por t am ient o descr i t o com o ilí cit o se agot a en un solo m om ent o,
es decir cuando se ext er ior iza la acción o la om isión y, iv)
Per m anent e o cont inuada, cuando el com por t am ient o se pr olonga
en el t iem po, de m an er a que la cons um ación de la f alt a se pr o l onga
o per dur a ent r e t anto dur e la conduct a” 61.
I gualm ent e, el ent e de cont r ol ha m anif est ado que “ la conduct a se
puede agot ar con u na única act iv idad q ue despl iegue e l aut or en
un solo m om ent o o por el cont r ar io, se suceda dur ant e un p er iodo
de t iem po y solo a l c abo del m ism o pu ed e decir se que e l hec ho se
ej ecut ó. En los delit os inst ant áneos la le sión del der ech o aj eno se
agot a cuando se consum an, com o ocur re con el hom icidio . En los
delit os per m anent es o cr ónicos la lesi ón del der echo aj eno se
pr olonga dur ant e t o do el t iem po que du r a la consum ació n, com o
en el secuest r o, la det ención ar bit r ar ia, et c. No debe conf undir se
el delit o per m ane nt e con el delit o inst ant áneo de ef ect os
60 C o n
ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva.
61 P r o c u r a d u r í a
General de la Nación, Dependencia: Procuraduría
Primera Delegada para la Vigilancia Administrat iva; fallo del 20 de abril de
2007 Radicación Nº: 038- 05956-04. Disciplinado: Luís Enrique Rosales
Rocha; Cargo y Entidad: Coordinador Fondo de Prestaciones del Magisterio
del Departamento de Guainía. Quejoso: Informe Servidor Público. Fecha de
Queja: Agosto 24 de 2004. Fecha hechos: Octubre 29 de 2003; Asunto:
Providencia por medio de la cual se modifica un fallo sancionatorio de primera
instancia. (Artículo 171 de la ley 734 de 2.002)
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per m anent es ( que al gunos l lam an suces i vo) . En el pr im er o lo que
se pr olonga no es el ef ect o del deli t o s ino el est ado de la
consum ación . En el segundo la consum a ción es inst ant ánea per o
los ef ect os son m ás o m enos lar gos . La clasif ic ación ant er i or t iene
im por t ancia par a det er m inar el m om ent o en que pr incip ia a c or r er
el t ér m ino par a la Pr escr ipción de la ac c ión pena l. En los d elit os
per m anent es el t ér m ino de la pr escr i pción pena l pr inc ip ia a
cont ar se el dí a en que t er m ina el estado de consum ación. En
cam bio si el de lit o es inst ant áneo, per o de ef ect os per m anent es,
el t ér m ino de p r escr ipción cor r e desde e l dí a de la
consum ación . ’” 62(subrayado por fuera del texto original)».
118. En este caso el deber infringido atribuido al señor Ruiz Ruiz
fue «Participar en la actividad contractual en detrimento del
patrimonio público, al no disponer de la correspondiente
justificación técnica y económica idónea para estipular un mayor
precio de los ítems de obra Nos . 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.9, 6.1,
6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 8.15.1, 8.18.1, 23.4.1., en el contrato No. 1 -01-
25500-287-2006, que suscribió el 1 1 de agosto de 2006 con la
UNIÓN TE MPORA L MINCIVIL S.A. - TOPCO S.A., cuyo objeto
consistió en la continuación de la construcción de las obras para el
control de crecientes de la Cuenca d el río Tunjuelo, respecto a los
precios fijados el 31 de julio de 2006 por el diseñador y asesor del
mencionado proyecto (INGETEC), omisión (carencia de justificación
técnica y económica) que se prolongó durante la eje cución del
contrato (25 de agosto de 2006 al 15 de septiembre de 2007) y
hasta el momento en que el disciplinado aprobó la liquidación
del aludido contrato el 30 de noviembre de 2007 guardando
silencio al respect o, lo que provocó que las obras ejecutadas y
pagadas al contratista durante la ejecución y con ocasión de la
liquidación tuvieran un mayor costo de $4.297´6 15.092.30, como
se ilustra en el cuadro No. 1. » 63 ( Negrilla de la Sala) .
119. Por dicho cargo fue que se le sancionó disciplinariamente por
parte de la Procuraduría General de la Nación el 14 de febrero de
2012, al advertir que los ítems de obra 5.7., 8.15.1. y 8.18.1. fueron
contratados, ejecutados, y pagados al contratista con un sobrecosto
mayor al establecido por la firma ING ETEC S.A., decisió n que fuera
confirmada en segunda instancia.
120. Como se adviert e de lo anterio r, es apenas evidente que el
análisis del Tribun al no se ocupó de analizar en su integridad el
primer cargo endilgado al señor Ruiz Ruiz .
62 Despacho de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios Mar ía
Leonor Rueda Rueda, Bogotá, D.C., 17 de Julio de 2006 respuesta a consulta
PAD C-214-06.
63 F . 1 5 .
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121. En efecto, salta de bulto, que inclusive sólo se refirió a la
primera parte de éste, omitiendo, aquel aparte del pliego de cargos
donde señala que «[…] que se prolongó durante la ejecución del
contrato (25 de agosto de 2006 al 15 de septiembre de 2007) y
hasta el momento en que el disciplinado aprobó la liquidación
del aludido contrato el 30 de noviembre de 2007 guardando
silencio al respect o, lo que provocó que las obras ejecutadas y
pagadas al contratista durante la ejecución y con ocasión de la
liquidación tuvieran un mayor costo de $4.297´615.092.30, como
se ilustra en el cuadro No. 1. »
122. Adicionalmente, el Tribunal pasó de largo sobre cada de una
de las situaciones señaladas en el pliego de cargos, que fueron
relacionadas por la Procuraduría General de la Nació n, frente a
cada de una de las normas cuyo desconocimiento se le atribuy ó al
señor Ruiz Ruiz y d onde de forma reiterada se hizo referencia a que
la incursión en la falta disciplinaria ocurrió durante la
celebración, ejecución y liquidación del contrato, que imponían
examinar la actividad contractual del gerente general de la
EAAB durante todo el desarrollo del contrato hasta su
liquidación, tal como se puntualizó en precedencia.
123. En efecto, en la citada providencia de formulación de cargos
se hizo alusión a la celebración del contrato, ejecución y liquidación
de éste cuando se indicó:
«[ …] el car go que se le endilgó [ …] compr ende no sólo la om isión
en que incur r ió en la celebr ación del cont r at o, al est ipular m ayor es
pr ecios sin cont ar con la r espect iv a j ust if i cación t éc nica y
económ ica, ent or no a los í t em s sobr e los que descansa e l r epr oche
discip li nar io, sino que censur a est a om isión en las et apas
cont r act uales subsi guient es que no f ue r on aj enas al disci p lina do
t oda vez que int er vino act ivam ent e en la ej ecució n ( al var iar las
condic iones inic ia l es en 2 ocas io nes, a t r avés de las
m odif icacio nes Nos. 01 de 25 de abr il y 02 del 9 de agost o de
2007) y en la liquidac ión apr obándo la con los sobr eprecios
det ect ados en los í t em s cuest ionados, No obst ant e, nada hizo par a
cor r egir est a sit uación, habiendo t e nido la opor t unida d de
ef ect uar lo com o lo realiz ó en con ot r os aspect os de la cont r atació n
en los que par t icipó acuciosam ent e y que t am bién se r elacio naban
con el desar r o llo d e l pr oyect o, en ot r as palabr as guar dó si l en cio
sobr e el par t icular [ …] » 64.
124. Como se advierte n o fue acertada la tesis del Tribunal
comoquiera que desde el mismo pliego de cargos se advirtió al
demandante que se investigaría su actividad contractual
desplegada frente al contrato No. 01-25500-2872006 de 11 de
64 F o l i o 335 cuaderno 3 del expediente disciplinario.
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agosto de 2006 frente a los sobrecostos de los ítems mencionados,
que finalmente fueron pagados al contratista, escenario en el que
se despliega una conducta de cará cter permanente , por lo que
la prescripción se cuenta desde la realización del último acto, como
fue la suscripción del acta de liquidación del contrato.
125. Ahora bien, en vigencia del artículo 30 de la Ley 734 de 2002,
la Sala Plena Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado,
en sentencia de unificación de j urisprudencia de 29 de septiembre
de 2009, indicó que la sanción disciplinaria se impone y, en
consecuencia, se interrumpe el término de la prescripción con la
expedición y notificación del fallo disciplinario principal y no con la
expedición y notificació n del fallo qu e resuelva los recursos de la
vía gubernativa.
126. La Sección Segunda del Consejo de Estado en sus dos
subsecciones, ha aplicado dicha tesis, tanto por la Subsección A,
en sentencia de 13 de febrero de 2014 65, así como por la Subsección
B en sentencia de 28 de julio de 2014 66 donde señaló que, dentro
del mencionado plazo, para que no opere la prescripción, la
autoridad disciplinaria sólo debe proferir y notificar el acto
administrativo principal y no los que resuelven los recursos
interpuest os contra este.
127. Igualmente la Sección Segunda, Subsección A, en sentencia
de 30 de junio de 2016 67, nuevamente se pronunció en cuanto a la
figura de la prescripción de la acción disciplina ria consa grada en el
artículo 30 de la Ley 734 de 2002; en esta oportunidad la Sala
reiteró que la autoridad disciplina ria impone la sanción e interrumpe
el término d e la prescripción con la expedición y notificación del
fallo disciplinario principal y no con el que resuelve los
recursos interpue stos contra éste.
128. De acuerdo con esto es válido concluir que la tesis vigente en
materia de prescrip ción de la acción disciplinaria es la co ntenida en
la sentencia de unificación de jurisp rudencia de 29 de septiembre
de 2009 proferida por la Sala Plena de lo Contencioso
65 C o n s e j ode Estado, Sección Segunda – Subsección “A”. Consejero Ponente:
Dr. Alfonso Vargas Rincón. Sentencia de 13 de febrero de 2014. Expediente
250002325000200700582 02. Actor: Eugenio Tercero Gil Gil.
66 C o n s e j o d e E s t a d o . S e c c i ó n S e g u n d a , S u b s e c c i ó n B . C o n s e j e r o P o n e n t e :
Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (E). Sentencia de 28 de julio 2014.
Expediente N° 11001-03-25-000-2011-00365-00. Interno 13/7-2011. Actor:
Jorge Aurelio Noguera Cotes.
67 C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n S e g u n d a , S u b s e c c i ó n A , C o n s e j e r o P o n e n t e :
Luis Rafael Vergara Quintero. Sentencia de 30 de junio de 2016. Radicación
11001 03 25 000 2011 00170 00 (0583-11). Actor: Sabas Pretelt de La Vega.
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Administrativo del Consejo de Estado, según la cual, dentro del
término de los 5 años establecido por e l artí culo 30 de la Ley 734
de 2002, la autoridad disciplinaria co mpetente sólo debe proferir y
notificar el acto principal, esto es el fallo de primera o única
instancia, con el cual se interrumpe el término de prescripción.
129. Por esto, como el acto de consumación de la falta disciplina ria
se produjo el 30 de noviembre de 2007 cuando se suscribió el acta
de liquidación del contrato de forma bilateral 68, no operó el
fenómeno de la prescripción establecido en el artículo 30 de l a Ley
734 de 2002, toda vez que la decisión sancionatoria de la
Procuraduría Dele gada la Moralidad Administrativa , a t ravés de la
cual, se declaró disciplina riamente responsable al señor Edgar
Antonio Ruiz Ruiz , fue proferida el 14 de febrero de 2002 y
notificada por edicto que se desfijó el 1.° de marzo de 2012 69, es
decir, antes de la ocurrencia de los cinco años que señala la norma
en mención.
130. Por tanto, no le asistió razón al Tribunal Administrativo, que al
proferir sentencia el 11 de agosto de 2016 70 desconoció los
lineamientos que, para determinar la prescripción de la acción
disciplina ria, dispuso la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de 2009, razón que impone
revocar la decisión del Tribunal, desechar el carg o de anulación
referente a la « Violación de los artíc ulos 29, numeral 2.° y 30 de
la Ley 734 de 2002 » y asumir el estudio del siguiente interrogante
problema jurídico , como sigue a continuación.
3.4.2. Segundo problema jurídico. ¿La PGN, al expedir los actos
sancionatorios incurrió en falsa motivación toda vez no atendió
que la Contralorí a General de la República determinó que por
esos hechos no ocurrió detrimento patrimonial ?
131. Para este cargo, la parte demandante señaló que no se podía
aplicar el artículo 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, para
señalar que el acto r participó con detrimento del patrimonio público
al no disponer de la correspondiente justificación t écnica n i
económica para estipular un mayor precio de los ítems de obra 5.1.,
5.3., 5.4., 5.6., 5.9., 6.1., 6.2., 6.3., 6.5., 6.6., 8.15.1., 8.18.1., y
23.4.1. en el contrato de 11 de agosto de 2006 con la Unión
Temporal MINCIVI L TOPCO SA, respeto de los precios f ijados el 31
de julio de 2006 por INGETEC, esto, porque la PGN no podía
68 F o l i o s113 a 200 Anexo 7
69 F o l i o2041 cuaderno 9 del expediente disciplinario.
70 F f . 3 7 0 y s . s . C u a d e r n o p r i n c i p a l 1
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determinar un detrimento patrimonial por su cuenta, ignorando la
especialización funcional de la Contraloría General de la Nación.
