Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-01886-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-01886-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-01886-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
17 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2013-01886-01 (0221-2018)
Demandante: Wilson Cruz Camargo
Demandado: Nación – Contraloría General de la República
Temas: Declaratoria de insubsistencia – nombramiento provisional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada
contra la sentencia proferida el 22 de julio de 2016 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por medio de la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, el señor Wilson Cruz Camargo, por conducto
de apoderada, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de la
Resolución 003590 del 7 de diciembre de 2012, proferida por la contralora general
1 Folios 39 a 47.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2013-01886-01 (0221-2018)
Demandante: Wilson Cruz Camargo
de la República, que declaró insubsistente el nombramiento del actor en el cargo
de director, nivel directivo, grado 03, Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales
– Contraloría Delegada para Economía y Finanzas.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, el
accionante solicitó condenar a la Nación - Contraloría General de la República a lo
siguiente: i) disponer el reintegro al empleo que venía desempeñando o a otro de
igual o superior categoría; ii) pagar los emolumentos dejados de percibir como
consecuencia de su desvinculación y hasta cuando ingrese nuevamente al
servicio; y iii) actualizar el valor de las condenas conforme al artículo 192 del
CPACA.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, la apoderada del demandante señaló los siguientes:
i) Mediante la Resolución 0887 del 15 de septiembre de 2010, el señor Wilson
Cruz Camargo fue nombrado como director, nivel directivo, grado 03, de la
Dirección de Recursos Financieros – Gerencia de Gestión Administrativa y
Financiera.
ii) Por Resolución 002787 del 12 de octubre de 2012, el accionante fue trasladado
a la Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales – Contraloría Delegada para
Economía y Finanzas, sin variar la denominación del empleo.
iii) A través de la Resolución 003590 del 7 de diciembre de 2012, se declaró
insubsistente el nombramiento del demandante en el referido cargo.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 25, 29, 53 y 125 de la Constitución Política;
41 de la Ley 909 de 2004; 107 del Decreto 1950 de 1973; 45 del Decreto Ley 268
de 2000; y 10 del Decreto 1227 de 2005.
2
Radicación: 25000-23-42-000-2013-01886-01 (0221-2018)
Demandante: Wilson Cruz Camargo
Al desarrollar el concepto de violación, la apoderada del actor expuso lo siguiente:
i) El Decreto Ley 268 de 2008 clasificó el cargo de director como de libre
nombramiento y remoción; sin embargo, tal previsión fue declarada inexequible
por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-284 de 2011.
ii) De esta manera, se modificó la naturaleza jurídica del empleo que ocupaba el
demandante, pues se reclasificó como de carrera y, por lo tanto, debe entenderse
que estaba nombrado en provisionalidad.
iii) El retiro de los servidores provisionales debe hacerse mediante acto motivado;
sin embargo, el señor Wilson Cruz Camargo fue desvinculado a través de una
resolución carente de motivación, al amparo de una facultad discrecional que no
aplicaba para esa clase de empleos.
1.2. Contestación de la demanda
La Nación - Contraloría General de la República, en adelante CGR, se opuso a las
pretensiones de la demanda y esgrimió las siguientes razones de defensa:2
i) La CGR retiró al demandante en ejercicio de la facultad discrecional, toda vez que
ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción. Además, no incurrió en
desviación de poder ni en otra irregularidad que viciara de nulidad el acto acusado.
ii) La sentencia C-284 de 2011 declaró inexequible la clasificación del director
como un empleo de libre nombramiento y remoción; sin embargo, ello no le
confirió derechos de carrera al accionante, ya que la providencia no tiene efectos
retroactivos y, por ende, no podía modificar los términos en que se realizó su
nombramiento.
