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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-01445-01

Fecha
13 de agosto de 2021
Consejero ponente
César Palomino Cortés

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-01445-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 3 de diciembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones esbozadas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Negar las súplicas de la demanda instaurada por el señor Henry Edilberto Pérez Preciado en contra del departamento de Cundinamarca, según lo manifestado anteriormente. TERCERO: No hay lugar a condena en costas. CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta providencia. QUINTO: Se deja constancia que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2013-01445-01

Consejero ponente: César Palomino Cortés

13 de agosto de 2021

PROCESO DISCIPLINARIO / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA / PERDIDA DE LA COMPETENCIA EN MATERIA DISCIPLINARIA / VIOLACION DEL DEBIDO PROCESO

[E]l artículo 30 de la Ley 734 de 2002, sin ninguna de las modificaciones efectuadas, preveía que la acción disciplinaria prescribía en 5 años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y, para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto, término que fue cumplido por la accionada. […] [L]a prescripción de la acción disciplinaria ha sido abordada por el legislador en diversas oportunidades (…) como una institución jurídica para evitar que la investigación se prolongue indefinidamente, en consecuencia, estas normas consagran un plazo máximo para su duración, luego de lo cual se pierde la competencia para sancionar. Este término de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado se interrumpe cuando lo autoridad que adelanta el proceso impone la sanción, esto es cuando expide y notifica el fallo de primera o de única instancia según el caso. […] [E]l incumplimiento de los términos procesales en las etapas de la actuación disciplinaria no limitan el ejercicio de dicha potestad, el cual tiene por objeto garantizar el adecuado funcionamiento de la administración, de conformidad con los principios y fines previstos en la Carta Política y la Ley (…) no se vio afectado el debido proceso ya que al demandante le fue respetado el derecho a la defensa al ser debidamente notificado de las providencias emitidas, lo cual le permitió en su momento contestar el auto de cargos, solicitar pruebas y apelar las decisiones sobre las cuales recaía su inconformidad.

FUENTE FORMAL: CP – ARTÍCULO 6 / CP- ARTÍCULO 29 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 22 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 30

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C.,13 de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 25000-23-42-000-2013-01445-01(0503-17)

Actor: HENRY EDILBERTO PÉREZ PRECIADO

Demandado: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Referencia: SANCIÓN DISCIPLINARIA DE DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL POR DIEZ AÑOS

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del 3 de diciembre de 2015 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Henry Edilberto Pérez Preciado, por conducto de apoderado judicial, solicita las siguientes declaraciones y condenas:

Pretensiones

Que se declare la prescripción del proceso disciplinario 7046 de 2009, por haber transcurrido el término de cinco años; que declare la nulidad del Fallo de Primera Instancia de 10 de septiembre de 2012, proferido por la Directora de la Oficina de Control Interno en virtud del cual se impuso al demandante la sanción de destitución e inhabilidad por 10 años; Fallo de Segunda Instancia Resolución No 1213 de 1º de noviembre de 2012, proferido por el Gobernador de Cundinamarca, mediante el cual se resuelve el recurso de apelación impetrado por la parte demandante y decidió mantener la sanción impuesta.

Pide que, a título de restablecimiento del derecho: (i) se levanten las anotaciones correspondientes a la decisión sancionatoria, especialmente el registro de sanciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación y de la Oficina de Control Disciplinario de la Gobernación de Cundinamarca; (ii) se registre el levantamiento de la sanción en la hoja de vida del demandante; (iii) se emitan las certificaciones donde conste que no ha sido objeto de sanción disciplinaria; (iv) se reconozcan perjuicios morales a razón de 200 salarios mínimos legales mensuales a favor del actor, 100 salarios mínimos legales mensuales por cada uno de sus hijos. Por concepto de perjuicios a la vida de relación 400 salarios mínimos legales mensuales. Por perjuicios materiales incluyendo los gastos de defensa la suma de $40.000.000, así como el pago de los salarios o ingresos, prestaciones sociales dejados de percibir como consecuencia de la sanción impuesta, al tener que rechazar, o no ser posesionado en eventuales cargos.

En el escrito de adición y aclaración de la demanda, solicita la suspensión provisional de la sanción. Adiciona las pretensiones pidiendo se reconozcan y paguen los salarios o ingresos, así como las prestaciones sociales, tomando como referencia el último salario devengado por el demandante, con los intereses e indexación desde el momento en que se hizo efectiva la destitución e inhabilidad. Aclara la primera pretensión en cuanto solicita se declare la prescripción de la acción disciplinaria por cuanto transcurrió más de 5 años desde la renuncia (enero 2009) sin que fuera notificado de la resolución de segunda instancia.

Los hechos que fundamentan las pretensiones son los siguientes:

Expone que el accionante ingresó a laborar en la Gobernación de Cundinamarca en el mes de mayo de 2004, en el cargo de director Financiero de Contaduría y en el mes de agosto de 2005 fue nombrado como director Financiero de la Tesorería de la Secretaría de Hacienda.

Manifiesta que además fue encargado como director Financiero de Presupuesto en septiembre de 2006 y como secretario de Hacienda en los meses de julio y agosto de 2007 y finalmente, en el mes de enero de 2008, presentó renuncia al cargo de director Financiero de la Tesorería de la Secretaría de Hacienda.

Relata que de conformidad con la Resolución No 1400 de 2006, se modificó y reestructuró la planta de personal de la Gobernación de Cundinamarca, la Dirección Financiera de Tesorería quedó distribuida en su interior en varias áreas, diferenciadas con base en las funciones, responsabilidades, procesos, procedimientos y actividades a desarrollar, por lo que enuncia cada una de las funciones.

Explica el trámite surtido por el proceso disciplinario.

Refiere que el actor fue objeto de investigación disciplinaria que culminó con fallo de primera instancia de fecha 10 de septiembre de 2012, acto administrativo frente al cual se interpuso recurso de apelación, que fue desatado desfavorablemente mediante Resolución No 1213 de 1 de noviembre de 2012, decisión que no fue notificada en debida forma.

1.2 Normas violadas y concepto de violación

Como normas violadas cita el demandante las siguientes:

De la Constitución Política, los artículos 29 y 122.
Ley 734 de 2002, los artículos 6, 12, 17, 30, 92 numeral 4, 101, 119, 150 y 156.
Ley 1437 de 2011, el artículo 138 y numeral 1 del artículo 161.
Sentencia C-1076 de 5 de diciembre de 2002, Magistrado Ponente Dra Clara Inés Vargas Hernández.

Invoca el actor como causales de nulidad las siguientes:

1.- En cuanto a la prescripción de la acción disciplinaria e infracción de normas en que debía fundarse. Mediante Resolución No 00105 de 25 de enero de 2008 le fue aceptada la renuncia al demandante, momento a partir del cual cesó la supuesta falta endilgada y como quiera que ha transcurrido más de 5 años sin que esté concluido el proceso, operó el fenómeno de la prescripción de la acción disciplinaria.

2.- Violación del derecho de defensa. Toda vez que se negó el decreto y práctica de pruebas solicitadas por el disciplinado, con las que pretendía aportar elementos al proceso tendientes a demostrar ausencia de responsabilidad, además se impidió la posibilidad de contradecir las pruebas. Las pruebas documentales solicitadas, también fueron rechazadas bajo el argumento de inconducencia e impertinencia.

Aduce que lo que se pretendía con las pruebas solicitadas y negadas era establecer las funciones y responsabilidades de cada uno de los funcionarios de la Dirección de Tesorería, así como hacer claridad sobre los informes que supuestamente habían sido entregados a dicho director, que la programación de pagos y traslados de cuentas se preparaba desde la Coordinación de Operación Bancaria, que los cambios de respaldo o garantía eran conocidos por el responsable del manejo de la deuda del departamento y que la información de Tesorería también la conocía el Secretario de Hacienda.

