Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-00685-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-00685-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-00685-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
27 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2013-00685-01 (3690-2017)
Demandante: María Patricia Vegalara Rojas
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
Temas: Término de prescripción mesadas pensionales
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por María Patricia Vegalara Rojas
contra la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2016 por la Sección Segunda,
Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
María Patricia Vegalara Rojas, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 1, presentó
demanda en orden a que se declare la nulidad parcial de las resoluciones: 021153
del 21 de mayo de 2009, 04168 del 8 de octubre de 2009, 01252 del 11 de abril de
2011 y 10261 del 21 de marzo de 2012 por las cuales el Instituto de Seguros
Sociales2 hoy Administradora Colombiana de Pensiones3 le negó la reliquidación de
su pensión de jubilación.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
i) ordenar a Colpensiones reliquidar su pensión de jubilación con la inclusión de los
1 En adelante CPACA.
2 En adelante ISS.
3 En adelante Colpensiones.
Radicado: 25000-23-42-000-2013-00685-01 (3690-2017)
Demandante: María Patricia Vegalara Rojas
salarios que efectivamente devengó en dólares, durante el período comprendido
entre el 28 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2005; ii) ajustar las sumas
adeudadas conforme al IPC; iii) pagar las diferencias de las mesadas pensionales
resultantes entre los valores pagados y los que debía recibir; iv) deducir, en la
proporción que establece la ley, los aportes al sistema de seguridad social, que no
se hubiesen efectuado; v) reconocer y pagar, sobre el monto de la diferencia que
resulte entre la mesada reconocida y la que resulte de la nueva liquidación,
intereses corrientes a la tasa máxima que certifique el Banco de la República y vi)
condenar en costas a la parte demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
• Mediante Resolución 021153 del 21 de mayo de 2009 el ISS le reconoció a María
Patricia Vegalara Rojas una pensión de jubilación conforme con el régimen de
transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 758 de
1990 que aprobó el Acuerdo 049 de 1990, por cuanto acreditó más de 1134
semanas de cotización durante los últimos 10 años. Para efectos de la liquidación
de la prestación se tuvo en cuenta el promedio devengado durante los últimos 10
años de servicio, lo cual arrojó una mesada pensional de $3.150.815, a partir del 1°
de enero de 2009.
• Contra el referido acto administrativo, la demandante presentó recurso de
reposición y en subsidio el de apelación. A través de la Resolución 047168 del 8 de
octubre de 2009 la entidad resolvió el recurso de reposición, con la cual confirmó la
decisión recurrida.
• El ISS profirió la Resolución 01252 del 11 de abril de 2011, al desatar el recurso
de apelación, modificó el acto de reconocimiento pensional y como consecuencia
tuvo en cuenta el promedio del salario percibido durante los últimos 10 años de
servicio y una tasa de reemplazo del 81%, lo que dio como resultado una mesada
pensional de $3.942.197.
• El 13 de marzo de 2012, María Patricia Vegalara Rojas solicitó a la entidad
demandada el reconocimiento y pago de las mesadas causadas debidamente
indexadas por concepto de retroactivo, a partir de la fecha de retiro definitivo del
servicio, petición que fue resuelta mediante la Resolución 10261 del 21 de marzo
de 2012 con la que se liquidaron las sumas solicitadas.
• En la liquidación de la pensión de jubilación, la entidad demanda no tuvo en cuenta
que durante el período comprendido entre el 28 de enero de 2003 y el 31 de
diciembre de 2005 se desempeñó como cónsul de primera clase en el Consulado
General Central de Colombia en Nueva York, por lo que devengó salarios en
dólares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 4ª de 1992 y los
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Demandante: María Patricia Vegalara Rojas
decretos 3547 de 2003 y 2078 del 2004.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 29, 48, 53, 83, 209 y 243 de
la Constitución Política; 127 y 142 del Código Sustantivo del Trabajo; 1, 4, 10 y 21
de la Ley 100 de 1993; 46 del Decreto Reglamentario 692 de 1994; y la sentencia
C-173 del 2004 proferida por la Corte Constitucional.
