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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-02725-01

Régimen pensional de prima media con prestación definida: requisitos

Fecha
21 de marzo de 2019
Consejero ponente
William Hernández Gómez
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-02725-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Se modifica el ordinal Tercero de la sentencia del 5 de septiembre de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, subsección C, en cuanto accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la señora María Amparo Arana Lasso contra la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y en su lugar, el ordinal mencionado quedará como se consigna a continuación: TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, que reconozca y pague a la señora María Amparo Arana Lasso, identificada con cédula de ciudadanía 38.851.307 de Buga, de manera retroactiva y actualizada una pensión mensual vitalicia de jubilación, en cuantía equivalente al 75% del promedio mensual de los salarios sobre los cuales cotizó durante los diez (10) años anteriores al 24 de julio de 2012 (fecha del retiro del servicio), es decir, entre el 24 de julio de 2002 y el 24 de julio del 2012, fecha a partir de la cual tiene efectos fiscales el reconocimiento pensional. Lo anterior, con inclusión de los factores de asignación básica y bonificación por servicios prestados, devengados durante dicho lapso. Segundo: Se confirma en lo demás la sentencia apelada. Tercero: Sin condena en costas en esta instancia. Cuarto: Se reconoce personería adjetiva a la abogada Jenny Carolina Vargas Fonseca como apoderada sustituta de Colpensiones, conforme al poder que obra a folio 308 del expediente. Quinto: Se reconoce personería adjetiva al abogado Raúl Alejandro Contreras Alfonso como apoderado sustituto del Patrimonio Autónomo de Remanentes ISS en Liquidación, conforme al poder que obra a folio 306 del expediente. Sexto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa “Justicia Siglo XXI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2013-02725-01

Consejero ponente: William Hernández Gómez

21 de marzo de 2019

RÉGIMEN PENSIONAL DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA – Requisitos / RÉGIMEN PENSIONAL DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD – Requisitos / CONSERVACIÓN DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL POR TRASLADO DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD AL DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA – Requisitos

La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Pensiones y previó dos regímenes a saber: i) en el régimen solidario de prima media con prestación definida los aportes de los afiliados son dirigidos a un fondo común de naturaleza pública y la ley previamente define el monto pensional. Los requisitos para obtener este derecho en este régimen son los señalados en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 así: a) tener 55 años de edad si es mujer o 60 si es hombre y a partir del año 2014, 57 y 62 respectivamente y; (b) acreditar mínimo 1000 semanas cotizadas, las cuales aumentaron a partir del 1º de enero de 2005 en 50 y de ahí en adelante hasta el año 2015 en 25 cada año para un total de 1300 semanas; ii) el régimen de ahorro individual con solidaridad se basa en el ahorro proveniente de las cotizaciones y los respectivos rendimientos financieros de las mismas, los cuales se consignan en una cuenta de ahorro individual pensional. En este régimen el monto de la pensión no es determinado previamente por la ley, y sus afiliados tienen derecho al reconocimiento de la pensión de vejez al reunir en su cuenta individual el capital necesario para financiarla siempre que su cuantía pensional no sea inferior al 110% del valor del salario mínimo mensual legal vigente, sin importar la edad. (…). Es claro entonces, que para la [demandante] a pesar del traslado del RPMPD al RAIS fue procedente el retorno al régimen de prima media con prestación definida, sin pérdida de las prerrogativas propias de la transición de la Ley 100 de 1993, pues para la fecha en la que entró a regir dicha ley -1.° de abril de 1994-, ella había acreditado las 750 semanas de cotización, o lo que es igual a 15 años de servicios, por cuanto ingresó a laborar el 17 de abril de 1979; lo cual deja ver el cumplimiento del requisito del tiempo de servicios que la norma y la jurisprudencia exigen para tal efecto. (…). Se puede arribar a la conclusión de que la demandante, a pesar del traslado mencionado conservó el beneficio para que su prestación pensional se defina a la luz de la transición de la Ley 100 de 1993, lo cual era necesario determinar previamente para analizar su derecho pensional bajo dicho régimen.