2 Folios 98 a 106.
3
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Demandante: Wilson Cruz Camargo
iii) El señor Wilson Cruz Camargo no podía deprecar una estabilidad en el empleo,
por cuanto no accedió a este en virtud de un concurso de méritos que le permitiera
beneficiarse de dicha prerrogativa.
iv) A través de la Convocatoria 4 de 2013, el cargo que ocupaba el actor fue
ofertado para proveerlo mediante el sistema del mérito y las listas de elegibles
fueron publicadas el 8 de agosto de 2014, esto es, con posterioridad a su despido.
v) Se proponen las siguientes excepciones: 1) ineptitud de la demanda; 2)
inexistencia de causales de nulidad; y 3) aplicación de los límites indemnizatorios
fijados en la Sentencia SU-556 de 2014, en caso de acceder a las súplicas del
accionante.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
mediante sentencia del 22 de julio de 2016, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:3
i) De acuerdo con la Sentencia C-284 de 2011, los cargos de director
pertenecientes a la CGR son de carrera administrativa y deben proveerse por el
sistema del mérito.
ii) El nombramiento del actor se equipara al de un empleado provisional, ya que el
empleo que ocupaba perdió su clasificación como de libre nombramiento y
remoción.
iii) El retiro del demandante no podía disponerse bajo el ejercicio de la facultad
discrecional como lo hizo la entidad demandada, sino que requería de una
motivación en la que se expusieran las razones de la desvinculación.
iv) En consecuencia, se anula el acto acusado y, a título de restablecimiento del
3 Folios 205 a 214.
4
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Demandante: Wilson Cruz Camargo
derecho, se condena a la CGR a pagar al demandante los salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación hasta el 8 de
agosto de 2014, fecha en que se proveyó el cargo que ocupaba por el sistema del
mérito.
1.4. El recurso de apelación
El apoderado de la Nación - CGR interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia con base en los siguientes argumentos:4
i) La Sentencia C-284 de 2011 no tiene el efecto de concederle derechos de
carrera al demandante ni de conferirle la condición de empleado provisional.
ii) La referida providencia implicó que el cargo de director que desempeñaba el
señor Cruz Camargo cambió su naturaleza de libre nombramiento y remoción a la
de carrera; sin embargo, la decisión no modificó los actos administrativos
proferidos por la CGR; por el contrario, la consecuencia fue conminar a la entidad
para adelantar los procesos de selección tendientes a proveer dichas plazas,
conforme lo dispone el artículo 6 de la Ley 909 de 2004.
iii) El a quo equiparó sin fundamento alguno el nombramiento ordinario que se le
hizo al actor a una designación en provisionalidad, es decir, que interpretó
erróneamente la sentencia de constitucionalidad y concluyó que esta no solo
modificó la naturaleza del empleo sino también la de los nombramientos.
iv) También se desconoció la Sentencia C-030 de 1996, referida a los
nombramientos efectuados para el ingreso automático al sistema de carrera.
v) En este caso no se discutió la legalidad de la Resolución 0887 de 2010 que
nombró al interesado en forma ordinaria y, por ende, permanecía incólume la
4 Folios 223 a 229. Al sustentar la alzada, la CGR promovió un incidente de nulidad por cuanto en primera instancia se le
negó una solicitud probatoria. Mediante auto del 26 de marzo de 2020, este despacho negó la nulidad deprecada [folios
267 a 269].
5
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Demandante: Wilson Cruz Camargo
facultad discrecional para su remoción.
vi) En la demanda no se desarrolló el concepto de violación y se invocó el artículo
41 de la Ley 909 de 2004, pese a que esta disposición no rige para la CGR.
vii) A la indemnización concedida en primera instancia se le deben aplicar los
límites establecidos en la Sentencia SU-556 de 2014. De esta manera, como el
actor nunca dejó de percibir ingresos, la condena debió abarcar un período
máximo de 4 meses, que corresponde a la permanencia de un servidor nombrado
en provisionalidad, al tenor del Decreto Ley 268 de 2000.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
La CGR reiteró los argumentos expuestos en las respectivas etapas del proceso.5
De otra parte, en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado6 obra un memorial
suscrito por la apoderada del demandante con el fin de que esta Subsección tenga
en cuenta el escrito de alegatos de conclusión que presentó en segunda instancia.
Una vez verificado dicho sistema, se observa que el escrito de alegatos no fue
incorporado en ese aplicativo, lo cual encuentra explicación en el hecho de que la
mandataria judicial lo envió al correo cese02@notificacionesrj.gov.co, conforme lo
certificó la Mesa de Ayuda de Correo Electrónico asignada a esta corporación;7 sin
embargo, se advierte que cuando la Secretaría de la Sección Segunda notificó el
auto que corrió el traslado para surtir la etapa de alegatos de conclusión le informó
a la interesada que «Las respuestas y solicitudes pueden ser enviadas a través
del siguiente correo electrónico: ces2secr@consejoestado.ramajudicial.gov.co».8
De acuerdo con lo anterior, la apoderada del actor envió los alegatos de
conclusión al correo por el cual fue notificada y no al que le fue señalado para el
5 Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
6 Índice 22.
