Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-01173-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-01173-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-01173-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
5 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado: 25000-23-42-000-2013-01173-01(3286-2023)
Demandantes: Juan Manuel Cortés Rodríguez y otros
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP1)
Medio de Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437
control: de 2011
Temas: Reconocimiento de pensión ordinaria
Reconocimiento pensión gracia
Sustitución pensional
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de 7 de julio de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, sección segunda, subsección A, que negó
las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1 Pretensiones
Manuel Ricardo Cortes Rodríguez, quien obra en nombre propio como hijo -
heredero, apoderado de Manuel Ignacio Cortés Castillo y apoderado del
señor Juan Manuel Cortés Rodríguez y su hijo menor Santiago Cortés
Gómez; Martín Ramiro Cortés Rodríguez y sus hijos Martin Alejandro Cortes
Puestes y Camila Andrea Cortes Puestes; acudieron a la jurisdicción en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
1
En adelante UGPP.
2
Número interno: 3286-2023
Demandante: Juan Manuel Cortes Rodríguez
Demandada: UGPP
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA2), para solicitar la nulidad de:
i. Las Resoluciones Nos. 51544 del 6 de julio y 54563 del 17 de agosto
de 2012, respectivamente, por medio de la cuales Cajanal negó el
reconocimiento de una pensión de jubilación.
ii. La Resolución RDP-010861 del 6 de marzo de 2013 que negó la
sustitución pensional.
iii. Las Resoluciones UGPP 110 del 3 de enero de 2013 y RDP 11919
del 12 de marzo de 2013, por medio de las cuales la UGPP negó el
reconocimiento del auxilio funerario.
iv. Del silencio administrativo negativo respecto de las peticiones de 6 de
septiembre y de noviembre 22 de 2012, respectivamente, por medio
de las cuales solicitaron el reconocimiento y pago de una sustitución
pensional.
v. Del silencio administrativo negativo en relación con la solicitud del 6
de febrero de 2013, sobre el reconocimiento y pago de auxilio
funerario
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la
entidad demandada así:
i. Reconocer y sustituir la pensión de jubilación y la pensión gracia post
mortem del causante Manuel Cortes Castillo y sustituirla con la
indexación a que haya lugar.
ii. Reconocer los valores correspondientes al auxilio funerario
correspondiente.
2
En adelante CPACA.
3
Número interno: 3286-2023
Demandante: Juan Manuel Cortes Rodríguez
Demandada: UGPP
iii. Los intereses moratorios dispuestos en la Ley 141 de la Ley 100 de
1993.
iv. Por concepto de daños y pérdidas, el pago de una suma equivalente
a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada
demandante.
Los hechos de la demanda se resumen de la siguiente manera:
Indicó que el señor Manuel Ignacio Cortés Castillo nació el 30 de marzo de
1923 y estuvo vinculado como odontólogo de sanidad militar del Ejército
Nacional, a través del Decreto del 16 de mayo de 1947, y cotizó a Cajanal
un total de 4776 días y retirado por Decreto 567 del 11 de marzo de 1960.
Manifestó que desde 1947 prestó sus servicios en zonas de orden público y,
por tanto, desde ese momento hasta la fecha del retiro el tiempo debe
computarse doble para obtener el reconocimiento de la pensión, en atención
a la declaratoria del estado de sitio en el territorio nacional, cuando prestó
sus servicios en los municipios de Neiva, Sogamoso y Chiquinquirá.
Precisó que el señor Manuel Ignacio contrajo matrimonio con la señora
Carmen Elena Rodríguez y, por ello, esta última adquirió el derecho a la
sustitución pensional con ocasión de la muerte del señor Cortés Castillo
ocurrida el 20 de marzo de 2011.
Adicional a este tiempo de servicios, sostuvo que completó otros 14 años
como odontólogo profesor, designado por el Ministerio de Educación
Nacional, por Resolución 614 de 12 de mayo de 1951, retroactivo a 1 de
febrero de ese año, para prestar labores en el Liceo Nacional José Joaquín
Casas.
Informó que solicitó a la demandada el reconocimiento y pago de la pensión
de jubilación ordinaria y de una gracia por el tiempo laborado como docente,
sin embargo, la UGPP negó el reconocimiento a través de los actos
administrativos demandados.
4
Número interno: 3286-2023
Demandante: Juan Manuel Cortes Rodríguez
Demandada: UGPP
1.2 Normas violadas y concepto de violación
De la Constitución Política, los artículos 1, 2 25, 43, 53, 94, y 209,
El Decreto 749 de 1955
El artículo 62 del Decreto 501 de 1955
Los artículos 3, 4 y 17 de la Ley 6 de 1945
Los artículos 38, 47 y 74 de la Ley 100 de 1993
Los artículos El Decreto 1889 de 1994
Los artículos 9, 10, 13, 14 y 16 del Decreto 1889 de 1994.
La parte demandante, sostuvo que el señor Manuel Ignacio Cortés prestó
sus servicios para el Ejército Nacional por cerca de 13 años y de estos al
menos 5 deben ser contabilizados dobles para el reconocimiento de la
pensión, en virtud de lo previsto en el Decreto 749 de 1955, por ello, tenía
derecho al reconocimiento y pago de una pensión ordinaria de jubilación, así
como a una pensión gracia, por haber laborado como docente designado por
el Ministerio de Educación Nacional.
2. Contestación de la demanda3
La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda. Frente a la reclamación
de la accionante, relativa al reconocimiento de la pensión ordinaria de
jubilación, adujo que está regulada por el Decreto 1848 de 1969 y en este caso,
el peticionario solamente acreditó un total de 923 semanas, por tanto, no le
asiste el derecho al reconocimiento de esta prestación, puesto que para
acceder a esta prestación debía completar 20 años continuos o discontinuos
de servicio. Esta situación fue debidamente analizada por la entidad y se
concluyó que no era posible el reconocimiento.
