Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-00653-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-00653-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-00653-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
5 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D. C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2013-00653-01 (1345-2020)
Demandante: Orlando Andrés Manotas Meriño
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional
Tema: Control judicial integral del acto administrativo sancionatorio
disciplinario. Nulidad de los actos administrativos por falta de
competencia y por violación al debido proceso. CONFIRMA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra de
la sentencia proferida el doce (12) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor Orlando Andrés Manotas Meriño instauró demanda en contra de la Nación-
Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de
que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias de primera y segunda
instancia, expedidas el 3 de mayo y 25 de junio de 2012, respectivamente, mediante
las cuales fue sancionado con destitución e inhabilidad general de doce (12) años;
y de la Resolución 03153 del 30 de agosto de 2012, mediante la cual fue ejecutada
la sanción.
Que, en consecuencia, se ordene su reintegro sin solución de continuidad, el pago
de: los emolumentos dejados de percibir; el lucro cesante pasado y futuro; los
perjuicios morales y el daño emergente representado en los honorarios que debió
pagar a los abogados.
HECHOS
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La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que el 29 de septiembre de 2011 se encontraba laborando en la Seccional de
Investigación Judicial (SIJIN) de la Policía Metropolitana de Bogotá, cuando dos de
sus compañeros le indicaron que habían recibido información relacionada con un
cargamento de droga proveniente de los llanos (sic), almacenada en un inmueble
ubicado en la calle 38 sur nro. 73F-05 de Bogotá, ante lo cual se desplazó con sus
compañeros y ubicaron al propietario del inmueble, quien los autorizó a efectuar el
registro del lugar, pese a que no se tenía orden judicial.
Que, al no encontrar nada irregular, salieron del inmueble y, en ese momento fueron
capturados por personal del grupo contra atracos de la DIJIN, como consecuencia
de lo cual el propietario del local formuló una denuncia y, además, se abrió una
indagación preliminar.
Que el 12 de marzo de 2012 se adoptó el procedimiento verbal y se citó a audiencia,
para lo cual le fueron formulados dos cargos: (i) realizar una conducta descrita en
la ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón de la función,
complementándolo normativamente con el artículo 190 de la Ley 599 de 2000 que
se refiere al tipo penal de violación de habitación ajena por servidor público; y (ii)
respecto de los bienes y equipos de la Policía Nacional: violar las instrucciones
superiores, dándoles un uso diferente.
Que, practicadas las pruebas y recibidas las intervenciones de los defensores de
los disciplinados, el 5 de mayo de 2012 fue declarado disciplinariamente
responsable y sancionado con destitución e inhabilidad general por el término de 12
años; decisión que, una vez apelada, se confirmó por auto del 25 de junio de 2012.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Constitución Política: artículos 29 y 230; Ley 734 de 2002: artículos 6, 17, 92, 180
(modificado por la Ley 1474 de 2011); Ley 1015 de 2006: artículos 5, 19, 47 y 54.
Que los actos demandados se expidieron violando normas de carácter superior,
porque al resolver la segunda instancia disciplinaria no se tuvo en cuenta el
contenido del artículo 180 de la Ley 734 de 2002, que dispone el traslado para
presentar alegatos de conclusión previo a la decisión, con lo que se desconoció el
artículo 29 constitucional y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en relación
con la importancia de realizar dicho traslado, que no es optativo y, por tanto, su
omisión implicó la violación directa de la ley sustancial.
Que en la expedición de los actos sancionatorios se desconocieron los derechos de
audiencia y de defensa, porque no se corrió el referido traslado y que, de haberlo
hecho, posiblemente habría realizado un análisis jurídico de los elementos de juicio
que tuvo en cuenta la autoridad en primera instancia. Que la conducta por la que
fue sancionado no podía tipificarse como un delito, pues lo que ocurrió fue un
registro voluntario, autorizado por el propietario y morador del inmueble.
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Que se procedió con la anuencia del propietario del inmueble, lo que se podía
verificar con la declaración juramentada del señor Luis Jesús García Corredor. Que
por no verificarlo se dio la expedición de actos indebidamente motivados, pues no
se cumplía con los presupuestos para la configuración del tipo penal de violación de
habitación ajena por servidor público.
Que, además, si el primer cargo se formuló en el sentido de cometer un delito con
ocasión de su función, el segundo cargo devenía en ambiguo, pues allí se le
reprochó darle un uso diferente a los bienes y equipos de la Policía Nacional, sin
que se explicara cómo podría adelantar el operativo sin portar sus elementos de
dotación, los que, por demás, nunca fueron usados en el procedimiento.
Que la actuación disciplinaria se adelantó por funcionarios que no tenían la
competencia, porque la SIJIN depende funcionalmente de la DIJIN y que esta última
es del nivel directivo, por lo que la primera instancia debió desarrollarse ante el jefe
de la oficina de control disciplinario interno de la Dirección General de la Policía
Nacional, por tratarse de un sujeto disciplinable del nivel ejecutivo que laboraba en
Bogotá y, por ello, no podían la oficina de control disciplinario interno de la Policía
Metropolitana de Bogotá ni la inspección delegada especial de la Policía
Metropolitana de Bogotá expedir los actos demandados.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 16 de junio de 20141, la entidad, quien se opuso a las
pretensiones. Expresó que el procedimiento disciplinario y la sanción impuesta se
sujetaron a lo dispuesto en la constitución y la ley.