3.- Violación del debido proceso. A pesar de haberse excedido los términos de la indagación preliminar y de la investigación disciplinaria, se niega la solicitud de prórroga de esta última y el decreto y práctica de pruebas porque “los términos son perentorios e improrrogables”, argumento inadmisible.

4.- Falsa Motivación. Existe falsa motivación en el fallo de primera instancia atendiendo que: i) no es cierto que la cuenta corriente No 050-01055-2 del Banco Popular se encontrara inactiva, ii) por la suscripción de los oficios solicitando el cambio de cuenta no significaba que la cuenta quedara inactiva, iii) la Oficina de Control Disciplinario conocía de las funciones que le asistía a los funcionarios de la Dirección de Tesorería no obstante le archivan las diligencias, iv) en el testimonio de Jaime René Mantilla Céspedes admite que proyectó para la firma del director el oficio mediante el cual se cambia la tenencia del 20% del impuesto de consumo de cerveza de la cuenta corriente del Banco Popular a la cuenta de Bancolombia y v) testimonio de Ruby Stella Caldas Barahona donde señala que las cuentas marcadas con la denominación de “pignoración de impuestos” permanecen sin movimiento.

5.- Infracción y desconocimiento de las normas en que debía fundarse. Consideró la directora de la Oficina de Control Disciplinario, que los funcionarios nombrados en cargos de profesionales y auxiliares no son sujetos de control disciplinario por su rango o jerarquía menor dentro de la estructura del ente departamental, con lo que se desconoció la Resolución 1400 de 2006, acogiendo el equivocado criterio que el único responsable de la negligencia y descuido de los funcionarios de la Dirección de Tesorería, sería el propio director.

6.- Incongruencia entre la conducta endilgada y el cargo formulado. El cargo imputado lo adecuaron erróneamente a la descripción de la falta disciplinaria contenida en el artículo 48 numeral 3 de la Ley 734 de 2002, ya que la supuesta conducta endilgada consistente en dejar inactiva con recursos una cuenta bancaria no implica de manera alguna extravío, pérdida o daño de bienes del Estado, por lo que la conducta no se adecúa a la descripción de la falta.

La contestación de la demanda

El Departamento de Cundinamarca mediante apoderada presentó escrito contestando la demanda donde manifiesta que se opone a que se declare la prescripción de la acción disciplinaria no solo por carecer de fundamento jurídico para ello, ya que el proceso se adelantó y concluyó con decisión de mérito.

Indica que no es de recibo la prescripción de la acción disciplinaria pues revisado el expediente se observa que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución 1213 de 2012, se efectuó las comunicaciones de rigor tanto al disciplinado como a su apoderado, a través de los oficios SJDCEJ No 000765 de noviembre 7 de 2012 según correspondencia de envío 057518 de la misma fecha y comprobante de recibo por parte de la compañía de correspondencia entrega inmediata segura S.A. y oficio SJDCEJ 000766 de noviembre 7 de 2012, y correspondencia interna de envío 057520 de la misma fecha.

Respecto a la violación al derecho de defensa manifiesta, que resulta equivocada y contraria a derecho decir que en virtud de la nulidad declarada quedaba el proceso en etapa de investigación y era viable solicitar pruebas, por cuanto la nulidad decretada tuvo fundamento en la expedición del auto de cargos con pretermisión de la expedición de cierre de la investigación dispuesto por el artículo 53 de la Ley 1474 de 2011.

Aduce que el argumento de violación al debido proceso tampoco es válido ya que las pruebas obrantes en el proceso fueron allegadas dentro de los términos dispuesto en los artículos 150 y 156 de la Ley 734 de 2002 para la indagación preliminar e investigación disciplinaria.

Alega que resulta equivocado el argumento de la falsa motivación, referente a que, en virtud de la declaratoria de nulidad del auto de cargos, el proceso quedaba en etapa de investigación y por consiguiente era procedente la prórroga de la etapa de investigación y las pruebas cuya práctica requería la apoderada, pues el término dispuesto en el artículo 156 de la Ley 734 de 2002 se hallaba vencido.

Observa que tampoco es de recibo la errada interpretación del material probatorio que refiere el apoderado del demandante, toda vez que la cuenta corriente 050-01055-2, denominada pignoración de impuesto de cerveza estuvo inactiva desde octubre de 2005 hasta mayo de 2008, mostrando un saldo por la suma $5.164.054.580,10, situación que tuvo ocurrencia a la falta de gestión y control en la utilización de los recursos por parte del disciplinado.

Agrega que se encuentra plenamente probado que el demandante era el director de Tesorería de la Secretaría de Hacienda del departamento y por ende el responsable de dirigir, gestionar y controlar los procesos para el manejo de la administración de los recursos existentes en las cuentas del departamento.

Añade que quedó demostrado que el proceder omisivo del demandante conllevó al menoscabo del patrimonio del departamento, detrimento que según se desprende del cálculo realizado por la visita auditora ascendió a la suma de $737.832.542 y no obstante la existencia de los mencionados recursos en la citada cuenta se cancelaron por parte del departamento intereses corrientes al Banco Popular por concepto de servicio de la deuda, lo que constituye una gestión antieconómica que conforme a lo preceptuado en el artículo 48 numeral 3 de la Ley 734 de 2002 compone falta disciplinaria gravísima.

Igualmente se dio respuesta a la adición de la demanda

La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 3 de diciembre de 2015, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos:

Expresa que, el proceso de notificación personal del fallo de segunda instancia, previsto legalmente en los artículos 101 y 107 de la Ley 734 de 2002, no fue satisfecha por la administración, pues ella se limitó a “comunicar” mediante sendos oficios su decisión, razón por la cual se encuentra configurado el fenómeno de la prescripción de la acción disciplinaria.

Estima que las pretensiones dirigidas al reconocimiento y pago de perjuicios no tienen vocación de prosperidad, por cuanto los perjuicios morales se deben acreditar con un dictamen pericial que debe ser controvertido por la entidad demandada, así como los perjuicios a la vida de relación.

En cuanto a la pretensión dirigida a que se reconozcan y paguen los salarios dejados de percibir como consecuencia de la sanción impuesta, destaca que el retiro del actor de la entidad demandada obedeció a una decisión discrecional de presentar renuncia, sin que se hubiese acreditado que su separación del servicio se debió a los actos declarados ilegales.

El recurso de apelación

4.1 Parte demandante

Advierte que el A quo negó las pretensiones relativas al restablecimiento del derecho, encaminadas a que se reconocieran los perjuicios morales, económicos y a la vida de relación.

Explica que para probar los perjuicios materiales se aportaron certificaciones de pago de honorarios, así como contrato de prestación de servicios, pruebas documentales que fueron desconocidas al no hacerse mención en el fallo de primera instancia.

Señala que para probar los perjuicios inmateriales se relacionaron 4 testigos, prueba que fue negada, alegando que las mismas por sí solas no eran suficientes para probar los perjuicios morales.

Afirma que el despacho de instancia ha utilizado la tesis de que el auto que deniegue el decreto y práctica de pruebas no es apelable, por lo que al negarse estas y no tener la oportunidad de apelar, se le impone al actor cargas que no contempla el proceso administrativo.

4.2 Parte demandada

La entidad demandada presentó recurso de apelación donde argumenta que se evidenció una incongruencia entre el fallo emanado por el Tribunal y la fijación del litigio, toda vez, que dicha fijación se limitó a estudiar si los actos acusados se encontraban viciados de nulidad por falsa motivación y por infracción a la ley, no obstante, el tribunal se limita a estudiar la prescripción de la acción.