Frente al reconocimiento de la pensión gracia manifestó que el entonces
peticionario no acreditó en debida forma el cumplimiento de los requisitos
exigidos en el artículo 68 del Decreto 1848 de 1969, ni los del artículo primero
de la Ley 114 de 1913.
3
Folios 149 a 156 del expediente
5
Número interno: 3286-2023
Demandante: Juan Manuel Cortes Rodríguez
Demandada: UGPP
Como excepciones propuso las que denominó: cobro de lo no debido e
inexistencia de la obligación de reconocer y pagar la pensión gracia, ausencia
de vicios en los actos administrativos demandados, imposibilidad de condena
en costas y prescripción.
3. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A, mediante sentencia del 7 de julio de 20224, negó las pretensiones de la
demanda.
Consideró que para la época en la que prestó el servicio y se retiró el
causante se encontraba vigente el Decreto 1848 de 1969 que exigía, para
acceder a la pensión ordinaria 20 años de servicios y 55 años de edad, para
el caso de los hombres.
En este caso, el señor Manuel Ignacio Cortes Castillo prestó sus servicios
desde el 16 de mayo de 1947 hasta el 1 de febrero de 1960, completando
12 años y 8 meses en el Ministerio de Defensa; y para el Ministerio de
Educación Nacional laboró desde el 1 de febrero de 1951 hasta el 30 de abril
de 1965 y comoquiera que la prestación de servicios fue simultánea solo
puede tenerse en cuenta 1 sola vez, por tanto, el tiempo de servicio a
computar equivale a 924 semanas, esto es, 17 años, 11 meses y 15 días.
Por consiguiente, no se acreditó el tiempo de servicio necesario para acceder
a la jubilación.
Sobre la solicitud de computar doble el tiempo que sirvió para el Ministerio
de Defensa Nacional, por haber sido asimilado al grado de capitán para los
efectos salariales y que en virtud del Decreto 1239 de 1948 se declaró el
estado de sitio y turbado el orden público, consideró que no era suficiente
que se declarara turbado el orden público en el país o en parte de él, porque
adicionalmente se requería el concepto previo del consejo de ministros y que
se expresara a través de un decreto los miembros de las fuerzas pública a
quienes se les tendría como doble el tiempo servido.
4
Folios 547 a 558 del expediente.
6
Número interno: 3286-2023
Demandante: Juan Manuel Cortes Rodríguez
Demandada: UGPP
Para acceder a este privilegio deberían aportarse 3 documentos, como son:
(i) el decreto que declaró turbado el orden público, (ii) el concepto del consejo
de ministros y (iii) el que definiera el área y nombre de los militares o policías
que había de reconocérseles el tiempo doble por prestar sus servicios en
determinas zonas especiales. En este caso, la parte actora no acreditó el
cumplimiento de estos tres requisitos y, por ello, no se puede computar doble
el tiempo de servicios prestados al Ministerio de Defensa para acceder a la
pensión ordinaria de jubilación.
Sobre el reconocimiento de la pensión gracia expresó que el causante no
acreditó los requisitos que exige la ley, toda vez que su vinculación al
magisterio se dio por designación que le hiciera el Ministerio de Educación
Nacional, para prestar sus servicios en instituciones de orden nacional,
además no completó los 20 años de servicios y, por ello, no hay lugar a esta
pretensión.
4. El recurso de apelación5
La parte demandante repitió los argumentos y hechos expuestos en la
demanda; solicitó revocar la sentencia de primera instancia e insistió en que
el tiempo servido para el Ejército Nacional debe ser contabilizado doble
porque es cierto que se declaró el estado de sitio y con este cómputo podría
acceder a la pensión de jubilación. Además, dijo que pretender que este
beneficio del tiempo doble sea exclusivo para unos cuantos vulnera el
derecho a la igualdad.
Que solicitó el reconocimiento de una pensión gracia, como alterna, por el
tiempo que sirvió para el Ministerio de Educación Nacional para el cual
trabajó en horario que no se cruzaba con el empleo desempeñado para el
Ministerio de Defensa Nacional y afirmó que laboró para la educación
aproximadamente 5250 días.
5
Folios 563 a 593
7
Número interno: 3286-2023
Demandante: Juan Manuel Cortes Rodríguez
Demandada: UGPP
Sumado todo el tiempo de servicios arroja la suma de 27 años, puesto que
sirvió 14 años para el Ministerio de Educación y 12 años para el Ministerio
de Defensa.
Refirió que, además, el causante prestó sus servicios como gerente de la
industria láctea de Boyacá Idelbo por 4 años y medio y que este periodo
tampoco se contabilizó en el total de tiempo servido.
5. Trámite de la segunda instancia
En auto del 13 de marzo de 20246, el despacho sustanciador admitió el
recurso de apelación interpuesto por la demandante y, en virtud del numeral
5° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, se prescindió del traslado a las
partes para alegar. Sin embargo, la parte accionada presentó escrito de
alegatos.
