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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-01668-01

Fecha
15 de febrero de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-01668-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia del 28 de julio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que denegó las pretensiones de la demanda de la referencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, se dispone: Segundo. Declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 013119 del 24 de octubre de 2012, RDP 019790 del 17 de diciembre de 2012 y RDP 003674 del 28 de enero de 2013, mediante las cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia de la actora. 35 Radicado: 25000 23 42 000 2013 01668 01 (2848-18) Demandante: Carmen Odilia Niño Estupiñán Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP reconocer y pagar la pensión gracia de la señora Carmen Odilia Niño Estupiñán, identificada con cédula de ciudadanía 20.735.041, en cuantía del 75% del promedio de los factores devengados en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional, comprendido entre el 3 de noviembre de 2010 y el 3 de noviembre de 2011. Cuarto. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática indicada en las consideraciones de esta sentencia. Quinto. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo señalado en el artículo 192 del CPACA. Sexto. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2013-01668-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

15 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000 23 42 000 2013 01668 01 (2848-18)
Demandante: Carmen Odilia Niño Estupiñán
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 28 de julio de 2016 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca —Sección Segunda-Subsección B—, que denegó las pretensiones
de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Carmen Odilia Niño Estupiñán, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
las Resoluciones RDP 013119 del 24 de octubre de 2012, RDP 019790 del 17 de

1 Folios 24 al 37.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000 23 42 000 2013 01668 01 (2848-18)
Demandante: Carmen Odilia Niño Estupiñán

diciembre de 2012 y RDP 003674 del 28 de enero de 2013, por las cuales la UGPP
le negó el reconocimiento de la pensión gracia y resolvió los recursos de reposición
y de apelación, respectivamente, en el sentido de confirmar la decisión inicial.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la UGPP a lo siguiente: i) reconocer y pagar la pensión
gracia de jubilación a partir del día que cumplió el estatus de pensionada; ii) pagar
el valor de las mesadas pensionales y «adicionales» desde la misma fecha; iii)
actualizar el monto de la condena conforme lo autoriza el artículo 187 del CPACA; iv)
pagar los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; v)
dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA; y vi)
pagar las costas del proceso.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

i) La señora Carmen Odilia Niño Estupiñán nació el 30 de diciembre de 1946, por lo
que cumplió 50 años el 30 de diciembre de 1996.

ii) Prestó sus servicios al magisterio oficial, como docente nacionalizada, en los
departamentos de Nariño, Bolívar y Cundinamarca, durante más de 20 años.

iii) Los nombramientos fueron hechos por autoridades de orden departamental.

iv) El 19 de diciembre de 2011, solicitó a la UGPP el reconocimiento de la pensión
gracia; sin embargo, esta petición fue negada mediante los actos administrativos
enjuiciados.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y
336 de la Constitución Política; 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 3 y 6 de la Ley 116

2

Radicado: 25000 23 42 000 2013 01668 01 (2848-18)
Demandante: Carmen Odilia Niño Estupiñán

de 1928; 3 del Decreto 2277 de 1979; y 15 de la Ley 91 de 1989. Asimismo, se
invocó como vulnerado el Decreto 081 de 1976.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso, en
esencia, que los actos administrativo enjuiciados desconocieron sus derechos y
vulneraron expresamente las normas señaladas, pues la UGPP estaba en la
obligación de reconocer la prestación gracia al haberse demostrado que la señora
Niño Estupiñán sumó más de 20 años de servicio a la docencia a través de
vinculaciones de orden departamentales y/o nacionalizadas y cumplió 50 años de
edad.

1.2. Contestación de la demanda2

El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda por cuanto
considera que no se desvirtuó la presunción de validez de los actos administrativos
demandados y no hay fundamento jurídico para señalar que incurran en alguna
causal de ilegalidad.

Propuso las excepciones de: i) ausencia de vicios en los actos demandados; ii)
inexistencia de la obligación de conceder una pensión gracia, puesto que no está
probado el tipo de vinculación de la demandante; iii) prescripción; iv) cobro de lo no
debido; v) indebida pretensión de reconocimiento de la indexación; vi) imposibilidad
de condena en costas; y vii) reconocimiento oficioso de excepciones.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
mediante sentencia escrita proferida el 28 de julio de 2016, denegó las pretensiones
de la demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:3

i) Se acreditó que la demandante se desempeñó como docente oficial antes del 31

2 Folios 79 al 85.
3 Folios 197 al 213.

3

Radicado: 25000 23 42 000 2013 01668 01 (2848-18)
Demandante: Carmen Odilia Niño Estupiñán

de diciembre de 1981 en el departamento de Nariño, vinculada a establecimientos
del orden territorial, puesto que los actos de nombramiento y posesión fueron
suscritos por autoridades departamentales y el servicio se prestó en
establecimientos educativos departamentales y nacionalizados.