En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos4:
• La entidad demandada desconoció las normas constitucionales, toda vez que con
los actos administrativos objeto de reproche no tuvo en cuenta el promedio mensual
real de los salarios que efectivamente devengó la demandante entre el 28 de enero
de 2003 y el 31 de diciembre de 2005, período en el que prestó sus servicios fuera
del territorio nacional, lo que conllevó al reconocimiento de una pensión menor de
la que le correspondía de acuerdo con el régimen del que es beneficiaria.
• Con la decisión contenida en los actos demandados, el ISS incurrió en una vía de
hecho por cuanto se apartó de la sentencia C-173 de 2004 en la que la Corte
Constitucional precisó que para los empleados que prestan sus servicios en el
Ministerio de Relaciones Exteriores fuera del territorio nacional, la liquidación «debe
hacerse tomando como base el salario realmente devengado por el ex trabajador y
nunca un salario inferior, que además es ficticio, pues no corresponde al cargo
desempeñado y las responsabilidades derivadas del mismo».
Finalmente, estima que la entidad se apartó de los fines esenciales del Estado, al
desconocer el promedio real de los salarios que efectivamente devengó durante el
tiempo que prestó sus servicios en el exterior.
1.2. Contestación de la demanda
El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las pretensiones con fundamento en
que la demandante era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, por lo que el reconocimiento pensional se hizo de
conformidad con lo previsto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto
758 del mismo año.
Propuso como excepciones las siguientes: i) falta de legitimación en la causa; ii)
prescripción; iii) cobro de lo no debido; iv) pago; v) inexistencia del derecho y de la
obligación; vi) imposibilidad jurídica para cumplir con las obligaciones pretendidas.
4 Folios 51 a 80.
Radicado: 25000-23-42-000-2013-00685-01 (3690-2017)
Demandante: María Patricia Vegalara Rojas
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en
sentencia del 10 de noviembre de 20165, declaró la nulidad parcial de los actos
demandados proferidos por el Instituto de Seguros Sociales hoy Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y: i) ordenó a la entidad demandada
reliquidar la pensión de María Patricia Vegalara Rojas, a partir del 1° de enero de
2006, incorporando al IBL pensional los salarios en dólares americanos que
efectivamente devengó durante el período comprendido entre el 28 de enero de
2003 y el 31 de diciembre de 2005; ii) condenó a Colpensiones a pagar a la
demandante la diferencias de las mesadas pensionales resultantes entre los valores
pagados y los que resulten de la reliquidación; y iii) declaró la prescripción de las
diferencias de las mesadas pensionales anteriores al 28 de febrero de 2010.
Para tal efecto, se pronunció en estos términos:
• De acuerdo con la sentencia T-1016 de 2010, la liquidación de las prestaciones
sociales de los empleados del servicio exterior debe realizarse teniendo en cuenta
la asignación correspondiente al cargo efectivamente desempeñado y no a la de un
cargo diferente, lo contrario, conllevaría a incurrir en prácticas discriminatorias, ya
que a trabajadores que han recibido una asignación mayor se les reconocería
prestaciones económicas en montos correspondientes a trabajadores que
recibieron asignaciones menores.
• Después de hacer un recorrido por la jurisprudencia constitucional, advirtió que la
Corte concluyó, en situaciones fácticas similares a la que es objeto de estudio, que
se vulneran derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, a la
subsistencia digna y al mínimo vital cuando se liquidan los aportes al sistema de
pensiones sobre un ingreso base de cotización que no corresponde al que
realmente devengó el trabajador.
En consonancia, es claro que el precedente constitucional señaló de manera precisa
que las cotizaciones para pensión deben hacerse tomando en consideración las
asignaciones que corresponden al cargo realmente desempeñado, pues hacerlo a
partir de una asignación distinta o supuestamente equivalente resulta
discriminatorio. Con fundamento en esa línea jurisprudencial, la Corte
Constitucional mediante sentencia C-173 de 2004 declaró inexequible un aparte del
parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 797 de 2003 que reproducía íntegramente el
contenido normativo del artículo 57 del Decreto 10 de 1992, al concluir que « los
aportes para pensión y la liquidación de la misma en el caso de funcionarios del
Ministerio de Relaciones Exteriores que presten sus servicios en la planta externa
deben hacerse conforme al salario realmente devengado».