NOTA DE RELATORÍA: En relación con los requisitos para conservar los beneficios del régimen de transición pensional de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 por retorno al régimen de prima media con prestación definida, ver: Corte constitucional, sentencia de unificación SU-130 de 2013, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 48 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 4 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 31 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 36 / LEY 797 DE 2003 – ARTÍCULO 9 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 59 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 60 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 64

PENSIÓN DE JUBILACIÓN BENEFICIARIO RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN – Determinación / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN – Inclusión de los factores salariales sobre los que se hizo aportes

La parte demandante goza del régimen de transición por tener más de 35 años de edad y 15 años de servicios a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y por no haber perdido los beneficios del tránsito legislativo por el traslado de régimen, como ya se explicó. (…). El reconocimiento de la pensión de la demandante, bajo el régimen de transición, se debe ajustar a la sentencia de unificación y ceñirse a los parámetros de liquidación enlistados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en cuanto al lapso del IBL y a los factores de liquidación enlistados en el Decreto 1158 de 1994, con inclusión como factores la asignación básica y la bonificación por servicios prestados.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la determinación del ingreso base de liquidación de las pensiones del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo contencioso administrativo, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, C.P.: César Palomino Cortés.

FUENTE FORMAL: LEY 33 DE 1985 – ARTÍCULO 1 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 18 / DECRETO 691 DE 1994 – ARTÍCULO 6 / DECRETO 1158 DE 1994 – ARTÍCULO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 25000-23-42-000-2013-02725-01(0671-15)

Actor: MARÍA AMPARO ARANA LASSO

Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES E ISS EN LIQUIDACIÓN.

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Tema: Reconocimiento pensión jubilación

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Ley 1437 de 2011
O-039-2019

ASUNTO

Decide la subsección el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia escrita del 5 de septiembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, subsección C, que accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Arana Lasso en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del 2011, formuló, en síntesis, las siguientes

Pretensiones

Que se declare la nulidad total de la Resolución 20289 del 28 de mayo de 2012, expedida por el entonces Instituto de Seguros Sociales, «por medio de la cual se resuelve una solicitud en el Sistema General de Pensiones – Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida», que negó la pensión de vejez a la demandante.

Que se declare la nulidad total del acto ficto o presunto, consecuencia del silencio administrativo negativo por la no respuesta al recurso de apelación interpuesto contra la resolución anterior.

Como consecuencia de las declaraciones anteriores y a título de restablecimiento del derecho, se condene a Colpensiones a reconocer y pagar a la demandante la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985 en aplicación del régimen de transición y se reconozca como tasa de reemplazo el 75% del ingreso base de liquidación calculado teniendo en cuenta los salarios sobre los cuales efectuó cotizaciones durante el último año de servicio.

Que se condene a la entidad demandada a reconocer la pensión en cuantía no inferior a $4.433.090, a partir del 25 de julio de 2012, reajustada anualmente con el Índice de Precios al Consumidor, de manera retroactiva e incluyendo las mesadas adicionales.

Lo anterior junto con el pago de los intereses moratorios, la indexación de todas las sumas adeudadas y las costas generadas en el proceso.

Fundamentos fácticos relevantes

La demandante nació el 3 de mayo de 1952, por tanto cumplió 55 años de edad el mismo día y mes del año 2007.

Conforme certificado de información laboral – Formato 1, expedido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la demandante laboró al servicio de la entidad durante los siguientes periodos:

Entre el 17 de abril de 1979 y el 30 de marzo de 1999, con 48 días de interrupción, para un total de 7136 días, equivalentes a 1.019 semanas. Efectuó cotizaciones a Cajanal.
Entre el 1.º de abril de 1999 y el 31 de julio de 2011, para un total de 4.440 días, equivalentes a 634 semanas. Efectuó cotizaciones a la AFP Porvenir S.A.
Entre el 1.º de agosto de 2011 y el 24 de julio de 2012, para un total de 354 días, equivalentes a 51 semanas. Efectuó cotizaciones al entonces Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones.

La señora Arana Lasso acredita un total de 1704 semanas cotizadas en el servicio oficial, tiempo que representa 33 años de servicios al Estado.

El 7 de marzo de 2011, la demandante presentó solicitud de traslado del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad donde se encontraba afiliada, al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado en ese entonces por el ISS.

Mediante oficio 2734/0200001088903500 del 5 de septiembre de 2011, la AFP Porvenir S.A., le comunicó a la demandante la aceptación del traslado de régimen y que se había procedido a girar al ISS los aportes que se encontraban en dicha administradora.