132. El vicio de falsa motivación se configura cuand o las razones
invocadas en la fundamentación de un acto administrativo son
contrarias a la realidad. Sobre el particular la jurisprudencia de esta
Subsección indicó 71:
«Los elem ent os indispensab les par a que se conf igur e la f alsa
m ot ivación son los sigui e nt es: ( a) la exist encia de un act o
adm inist r at ivo m ot ivado t ot al o par cialm ent e, pues de ot r a maner a
est ar í am os f r ent e a una causal de anulac ión dist int a; ( b) la
exist encia de una evident e diver genci a ent r e la r ealidad f áct ica y
j ur í dica que induc e a la pr oducc ión de l act o y los m ot ivos ar güidos
o t om ados com o fuent e por la adm inist r ación públ ica o la
calif ic ación d e los h echos, y ( c) la ef ect iva dem ost r ación por par t e
del dem andant e de l hecho de que e l act o adm inist r at ivo se
encuent r a f alsam ent e m ot ivado [ …] » .
133. En lo que respecta a los actos administrativos disciplinarios,
una causal de falsa motivación podría estar re lacion ada con la
categoría de la tipicidad, pues es en este elemento de la estructura
de la responsabilidad en donde converge la imputación fáctica con
la imputación jurídica, cuestión que permitirá no solo saber si la
falta es gravísima, grave o leve 72, sino determinar con toda claridad
si la conducta se adecúo o no al respectivo tipo disciplinario. En
síntesis, la falsa motivación en materia disciplinaria se p uede dar,
entre otros eventos, por una defectuosa imputación típica, lo que
implicaría desconocer, al mismo tiempo, el principio de legalidad 73.
134. Así entonces, para analizar este cargo, es menester referirse
a la estructu ra de la responsabilidad disciplinaria , el tipo
disciplina rio endilgado y el juicio de adecuación típica, como sigue
a continuación:
3.4.2.1. Estructura de responsabilidad disciplinaria y el juicio
de adecuación típica en materia disciplinaria .
135. Tal como lo ha señalado esta Subsección 74, la estructura de la
responsabilidad disciplinaria se comprende cuando un sujeto,
71 S e c c i ó n S e g u n d a . S u b s e c c i ó n A . s e n t e n c i a d e 1 7 d e m a r z o d e 2 0 1 6 , p r o c e s o
radicado 11001-03-25-000-2012-00317-00 (1218-12).
72 A r t í c u l o 4 2 d e l a L e y 7 3 4 d e 2 0 0 2 .
73 S e n t e n c i a d e l a S u b s e c c i ó n A , S e c c i ó n S e g u n d a , d e 2 4 d e o c t u b r e d e 2 0 1 9 ,
11001-03-25-000-2010-00264-00(2217-10), con ponencia del consejero Dr.
William Hernández Gómez
74 S e n t e n c i a
de 7 de mayo de dos mil veinte (2020), radicación 15001 -23-33-
000-2014-00514-01(2888-19), con ponencia del consejero Dr. William
Hernández Gómez.
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servidor público o particular que ejerce funciones públicas,
plenamente capaz, comete una conducta, por acción u omisión, que
resulta ser típica ─ falta gravísima, grave o leve─, sustancialmente
ilícita ─afectación del deber funcional, sin justif icació n alguna─,
que sea realizada con culpabilidad ─culpabilidad psicológica : dolo
o culpa; y culpabilidad normativa: exigibilidad de una conducta
diferente─ y que no esté presente alguna causal de exclusión de
responsabilidad.
136. En cuanto al proceso de subsunción típica de la conducta de
quien es sometido a un proceso administrativo disciplinario, se
tiene que este constituye uno de los componentes de la legalidad
de las actuaciones de la autoridad disciplinaria, pues se encamina
a establecer si un a determinada situación fáctica encuadra dentro
de los presupuestos señalados en la ley. Se ha co nsiderado,
entonces, como uno de los presupuestos indispensables en el
proceso de aplicación de la ley, cuya indebida realización impide la
estructuración de un acto administrativo sancionatorio ajustado a
derecho 75:
« E l p ro c e s o d e s u b s un c i ó n típ i c a – o a d e c ua c i ó n típ i c a - d e l a c o n d u c ta ,
e n te n d i d o c om o l a s e c u e n c i a l ó gi c a e x p re s a d e ra z o n a m i e n to ju ríd i c o
e n c am i n a da a d e te rmi n a r s i u n a d e te rmi n ad a re a l i d a d fá c ti c a e nc u a d ra
b a j o l a s d e fi n i c i o ne s y p re s c ri p c i o n e s e s ta b l e c id a s e n l a l e y e s c ri ta ,
e s u n a d e l a s p i e z as i n d i s p e n sa b l e s d e to d o a c to q u e m a n i fie s te e l
p o d e r re p re s o r d e l E s ta d o , y p o r l o m i s mo u n o d e l o s p re -re q u i s i to s
n e c e s a ri o s d e l a l e g a l i d ad y j u ri d i c i d ad d e to d a s a n c i ó n . E n l a
a s o c i a ci ó n e x p re s a y ra z o n a d a e n tre l a n o r m a y e l h e c h o , e n e l e n c a j e
m o ti v a do d e l a re a li d a d b a j o la s d e fi n ic i o n e s y c o n c e p to s d e l a
l e g i sl a c i ón , ra d i c a ta m b ié n u n a de l a s ga ra n tía s c e n tra l e s d e l d e re c h o
d e d e fe n s a y d e l d e r e c h o a l d e b i d o p ro c e s o , y a q u e e s e n d i c h o
p ro c e s o d e s u b s u n c ió n típ i c a e x p re s a d e l a c o n d u c ta q u e e l E s ta d o l e
s e ñ a l a a l p ro c es a d o y a l a s o c i e d a d , e l em e n to p o r e l em e n to , p o rq u é
s u c o m p o rtam i e n to v io l ó l a l e y . L a s u b s u nc i ó n típ i c a e s , e n s u m a , u n o
d e l o s p a s o s i n di s p e ns a b l e s e n e l p ro c e s o d e a p l i c a ci ó n d e l a l ey , c u y a
o m is i ó n o i n d e b i d a re a l i z a ci ó n im p i d en l a e s tru c tu ra c i ó n d e u n a c to
j u ríd i c o s a n c i o n a to rio c o n fo rm e a D e re c h o y l e h a c e n d e ri v a r e n u n a
v ía d e h e c h o d e l a a u to ri d a d .
[… ]
L a o b l i ga to ri e d a d d e re a l i z a r u n p ro c e s o de s u b s u n c i ón típ i c a e n c a d a
p ro c e s o d i s c i pl i n a rio e n c u e n tra u n a c o n s a g ra c i ó n l e g al e n e l a rtíc u l o
4 d e l C D U , d e c o n fo rm i da d c o n e l c u a l “ [e ]l s e rv i d o r p ú b l ic o y e l
75 A s í
lo expresó la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación en la
sentencia de 26 de marz o de 2014, radicación número: 11001 03 25 000 2013
00117 00 (0263-13), Demandante: Fabio Alonso Salazar Jaramillo,
demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación, Magistrado Ponente:
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
También puede verse la sentencia de 4 de octubre de 2018, radicado n úmero:
11001-03-25-000-2012-00030-00(0135-12), Demandante: Esneyder Alejandro
Parrado Agudelo, demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía
Nacional, Magistrado Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2013-00349-01 (0862-2017)
Demandante: Edgar Antonio Ruiz Ruiz
p a rti c u l a r e n l o s c a s o s p re v i s to s e n e s te C ó d i g o s ó lo s e rá n
i n v e s ti g a d os y s a n c io n a d o s d i s ci p li n a ri am e n te p o r c o mpo rta mie n to s
q u e e s té n d e s c rito s c o mo fa l ta e n la le y v ig e n te a l m om e n to d e s u
re a l i z a ci ó n ” [s u b ra y a l a S a l a ]. L a e x p re s ió n re s a l ta d a im p l ic a q u e e l
o p e ra d o r d i s c i p li n a rio d e b e d e te rm i n a r e x p re s a m en te e n c a d a c a s o s i
e l c o m po rta m i en to i n v e s ti g a d o , ta l y c o m o h a y a q u e d a d o d em os tra d o ,
s e a d e c u a e fe c ti v a me n te a l a d e s c ri p c i ó n típ i c a c o n te n i d a e n l a l e y
q u e s e l e v a a a p l i c ar» 76.
137. En el sub judice , se advierte que dentro del proceso
disciplina rio la conducta atribuida en el pliego de cargos y por la
cual se le sancionó en el proceso disciplinario es la falta
disciplina ria gravísima contemplada en el art. 48 numeral 31 de la
Ley 734 de 2002 77, aparte resaltado, consistente en:
« A rt í cul o 48. Faltas gr aví sim as. Son f alt as gr aví sim as las
sigui ent es:
[ …]
31. Part i ci par en la et apa precont ract ual o en l a act ivi dad
cont ract ual , en det ri ment o del patri moni o públ i co, o con
desconocim i ent o de los pr incipi os que r egulan la cont r at ación
est at al y la f unc ión a dm inist r at iva cont em plados en la Const it ución
y en la ley. » ( Resal t ado or igina l)
138. Ahora bien, el aparte subrayado fue declarado
condicionalmente exequible por la Corte Constitucional, mediante
la Sentencia C -818 de 2005, «[…] e n el entendido que la conducta
constitutiva de la falta gravísima debe ser siempre de carácter
concreto y estar d escrita en norm as constitucionales de aplicación
directa o en normas legales que desarrollen esos principios […]».
Esta decisión se adoptó en atención a los principios de legalidad y
reserva de ley que deben observarse en los procesos disciplinarios.
139. En el presente caso la Procuraduría General de la Nación
encausó la falta disciplinaria en relación con la primera parte de la
norma citada resalta da en negrillas, para lo cual describió la
conducta objeto de reproche referente al incumplimiento de los
deberes q ue le asistían al demandante como ordenador del gasto,
relacionados con la suscripción de un contrato con sobrecostos,
76 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 26 de
marzo de 2014, radicación número: 11001 03 25 000 2013 00117 00 (0263 -13),
Demandante: Fabio Alonso Salazar Jaramillo, demandado: Nación –
Procuraduría General de la Nación, Magistrado Ponente: Gus tavo Eduardo
Gómez Aranguren.
77 « A r t í c u l o 4 8 . F a l t a s g r a v í s i m a s . S o n f a l t a s g r a v í s i m a s l a s s i g u i e n t e s :
[…]
31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en
detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios
que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados
en la Constitución y en la ley.» (Resaltado original)
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Demandante: Edgar Antonio Ruiz Ruiz
frente a los precios que habían sido actualizados por I NGETEC SA
y además porque suscribió dos modificaciones al contrato y el acta
de liquidación bila teral sin que hubiese tomado alguna decisión
frente a los alto s precios que se fijaron en los ítems 5.7., 8.15.1. y
8.18.1., esto, sin justificación técnica y económica idónea para el
efecto, omisión que se prolongó durante las etapas contrac tuales
subsiguientes con el silencio del disciplinable en este aspecto en
particular.
140. De la norma en cita se advierte que el Verbo rector es
«participar en » 78 Cuyo significado es:
«1. intr. Dicho de una persona: Tomar parte en algo.
2. intr. Recibir una parte de algo.
3. intr. Compartir, t ener las mismas opiniones, ideas, etc., q
ue otra persona. Participa de sus pareceres.
4. intr. Tener parte en una sociedad o negocio o ser socio de
ellos.
5. tr. Dar parte, noticiar, comunicar.
141. Ahora bien, como ya se dijo, en este caso se indicó que el
demandante faltó a sus deberes duran te la celebración d el contrato,
ejecución y liquidación de éste cuando se indicó:
«[ …] el car go que se le endilgó [ …] compr ende no sólo la om isión
en que incur r ió en la celebr ación del cont r at o, al est ipular m ayor es
pr ecios sin cont ar con la r espect iv a j ust if icación t éc n ica y
económ ica, ent or no a los í t em s sobr e los que descansa e l r epr oche
discip li nar io, sino que censur a est a om isión en las et apas
cont r act uales subsi guient es que no f ue r on aj enas al disci p lina do
t oda vez que int er vino act ivam ent e en la ej ecución ( al var ia r las
condic iones inic ia l es en 2 ocas io nes, a t r avés de las
m odif icacio nes Nos. 01 de 25 de abr il y 02 del 9 de agost o de
2007) y en la liquidac ión apr obándo la con los sobr eprecios
det ect ados en los í t em s cuest ionados, No obst ant e, nada hizo par a
cor r egir est a sit uación, habiendo t e nido la opor t unida d de
ef ect uar lo com o lo realiz ó con ot r os aspect os de la contr atación
en los que par t icipó acuciosam ent e y que t am bién se r elacio naban
con el desar r o llo d e l pr oyect o, en ot r as palabr as guar dó si l encio
sobr e el p ar t icular » 79.