5 Folios 173 a 190.
Radicado: 25000-23-42-000-2013-00685-01 (3690-2017)
Demandante: María Patricia Vegalara Rojas
• En consideración a que la pensión reconocida a la demandante se liquidó con base
en el promedio devengado en los 10 años anteriores al retiro de servicio, es decir,
entre el 1° de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 2005, periodo contentivo del
lapso durante el cual se desempeñó en la planta externa del Ministerio de
Relaciones Exteriores, por lo que, en virtud de la sentencia C-173 de 2004, tiene
derecho a que su pensión sea liquidada con base en lo realmente devengado para
el periodo comprendido entre el 28 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2005
convertidos a pesos colombianos.
• Comoquiera que existe disonancia entre los aportes que como empleador efectuó
el Ministerio de Relaciones Exteriores a Colpensiones, esta última podrá adelantar
las acciones correspondientes para que dicha cartera complemente, en la
proporción que le correspondía, los aportes que ha debido efectuar con base en el
salario real devengado por María Patricia Vegalara Rojas.
Finalmente, declaró la prescripción sobre la reliquidación de las mesadas
pensionales que fueron percibidas antes del 28 de febrero de 2010, por cuanto la
demandante presentó la petición de reliquidación pensional ante la entidad el «7 de
agosto de 20096» y la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 28 de
febrero de 2013. Lo anterior, con base en las disposiciones contenidas en los
artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969.
1.4. El recurso de apelación
María Patricia Vegalara Rojas interpuso recurso de apelación7 con el fin de que se
revocara el numeral cuatro que declaró la prescripción de las diferencias de las
mesadas pensionales no reclamadas, anteriores al 28 de febrero de 2010, para lo
cual expuso como argumentos los siguientes:
• El tribunal de primera instancia erró al declarar la prescripción de las diferencias
en las mesadas pensionales anteriores al 28 de febrero de 2010, por cuanto, de
acuerdo con el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 « el simple reclamo escrito del
empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación
debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual».
Lo anterior por cuanto adquirió el estatus de pensionada el 5 de enero de 2006 y
presentó la solicitud de reconocimiento el 19 de junio de 2008, esto es, antes de
que transcurrieran los 3 años que prescribe el referido artículo 41 del Decreto 3135
de 1968.
• De otra parte, la norma aplicable a la situación fáctica objeto de estudio, es el
6 Se observa que así se señala en el folio 16 de la sentencia de primera instancia, sin embargo,
verificado el expediente, corresponde a la fecha en la que el accionante interpuso los recursos contra
el acto de reconocimiento pensional, como se verifica en el folio 6 del cuaderno principal.
7 Folios 195 a 198.
Radicado: 25000-23-42-000-2013-00685-01 (3690-2017)
Demandante: María Patricia Vegalara Rojas
artículo 50 del Decreto 758 de 1990 que establece que la «prescripción para el
reconocimiento de una mesada pensional prescribe en cuatro (4) años […] Las
prescripciones consagradas en este artículo comenzarán a contarse a partir de la
exigibilidad del respectivo derecho.»
En ese sentido la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 4 de noviembre de
2009 señaló que «[r]esultan determinantes las normas del Acuerdo 049 de 1990, y los
artículos 50 del Decreto 758 de 1990 y el 489 del C.S.T. y S.S., a efecto de la definición
de la prescripción de las mesadas pensionales solicitadas por la activa, pues de un
lado, se establece como regla general la prescripción de cuatro años para la acción de
reconocimiento de las mesadas pensionales, (en vigencia del acuerdo 049 de 1990), y
de otro, porque consagra la posibilidad de interrumpir el término prescriptivo con el
reclamo escrito al empleador, o en este caso, la entidad pensional […] ».
1.5. Intervenciones en segunda instancia
1.5.1. Parte demandante
María Patricia Vegalara Rojas reiteró los argumentos expuestos en el escrito de
apelación y solicitó que se revocara el numeral cuatro de la sentencia de primera
instancia8.
1.5.1. Parte demandada
Colpensiones guardó silencio.
1.6. El Ministerio Público
El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio, tal y como se
advierte en la constancia secretarial del 10 de agosto del 20189.
2. Consideraciones
2.1. Problemas jurídicos
Se circunscribe a determinar si: ¿procede la prescripción de las de las diferencias
en las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 28 de febrero de 2010,
como lo decidió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección A?