7 Información visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado, índice 31.
8 Folio 271.
6
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Demandante: Wilson Cruz Camargo
efecto, por lo que no es posible tener en cuenta dicho memorial, en tanto se
remitió a un canal diferente al previsto oficialmente para tramitar los documentos
que aportan las partes.9
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.10
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico se contrae a determinar si la declaratoria de insubsistencia del
nombramiento en el cargo de director que ocupaba el señor Wilson Cruz Camargo
en la CGR se encuentra viciada de nulidad, porque presuntamente se expidió en
ejercicio de una facultad discrecional que no era aplicable a su situación.
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
El artículo 125 de la Constitución Política dispuso que los empleos en los órganos
y entidades del Estado son de carrera con excepción de los de elección popular,
libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y los demás que determine
la ley.
Por su parte, la CGR goza de un régimen especial,11 regulado por el Decreto Ley
268 de 2000, en el cual se implementó el sistema de carrera administrativa con el
fin de garantizar que las personas más idóneas ingresen a la función pública, así
9 Al respecto, ver los siguientes autos: i) del 24 de febrero de 2022, radicado 11001 03 25 000 2020 00846 00 (2571-
2020) y ii) del 17 de marzo de 2022, radicado 25000 23 42 000 2015 01951 01 (1829-2019).
10 Según constancia secretarial visible en el folio 277.
11 Ver artículo 268 de la Constitución Política y Sentencias C-284 de 2011 y C-079 de 2012, proferidas por la Corte
Constitucional.
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Demandante: Wilson Cruz Camargo
como otorgar estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso al servicio
público.
En este contexto, el principio del mérito constituye un presupuesto de ingreso,
permanencia y ascenso en los empleos de la entidad demandada; sin embargo, se
estableció que algunos cargos tendrían la naturaleza de libre nombramiento y
remoción y también, como medida excepcional, se admitió la posibilidad de
realizar los nombramientos en provisionalidad para los empleos de carrera que se
encontraran en vacancia temporal o definitiva.
Al respecto, el artículo 3 del Decreto Ley 268 de 2000 dispuso que el empleo de
director sería de libre nombramiento y remoción, pero la Corte Constitucional,
mediante la Sentencia C-284 de 2011, declaró inexequible tal clasificación con
fundamento en los siguientes argumentos:
Bajo la categoría “Director” se agrupan entonces no menos de veinticinco cargos
públicos distintos, cada uno de los cuales tiene sus propias funciones asignadas.
Para efectos del presente análisis, basta resaltar que estas Direcciones no tienen
materialmente, dentro de su rango de funciones y responsabilidades, atribuciones
que correspondan a la definición o adopción de políticas públicas, o que exijan un
nivel cualificado de confianza por parte del servidor correspondiente. El término
‘Director’ se emplea en el Decreto Ley 267 de 2000, tanto para designar cargos que
implican dirección y orientación institucional, como cargos de nivel medio cuya
capacidad de orientación institucional es inexistente. En estos eventos sólo es
posible determinar si se está ante una de las excepciones que autorizan que dicho
cargo se provea mediante libre nombramiento y remoción, analizando las funciones
asignadas a los cargos ubicados en esta categoría.
Constata la Corte que aun cuando el artículo 5 del Decreto 269 de 2000, clasifica el
cargo de Director como un empleo del nivel directivo,12 las funciones asignadas no
corresponden a aquellas a través de las cuales sea posible definir las políticas
institucionales, sino que se reducen a ordenar el ámbito de su competencia
inmediata y dirigir el conjunto de labores que demanda el ejercicio de las funciones
asignadas al cargo, cumpliendo más bien actividades de gestión misional o
administrativa al interior de la entidad, respondiendo por la conducción institucional,
orientación de políticas y la enunciación de las que habrán de ser defendidas,
brindando un apoyo de naturaleza técnica a cada contraloría delegada, gerencia
nacional, o directivos de otras áreas.