Insiste en la inexistencia de la prescripción, ya que para el caso particular la Resolución 1213 de 2012, confirmó en su integridad el fallo de primera instancia de fecha 10 de septiembre de 2012, la cual fue comunicada al actor y su apoderado a través de los oficios No SJDCEJ No 000765 de fecha 7 de noviembre de 2012 y SJDCEJ No 000766 de fecha 7 de noviembre de 2012, situación que desconoce el tribunal.

5. Alegatos de conclusión

Mediante auto del 16 de mayo de 2017, el Despacho sustanciador corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera el concepto.

5.1 Parte demandante.

El demandante presentó alegatos de conclusión en los mismos términos del recurso de apelación incoado

5.2 Parte demandada

El departamento de Cundinamarca reiteró los argumentos señalados en el escrito de recurso de apelación.

5.3 Ministerio Público

El representante del Ministerio Público no emitió concepto.

II.CONSIDERACIONES

1. Competencia

El presente asunto es competencia de esta Corporación de conformidad con lo establecido en inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

2. Control judicial

El Consejo de Estado se ha manifestado en repetidas oportunidades sobre el control judicial que ejerce respecto de las decisiones, pruebas y demás actuaciones que se presentan en desarrollo del proceso administrativo sancionatorio y actualmente la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia del 9 de agosto de 2016, consideró frente el alcance de aquél:

“En conclusión: El control judicial de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria, es integral.

Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es plena, sin "deferencia especial" respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y Ia ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva”.

Conforme a esta línea jurisprudencial, la Sala indica que tiene plena competencia para abordar el asunto y estudiar los cargos formulados en la demanda.

3. Problema jurídico

La Sala debe estudiar en los términos de los recursos de apelación interpuestos por las partes si es procedente revocar la decisión de primera instancia debido a que no se evidenció la prescripción de la acción disciplinaria. Así como revocar parcialmente la misma al no haberse ordenado el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales a favor del demandante.

Con el fin de resolver el problema jurídico la Sala abordará los siguientes aspectos: 3.1 Actuación disciplinaria y 3.2 Caso concreto.

3.1 Actuación disciplinaria

Por auto del 29 de julio de 2010, la Oficina de Control Disciplinario de la gobernación de Cundinamarca, ordenó la apertura de la investigación disciplinaria en contra del señor Henry Edilberto Pérez Preciado.

Mediante auto del 16 de agosto de 2011, la Oficina de Control Disciplinario de la gobernación de Cundinamarca, formula pliego de cargos al demandante, decisión que fue declarada nula con auto de 13 de octubre de 2011.

Posteriormente, a través del auto de fecha 31 de enero de 2012 se dispone formular pliego de cargos en contra del señor Henry Edilberto Pérez Preciado, donde se le reprochó al encartado que:

“Por estar dados los presupuestos del artículo 162 de la Ley 734 de 2002 se formula pliego de cargos al señor HENRY EDILBERTO PEREZ PRECIADO, en su condición de Director de Tesorería de la Secretaría de Hacienda del Departamento, por su falta de gestión y control respecto del manejo de la cuenta número 050-01055-2, la cual mantuvo inactiva desde octubre de 2005 hasta el 25 de enero de 2008, con un saldo en extracto bancario de $5.164.054.580,10 en menoscabo del patrimonio Departamental, representado en cuantía de $737.832.542 como se desprende del cálculo realizado por la visita auditora, que hace parte del hallazgo reportado y en que no obstante la existencia de los mencionados recursos en la aludida cuenta se cancelaron por parte del Departamento – Secretaría de Hacienda intereses corrientes al Banco Popular por concepto de servicio de la deuda, la cual al 6 de mayo de 2008 ascendía a la suma de $8.100.000.000; durante las vigencias 2006 por $1.139.101.670; 2007 por $971.660.950 y primer trimestre de 2008 $242.559.928 para un total de $2.353.322.548, lo cual constituye una gestión antieconómica.

El anterior cargo encuentra respaldo probatorio en las pruebas enunciadas en el acápite de pruebas y se adecúa a la descripción de falta disciplinaria contenida en el artículo 23 de la Ley 734 de 2002 y en lo dispuesto en el artículo 48 numeral 3 ibidem que consagra como falta gravísima “(…) dar lugar a que por su culpa gravísima se (…) pierdan bienes del estado (…) cuya administración (…) se le haya confiado por razón de sus funciones en cuantía igual o superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales”, normas transcritas en su parte pertinente a lo largo de esta providencia”.

A través del fallo del 10 de septiembre de 2014, la Oficina de Control Disciplinario de la Gobernación de Cundinamarca, resolvió sancionar al señor Henry Edilberto Pérez Preciado con destitución e inhabilidad por el término de 10 años.

El 1º de noviembre de 2012 el Gobernador del Departamento de Cundinamarca mediante Resolución 1213, determinó confirmar en todas sus partes la decisión de primera instancia.

3.2 Caso concreto

En el sub lite el señor Henry Edilberto Pérez Preciado solicita la nulidad de los actos administrativos por los cuales fue sancionado con destitución e inhabilidad general de 10 años, al haber incurrido en la falta gravísima consagrada en el numeral 3 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, esto es por la falta de gestión y control respecto del manejo de la cuenta No 050-01055-2, la cual mantuvo inactiva sin producir beneficio, en menoscabo del patrimonio departamental representado en el pago de intereses corrientes al Banco Popular por concepto de servicio de la deuda, no obstante la existencia de los recursos en la aludida cuenta.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que ocurrió la prescripción de la acción disciplinaria.

Inconforme con esta decisión, las partes elevaron recursos de apelación sustentados tal como se manifestó anteriormente, por lo que se analizara en primer lugar el recurso incoado por la entidad demandada y después el de la parte demandante.

Determinado el marco objeto de la litis, procede la Sala a estudiar los cargos de los recursos instaurados.

Prescripción de la acción disciplinaria

Alega la entidad demandada la inexistencia de la prescripción, ya que para el caso particular la Resolución 1213 de 2012, que confirmó en su integridad el fallo de primera instancia de fecha 10 de septiembre de 2012, fue comunicada al actor y su apoderado a través de los oficios No SJDCEJ No 000765 de fecha 7 de noviembre de 2012 y SJDCEJ No 000766 de fecha 7 de noviembre de 2012, situación que desconoce el tribunal.

Para efecto de declarar probada la prescripción de la acción disciplinaria, el A quo consideró que los hechos que dieron lugar a la investigación disciplinaria se referían a la falta de gestión y control respecto del manejo de la cuenta No 050-01055-2 del Banco Popular, que se mantuvo inactiva desde octubre de 2005 hasta la fecha de retiro del actor de la entidad demandada, es decir, el 25 de enero de 2008, se tiene que el término máximo para expedir y notificar “…el acto que resuelve los recursos interpuestos contra la decisión principal que impone la sanción disciplinaria al investigado” vencía el 25 de enero de 2013.

Agrega que frente a la notificación de la Resolución No 1213 de 1º de noviembre de 2012, por medio de la cual se emite fallo de segunda instancia, no hay constancia que el trámite de notificación personal previsto en los artículos 101 y 107 de la Ley 734 de 2002 se hubiera hecho en legal forma.

Para resolver el presente cargo, resalta la Sala, que los hechos por los cuales se sancionó al actor ocurrieron desde octubre de 2005 hasta la fecha de retiro ocurrido el 25 de enero de 2008, debido a que por su falta de cuidado mantuvo inactiva la cuenta 050-01055-2 del Banco Popular denominada Pignoración Impuesto de Cerveza, sin producir beneficio alguno y a pesar de su existencia, pagó por servicio de la deuda una cantidad de dinero en desmedro del patrimonio del departamento de Cundinamarca.