142. En este punto, debe recordarse que la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Bogotá 80 es una empresa industrial y comercial
del Estado, del nivel distrital, que pre sta los se rvicios de acueducto
y alcantarillado sanitario y pluvial a la ciudad de Bogotá y el
régimen jurídico aplicable es el de derecho privado excepto en los
78 h t t p s : / / d l e . r a e . e s / p a r t i c i p a r
79 F o l i o 335 cuaderno 3 del expediente disciplinario.
80 h t t p s : / / w w w . a c u e d u c t o . c o m . c o / w p s / p o r t a l / E A B 2 / H o m e / l a - e m p r e s a
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casos previstos en la Ley 142 de 1994 y las normas contenidas en
sus propios estatu tos. Para la época de los hechos se encontraba
vigente la Resolución 1016 de 2005, M anual de Contratación de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillad o de Bogotá, E.S.P.
143. Es por esto q ue la PGN citó co mo desconocidos los artículos
16 y 25 81 de la Resolución 1016 de 2005 de la EAAB , manual de
contratación de la entidad vigente para la época de los hechos .
144. Ahora bien, frente a este cargo, el demandante no cuestiona
su condición de sujeto activo de la conducta, ni que los ítems
relacionados en los numerales 5.7., 8.15.1 y 8.18.1 hayan
presentado un sobrecosto frente a los precios suministrados y
actualizados por I NGETEC S.A., sin o que básicamente su tesis
consiste en que, como la Contraloría General de la Re pública, no
encontró detrimento patrimonial alguno dentro de la in vestigación
fiscal que adelantó , no podía la PGN señalar que aquel sí existió.
145. Al respecto advierte la Sala que no le asiste razón al
demandante por los siguientes motivos:
146.Tal como lo aclaró la Sala de Consulta y Servicio Civil en
concepto 1522 de 4 de agosto de 2003 82 el marco de la
responsabilidad de los se rvidores públicos es amplio y se encuentra
consagrado en el artíc ulo 6° constitucional, según el cual los
servidores público s responden por infracción de la Constitución y
de la ley y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus
81 « A R T Í C U L O D É C I M O S E X T O . A D J U D I C A C I Ó N . La adjudicación del contrato
se hará teniendo en cuenta los criterios expuestos en los términos de
referencia o invitación de presentación de oferta, tales como: precio, plazo,
cumplimiento en contratos anteriores, calidad del bien o servicio, capacidades
técnicas, experiencia, organización y equipo de proveedores.
La adjudicación se informará a todos los participantes dentro de los plazos
previstos en los términos de referencia. Esta información será publicada en la
página WEB de la EAAB.
De no suscribirse el contrato con el proveedor seleccionado, podrá celebrarse
con el siguiente mejor calificado o, en su defecto, con el que lo suceda en el
orden de calificación correspondiente, cuando así lo considere el facultado
para contratar.
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- FACULTAD DE INTERPRETACIÓN. Las
disposiciones del presente manual deberán ser interpretadas de manera
integral y sistemátic a, en concordancia con las normas del Código de Comercio
y del Código Civil. Los eventos que no se encuentren previstos expresamente
en el Manual se atenderán aplicando la regla que haya resuelto otro similar a
partir de la vigencia del mismo. En todo caso , la actuación en el procedimiento
de contratación estará regida por los principios de responsabilidad personal y
economía, y orientada a obtener la optimización de los recursos de la Empresa.
De todas formas, la facultad de interpretar la presente resoluc ión, que adopta
el Manual de Contratación de la EAAB la tendrá la Gerencia jurídica con el
acompañamiento de un asesor de la Gerencia General, designado por ésta.»
82 C o n p o n e n c i a d e l c o n s e j e r o D r . F l a v i o A u g u s t o R o d r í g u e z A r c e .
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atribuciones. Esto a efectos de evitar la arbitrariedad, brindar
seguridad jurídica, garantizar la integridad del patrimonio público,
el debido cumplimiento de las funciones públicas, y a obtener el
resarcimiento de los perjuicios, si ello s se ocasionaren.
147. Por tanto, el desconocimiento, culposo o doloso, de estas
obligaciones, al d esbordar el ordenamiento jurídico, puede generar
responsabilidad penal, fiscal, patrimonial y disciplinaria.
148. Dentro de este marco, una misma conducta de un servidor
público puede dar lugar a distintos tipos de responsabilidad 83: la
fiscal, derivada del ejercicio de esta actividad - gestión fiscal - que
tiene su fundamento en los artículos 268.5 y en la Ley 610 de
2000 84, o la no fiscal - eventos de pérdida, daño o deterioro de
bienes, sin desarro llo de gestión fiscal -, la cual se concreta por la
comisión de conductas punibles investigadas y sancionadas dentro
del proceso penal . Sin perjuicio de lo anterior, toda conducta
relacionada con el posible detrimento de los bienes públicos puede
originar acción disciplinaria o penal, en el primer caso no procede
el resarcimiento directo de perjuicios.
149. Ahora bien, específicamente e l proceso de respo nsabilidad
fiscal se fundamenta en el numeral 5 .° del artículo 268 de la Carta
Política, según el cual el Contralor General de la República tiene la
atribución de establecer la responsabilidad que se derive de la
gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del
caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los
alcances deducidos de la misma, fa cultades que a su vez tienen
asiento en la función pública de vigilancia y control sobre la gestión
fiscal que realic en los servidores pú blicos o los particulares en
relación con los bienes y recursos e statales puestos a su cargo.
Funciones éstas que por igual se predican de las contralorías
territoriales (art. 2 72, inc. 6º C.P.).
150. La Corte Constitucional en sentenc ia C-338 del 4 de junio de
2014 destacó la importancia que tiene dentro de la función del
83 Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia C 832 de 2002,
precisó : “Resulta evidente además que el legislador en este caso no tomó en
cuanto al expedir la norma acusada que en la medida en que la acción penal
y la acción fiscal responden a objetivos diferentes y qu e los bienes jurídicos
protegidos en cada caso son distintos, bien puede suceder que ante los
mismos hechos, el resultado en cada caso de los procesos que se inicien sea
diferente, sin que, como lo recuerda acertadamente el señor Fiscal General de
la Nación, ello signifique la vulneración de la ley o que se pueda presumir que
los responsables de cada proceso hayan obrado en contra de la misma.”
84 « P o r l a c u a l s e e s t a b l e c e e l t r á m i t e d e l o s p r o c e s o s d e r e s p o n s a b i l i d a d
fiscal de competencia de las contralor ías».
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control fiscal, e l proceso de responsabilidad fiscal, su finalidad
resarcitoria para recuperar la suma equivalente al detrimento o
al daño patrimonial del Estado debi do a un comportamiento
irregular de un servidor público o un particular que maneja fondos
públicos, y sus características.
« S e g ú n l o h a d e s ta ca d o e s te T ri b u n a l , e l c o n tro l fi s c a l s e d e s a rro l l a
e n d o s m om e n to s : i ) u n o q u e c om p re n d e la fu n c i ó n d e v i g il a n c ia d e
l a g e s ti ó n q ue re a l i ce n d e l o s bi e n e s púb l i c o s l o s s e rv i do re s y l o s
p a rti c u l a re s ; y i i ) e v e n tu a lm e n te , c o m o re s u l ta d o d e e s a l a bo r d e
v i g i la n c i a , e l d e s a rrol l o d e u n p ro c e s o d e re s p o n s a b i li d a d fi s ca l , e l
c u a l s e o ri e n ta , ta l y c o m o l o h a d i c h o l a C o rte , a “ o b te n e r u n a
d e c l a ra c i ón j u ríd i c a , e n l a c u a l s e p re c i s a c o n c e rte z a q u e u n
d e te rmi n a d o s e rv i d or p ú b l i c o o p a rti c u la r d e b e c a rg a r c o n l a s
c o n s e c u e n ci a s q u e s e d e r i v a n p o r s u s a c t u a c i o n e s i rre g u l a r e s e n l a
g e s ti ó n fi s c a l q u e h a re a l i z a d o y q u e e s tá o b l i g ad o a re p a ra r e l d a ñ o
c a u s a d o a l e r a ri o p úb l i c o , p o r s u c o n d u c ta d o l o s a o c u l p o s a ” 85.
E l s e g u nd o p a s o , es to e s , l a e x i g e n c i a d e re s p o n s a b il i d ad fi s c a l
e n c u e n tra fu n d a m e n to e n e l a rtíc u l o 2 6 8 d e l a C o n s ti tu c i ó n , d e
a c u e rd o c o n e l c u a l c o rre s p o n d e a l a s c o n tra l o ría s e n l o s d i s t i n to s
n i v e l e s te rri to ri a l e s "e s ta b l e c e r l a re s p o n s a b i li d a d q u e s e d e ri v e d e
l a g e s ti ó n fi s c a l , i m p o n e r l a s s a n c i o n e s p e c u n i a ri a s q u e s e a n d e l
c a s o , re c a u d a r s u mo n to y e j e rc e r l a j u ri s d i c c i ón c o a c ti v a s ob re l o s
a l c a n c e s d e d uc i d o s d e l a mi s ma " .
E s ta re s p o n s a b i l i da d ti e n e c o m o fi n a l i d a d o p ro p ó s i to e s p e c ífi c o l a
p ro te c c i ó n y g a ra n tía d e l p a tri m o ni o d e l E s ta d o , b u s c a nd o l a
re p a ra c i ó n d e l o s d a ñ o s q u e é s te ha y a p o d i d o su fri r c o m o
c o n s e c u e n ci a d e l a ge s ti ó n i rre g u l a r d e qui e n e s ti e n en a s u c a rg o e l
m a n ej o d e d i n e ro s o b i e n e s p ú bl i c o s .
C o n b a s e e n e l ré g i m e n j u ríd i c o v i g e n te e n c a d a m o m e n to , s e h a n
e s ta b l e c i d o u n a s e ri e d e c a ra c te rís ti c a s p re d i c a b le s d e e s ta fo rm a
d e re s p o n s a b i li d a d . E n l a j u ri s p ru d e n c i a c o n s ti tu c i o n a l se h a
e x p re s a d o q u e l a re s p o n s a b i l i da d fi s c a l i ) e s d e n a tu r a l e z a
a d mi n i s tra ti v a ; i i ) e s d e te rm i n a d a a p a rti r d e u n p ro c e s o d e e s ta
m i sma n a tu ra l e z a , e s d e c i r, u n p ro c e s o a d mi n i s tra ti v o ; i i i ) n o ti e n e
u n c a rá c te r s a n c i o na to ri o , s i n o e mi n e n te m e n te re s a rc i to ri o , p u e s
b u s c a re c u p e ra r e l v a l o r e q u i va l e n te a l d e tri m e n to o c a si o na d o a l
p a tri m o ni o d e u n a e n ti d a d e s ta ta l , te n i e n d o e s ta s u m a c o m o l ím i te a
e x i g i r 86; y i v ) e n e s te p ro c e s o s e d e be n o b s e rv a r l a s g a ra ntía s
s u s ta n c i a l e s y a d j e ti v a s p ro p i a s d e l d eb i d o p ro c e s o de ma n e ra
a c o rd e c o n e l d i s e ñ o c o n s ti tu c i o n a l d e l c on tro l fi s c a l 87.
C a ra c te rís ti c a s q u e s e h a n re i te ra d o d e fo rm a c o n s ta n te p o r l a
j u ri s p ru d e n ci a d e e s ta c o rp o ra c i ó n 88.»
151. En síntesis, el proceso de responsabilidad fiscal se orienta a
determinar si hubo o no de trimento patrimonial del Estado y si la
persona o las personas investigadas son o no responsables
85 S e n t e n c i a SU-620 de 1996.
86 S e n t e n c i a C-382 de 2008.
87 S e n t e n c i a s S u - 6 2 0 d e 1 9 9 6 , C - 3 8 2 d e 2 0 0 8 y C - 5 1 2 d e 2 0 1 3 .
88 E n t r e o t r a s , s e n t e n c i a s C - 6 1 9 d e 2 0 0 2 ; C - 3 8 2 d e 2 0 0 8 y C - 5 1 2 d e 2 0 1 3 .
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fiscales, de modo que , si el funcionario competente del órgano de
control fiscal les dicta fallo con responsabilidad fiscal, el mismo
órgano debe realizar tod as las gestiones y procedimientos
necesarios para lo grar el pago total de la suma fijada en el fallo y
de esta forma, conseguir el resarcimiento integral del detrimento
sufrido por el patrimonio público.
152. La Sala precisa, que la responsabilidad fiscal , de conformidad
con el artículo 4° de la Ley 610 de 20007, no tiene carácter
sancionatorio, ni penal; tiene una finalidad meramente resarcitoria
y, por lo tanto, es independiente y autónoma, distinta de la
responsabilidad penal o disciplinaria que pueda c orresponder por
la misma conducta, por lo que cada proceso tra e consigo
consecuencias diferentes.
153. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado las
distinciones entre la responsabilida d fiscal y la responsabilidad
disciplina ria. Sobre este aspecto, en la sentencia C -484 de 2000 89,
se dijo:
« E s ta C o rp o ra c i ó n ta m p o co e n c u e n tra q u e l a e x i s te n c i a d e mu l ta s y
a m o ne s ta c i o n e s e n el p ro c e s o d e re s p o n s a b i li d a d fi s c a l , v u l n era n e l
p ri n c i p io d e l n o n b i s i n i de m e n re la c i ó n c o n la s s a nc i o n e s
d i s c i pl i n a ria s d e l o s m i sm o s nom b re s , p u e s c o mo l o h a di ch o e n
v a ri a s o p o rtu n i d a d es e s ta C o rte , s ó l o e s p o s i b l e p re d i ca r l a
v u l n e ra c i ón d e l a rtíc u l o 2 9 s u p e ri o r c u a ndo d o s s a n c i o ne s c o n sa g ra n
“i d e n ti d a d d e c a u s a , i d e n ti d a d d e o b j e to e i d e n ti d a d e n l a p e rs o n a a
l a c u a l s e l e h a ce l a i m p u ta ci ó n ”. P u e s bi e n , l a m ul ta s a n c i o na to ri a
e n e l p ro c e s o d e re s p o n s a b il i d ad fi s c a l p re te n d e re s a rc i r e l d a ñ o
c a u s a d o a l e r a ri o p ú b l i c o , m i en tra s q u e l a m u l ta e n e l p r o c e s o
d i s c i pl i n a rio s e im p on e c o m o s an c i ó n a un a c o n d u c ta e n e l s erv i c i o
j u ríd i c am e n te re p ro c h a b l e . A s í m i s mo , l a m u l ta y l a a m o n e s ta c i ó n
c o m o m e d i da s c o rre c c i o n a le s e n e l p ro c e s o fi s c a l , n o ti e n e n l a m i sma
n a tu ra l e z a q u e l a s sa n c i o n e s d is c i pl i n a ria s d e l m i smo n o mb re , c o m o
q u i e ra q u e , e s ta s ú l ti m a s , s o n i m p ue s ta s c o m o c o n s e c u e n cia d e l
i n c um p lim i e n to d e l o s d e b e re s p ro p i o s d e l s e rv i d o r p ú b l i c o y , l a s
p ri m e ra s fa c i l i ta n e l e j e rc i c io d e l a v i g i l a nc i a fi s c a l . D e i g u a l m a n e ra ,
l a s m ed i d a s c om pa ra d a s n o ti e n e n e l m i smo o b j e to , y a q u e l a s
p ri m e ra s p re te n d en sancionar una c o n d u c ta re p ro c h a b l e
d i s c i pl i n a riam e n te y , l a s s e g u n d a s , b u s c a n g a ra n ti z a r l a e fi c i e n c i a y
e fi c a c i a d e l c o n tro l fi s c a l » .
154. De otra parte, en materia disciplinaria, la ley debe orientarse
a asegurar el cumplimiento de los deberes funcionales que le
asisten al se rvido r público o al particular que cumple funciones
públicas. De allí que el derecho disciplinario valore la ino bservancia
de normas positivas en cuanto ella implique el quebrantamiento del
deber funcional, esto es, el desconocimiento de la función social
que le incumbe al servidor público o al particular q ue cumple
funciones públicas 90.
89 C o n ponencia del magistrado Alejandro Martínez Caballero.
90 S e n t e n c i a
C- 373 de 2002.
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155. Finalmente es de citar al tratadista Mauricio Rodríguez
Tamayo 91 cuando señaló que «[…] aquel servidor público que fue
investigado por un pre sunto detrimento patrimonial causado por una
actuación contractual suya , que más tarde resulta exo nerado por
una decisión administrativa dictada por un órgano de control fisca l
– contraloría o auditoría -, no por ello podrá alegar que debe ser
absuelto automática mente en sede disciplinaria por esa
determinación. Ahora, lo que sí debemos reconocer, es que el auto
que archiva o el fallo sin responsabilidad fiscal, se rá una prueba
especial, significat iva y calificada sobre la inexistencia de daño
patrimonial que el operador disciplinario no pod rá debilitar o
superar fácilmente, si considera que debe continuar c on el trámite
de la investigación - pues en ese caso tendrá una carga
argumentativa y deberá demostrar que sí lo hubo».
3.4.2.2. Análisis del cargo.
156. En este caso, la Contralo ría General de la República, a través
de los autos de 19 de octubre de 2011 proferido por el subdirector
del proceso de responsabilidad fiscal y de 8 de febrero de 2012 ,
dictado por la directora de responsabilidad fiscal y jurisdicc ión
coactiva profiriero n «fallo sin responsabilidad fiscal» dentro del
proceso adelantado con el No. 170100 -0091-09 frente al
demandante y, los señores Mónica Pérez Valcárcel y Ulises Julio
Ibarra Daza. No obra en el proceso constancia de su notificación.
157. Ahora bien, aprecia esta Sala que en las citadas decisiones ,
la Contraloría General de la República analizó con bastante detalle
las modificacione s a las ca ntidades de obras que surgieron frente
al contrato de 11 de agosto de 2006 suscrito entre la EAAB y la
UT MINCIVIL SA – TOPCO SA, y con ello , examinó los dos ajustes
que se le realizaron, con base en las pruebas aportadas, entre
ellas, un dictamen pericial de un ingenier o miembro de la Sociedad
Colombiana de Ingenieros, del cual concluyó que s í se encontraban
justificadas las adiciones 1 y 2 del contrato 2847 de 2006.
158. Sin embargo, en cuanto al aumento de precios, el análisis
de la Contraloría solamente se refirió en detalle al caso del aumento
del precio de materiales de filtro (a rena y grava y los gastos de
transporte), así como su influencia en el aumento del item «rellenos
de la presa» ; tal como se aprecia a folios 2107 a 2110 92. Esto
cuando señaló:
91 Derecho disciplinario de la contratación estatal. Editorial Legis, Primera
Edición 2020. Página 197.
92 C u a d e r n o 9 i b . i d e m
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-
159. Luego de dicho análisis arribó a las siguientes conclusiones:
• En el contrato investigado n o se causó daño a las arcas del Distrito
por cuanto si bien es cierto se ejecu taron mayores cantidades de
obra debido a que los diseños de la presa fueron ajustados y
modificados, siendo normal en este tipo de obras y también lo es
que estas mayores cantidades de obra fueron aprobad as tanto por
la interventoría como por él como por la Empresa.
• Los incrementos de las cantidades de obra se dieron en el
componente «rellenos de la presa », en el cual el primer contratista
sólo ejecutó un 13.9% correspondiendo al segundo contratista
ejecutar el porcentaje faltante , por tanto esos rellenos
correspondieron al 30,33% del total de los costos generados en el
contrato y además el segundo contratista tuvo en cuenta el costo
del transporte de los agregados ya que estos materiales deb erían
ser obtenidos en sitios comerciales lo que hizo que el valor de los
rellenos de la presa tuvieran un incremento considerable respecto
de la primera contratación .
• Luego estimó que los materiales de relleno ofertados por el primer
contratista fueron muy bajos por cuanto no incluyó los costos de
transporte del material.
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160. De acuerdo con lo anterior , advierte la Sala, que en el
proveído de 11 de octubre de 2011 la Contraloría General de la
República no efectuó ningún análisis en cuanto a los
sobrecostos de los ítems 5.7., 8.15.1, y 8.18.1. ni explicó si el
sobrecosto de los materiales de filtrado tuvo alguna incidencia
en los citados items
161. Como ya se indicó , la citada decisión de la Contraloría General
de la República absolvió de responsa bilidad fiscal por los hechos
investigados , entre otros, al señor Edgar Antoni o Ruiz Ruiz y tales
consideraciones fueron avaladas al surtirse el grado de consulta a
través del auto de 8 de febrero de 2012 donde la Dirección de
Responsabilidad Fiscal y Jurisd icció n Coactiva de la Contraloría
concluyó lo siguiente 93:
162. Como se aprecia de todo lo anterior, la decisión de 8 de febrero
de 2012 de la Contraloría General de la República fue proferida
pocos días antes de dictarse la decisión disciplina ria de primera
93 F o l i o s 2122 Cuaderno 9 ibidem.
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instancia (14 de febrero de 2012), sin que se haya aportado a l
proceso constancia de su notificación y ejecutoria y por tanto, sin
que se haya probado que la PGN tuviese conocimiento de la misma.
Aunque se reitera la responsabilidad es autónoma e independiente
de la responsabilidad fiscal.
163. Ahora bien, el a poderado del demandante interpuso recurso
de apelación contra el fallo disciplinario de 14 de febrero de 2012,
para lo cual aportó copia de las citadas actuaciones de la
Contraloría General de la República 94, por lo que, en la decisión de
22 de junio de 20 12, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría
General de la Nación estimó frente a este aspecto lo siguiente:
• Existe suficiente claridad sobre que, al ser las acciones
fiscales, penal y disciplina rias distintas, con diferentes
objetos y bienes jurídicos tutelados diversos, éstas no
conducen a resultados idénticos.
• En el p resente asunto se adoptaron decisiones disciplinarias
en primera instancia basadas en las pruebas arrimadas al
proceso disciplina rio sin que haya transgresión alguna pese
al desenlace diverso.
• Revisado el fallo fiscal se encuentran apartes en los cuales
se encuentra afinidad con lo probado por la PGN «como
cuando el perito evaluador afirmó que los estudios y diseños
del proyecto fueron detallados, pero que eso no significa que
las calidades de obra no varíen, como en efecto se hizo
durante la ejecución del contrato y sus dos modificaciones, al
igual que se coincide en la forma del estudio del costo del
contrato relacionando el valor de los precios unitarios íte m por
ítem; sin embargo no así en las perspectivas analizadas ya
que el fallo fiscal b asa su decisión en las mayores cantidades
de valores unitarios de los ítems, haciendo claridad que esta
apreciación no significa juicio de valor sobre la decisión de
ese ente de control fiscal que como ya se dijo, define acciones
distintas a las disciplinarias y que por lo tanto los result ados
de las mismas no atan al juez disciplin ario para su decisión» 95.
164. Así las cosas , es evidente que en segunda instancia la
Procuraduría General de la Nación sí analizo las decisiones que
absolvieron de responsabilidad fiscal al demandante, que fueron
94 Como se aprecia a folios 2037 y s.s. del cuaderno 9 del expediente
disciplinario.
95 F o l i o 2 1 7 5 d e l c u a d e r n o 9 d e l e x p e d i e n t e a d m i n i s t r a t i v o , F o l i a t u r a s u p e r i o r
derecha, en color negro.
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dictadas por la Contraloría General de la República y en ese sentido
estimó que disentía de las conclusio nes finales a las cuales ésta
arribó.
165. Esto, comoquiera que el análisis del órgano de co ntrol fiscal
se fundamentó en verifica r si las m ayores obras y adiciones al
contrato encontraron justificación técnica y, solamente en cuanto al
tema de los sobrecostos se refirió a los materiales de filtrado (arena
y grava y sus gastos de transporte ), así como su incidencia en el
ítem «relleno» , de lo cual, encontró justificado que los valores
hubiesen cambiado pese a la actualización de precios p or parte de
INGETEC S.A.
166. En este sentido, la decisión de la Contraloría Ge neral de la
República no hizo ninguna reflexión acerca de los ítems por los
cuales se impuso sanción disciplinaria por parte de la PGN como
son los ítems 5.7 «material colocado para la zona 4» 96, 8.15.1
«espuma de poliuretano» 97 y 8.18 .1. «endurecedor de
98
superficies» .
167. De acuerdo con todo lo anterior, era apenas evidente que como
la decisión disciplinaria de primera instancia estimó comprobado el
primer cargo parcial en relación con los ítems 5.7., 8.15.1., 8.18.1.
tema sobre el cual no avanzó en su análisis la Contraloría General
de la República, e ra evidente que la decisión de segunda instancia
proferida por la Sala Disciplinaria de la PGN no se encontraba atada
a la decisión adoptada por e l ente de control fiscal .
96 Según el dictamen técnico de 7 de junio de 2011 suscrito por el ingeniero
Gabriel Jaime Ramírez Aristizábal de la Dirección Nacional de Investigaciones
de la PGN, esta zona corresponde a « […] la cara de la presa aguas arriba y
el material a utilizar estaría compuesto por bloques y fragmentos de roca, pues
este material es la protección del talud de la presa» ( ff. 1529 Cuaderno 7 del
expediente disciplinario) .
97 Según el informe señalado ut supra «[…] hace referencia al suministro e
instalación de las materiales llenantes de las juntas de las estructuras de
concreto que indicó el diseñador de las mismas. La función de las juntas
consiste en mantener todas las tensiones que se desarrollan en las estructur a
(sic) del hormigón dentro de un rango admisible s (sic) y se clasifican de
acuerdo a su ubicación en longitudinales y transversales, y según su función
se las denominan de expansión, contracción, articulación y construcción.
Debido a que el concreto u hormigón tiende a contraerse lo que podría causar
agrietamientos en la estructura, se planea durante la construcción de éstas la
ejecución de grietas planificadas que no son más que la (sic) juntas y que
posteriormente deben ser llenadas con algún tipo de material específico (de
acuerdo a los diseños ), que en este caso fue la ESPUMA DE POLIRTANO (sic)
que es un material compresible .» ( ff- 1537- 1538 Cdno 7 expediente
disciplinario).