12 Decreto Ley 269 de 2000, Artículo 5o. Nomenclatura. Establece la denominación y nomenclatura de los empleos de la
Contraloría General de la República, de acuerdo con los niveles administrativos señalados en el artículo 3, así: NIVEL
DIRECTIVO (….) Director (Grado 03).
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Demandante: Wilson Cruz Camargo
Las oficinas denominadas Direcciones ejercen funciones típicamente
administrativas, que no conducen a la adopción políticas generales de la entidad, ni
implican confianza especial ni responsabilidad de aquel tipo que reclame para su
provisión un mecanismo de libre nombramiento y remoción.
[…]
Conforme a la naturaleza de las funciones asignadas a cada dirección, no existe
razón suficiente para que la provisión de estos cargos se haga de manera
discrecional y no mediante un concurso, propio de la carrera administrativa, que
asegure que ciudadanos calificados, con conocimientos, capacidades y calidades
adecuadas para el desempeño de tales empleos accedan a estos cargos públicos
dentro de la Contraloría General de la República.
De acuerdo con el anterior criterio jurisprudencial, el artículo 3 del Decreto Ley 268
de 2000 carecía de justificación suficiente para clasificar el cargo de director como
de libre nombramiento y remoción, debido a que no tenía asignadas funciones de
dirección, manejo y confianza, sino que atendía labores de apoyo a la gestión
técnica, misional y administrativa de la CGR, pero ello no implicaba la adopción de
políticas institucionales, como tampoco entrañaba las responsabilidades o el grado
de confiabilidad especial propios de dichos empleos.
De esta manera, por virtud de la declaratoria de inexequibilidad en comento, el
cargo de director sigue la regla general prevista en el artículo 3 ibidem, esto es,
que se clasifica como de carrera administrativa, por lo que deben observarse los
procedimientos previstos por el legislador para el ingreso y retiro en esta clase de
empleos.
2.3. Hechos probados
• El 15 de septiembre de 2010, por Resolución 0887, la contralora general de la
República nombró con carácter ordinario al señor Wilson Cruz Camargo en el
cargo de director, nivel directivo, grado 03, de la Dirección de Recursos
Financieros de la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera.13
• El 12 de octubre de 2012, mediante la Resolución 002787, el gerente de Talento
Humano de la CGR trasladó al actor, en el mismo cargo que venía desempeñando,
13 Folio 5.
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Demandante: Wilson Cruz Camargo
a la Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales en la Contraloría Delegada para
Economía y Finanzas Públicas.14
• El 7 de diciembre de 2012, por Resolución 003590, la contralora general de la
República, «en atención a la facultad discrecional que señala el artículo 107 del
Decreto 1950 de 1973», declaró insubsistente el nombramiento ordinario del señor
Cruz Camargo en el cargo de director, nivel directivo, grado 03 de la Dirección de
Cuentas y Estadísticas Fiscales en la Contraloría Delegada para Economía y
Finanzas Públicas.15
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
La CGR solicitó revocar la decisión de primera instancia porque considera que la
Sentencia C-284 de 2011 modificó la naturaleza del cargo de director que pasó de
ser de libre nombramiento y remoción a un empleo de carrera administrativa; sin
embargo, ello no mutó la designación ordinaria que tenía el demandante, ni podía
enervar la facultad discrecional que tenía la administración para disponer de su
retiro sin necesidad de motivación alguna.
La Sala se aparta del anterior entendimiento, pues el actor fue designado como
director y este empleo pasó a considerarse como propio del sistema de carrera,
por ende, lo lógico es que la administración adecuara las situaciones
administrativas, entre estas, el retiro, a dicha modalidad del vínculo legal y
reglamentario, pues, de lo contrario, se seguiría tratando como un cargo de libre
nombramiento y remoción en contravía del pronunciamiento de la Corte
Constitucional. Al respecto, esta corporación ha sostenido lo siguiente:16
Descendiendo al caso controvertido, la Sala observa que el señor Franco Laverde
para el momento en que fue designado como Director, Nivel Directivo, Grado 03 de la
Dirección de Estudios Sectoriales en la Contraloría Delegada para el Sector
Agropecuario, se encontraba desempeñando un cargo considerado de libre
14 Folio 3.
15 Folio 2.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de marzo de 2018, radicado 25000-23-42-000-
2013-01621-01 (3660-14).