La demandada solicitó confirmar la sentencia cuestionada porque los actos
demandados fueron expedidos conforme con las normas que regulan la
materia y el material probatorio que se recaudó no demostró el cumplimiento
de los requisitos por parte de del señor Manuel Cortes Castillo para ser
acreedor a una pensión ordinaria o a gracia de jubilación.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 7,
6
Índice 7 Samai Consejo de Estado
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1500123330002018003930211001
03
7
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
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Número interno: 3286-2023
Demandante: Juan Manuel Cortes Rodríguez
Demandada: UGPP
el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones. Para
el efecto, se analizará si al señor Manuel Ignacio Cortés Castillo (QEPD) no
le asistía razón jurídica para reclamar de la UGPP el reconocimiento de una
pensión ordinaria y de una pensión gracia, por cumplir los requisitos exigidos
en el decreto 1848 de 1969 y en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37
de 1933 y demás normas que la regulan, como lo concluyó el a quo o, por el
contrario, acreditó los requisitos necesarios para acceder a las pensiones
pretendidas.
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Tiempo doble de servicios, 2.2. Marco normativo y
jurisprudencial sobre la pensión gracia; 2.3. Hechos probados; y 2.4. Caso
concreto.
2.1. Marco normativo del tiempo doble de servicios.
De conformidad con el artículo 121 de la Constitución Política de 1886, el
presidente de la república podía declarar el estado de sitio en todo o en parte
del territorio nacional, así:
«Artículo 121.- En los casos de guerra exterior, o de conmoción interior,
podrá el presidente, previa audiencia del Consejo de Estado y con la firma de
todos los ministros, declarar turbado el orden público y en estado de sitio toda
la República o parte de ella.
Mediante tal declaración quedará el presidente investido de las facultades
que le confieran las leyes, y, en su defecto, de las que le da el Derecho de
gentes, para defender los derechos de la Nación o reprimir el alzamiento. Las
medidas extraordinarias o decretos de carácter provisional legislativo que,
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia».
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Número interno: 3286-2023
Demandante: Juan Manuel Cortes Rodríguez
Demandada: UGPP
dentro de dichos límites, dicte el Presidente, serán obligatorios siempre que
lleven la firma de todos los Ministros.
El Gobierno declarará restablecido el orden público luego que haya cesado
la perturbación o el peligro exterior; y pasará al Congreso una exposición
motivada de sus providencias. Serán responsables cualesquiera autoridades
por los abusos que hubieren cometido en el ejercicio de facultades
extraordinarias.
[…]»
Ahora bien, ante la declaratoria del estado de guerra exterior o de conmoción
interior en todo o parte del territorio nacional; se permitió que se tuviera como
laborado un tiempo que materialmente no lo fue, beneficio que se vería
reflejado al momento de realizar los reconocimientos prestacionales del
interesado.
Así las cosas, la ley 2ª de 19458, dispuso en su artículo 47:
«Artículo 47.- El tiempo de servicio en guerra, desde la fecha en que se
declare turbado el orden público, hasta la expedición del decreto por el cual
se establezca la normalidad, se computa doble para todos los efectos, con
excepción del de ascensos.
Parágrafo. Para el cómputo de que trata el presente artículo, es condición
indispensable que la prestación del servicio se efectué dentro de la zona
afectada».
El Decreto 612 del 15 de marzo de 1977, estableció como debía computarse
el tiempo para la liquidación de la asignación de retiro y las prestaciones
sociales:
«Artículo 140.- Cómputo de tiempo. Para efectos de asignación de retiros
y demás prestaciones sociales, el Ministerio de Defensa Nacional liquidará
el tiempo de servicio así:
a) El tiempo de permanencia en la respectiva escuela de formación de
Oficiales, con un máximo de dos (2) años;
b) El tiempo de permanencia como soldado o alumno de una escuela de
formación de suboficiales, con un máximo de dos (2) años;
c) El tiempo de servicio como Oficial o Suboficial.
8
Por la cual se organiza la carrera de Oficiales del Ejército, se señalan prestaciones sociales para los empleados
civiles del ramo de Guerra y se dictan otras disposiciones sobre prestaciones sociales a los individuos de tropa
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Número interno: 3286-2023
Demandante: Juan Manuel Cortes Rodríguez
Demandada: UGPP
Parágrafo 1. Los tiempos dobles que en virtud de lo dispuesto en el
artículo 181 del Decreto 2337 de 1971 y se disposiciones legales
anteriores sobre la misma materia, se hayan reconocido o se reconozcan
por servicios prestados con anterioridad a la vigencia del presente
Decreto, se tendrán en cuenta para la liquidación de las prestaciones
sociales de los Oficiales y Suboficiales favorecidos en tales
reconocimientos.
Parágrafo 2. Las fracciones mayores a seis (6) meses se considerarán
como año completo para la liquidación del auxilio de cesantía, pero no
para las demás prestaciones sociales. […]»
Por su parte, el artículo 8 del Decreto 4433 del 31 de diciembre de 20049, es
del siguiente tenor:
«[…] Artículo 8.- Cómputo de tiempo doble. A quienes hubieren adquirido
derecho al cómputo de tiempo doble por servicios prestados antes de 1974,
se les continuará teniendo en cuenta para efecto del cómputo del tiempo
para la asignación de retiro o pensiones, conforme lo hubieren señalado las
normas correspondientes.
[…]»
Sobre el particular, esta subsección, por sentencia del 28 de enero de
202110, precisó lo siguiente:
«[…]resulta viable el reconocimiento de tiempos dobles a aquellos uniformados
de las fuerzas militares, que prestaron sus servicios durante la conmoción
interior o guerra exterior, siempre y cuando se cumplan los siguientes
requisitos: (i) promulgación del decreto que establezca el inicio del estado de
sitio, (ii) el establecimiento de las zonas cuyas condiciones justifiquen la
perturbación del orden público, y (iii) la autorización del Gobierno nacional o
del consejo de ministros que autoricen el reconocimiento de tiempo doble.