98 « I b i d e m « E l e n d u r e c e d o r d e c o n c r e t o s e s u n a d i t i v o q u e s e l e a g r e g a a l
mismo con el fin de aumentar la resistencia al desgaste originado por efectos
de impacto y vibraciones » ( f. 1539)
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168. En efecto, como ya se indicó, era válido que la PGN se
separara de las reflexiones adelantadas por el organismo de control
fiscal, precisamente en atención a la autonomía de sus decisiones
y a la naturaleza de la responsabili dad disciplinaria donde lo que
se busca es verificar si existió el in cumplimiento de los deberes
propios del servid or públic o, caso en el cual se sanciona una
conducta reprochable disciplinariamente y, cuyo objeto no es el
resarcimiento del daño patrimonia l.
169. De acuerdo con lo anterior, no le asiste razón al demandante
cuando afirma que debió ser absuelto de responsabilidad
disciplina ria por ser exonerado de responsabilidad fiscal , más aún
cuando como se vio, el análisis de la Contraloría General de la
Nación no avanzó sobre la conducta que se le reprocha de la
actividad contractual como fue celebrar un contrato con sobrecostos
en los ítems 5.73., 8315.1 y 8.18.1. en valor diferente al establecido
por la firma INGETEC SA; sin justificación técnica o eco nómica,
razón que impone denegar el cargo mencionado.
3.4.3. Tercer cargo ¿ En este caso la PGN incurrió en un a falsa
motivación por una defectuosa va loración proba toria cuando
analizó el elemento «detrime nto patrimonial» del tipo
disciplinario?
170. Como se aprecia de la parte histórica, la redacción de este
cargo es algo confusa 99, sin embargo, de él se extrae que la
inconformidad del demandante radica en que no se interpretó de
forma correcta el caso al versar sobre un contrato en la modalidad
de precios unitarios, donde la cláusula del valor sirve como
indicativo de un monto estimado, pero no es vinc ulante y
obligacional, pues el verdadero valor del contrato se establecerá
cuando se ejecute la obra , aplicando el procedimiento establecido.
171. Además, frente a este aspecto señaló que el perito de la
Dirección de Investigaciones Especiales de la Pr ocuraduría General
de la Nación señaló en su informe oficial que, de conformidad con
el pliego, la acept ación de la oferta se efectúa sobre el valor total
de la misma y que no se presentaron sobrecostos toda vez que el
material de mayor valor se ejecut ó en menor cantidad que lo
previsto en el presupuesto inicial .
172. Sobre este aspecto, es importante aclarar lo siguie nte:
99«Vía de hecho por defecto fáctico, con desconocimiento del derecho de
defensa y (sic) incursas en falsa motivación».
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173. El artículo 32 de la Ley 80 de 1993 definió el contrato de obra
como aquel que celebran las entidades estatales (art. 2 ibídem)
para la construcció n, mantenimiento, instalación y, en general, para
la realización de cualquier otro t rabajo material sobre bienes
inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago.
174. Sobre este último elemento, interesa destacar que existen
diferentes modalidades de pago del valor del contrato de obra: a
precio global, a precios unitarios , por administración delegada
reembolso de gastos y pago de honorarios y el otorgamiento de
concesiones, sistemas de pago que señalaba el artículo 82 del
Decreto 222 de 1983. Si bien tales modalidades no fueron previstas
de manera expresa por la Ley 80 de 1993, esto no es óbice para
que continúen constituyendo formas de pago en los contratos
celebrados por la administración, siempre y cuando en las
condiciones generales de la contratación se encuentren precisa s
las condiciones de costo, las obras o servicios necesarios para la
ejecución del objeto del contrato (art. 24, ordinal 5, literal c). 100
175. Según lo establecía el artículo 86 del Decreto 222 de 1983, el
contrato a precios unitarios se definía así: como «[…] aquellos en
los cuales se pacta el precio por unidades o cantidades de obra y
su valor total es la suma de los productos que resulten de
multiplicar las cantidades de obras ejecutadas por el p recio de
cada una de ellas, dentro de los límites que el mismo convenio
fije. El contratista es el único responsable por la vinculación de
personal, la celebración de subcontratos y la adquisición de
materiales, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta
y riesgo, sin que el dueño de la obra adquiera responsabilidad
alguna por dichos actos» (Negrilla de la Sala).
176. Sobre las características de este tipo de contratos, la Sala de
Consulta y Servicio Civil 101 de esta Corporación, se ñaló que el
contrato de obra a precio unitario es aquél en el que el precio del
objeto contractual, se configura por tres elementos: una unidad de
medida, el estimativo de la cantidad de cada medida y un precio por
cada unidad; siendo claro que lo más prob able es que el monto del
precio del objeto contractual sea uno al momento de la celebración
del contrato y otro cuando concluya la ejecución, co mo pasa a
explicarse :
100 C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n T e r c e r a , s e n t e n c i a d e l 1 5 d e o c t u b r e 1 9 9 9 , e x p .
10.929, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
101 E n c o n c e p t o d e 9 d e s e p t i e m b r e d e 2 0 0 8 , d e n t r o d e l r a d i c a d o 1 0 0 1 - 0 3 - 0 6 -
000-2008-00060-00, con ponencia del Consejero Dr. Enrique José Arboleda
Perdomo.
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« E s s a b i d o y l o re g u l a l a l e y c o n tra c t u a l , q u e to d o p ro c e s o d e
s e l e c c ió n d e b e e s ta r p re c e d i d o d e l o s e s tu d i o s d e n e c e s i da d y
o p o rtu n i d a d , e n l o s c u a l e s l a e n ti d a d c o n tr a ta n te a n a l i z a y d e te rm i na
l a s c o n d i ci o n e s de c o s to s , c a l i d a d , p l a z o , e tc ., q u e i n c o rp o ra rá a l o s
p l i e g os d e c o n d i ci o ne s o s u s e q u i v a l e n tes u n a v e z i n i c i e el p ro c e s o
e n m e n c ió n , e n e l q u e , a l c o n c l u i r c o n l a a d j u d i ca c i ó n
c o rre s p o n d i e n te , s e p re c i s a rá , e n tre to d a s l a s c o n d i ci o n e s , e l v a l o r
p o r e l c u a l s e c e l e b ra rá e l c o n tra to .
T ra tá n d o s e d e c o n tr a to s d e o b ra , q u e e n e l p ro c e s o p re v i o a l d e
s e l e c c ió n s e d e te rmi n a a d e l a n ta r b a j o la m o d al i d a d d e p a go p o r
p re c i o s u n i ta ri o s , l o s p l i e g o s o s u e q u i va le n te , l a a d j u d i c a ci ó n y e l
c o n s i g ui e n te c o n tra t o , re c o g e rá n u n a s u m a c om o p re c i o , q u e
c o rre s p o n d e a u n " v a l o r i n i c i al " e n l a m e di d a e n q u e re s u l ta d e
m u l tip l i ca r l a s c a n ti d a d e s d e o b ra c o n tr a t a d a s p o r e l p re c i o u n i ta ri o
c o n v e n i do .
P e ro a l o l a rg o d e l a e j e c u c ió n d e l c o n tra to , e s e p re c i o i n i c i a l su fri rá
v a ri a c i o n es , b i e n p o rq u e l a s p a rte s h a y a n a c o rd a d o re a j u s ta r
p e ri ó d i c am en te c a d a p re c i o u n i ta ri o , b i e n p o rq u e l a c a n ti d a d de o b ra
c o n tra ta d a a u m e n te o d i s m i nu y a , o b i e n p o r l a c o n c u rre n c i a d e a m b a s
s i tu a c i o n e s . En to n c es , fi n a l i z a d o el c o n tra to , p o rq u e s e c o n c lu y ó s u
o b j e to o p o r o t ra c i rc u n s ta n c i a , e l re s u l ta d o d e m u l ti p l i c a r l o s p re c i o s
u n i ta ri o s re a j u s ta d os p o r l a c a n ti d a d d e o b ra e fe c ti v a m e n te
e j e c u ta d a , d e te rm i n ará e l "v a l o r fi n a l ".»
177. A partir de lo anterior, concluyó la Corporación que el aumento
o la disminución de las cantidades de obra contratadas, no
comporta una modificación al objeto del contrato sino, una
consecuencia de las estipulaciones del mismo, lo cual ha de
determinarse en cada caso, con la medición periódica de los
avances de la obra; éstos, recogidos en actas o como se haya
estipulado en el contrato, van a reflejar, con la misma periodicidad,
un valor del cont rato proveniente de su ejecución real;
requiriéndose, dado el caso, el trámit e del recurso presupuestal en
cuanto exceda la apropiación inicial, además de las formalidades
establecidas por las partes.
3.4.3.1. Análisis del cargo.
178. Este es el escenario previo a los hechos materia de la
investigación disciplinaria sobre el q ue no existe controversia 102:
• En atención a la época invernal que se estaba presentando
surgió la necesidad de evitar el riesgo de inundaciones por
las crecientes del rí o Tunjuelo lo cual podría afectar a 500,000
residentes de las zonas contiguas a la Ribera del río. Por esto,
se originó el proyecto «Presa Seca Cantarrana» para lo cual
la EAAB contrató con la firma consu ltora INGETEC S. A. los
102 S e g ú n
relato señalado en la providencia de 14 de febrero de 2012 a folios
81 y siguientes del cuadern o principal.
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diseños de la construcción de obras para el control d e las
crecientes del río Tunjuelo a través del contrato 1 -02-41000-
224-2000 de 29 de junio de 2000.
• Con base en los d iseños, cantidades de obra y presup uesto
aportados por INGETEC S.A. la EAAB abrió la invitación
pública ICSM – 540 -2003 con el fin de escoger al contratista
que se encargaría de realizar la construcción de las
mencionadas obras, siendo seleccionado el Consorcio Obras
Tunjuelo quien presentó una oferta por $47.0412´536.160,
cifra estipulada en el contrato No. 1 -01-25500-726-2004 de 29
de diciembre de 2004, para llevar a cabo la construcción de
las obras en un pla zo de 28 meses, cono inicio de activid ades
el 21 de febrero de 2005.
• En la etapa de ejecución la entidad contratante argumentó
serios incumplimie ntos a atr asos en que había incurrido el
CONSORCIO OBRAS TUNJUELO, que motivaron a declarar la
caducidad del contrato mediante la Resolución 0205 de 31 de
marzo de 2006, confirmada por Resolución 0370 de 26 de
mayo de 2006, donde se indicó que los trabajos adelanta dos
por el contratist a al momento de liquidar el co ntrato
correspondían a $15.332´811.006.
• Con base en la modalidad de urgencia, por las condiciones
climatológicas y el riesgo inminente que acarreaban, la EAAB
estimó que debían continuarse las obras pue s de no hacerlo
podrían desparecer aumentando el riesgo.
• Para determinar el valor de las obras faltantes INGETEC S .A.
actualizó el 31 de julio de 2006 el presupuesto que consideró
suficiente para culminar con éxito la construcción de las obras
para el co ntrol de crecientes de la cuenca del Río Tunjuelo
destinando la suma de $50.899´406.606, cifra que fue
ajustada en $49.391´394.009. por parte de la Dirección de
Contratación y Compras según memorando de 31 de julio de
2006 suscrito por el señor Ulises Julio Ibarra Daza quien
afirmó que se habían tenido en cuenta las recomendaciones
impartidas en la materia por la interventoría al igual que los
precios estipulados en el contrato 726 -04 y los consignados
en la base de datos de la dependencia a su cargo.
• La entidad contratante promovió el proceso de selección de
contratación directa número ICMS -379-2006 con el objeto de
continuar con la construcción de las obras para el control de
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las crecientes de la cuenca del Río Tunjuelo lo cual estuvo a
cargo de la Dirección de Contratación y Compras,
dependencia que además de la revisión y aprobación del
presupuesto oficial en todos los procesos de este tipo
adelantó el 9 de agosto de 2006 la evaluación de la ofert a que
presentó la Unión Temporal MINCIV IL - TOPCO SA p revia
invitación que le hiciera el director de contratación y compras
mediante oficio de 3 de agosto de 2006.
• Debido a lo anterior el señor Edgar Antonio Ruiz Ruiz en su
condición de repre sentante legal de la EAAB suscribió con el
mencionado oferente el contrato No. 01 -25500-287-2006 el
11 de agosto de 2006, denominado segundo contrato
«proyecto Cantarrana» por valor de $49.384´529.131. Esto
con un plazo de ejecución de 11.5 meses a partir de la fecha
de la firma del acta de inicio, que ocurrió el 25 de agosto de
ese mismo año por lo que el plazo de ejecución vencía el 9 de
agosto de 2009.
• El contrato fue objeto de dos modificaciones. La primera el 25
de abril de 2007 suscrita por el demandante y el representante
legal de la Un ión temporal contratista En atención a que ésta
última advirtió que se presentaba un incremento en las
excavaciones y llenos por lo que solicitó fondos para
garantizar el pago de las cantidades por adicionar, asociadas
al aumento de los rellenos de la presa 103.