10
Radicación: 25000-23-42-000-2013-01886-01 (0221-2018)
Demandante: Wilson Cruz Camargo
nombramiento y remoción, por lo que su nombramiento en ese momento procedió
en forma ordinaria.
Sin embargo, con ocasión a la sentencia de constitucionalidad C – 284 de trece (13)
de abril de dos mil once (2011), la Corte Constitucional al estudiar la exequibilidad
del artículo 3 del Decreto Ley 268 de 2000, varió la forma de proveer los empleos de
Director adscritos a la Contraloría General de la República, considerando que de
acuerdo a las funciones ejercidas, pasaron de ser de libre nombramiento y remoción
a empleos de carrera administrativa, circunstancia esta que demuestra que el
nombramiento ordinario inicialmente realizado al actor, se tornó en
provisional con ocasión a la inexequibilidad arriba mencionada, en la medida
en que no medió proceso de selección para su designación, tal y como se pudo
constatar del material probatorio allegado al expediente. [Resalta la Sala].
De acuerdo con el anterior lineamiento, el cambio de naturaleza del cargo de
director como de libre nombramiento y remoción a uno de carrera administrativa,
implicaba que el personal que ocupaba tal posición se considerara provisional. Un
entendimiento contrario, conduciría a seguir aplicando una norma que había
desaparecido del ordenamiento por virtud de la declaratoria de inexequibilidad de
la expresión «director» contenida en el artículo 3 del Decreto Ley 268 de 2000,
según se dispuso en la Sentencia C-284 de 2011.
Esta conclusión también se ha predicado respecto de otras entidades en las que
han ocurrido situaciones similares, como es el caso de la Procuraduría General de
la Nación, en la que los procuradores judiciales dejaron de considerarse como
servidores de libre nombramiento y remoción y pasaron a sujetarse al régimen de
carrera administrativa. En tales condiciones, se concluyó que las designaciones
iniciales mutaron a provisionales y, por lo tanto, el retiro debía efectuarse mediante
un acto administrativo motivado, pues no era viable predicar la facultad
discrecional de remoción respecto de un empleo que había modificado su
naturaleza para adscribirse al sistema del mérito.17
Bajo esta línea de intelección, tampoco le asiste razón a la parte demandada en el
sentido de indicar que el nombramiento ordinario que se le hizo al actor no sufrió
variación y que aquél se presume legal en tanto no ha sido demandado; por el
contrario, como se viene explicando, la designación sí fue afectada por la
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicado 66001-23-33-
000-2016-00555-01 (5295-2019).
11
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Demandante: Wilson Cruz Camargo
Sentencia C-284 de 2011, en tanto se cambió la naturaleza del empleo que
ocupaba el interesado, lo cual le impedía a la administración ampararse en una
facultad discrecional para disponer el retiro de un servidor que a partir de dicha
decisión judicial pasó a ocupar un cargo de carrera.
Entonces, debe entenderse que como el señor Wilson Cruz Camargo no accedió a
la posición de director en virtud de un concurso de méritos, su condición era la de
un empleado provisional y su desvinculación debía seguir los requerimientos
previstos para este personal.
Ahora bien, como la normativa especial no desarrolló la forma en que debe
separarse del servicio a los empleados provisionales, es preciso acudir a la Ley
909 de 2004, vigente para la época de los hechos sobre los que se edifican las
pretensiones del actor, pues la norma general rige supletoriamente para los
regímenes especiales de carrera en los aspectos no regulados por estos.