Que se acreditó que el demandante junto con otros policías, se aprovecharon de su
condición de miembros de la SIJIN y con sus armas de fuego y demás elementos
asignados, ingresaron al inmueble ubicado en la calle 38 sur nro. 73-05 a realizar
un procedimiento de registro y allanamiento de manera ilegal, de lo que dio cuenta
la declaración de su propietario y un empleado de local que allí funcionaba; que no
informaron a sus superiores de la supuesta diligencia y que inclusive el señor
Manotas Meriño dijo encontrarse realizando otra actividad cuando fue llamado por
la intendente Diana (sic).
Que la obligación de correr traslado para presentar alegatos de conclusión en
segunda instancia, contenida en el inciso 7 del artículo 180 de la Ley 734 de 2002,
no puede leerse de manera aislada, pues en su interpretación es necesario tener
en cuenta los demás apartes de la disposición, en especial, el inciso 6, que consagra
la posibilidad de que la segunda instancia revoque la decisión que negó la práctica
1 Véanse folios 913-914 del cuaderno principal 3. La demanda fue asignada por reparto al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el cual por auto del 18 de junio de 2013 ordenó su remisión a los juzgados
administrativos de Bogotá (véanse folios 891 a 893 del cuaderno principal 3). Allí, el Juzgado Catorce
Administrativo de Bogotá, por auto del 13 de septiembre de 2013, declaró la falta de competencia y ordenó su
remisión al Consejo de Estado (véanse folios 897 a 901 del cuaderno principal 3). Esta Corporación, en
providencia del 11 de diciembre de 2013, ordenó la remisión de la demanda al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (véanse folios 905 a 908 del cuaderno principal 3).
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de pruebas, por lo que el texto presuntamente desconocido solo tiene sentido en el
evento en que se practiquen nuevas pruebas, pues es de allí que se derivarían
nuevas circunstancias que los disciplinados podrían presentar en sus alegaciones.
Que la actuación disciplinaria se adelantó por los funcionarios competentes,
teniendo en cuenta que el numeral 4 del artículo 54 de la Ley 1015 de 2006
condiciona la competencia en primera instancia de la Dirección General a los
servidores que laboren «en la Dirección General, Subdirección General, Inspección
General, Direcciones y Oficinas Asesoras» y que el demandante laboraba en la
seccional de investigación criminal de la Policía Metropolitana de Bogotá (SIJIN-
MEBOG), por lo que de acuerdo con en numeral 5 de referido artículo, la primera
instancia disciplinaria le correspondía a la oficina de control disciplinario interno de
la Policía Metropolitana de Bogotá, lo que se complementa con la Resolución 02973
del 5 de mayo de 2006.
Se celebró audiencia inicial el 29 de mayo de 20192 se fijó el litigio, se agotó el
periodo probatorio y se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión
y al Ministerio Público para que rindiera su concepto; luego de lo cual se dictó
sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por el demandante.
SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del doce (12) de
septiembre de dos mil diecinueve (2019)3 negó las pretensiones, tras concluir que
en la expedición de los actos demandados no se incurrió en las causales de nulidad
invocadas por el demandante.
Que el procedimiento disciplinario se originó en el presunto accionar incorrecto del
demandante y de otros uniformados, quienes ingresaron a un inmueble sin
autorización judicial ni conocimiento de su superior jerárquico y, minutos después,
fueron capturados por policiales del grupo contra atracos de la DIJIN y que por tales
hechos le formularon dos cargos, ambos tipificados como faltas gravísimas,
ejecutados a título de dolo.
Que los cargos se demostraron con las pruebas testimoniales, de donde se
concluye que con su actuación, los uniformados disciplinados atentaron contra los
derechos fundamentales del ciudadano denunciante y que cualquier duda que
pudiera surgir se despeja al tener en cuenta que el demandante no estaba asignado
para la ejecución del supuesto operativo y no se logró acreditar que este tuviese
visos de legalidad.
Que en la actuación disciplinaria el actor estuvo representado por su abogado de
confianza, quien ejerció el derecho de contradicción y que en todo caso se abstuvo
de rendir la versión libre, aun cuando en la diligencia del 27 de marzo de 2012 se
pusieron a su disposición los mecanismos tecnológicos para que ello fuera posible.
2 Véanse folios 968-969 del cuaderno principal 3 y CD en folio 977 del mismo cuaderno.
3 Véanse folios 978 a 994 del cuaderno principal 3.
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Que, respecto de la ausencia del traslado para alegar de conclusión en segunda
instancia disciplinaria, es necesario precisar que no cualquier omisión de tipo
procesal lleva a la nulidad de los actos, pues lo primero es validar si al demandante
se le negó la práctica de pruebas o si la valoración de estas no fue integral,
situaciones que no se advierten en el caso concreto.