• La interventoría contratada otorgó la viabilidad técnica de
trasladar recursos correspondientes a items de obra, cuyas
cantidades resultaban menores a las previstas inicialmente o
se sabían que no se ejecutarían equivalentes a la suma de
$1.514´805.873 y asignarl os a aquellos cuyo valor se vería
aumentado con la modificació n pedida, que fueron
cuantificados en $3.869´935.592.
• La adición correspondió a $2.295´129.720, pero sin ampliar el
plazo de ejecución.
• La segunda modificación se suscribió el 9 de agosto de 2 007
por parte del gerente de la EAAB y el representante legal de
la unión temporal contratista, previo trámite adelantado por la
Dirección de Contratación y Compras, en la cal de amplió el
103 S e g ú n
la solicitud de modificación del contrato visible a folios 134 y 144 del
anexo 11 del expediente disciplinario.
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plazo de ejecución hasta el 15 de septiembre de 2007, y se
incremen taron cantidades de obra de algunos ítems por valor
de $1.170´.462.725. Además, la EAAB solicitó ejecutar obras
adicionales como fue la construcción de una caseta de
vigilancia a la en trada del predio, el cerramiento de las
principales obras del proyecto y la reparación de la junta de
dilatación por valo r de $490´000.000. El valo r total de esta
modificación ascendía a $1.660´462.725 pero dicho valor se
redujo a $747´750.168 «[…]en razón a que la entidad
contratante dispuso suprimir alg unos ítems de obra
correspondientes a la zona de manejo y preservación
ambiental en cuantía de $912.712.557, al considerar como
suficientes los trab ajos ejecutados en este aspecto […]» 104.
• El contrato se liquidó de forma bilateral el 30 de noviembre de
2007, en cuya acta se ind icó que el va lor ejecutado final de la
presa ascendió a $52.427´409.019 .
179. Establecido lo anterior es de recordar que el cargo de
anulación de la demanda se edificó sobre la tesis con sistente en
que no se produjo el elemento normativo del detrimento patrimonial,
comoquiera que el contrato imponía ser analizado sobre el valor
total y las obras ejecutadas, con lo cual no podía desagregarse para
ser analizado por cada ítem.
180. En la decisión de segunda instancia la PGN sostuvo la tesis
consistente en que como los ítems cuestionados presentan
sobreprecio al mo mento de la contratación y éstos repercuten en el
valor total del contrato, inciden , a su vez, en el mayor valor pagado
al contratista.
181. Ahora bien, el disenso del demandante radica específicamente
frente a la interpretación que la PGN le dio a los dictámenes
periciales sobre los cuáles se edificaron las decisiones
sancionatoria s, específicamente por que en su consideración debió
atenderse a las respuestas dadas por el perito a los
cuestionamientos 10 y 11, donde estableció que en el pliego de la
invitación No. ICM - 379-2006 se estableció el presupuesto oficial
del futuro contrato , se plasmaron las reglas de evaluación
económica del proponente y aceptación de oferta del contratista.
Dijo que, de conformidad con el pliego, la aceptación de la oferta
se efectúa sobre el valor total de la oferta y la aceptación de precios
unitarios se encuentra implícita en la misma sin que se evalúe de
manera individual cada uno de los precios del contrato.
104 F o l i o 83 cuaderno principal.
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182. Así mismo, en cuanto a la pregunta 11, el perito dijo que no se
presentaron sobrecostos toda vez que el material de mayor valor se
ejecutó en menor cantidad que lo previsto en el presupuesto inicial,
toda vez que en el presupuesto inicial se preveía que se debían
ejecutar 42.000m3 que tendrían un valor de $2.055´942.000 y al
final se ejecutó u n total de 39047 m3 con valor de ejecución se
$1.911´.389.697, por lo que la diferencia o menor valor ejecutado
asciende a la suma de $144 ´552.303.
183. Por lo anterior, la Sala centrará su atención sobre los citados
dictámenes técnicos rendidos el 7 de junio y el 8 de agosto de 2011,
por el ingeniero Gabriel Jaime Aristizábal, profesional adscrito a la
dirección nacional de investigaciones especiales 105. Es de anotar
que de los mismos se ordenó correr t raslado a los sujetos
procesales a travé s de auto de 25 de agosto de 2011 106, y solamente
el señor Julio Ibarra Daza presentó solicitud de aclaración de forma
extemporánea , por lo que fue denegada. Empero la Procuraduría
Segunda Delegada para la Contratación Estatal solicitó a la
Dirección de la Red Troncal de Alcantarillado de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá suministrar la información
solicitada por ese encartado 107.
184. Sobre este aspecto , a efectos de verificar si los precios
asignados por el diseñador y asesor de la obra correspondían a los
del mercado de la época , la PGN le ordenó al perito examinar si las
variables o circunstancias expuestas por los sujetos procesales en
los descargos , co mo justificante s para elevar los p recios unitarios
de los ítems censurados tuvieron ocurrencia y de haber sido así se
le solicitó p recisar en qué porcentaje pudieron tener incidencia los
precios sobre este aspecto.
185. El perito examin ó los turnos de trabajo de 24 horas , el trabajo
en días feriados , los precios unita rios propuestos por INGETEC
S.A. el 31 de julio de 2006, examinó el peso de la mano de obra en
uno de los equipos propuestos por el contratista (BULDOZER), los
costos de ilum inación por trabajos nocturnos, los costos de
vivienda, los costos por menor rendimiento por trabajo nocturno , los
precios por sobre acarreos y finalmente elaboró un cuadro 108.
105 Folios 1518 y s.s. Cdno 7 expediente disciplinario y y 1655 y s.s Cdno 8
Ibidem.
106 F o l i o 1 6 9 0 c u a d e r n o 8 d e l e x p e d i e n t e d i s c i p l i n a r i o .
107 « I n d i c a r l a c a n t i d a d d e m e t r o s l i n e a l e s q u e c o m p r e n d e n c a d a u n o d e l o s
tramos que conforman la tubería con otra que correspondie nte a las
instalaciones sanitarias de la caseta de vigilancia localizada en la entrada de
la presa cantarrana, desde el sitio donde arranca hasta el lugar donde
descarga […] así como establecer el precio del citado ítem con fundamento en
los precios unitar ios que reposan en el expediente». (Folio 1708 Cdno 8
expediente disciplinario).
108 C i t a d o e n l a d e c i s i ó n d i s c i p l i n a r i a d e p r i m e r a i n s t a n c i a v i s i b l e a F o l i o 9 8
del cuaderno principal, foliatura superior derecha en color verde.
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186. Allí se aprecia n, entre otros, los valores para los ítems para
por los cua les finalmente fue sancionado:
187. A partir de la información detallada en el dictamen estableció
la primera instancia disciplinaria que dicho análisis gozaba de
credibilidad por cuanto además de identificar la naturaleza de los
materiales utilizad os en la presa y los sit ios de los que se
extrajeron , expuso la metodología para determinar los precios del
mercado de la época al acudir a entidades que ejecutaron obras
similares tomando como referencia los precios suministrados por
las Empresas Públicas de Medellín , correspondientes a proyectos
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en los que se utilizaron los ítems de obra qué se cuest ionan en el
pliego de cargo s.
188. Explicó la PGN que también le ofrecía credibilidad el dictamen
por la idoneidad del profesional que lo rindió, al acreditar formación
académica y amplia experiencia profesional en el área de la
ingeniería que fue reconocida por los sujetos procesales en los
alegatos de conclusión , además, porque el dictamen señaló los
exámenes practicados para determinar lo s precios del mercado de
los ítems censurados destacando la visita de campo y, la revisión
de la documentación relacionada con el asunto obrante en el
expediente así como la solicitada por su cuenta de la entidad
contratante con fundamento técnico de las r espuestas y las
conclusiones en torno al tema , evidenciando calidad epistemológica
de las mismas porque además cálculo los precios del mercado
teniendo en cuenta las variaciones ocurridas en la época que
rodearon el desarrollo de la continuación de la cons t rucción de la
«Presa Seca Cantarrana ». En particular , frente a los ítems por los
cuales se le sancionó , la PGN concluyó lo siguiente 109:
• Item 5.7, estableció que fue cuantificado por el diseñador y
asesor del proyecto en $40.112 el m3, pero el dictamen
técnico estableció que el precio provo cado por la ocurrencia
de los anteriores f actores llegaba a la suma de $ 43.490.60
lo que no alcanza a justifi car que se haya incrementado el
precio suministrado por INGETEC SA al estipular en el
contrato un valor de $48.951, menos aun cuando el precio
del mercado determinado en el dictamen técnico era de
$12.589,70 incluido el AIU.
• Item 8.15.1 . Señaló que fue cuantificado por el diseñador y
asesor del proyecto en $ 19.804 el dm3, y el valo r fue
incrementado en el contrato hasta llegar a la suma de
$113.632.00, sin que el dictamen técnico vaya a justificación
alguna, menos aun cuando determinó que el precio del
mercado era de $12.589.70 incluido en AIU.
• Item 8.18.1 especificó que fue cuantificado por el diseñador
del proyecto en $84.070 el m2, valor que fue incrementado
en el contrato hasta llegar a la suma de $150.000 sin que el
dictamen técnico hallara justificació n alguna, menos aun
cuando determinó que el precio del mercado era de
$45.895,93 incluido el AIU para la época .
109 F o l i o s 100 y 101 del cuaderno principal.
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189. Ahora bien, con base en los anteriores datos sobre los precios
de los ítems señalados , la PGN en la decisión de 14 de febrero de
2012 concluyó 110 que para los ítems 5.1., 5.3., 5.4., 5.6., 6.1., 6.2.,
6.3., 6.5., 6.6., y 23.4.1. la EAAB tenía justificació n técnica y
económica para estipular en el contrato un mayor precio respeto al
determinado por el diseñador y asesor del proyecto.
190. Empero frente a los items 5.7., 8.15.1., y 8.18.1. señaló que
fueron estipulados en el contrato con un pre cio superior al que
correspondía , sin t ener justificación a lguna, y de acuerdo con ello
coligó:
«[ …] en sí nt esis el valor que la ent idad cont r at ant e pagó en exceso
por est os 3 í t em s de obr a dur ant e la ej ecución ascend ió a la sum a
de Q UI NI ENTO S SETENTA Y U N M I LLONES Q UI NI ENTO S SI ETE
M I L CUATRO CI ENT O S CUARE NTA Y D O S PESO S CO N 16/ 100
$571´ 507. 442, 16, si n que se haya a dver t ido j ust if icac ión t écn ica ni
económ ica a dif er encia de lo plant eado por la def ensa, pues los
t r abaj os noct ur nos no alcanzar on a cubr i r el exceso y, de ot r o lado
t am poco su ej ecuci ón se vio af ect ada por su t r anspor t e de sit ios
dist int os a los locali zados en la zona de obr a ( sobr e - acar reo) ni
por el f act or de com pact ación a los que se r ef ir ió el dict am en
t écnico com o los ingr edien t es pr eponde r ant es par a el incr em ent o
de los pr ecios de lo s dem ás ít em s cuest ionados; por el cont r ar io
est uvier on dist ant es de los pr ecios del diseñador que r esul t aban
f avor ables par a la ent idad cont r at ant e por ser los m ás acor des con
los pr ecios de l m er ca do».
191. Como se aprecia, es evidente que el argumento del
demandante persigue salvar su responsabilidad disciplinaria con
base en que el precio global del contrato no representó un
detrimento económico toda vez que se realizaron mayores obras
frente a a lgunos ítems y los que representaban mayores costos no
fueron ejecutados como se había planeado inicialmente , esto con
miras de que quede sin piso el análisis realizado a los precios
unitarios de los ítems 5.7., 8.15.1. y 8.18.1.
192. La naturaleza del contrato a precios unitarios, como ya se vio
en precedencia lo que permite es que el valor global se pueda
establecer de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas por el
precio unitario convenido. Adicionalmente, si en la ejecución del
contrato este sufre variaciones es posible que el p recio inicial sea
ajustado, como hubiese sucedido de extenderse las condiciones
climatológicas desfavorables, por incremento de obra o la
disminución de ésta, por lo que , una vez finalizado el contrato, el
valor final se determinará por el resultado de multiplicar los precios
unitarios por la ca ntidad de obra efectivamente ejecutada. Sobre
ello no hay discusión.
110 F o l i o 101 cuaderno principal.
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193. Empero sobre lo que se centra la controversia son los precios
con los cuales se suscribió el contrato y se mantuvo su ejecución.
194. Para ello debemos atender al artículo 12 de la Resolución 1016
de 2005, manual de contratación de la EAAB, vigente para la fech a
de los hechos, norma que establece el procedimiento para la
invitación privada de ofertas :
« A RT ÍCU L O D ÉC IMO S E GUN D O. - IN V IT AC IÓN PR IV AD A P ARA
P RE S ENT AC IÓN D E OF E RT A S 111. L o s p ro c e s o s d e c o n tra ta c i ó n
d e l a EA AB s e a de l a nta rá n c o m o in v i ta c i ón p ri v a d a p a ra p re s e n ta c i ó n
d e o fe rta s , s a l v o c u a n d o p o r ra z o n e s d e l a s c u a n tía s a q u e s e r e fi e re
e s ta R e s o l u c i ó n , c o mp l e ji d a d té c n i c a y e s t ra té g i c a o p o r d e c i s i ó n d e l
fa c u l ta d o p a ra c o n tra ta r, s e s e ñ a l e q u e s e d e b e re a l i z ar u n a
i n v i ta c i ón p ú b l i ca .