En tal sentido, el artículo 41, parágrafo 2, ibidem dispuso que «[e]s reglada la
competencia para el retiro de los empleos de carrera de conformidad con las
causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá efectuarse
mediante acto motivado». A su vez, el artículo 10 del Decreto 1127 de 2005,
replicado en el artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 648 de 2017, previó que «[a]ntes de
cumplirse el término de duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento
provisional, el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por
terminados».18
En torno a la importancia de la motivación del acto que dispone el retiro de los
empleados provisionales, se destaca la Sentencia C-279 de 2007, en la que la
Corte Constitucional explicó lo siguiente:
• La motivación de los actos administrativos responde a la garantía de los principios
de legalidad y de publicidad y al respeto al derecho al debido proceso, toda vez
que dicha motivación permite el ejercicio del derecho a la defensa, lo cual evita la
18 Esta norma fue compilada en el artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017.
12
Radicación: 25000-23-42-000-2013-01886-01 (0221-2018)
Demandante: Wilson Cruz Camargo
arbitrariedad por parte de las autoridades administrativas. Por lo tanto, la motivación
de los actos administrativos asegura la garantía constitucional al derecho
fundamental al debido proceso19.
• En consonancia con lo anterior, a partir de la sentencia SU-250 de 1998 la Corte
estableció que cuando un servidor público ocupaba un cargo de carrera en
provisionalidad el acto de desvinculación debía ser motivado, “pues solo razones de
interés general pueden conducir a la desvinculación”20. […]
• Dada la restricción establecida para la discrecionalidad del nominador en lo
relacionado con los nombramientos en provisionalidad, la Corte ha entendido que
los servidores en condiciones de provisionalidad gozan de una cierta estabilidad que
la jurisprudencia ha denominado como intermedia. Así, el funcionario que ocupa
cargos en provisionalidad no goza de la estabilidad laboral que ostenta un
funcionario de carrera, pero tampoco puede ser desvinculado como si su
nombramiento se tratara de uno de libre nombramiento y remoción21. Por lo tanto,
la estabilidad de un funcionario nombrado en provisionalidad se concreta en
que al ser desvinculado se le indique específicamente las razones de su
declaración de insubsistencia.
• Igualmente, la Corte ha sido enfática en determinar que los actos en que se decide
la desvinculación de los servidores en provisionalidad deben contener las razones
del servicio por las cuales se separa del cargo al funcionario. Si bien el nominador
cuenta con un cierto grado de discrecionalidad, ésta no puede convertirse en
arbitrariedad. Por eso, los motivos de interés público que fundamentan la
desvinculación deben ser explicitados para garantizar el derecho al debido
proceso de la persona desvinculada22. […]. [Resalta la Sala].
De acuerdo con el anterior lineamiento jurisprudencial, se concluye que el retiro de
los servidores provisionales de la CGR debe hacerse mediante acto motivado como
una forma de garantizarles el derecho fundamental al debido proceso.
En lo que atañe al contenido de la referida motivación, en la Sentencia SU-917 de
2010 se indicó que debe aludir a razones suficientes, de manera que pueda
establecerse con claridad las circunstancias particulares y concretas, de hecho y
de derecho en que se funda la desvinculación.
19 sentencia SU-250 de 1998 MP: Alejandro Martínez Caballero. […].
20 Sentencia SU-250 de 1998 MP: Alejandro Martínez Caballero. […].
21 Ver, entre otras, las sentencias T-800 de 1998 MP: Vladimiro Naranjo Mesa; C-734 de 2000 MP: Vladimiro Naranjo
Mesa; T-884 de 2002 MP: Clara Inés Vargas Hernández; T-519 de 2003 MP: Marco Gerardo Monroy Cabra; T-610 de
2003 MP: Alfredo Beltrán Sierra. T-222 de 2005 MP: Clara Inés Vargas Hernández; T-660 de 2005 MP: Jaime Córdoba
Triviño: […] T-116 de 2005 MP: Humberto Sierra Porto: […]; Sentencia T-1310 de 2005 MP: Álvaro Tafur Galvis. Sentencia
T-1316 de 2005 MP: Rodrigo Escobar Gil:[…].
22 En la sentencia T-081 de 2006 MP: Alfredo Beltrán Sierra […].
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-01886-01 (0221-2018)
Demandante: Wilson Cruz Camargo
De ahí que «sólo es constitucionalmente admisible una motivación donde la
insubsistencia invoque argumentos puntuales como la provisión definitiva del
cargo por haberse realizado el concurso de méritos respectivo, la imposición de
sanciones disciplinarias, la calificación insatisfactoria “u otra razón específica
atinente al servicio que está prestando y debería prestar el funcionario
concreto”23».24
Sin embargo, en la referida providencia se aclaró que la motivación que se exige
para desvincular a un funcionario nombrado en provisionalidad no debe ser
necesariamente igual a la que se exige para quienes ostentan derechos de
carrera, por cuanto para estos estos últimos se han previsto unas causales de
retiro ligadas a la estabilidad en el empleo, que no se predica del nombramiento
en provisionalidad.