Que con la omisión alegada en la demanda no se vulneró su derecho de defensa,
pues no se logró acreditar que con la presentación de los alegatos de conclusión se
presentarían pruebas diferentes que alterarían los juicios de valor del operador
disciplinario y que las reglas de la experiencia evidencian que esta etapa es usada
por los profesionales del derecho para reiterar los argumentos planteados en su
escrito de apelación, escenario en el cual no se justifica anular un acto por la
carencia de un escrito repetitivo y que, inclusive, en el análisis de la demanda no se
encontró prueba de la existencia de argumentos nuevos o que tuvieran un alcance
tal que llevaran a concluir que se vulneró el derecho de defensa.
Que no se vulneró el debido proceso con la adecuación típica del comportamiento,
en la medida en que la ausencia de un pronunciamiento en materia penal no
impedía que la autoridad disciplinaria declarara la responsabilidad, por tratarse de
regímenes autónomos, asunto que ha quedado decantado en la jurisprudencia.
Finalmente, se abstuvo de condenar en costas
RECURSO DE APELACIÓN
El demandante4 interpuso recurso de apelación. Insistió en que las pruebas del
procedimiento disciplinario no fueron valoradas de manera integral, pues el
testimonio del propietario del local permitía concluir que los uniformados le pidieron
permiso para ingresar al inmueble, con lo que no se configuraban los elementos del
tipo penal que se le imputó y, por el contrario, su conducta no era antijurídica, pues
estaba cumpliendo con el deber legal de verificar la información proveniente de una
fuente humana. Que existía ambigüedad en los cargos formulados, porque si el
primero se formuló en el sentido de cometer un delito con ocasión de su función, el
segundo lo contradecía, pues allí se le reprochó darle un uso diferente a los bienes
y equipos de la Policía Nacional, sin que se explicara cómo podría adelantar un
operativo sin portar sus elementos de dotación, los que, por demás, nunca fueron
usados en el procedimiento.
Que lo anterior da cuenta de que el Tribunal no realizó un control integral de la
actuación disciplinaria, pues aunque se refirió a la ausencia de una orden judicial
para el registro, omitió pronunciarse en relación con la autorización del propietario
del inmueble, lo que resultaba fundamental, pues si ingresaron con su anuencia
desaparece la conducta descrita como delito y que, adicionalmente, en la sentencia
apelada se le recriminó no haber rendido versión libre, olvidando que se trata de un
derecho que puede o no ser ejercido y que, en todo caso, la autoridad disciplinaria
4 Véanse folios 1000 a 1010 del cuaderno principal 3.
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no le brindó garantías suficientes como para que sus argumentos fueran tenidos en
cuenta.
Que así no estuviera asignado al operativo, estaba en el deber legal de atenderlo,
por mandato de la Ley 62 de 1993, que impone a todos los uniformados la obligación
de conocer los casos de policía indistintamente de su especialidad y que cuando
acudió con sus compañeros al sitio informado por la fuente humana no se hizo
escondiéndose ni ocultando su identidad.
Que, contrario a lo dicho por el Tribunal en la etapa de alegatos de conclusión en
segunda instancia no se aportan pruebas, sino que se trata de un momento en el
cual se realiza un análisis de los elementos que obran en el expediente para
convencer a la autoridad, asunto que quedó claro en la sentencia C-315 de 2012,
por lo que hace parte del derecho al debido proceso y no se trata de un aspecto
meramente formal y, en consecuencia, la omisión de la entidad demandada es
contraria al ordenamiento jurídico, asunto sobre el cual se ha pronunciado el
Consejo de Estado en sentencia del 2 de septiembre de 2010 (0083-2010) y por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca 14 de septiembre de 2017 (2013-00654).
Que los funcionarios que adelantaron la actuación disciplinaria no eran competentes
para ello, insistiendo en que por laborar en la SIJIN pertenecía al nivel ejecutivo,
pues esta depende funcionalmente de la DIJIN y por ello la primera instancia la
debió adelantar el jefe de la oficina de control disciplinario interno de la Dirección
General, de conformidad con el numeral 4 del artículo 54 de la ley 1015 de 2006,
asunto que no se abordó en la sentencia apelada.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
El 15 de septiembre de 20205 fue admitido y el 9 de diciembre del mismo año6 se
dio traslado para alegar a las partes y al Ministerio Público para que emitiera
concepto.
La demandada7 señaló que en la sentencia apelada se realizó un estudio completo
del material probatorio del procedimiento disciplinario, concluyendo que no se
vulneró ninguna garantía del disciplinado y, por tanto, debe ser confirmada.
Que el Consejo de Estado ha resuelto casos idénticos en los cuales varios
uniformados que fueron sancionados junto con el demandante acudieron a la
jurisdicción alegando similares motivos de nulidad; en esos casos, la Corporación
concluyó que las pretensiones no estaban llamadas a prosperar, posición que se
puede extraer de la sentencia del 18 de noviembre de 2020 (1259-2018;
demandante: Jairo Orlando Martínez Sánchez).
Que el demandante ha interpretado equivocadamente el objetivo de los alegatos de
conclusión en segunda instancia disciplinaria, pues estos solo tienen lugar cuando
5 Véase índice 00003 de SAMAI y constancia en el folio 1018 del cuaderno principal 3.
6 Véase índice 00008 de SAMAI y constancia en el folio 1020 del cuaderno principal 3.
7 Véase índice 00013 de SAMAI.
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existen hechos nuevos, de conformidad con la modificación introducida por la Ley
1474 de 2011.