ii) El tiempo de servicio prestado en el Centro de Capacitación Cartagena de Indias
y la Escuela República de Argentina Cartagena, entre el 6 de febrero y 8 de
septiembre de 1981, ostentó una vinculación nacionalizada.

iii) Entre el 8 de febrero y el 30 de noviembre de 1993 y del 7 de junio al 30 de
noviembre de 1994 la demandante prestó sus servicios al Colegio Departamental
Nacionalizado del Municipio de Cota (Cundinamarca) como docente hora cátedra
con vinculación departamental, toda vez que los actos de nombramiento se hicieron
por el gobernador de Cundinamarca.

iv) El tiempo prestado como docente en la Institución de Educación Departamental
Enrique Pardo Parra, a partir del 4 de octubre de 1995, no es posible tenerlo en
cuenta para efectos de reconocer la pensión gracia, pese a que el decreto de
nombramiento fue expedido por la gobernadora de Cundinamarca, toda vez que la
designación se hizo en calidad de presidenta de la Junta Administradora del FER y
teniendo en cuenta la certificación del representante del Ministro de Educación
Nacional ante el Fondo de Educación Regional de plaza vacante y disponibilidad
presupuestal, lo cual indica que la vinculación se hizo como docente nacional y la
autoridad departamental actuó a través de la figura de desconcentración
administrativa.

1.4. El recurso de apelación

El apoderado de la demandante interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia con base en los siguientes argumentos:4

4 Folios 223 al 225.

4

Radicado: 25000 23 42 000 2013 01668 01 (2848-18)
Demandante: Carmen Odilia Niño Estupiñán

i) Teniendo en cuenta que el Fondo Educativo Regional es un sistema de manejo
de cuentas de los bienes y recursos que la Nación y la entidad territorial respectiva
destinan a la educación, el solo nombramiento que se efectué con el mencionado
fondo no desvirtúa la naturaleza nacionalizada de la vinculación, máxime cuando en
el expediente reposa certificado del Ministerio de Educación Nacional en el cual se
indica que la demandante no laboró para esta entidad.

ii) La señora Carmen Odilia Niño fue nombrada por la gobernadora del
departamento de Cundinamarca, lo que, sin lugar a duda, su caso se enmarca en
la situación de hecho y de derecho consagrada en el inciso 3 del artículo 1° de la
Ley 91 de 1989. Por consiguiente, el a quo excedió su facultad de interpretación al
concluir que la vinculación de la actora fue de carácter nacional.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. La demandante

La señora Carmen Odilia Niño Estupiñán guardó silencio.5

1.5.2. La demandada

La UGPP, por conducto de apoderado, descorrió el término para alegar y reiteró los
argumentos invocados en la contestación de la demanda.6

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no emitió concepto.7

La Sala decide, previas las siguientes

5 Según la constancia secretarial obrante en el folio 245.
6 Folios 242 al 244.
7 Según la constancia secretarial obrante en el folio 245

5

Radicado: 25000 23 42 000 2013 01668 01 (2848-18)
Demandante: Carmen Odilia Niño Estupiñán

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.

2.2. Marco normativo

El artículo 1° de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».

Por su parte, las Leyes 116 de 19288 y 37 de 19339 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 10

Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».11

8 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública

tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan.
Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la
enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
9 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter

legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.

Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados
por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
10 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio

de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
11 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por
consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo
sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

6

Radicado: 25000 23 42 000 2013 01668 01 (2848-18)
Demandante: Carmen Odilia Niño Estupiñán

En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión
gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye
requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución
alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado
por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran
los educadores locales o regionales».12

Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales;
sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».

En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión

4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar
lo necesario para su sostenimiento.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997,

radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han
acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-33-000-
2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-
2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-
000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida
por la Corte Constitucional.

7

Radicado: 25000 23 42 000 2013 01668 01 (2848-18)
Demandante: Carmen Odilia Niño Estupiñán

gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».

Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,13 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.

Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:

1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.

13 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

8

Radicado: 25000 23 42 000 2013 01668 01 (2848-18)
Demandante: Carmen Odilia Niño Estupiñán

2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».14

En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:15

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».16

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-

23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-

23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
16 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-

2019-02219-01 (AC).