De esta manera, la desvinculación de los servidores provisionales también puede
fundarse en motivos relacionados con la salvaguarda de los principios que
orientan la función administrativa o el incumplimiento de los deberes propios del
cargo, siempre y cuando sean verificables.
Bajo este hilo argumentativo, esta Subsección considera que la decisión del a quo
se ajustó a la normativa y al criterio interpretativo aplicable al carácter provisional
de la vinculación que tenía el actor, esto es, que su retiro debía hacerse mediante
acto motivado; sin embargo, la entidad demandada se apartó de este mandato y,
en su lugar, invocó una facultad discrecional que había perdido vigencia por virtud
de la inexequibilidad dispuesta en la Sentencia C-284 de 2011.
De otro lado, la CGR alegó que en la demanda no se desarrolló el concepto de
violación y se invocó el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, pese a que esta
disposición no rige para la CGR; empero, la Sala discrepa de este razonamiento,
23 Corte Constitucional, Sentencia C-279 de 2007.
24 Sentencia SU-917 de 2010. Este criterio ha sido reiterado en las sentencias SU-691 de 2011 y SU-054 de 2015. A su
vez, el Consejo de Estado se ha referido a la necesidad de motivar el acto de retiro de los empleados provisionales, entre
otras, en las siguientes sentencias: i) del 6 de julio de 2017, radicado 25000-23-25-000-2012-00554-01 (1870-13); ii) del
22 de marzo de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-01621- 01 (3660 – 2014); del 31 de octubre de 2019, radicado:
11001-03-15-000-2019-01437-01.
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toda vez que en la audiencia inicial el a quo negó la excepción de ineptitud de la
demanda sustentada en esos razonamientos y la entidad no impugnó esta
determinación.25 Al respecto el Tribunal indicó que los argumentos sobre los que
se edificó el aludido medio defensivo no son conexos con la excepción previa de
ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales, regulada en el artículo
100, numeral 5, del CGP.26
Además, se observa que el accionante identificó con claridad el concepto de
violación y explicó con suficiencia los motivos que en su sentir viciaban de nulidad
el acto acusado, así como esbozó los hechos, formuló detalladamente sus
pretensiones y, en general, cumplió con los requisitos previstos por el artículo 162
del CPACA para las demandas tramitadas ante esta jurisdicción.
Finalmente, la entidad apelante sostuvo que a la indemnización concedida en
primera instancia se le deben aplicar los límites establecidos en la Sentencia SU-
556 de 2014. Bajo este criterio, destacó que como el actor nunca dejó de percibir
ingresos, la condena debió abarcar un período máximo de 4 meses, que
corresponde a la permanencia de un servidor nombrado en provisionalidad, al
tenor del Decreto 268 de 2000. La providencia invocada dispuso lo siguiente:
3.6.13.4. Ahora bien, siendo consecuente con el propósito de que la reparación
debe corresponder al daño que se presentó cuando, de manera injusta, se frustró la
expectativa de estabilidad relativa en el cargo, se dispondrá que, en todo caso, la
indemnización a ser reconocida no podrá ser inferior a los seis (6) meses que según
la Ley 909 de 2004 es el término máximo de duración de la provisionalidad,
estableciéndose, a su vez, un límite superior a la suma indemnizatoria de hasta
veinticuatro (24) meses, atribuible a la ruptura del nexo causal entre la ausencia de
ingresos o el nivel de los mismos y la desvinculación del servicio.
3.6.13.5. A este respecto, el valor mínimo indemnizatorio en este caso se fija, en
razón a que las personas desvinculadas han agotado previamente el respectivo
proceso judicial, y, como consecuencia de la congestión y la consiguiente mora en
la adopción de las decisiones de protección, la posibilidad de acceder a un
reconocimiento patrimonial por el despido injusto se extienda a periodos de varios
años, es decir, a periodos que superen los seis (6) meses. En el caso contrario, el
pago mínimo de indemnización no tiene lugar, y ésta deberá corresponder al daño
efectivamente sufrido, el cual será equivalente al tiempo cesante.