2.2. De la prescripción
8 Folios 128 y 129.
9 Folio 138.
Radicado: 25000-23-42-000-2013-00685-01 (3690-2017)
Demandante: María Patricia Vegalara Rojas
La prescripción, para efectos del caso en estudio, se constituye en una forma de
extinción de los derechos laborales que se materializa con el paso del tiempo y la
inactividad del titular del derecho. En cuanto a las normas que rigen esta figura para
los empleados públicos y trabajadores oficiales se encuentran:
El Decreto 3135 de 1968 «[p]or el cual se prevé la integración de la seguridad social
entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los
empleados públicos y trabajadores oficiales.», en su artículo 41 dispuso:
«Artículo 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto
prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho
exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre
un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo
por un lapso igual.»
En esa misma línea el Decreto 1848 de 1969 «[p]or el cual se reglamenta el Decreto
3135 de 1968», en el artículo 102 establece:
«Artículo 102.- Prescripción de acciones.
1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de
1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en
que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa
obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la
prescripción, pero solo por un lapso igual.»
De acuerdo con las disposiciones transcritas se advierte que la primera reclamación
de un derecho laboral que el empleado o trabajador hace ante la autoridad
competente, interrumpe el término de prescripción trienal extintivo previsto en
dichas normas. Ahora bien, con el fin de determinar el marco temporal de dicha
interrupción, es importante tener en cuenta lo previsto en el artículo 103 del
mencionado Decreto 1848 de 1969, según el cual:
«Articulo 103. Ejercicio de acciones judiciales.
1. Las acciones judiciales de todo orden a que se refiere el artículo anterior, sólo
podrán intentarse cuando respecto de cada caso se haya agotado el procedimiento
administrativo general que señalan las leyes vigentes.
2. Una vez en firme la decisión administrativa, la entidad correspondiente dispondrá
del término de sesenta (60) días para su cumplimiento, si en todo o en parte fuere
favorable al interesado. Vencido dicho término sin que se haya cumplido la
providencia, lo que se demostrará por el interesado mediante certificado expedido
por el Director de la entidad correspondiente, el juez competente podrá avocar el
conocimiento del asunto […]» (Subraya la sala)
Radicado: 25000-23-42-000-2013-00685-01 (3690-2017)
Demandante: María Patricia Vegalara Rojas
En consonancia con las disposiciones contenidas en los artículos 41 del Decreto
3135 de 1968 y 102 y 103 del Decreto 1848 de 1969, encuentra la sala que el marco
temporal de la interrupción del término de prescripción se encuadra entre la
reclamación que hace el empleado o trabajador ante la autoridad competente y la
firmeza de la respuesta de esta última o la terminación del procedimiento
administrativo, de acuerdo con las normas aplicables. Así las cosas, el término de
prescripción trienal de las acreencias de carácter laboral, inicia nuevamente una vez
se encuentre en firme la respuesta de la autoridad competente.
La anterior interpretación se encuentra en línea con las disposiciones del CPACA
que en su artículo 83 expresa que «[l]a ocurrencia del silencio administrativo negativo
no eximirá de responsabilidad a las autoridades. Tampoco las excusará del deber de
decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos
contra el acto presunto, o que habiendo acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo se haya notificado auto admisorio de la demanda.»; de acuerdo con lo
cual la administración solo pierde competencia cuando su decisión se encuentra en
firme o, cuando a falta de esta, el solicitante de manera voluntaria acude a la
jurisdicción y como consecuencia la entidad es vinculada a través de la notificación
del auto admisorio de la demanda presentada contra el acto ficto producto del
silencio administrativo negativo.
En ese sentido, se advierte que de acuerdo con el CPACA el procedimiento
administrativo concluye con la firmeza del acto administrativo que contiene la
respuesta que la administración le ofrece al peticionario, lo cual, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 87 del referido estatuto procedimental, sucede: i) cuando
contra el acto no procede ningún recurso (desde el día siguiente al de su
notificación, comunicación o publicación, según sea el caso); ii) desde el día
siguiente al de la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los
recursos interpuestos; iii) desde el día siguiente al del vencimiento del término para
interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado
expresamente a ellos; iv) desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación
del desistimiento de los recursos; y v) desde el día siguiente al de la protocolización
a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo.