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Radicado: 25000 23 42 000 2013 01668 01 (2848-18)
Demandante: Carmen Odilia Niño Estupiñán

vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.

Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».

Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,17 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:18

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las exógenas -situado fiscal- cuando se sufragaban los
gastos a través de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que
tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-

42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
18 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia

transcrita.

10

Radicado: 25000 23 42 000 2013 01668 01 (2848-18)
Demandante: Carmen Odilia Niño Estupiñán

generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.

El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar de 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.

A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues « lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».19

2.3. Hechos probados

2.3.1. Edad y tiempo de servicios

i) Conforme a la copia de la cédula de ciudadanía, la señora Carmen Odilia Niño
Estupiñán nació el 30 de diciembre de 1946, es decir, cumplió 50 años de edad el
30 de diciembre de 1996.20

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-

42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
20 Folio 3.

11

Radicado: 25000 23 42 000 2013 01668 01 (2848-18)
Demandante: Carmen Odilia Niño Estupiñán

ii) El 20 de junio de 1977, por medio del Decreto 417, el gobernador de Nariño,
nombró a la señora Carmen Odilia Niño Estupiñán profesora de tiempo completo
del Colegio Nuestra Señora de Las Nieves, de Guaitarilla. El acto fue suscrito,
además, por el secretario de educación departamental y por el delegado del
Ministerio de Educación.21 Posteriormente, con el Decreto 611 del 3 de octubre de
1977, se aclaró que el nombramiento tenía retroactividad al 1 de enero de 1977.22
iii) El 18 de agosto de 1978, por Decreto 403, el gobernador de Nariño le aceptó la
renuncia a partir del 1 de septiembre de esta anualidad. El acto fue suscrito,
además, por el secretario de educación departamental y por el delegado del
Ministerio de Educación.23

iv) El 28 de enero de 1993, por Decreto 0617, el gobernador de Cundinamarca, en
calidad de presidente de la Junta Administradora del Fondo Educativo Regional,
vinculó a la demandante por el Sistema de Hora Cátedra, con una intensidad de 16
horas semanales, a partir del 8 de febrero de 1993 y durante el año escolar, en el
Colegio Departamental, Jornada Tarde, del municipio de Cota.24

v) El 24 de junio de 1994, por Decreto 01723, el gobernador de Cundinamarca, en
calidad de presidente de la Junta Administradora del Fondo Educativo Regional,
vinculó a la demandante por el Sistema de Hora Cátedra, con una intensidad de 16
horas semanales, a partir del 7 de junio de 1994 y durante el año escolar, en el
Colegio Departamental Nacionalizado, Jornada Tarde, del municipio de Cota.25

vi) El 30 de agosto de 1995, por Decreto 02352, la gobernadora del departamento
de Cundinamarca, en uso de sus facultades legales y en su calidad de presidenta
de la Junta Administradora del FER, nombró a la actora para ocupar la plaza creada
por el Sistema de Conversión, en el Colegio Departamental Nacionalizado de
Cota.26 Tomó posesión el 4 de octubre de 1995.27

21 Folios 18 y 19.
22 Folios 150 al 152.
23 Folios 148 y 149.
24 Folios 137 y 138.
25 Folio 139.
26 Folio 130.
27 Acta 066 (folio 131).

12

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Demandante: Carmen Odilia Niño Estupiñán

vii) El 28 de noviembre de 2011, el rector de la Institución Educativa Nuestra Señora
de Las Nieves de Guaitarilla (Nariño) hizo constar que la señora Niño Estupiñán
prestó sus servicios en dicho plantel, como docente de tiempo completo, desde el
28 de enero de 1977 hasta el 30 de junio de 1978, nombrada por Decreto 417 del
20 de junio de 1977.

viii) El 19 de noviembre de 2012, la Dirección de Personal de Establecimientos
Educativos del departamento de Cundinamarca certificó que la señora Carmen
Odilia Niño Estupiñán prestó sus servicios en la Secretaría de Educación como
docente por el Sistema de Hora Cátedra, así:28

Vinculada con Decreto 0617 del 29 de enero de 1993, con una intensidad de 16 horas
cátedra semanales, a partir del 8 de febrero y durante el año escolar (30 de noviembre),
en el Colegio Departamental, jornada de la tarde, del municipio de Cota.