Que la responsabilidad disciplinaria quedó plenamente demostrada y que la
respectiva sanción se impuso por las autoridades competentes, teniendo en cuenta
que el investigado laboraba en la seccional de investigación criminal de la Policía
Metropolitana de Bogotá, siendo aplicable por tanto el numeral 5 del artículo 54 de
la Ley 1015 de 2006.
El demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Corresponde a la Sala determinar si en la sentencia apelada se omitió resolver los
puntos objeto del recurso de apelación, relacionados con la posible nulidad de las
decisiones disciplinarias por falta de competencia de la autoridad y por violación al
debido proceso, derivado de la omisión del traslado para presentar alegatos de
conclusión en segunda instancia, de la falta de apreciación integral de las pruebas
y de la aparente «ambigüedad» en la formulación de cargos.
Con este fin, la providencia se referirá al marco normativo y jurisprudencial del
control judicial de los actos administrativos sancionatorios disciplinarios, a las
causales de nulidad referidas y abordará el caso concreto.
Marco aplicable al análisis de la actuación disciplinaria
La actividad administrativa disciplinaria se caracteriza porque comprende una
función especializada, la cual contiene un componente preventivo y correctivo que
busca garantizar, por un lado, la efectividad de los principios de moralidad, eficacia,
economía y celeridad; y, por otro, el buen desempeño y gestión transparente de la
función pública.
De ahí que la actuación administrativa disciplinaria esté regida por normas y
procedimientos propios, en la que los principios que informan el derecho al debido
proceso y a la defensa cobran significativa importancia. Sin embargo, no ha sido
pacífica la posición de la jurisprudencia respecto al alcance del control jurisdiccional
de esta clase de actos, tal como pasa a exponerse.
Una primera posición jurisprudencial se inclinó por sostener que el control del juez
de lo contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba el
demandante, lo que se denominó como «intangibilidad relativa» de los actos
sancionatorios, en la medida que el alcance de dicho control era restrictivo porque
se consideraba que las decisiones tomadas en virtud de la acción disciplinaria
tenían cierto grado de autonomía valorativa de los hechos y de las normas
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disciplinarias8.
Luego, la jurisprudencia adoptó la posición en la que incluso en los casos en que la
demanda no cumpliera con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto
de violación, si el juez advertía la trasgresión de un derecho fundamental de
aplicación inmediata, oficiosamente, debía proveer la tutela judicial efectiva, lo que
se denominó como «intangibilidad relativa explícita y deferencia especial»9.
Al existir diversas posturas jurisprudenciales sobre la materia, en el 2016 se unificó
jurisprudencia respecto al control judicial de las decisiones adoptadas por los
titulares de la acción disciplinaria, manifestando que se adoptaría la perspectiva del
«control judicial integral» por cuanto «(…) la actividad del juez de lo contencioso
administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un
juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz
del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos
fundamentales»10, y se indicó además que:
i) La competencia del juez administrativo es plena, sin «deferencia especial»
respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción
disciplinaria.
ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a
la de cualquier acto administrativo.
iii) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la
ley, de ningún modo restringe el control judicial.
iv) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede
disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la
Constitución y la ley.
v) Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e
imparcialidad que lo caracteriza.
vi) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad,
sino también garante de los derechos.
vii) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción
disciplinaria.
viii) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial
efectiva.
Causales de nulidad del acto administrativo
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, los actos
administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción, desde luego, parte
8 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Exp. 834. C.P. Diego Younes
Moreno.
9 Véanse: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de 2011. Exp. 2060-
2010. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia
del 09 de febrero de 2012. Exp. 2038-09. C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto de 2016. Exp.
1210-11. C.P. William Hernández Gómez.
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del cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su expedición,
relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versa,
la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento
de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la
materia de que trate.
En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los artículos
13711 y 13812 de la Ley 1437 de 2011, regulan los supuestos bajo los cuales es
posible perseguir la declaratoria de su nulidad, pretensión que puede promoverse
cuando se advierte que el acto administrativo i) se ha expedido con infracción de las
normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia; iii) en forma
irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante
falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.
Además, la jurisprudencia ha señalado que es posible perseguir la nulidad de un
acto cuando se advierta la vulneración sustancial del derecho al debido proceso,
materializada en los distintos defectos identificados en sendos pronunciamiento de
la Corte Constitucional, que se desarrollarán en breve.
• Nulidad por falta de competencia
Si bien la competencia no hace parte de la estructura y contenido del acto
administrativo, su estudio es fundamental porque constituye el elemento
determinante de las potestades de una autoridad para definir una situación jurídica,
lo que necesariamente se relaciona con el principio de legalidad, porque delimitar
qué autoridad debe resolver un asunto específico es indispensable en el modelo de
Estado Social y Democrático de derecho, pues evita el ejercicio arbitrario del
poder13.
A partir de tales consideraciones y con apoyo en la doctrina, se ha definido la
competencia como la «(…) facultad o el poder jurídico que tiene una autoridad para
ejercer determinar (sic) función»14, de lo que se sigue que la falta de competencia
se materialice cuando «(…) el autor profiere el acto pese que a (sic) no tenía el
poder legal para expedirlo, es decir, cuando la decisión se toma sin estar legalmente
facultado para ello»; esto es, por fuera de las facultades constitucionales y legales
que se atribuyen a la autoridad.