Mediante certificación del 25 de agosto de 2012 la AFP Porvenir S.A., le comunicó a la libelista que el 3 de agosto de 2011 trasladó al ISS la totalidad del ahorro obrante en su cuenta de ahorro individual, incluidos sus rendimientos, por valor de $115.869.016. En la certificación el Fondo manifestó que la afiliada tuvo vigente su vinculación entre el 1.º de abril de 1999 y el 31 de julio de 2011.

Al 1.º de abril de 1994, la demandante acreditaba tener cumplidos más de 35 años de edad y más de 15 años de servicios laborados y cotizados.

El 6 de octubre de 2011 la señora Arana Lasso solicitó al entonces ISS la pensión de jubilación y acompañó la totalidad de los documentos necesarios para acreditar el derecho.

Mediante Resolución 20289 del 28 de mayo de 2012 el ISS negó la pensión pretendida pues consideró que no se acreditaba el requisito de las semanas mínimas requeridas.

Contra la anterior resolución y dentro de la oportunidad legal, se interpuso el recurso de apelación y se reiteró la solicitud de reconocimiento de la pensión señalada en la Ley 33 de 1985 por aplicación del régimen de transición a pesar del traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad y posterior regreso al de prima media con prestación definida, ello como consecuencia de la inclusión en el estudio pensional de la totalidad del tiempo laborado y cotizado.

Mediante escrito del 12 de septiembre de 2012, se presentó adición al recurso de apelación y anexó los originales de las certificaciones del tiempo de servicios, naturaleza del cargo desempeñado, salarios y devolución de aportes del Fondo al ISS.

A la fecha de presentación de la demanda, a pesar de haber transcurrido más de 6 meses desde que se radicó el recurso de apelación y más de 5 desde que se adicionó, el ISS hoy Colpensiones no emitió pronunciamiento de fondo.

El ISS fue suprimido el 28 de septiembre de 2012.

Colpensiones inició operaciones el 29 de septiembre de 2012 y adquirió los derechos y obligaciones que se encontraban a cargo del ISS.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la principal función de la audiencia inicial es la de definir el objeto del proceso y de la prueba.

En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de la reconvención. Además, se conciertan las principales decisiones que guiarán el juicio.

Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia inicial, a modo de antecedentes:

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

Bien podría decirse que esta figura, insertada en la audiencia inicial, es también una faceta del despacho saneador o del saneamiento del proceso, en la medida que busca, con la colaboración de la parte demandada, que la verificación de los hechos constitutivos de excepciones previas, o advertidos por el juez, al momento de la admisión, se resuelvan en las etapas iniciales del proceso, con miras a la correcta y legal tramitación del proceso, a fin de aplazarlo, suspenderlo, mejorarlo o corregirlo.

En el presente caso, en la audiencia inicial, se indicó, lo siguiente en la etapa de excepciones previas:

«[…] RESOLVIÓ: “1.- Declarar no probadas las excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva” y de “caducidad”, planteadas por el Instituto de Seguros Sociales en liquidación.

Esta decisión se notificó a las partes por estrados. (Minuto 8:59). Se dejó constancia que no hubo pronunciamiento en contrario.» (Mayúsculas y negrilla del texto original).

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias; la relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo», porque es guía y ajuste de esta última.

En el sub lite a folios 185 y 186, de la audiencia inicial se reseñó lo siguiente en la etapa de fijación del litigio:

«[…] El Magistrado Ponente procedió a indagar a las partes acerca de los hechos sobre los cuales, según los medios documentales de prueba allegados al expediente, no existe controversia y sobre las pretensiones de la demanda.

Posteriormente, fijó el litigio, así: “i) Determinar si a la señora María Amparo Arana Lasso le asiste derecho a que la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, le reconozca pensión de jubilación conforme lo disponen las Leyes 33 y 62 de 1985, en aplicación del régimen de transición que consagra el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. ii) En caso de que esto sea así, determinarse el monto de la pensión pretendida.

Esta decisión se notificó a las partes por estrados. El apoderado de la parte actora señaló que la fijación del litigio debía comprender adicionalmente lo relacionado con el reconocimiento de la indexación e intereses moratorios. Al respecto el Magistrado Conductor se pronunció señalando que no era necesario modificar la fijación del litigio, en atención a que los aspectos aludidos por el apoderado del extremo activo, se derivan del reconocimiento pretendido, si este llegaba a ser procedente.