Vinculada con Decreto 1723 del 24 de junio de 1994, con una intensidad horaria de 16
horas cátedra semanales, a partir del 7 de junio de 1994 y durante el año escolar (30
de noviembre) en el Colegio Departamental Nacionalizado, jornada de la tarde, del
municipio de Cota.

ix) El 26 de diciembre de 2012, la directora de personal de Establecimientos
Educativos del departamento de Cundinamarca diligenció el Formato Único para
expedición de certificado de historia laboral, en el que consta que la demandante
labora, desde el 4 de octubre de 1995, en la Institución Educativa Departamental
Enrique Pardo Parra del municipio de Cota, nombrada por Decreto 2352 del 30 de
agosto de 1995, y que el régimen de pensiones en nacional.29

x) El 2 de marzo de 2015, la asesora de la Secretaría General del Ministerio de
Educación Nacional, en respuesta al requerimiento judicial efectuado por el
Tribunal, informó que revisada la información que reposa en los archivos de la

28 Folio 17.
29 Folios 20 y 21.

13

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Demandante: Carmen Odilia Niño Estupiñán

entidad, «no se ha encontrado registro a nombre de la señora Carmen Odilia Niño
Estupiñán, […] que indique que laboró para el Ministerio de Educación Nacional».30

xi) Según el certificado de salarios emitido el 6 de diciembre de 2012, por la
Secretaría de Educación de Cundinamarca —Dirección de Personal de
Establecimientos Educativos—, la señora Niño Estupiñán devengó entre el 1 de
enero de 2011 y el 1 de enero de 2012, los factores salariales de asignación básica,
prima de vacaciones y prima de navidad.31

xii) La Procuraduría General de la Nación certificó que la señora Niño Estupiñán no
registraba antecedentes disciplinarios.32

2.3.2. Actuación administrativa

i) El 19 de diciembre de 2011, la actora radicó la solicitud de reconocimiento de
la pensión gracia.33
ii) El 24 de octubre de 2012, la UGPP profirió la Resolución RDP 013119, con la
cual negó la petición, con el argumento de que los tiempos aportados por la
peticionaria fueron prestados con nombramientos del orden nacional.34

iii) Los días 17 de diciembre de 2012 y 28 de enero de 2013, la UGPP expidió las
Resoluciones RDP 019790 y RDP 003674, por las cuales, respectivamente, resolvió
los recursos de reposición y apelación interpuestos, en el sentido de confirmar la
decisión.35

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

Teniendo en cuenta el anterior recuento fáctico, en consonancia con el marco
normativo y jurisprudencial descrito en acápites anteriores, la Sala revocará la

30 Folio 125.
31 Folio 16.
32 Folio 19 del cuaderno 2.
33 Información extractada de la Resolución RDP 013119 del 24 de octubre de 2012.
34 Folios 4 al 9.
35 Folios 10 y 11 y 12 al 15.

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Radicado: 25000 23 42 000 2013 01668 01 (2848-18)
Demandante: Carmen Odilia Niño Estupiñán

decisión del a quo que negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la
demandante. Esta conclusión se funda en los siguientes razonamientos:

i) La señora Carmen Odilia Niño Estupiñán demostró que ostentó una vinculación
anterior al 31 de diciembre de 1981, en virtud del nombramiento efectuado el 20 de
junio de 1977, por el gobernador de Nariño, por medio del Decreto 417. El acto fue
suscrito, además, por el secretario de educación departamental y por el delegado
del Ministerio de Educación, como se aprecia en la imagen:

[…]

15

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Demandante: Carmen Odilia Niño Estupiñán

Posteriormente, por Decreto 611 del 3 de octubre de 1977, se aclaró el artículo 9
del Decreto 417, en el sentido de precisar que el nombramiento de la señora Niño
Estupiñán tenía retroactividad al 1 de enero 1977. Y el 18 de agosto de 1978, por
Decreto 403, el gobernador le aceptó la renuncia a partir del 1 de septiembre de
esta anualidad. El acto fue suscrito, además, por el secretario de educación
departamental y por el delegado del Ministerio de Educación, como se observa:36

36 Folios 148 y 149.

16

Radicado: 25000 23 42 000 2013 01668 01 (2848-18)
Demandante: Carmen Odilia Niño Estupiñán

Se trata, sin duda, de una vinculación nacionalizada, comoquiera que la docente fue
nombrada por una autoridad del orden territorial con posterioridad a la
nacionalización adelantada por la Ley 43 de 1975, y en el acto de nombramiento
intervino el delegado del Ministerio de Educación Nacional.