L a C om pl e ji d a d té cn i c a , l a d e fi ni rá e l Ge re n te Ge n e ra l c o n e l
a c o mp a ñ am i en to d e l á re a i n te re s a d a .
C o n e l p rop ó s ito d e d a rle c u mp limie n to a l p rin c ip i o d e
tra n s p a re n c ia y d e lib re c o n c u rre n c ia , c u a n do e l v a lo r e s tima d o
d e l c o n tra to e x c e d a d e 4 0 0 s a la rio s mí n im o s le g a le s me n s u a le s
v ig e n te s (S ML MV ), s e c o n fo rma rá u n C o mité d e S e le cc ió n d e
P ro p on e n te s , in te gra d o p o r e l fa c u lt a d o , e l D ire c to r d e la
D ire c c ió n d e C o mp ra s y C o n tra ta c ió n y u n d e le g a d o d e la
Ge re n c ia Ge n e ra l, q u ie n e s e le g irá n u n mín imo d e c in c o (5 )
p ro p on e n te s a p tos d e l re g is tro d e p ro p o n en te s d e la E A AB . N o
o b s ta n te lo p re s c rito , s e p o d rá c o n tra ta r d ire c ta me n te c u a n d o :
[… ]
4 . S e tra te d e c o n t ra t o s d e u rg e n c i a .
[… ]» .
195. Adicionalmente el artículo 14 e stablece qué deben contener
los términos de referencia, así:
« A RT ÍCU L O D ÉC IMO C U ART O. T ÉR MINOS D E R E FE REN C IA 112. E n
l a m o da l id a d d e c o n tra to s p o r i n v i ta c i ó n p úb l i c a y c u a n d o s e tra te d e
i n v i ta c i on e s p ri v a d as c u y a c u a n tía s u p e re l o s 4 0 0 s a la ri o s m ín i m os
l e g a l es m e n s u al e s v i g e n te s (S ML MV ), d e b e rá n e l a b o ra rs e l o s
té rm i n o s d e re fe re n c ia , q u e c o n te n d rá n l o s i g u i en te :
1 . L o s e le me n to s e s e n c ia le s d e l n e g o c io
2 . L a s c o n d i c i o n e s ne c e s a ri a s p a ra p a rti c i p a r
3 . L o s c ri te ri o s d e s e l e c c i ó n y s u p o n d e rac i ó n
4 . L o s p l a z o s d e l as e ta p a s p a ra l a p r e s e n ta c i ó n d e o fe rta s , l a
e v a l u a ci ó n y p re s e l ec c i ó n d e l a s mi sm a s
5 . L a s c o n d i c i o n e s y p l a z o p a ra l a e ta p a d e n e g o c i a c ió n .
6 . L a s c o n d i c i o n e s pa ra l a c e l e b ra c i ó n y e j e c u c ió n d e l c o n tra to .
7 . L a s c l á u s u l a s e s pe c i a l e s q u e s e e s ti p ul a ría n e n e l c o n tra to , c o m o
l a s s a n c io n a to ri a s , c o m p rom is o ri a o l a s e x c e p c i o na l e s d el de re c h o
c o m ún .
111 M o d i f i c a d o por el art. 2, Resolución E.A.A.B. 369 de 2006 , Modificado por
el art. 2. Resolución E.A.A.B. 376 de 2006 , Modificado por el art. 4, Resolución
E.A.A.B. 08 de 2007, Modificado por el art. 4, Resolución E.A.A.B. 88 de 2007 .
112 M o d i f i c a d o p o r e l a r t . 6 , R e s o l u c i ó n E . A . A . B . 0 8 d e 2 0 0 7 , M o d i f i c a d o p o r e l
art. 6, Resolución E.A.A.B. 88 de 2007
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8 . L a s d e m á s c o n di ci o n e s q u e s e a n n ec es a ri a s d e a c u e rd o co n e l
o b j e to d e l a c o n t ra ta c i ó n y q u e p ro p e n d a n p o r e l c u m p l im ie n to d e l o s
p ri n c i p io s d e tra n s p a re n c i a y l i b re c o n c u rre n c i a .
P a rá g ra f o P rime ro . E l p ro c e s o s e i ni c i a rá a s o l i c i tu d d el fa c u l ta d o
q u i e n rem i ti rá s u re q u e rimie n to a la D ire c c ió n d e Co mpra s y
C o n tra ta c io n es , d o n d e s e re v is a rá n lo s p re c io s d e me rc a d o y s e
d e te rmin a rá e l p re s u p u e s to o fic ia l d e fi n itiv o p a ra c o n tra ta r . U n a
v e z d e t e rm i n a d o e l p re s u p u e s to a c o n t r a ta r, e l fa c u l ta d o d e b e rá
s o l i c i ta r l a d i sp o n ib i lid a d p re s u p u e s ta l (s ol i c i tu d d e p e di d o SA P R /E )
s u fi c i e n te p a ra c u b rir l a s o b l i g a ci o n e s qu e s e c o n tra e rá n . U n a v e z
s u s c ri to e l c o n tra to , s e e fe c tu a rá e l re s p e c ti v o re g i s tro p re s u p u e s ta l
(p e d i d o e n S AP R /3 ). S e g u i d am e n te , e l fa c u l ta d o rem i ti rá l a s
c o n d i c io n e s té c n i c a s a l a D i re c c i ó n d e C om p ra s y C o n tra ta c i ó n ,
p re v i o a n á li s i s , re v is i ó n y v i s to b u e n o d e l p a r té c n i c o o ex p e rto
i n d e p e nd i e n te , c u a nd o s e re q u i e ra d e és te , d e c o n fo rm i d a d c o n l o
p re s c ri to e n e l a r tíc u l o q u e re g l a me n ta l o s c o n tra to s a c e l e b ra rs e
b a j o l a mo d a li d a d d e i n v i ta c i ó n p ú b li c a .
[… ]» .
196. De acuerdo con las normas analizadas y la misma definición
del contrato de obra a precios unita rios se advierte com o válido el
cuestionamiento que se hizo la P rocu raduría General de la Nación,
pues si en efecto, el proceso contractual arrancó con unos precios
que presentaron sobrecostos y que difirieron , sin justificación
alguna, de los establecidos y act ualizados por IN GETEC SA,
específicamente frente a los ítems 5.7., 8.15.1. y 8.18.1., estos
repercutirían a futu ro en el p recio fina lmente pagado al contratista,
ignorando que el mismo manual de contratación de la entidad
establece qué debe contener los términos de referencia y cómo
debe establecerse el presupuesto oficial para contratar a través de
la modalidad de contratación privada donde determina con claridad,
quienes intervienen en dicho proceso, y las actuaciones que deben
desplegar.
197. De acuerdo con ello, es evident e que al finalizar el contrato el
valor global de éste se increment ó, igualmente, de forma
injustificada, en suma que para este caso corresponde a
$571´507.442,16, como lo determinó la PGN según las diferencias
dadas por el perito adscrito a la Dirección Nacional de
Investigaciones Especiales de la entidad.
198. Los anteriores aspectos hicieron parte del debate en el
proceso disciplina rio, sin que los d isciplinados hayan aportado
alguna pru eba sobre la justificación de los sobrecostos establecidos
para los ítems 5.7., 8.15.1. y 8.18.1. Al contrario, su tesis, como
se vio, consist ió en que, al no presentarse un sobrecosto en el valor
global del contrato, no hubo detrimento patrimonial. Por s u parte,
las decisiones sancionatorias no acogieron dichos planteamientos
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y a medida en que el proceso disciplinario avanzó se fueron
consolidando las pruebas de que efectivamente se presentó un
sobrecosto en los citados ítems, para lo cual el disciplinado no
presentó justificación alguna e inclusive no se manifestó frente al
dictamen elaborado por el perito de la PGN.
199. Así las cosas, la Procuraduría General de la Nación demostró
cómo em este caso hubo ausencia de justificación f rente a los
costos de los precios unitarios para lo s ítems 5.7., 8.15.1. y 8.18.1.
evento que generó, a la postre, el valor global del mismo presentara
un incremento, a todas luces irregular, escenario que impone
denegar el cargo analizado.
3.4.4. Cuarto cargo. ¿En este caso se desatendió el principio de
interpretación re strictiva establecido en sentencia C -818 de
2005 y demás normas que se relacionan y con ello el elemento
de ilicitud sustancial?
200. Como se aprecia de la parte histórica, el cargo en mención no
goza de claridad, empero, del mismo se advierte que su desacuerdo
frente a la decisión que adoptó la PGN frente a la ilicitud sustancial
y finalmente porque en su parecer no se dio aplicación a las pautas
de la sentencia C - 818 de 20 05.
201. Sobre el tema es necesario aclarar el correcto entendimiento
en el derecho disciplinario de la figura jurídica de la ilicitud
sustancial, para lo cual debe citarse al doctrinante Carlos Arturo
Gómez Pavajeau que frente al tema indicó 113:
« [… ] la a n ti ju rid ic id a d , o me jo r la il ic i tu d , e n d e re c h o d i s ci p li n a ri o
n o p u e d e s e r e n te n d id a c o mo m e ra c on tra d i c c i ó n de l a c o n du cta d e
l a n o rm a ; e s o s e ría t a n to c o m o p re g o n a r l a e x i g e n c ia d e l d e b e r p o r
e l d e b e r m i sm o . P e ro e l c am i n o c o rre c to p a ra e l l o n o e s ha bl a r d e
a n ti j u ri d ic i d a d m a te ria l , p u e s e l l o e s p ro p i o d e l d e re c h o p e na l . L a
a n ti j u ri d ic i d a d su s ta n c i a l e s un té rm i n o g e n é ri c o q u e c ob i ja l as
e s p e c i e s d e an ti j u ri di c i d a d m a te ri al e i li c itu d s u s ta n c i a l . L a p r im e ra
c o m o s e di j o , a p li c ab l e a l d e re c h o pe n a l, y l a s e g u n d a a l d ere c h o
d i s c i pl i n a rio . L a a n ti j u ri d i c i da d s u s ta n c i a l e s e l té rm i n o c o rre c t o p a ra
d e n om i n a r e l fe n ó m en o p ro p i o d e l d e re c h o d i s c i p l i na ri o . P re s u p o n e
c o m o o b je to d e p ro te c c i ó n d e l d e re c h o d i sc i p l in a ri o e l d e b e r, p e ro e n
té rm i n o s fu n c i o n al e s. P o r e l l o e l a rt íc u l o 5 .º d e l a L e y 7 3 4 d e 2 0 0 2
h a b l a d e l “d e b e r fu n c i o n a l ”, y d e fi n e l a “i l i c i tu d s u s ta n c i a l ” c o m o l a
a fe c ta c i ó n d e a q u e l s i n j u s ti fi c a c i ón a l g un a . E s p re s u p u e s to d e l a
i l i ci tu d s u s ta n c i a l m e re c e do ra d e re p ro c h e e l q u e s e “ a fe c te
s u s ta n c i a lm e n te l o s d e b e re s fu n c i o n a l es ” [… ]» .
113 G Ó M E Z
PAVAJEAU, Carlos Arturo. La Dogmática Jurídica como ciencia del
Derecho. Sus especies penal y disciplinaria, necesidad, semejanzas y
diferencias. Universidad Externado de Colombia. Primera edición. Bogotá
(Colombia). Año 2011.
, pp. 368-369.
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202. En este sentido, para que exista ilicitud susta ncial de la
conducta, es menester que la afectación del deber funcional se
origine en una actuación que no sea justificable por parte del
disciplinado .
203. Ahora bien, a través de la Sentencia C – 818 de 2005 la Corte
Constitucional, declaró exequible el aparte en subrayas del art. 48
numeral 31 de la Ley 734 de 2002 114, «[…] en el entendido que la
conducta constitutiva de la falta gra vísima debe ser siempre de
carácter concreto y estar descrita e n normas constitucionales de
aplicación directa o en normas legales que desarrollen esos
principios […]». Esta decisión se adoptó en atención a los principios
de legalidad y reserva de ley que deben observarse en los pro cesos
disciplina rios.
204. Como ya se dijo, la PGN solamente le endilg ó al demandante
en su calidad de gerente de la EAAB 115: el siguiente aparte
normativo «Participar en la etapa precontractual o en la actividad
contractual, en detrimento del patrimonio p úblico[…] », sin
embargo, citó las normas cuyos deberes implícitos consideró
infringidos, como son:
• El artículo 123 116 inciso 2.° de la Carta Política . Esto
porque:
«[ …] t r ansgr edió, posib lem ent e la disposici ón inm ediat a m ent e
ant er ior por f alt a de aplicac ión y viola ción dir ect a, dado que es
deber de t odo ser vi dor públ ico cum pl ir con sus f uncion es en la
f or m a pr evist a en la Const it ución, la ley y el r eglam ent o, lo que se
inobser vó al no salv aguar dar los r ecur sos de la Em pr esa […] con
la om isión que s e l e r epr ocha».