El día 10 de septiembre de 2012, la directora de la Oficina de Control Disciplinario de la Gobernación de Cundinamarca profirió fallo de primera instancia dentro del proceso administrativo disciplinario No 7046-2009, por medio del cual se decide en forma definitiva la situación del actor, sin importar si este fue objeto de recursos, en razón a que dicha decisión fue la que resolvió la situación jurídica. Debe hacerse diferencia entre la terminación de la vía administrativa con el agotamiento de esta, esta última se evidencia con la interposición de los recursos procedentes, y la inicial con la expedición y notificación del acto administrativo principal (primera instancia).

En suma, el actor estuvo sub judice a la acción disciplinaria por un espacio inferior al concebido por el legislador para evacuar las dos instancias procesales.

Ciertamente, el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, sin ninguna de las modificaciones efectuadas, preveía que la acción disciplinaria prescribía en 5 años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y, para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto, término que fue cumplido por la accionada.

Como corolario de lo expuesto, la Sala destaca que, el artículo 29 de la Constitución Política dispone que el implicado tiene derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, contenido normativo que conlleva a determinar que los términos y plazos en los procedimientos administrativos y judiciales no son indefinidos, por ende el ejercicio del poder sancionatorio del Estado debe circunscribirse dentro del lapso que establece el legislador, 5 años, y en el caso de sub examine las dos instancias procesales se cumplieron en el término de prescripción que prevé el artículo 30 de la Ley 734 de 2002.

La Sala precisa que ciertamente la sentencia del 29 de septiembre de 2009 de la Sala Plena del Consejo de Estado unificó la jurisprudencia sobre la prescripción en materia disciplinaria, al sostener:

“En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis según la cual entratándose de régimen sancionatorio disciplinario, la sanción se impone de manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que es el acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía gubernativa.” .

Posteriormente, esta sentencia del 29 de septiembre de 2009 de Sala Plena del Consejo de Estado fue revocada por el fallo de tutela del 17 de abril de 2013, proferida por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, volviendo a la tesis anterior, esto es, que la sanción se debía considerar impuesta dentro del plazo de 5 años contados desde la comisión de la falta hasta la expedición y notificación de la decisión disciplinaria inicial, o cuando se interpusieron recursos éstos debían fallarse y notificarse dentro del lapso referido.

Sin embargo, la citada sentencia de tutela del 17 abril de 2013 fue impugnada, y la Sección Cuarta de esta Corporación resolvió ésta mediante providencia del 6 de marzo de 2014, disponiendo:

“2.- REVÓCASE la sentencia de 17 de abril de 2013, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, Sala de Conjueces (…).

En su lugar,
NIÉGASE por improcedente la solicitud de tutela instaurada por Álvaro Hernán Velandia Hurtado contra el fallo de 29 de septiembre de 2009 proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.”.

En consecuencia, la tesis imperante es la establecida en la sentencia del 29 de septiembre de 2009 de la Sala Plena del Consejo de Estado, jurisprudencia que viene siendo reiterada por la Sección Segunda de la Corporación, verbi gracia, las sentencias del 4 de septiembre de 2017 y 21 de julio de 2017, al indicar:

Subsección A,

“Ahora, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia del 29 de septiembre de 20093 señaló que la autoridad competente dentro de los cinco años siguientes al cometimiento de la conducta investigada, únicamente debía concluir la actuación administrativa, lo que se traduce en que basta con la expedición y notificación del acto administrativo principal (primera instancia) pues es el que resuelve de fondo el proceso sancionatorio, para evitar que prescriba la acción disciplinaria. Conforme a esa postura, no es necesario que dentro del término señalado se decidan los recursos interpuestos contra la decisión principal.”.

Subsección B,

“Con base en esta norma (artículo 30 de la Ley 734 de 2002) el término prescriptivo se empieza a contar desde el día de la celebración del contrato, toda vez que son faltas instantáneas, siendo consumadas el día de la suscripción de los acuerdos de voluntades y se interrumpe con el acto sancionatorio de primera instancia y su notificación, tal como lo estableció la Sala Plena de lo Contencioso en la sentencia del 29 de septiembre de 2009, al sostener que: “la Sala adopta la tesis según la cual entratándose de régimen sancionatorio disciplinario, la sanción se impone de manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que es el acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía gubernativa” .

Sentado lo anterior, y observando el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 que antes de ser modificado por Ley 1474 de julio de 2011, regulaba la prescripción de la acción disciplinaria en los siguientes términos:

“Artículo 30. Términos de prescripción de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto (…)”.

Del anterior análisis legal y jurisprudencial se colige que la prescripción de la acción disciplinaria ha sido abordada por el legislador en diversas oportunidades -Leyes 25 de 1974; 13 de 1984; 200 de 1995 y 734 de 2002-como una institución jurídica para evitar que la investigación se prolongue indefinidamente, en consecuencia, estas normas consagran un plazo máximo para su duración, luego de lo cual se pierde la competencia para sancionar.

Este término de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado se interrumpe cuando lo autoridad que adelanta el proceso impone la sanción, esto es cuando expide y notifica el fallo de primera o de única instancia según el caso.

Finalmente, la Sala considera que la conducta reprochada al señor Henry Edilberto Pérez Preciado ocurrió entre octubre de 2005 hasta la fecha de retiro de la entidad demandada, es decir, el 25 de enero de 2008, que fue el periodo durante el cual permaneció inactiva la cuenta 050-01055-2 del Banco Popular, denominada Pignoración Impuesto de Cerveza. En este sentido, y como el acto primigenio dentro del proceso disciplinario se profirió el 10 de septiembre de 2012, el que fue notificado personalmente al actor el día 20 de septiembre de 2012, es claro que no han trascurrido los 5 años previsto en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, tal como lo estableció la Sala Plena de lo Contencioso en la sentencia del 29 de septiembre de 2009. En consecuencia, en el sub examine no operó la prescripción de la acción disciplinaria.

Teniendo en cuenta la recopilación de la jurisprudencia citada anteriormente, donde se analizó la aplicación de la prescripción de la acción disciplinaria, es la posición aplicable actualmente, jurisprudencia que es acogida al provenir de una decisión de unificación que, si bien fue revocada por medio de acción de tutela, que tiene efectos inter-partes, fue nuevamente aceptada por esta Corporación.

Si se realizara otra interpretación sería errónea y lesiva del ordenamiento jurídico, comoquiera que desconoce el precedente jurisprudencial establecido por el Consejo de Estado, según la cual la sanción disciplinaria se impone de manera oportuna si dentro del término legal para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto principal que concluye la actuación y no el que resuelve los recursos en vía gubernativa.

En atención a lo previamente señalado, la Sala no comparte la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda al considerar que se evidenció la prescripción de la acción disciplinaria, por lo que debe revocar y por ende entrar a estudiar los cargos de la demanda como sigue.

i) Violación del derecho de defensa.

Sustenta el actor el presente cargo en que se negó el decreto y práctica de pruebas solicitadas por el disciplinado, con las que pretendía aportar elementos al proceso tendientes a demostrar ausencia de responsabilidad, además se impidió la posibilidad de contradecir las pruebas. Las pruebas documentales solicitadas, también fueron rechazadas bajo el argumento de inconducencia e impertinencia.