Carlos Betancur Jaramillo, citando a Jean Rivero, denomina incompetencia a aquel
vicio del acto administrativo que se configura cuando el autor de una decisión no
tenía el poder legal para tomarla15. Para Betancur Jaramillo, es la forma de
ilegalidad del acto más grave, porque los agentes públicos no pueden hacer sino
11 Del medio de control de nulidad.
12 Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
13 Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 22 de julio de 2021. Radicado 23001-
23-33-000-2013-00163-02 (4789-18). Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
14 Rodríguez, Libardo. Derecho administrativo general y colombiano Temis, Bogotá, 2013. Pág. 322. Citado
en: Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 21 de junio de 2018. Radicado: 73001-23-31-000-2011-
005112-01. Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro.
15 Rivero, Jean. Droit Administratif. Dalloz, Paris 1971, 5ª edición. P. 233. Citado en: Betancur Jaramillo, Carlos.
Derecho procesal administrativo. Ley 1437 de 2011. Medellín, 2013, 8ª edición. P. 291.
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Radicado: 25000-23-42-000-2013-00653-01 (1345-2020)
aquello para lo cual están expresamente autorizados, actuando sobre la base y
dentro de los límites de las atribuciones asignadas por los textos legales.
Para el autor, esto refleja «(…) el carácter de orden público que tienen las normas
que distribuyen las competencias funcionales»16; lo que, a su vez:
«(…) permite su declaratoria oficiosa por el juzgador, aunque el demandantes
no la haya invocado como apoyo de su petición. Se colige igualmente que el
vicio de incompetencia no puede ser subsanado por la aprobación posterior de
la autoridad competente, ni ésta (sic) puede renunciar a ella en beneficio de un
administrado17. Tampoco puede ser la competencia objeto de convención entre
las partes ni modificarse, en principio, por razones de urgencia.
(…)
Obsérvese que la formulación del cargo por incompetencia, dada su magnitud,
coloca en un plano un tanto secundario la impugnación por cualquier otro
motivo. (…) En otros términos, cuando la competencia del funcionario esté
cuestionada, la lógica impone determinado orden en la impugnación y hace que
sobre, hasta cierto punto, hablar de la expedición irregular del acto, de la falsa
motivación, de la desviación de poder o de la infracción de la norma de derecho
de fondo. (…)»18 (subrayas de la Sala).
• Nulidad por violación al debido proceso
El artículo 29 de la Constitución Política dispone que el debido proceso se aplica
tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e implica
que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se
le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias de cada
juicio.
Atendiendo a lo anterior, para determinar si hay lugar a declarar la nulidad por
desconocimiento de esta garantía, se examinan elementos formales y sustanciales
en la formación del acto administrativo que repercuten en la garantía que consagra
el artículo 29 constitucional.
Su respeto tiene que ver con la concreción de por lo menos estos elementos: a) en
la perspectiva formal, (i) que la actuación se adelante por el competente, (ii)
permitiendo la participación activa de todos los interesados; (iii) que estos sean
escuchados durante el trámite; (iv) que no existan dilaciones injustificadas; (v) que
los interesados puedan aportar, solicitar y controvertir pruebas; (vi) que las
decisiones que se profieran se notifiquen en debida forma y que se dé el trámite
oportuno cuando las decisiones sean impugnadas19; b) en sentido sustancial, (vi)
que la autoridad aplique el principio de favorabilidad siempre que sea pertinente;
(vii) que durante el trámite de la actuación el investigado se presuma inocente.
La Corte Constitucional en la Sentencia T-076 de 201820 precisó que tanto de las
providencias judiciales como de los actos administrativos, puede predicarse la
16 Betancur Jaramillo, Óp. Cit.
17 Rivero Jean, O.C. pág. 233 [cita de Betancur Jaramillo, Óp. Cit.].
18 Betancur Jaramillo, Óp. Cit.
19 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2014. Radicado 05001-23-31-000-2000-
02324-01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.
20 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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vulneración sustancial del derecho al debido proceso, la cual se concreta en los
distintos defectos identificados por la jurisprudencia constitucional:
«“Defecto orgánico, que se estructura cuando la autoridad administrativa que
profiere el acto objeto de reproche constitucional carecía absolutamente de
competencia para expedirlo (…).
Defecto procedimental absoluto, el cual se predica de la actuación
administrativa, cuando ha sido tramitada completamente al margen del
procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico (…).
Defecto fáctico, que se demuestra cuando la autoridad administrativa ha
adoptado la decisión bajo el absoluto desconocimiento de los hechos
demostrados dentro de la actuación. (…)
Defecto material o sustantivo, el cual concurre cuando la autoridad
administrativa profiere el acto a partir de la aplicación de normas inexistentes,
inconstitucionales, declaradas ilegales por la jurisdicción contenciosa o
abiertamente inaplicables para el caso concreto. La jurisprudencia también ha
contemplado que la interpretación irrazonable de las reglas jurídicas es una
causal de estructuración de defecto sustantivo, evento en el que se exige una
radical oposición entre la comprensión comúnmente aceptada del precepto y su
aplicación por parte de la autoridad administrativa, situación que encuadra en
lo que la doctrina define como interpretación contra legem.