Al respecto, esta Corporación ha sido pacífica 11 al reconocer que el
establecimiento de los tiempos dobles a partir de las condiciones indicadas
respondía a las políticas salariales y prestacionales del legislador y del
gobierno de turno, que gozaron de autonomía para definir cuáles serían los
9
Por medio del cual se fijó el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública
10
Expediente: 25000-23-42-000-2016-04230-01(0028-19) M.P. Carmelo Perdomo Cueter
11
Sentencia de 26 de junio de 2008, sección segunda, subsección A, con ponencia del consejero Alfonso Vargas
Rincón, expediente: 11001-03-25-000-2003-00172-01(1056-03); 26 de noviembre de 2009, sección segunda, con
ponencia del consejero Luis Rafael Vergara Quintero, expediente: 11001-03-25-000-2005-00237-01(10024-05); 8
de agosto de 2011, sección segunda, subsección A, con ponencia del consejero Alfonso Vargas Rincón,
expediente: 11001-03-25-000-2006-00113-00(1795-06); 9 de octubre de 2014, sección segunda, subsección B,
con ponencia del consejero Gerardo Arenas Monsalve, expediente 25000-23-42-000-2012-00094-01(3730-13); y
27 de abril de 2018, sección segunda, subsección B, expediente 73001-23-33-000-2014-00741-01(2355-16).
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Número interno: 3286-2023
Demandante: Juan Manuel Cortes Rodríguez
Demandada: UGPP
beneficiarios de tal prestación12, en atención a factores discrecionales de
necesidad, conveniencia y razones del servicio dadas las condiciones políticas,
sociales y económicas por las que atravesaba el país en esa época y por ello
no puede pretenderse que siempre que se haya acudido a la declaratoria de
estado de sitio, dicha situación conllevara per se el reconocimiento automático
de tiempos dobles de servicio para todos los funcionarios, aunque no fueran
oficiales o suboficiales de las fuerzas militares y de la policía o que aun siéndolo
no acreditaban en debida forma todos los requisitos que tanto el ordenamiento
jurídico como la jurisprudencia contencioso-administrativa han precisado.»
En consecuencia, para que se pueda computar un tiempo doble para las
personas que prestaron sus servicios al Ejercito Nacional es necesario que
se acrediten los siguientes requisitos:
1. Decreto que promulgó el estado de sitio
2. Establecer las zonas que por sus condiciones justifiquen esta
declaratoria
3. Autorización del gobierno nacional o del consejo de ministros para el
tiempo se contabilice doble.
2.2 Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia
En principio, debe señalarse que la pensión gracia se considera una
prestación especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como
reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al
servicio de la actividad educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20
años, entre otras exigencias. Su regulación normativa se condensa en los
siguientes párrafos:
El artículo 1º de la Ley 114 de 191313 consagró por primera vez la pensión
gracia:
«Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el
Magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una
pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la
presente Ley».
12
Así en el caso del Decreto 1048 de 1970, solo extendió ese beneficio a los oficiales y suboficiales, dejando por
fuera de su reconocimiento, entre otros a los agentes de policía.
13
«[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
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Número interno: 3286-2023
Demandante: Juan Manuel Cortes Rodríguez
Demandada: UGPP
El numeral 3° del artículo 4° de la citada ley determina que, para gozar de la
gracia de la pensión, es preciso que el interesado compruebe «[q]ue no ha
recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional […]».
De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el
propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que
recibían los profesores de primaria en las entidades territoriales respecto de
las asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la
nación; tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 1903 14, la
educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o
departamentos, en tanto que la secundaria lo era a cargo de la nación.
Posteriormente, la Ley 116 de 192815 amplió el beneficio de la pensión gracia
a los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:
«Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los
Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los
términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan.
Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas
épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de la
normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección».
Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la
exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder
a la pensión gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida
en la Constitución Nacional de 1886 de recibir doble asignación del erario,
limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual16.
La Ley 37 de 193317 tampoco introdujo modificaciones a los presupuestos
contenidos en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la
pensión de gracia a los profesores que prestaran sus servicios en el nivel
14
«[S]obre Instrucción Pública».
15
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
16
«Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria
el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el
de las entidades territoriales y el de las descentralizadas».
17
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
13
Número interno: 3286-2023
Demandante: Juan Manuel Cortes Rodríguez
Demandada: UGPP
secundario.
La Corte Constitucional, en sentencia C-479 de 9 de septiembre de 199818,
con ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º
(parcial) y 4 (numeral 3) de la Ley 114 de 1913, expresó:
«En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de
1913, que consagra como requisito para gozar de la pensión de gracia el no
haber recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional, no encuentra la Corte que viola la Ley Suprema, concretamente el
principio de igualdad, pues el legislador, en virtud de las facultades que la
misma Carta le confiere, es competente para regular los aspectos relativos a la
pensión, incluyendo, obviamente, las condiciones para acceder a ella.
Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del Estado
para satisfacer el pago de prestaciones sociales no son infinitos sino limitados
y, por tanto, es perfectamente legítimo que se establezcan ciertos
condicionamientos o restricciones para gozar de una pensión de jubilación. En
este orden de ideas, la norma parcialmente acusada, tiene una justificación
objetiva y razonable, pues lo único que pretende es evitar la doble
remuneración de carácter nacional y así garantizar el precepto constitucional
vigente desde la Constitución de 1886 (art. 34), reproducido en la Carta de
1991 (art. 128), sobre la prohibición de recibir doble asignación del Tesoro
Público, salvo las excepciones que sobre la materia establezca la ley».
A raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley
43 de 197519, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados
a la Nación, en virtud de que, como lo dispuso esta normativa, «[l]a
educación primaria y secundaria oficial será un servicio público a cargo de la
Nación». Como consecuencia de esta transformación, ya no existirían
diferencias salariales entre los distintos docentes del sector oficial.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2º), respecto
de las pensiones, preceptuó:
«A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
18
M. P. Carlos Gaviria Díaz.
19
«[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una
participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
14
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Demandante: Juan Manuel Cortes Rodríguez
Demandada: UGPP
mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas
que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho
a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la
totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja
Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será
compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar
está a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de
1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una pensión
de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año.
Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año
equivalente a una mesada pensional».
Las normas trascritas permiten concluir que el legislador acabó con el
reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón antes
enunciada, esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación.
Por ello, se acata el criterio expuesto por la sala plena de esta Corporación
en fallo de 26 de agosto de 1997, en el sentido de que el artículo 15 (numeral
2) de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los
derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en tratándose de los
docentes nacionalizados.
En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo:
«[…] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos
docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron
comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por
habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio
la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que
reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de
conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el
aditamento de su compatibilidad “[...] con la pensión ordinaria de jubilación, aún
en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”, hecho que
modificó la Ley 114 de 1913 para dichos docentes, en cuanto ésta señalaba
que no podía disfrutar de la pensión gracia quien recibiera “[…] otra pensión o
recompensa de carácter nacional”.
[…]
15
Número interno: 3286-2023
Demandante: Juan Manuel Cortes Rodríguez
Demandada: UGPP
5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues su
propósito, como se ve, no es otro que el colmar las expectativas de los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales.
6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se
hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no
existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida
en el literal B del mismo precepto, o sea la “[…] pensión de jubilación
equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año”, que se
otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados (literal B, No.2,
artículo 15 Ib.) hecho que indica que el propósito del legislador fue ponerle fin
a la pensión gracia. También, que dentro del grupo de beneficiarios de la
pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino,
exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además
de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan
con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en
especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos
servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues
habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha
prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le
asignó la ley».20
Recientemente, la Sección Segunda de esta Colegiatura se ocupó de
dilucidar la interpretación aplicable de la letra a del numeral 2° del artículo 15
de la mencionada Ley 91 de 1989, mediante sentencia de unificación SUJ-
030-CE-S2-2021 de 11 de agosto de 2022, expediente 15001-23-33-000-
2016-00278-01 (3018-2017), en la que se fijó la siguiente regla en torno al
tema, así:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los
demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional, en
fallo SU-14 de 202021, esa disposición «[…] «solo tiene una lectura posible, esto es,
20
Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, M. P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
21
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
16
Número interno: 3286-2023
Demandante: Juan Manuel Cortes Rodríguez
Demandada: UGPP
la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública
y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación [después del 29
de diciembre de 1989,] siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980
y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se
reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida
fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.
De acuerdo con las anteriores normativa y jurisprudencia, nótese que en
criterio de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado resulta dable
conceder la pensión gracia a quien, pese a colmar los requisitos con
posterioridad al 29 de diciembre de 1989 (entrada en vigor de la Ley 91 de
ese año), sirvió al sector educativo antes del 31 de diciembre de 1980,
umbral que precisamente previó el legislador como plazo máximo para iniciar
tales labores y, por ende, ser acreedor de esa prestación.
En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, letra b, de la
Ley 91 de 1989, la Corte Constitucional, en sentencia C-84 de 17 de febrero
de 1999, expuso:
«Los apartes acusados de la norma demandada, son exequibles.
3.2.1. De la propia evolución histórico-legislativa de la vinculación laboral de
los “docentes oficiales”, aparece claro que, en razón de la Ley 43 de 1975, tanto
la educación primaria como la secundaria oficial constituyen “un servicio a
cargo de la Nación”, lo que significa que culminado el tránsito entre el régimen
anterior y el establecido por dicha ley, el 31 de diciembre de 1980, no subsistió
la antigua distinción entre docentes nacionales y territoriales, pues todos
pasaron a ser pagados con dineros de la Nación, por conducto de los Fondos
Educativos Regionales (FER), girados por concepto del situado Fiscal.
Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989, en su artículo
15, numeral 2º, literal A, se dispuso que quienes venían vinculados como
docentes oficiales hasta el 31 de diciembre de 1980 y por mandato de las
leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y, para entonces “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión gracia”, continuarían con ese
derecho, para que la misma le fuere reconocida con el lleno de los requisitos
legales correspondientes.
[…]
17
Número interno: 3286-2023
Demandante: Juan Manuel Cortes Rodríguez
Demandada: UGPP
Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la “nacionalización” de la
educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para
ser cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de
1980, existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales,
vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación
Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en
nada se oponía a la Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos
últimos la denominada “pensión gracia”, de que trata la Ley 114 de 1913,
posteriormente extendida a otros docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de
1933, como tampoco se opone la prolongación de sus efectos en el tiempo para
quienes actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos sustanciales para
tener derecho a ella antes del 31 de diciembre de 1980, pues la diversidad de
empleados (nación o departamento), permitía, conforme a la Carta, establecer
un trato distinto y una excepción al principio general prohibitivo de devengar
dos asignaciones del Tesoro Público, situación ésta que resulta igualmente
acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la norma acusada
(artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio de la
igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual prohíbe
dispensar trato diferente y discriminado “por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”, nada de lo cual
ocurre en este caso.
La supuesta vulneración al derecho a la igualdad consagrado por el artículo 13
de la Constitución Política por los apartes de la norma acusada, no existe. En
efecto, el legislador, conforme a lo establecido por el artículo 150 de la
Constitución Nacional, en ejercicio de la función de “hacer las leyes”, que
asignaba también al Congreso Nacional el artículo 76 de la Constitución
anterior, puede regular lo atinente al régimen prestacional del Magisterio, como
efectivamente lo ha hecho.