Aduce que lo que se pretendía con las pruebas solicitadas y negadas era establecer las funciones y responsabilidades de cada uno de los funcionarios de la Dirección de Tesorería, así como hacer claridad sobre los informes que supuestamente habían sido entregados a dicho director, que la programación de pagos y traslados de cuentas se preparaba desde la Coordinación de Operación Bancaria, que los cambios de respaldo o garantía eran conocidos por el responsable del manejo de la deuda del departamento y que la información de Tesorería también la conocía el Secretario de Hacienda.

Para resolver el cargo planteado, es necesario hacer referencia a que mediante auto de fecha 13 de octubre de 2011 se declaró la nulidad de las diligencias generadas desde el auto de cargos, como consecuencia de la omisión de realizar el cierre de la investigación disciplinaria.

Con fundamento en lo señalado, el 18 de noviembre de 2011 se declara cerrada la etapa de investigación en contra de la cual se interpone recurso de reposición, el cual es decidido mediante auto de fecha 19 de diciembre de 2011 confirmando el auto impugnado.

Nuevamente se profiere auto de cargos el 31 de enero de 2012 frente al cual se presenta escrito de descargos donde solicita se decreten y practiquen pruebas, las que son negadas por considerarlas innecesarias e inconducentes a través del auto de 24 de mayo de 2012, de conformidad con las siguientes consideraciones:

“(…)
Conforme a las anteriores precisiones se observa que los testimonios solicitados por la defensa no solo resultan innecesarios, sino además inconducentes para determinar el motivo por el cual la cuenta 050-01055-2 registraba la denominación “PIGNORACION AL IMPUESTO DE CERVEZA”, a pesar de no estar respaldando ninguna obligación, motivo por el cual se niega su práctica.

(…)
Respecto de información solicitada en los numerales 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10,12 y 13 se tiene que apunta a que se aporte al proceso constancia del recibido por parte del doctor Henry Pérez Preciado, director de Tesorería de informes que dieran cuenta que la cuenta No 050-01055-2 del Banco Popular no estaba pignorada, solicitud que resulta improcedente e impertinente y por tanto se niega su práctica, bajo las siguientes precisiones:

(…)
Sumando a lo anterior se advierte que desde ningún punto de vista resulta lógico ni razonable que la defensa pretenda que se alleguen los informes en los que según su sentir, se debió reportar al Director de Tesorería que la cuenta No 050-010552, del Banco Popular, no estaba pignorada, cuando según lo expresado por esa Entidad Bancaria en certificaciones del 17 de abril y 20 junio de 2008 y en la información arrojada por el sistema de información de clientes de la misma, se tiene que esta cuenta a pesar de no hallarse respaldando ningún crédito se mantuvo registrada con la denominación de pignoración a mayo de 2008, de ahí que si este registro se mantuvo mal podían los funcionarios encargados de rendir los informes sobre los movimientos de las cuentas reportar la misma como una cuenta no pignorada cuando lo que registraba el Banco era lo contrario.

Si bien en contra de la anterior decisión procedía el recurso de apelación según el artículo 115 de la Ley 734 de 2002, este no fue interpuesto dentro del término procesal. Para efecto de notificar la anterior decisión se envió citaciones tanto al disciplinado como a su apoderada quienes no comparecieron, por lo que el auto fue notificado en forma subsidiaria mediante la fijación de estado de 1º de junio de 2012.

Por consiguiente, al no haber hecho uso de los recursos pertinentes en forma oportuna mal puede ahora endilgarle al auto que negó la práctica de pruebas posibles ilegalidades, respecto de las cuales guardó silencio.

Ahora bien, en cuanto a la solicitud de pruebas realizada en el escrito de alegatos de conclusión, se comparte lo decidido por el operador disciplinario en el sentido de considerar que las mismas son extemporáneas en la medida que no se presentaron dentro del término señalado en el artículo 166 de la ley 734 de 2002 que dispone:

ARTÍCULO 166. TÉRMINO PARA PRESENTAR DESCARGOS. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> Notificado el pliego de cargos, el expediente quedará en la Secretaría de la oficina de conocimiento, por el término de diez días, a disposición de los sujetos procesales, quienes podrán aportar y solicitar pruebas. Dentro del mismo término, el investigado o su defensor, podrán presentar sus descargos.

Advierte la Sala que no es de recibo el argumento de la parte actora en cuanto a que el operador disciplinario en virtud de la nulidad decretada, en ese momento procesal aún se encontraba el proceso en la etapa de investigación, ya que, si bien es cierto por medio del auto de 13 de octubre de 2011, se decretó la nulidad lo anterior se hizo atendiendo lo consagrado en el artículo 53 de la Ley 1474 de 2011, que ordenaba proferir auto de cierre de la investigación, lo que no se había hecho. Se aclara que el auto de cierre de la investigación se expide cuando esta vencido el término de esta, por lo que no se puede entender que con la declaratoria de nulidad vuelve el proceso a dicha etapa.

ii) Violación del debido proceso

A pesar de haberse excedido los términos de la indagación preliminar y de la investigación disciplinaria, se niega la solicitud de prórroga de esta última y el decreto y práctica de pruebas porque “los términos son perentorios e improrrogables”, argumento inadmisible.

Los hechos por los cuales se investigó al demandante se limitaron a la falta de gestión y control en la utilización de los recursos del departamento de Cundinamarca, respecto de la inactividad de la cuenta 050-01055-2 denominada pignoración e impuesto de cerveza, generando detrimento patrimonial.

En la actuación procesal se observa que, la Oficina de Control Disciplinario de la Gobernación de Cundinamarca, el 29 de julio de 2010 dispuso la apertura de investigación disciplinaria en contra del demandante y, el 31 de enero de 2012 le formularon el pliego de cargos. El 10 de septiembre de 2012 se profirió el fallo de primera instancia y la segunda instancia fue resuelta el 1º de noviembre de 2012.

Determinados los supuestos procesales que la parte actora alega que no fueron cumplidos, y teniendo en cuenta que el legislador en el artículo 156 de la Ley 734 de 2002, estableció el término para la etapa de la investigación disciplinaria, así:

“El término de la investigación disciplinaria será de seis meses, contados a partir de la decisión de apertura.

En los procesos que se adelanten por las faltas descritas en el artículo 48, numerales 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de este código, la investigación disciplinaria no se podrá exceder de doce meses. Este término podrá aumentarse hasta en una tercera parte, cuando en la misma actuación se investiguen varias faltas o a dos o más inculpados. (…)”. (Negrilla de la Sala).

Así las cosas, el término previsto en el artículo 156 de la Ley 734 de 2002 fue excedido por la oficina de control disciplinario, pero esta circunstancia temporal no conlleva per se violación del derecho al debido proceso, ni la perdida de la competencia para ejercer la potestad disciplinaria, pues la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado han sido coincidentes y reiterativas que el incumplimiento de los plazos procesales no genera los efectos aludidos, salvo que opere el fenómeno de la prescripción.

La Corte Constitucional, en la sentencia de unificación SU-901 de 2005, sobre las consecuencias del incumplimiento de los términos en la actuación disciplinaria, expresó:

“De lo expuesto se infiere que el incumplimiento del término de indagación previa no conduce a que el órgano de control disciplinario incurra automáticamente en una grave afectación de garantías constitucionales y a que como consecuencia de ésta toda la actuación cumplida carezca de validez. Esto es así en cuanto, frente a cada caso, debe determinarse el motivo por el cual ese término legal se desconoció, si tras el vencimiento de ese término hubo lugar o no a actuación investigativa y si ésta resultó relevante en el curso del proceso. Es decir, del sólo hecho que un término procesal se inobserve, no se sigue, fatalmente, la conculcación de los derechos fundamentales de los administrados pues tal punto de vista conduciría al archivo inexorable de las investigaciones por vencimiento de términos y esto implicaría un sacrificio irrazonable de la justicia como valor superior y como principio constitucional. De allí que la afirmación que se hace en el sentido que se violaron derechos fundamentales por la inobservancia de un término procesal no deba ser consecuencia de una inferencia inmediata y mecánica, sino fruto de un esfuerzo en el que se valoren múltiples circunstancias relacionadas con el caso de que se trate, tales como la índole de los hechos investigados, las personas involucradas, la naturaleza de las pruebas, la actuación cumplida tras el vencimiento del término y la incidencia de tal actuación en lo que es materia de investigación.”