La anterior decisión se notificó a las partes por estrados. (Minuto 17:20), sin manifestación en contrario.»

SENTENCIA APELADA

El a quo, profirió sentencia de forma escrita el 5 de septiembre de 2014, en la cual accedió a las pretensiones de la demandante, con fundamento en las siguientes consideraciones:

En primer lugar, indicó que dentro del régimen general de pensiones se crearon dos sistemas: El de prima media con prestación definida y el de ahorro individual con solidaridad. El primero, definido en el artículo 31 de la Ley 100 de 1993, se caracteriza porque los aportes de los afiliados y sus rendimientos constituyen un fondo común de naturaleza pública que garantiza el pago de las prestaciones previamente definidas a quienes obtengan la calidad de pensionados previo cumplimiento de los requisitos de edad y semanas cotizadas. Su administración está en cabeza del Instituto de Seguros Sociales y de los fondos, cajas o entidades de seguridad social del sector público o privado existentes al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993.

Por su parte, el régimen de ahorro individual con solidaridad, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 100 de 1993, está constituido por el «[…] conjunto de entidades, normas y procedimientos, mediante los cuales se administran los recursos privados y públicos destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados […]». A diferencia del anterior, las cotizaciones con destino a pensión no son depositadas en un fondo común sino en una cuenta individual de ahorro que es administrada por los denominados Fondos de Pensiones. Aquí el derecho a la pensión se obtiene una vez se alcance el capital para financiarla, sin que sea necesario acreditar el cumplimiento de una edad o un número de semanas cotizadas determinado.

Citó como sustento legal y jurisprudencial:

El artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que consagró el régimen de transición para los trabajadores afiliados al régimen de prima media con prestación definida.
La sentencia C-789 de 2002 en cuanto estudió la constitucionalidad de los artículos 4.º y 5.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
La Ley 797 de 2003 en el aparte que modificó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 acerca de la prohibición del traslado de régimen si al afiliado le faltan 10 años o menos para cumplir la edad del derecho pensional.
La sentencia C-1024 de 2004 que se pronunció sobre la prohibición antes mencionada.
El Decreto 3800 del 2003 que reglamentó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2.º de la Ley 797 de 2003.
La sentencia SU-062 de 2010, en la cual la Corte Constitucional reiteró la postura de las sentencia C-789 de 2002 y C-1024 de 2004 y concluyó que las personas que al 1.º de abril de 1994, demostraran 15 años o más de cotizaciones, no perderían el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y podrían cambiarse del RAIS al RPM en cualquier tiempo.
La sentencia SU-130 de 2013, en la cual la Sala Plena de la Corte Constitucional unificó la jurisprudencia y reiteró que el traslado que se produce en el caso de los beneficiarios del régimen de transición por edad, genera la pérdida automática del régimen de transición, sin que ello impida que puedan retornar nuevamente al régimen de prima media, por considerar que este resulta más favorable a sus expectativas de pensión, siempre que no les falten 10 años o menos para cumplir la edad que da el derecho a la pensión de vejez. Igualmente, se concluyó que únicamente los afiliados con 15 años o más de servicios cotizados al 1.º de abril de 1994, pueden trasladarse en cualquier tiempo del RAIS al RPM y conservar los beneficios del régimen de transición. Reglas que han sido reiteradas en pronunciamientos posteriores como la T-892 del 2013.

Encontró acreditado en el caso concreto que para la fecha en que entró a regir la Ley 100 de 1993, la demandante contaba con más de 35 años de edad y acreditaba 750 semanas de cotización, por lo tanto, ostenta las prerrogativas propias del régimen de transición.

En cuanto a la circunstancia de traslado al RAIS y el posterior retorno al RPM, concluyó que no implica la pérdida del beneficio del régimen de transición, pues la demandante acreditó el cumplimiento del requisito del tiempo de servicios exigido por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues tenía más de 750 semanas cotizadas, las cuales se han entendido como equivalentes a 15 años de servicios. Además se encontró probado que la administradora de pensiones Porvenir S.A. giró la totalidad del ahorro que se encontraba en la cuenta individual de la afiliada al ISS y que esta última entidad efectuó el estudio de rentabilidad de los aportes trasladados, aspectos no controvertidos durante el proceso y que se aceptaron por el ISS en la Resolución 20289 del 28 de mayo de 2012.