• El art. 831 117 del Código de Comercio, porque:
114 « Artículo 48.Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:
[…]
31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en
detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios
que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados
en la Constitución y en la ley.» (Resaltado original)
115 F o l i o s 3 3 5 y s i g u i e n t e s d e l c u a d e r n o 3 . ° i b i d e m .
116 « S o n s e r v i d o r e s p ú b l i c o s l o s m i e m b r o s d e l a s c o r p o r a c i o n e s p ú b l i c a s , l o s
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios.
Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad;
ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el
reglamento.
La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente
desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio.»
117 « A R T Í C U L O 8 3 1 . E N R I Q U E C I M I E N T O S I N J U S T A C A U S A . N a d i e p o d r á
enriquecerse sin justa causa a expensas de otro. »
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«[ . .] al est ipular un m ayor valor en los it em s de obr a en el
cont r at o, sin f undam ent o t écnico y económ ico, pr ovocó un sobr e
cost o en el cont r at o, gener ando e l m enoscabo del p at r im onio de la
ent idad cont r at ant e y consecuent em ente un enr iquecim ient o sin
j ust a causa del con t r at ist a a expensas de los r ecur sos púb lico s
[ …] en vir t ud de que se r econoció y pagó un valor super ior al
cont r at ist a, en la m edida en que se hizo caso om iso al pr esupuest o
est ablecid o por el diseñador y as esor del pr oyect o qu ie n f ue
cont r at ado pr ecisam ent e par a act ualizar el pr ecio del m ism o,
t eniendo en cuent a que acr edit aba exper ienc ia en estudios,
diseño, super vis ión y asesor í a en el cam po de pr esas par a
dif er ent es t ipos de pr oyect os, t ant o a nivel nacional com o
int er naciona l».
• El art. 4.° 118 de la Ley 489 de 1998, se indicó:
«[ …] la f unción adm inist r at iva est á al ser vicio del i nt er és gener al
lo que f ue desat endido con la om isión que se le r epr ocha t odo es
que el m ayor valor que causó en los t r abaj os obj et o del co nt r ato
[ …] se alej a del obj et ivo pr inc ipa l par a el cual f uer on inst it u id os los
ser vidor es públ icos [ …] ».
• La Resolución 1016 de 2005 «Por la cual se adopta el
Manual de Contratación de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá, E.S.P.», en sus artículos 16
inciso 1 119 y 25 120 la PGN indicó:
«[ …] el invest igad o pr et endió posibl em ent e las disposiciones
inm ediat am ent e ant er ior es t eniendo en cuent a que er a su deber
pr ot eger y opt im izar los r ecur sos de l a Em pr esa [ …] con ocasión
de la ce lebr ac ión, ej ecución y liqu ida ción de l cont r at o 2 87/ 06,
et apas en las que in t er vino act ivam ent e, per o no lo hizo, pu es sin
118 «ARTICULO 4.- Finalidades de la función administrativa. La función
administrativa del Estado busca la satisfacción de las necesidades generales
de todos los habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y
cometidos consagrados en la Constitución Política.
Los organismos, entidades y personas encargadas, de manera permanente o
transitoria, del ejercicio de funciones administrativas deben ejercerlas
consultando el interés general».
119 «ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. ADJUDICACIÓN. La adjudicación del
contrato se hará teniendo en cuenta los criterios expuestos en los términos de
referencia o invitación de presentación de oferta, tales como: precio, plazo,
cumplimiento en contratos anteriores, calidad del b ien o servicio, capacidades
técnicas, experiencia, organización y equipo de proveedores».
120 « A R T Í C U L O V I G E S I M O Q U I N T O . - F A C U L T A D D E I N T E R P R E T A C I Ó N . L a s
disposiciones del presente manual deberán ser interpretadas de manera
integral y sistemática, en concord ancia con las normas del Código de Comercio
y del Código Civil. Los eventos que no se encuentren previstos expresamente
en el Manual se atenderán aplicando la regla que haya resuelto otro similar a
partir de la vigencia del mismo. En todo caso, la actuació n en el procedimiento
de contratación estará regida por los principios de responsabilidad personal y
economía, y orientada a obtener la optimización de los recursos de la Empresa.
De todas formas, la facultad de interpretar la presente resolución, que adop ta
el Manual de Contratación de la EAAB la tendrá la Gerencia jurídica con el
acompañamiento de un asesor de la Gerencia General, designado por ésta. »
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f undam ent o alguno, est ipuló d iscr eci on alm ent e m ayor es valor es
en los í t em s de obr a cuest ionados a l m om ent o de su celebr a ción,
lo que a la postr e provocó que el pr oyecto t uvier e un cost o super ior
al est ablec ido por e l diseñ ador ( I NG ETEC) , en la m edida e n que
f uer on esos valor es los ut ilizad os par a r econocer y liquida r las
cant idades de obr a ej ecut adas por el cont r at ist a, ant e el sil encio
del inv est igado e n est e aspect o dur ant e las alu didas et apas
cont r act uales ».
• La Resolución 088 de 2007, por la cual se modificó el
manual de contratación de la EAAB, en su art. 11 121 la PGN
indicó que el accionante:
«[ …] apr obó la liqui dación del cont r at o 287/ 06, r econociend o los
m ayor es valor es qu e est ipul ó par a los í t em s r elacionados en el
car go, consolida ndo el m ayor cost o de las obr as equiv alen t es a
$4. 297´ 615. 092. 30, sin cont ar pr eviam ent e con el f undam ent o
t écnico y económ ico que se lo perm it ier a y ant e el silencio que
guar dó en est e aspect o t ant o en la ej ecució n com o en la
liqu idac ión, no obst ant e, haber t enido l a opor t unidad de int er venir
act ivam ent e en las m ism as par a at ender asunt os r elacionad os con
el desar r oll o del pr o yect o. »
• La Ley 734 de 2002, el art. 34 numeral 1.° 122, porque «[…]
desconoció el disciplinado presuntamente estas normas que
consagran los deberes que tenía que cumplir y hacer cumplir
la Constitución, las leyes y los reglamentos de la entidad, así
121 « A R T Í C U L O DÉCIMO PRIMERO. Modificar el artículo vigésimo segundo de
la Resolución 1016 de 2005, el cual quedará así: ARTÍCULO VIGÉSIMO
SEGUNDO.- LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. Los contratos de tracto
sucesivo cuyo valor sea igual o superior a cuatrocientos (400) s alarios
mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) y los demás que lo requieran
se liquidarán de común acuerdo por las partes dentro del plazo fijado en cada
contrato.
En el acta de liquidación se consignarán, entre otros, los ajustes y
reconocimientos a que haya lugar, los acuerdos, conciliaciones y
transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias
presentadas y poder declararse a paz y salvo.
Si no hubiere acuerdo para liquidar, así lo informará el interventor del
respectivo contrato por escrito al ordenador del gasto, dejando constancia
sobre esta situación y consignando algunos antecedentes y datos del contrato,
tales como, garantías constituidas, balance financiero, penas pecuniarias,
multas y obligaciones pendie ntes. Este informe será remitido a la Gerencia
Jurídica para que sea ésta la que defina las actuaciones pertinentes».
122« A r t í c u l o 3 4 . D e b e r e s . S o n d e b e r e s d e t o d o s e r v i d o r p ú b l i c o :
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constituci ón,
los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por
el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales
y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de
funciones, las dec isiones judiciales y disciplinarias, las convenciones
colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por
funcionario competente.
[…]
21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados
y cuidar que sean uti lizados debida y racionalmente, de conformidad con los
fines a que han sido destinados»
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como el de proteger los dineros (bienes) pertenecientes al
patrimonio de la entidad contratante, más aún, cuando el
reglamento interno de contratación imponía la obligación de
optimizar los recursos que se utilizaran (sic)en dicha actividad
[…]».
• El artículo 35 numeral 7.° 123 ibidem por cuanto : «sin disponer
de fundamento técnico y económico alguno, estipuló un
mayor valor en los items de obra y permitió que fueron
utilizados durante la ejecución y liquidación para
reconocer las cantidades de obra realizadas por el
contratista, guard ando silencio en este aspect o, ocasionando
un mayor valor en el contrato y, consecuentemente, el
menoscabo del patrimonio de la entidad contratante».
205. Ahora bien, como se aprecia, entre una de las disposiciones
en cita como es la Resolución 1016 de 2005 «Por la cual se
adopta el Manual de Contratación de la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Bogotá, E.S.P.», en su artículo 25 124 señala
que el procedimiento de contratación estará regido por los
principios de resp onsabilidad personal y economía, y orientada a
obtener la optimización de los recurso s de la Empresa.
206. Sin embargo, advierte esta Sala, que los citados deberes
fueron desconocidos por parte del dem andante, toda vez que como
lo demostró el dictamen pericial realizado por el profesional de la
Procuraduría General de la Nación lo s ítems 5 .7., 8.15.1. y 8.18.1.
tuvieron un sobreprecio que se origin ó desde la misma celebración
del contrato y que se mantuvo durante el durante su ejecución sin
que el demandante haya justificado dicha actuación y mucho menos
la omisión frente al ajuste del precio de acuerdo a las ci fras que
había suministrado la firma ingente que sea , con lo cual es evidente
que no acató el principio contractual de optimización de los
123 « A r t í c u l o
35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido:
[…]
7. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o
la prestación del servicio a que está obligado. »
124 « A R T Í C U L O V I G E S I M O Q U I N T O . - F A C U L T A D D E I N T E R P R E T A C I Ó N . L a s
disposiciones del presente manual deberán ser interpretadas de manera
integral y sistemática, en concordancia con las normas del Código de Comercio
y del Código Civil. Los eventos que no se encuentren previstos expresamente
en el Manual se atenderán aplicando la regla que haya resuelto otro similar a
partir de la vigencia del mismo. En todo caso, la actuación en el procedimiento
de contratación estar á regida por los principios de responsabilidad personal y
economía, y orientada a obtener la optimización de los recursos de la Empresa.
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recursos de la empresa y con ello el principio de respo nsabilidad
individual, por lo que era válido que la PGN concl uyera que «[…]
por lo qu e verificar el cumplimiento de los requisitos para la
adjudicación de los contratos era , cuando menos , una labor que
debían realizar co n especial cuidado por lo que la sala concluye
que la conducta de los disciplinados no tiene just ificación alguna » 125
207. De acuerdo con ello, al advertirse que no se vulneró el
principio de interpretación restrictiva , y qué se analizó en debida
forma el elemento de ilicitud sustancial por parte de la Procuraduría
General de la nación , se negará el cuarto cargo formulado.
3.5. Decisión de segunda instancia.
208. Como se advierte de todo lo anterior es evidente que en este
caso no le asistió razón al Tribunal Administrativo de Cundinamarca
cuando consideró ocurrió la prescrip ción de la acción disciplina ria
al estimar que la conducta en dilgada a l demandante era de carácter
instantáneo.
209. En este sentido al verificarse qu e se trató de una conducta de
carácter permanente es otro el tratamiento que debe darse a es ta
figura, a partir d el cual se advierte que no se configuró la
prescripción de la acción disciplinaria dado que las decisiones de
primera instancia y segunda instancia fueron proferidas y
notificadas dentro del plazo establecido por el artículo 30 de la Ley
734 de 2002.
210. De acuerdo con lo anterior se re vocará la decisión de primera
instancia y en consecuencia se negarán las pretensiones de la
demanda formulada por el señor Edgar Antonio Ruiz Ruiz
comoquiera que no prosperaron los restantes argumentos de
anulación esgrimidos contra las decisiones disciplinarias
sancionatorias.
3.6. De la condena en costas .
211. De acuerdo con la posición f ija da por esta Subsección 126, se
impondrá condena en costas de ambas instancias a la parte
demandante , conformidad con lo señalado en el numeral 4.º del
artículo 365 del CGP 127, comoquiera que se le resolvió de manera
favorable el recurso de alzada a la parte demandada y se revocó la
decisión apelada. Estas se liquidarán por la Secretaría del Tribunal.
125 F o l i o
212 cuaderno principal.
126 Se puede ver, entre otras, la sentencia de 14 de julio de 2016, radicado
2013-00270-03 (3869-2014).
127 « C u a n d o l a s e n t e n c i a d e s e g u n d a i n s t a n c i a r e v o q u e t o t a l m e n t e l a d e l
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas
instancias .»
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En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO.- SE REVOCA la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 11 de agosto de 2016 , que
accedió parcialmente a las pretensiones, en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el señor
Edgar Antonio Ruiz Ruiz contra la Nación, Procuraduría General de
la Nación, de acuerdo con las razones señaladas en la parte motiva.
SEGUNDO.- SE NIEGAN las pre tensiones de la demanda
presentada por el señor Edgar Antonio Ruiz Ruiz contra la Nación,
Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con las razones
señaladas en la parte motiva
TERCERO.- CO NDENAR en costas de ambas instancias a la parte
demandante y a favor de la demanda da, las cuales se rá n liquidadas
por el a quo.
CUARTO.- EFECTUAR las anotaciones correspondientes en el
sistema de gestión judicial SA MA I y una vez en firme esta
providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión del
veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022) .
.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
CON IMPEDIMENTO
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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