Error inducido o vía de hecho por consecuencia, defecto que se predica cuando
la autoridad administrativa adopta una decisión contraria a los derechos
fundamentales de las partes interesadas, debido a la actuación engañosa por
parte de un tercero.
Falta de motivación, que corresponde a los actos administrativos que no hacen
expresas las razones fácticas y jurídicas que le sirven de soporte. (…)
Desconocimiento del precedente constitucional vinculante, defecto que ocurre
cuando la autoridad administrativa obra, de forma injustificada, en contravía del
contenido y alcance de los derechos fundamentales que ha realizado, con
efectos obligatorios, la Corte Constitucional.
Violación directa de la Constitución, lo que se predica del acto administrativo
que desconoce, de forma específica, normas de la Carta Política (…)’21»22.
Caso concreto
Examinado el expediente de la actuación disciplinaria, la Sala destaca:
• Que el 30 de septiembre de 2011 el jefe de la oficina de control disciplinario
interno de la Policía Metropolitana de Bogotá abrió una indagación preliminar en
contra de varios uniformados, el señor Manotas Meriño entre ellos, con
fundamento en un informe de novedad que daba cuenta de que el 29 del mismo
mes y año los implicados habían sido capturados luego de que irrumpieran en el
inmueble ubicado en la calle 38 sur nro. 73F-05, empleando sus elementos de
dotación, sin orden de registro o allanamiento y, según una de las víctimas,
registraron el lugar, presuntamente buscando estupefacientes y dinero.
21 Ver Sentencia T-076 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
22 Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Que se formuló una denuncia con ocasión de la cual se les imputó el delito de
violación de domicilio y que les fueron incautados sus elementos de dotación, un
vehículo particular y las motocicletas de propiedad de la entidad23.
• Que por auto del 12 de marzo de 2012 se adoptó el procedimiento verbal y se
citó a audiencia, para lo cual al señor Orlando Andrés Manotas Meriño se le
formularon dos cargos: (i) con fundamento en el numeral 9 del artículo 34 de la
Ley 1015 de 2006, realizar una conducta descrita en la ley como delito, a título
de dolo, cuando se cometa en razón de la función, adecuada típicamente al
artículo 190 del Código Penal, que se refiere al tipo de violación de habitación
ajena por servidor público; y (ii) con fundamento en el numeral 21, literal c del
artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, incurrir en la prohibición de dar a los bienes
de la institución un uso diferente a la legalmente encomendada. En ambos
casos, calificada la falta como gravísima, ejecutada en la modalidad de acción y
a título de dolo24.
• Que, recibidas las intervenciones de los investigados, por intermedio de su
defensa, y practicadas las pruebas ordenadas, en audiencia del 3 de mayo de
2012 fue declarado disciplinariamente responsable y sancionado con destitución
e inhabilidad general por el término de 12 años25; decisión que, una vez apelada,
se confirmó por auto del 25 de junio de 2012 por la inspección general delegada
especial de la Policía Metropolitana de Bogotá26.
Para el demandante, en la sentencia apelada no se realizó un control integral de la
actuación disciplinaria porque, de haber procedido en ese sentido, habría advertido
que la valoración probatoria no fue integral y que los cargos formulados resultaban
ambiguos. Lo primero, porque el testimonio del propietario del inmueble daba cuenta
de que autorizó a los uniformados a realizar el procedimiento; lo segundo, porque
si el primer cargo ocurrió en razón de su función, no podía reprochársele que les
hubiera dado a sus elementos de dotación un uso diferente.
Para la Sala, este argumento no está llamado a prosperar, pues en la decisión del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca se analizó en su integridad la actuación
disciplinaria, aplicando la jurisprudencia vigente respecto de la perspectiva del
control judicial integral; estudio que dio cuenta de que el procedimiento disciplinario
se adelantó de conformidad con el régimen jurídico aplicable, de tal manera que,
llegados a la imposición de la sanción, la autoridad se fundamentó en las pruebas
que obraban en la actuación, con las que concluyó, más allá de toda duda
razonable, que la responsabilidad del demandante se encontraba acreditada.
En línea con la motivación de la sentencia apelada, esta Sala no encuentra que la
valoración probatoria desconociera las reglas de la sana crítica, y menos que el
23 Véanse folios 79 a 85 del cuaderno principal 1.
24 Véanse folios 486 a 579 del cuaderno principal 2. La formulación de cargos respecto del demandante, en
folios 506 a 525.
25 Véanse folios 675 a 790 del cuaderno principal 3. La determinación de la responsabilidad disciplinaria
respecto del demandante, en folios 698 a 720.
26 Véanse folios 792 a 830 del cuaderno principal 3.
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testimonio del propietario del inmueble donde ocurrieron los hechos, llevara a
generar si quiera una duda respecto de la irregularidad del procedimiento; pues, en
la narración de los eventos por parte del declarante, se advierte que los uniformados
ingresaron al lugar e increparon al señor García Corredor, diciéndole que tenían
información según la cual había llegado «un poco de droga del llano» y que, al
manifestar que nada sabía sobre el asunto, uno de ellos lo arrinconó hacia la pared
y, posteriormente, cuando otro uniformado dijo que debían buscar en las
habitaciones, él contestó «siga y busque en la pieza»27.