La Sección Segunda del Consejo de Estado, sobre la superación de los plazos procesales, ha señalado:

“La inobservancia de los términos anunciados no puede tenerse como una irregularidad tal que vicie el procedimiento disciplinario puesto que, al estudiar el trámite que se siguió, no puede más que concluirse que al demandante se le respetaron las garantías sustanciales que constituyen la esencia del derecho al debido proceso, situación que, aunada al imperativo de justicia material, conduce a sostener la validez de la actuación en virtud del anunciado principio de trascendencia. El no cumplimiento de los términos previstos en la Ley 734 de 2002 para el trámite de algunas de las etapas que comprende el procedimiento disciplinario no se tradujo en la vulneración del derecho al debido proceso del demandante, como quiera que, no obstante lo anterior, a este se le respetaron las garantías sustanciales inherentes a tal derecho. Así las cosas, no se logra establecer la forma en que se habría configurado una falsa motivación en los actos administrativos acusados como quiera que las pruebas aportadas y practicadas dentro del proceso administrativo disciplinario resultaban suficientes para que la Procuraduría General de la Nación responsabilizara al actor por las faltas disciplinarias que le endilgó”.

“Resulta claro que el Estado no puede renunciar a su potestad disciplinaria por la violación formal de los plazos si la acción disciplinaria no estaba prescrita, como ocurrió en este caso. La Corte Constitucional ha precisado como regla inicial que la simple trasgresión de las normas procesales no implica afectación del debido proceso. Estas irregularidades menores se refieren a la afectación de las formas propias de los juicios, pero dada su baja intensidad en la definición del conflicto, no quedan cobijadas por el inciso final del artículo 29 constitucional”.

“[S]i bien es cierto que el establecimiento de los términos en el proceso sancionatorio constituye una garantía para el investigado con el fin de que su situación disciplinaria no esté vigente de manera indefinida, también lo es que en el presente asunto se advierte que a la actora no se le desconoció el derecho fundamental al debido proceso, pues el auto de cargos y las decisiones de primera y segunda instancia se allanaron al cumplimiento de las exigencias de los artículos 163 y 170 de la Ley 734 de 2002. Así entonces, para la Sala el incumplimiento de los términos procesales en las etapas de la actuación disciplinaria per se no limitan el ejercicio de dicha potestad, el cual tiene por objeto garantizar el adecuado funcionamiento de la administración, de conformidad con los principios y fines previstos en la Carta Política y la Ley, labor que fue desarrollada por la Procuraduría al momento de expedir los actos demandados, por lo que se considera que no se vio afectado el debido proceso ya que a la demandante le fue respetado el derecho a la defensa al ser debidamente notificada de las providencias emitidas, lo cual le permitió en su momento contestar el auto de cargos, solicitar pruebas y apelar las decisiones sobre las cuales recaía su inconformidad, cumpliéndose además con la garantía de la función pública establecía en el artículo 22 de la Ley 734 de 2002. Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que, pese a que la Procuraduría Provincial de Pereira se excedió el término de la etapa de investigación, dicha circunstancia objetiva no conlleva la nulidad de la actuación disciplinaria, ni es causal que invalide los actos censurados, razón suficiente para no declarar probado el cargo” .

En este orden de ideas, si bien es cierto que el establecimiento de los términos en el proceso sancionatorio constituye una garantía para el investigado con el fin de que su situación disciplinaria no esté vigente de manera indefinida, también lo es que en el presente asunto se advierte que al actor no se le desconoció el derecho fundamental al debido proceso, pues el auto de cargos y las decisiones de primera y segunda instancia se allanaron al cumplimiento de las exigencias de los artículos 163 y 170 de la Ley 734 de 2002.

Así entonces, para la Sala el incumplimiento de los términos procesales en las etapas de la actuación disciplinaria no limitan el ejercicio de dicha potestad, el cual tiene por objeto garantizar el adecuado funcionamiento de la administración, de conformidad con los principios y fines previstos en la Carta Política y la Ley, labor que fue desarrollada por la Procuraduría General de la Nación al momento de expedir los actos demandados, por lo que se considera que no se vio afectado el debido proceso ya que al demandante le fue respetado el derecho a la defensa al ser debidamente notificado de las providencias emitidas, lo cual le permitió en su momento contestar el auto de cargos, solicitar pruebas y apelar las decisiones sobre las cuales recaía su inconformidad, cumpliéndose además con la garantía de la función pública establecía en el artículo 22 de la Ley 734 de 2002.

Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que, pese a que la oficina de control disciplinario de la gobernación de Cundinamarca excedió el término de la etapa de investigación, dicha circunstancia objetiva no conlleva la nulidad de la actuación disciplinaria, ni es causal que invalide los actos censurados, razón suficiente para no declarar probado el cargo.

iii) Falsa Motivación

Señala el disciplinado que existe falsa motivación en el fallo de primera instancia atendiendo que: i) no es cierto que la cuenta corriente No 050-01055-2 del Banco Popular se encontrara inactiva, ii) por la suscripción de los oficios solicitando el cambio de cuenta no significaba que la cuenta quedara inactiva, iii) la Oficina de Control Disciplinario conocía de las funciones que le asistía a los funcionarios de la Dirección de Tesorería no obstante le archivan las diligencias, iv) en el testimonio de Jaime René Mantilla Céspedes admite que proyectó para la firma del director el oficio mediante el cual se cambia la tenencia del 20% del impuesto de consumo de cerveza de la cuenta corriente del Banco Popular a la cuenta de Bancolombia y v) testimonio de Ruby Stella Caldas Barahona donde señala que las cuentas marcadas con la denominación de “pignoración de impuestos” permanecen sin movimiento.

La investigación disciplinaria se inicia a raíz del informe de auditoría reportado por la Contraloría de Cundinamarca, con ocasión de la auditoría gubernamental con enfoque integral practicada a la Secretaria de Hacienda Direcciones de Rentas y Pensiones y Fondo de Cuenta de Cesantías de Cundinamarca, en el cual se advierten los siguientes hallazgos: “1.- Falta de gestión y control en la utilización de los recursos del Departamento al mantener inactiva la cuenta No 050-010552 denominada Pignoración de impuestos de Cerveza (…)”.

Ahora bien, la falsa motivación del acto ocurre cuando: i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la Administración Pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien sea por error o por razones engañosas o simuladas; iii) porque el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen; y iv) porque los motivos que sirven de fundamento al acto no justifiquen la decisión.

En el presente caso la realidad probada no contraviene los supuestos fácticos a los que hacen referencia los actos demandados, en razón a que está plenamente establecido que el actor incurrió en la falta endilgada, toda vez que se determinó mediante certificaciones del Banco Popular que se encuentra la cuenta No 050-01055-2, la cual está inactiva con un saldo de $5.164.054.850.10 y no respalda ningún crédito. Que no obstante la existencia de la aludida cuenta se canceló por parte del Departamento – Secretaría de Hacienda intereses corrientes al Banco Popular por concepto de servicio de la deuda.