Afirmó que la situación pensional de la demandante se rige por el régimen anterior a la Ley 100 de 1993, sin que sea viable escindir el contenido del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues fraccionar dicha disposición para dar aplicación a lo previsto en su inciso 3.º conlleva desnaturalizar dicho régimen de transición; por ello se abordó el estudio con base en lo contenido en el inciso primero del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985.

Verificó que la demandante laboró al servicio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en lapsos que suman 33 años 1 mes y 20 días, lo cual satisface el requisito del tiempo y que cumplió los 55 años de edad el 3 de mayo de 2007 (fecha de consolidación del derecho pensional). En consecuencia, concluyó que se impone declarar y conceder la prestación reclamada.

Respecto al monto de la pensión, se acogió la sentencia de unificación de esta Corporación del 4 de agosto de 2010, según la cual las Leyes 33 y 62 de 1985 no enlistan taxativamente los factores salariales a tener en cuenta al momento de liquidar la pensión de jubilación, de modo que se deben incluir todos aquellos que fueron devengados por el trabajador de manera habitual y periódica como contraprestación por sus servicios.

En consecuencia, i.) Declaró la nulidad de los actos administrativos; ii.) Ordenó a Colpensiones que reconozca y pague a la demandante, a partir del 25 de julio de 2012, la pensión de jubilación de que tratan las Leyes 33 y 62 de 1985, en cuantía equivalente al 75% del salario promedio mensual del último año de servicio, esto es, del 25 de julio de 2011 al 24 de julio de 2012, teniendo en cuenta: asignación básica, bonificación por servicios prestados (1/12), bonificación junio (1/12), bonificación diciembre (1/12) y prima de vacaciones (1/12), junto con los reajustes legales y la indexación de la condena; iii.) Precisó el derecho de la entidad demandada de efectuar los descuentos de aportes a pensión respecto de los factores sobre los cuales no se haya efectuado la deducción. Igualmente, si de acuerdo con el estudio de rentabilidad efectuado por el ISS, los aportes trasladados del RAIS al RPM, no guardan equivalencia con el monto total del aporte legal que correspondía en caso de que la demandante haya permanecido en el régimen de prima media, en los términos de las sentencias C-789 de 2002, SU-062 de 2010 y SU-230 de 2013, Colpensiones podrá efectuar las deducciones a que haya lugar; y, iv.) No condenó en costas.

RECURSO DE APELACIÓN

La entidad demandada fundó las razones de inconformidad frente a la sentencia de primera instancia, como se resumen a continuación:

Afirmó que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 indica las dos reglas para calcular el IBL de los beneficiarios del régimen de transición, el cual respeta la edad, el tiempo de servicios y el monto de la norma anterior referido solamente a la tasa de reemplazo, toda vez que la intención del legislador fue impedir que el IBL de los regímenes anteriores tuviera efectos ultractivos.

Aseveró que como la norma antes mencionada, no puntualiza cuales elementos o factores salariales conforman el ingreso base de liquidación, se debe acoger el criterio según el cual corresponde al valor de las cotizaciones efectivamente realizadas.

De otro lado, sostuvo que para el caso, la primera instancia no puede aplicar la liquidación sobre el último año, a pesar de que la demandante cumplió los requisitos de Ley.

Adicionalmente arguyó que se debe considerar que los factores son taxativos y no enunciativos y para efectos del reconocimiento no se aprecia prueba alguna de que se hayan realizado aportes sobre la totalidad de los valores para liquidar las prestaciones. Es decir, no corresponde a la realidad del sistema de seguridad que el empleador no cancele completos los pagos parafiscales y mal haría la sentencia en condenar a Colpensiones, a reliquidar la pensión otorgada sobre unos ingresos bases de cotización que no recibió y con unos factores salariales que, según la historia laboral, no aparecen como tal.

En consecuencia, peticionó revocar la sentencia y absolver a la entidad de las pretensiones.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Entidad demandada: Reiteró lo expuesto en el recurso de apelación y afirmó que la pensión cuyo estatus se adquiera en vigencia de la Ley 100 de 1993, se debe liquidar sobre los factores de salario devengados y consagrados en el Decreto 1158 de 1994, en concordancia con el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para calcular la cuantía jubilatoria o el ingreso base de jubilación.