La circunstancia de que, en ejercicio de esa función el Congreso Nacional haya
preceptuado que la “pensión de gracia” creada por la Ley 114 de 1913 para los
maestros oficiales de primaria y extendida luego a otros docentes, sólo se
conserve como derecho para quienes estaban vinculados al servicio
antes del 1º de enero de 1981 y que no se conceda a los vinculados con
posterioridad a esa fecha, no implica desconocimiento de ningún “derecho
adquirido”, es decir, no afecta situaciones jurídicas ya consolidadas, sino que
se limita, simplemente, a disponer que quienes ingresaron a partir de esa fecha,
no tendrán posibilidad de adquirir ese derecho, que constituía una “mera
expectativa” la que, precisamente por serlo, podía, legítimamente, ser
suprimida por el legislador, pues a nadie se afecta en un derecho ya radicado
en cabeza suya de manera particular y concreta, por una parte; y, por otra, si
las situaciones fácticas de quienes ingresaron al Magisterio oficial antes y
18
Número interno: 3286-2023
Demandante: Juan Manuel Cortes Rodríguez
Demandada: UGPP
quienes ingresaron después del 1º de enero de 1981 no son las mismas, es
claro, entonces, que por ser disímiles no exigen igualdad de trato, y que, las
consideraciones sobre la antigüedad de la vinculación laboral que se tuvieron
en cuenta por el Congreso Nacional al expedir la normatividad cuya
exequibilidad se cuestiona, son razones que legitiman lo dispuesto por los
apartes del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, objeto de la acusación»22 [se
subraya y destaca].
De manera que para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es
indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran,
haber prestado los servicios como docente en planteles departamentales,
distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años, en
virtud de la naturaleza de su vinculación, y que estuviere vinculado antes del
31 de diciembre de 1980; cumplir cincuenta (50) años de edad; y
desempeñarse con honradez, consagración y buena conducta.
2.2 Hechos probados
1) Partidas de bautismo del señor Manuel Ignacio Castillo que indica que
nació el 30 de marzo de 1923 y la de su esposa Carmen Helena
Rodríguez [folios 24 y 25]
2) Certificado de información laboral expedido por el Ministerio de
Defensa Nacional en el que se indicó que el señor Manuel Ignacio
Cortes Castillo prestó sus servicios desde el 16 de mayo de 1947
hasta el 1 de febrero de 1960 [folios [16 y 17.]
3) Certificado el Ministerio de Educación, de fecha 28 de febrero de
2012; en la que se señaló que prestó sus servicios en el Colegio
Nacional José Joaquín Casas de Chiquinquirá, desde el 1 de febrero
de 1951 hasta el 30 de abril de 1965 [fl 18].
22
En la sentencia C- 480 de 2000 la Corte reiteró que «por expresa voluntad del legislador la Ley 114 de 1913,
continúa teniendo vigencia en el tiempo pese a su derogación por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues, como
acaba de verse, el legislador expresamente dispuso que a los docentes “vinculados hasta 31 de diciembre de 1980”
que “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la
totalidad de los requisitos”. Ello significa, a contrario sensu, que ella no rige para los vinculados a partir del 1º de
enero de 1981, pues éstos docentes, “nacionales y nacionalizados”, tendrán derecho “sólo a una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año» (se destaca). La parte en negrillas de
la Ley 91 de 1989 no ha sido retirada del orden jurídico.
19
Número interno: 3286-2023
Demandante: Juan Manuel Cortes Rodríguez
Demandada: UGPP
4) Resoluciones UMG 051544 del 6 de julio y UMG 054563 del 17 de
agosto de 2012, respectivamente, por las que se negaron el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación [fls 26 a 31]
5) Registro civil de defunción del señor Manuel Ignacio Cortes Castillo,
que da cuenta sobre su fallecimiento ocurrido el 20 de marzo de 2011.
[fl 40]
6) Resolución RDP 1010861 del 6 de marzo de 2013, por la que se negó
la pensión de sobrevivientes a la señora Carmen Helena Cortes y al
señor Juan Manuel Cortes Rodríguez [fl 71 y 72]
7) Resolución 014 del 12 de abril de 1951, por medio de la cual el
ministro de educación designó al señor Manuel Cortés, en el Colegio
Nacional José Joaquín Casas del municipio de Chiquinquirá. [fls 449
y 450]
8) Formatos 3B de la Colegio Nacional José Joaquín Casas en el que se
indican los salarios devengados por el señor Cortés Rodríguez [fls 466
a 468]
9) Liquidación de servicios 4686 del Ministerio de Guerra, del 21 de abril
de 1960; en el que se precisó que el señor Manuel Cortes ingresó al
servicio civil del ramo de guerra en el Batallón de infantería número 2
“Sucre”, en Chiquinquirá con el cargo de odontólogo el 16 de mayo de
1947. En total 12 años, 9 meses y 25 días de servicio. [fl 480]
2.3 Caso concreto
La parte actora acude en sede de nulidad y restablecimiento del derecho
para solicitar la anulación de los actos administrativos por los cuales se le
negó el reconocimiento de las pensiones ordinaria y gracia de jubilación al
señor Manuel Cortes Castillo [QEPD], la sustitución pensional a la esposa
de este y de sus hijos, ante el fallecimiento del causante, porque la UGPP
estimó que no cumplió con los requisitos para acceder a las prestaciones
20
Número interno: 3286-2023
Demandante: Juan Manuel Cortes Rodríguez
Demandada: UGPP
solicitadas.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda, por considerar que la parte actora no acreditó con todos los
requisitos para el reconocimiento prestacional pedido.