Igualmente se demostró que dentro de las funciones del encartado se encontraba la de administración de los recursos existentes en las cuentas a nombre del departamento de Cundinamarca, en calidad de director Financiero de Tesorería.

A su vez, del oficio SHA-UPC590 radicado con el número 609048 del 28 de octubre de 2005 se desprende que desde esa fecha conocía el actor de la inactividad de la cuenta con ocasión de la suscripción del otro sí No 1 del encargo fiduciario No 006-2002.

De acuerdo con lo planteado, cuando se realiza esta clase de conductas, se incurre en falta disciplinaria gravísima, así lo señala el numeral 3 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que tipifican como tal el proceder omisivo al mantener una cuenta inactiva con saldo, sin generar ningún recurso causando un detrimento patrimonial al ente territorial.

El fallo de primera instancia de fecha 10 de septiembre de 2012, al establecer la responsabilidad del inculpado, consideró que:

“(…)
Bajo las anteriores precisiones, la anterior situación se atribuye al disciplinado en razón a su falta de gestión y control respecto del manejo de la cuenta 050-01055-2, proceder omisivo representado en no haber informado, en su debida oportunidad al Banco, sobre la instrucción impartida en el oficio SHA-UPC590, radicado con el número 609048 del 28 de octubre de 2005, no verificar el saldo existente en la mencionada cuenta, a esa fecha y no averiguar si esta, para ese momento estaba atendiendo o no alguna obligación, proceder negativo que dio lugar a que la citada cuenta, a pesar de la instrucción impartida en el aludido oficio, continuara con la restricción de pignoración y se mantuviera inactiva desde octubre de 2005 hasta mayo de 2008, con un saldo en extracto bancario de $5.164.054.580,10.

De igual manera, se advierte que el proceder objeto de censura, como quedó demostrado conllevó al menoscabo del patrimonio del Departamento, a consecuencia de la inactividad de la mencionada cuenta, durante el periodo antes indicado, detrimento que según se desprende del cálculo realizado por la visita auditora, que hace parte del hallazgo reportado ascendió a la suma de $737.832.542, aunado a que, según información reportada por la Administración Departamental en respuesta a la mesa de trabajo, no obstante la existencia de los mencionados recursos en la citada cuenta se cancelaron por parte del Departamento – Secretaría de Hacienda intereses corrientes al Banco Popular por concepto de servicio de la deuda, la cual el 6 de mayo de 2008 ascendía a la suma de $8.100.000.000 durante las vigencias 2006 por $1.139.101.670; 2007 por $971.660.950 y primer trimestre de 2008 $242.559.928 para un total de $2.353.322.548, lo cual constituye una gestión antieconómica (fls 146 a 147).

Para la Sala no concurre la causal de falsa motivación, al estar acreditado que el operador disciplinario orientó la investigación y sanción disciplinaria del demandante a las finalidades de la potestad disciplinaria, esto es, al cumplimiento de los cometidos estatales y al ejercicio correspondiente de las funciones públicas.

En conclusión, el argumento de la falta de motivación queda desvirtuado teniendo en cuenta lo manifestado.

iv) Infracción y desconocimiento de las normas en que debía fundarse.

Consideró la directora de la Oficina de Control Disciplinario, que los funcionarios nombrados en cargos de profesionales y auxiliares no son sujetos de control disciplinario por su rango o jerarquía menor dentro de la estructura del ente departamental, con lo que se desconoció la Resolución 1400 de 2006, acogiendo el equivocado criterio que el único responsable de la negligencia y descuido de los funcionarios de la Dirección de Tesorería, sería el propio director.

El señor Henry Edilberto Pérez Preciado fungió como director Financiero de Tesorería – Secretaría de Hacienda, durante el periodo comprendido entre el 8 de agosto de 2005 hasta el 25 de enero de 2008, y dentro de las funciones le correspondía la administración de los recursos existentes en las cuentas a nombre del departamento de Cundinamarca, atribuciones que se encuentran determinadas en las Resoluciones Nos 00718 de 2005 y 1400 de 2006.

De acuerdo con la resolución No 00718 de 2005 “Por el cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de los diferentes empleos de la Planta de Personal del Despacho del Gobernador y de la planta Global Única del Sector Central del Departamento de Cundinamarca”, al demandante le correspondía las siguientes funciones:

“7. Definir y dirigir de conformidad con las normas vigentes, la apertura de cuentas corrientes y de ahorro del Departamento para el manejo y administración de recursos del presupuesto Departamental.
(…)
13. Dirigir las inversiones y operaciones de tesorería y gestionar los procesos necesarios para su culminación.
14. Realizar las inversiones de los excedentes de liquidez de la Tesorería, de acuerdo con los criterios y parámetros técnicos que fije el Secretario de Hacienda y el Comité de Inversiones y efectuar el control y seguimiento de dichas operaciones…
15. Gestionar ante los organismos y entidades el reintegro de los recursos sobrantes que correspondan a vigencias anteriores, de los giros realizados por el Departamento y que no estén comprometidos conforme a las normas vigentes…

(…)
21. Garantizar el manejo de los fondos cuenta y de los recursos de convenios (ingresos pagos, registros contables y demás operaciones a que haya lugar)…
23. Coordinar y controlar los vencimientos y situación de fondos para el servicio de la deuda del Departamento de Cundinamarca…”.

De la lectura de las funciones se observa que corresponde al Director Financiero de Tesorería definir y dirigir de conformidad con las normas, la apertura de cuentas corrientes y de ahorro del departamento de Cundinamarca para el manejo y administración de recursos del presupuesto, por lo tanto ante la falta de gestión y control señalada en la formulación de cargos respecto de la cuenta No 050-01055-2 y de acuerdo con el informe de auditoría realizado por la Contraloría de Cundinamarca, se encontró responsable al demandante de la falta endilgada.

Teniendo en cuenta lo manifestado no observa la Sala la infracción argumentada en el cargo estudiado por lo que se desestimará el mismo.

v) Incongruencia entre la conducta endilgada y el cargo formulado.

Aduce el demandante que el cargo imputado lo adecuaron erróneamente a la descripción de la falta disciplinaria contenida en el artículo 48 numeral 3 de la Ley 734 de 2002, ya que la supuesta conducta endilgada consistente en dejar inactiva con recursos una cuenta bancaria no implica de manera alguna extravío, pérdida o daño de bienes del Estado, por lo que la conducta no se adecúa a la descripción de la falta.

Respecto a la armonía o congruencia que debe preservarse en la actuación disciplinaria entre el auto o pliego de cargos y los fallos de instancia, el Consejo de Estado ha sostenido:

“El principio de congruencia determina que debe coexistir comunicación entre el conjunto probatorio allegado al proceso, la denominación jurídica que se atribuye al disciplinado y los argumentos sustentadores del fallo sancionatorio, en garantía de los derechos que le asisten a los sujetos procesales, en particular del debido proceso y derecho de defensa, por ello, los cargos deben estar plenamente identificados en cuanto delimitan el marco de acción de su derecho de defensa. Tal es la relevancia de este principio, que su desatención puede dar lugar a la invalidación de la actuación, por violación al debido proceso, al derecho de defensa y contradicción, es por ello, que entre una y otra decisión debe haber consonancia y armonía y no puede ocurrir que se formule un cargo por una falta con base en unas pruebas y el fallo disciplinario se emita atribuyendo una distinta a aquella que fue imputada en el pliego de cargos, dado que tal incongruencia redundaría en violación de los derechos previamente aludido.”

De acuerdo con esta línea jurisprudencial, lo alegado por la parte actora y lo probado, al realizar el ejercicio de subsunción típica en el pliego de cargos al especificar las circunstancias de modo, donde concreta la modalidad de la conducta que consiste en dejar inactiva una cuenta y la pérdida de bienes del Estado causada, y al analizar las pruebas en que se fundamentaron aquéllas, coincide con lo señalado en las decisiones de instancia donde se precisaron en qué consistían las circunstancias para encontrar responsable disciplinariamente al actor.