25 Folios 186 a 192.
26 Código General del Proceso.
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3.6.13.6. Por su parte, y en plena concordancia con lo anterior, el término máximo
de indemnización se fija dentro del propósito de evitar un pago excesivo y
desproporcionado en relación con el verdadero daño sufrido a causa de la
desvinculación, y su tope de 24 meses se determina teniendo en cuenta los
estándares internacionales y nacionales recogidos en diversos estudios, que
consideran como de larga duración el desempleo superior a un año.
De acuerdo con el anterior lineamiento, la nulidad del retiro de las personas que
ocupan un cargo en provisionalidad conlleva el pago de los salarios y demás
emolumentos por un lapso que oscila entre 6 y 24 meses dependiendo de la
duración del proceso judicial en que se declare la ilegalidad de la desvinculación.
De ahí que la decisión del a quo se ajustó al período indemnizable en comento,
toda vez que dispuso el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir
por el actor desde la fecha de su desvinculación, ocurrida el 9 de diciembre de
2012,27 hasta el 8 de agosto de 2014, lapso que equivale a 20 meses durante los
cuales se estuvo tramitando el presente proceso y también se tuvo en cuenta que
el cargo fue provisto por el sistema del mérito, lo cual implicaba que no pudiera
disponerse el reintegro y que cesara el pago de emolumentos a partir de ese
momento.
Ahora bien, el proveído apelado será adicionado con el fin de atender la regla de
unificación establecida por la Sala Plena de esta corporación en cuando indicó que
«son procedentes los descuentos efectuados a la condena derivada del fallo que
resuelve el litigio inmiscuido dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter laboral, donde se obtenga la nulidad del
acto que retiró del servicio a un empleado público nombrado en provisionalidad, a
razón de las sumas de dinero recibidas por la parte demandante a título de
salarios, prestaciones sociales percibidos de relaciones de trabajo en el sector
público».28
Es oportuno resaltar que en la providencia en comento solamente se fijó como
regla de unificación la procedencia de los descuentos por los ingresos
27 Información extraída de la constancia de tiempo de servicios, expedida por la CGR (folio 7).
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 9 de agosto de 2022, radicado 11001-
03-25-000-2017-00151-00 (0892-2017).
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provenientes del sector público, lineamiento que ha venido acogiendo esta
Subsección. En consecuencia, en esta oportunidad no se ordenarán deducciones
en virtud de sumas devengadas por vinculaciones dependientes o independientes
en el sector privado, con el fin de respetar el criterio mayoritario de la corporación
y salvaguardar la igualdad en la aplicación del precedente judicial.
Así las cosas, el proveído apelado será adicionado en el sentido de indicar que del
valor de la condena la CGR podrá descontar las sumas que el demandante hubiere
devengado a título de salarios y prestaciones sociales percibidos de relaciones de
trabajo en el sector público.
2.5. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201629, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del
Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise
si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el
pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de
las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor:
José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
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costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará
atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las
agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede
condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Teniendo en cuenta que la decisión que aquí se adopta es fruto de lo dispuesto en
la regla jurisprudencial trazadas en las sentencias de unificación del 9 de agosto
de 2022, no se impondrán costas a cargo de ninguna de las partes con el fin de
salvaguardar los principios de buena fe y confianza legítima.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo se ajustó a las directrices
interpretativas que regían la situación particular del actor; no obstante, se
adicionará en el sentido de indicar que la CGR podrá descontar del valor de la
condena las sumas que el demandante hubiere devengado a título de salarios y
prestaciones sociales percibidos de relaciones de trabajo en el sector público.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Adicionar la sentencia del 22 de julio de 2016, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en el sentido
de indicar que la Nación - Contraloría General de la República podrá descontar del
valor de la condena las sumas que el demandante hubiere devengado a título de
salarios y prestaciones sociales percibidos de relaciones de trabajo en el sector
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público, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia apelada, proferida dentro del
proceso promovido por el señor Wilson Cruz Camargo contra la Nación -
Contraloría General de la República, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.
Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia.
Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
cgg
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