Esa respuesta, que a lo largo del concepto de violación y en el escrito de apelación
pretendió mostrarse como la anuencia del propietario, en nada varía la valoración
que de esa prueba se realizó por el operador disciplinario y en la sentencia apelada,
pues la manifestación del declarante se encuentra precedida de actuaciones
intimidatorias que, en todo caso, ocurrieron luego de que los uniformados ingresaran
al inmueble, sin la orden de ninguna autoridad y sin que sus superiores estuvieran
enterados del procedimiento28.
En este punto, cabe precisar que al demandante nunca se le reprochó haber
participado en un operativo para el que no estaba asignado y, en ese sentido, la
alusión a los mandatos de la Ley 62 de 1993 ningún alcance tiene ni sobre los actos
sancionatorios ni sobre la sentencia apelada. Con todo, si la base de los cargos
formulados está en la irregularidad del procedimiento adelantado, no resulta
contrario a la realidad advertir que ni el señor Manotas Meriño ni los demás
uniformados tenían instrucciones de llevarlo a cabo y, en esa medida, la apreciación
que sobre este punto realizó el Tribunal de Cundinamarca únicamente ratifica que
la motivación de los actos demandados resultó acorde con las pruebas practicadas
y valoradas29.
Por su parte, el reproche dirigido a la ambigüedad de los cargos formulados no
merece mayor pronunciamiento por parte de la Sala, en la medida en que se trata
de un mero distractor, de un galimatías con el cual el apelante pretende que se
desconozca que la actividad probatoria desplegada por la autoridad disciplinaria
permitió acreditar que (i) con ocasión de la función el señor Manotas Meriño incurrió
en una conducta que la ley penal prevé como delito y que, (ii) en dicha actuación,
empleó los elementos que la entidad le suministra para la prestación del servicio
(como su arma, su identificación y su vehículo) para fines contrarios a los de la
27 Véanse folios 242 a 251 del cuaderno principal 1. Lo dicho se ratifica, además, con la declaración juramenta
del señor Neftalí Andrés Hernández Santamaría, quien laboraba en la carnicería de propiedad de Luis Jesús
García Corredor. En diligencia del 22 de noviembre de 2011 relató los términos de la irrupción de los
uniformados en el domicilio, la pregunta insistente por el propietario, antes de dirigirse al patio, la búsqueda de
una supuesta droga en las habitaciones de la casa y, además, que un uniformado se quedó con su documento
de identidad (véanse folios 435 a 442 del cuaderno principal 2).
28 En la declaración juramentada del 3 de octubre de 2011, el señor Gustavo Alberto Conde Sáenz, jefe del
demandante, indicó que no existía ninguna orden de autoridad competente para realizar un procedimiento como
el que dio lugar a la actuación disciplinaria (véanse folios 160 a 171 del cuaderno principal 1.
29 «El demandante no se encontraba previamente asignado para realizar la acción que ejecutó es decir, ingresar
al referido inmueble; de haber ocurrido el supuesto hecho punible, de haber ingresado sustancias ilícitas al
referido inmueble y con el ánimo de asegurar los elementos protocolarios del caso, debió poner en conocimiento
a sus superiores por vía telefónica, electrónica u otra, en tiempo real y así mismo procurar la eficacia de la
operación; conocido (sic) la presunta conducta criminal, un buen y prudente policía se habría limitado a asegurar
y vigilar el citado inmueble hasta tanto se obtuviese autorización y apoyo para la ejecución o registro del mismo
y no, a mutuo (sic) propio decidor ingresar a la habitación, inobservando todos los reglamentos propios y
ordinarios para esas operaciones» (véanse folios 985-986 del cuaderno principal 3).
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actividad policial.
La Sala tampoco encuentra que en la sentencia apelada se le hubiese recriminado
al señor Manotas Meriño no haber rendido su versión libre. Sobre este punto,
únicamente se indica que dentro de la actuación disciplinaria se brindó la
oportunidad de que se ejerciera dicho derecho, poniendo a disposición del
investigado y de su defensa los medios tecnológicos para ello, sin que se hubiese
hecho uso de tales mecanismos30.
La apreciación del Tribunal tuvo lugar, precisamente, en el marco del control judicial
integral de la actuación, advirtiendo con ello que no se incurrió en lesión del derecho
al debido proceso, por lo que sobre este punto tampoco están llamados a prosperar
los argumentos del apelante.
Los reparos del demandante en relación con la omisión de correr traslado para
presentar alegatos de conclusión en segunda instancia disciplinaria fueron
debidamente resueltos en la sentencia apelada. Allí no se dijo que en dicha etapa
se aporten pruebas, sino que, tratándose de una irregularidad de tipo procesal, se
debe examinar si con ella se afecta la legalidad de los actos, concluyendo que no,
luego de advertir que no se acreditó que con su presentación se hubiesen aportado
elementos que condujeran a la autoridad a una decisión sustancialmente distinta.
Sobre este punto, la Sala se suma a la tesis que esta Corporación expuso en las
providencias que, en sede de apelación, se pronunciaron sobre las pretensiones de
nulidad de los uniformados Fredy Lancheros Lozano31 y Jairo Orlando Martínez
Sánchez32, también sancionados en la actuación que declaró disciplinariamente
responsable al demandante.