Parte demandante: Solicitó la confirmación de la decisión de primera instancia y la aplicación de la sentencia de unificación que se reiteró en la providencia del 25 de febrero de 2016. En ese orden de ideas, afirmó que no es posible que se acceda a lo pretendido por Colpensiones en el recurso de apelación, que pretendió el cálculo del IBL conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, dado que su adopción conllevaría a la escisión del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985, lo cual se encuentra absolutamente prohibido.

El Ministerio Público: La procuradora tercera delegada ante la Corporación, emitió concepto en el cual hizo referencia a las normas que regulan el traslado entre regímenes si el afiliado es beneficiario del régimen de transición y consideró que la demandante tiene derecho a que se le reconozca mes a mes su pensión, con inclusión de todos los factores salariales y con base en el 75% de lo devengado en el último año de servicios (julio del 2011 a julio de 2012).

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

De igual forma, es necesario precisar que, de conformidad con lo previsto por el artículo 328 del Código General del Proceso, a la Subsección A en el presente asunto le corresponde pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en los recursos parciales de apelación.

Problema jurídico:

En ese orden, como primera medida y en atención a los argumentos expuestos en los recursos de apelación de las partes, en especial en el formulado por la entidad demandada se resalta que el traslado de régimen pensional de la demandante y el reconocimiento que le hizo el a quo de la pensión de jubilación, son aspectos que no se encuentran sometidos a controversia; por lo tanto, el problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en la siguiente pregunta:

¿La señora María Amparo Arana Lasso, tiene derecho a la liquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de la totalidad de factores salariales devengados en el último año de servicio?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: Si bien la demandante tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación, la misma debe liquidarse según lo regulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir con base en el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión y con inclusión de los factores sobre los cuales se efectuaron aportes para pensión durante ese mismo lapso, por las razones que se explican a continuación:

Derecho fundamental a la seguridad social – pensión de vejez

La Constitución Política otorgó a la seguridad social una doble connotación (artículo 48) desde su consagración como servicio público de carácter obligatorio y como derecho de rango constitucional. Lo que representa para el Estado colombiano un marco de acciones encaminadas a garantizarlo toda vez que a partir de este derecho se protegen bienes jurídicos como la vida y la dignidad humana, dado que permite el acceso a la asistencia social y a prestaciones para su pleno desarrollo, como es la salud y la pensión.

Aunado es importante mencionar que, desde los Tratados Internacionales ratificados por Colombia se ha denotado el raigambre iusfundamental del derecho a la seguridad social, verbigracia, artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos de la Persona, artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entre otros.

Precisamente, se resalta el párrafo 10 del artículo 2° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), según el cual corresponde a los Estados signatarios dentro del máximo de recursos de los que dispongan, adoptar medidas encaminadas a brindar protección adecuada al derecho a la seguridad social. Dichas medidas habrán de ser diseñadas y ejecutadas de manera tal que no permitan restricciones irrazonables o desproporcionadas de acceso y "en todo caso deben garantizar a toda persona un disfrute mínimo de este derecho humano". (Subraya la sala, cursiva del texto original).

Ahora bien, dentro del ordenamiento jurídico concretamente frente a la pensión, el artículo 4 de la Ley 100 de 1993 prescribe que el servicio público de seguridad social «[…] respecto al Sistema General de Pensiones es esencial sólo en aquellas actividades directamente vinculadas con el reconocimiento y pago de las pensiones […]»; lo cual es relevante en el presente caso dado que redunda en el reconocimiento pensional solicitado por la demandante.

Por ende correspondía a la entidad de previsión efectuar un estudio en torno al reconocimiento de la pensión de jubilación deprecada sin restricciones irracionales o desproporcionadas como lo señala el PIDESC, sin embargo, negó dicho derecho pensional a través de los actos demandados, a pesar de ser un servicio público esencial en lo que refiere al reconocimiento de dicha prestación y como derecho fundamental para materializar el mínimo vital y la dignidad humana.

Con el contexto que precede se estudiará seguidamente el derecho pensional deprecado y finalmente el punto de la reliquidación, objeto de los recursos de apelación.

Regímenes del Sistema General de Pensiones creados en la Ley 100 de 1993 - Requisitos para el reconocimiento de la pensión de vejez.