Ahora bien, de acuerdo con la normativa expuesta, se encuentra que el silencio
administrativo negativo, solo da por terminada la actuación administrativa cuando
esa es la voluntad del peticionario, esto es, cuando el interesado acude ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y como consecuencia se le notifica a
la administración el auto admisorio de la demanda, por cuanto es en este momento
en que la entidad pierde competencia para resolver. Es decir, es optativo del
peticionario desplegar la conducta para efectos de que con ocasión del silencio
administrativo negativo se entienda concluido el procedimiento administrativo.
Encuentra la sala que, en línea con lo anterior, el legislador estableció la
obligatoriedad del recurso de apelación, cuando este fuera procedente, para efectos
Radicado: 25000-23-42-000-2013-00685-01 (3690-2017)
Demandante: María Patricia Vegalara Rojas
de acudir a la jurisdicción10, por lo que, no sería justo que además de ese requisito
de procedibilidad se le impusiera al peticionario la carga de asumir las
consecuencias desfavorables que puede conllevar la demora u omisión de la
administración al desatar el recurso, como lo es la prescripción extintiva de sus
acreencias laborales por el paso del tiempo.
De acuerdo con lo expuesto, se concluye que la interrupción del término de
prescripción prevista en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto
1848 de 1969, debe ser entendida conforme al siguiente marco temporal: i) inicia
con la reclamación que el empleado o trabajador presenta ante la autoridad
competente y ii) finaliza una vez se agote el procedimiento establecido para esos
efectos por el legislador, es decir, cuando se encuentre en firme el acto con el que
la administración da respuesta a la reclamación.
2.3. Lo probado dentro del proceso
En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
María Patricia Vegalara Rojas tiene derecho al reconocimiento de una pensión de
vejez a partir del 31 de diciembre de 2005, fecha a partir de la cual acreditó el retiro
definitivo del servicio.
El 19 de junio de 2008 la demandante solicitó al ISS el reconocimiento de una
pensión de vejez11.
Mediante Resolución 02115312 del 11 de mayo de 2009 el ISS reconoció a la
demandante una pensión de jubilación, acto contra el cual presentó recursos de
reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron desatados mediante las
resoluciones 04168 del 8 de octubre de 2009 y 01252 del 11 de abril de 2011.
A través de la Resolución 01252 del 11 de abril de 2011, el gerente seccional de
Cundinamarca del ISS, modificó el acto objeto del recurso de apelación y ordenó
reliquidar la pensión reconocida a María Patricia Vegalara Rojas, a partir del 1° de
mayo de 2011.
El 21 de marzo de 2012 el ISS expidió la Resolución 10261 mediante la cual,
nuevamente modificó la Resolución 01252 del 11 de abril de 2011, en el sentido de
que el reconocimiento pensional se haría a partir del retiro del servicio, esto es, del
31 de diciembre de 2005.
10 Artículo 76 del CPACA «El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del
de reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.»
11 De conformidad con los antecedentes de la Resolución 021153 del 11 de mayo de 2009, que obra
en los folios 3 a 5.
12 Folios 3 a 5.
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Demandante: María Patricia Vegalara Rojas
El 28 de febrero de 2013, María Patricia Vegalara Rojas, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del
CPACA, presentó demanda en orden a que se declare la nulidad parcial de las
resoluciones con las que le fue reconocida y reliquidada la pensión de vejez.
Ahora bien, se advierte que dentro de los argumentos en los que se sustentó el
recurso de apelación, la demandante señaló que en consideración a que su pensión
le fue reconocida conforme con las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990,
aprobado por el Decreto 758 del mismo año, le es aplicable la prescripción
cuatrienal establecida en el artículo 50 de esta última disposición. Frente a lo
anterior, es importante recordar que la Sección Segunda, Subsección A, mediante
sentencia del 8 de febrero de 2018 declaró la nulidad del artículo 50 del Acuerdo 49
de 1990, en ese sentido dispuso:
«De esta suerte, válidamente se puede afirmar, que el artículo 50 del Acuerdo 49 de
1990 deviene en ilegal al constituirse en una rústica reproducción del artículo 36 de
la Ley 90 de 1946, que fue derogado por el artículo 151 del Estatuto Procesal del
Trabajo, y es por tal motivo que se declarará su nulidad»
Por lo expuesto, resulta evidente que no le asiste razón a la apelante, toda vez, que
no es posible analizar el término de la prescripción con fundamento en una norma
que no se encuentra vigente. Así las cosas y a la luz de la normatividad que rige el
régimen prestacional de los empleados públicos, el término de prescripción se
analizará con fundamento en las disposiciones de los Decretos 3135 de 1968 y del
Decreto 1848 de 1969.