Pliego de cargos de 31 de enero de 2012
Fallo de primera instancia de 10 de septiembre de 2012
Fallo de segunda Instancia de 1º de noviembre de 2012
“Por estar dados los presupuestos del artículo 162 de la Ley 734 de 2002 se formula pliego de cargos al señor HENRY EDILBERTO PEREZ PRECIADO, en su condición de Director de Tesorería de la Secretaría de Hacienda del Departamento, por su falta de gestión y control respecto del manejo de la cuenta número 050-01055-2, la cual mantuvo inactiva desde octubre de 2005 hasta el 25 de enero de 2008, con un saldo en extracto bancario de $5.164.054.580,10 en menoscabo del patrimonio Departamental, representado en cuantía de $737.832.542 como se desprende del cálculo realizado por la visita auditora, que hace parte del hallazgo reportado y en que no obstante la existencia de los mencionados recursos en la aludida cuenta se cancelaron por parte del Departamento – Secretaría de Hacienda intereses corrientes al Banco Popular por concepto de servicio de la deuda, la cual al 6 de mayo de 2008 ascendía a la suma de $8.100.000.000; durante las vigencias 2006 por $1.139.101.670; 2007 por $971.660.950 y primer trimestre de 2008 $242.559.928 para un total de $2.353.322.548, lo cual constituye una gestión antieconómica.

El anterior cargo encuentra respaldo probatorio en las pruebas enunciadas en el acápite de pruebas y se adecúa a la descripción de falta disciplinaria contenida en el artículo 23 de la Ley 734 de 2002 y en lo dispuesto en el artículo 48 numeral 3 ibidem que consagra como falta gravísima “(…) dar lugar a que por su culpa gravísima se (…) pierdan bienes del estado (…) cuya administración (…) se le haya confiado por razón de sus funciones en cuantía igual o superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales”, normas transcritas en su parte pertinente a lo largo de esta providencia
De igual manera, se advierte que el proceder objeto de censura, como quedó demostrado conllevó al menoscabo del patrimonio del Departamento, a consecuencia de la inactividad de la mencionada cuenta, durante el periodo antes indicado, detrimento que según se desprende del cálculo realizado por la visita auditora, que hace parte del hallazgo reportado ascendió a la suma de $737.832.542, aunado a que, según información reportada por la Administración Departamental en respuesta a la mesa de trabajo, no obstante la existencia de los mencionados recursos en la citada cuenta se cancelaron por parte del Departamento – Secretaría de Hacienda intereses corrientes al Banco Popular por concepto de servicio de la deuda, la cual el 6 de mayo de 2008 ascendía a la suma de $8.100.000.000 durante las vigencias 2006 por $1.139.101.670; 2007 por $971.660.950 y primer trimestre de 2008 $242.559.928 para un total de $2.353.322.548, lo cual constituye una gestión antieconómica (fls 146 a 147).
Compartiendo así esta instancia lo expuesto por el a-quo en el sentido de que los anteriores planteamientos resultaron suficientes para hallar establecida la demostración objetiva de la falta y la responsabilidad del investigado, atendiendo a los criterios de falta disciplinaria establecidos en el Artículo 23 de la Ley 743 (sic) de Febrero 5 de 2002, y en lo dispuesto en el artículo 48 numeral 3 ibidem que consagra como falta gravísima:

“(…) dar lugar a que por culpa gravísima se (…) pierdan bienes del estado (…) cuya administración (…) se le haya confiado por razón de sus funciones, en cuantía igual o superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales”.

Existiendo así por parte del disciplinado una falta de gestión y control en la utilización de los recursos al mantener inactiva la cuenta No 050.01055-2, conforme a lo dispuesto en el artículo 162 de la legislación disciplinaria vigente.

Con fundamento en lo indicado no se observa la supuesta incongruencia planteada, razón por la cual se negará el presente cargo.

Teniendo en cuenta el resultado del proceso no es del caso entrar a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

En atención a lo previamente señalado, la Sala no comparte la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, pues no operó la prescripción de la acción disciplinaria.

III. DECISIÓN

Visto lo anterior, la Sala revocará la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que accedió parcialmente las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 3 de diciembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones esbozadas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Negar las súplicas de la demanda instaurada por el señor Henry Edilberto Pérez Preciado en contra del departamento de Cundinamarca, según lo manifestado anteriormente.

TERCERO: No hay lugar a condena en costas.

CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta providencia.

QUINTO: Se deja constancia que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
Folios 462 al 464 del cuaderno principal
Folios 542 al 543 del cuaderno principal
Folios 445 al 462 del cuaderno principal.
Folios 464 a 482 del cuaderno principal
Folios 556 al 564 del cuaderno principal
Folios 576 al 577 del cuaderno principal
Folios 118 al 135 del cuaderno principal
Folios 656 al 658 del cuaderno principal
Folios 659 al 663 del cuaderno principal
Folio 688 del cuaderno principal
Folios 696 al 697 del cuaderno principal.
Folio 693 al 695 del cuaderno principal.
Folio 698 del cuaderno principal.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B Consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (E) Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil catorce (2014).- Radicación número: 11001-03-25-000-2012-00902-00(2746-12) Actor: Víctor Virgilio Valle Tapia Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. William Hernández Gómez (e), proceso con radicado 11001-03-25-000-2011-00316-00 y número interno 1210-11

Folios 19 al 50 del anexo No 1
Folios 89 al 92 del anexo No 1
Folios 112 al 139 del anexo No 1
Folios187 al 227 del anexo No 1
Folios 242 al 329 del anexo No 2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejera ponente Susana Buitrago Valencia, sentencia del 29 de septiembre de 2009.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 23 de mayo de 2002, Consejero ponente Jesús María Lemos Bustamante, radicado 17112, Actor: Álvaro Hernán Velandia Hurtado.
Consejo de Estado, Sección Cuarta, Consejera ponente Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, radicado 11001-03-15-000-2010-00076-03
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Consejero ponente William Hernández Gómez, radicado 11001-03-25-000-2012-00118-00 (0524-12).
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Magistrado ponente César Palomino Cortés, radicado 11001-03-25-000-2012-00152-00 (0668-12).
ARTÍCULO 30. TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. <Artículo modificado por el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011_pr002.html" \l "132" 132 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia de la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Este término empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas cuando haya cesado el deber de actuar.
Folio 227 del anexo No 1
Folios 89 al 94 del anexo No 1
Folios 105 al 109 del anexo No 1
Folios 151 al 160 del anexo No 1
Folio 163 del anexo No 1
M.P. Jaime Córdoba Triviño
Sentencia de 20 de septiembre de 2018, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Consejero ponente William Hernández Gómez, radicado 11001-03-25-000-2014-00754-00 (2353-14).
Sentencia de 24 de enero de 2019, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Consejero ponente Carmelo Perdomo Cuéter, radicado 11001-03-25-000-2012-00256-00 (0974-12).
Sentencia del 22 de mayo de 2018, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Magistrado ponente César Palomino Cortés, radicado 11001-03-25-000-2011-000466-00 (0171-11). En este mismo sentido, ver sentencia del 27 de febrero de 2014, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez (e), proceso con radicado 11001-03-25-000-2012-00888-00 y número interno 2728-2012; y sentencia del 1 de junio de 2017, M.P César Palomino Cortés, radicado interno 1577 -2010.
“El sujeto disciplinable, para salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones (…)”

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