La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, en el que insiste en que están demostrados todos los requisitos
para acceder a la prestación, en calidad de sustitutos.,
Sobre el reconocimiento de la pensión gracia
En el sub lite se tiene que el señor Manuel Cortes Castillo (QEPD) nació el
30 de marzo de 1923 y prestó sus servicios para la educación oficial, desde
el 1 de febrero de 1951 hasta el 30 de abril de 1965, en virtud de designación
que le hiciera el Ministerio de Educación Nacional, por Resolución 614 de
1951.
Ahora bien, en el sub examine está acreditado que el causante Manuel
Cortes Castillo, mediante Resolución 614 de 1951, fue nombrado por el
Ministerio de Educación Nacional como profesor de enseñanza secundaria
en el colegio Nacional José Joaquín Casas del municipio de Chiquinquirá,
así como de las certificaciones expedidas por la secretaría de educación,
documentos con los que se corroboró que el tipo de vinculación era
nacional.
En consecuencia, quedó evidenciado que el causante ostentaba una
vinculación nacional, pues fue nombrado por el Ministerio de Educación
Nacional, desde el inicio de su labor docente y prestó sus servicios en
instituciones del mismo nivel, como se indicó en el acta de posesión. Por
consiguiente, se destaca que de acuerdo con la sentencia de unificación CE-
SUJ-SII-11-2018 (SUJ-11-S2)23, «lo esencialmente relevante frente al reconocimiento
de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter
territorial o nacionalizada y no el origen de los recursos de la entidad nominadora destinados
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, Actor:
Gladys Amanda Hernández Triana.
21
Número interno: 3286-2023
Demandante: Juan Manuel Cortes Rodríguez
Demandada: UGPP
para cubrir las acreencias que genera el respectivo vínculo».
Sobre este asunto, la Sala recuerda que con la Ley 43 de 1975 se nacionalizó
la educación primaria y secundaria, para lo cual se concedió un término de
5 años (artículo 324), esto es, hasta el 31 de diciembre de 1980, de lo que se
colige que con antelación a dicho trámite únicamente existían dos (2)
categorías de maestros oficiales, a saber: nacionales y territoriales. Y,
posterior a la referida nacionalización de la educación, se clasificaron en
nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya diferenciación quedó
establecida en el artículo 1º de la Ley 91 de 1989, así:
i) Personal nacional. Son los vinculados por nombramiento del Gobierno
nacional.
ii) Personal nacionalizado. Los designados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1º de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
iii) Personal territorial. Son los vinculados por nombramiento de ente
territorial, a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
del artículo 1025 de la Ley 43 de 1975.
La distinción que trae la norma clasifica la vinculación oficial docente en dos
grandes grupos: (i) los vinculados por nombramiento del Gobierno nacional
(personal nacional) y (ii) los nombrados por entidades territoriales (personal
nacionalizado y territorial).
De modo que, en el presente asunto, la vinculación del docente era
nacional, sin que exista en el expediente medio probatorio en contrario, por
tanto, dichos tiempos no pueden ser tenidos en cuenta para efectos de
pensión gracia. Por ello, como quiera que el Manuel Cortes Castillo solo tuvo
una vinculación y esta fue nacional, no cumplió con los requisitos para
24
«A partir del 1o. de enero y hasta el 31 de diciembre de 1976, la Nación pagará el veinte por ciento (20%) de los
gastos de funcionamiento (personal) de la educación a que se refiere el artículo primero, conforme a los
presupuestos respectivos del año de 1975; y así sucesivamente en cada vigencia subsiguiente, aumentará en un
veinte por ciento (20%) su aporte a dichos gastos, hasta llegar a absorber el ciento por ciento (100%) de los mismos
en 1980 (de 1976 a 1980)».
25
«En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional».
22
Número interno: 3286-2023
Demandante: Juan Manuel Cortes Rodríguez
Demandada: UGPP
acceder a la prestación solicitada.
Reconocimiento de la pensión ordinaria
De otra parte, se ha pedido el reconocimiento de una pensión ordinaria de
jubilación al considerar que deben contabilizarse doble el tiempo que sirvió
como odontólogo del Ministerio de Defensa Nacional en zonas donde
estuviere turbado el orden público.
Encuentra la Sala que por la fecha de prestó el servicio el causante, le era
aplicable el Decreto 1848 de 1969; que en su artículo 68 dispuso:
Derecho a la pensión. Todo empleado oficial que preste o haya prestado sus
servicios durante veinte (20) años, continua o discontinuamente, en las
entidades, establecimientos o empresas señalados en el artículo 1o. de este
decreto, tiene derecho a gozar de pensión de jubilación al cumplir cincuenta
y cinco años de edad, si es varón, o cincuenta (50) años de edad, si es mujer .
De la revisión del material probatorio allegado al proceso se evidencia que
el señor Manuel Cortés Castillo prestó sus servicios al Ministerio de Defensa
Nacional, desde el 16 de mayo de 1947 hasta el 1 de febrero de 1960, en
total 12 años, 9 meses y 25 días [de acuerdo con la certificación que expidió
el «Ministerio de Guerra»
Ahora bien, el recurrente manifestó que ese tiempo debe contabilizarse como
tiempo doble en razón a que se prestó el servicio en zonas con alteración
del orden público, sin embargo, como vimos en el recuento normativo de esta
providencia, para que esto suceda es necesario que se acredite: i) decreto
que promulgó el estado de sitio, ii) establecer las zonas que por sus
condiciones justifiquen esta declaratoria y iii) autorización del gobierno
nacional o del consejo de ministros para el tiempo se contabilice doble.