A efectos de analizar la pretensión de la parte demandante relativa a la liquidación de su pensión de jubilación, es necesario en primer lugar hacer una aproximación al tema del traslado entre regímenes pensionales del Sistema General de Seguridad Social, para determinar la norma que bajo tal circunstancia regula la prestación en el caso:

El Legislador expidió la Ley 100 de 1993 con la cual creó el Sistema General de Pensiones cuyo propósito era unificar los requisitos para reconocer dicha prestación social a todos los habitantes del territorio nacional. No obstante, el sistema exceptuó de su aplicación a quienes fueran beneficiarios de un régimen especial.

El artículo 12 de la Ley 100 de 1993, instituyó dos regímenes de pensiones a saber: (i) el régimen de prima media con prestación definida y; (ii) el régimen de ahorro individual con solidaridad.

Del régimen de prima media con prestación definida

El primero está contemplado en el artículo 31 de la citada normativa, el cual lo definió como «[…] aquel mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización, previamente definidas». A su vez, el artículo 32 literal b. de dicha ley señaló que en este régimen los aportes de sus afiliados constituyen «[…] un fondo común de naturaleza pública que garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia, los respectivos gastos de administración y la constitución de reservas de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley […]».

Las personas afiliadas a este régimen obtendrán el derecho a la pensión de vejez, al cumplir los requisitos señalados en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 que en lo pertinente, modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 así:

«[…] Artículo 9°. ( HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7224" \l "1" Reglamentado parcialmente, Decreto Nacional 510 de 2003) El artículo HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248" \l "33" 33 de la Ley 100 de 1993 quedará así:

Artículo 33. Requisitos para obtener la Pensión de Vejez. Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre.

A partir del 1° de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.

2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.

A partir del 1° de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1° de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015 […]»

De esta manera en el régimen de prima media con prestación definida el afiliado adquiere el derecho a pensionarse por vejez cuando:

a) Cumpla 55 años de edad si es mujer o 60 si es hombre y a partir del año 2014, 57 y 62 años respectivamente y;
b) Acredite tener mínimo 1000 semanas cotizadas, las cuales aumentarán a partir del 1.º de enero de 2005 en 50 y de ahí en adelante hasta el año 2015 en 25 cada año para un total de 1300 semanas.

Del régimen de ahorro individual con solidaridad

Ahora bien, el segundo régimen regulado por la Ley 100 de 1993 lo contempla el artículo 59 y es el denominado de ahorro individual con solidaridad, el cual se definió por la norma como «[…] El conjunto de entidades, normas y procedimientos, mediante los cuales se administran los recursos privados y públicos destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados […]».

Este, a diferencia del de prima media con prestación definida, se basa en el ahorro proveniente de las cotizaciones y los respectivos rendimientos financieros, los cuales constituyen un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados.

Otra diferencia notoria es que el monto de la pensión no es determinado por la ley sino que el mismo depende, en los términos del artículo 60 literal a) «[…] de los aportes de los afiliados y empleadores, sus rendimientos financieros, y de los subsidios del Estado, cuando a ellos hubiere lugar […]» lo que implica que sea variable.

En cuanto a los requisitos para obtener la pensión de vejez en este régimen, el legislador los reguló así:

«[…] Artículo. 64 Requisitos para obtener la pensión de vejez. Los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad, tendrán derecho a una pensión de vejez, a la edad que escojan, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de esta ley, reajustado anualmente según la variación porcentual del índice de precios al consumidor certificado por el DANE. Para el cálculo de dicho monto se tendrá en cuenta el valor del bono pensional, cuando a éste hubiere lugar.

Cuando a pesar de cumplir los requisitos para acceder a la pensión en los términos del inciso anterior, el trabajador opte por continuar cotizando, el empleador estará obligado a efectuar las cotizaciones a su cargo, mientras dure la relación laboral, legal o reglamentaria, y hasta la fecha en la cual el trabajador cumpla sesenta (60) años si es mujer y sesenta y dos (62) años de edad si es hombre […]»

Asimismo, quienes se encuentren afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad tienen derecho a obtener la pensión de vejez una vez hayan reunido en su cuenta individual el capital necesario para financiarla y siempre que la cuantía pensional no sea inferior al 110% del valor del salario mínimo mensual legal vigente.

A diferencia del régimen de prima media con prestación definida la norma no exige al afiliado el cumplimiento de una edad determinada o de un número específico mínimo de semanas de cotización.