En ese orden, de acuerdo con las normas aplicables al caso concreto en torno a la
configuración del fenómeno jurídico de la prescripción, encuentra la sala que la
demandante adquirió el derecho a que le fuera reconocida la pensión de vejez el 31
de diciembre de 2005 [fecha en la que se retiró definitivamente del servicio] y
presentó la solicitud de reconocimiento de la prestación el 19 de junio de 2008, esto
es dentro del término de los 3 años previstos en los artículos 41 del Decreto 3135
de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969.
Asimismo, se advierte que el Instituto de Seguro Social resolvió el recurso de
apelación interpuesto dentro del término legal mediante la Resolución 01252 el 11
de abril de 2011, decisión con la cual concluyó el procedimiento administrativo 13. Por
lo anterior, de acuerdo con lo expuesto en párrafos anteriores, se entiende que el
término de prescripción se interrumpió entre el 19 de junio de 2008 [fecha en la que
se presentó la reclamación administrativa] y el 11 de abril de 2011 [fecha en la que
la entidad demandada resolvió el recurso de apelación]14.
13 Artículo 87-2 del CPACA «Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de
la decisión sobre los recursos interpuestos».
14 Comoquiera que en el expediente no obra constancia de la notificación del acto con el que el ISS
resolvió el recurso de apelación, se tendrá como extremo temporal final de la interrupción, la fecha
del acto administrativo.
Radicado: 25000-23-42-000-2013-00685-01 (3690-2017)
Demandante: María Patricia Vegalara Rojas
De acuerdo con lo anterior, y en consideración a que el término de prescripción, de
acuerdo con las disposiciones de los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, inició
nuevamente el 12 de abril de 2011 y la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho fue presentada el 28 de febrero de 2013, esto es, dentro de los 3 años
siguientes, se concluye que en el caso en estudio no se configura el fenómeno de
la prescripción, por lo que se procederá a revocar el ordinal cuarto de la sentencia
apelada.
2.5. Costas
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.15
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte
demandante.
3. Conclusión
15 En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de diciembre de 2016,
C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicado 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
Radicado: 25000-23-42-000-2013-00685-01 (3690-2017)
Demandante: María Patricia Vegalara Rojas
Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que, contrario a lo dispuesto en
el ordinal cuarto de la sentencia apelada, no se configuró el fenómeno jurídico de la
prescripción, en consideración a que este término se interrumpió entre el 19 de junio
de 2008 [fecha en la que se presentó la reclamación administrativa] y el 11 de abril
de 2011 [fecha en la que la entidad demandada resolvió el recurso de apelación], y
la demanda se presentó dentro de los 3 años siguientes, esto es, el 28 de febrero
de 2013.
En esas condiciones se revocará el ordinal cuarto de la sentencia proferida el 10 de
noviembre de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, por lo que, María Patricia Vegalara Rojas tiene derecho a
que se le pague la diferencia de las mesadas pensionales resultantes entre los
valores pagados y los que debe reconocer con ocasión de la reliquidación pensional,
a partir del 31 de diciembre de 2005.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar el ordinal cuarto de la sentencia proferida el 10 de noviembre de
2016 por la Sección Segunda, Subsección A del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia apelada.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto. Reconocer personería a la abogada Martha Rueda Merchán identificada
con cédula de ciudadanía 51.592.285 de Bogotá y tarjeta profesional 40.523
expedida por el Consejo Superior de la Judicatura como apoderada de María
Patricia Vegalara Rojas, en los términos del poder que obra en el índice 23 del
aplicativo Samai.
Quinto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Radicado: 25000-23-42-000-2013-00685-01 (3690-2017)
Demandante: María Patricia Vegalara Rojas
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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