Resulta relevante destacar que la Corte Constitucional, en sentencia C-084 de 1999,
al analizar la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de
1989, precisó que antes de la nacionalización de la educación que se surtió
conforme a la Ley 43 de 1975, los docentes se dividían sólo en dos categorías, así:
(i) nacionales; y (ii) territoriales. Específicamente, expuso:

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Demandante: Carmen Odilia Niño Estupiñán

3.2.2. Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la "nacionalización" de la
educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para ser
cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980,
existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales, vinculados
laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación Nacional; y los
territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a la
Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada
"pensión gracia", de que trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros
docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la
prolongación de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o
reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella antes del 31 de
diciembre de 1980, pues la diversidad del empleador (nación o departamento),
permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto y una excepción al principio
general prohibitivo de devengar dos asignaciones del Tesoro Público, situación ésta
que resulta igualmente acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la
norma acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el
principio de la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual
prohibe (sic) dispensar trato diferente y discriminado "por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica", nada de lo
cual ocurre en este caso. […].

Por su parte, esta Sala37 ha precisado que «El carácter nacionalizado de la
designación […] encuentra respaldo en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto
dispone que son nacionalizados aquellos «docentes vinculados por nombramiento
de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975». En similar sentido,
la Corte Constitucional, mediante sentencia C-085 de 2002, indicó que los
«docentes nacionalizados» son «los vinculados antes del 31 de diciembre de 1980,
por las entidades territoriales».

ii) La demandante acreditó su nombramiento como docente interina del Centro de
Capacitación Cartagena de Indias, por medio de la comunicación que le envió el
Departamento de Personal de la Gobernación de Bolívar, por la cual se le informó
que por Decreto 060 del 29 de enero de 1981 fue designada seccional del citado
plantel educativo, «mientras dure la licencia de la titular».

Aunque en el plenario no obra el acto de nombramiento, sí se allegó el Acta 300064
del 6 de febrero de 1981, que da cuenta de la posesión de la demandante en el

37 Ver entre otras, la sentencia de 16 de febrero de 2023. Radicado: 81001-23-33-000-2013-00128-01 (1518-

2015).

18

Radicado: 25000 23 42 000 2013 01668 01 (2848-18)
Demandante: Carmen Odilia Niño Estupiñán

mencionado cargo, «para el cual fue nombrada por Decreto 060 del 29 de enero de
1981, de la gobernación». La citada acta fue suscrita por el gobernador y por el
secretario de gobierno.

Respecto de este periodo, se advierte que el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio certificó que se trató de un vínculo nacionalizado, en el nivel
de primaria, en propiedad, como se observa:

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Demandante: Carmen Odilia Niño Estupiñán

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Demandante: Carmen Odilia Niño Estupiñán

De acuerdo con la certificación, la demandante estuvo vinculada con el
departamento de Bolívar entre el 6 de febrero de 1981 y el 1 de febrero de 1982.
Esta información se encuentra respaldada con sendas certificaciones que dan
cuenta de la prestación del servicio en el nivel de primaria, así:

[…]
Dirección General Servicios Administrativos
Secretaría de Educación y Cultura de Bolívar

HACE CONSTAR:

Que Carmen Odilia Niño Estupiñán […] prestó sus servicios al Departamento, en el
Magisterio Oficial Primario, en virtud de los nombramientos que a continuación se
expresan:

Seccional de la Escuela República de Argentina en esta ciudad, nombrada por Decreto
No. 908 de agosto 12 de 1981 (posesionada septiembre 8/81), hasta noviembre 6 de
1981.

Directora de El Centro de Capacitación Cartagena de Indias en esta ciudad, trasladada
por Decreto No. 1356 de noviembre 6 de 1981, hasta sele aceptada la renuncia por
Decreto No. 281 de marzo 29 de 1982, a partir del 1 de febrero de ese mismo año.

Cartagena, junio 20 de 1984
(Fdo.)
Secretaria de Educación y Cultura38

38 Folio 10.

21

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Demandante: Carmen Odilia Niño Estupiñán

Al respecto, es relevante resaltar que el artículo 3 de la Ley 39 de 1903 dispuso que
la instrucción primaria estaría a cargo y bajo la inmediata dirección y protección de
los departamentos. A su vez, el Decreto 491 de 1904, reglamentario de la referida
ley, determinó que estarían a cargo de los departamentos y municipios «los gastos
que ocasione la instrucción primaria».39 Por ende, este periodo también resulta
computable para el reconocimiento de la pensión gracia.