En aquellas oportunidades se indicó que tal omisión no tenía el alcance de viciar los
actos demandados, porque la revisión integral de las demás etapas daba cuenta del
respeto de las garantías sustanciales de los disciplinados y que la ausencia del
traslado para alegar en segunda instancia no tenía relevancia o incidencia en el
contenido de la decisión, teniendo en cuenta que, además, llegados a la segunda
instancia disciplinaria, no había pruebas qué practicar y todos los argumentos de la
defensa se encontraban plasmados en el recurso de apelación33.
30 Véase folio 986 del cuaderno principal 3.
31 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 23 de abril de 2020. Exp. 25000-23-42-
000-2013-00996-01 (1000-2017). C.P. William Hernández Gómez.
32 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 18 de noviembre de 2020. Exp. 25000-
23-42-000-2013-00654-01 (1259-2018). C.P. Gabriel Valbuena Hernández. En esta, se reiteró el criterio judicial
expuesto respecto a la misma situación fáctica ocurrida con el patrullero Fredy Lancheros Lozano.
33 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 23 de abril de 2020. Exp. 25000-23-42-
000-2013-00996-01 (1000-2017). C.P. William Hernández Gómez. En esta, se resolvió la segunda instancia en
el medio de control promovido por Fredy Lancheros Lozano: «(…) basta con reiterar que el vicio de expedición
irregular que puede dar lugar a la anulación del acto es aquel “relevante para su contenido o para la efectividad
del debido proceso, cuando es sustancial, según la jurisprudencia, es decir, cuando incide en el sentido de la
decisión, o es básica para la misma” [Berrocal Guerrero, Luis Enrique. Manual del acto administrativo. Librería
Ediciones el Profesional LTDA. Séptima edición. Bogotá. 2006. Pp. 551-552]. Por tanto, una interpretación
diferente al caso aquí examinado, en donde no había pruebas que practicar y cuando todos los argumentos de
defensa fueron presentados en el recurso de apelación, sería privilegiar la forma sobre el fondo del asunto,
aspecto que significaría confundir las garantías sustanciales con los excesos de forma y ritualidad».
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Ahora, en relación con la competencia de las autoridades disciplinarias, es
necesario precisar que en el expediente se acreditó que el señor Orlando Andrés
Manotas Meriño se desempeñaba en el nivel ejecutivo como funcionario
investigador de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana
de Bogotá (SIJIN-MEBOG)34. Estas seccionales son, según la Resolución 00319
del 8 de febrero de 2010, unidades desconcentradas de la Dirección de
Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), con jurisdicción en cada policía
metropolitana.
Por su parte, el artículo 54 de la Ley 1015 de 2006, que distribuye la competencia
en materia disciplinaria al interior de la Policía Nacional, dispone, en el numeral 5,
que corresponde al jefe de la oficina de control disciplinario interno de la policía
metropolitana el conocimiento en primera instancia de «(…) las faltas cometidas en
su jurisdicción, por el personal del Nivel Ejecutivo, Suboficiales, Agentes, Auxiliares
de Policía, y Estudiantes de las Seccionales de Formación de la Policía Nacional»
(subrayas de la Sala); mientras que en el numeral 3, dispone que la competencia
para la segunda instancia radica en los inspectores delegados35.
De esa forma, adelantado el trámite de primera instancia por la oficina de control
disciplinario interno de la Policía Metropolitana de Bogotá, la decisión de segunda
instancia debía adoptarse por la inspección delegada especial de la misma
metropolitana, como en efecto ocurrió, lo que implica que no se configuró la causal
de nulidad por falta de competencia.
En consecuencia, los actos demandados no incurrieron en vicios que afecten su
legalidad, por lo que lo procedente es confirmar la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
De la condena en costas
Sobre este punto, es importante aclarar que según el cambio introducido por el
legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202136, que dicha declaración es
viable, siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta
carencia de fundamento legal. Teniendo en cuenta lo anterior, la Subsección A
considera que, en el presente caso, observando los argumentos esbozados por la
parte recurrente en sus distintas intervenciones, no se presenta el referido supuesto;
por el contrario, manifestó argumentos razonables en defensa jurídica de sus
intereses, de manera que no se impondrá condena en costas en esta instancia.
34 Véanse folios 47 a 55 del cuaderno principal 1.
35 Ley 1015 de 2006. «Artículo 54. Autoridades con atribuciones disciplinarias. (…)
3. INSPECTORES DELEGADOS.
a) En Segunda Instancia de las decisiones proferidas por los Jefes de Oficinas de Control Disciplinario Interno
de su jurisdicción;
b) En Primera Instancia de las faltas cometidas por los Oficiales Subalternos en su jurisdicción» (subrayas de
la Sala).
36 Ley 2080 de 2021. «Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo
caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda
con manifiesta carencia de fundamento legal».
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el doce (12) de septiembre de dos mil
diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la
cual se negaron las pretensiones.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. RECONOCER personería al abogado Jorge Eliécer Perdomo Flórez,
identificado con cédula de ciudadanía nro. 85.467.941 y portador de la tarjeta
profesional 136.161 del C.S. de la J. para representar los intereses de la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, conforme al poder visible en el
índice 00013 de SAMAI.
Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes
en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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