Pruebas que se echan de menos en los elementos de prueba traídos al
proceso, por consiguiente, no es posible contabilizar este tiempo como doble.
Ahora, contrario a lo enrostrado en la alzada, el tiempo simultáneo que laboró
el causante para el Ministerio de Educación y el Ministerio de Defensa, 1 de
23
Número interno: 3286-2023
Demandante: Juan Manuel Cortes Rodríguez
Demandada: UGPP
febrero de 1951 y el 1 de febrero de 1960, no puede contabilizarse
separadamente pues cubrieron el mismo lapso.
Si bien, el Tribunal acertadamente no lo tuvo en cuenta, el fundamento esta
en que lo que incrementa es el ingreso base de liquidación, pero el tiempo de
cotización o las semanas aportadas.
Para ello basta remitirnos el criterio expuesto por la Corte Suprema de Justicia
sobre el particular26:
“Debe aclararse que los ciclos que refiere el recurrente, como aquellos que
se dejaron de incluir por el ISS y que el Tribunal no tuvo en cuenta en la
sumatoria de semanas, correspondientes a 867 días o lo que es lo mismo
123,85 semanas cotizadas para el “16 de marzo de 1971 al 10 de noviembre
de mismo año, el 12 de noviembre de 1971 al 12 de diciembre del mismo año,
13 de noviembre de 1971 al 3 de diciembre de 1973, del 28 de septiembre de
1970 al 15 de abril de 1971”, no es dable considerarlos, por la potísima razón
de que se trata de semanas aportadas de manera simultánea con otros
empleadores, es así que en el anterior cuadro de semanas válidas se refleja
por esos mismos períodos aportes entre el “14/08/1970” y el “29/01/73” por
900 días o 128,57 semanas.
De tal modo que independiente de que los aportes que reclama la censura
estuvieran o no en mora, lo cierto es que no es dable sumarlos al total de
semanas cotizadas, habida cuenta que el ISS subroga el riesgo por un mismo
período y no por tiempos dobles. Por tanto, en los eventos de servicios
prestados por el asegurado en forma simultánea a varios empleadores, los
diferentes aportes se tienen en cuenta únicamente “para establecer el
promedio del salario de base correspondiente, para efectos del pago de las
prestaciones económicas, sin que sobrepase el salario base máxime
asegurable al momento de causarse el derecho” conforme lo dispone el
artículo 81 del Acuerdo 044 de 1989 aprobado por el Decreto 3063 del mismo
año, es decir, incrementa el ingreso base de cotización más no aumenta el
tiempo de cotización o semanas aportadas.”
En ese sentido, aunque el fundamento normativo no es aplicable al caso
porque aquí nos remitimos a tiempos prestados en el servicio público, el
argumento es relevante para resolver la cuestión litigiosa pues no puede
26
M.P.Carlos Ernesto Molina Monsalve, Radicación N° 42299, Acta N° 19, cinco (05) de junio de dos mil doce
(2012).
24
Número interno: 3286-2023
Demandante: Juan Manuel Cortes Rodríguez
Demandada: UGPP
computarse tiempos de servicios que se prestaron paralelamente en vista que
estaríamos tomando los mismos lapsos para el reconocimiento.
Por tal razón, la solución que acogió el a-quo es la apropiada pues impide esa
sumatoria de tiempos de servicios simultánea que desconocería el artículo 68
del Decreto 1848 de 1969, cuando exige veinte años de servicios continuos o
discontinuos.
En ese sentido del tiempo restante a la vinculación con el Ministerio de
Educación, que no es simultánea, esto es, entre el 2 de febrero de 1960 y el
30 de abril de 1965, que equivale a cinco (5) años, dos (2) meses y veintiocho
(28) días, sumado con el prestado en el Ministerio Defensa, 12 años, 9 meses
y 25 días, tampoco reúne los veinte años que exige el artículo 68 del Decreto
1848 de 1969.
De modo que no se acreditaron los requisitos para el reconocimiento de la
pensión ordinaria, que de conformidad con la norma trascrita anteriormente
son: 20 años de servicios y 55 años de edad si es hombre, como en el caso
del causante Manuel Cortes Castillo. De suerte que se confirmará la sentencia
de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda.
2.4. Condena en costas.
De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha
sido del criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la
procedencia o no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar
la actuación procesal de la parte vencida, debe tener certeza de su
causación y que la conducta desplegada adolece de temeridad y mala fe, no
basta el simple hecho de las resultas del proceso.
En el caso concreto, si bien es cierto que la parte demandante fue vencida
en el proceso, no lo es menos que, revisado su proceder a lo largo de la
actuación, no se evidencia temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa
propia de sus intereses, de modo que no se condenará en esta instancia.
En atención a lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del Tribunal
25
Número interno: 3286-2023
Demandante: Juan Manuel Cortes Rodríguez
Demandada: UGPP
Administrativo de Boyacá, que negó a las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de julio de 2022, por medio de
la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección segunda,
subsección A negó las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: RECONOCER personería a los abogados Edgar José Polanco
Pereira, identificado con la cédula de ciudadanía número 16.918.747 de Cali
y Tarjeta Profesional 140742 del Consejo superior de la judicatura como
abogado principal y a Carlos Santiago Valencia Vera, cédula de ciudadanía
1.088.331.870 y tarjeta profesional 308.713 del Consejo Superior de la
Judicatura, sustituto, como apoderados de la UGPP, en los términos y para
los fines del poder conferido, visible a índice 14 del aplicativo Samai, Consejo
de Estado.
TERCERO: Sin condena en costas en ambas instancias.
CUARTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
(Firmado electrónicamente
JORGE PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
Sigue leyendo
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