39 Artículo 27.

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Demandante: Carmen Odilia Niño Estupiñán

iii) El gobernador del departamento de Cundinamarca vinculó a la demandante
como docente de hora cátedra, con una intensidad de 16 horas semanales, a partir
del 8 de febrero de 1993 y durante dicho año escolar, y desde el 7 de junio y el 30
noviembre de 1994, en el Colegio Departamental Nacionalizado del Municipio de
Cota (Cundinamarca), así:

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Radicado: 25000 23 42 000 2013 01668 01 (2848-18)
Demandante: Carmen Odilia Niño Estupiñán

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Demandante: Carmen Odilia Niño Estupiñán

Como se observa, los actos administrativos fueron expedidos por una autoridad
departamental (gobernador de Cundinamarca), en consideración a la necesidad de
vincular a la docente, debido a que dicha Cartera no les había «asignado plazas» a
los colegios nacionalizados mediante la Ley 44 de 1998. Se trata, por ende, de una
vinculación nacionalizada, en un plantel educativo de la misma naturaleza, con la
intervención del delegado del Ministerio de Educación ante el FER, apta para ser
tenida en cuenta en el cómputo de tiempo servicio exigido para acceder a la pensión
gracia.

Así las cosas, respecto de este lapso se tendrá como computable el siguiente
tiempo de servicio:

25

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Demandante: Carmen Odilia Niño Estupiñán

Total días laborados: 330,687, correspondientes a 11 meses

*Nota. Respecto del anterior cómputo se aclara lo siguiente:

• Conforme lo ha expresado esta corporación en anteriores oportunidades,40 en aras de
establecer el tiempo laborado por horas cátedra para efectos pensionales, resulta
necesario acudir a la fórmula prevista en el inciso segundo del parágrafo 1 del artículo
1 de la Ley 33 de 1985, es decir, sumar las horas de trabajo real y dividirlas en 4, cuyo
resultado será el de los días laborados, a los que se adicionan los de descanso
remunerado (sábados y domingos) y de vacaciones (7 semanas al año), todo ello en
proporción al período en que se trabajó por horas cátedra.

• Los cálculos realizados también aplican los siguientes lineamientos: i) artículo 33 de
la Ley 100 de 1993: «se entiende por semana cotizada el período de siete (7) días
calendario»; ii) para el salario mensual se toma en cuenta el mes de 30 días, lo que
multiplicado por los 12 meses que componen un año equivale a 360 días al año;41 iii)
«para efectos de laborales los meses corresponden a períodos de 30 días calendario
por lo cual resulta forzoso concluir que para estos mismos efectos el año estará
conformado por 360 días. En este orden de ideas y dentro del contexto antes referido,
el año consta de 51.42 semanas, número resultante de dividir los 360 días que
conforman el año para efectos laborales, entre el número de días que integran una
semana, es decir siete (7) días».42

iv) La gobernadora de Cundinamarca, por medio del Decreto 02352 del 30 de agosto
de 1995, nombró a la actora para ocupar la plaza creada por el Sistema de
Conversión, en el Colegio Departamental Nacionalizado de Cota. Se posesionó el
4 de octubre de 1995.

40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de enero de 2023, radicado 08001-23-33-000-2016-

00149-01 (4526-2021).
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de marzo de 1999, radicado 12503.
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de octubre de 2016, radicado 05001-23-33-000-

2014-01754-01 (5073-15).

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En relación con este periodo, contrario a lo estimado por el a quo, se tiene que es
de carácter nacionalizado, pues fue suscrito por la gobernadora, en calidad de
presidenta de la Junta Administradora del FER, en ejercicio de las atribuciones
conferidas, entre otras normas, por los artículos 10 y 16 del Decreto 1706 de 1989,
por el cual se reglamentan los artículos 7, 10 y 18 de la Ley 29 de 1989, norma en
la que expresamente se señaló que el nombramiento, remoción, control y
administración en general del personal docente nacional y nacionalizado son
funciones de los alcaldes y ante su imposibilidad, de los gobernadores.

Concretamente, los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de 1989 asignaron las siguientes
funciones a los gobernadores:

Artículo 9º.- El artículo 54 quedará así: Se asigna al Alcalde Mayor del Distrito
Especial de Bogotá, y a los alcaldes municipales, las funciones de nombrar, trasladar,
remover, controlar y, en general administrar el personal docente y administrativo de
los establecimientos educativos nacionales o nacionalizados, plazas oficiales de
colegios cooperativos, privados, jornadas adicionales, teniendo en cuenta las normas
del Estatuto Docente y la Carrera Administrativa vigentes y que expidan en adelante
el Congreso y el Gobierno Nacional, ajustándose a los cargos vacantes de las plantas
de personal que apruebe el Gobierno Nacional y las disponibilidades presupuestales
correspondientes.

En la Isla de San Andrés estas atribuciones se asignan al Intendente. Se asignan a
los gobernadores, intendentes, comisarios y Alcalde Mayor de Bogotá, las funciones
de nombrar, remover, controlar y, en general, administrar el personal administrativo,
nacional y nacionalizado, de los equipos de educación fundamental, teniendo en
cuenta la Carrera Administrativa.

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[…]

Parágrafo 1º.- Los salarios y prestaciones sociales de este personal, continuarán a
cargo de la Nación y de las entidades territoriales que las crearon.

Parágrafo 2º.- La Nación no asume responsabilidad alguna por los nombramientos
que excedan las plantas de personal aprobadas por el Gobierno Nacional para la
respectiva jurisdicción municipal y para la jurisdicción de la Isla de San Andrés, ni
nacionalizará el personal así designado.

Los nombramientos y demás novedades de personal que se llegasen a producir por
fuera de las respectivas plantas de personal o contraviniendo las normas del Estatuto
Docente y de la Carrera Administrativa y las disponibilidades presupuestales
correspondientes, serán de exclusiva responsabilidad del municipio o entidad
territorial que los hiciere, y suyas las cargas civiles, administrativas y laborales que de
tales actuaciones se desprendan. El funcionario que produjere el nombramiento o la
novedad de personal, incurrirá en causal de mala conducta, y responderá
solidariamente con la entidad que dicho funcionario represente.

Artículo 10º.-Los Gobernadores, Intendentes y Comisarios, asumirán
temporalmente las atribuciones contenidas en el artículo anterior cuando financiera
y/o administrativamente un municipio no pudiera asumir tal responsabilidad.

Una vez superadas las limitaciones financieras y/o administrativas previa solicitud del
Alcalde, el Ministerio podrá mediante Resolución trasladar tal competencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, en virtud de esa disposición normativa se asignaron
a los gobernadores, en uso de sus facultades (o ante la imposibilidad de asumir de
los municipios, según sea el caso), las funciones de nombrar, trasladar, remover,
controlar y, en general, administrar el personal docente y administrativo de los
establecimientos educativos tanto nacionales como nacionalizados.

Por consiguiente, no se puede perder de vista que en el acto administrativo de
designación se indicó con claridad que se hacía un nombramiento de una docente
en un plantel nacionalizado y que existía la vacante permanente, dada la conversión
de horas cátedra a plaza docentes.

Aunado a ello, resalta la Sala que, aunque el acto de nombramiento fue suscrito de
igual modo por el delegado del Ministerio de Educación Nacional ante el FER
Cundinamarca, de acuerdo con la sentencia de unificación de 21 de junio de 2018
«no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten
en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,

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además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional», así, este último, certifique la vacancia del cargo
junto con la disponibilidad presupuestal».

Pese a la contundencia de las pruebas, el a quo negó la pensión gracia, teniendo
en cuenta que en esta última designación intervino el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional, al paso que la gobernadora fungía como
presidenta de la Junta Administradora del FER. Sin embargo, tal argumento, como
se explicó no es suficiente para no computar la vinculación con el departamento de
Cundinamarca para obtener la pensión gracia objeto de controversia.

En conclusión, los tiempos laborados como docente por la señora Niño Estupiñán
tienen la denominación de nacionalizados y, en todo caso, no podrían ser, de ningún
modo, denominados nacionales en atención a que no existe prueba alguna dentro
del proceso que dé cuenta de ello, al paso que sí obra suficiente material probatorio
que respalde sus pretensiones.

Por otra parte, es preciso resaltar que el Ministerio de Educación Nacional en el
certificado que obra a folio 125 del plenario, hizo constar que «no se ha encontrado
registro a nombre de la señora Carmen Odilia Niño Estupiñán que indique que
laboró» para esa entidad.

De esta manera, la demandante acreditó con suficiencia el ejercicio de la profesión
docente en plazas del orden nacionalizado por más de 20 años y cumplió con la
exigencia de haberse vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; por lo tanto, la
interesada cumplió el requisito del tiempo de servicio previsto por el legislador para
acceder a la prestación pretendida. Además, cuenta con más de 50 años de edad y
durante su ejercicio como docente no se registraron sanciones disciplinarias, es
decir, que cumple con los requisitos de edad, buena conducta y desempeño laboral
con honradez y consagración previstos por la Ley 114 de 1913 para el
reconocimiento del beneficio pensional reclamado.

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Demandante: Carmen Odilia Niño Estupiñán

Ahora bien, la demandante consolidó el estatus pensional el 3 de noviembre de
2011, cuando cumplió 20 años de servicio, fecha para la cual tenía más de 50 de
edad, ya que nació el 30 de diciembre de 1946, como se establece de la siguiente
relación:

Periodo de
Establecimiento Tiempo de
prestación del
educativo servicio
servicio

Del 1° de enero Colegio Nuestra
de 1977 al 1° de Señora de las 1 año y 8 meses (608 días)
septiembre de Nieves de
1978 Guaitarilla (Nariño)

Del 6 de febrero Centro de
de 1981 al 8 de Capacitación 7 meses y 2 días (214 días)
septiembre de Cartagena de
1981 Indias

Del 8 de
septiembre de Escuela República
1 mes y 27 días (59 días)
1981 al 6 de de Argentina
noviembre de Cartagena
1981
Del 6 de Centro de
noviembre de Capacitación 2 meses y 24 días (87 días)
1981 al 1 de Cartagena de
febrero de 1982 Indias

Del 8 de febrero Colegio 9 meses y 23 días (293 días)
al 30 de Departamental de
noviembre de 1993 Municipio de Cota

Del 7 de junio al Colegio 5 meses y 24 días (174 días)
Departamental
30 noviembre de
Nacionalizado del
1994 Municipio de Cota
(Cundinamarca)
Del 4 de octubre de 1995 Institución de 17 años, 27 días (6237 días)
al 31 de octubre de 2012 (última Educación
fecha certificada por el Departamental
Enrique Parda
Departamento de Cundinamarca Parra
(folio 16)

*Tiempo total de servicio: 20 años, 10 meses y 27 días

Así las cosas, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará la
nulidad de los actos acusados y se ordenará el reconocimiento y pago de la pensión

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Demandante: Carmen Odilia Niño Estupiñán

gracia pretendida, en cuantía del 75% del promedio de los factores devengados por
la demandante en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional,
comprendido entre el 3 de noviembre de 2010 y el 3 de noviembre de 2011, con
inclusión de los factores salariales devengados en ese período. Ahora bien, como
la petición se radicó el 19 de diciembre de 2011 y la demanda se presentó el 3 de
mayo de 2013, no operó el fenómeno de la prescripción de mesadas.

La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del
Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus pensional».43

La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:

R= RH Índice Final
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que la demandante obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.

De otro lado, no se reconocerán los intereses moratorios solicitados por la
accionante, pues esta corporación ha precisado que conforme al artículo 141 de la

43 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i)

del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-23-33-
000-2014-00462-01 (1644-19).

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Demandante: Carmen Odilia Niño Estupiñán

Ley 100 de 1993, aquellos solo proceden «en los casos en los que el pago de las
mesadas pensionales no se discute porque está en firme el reconocimiento de la
prestación a quien ostenta la calidad de pensionado y lo que se presenta es una
negativa de la entidad a efectuar el pago».44

Bajo el anterior lineamiento, los intereses de mora no pueden decretarse cuando la
pensión aún no ha sido reconocida, como ocurre en el sub lite, pues hasta el
momento de proferirse el fallo el derecho reclamado se encuentra en discusión, por
ende, no existe un acto administrativo que radique la prestación en cabeza de la
demandante y le permita exigir su pago oportuno.45

2.5. De la condena en costas

El artículo 188 del cpaca establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del cpaca, se atendía una valoración objetiva, [1] en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del cpaca para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está

44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de agosto

de 2020, radicado: 76001-23-33-000-2016-01824-01 (2923-2019)
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de julio de

2020, radicado: 76001-23-33-000-2014-00581-01 (2162-2019).

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Demandante: Carmen Odilia Niño Estupiñán

llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo debe ser revocada por
cuanto la demandante acreditó en el proceso los requisitos para ser beneficiaria de
la pensión gracia reclamada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia del 28 de julio de 2016, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que denegó las
pretensiones de la demanda de la referencia, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia. En su lugar, se dispone:

Segundo. Declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 013119 del 24 de octubre
de 2012, RDP 019790 del 17 de diciembre de 2012 y RDP 003674 del 28 de enero
de 2013, mediante las cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP negó el
reconocimiento de la pensión gracia de la actora.

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Demandante: Carmen Odilia Niño Estupiñán

Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
reconocer y pagar la pensión gracia de la señora Carmen Odilia Niño Estupiñán,
identificada con cédula de ciudadanía 20.735.041, en cuantía del 75% del promedio
de los factores devengados en el año anterior a la consolidación de su estatus
pensional, comprendido entre el 3 de noviembre de 2010 y el 3 de noviembre de
2011.

Cuarto. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los
índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula
matemática indicada en las consideraciones de esta sentencia.

Quinto. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del
plazo señalado en el artículo 192 del CPACA.

Sexto. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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