Ahora bien, la principal característica de los dos regímenes expuestos es que aunque coexisten, son excluyentes entre sí, lo que quiere decir que solo puede aplicarse uno al momento de reconocerse la pensión.

Conforme al anterior estudio normativo, es posible colegir lo siguiente:

La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Pensiones y previó dos regímenes a saber:

i) En el régimen solidario de prima media con prestación definida los aportes de los afiliados son dirigidos a un fondo común de naturaleza pública y la ley previamente define el monto pensional. Los requisitos para obtener este derecho en este régimen son los señalados en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 así: a) tener 55 años de edad si es mujer o 60 si es hombre y a partir del año 2014, 57 y 62 respectivamente y; (b) acreditar mínimo 1000 semanas cotizadas, las cuales aumentaron a partir del 1.º de enero de 2005 en 50 y de ahí en adelante hasta el año 2015 en 25 cada año para un total de 1300 semanas.

ii) El régimen de ahorro individual con solidaridad se basa en el ahorro proveniente de las cotizaciones y los respectivos rendimientos financieros de las mismas, los cuales se consignan en una cuenta de ahorro individual pensional. En este régimen el monto de la pensión no es determinado previamente por la ley, y sus afiliados tienen derecho al reconocimiento de la pensión de vejez al reunir en su cuenta individual el capital necesario para financiarla siempre que su cuantía pensional no sea inferior al 110% del valor del salario mínimo mensual legal vigente, sin importar la edad.

Por su parte, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, reguló el régimen de transición, con los siguientes parámetros:

«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.

[…]

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.

[…]

<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.
<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida. […]»
Igualmente, el Acto Legislativo 01 de 2005, delimitó la aplicación del régimen de transición y reguló el parámetro temporal en los siguientes términos:

«[…] el régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014. Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen […]». (Subraya la subsección).

Ahora bien, en atención a la situación especial de la demandante quien en julio del año 2011 optó por traslado del régimen de ahorro individual al de prima media, vale la pena hacer una aproximación a las reglas generales de ese evento:

La Corte Constitucional en sentencia SU-130 de 2013, definió que únicamente los afiliados al sistema pensional con 15 años o más de servicios cotizados al 1.° de abril de 1994, podían trasladarse en cualquier momento del régimen de ahorro individual al de prima media y conservar los beneficios del régimen de transición. Para tal efecto, se precisó que los 15 años de servicios, son equivalentes al periodo de cotización correspondiente a 750 semanas. Indicó la providencia:

«[…] Acorde con lo anterior, se advierte que el actor, si bien es cierto no cuenta con 40 años o más de servicios cotizados a 1° de abril de 1994, sí registra para esa misma fecha 15 años o más de servicios cotizados, lo que se traduce en más de 750 semanas, para ser beneficiario del régimen de transición. En ese contexto, y bajo los parámetros fijados por los incisos 4° y 5° del artículo 36 de las Ley 100/93, tal y como los mismos fueron interpretados por la Corte en la Sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, es claro que el traslado que en alguna oportunidad realizó el actor al régimen de ahorro individual con solidaridad, no generó en él la pérdida del régimen de transición. […]»

De igual forma, la Corte descartó la posibilidad de traslado de régimen con sostenimiento de los beneficios del régimen de transición para aquellos beneficiarios del régimen de transición que adquieran tal condición por cumplir únicamente con la edad allí exigida, esto es, mujeres y hombres con 35 y 40 años o más de edad, respectivamente. Ello, en el entendido que aquellas personas que habiendo cumplido con el 75% o más del tiempo de trabajo al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, debían mantener la aspiración legítima de pensionarse de acuerdo con el sistema al cual estaban afiliados al momento de entrar en vigencia dicha ley, en caso que les resultara más favorable.

En virtud de la sinopsis normativa y jurisprudencial dilucidada, es claro entonces, que para la señora Arana Lasso a pesar del traslado del RPMPD al RAIS fue procedente el retorno al régimen de prima media con prestación definida, sin pérdida de las prerrogativas propias de la transición de la Ley 100 de 1993, pues para la fecha en la que entró a regir dicha ley -1.° de abril de 1994-, ella había acreditado las 750 semanas de cotización, o lo que es igual a 15 años de servicios, por cuanto ingresó a laborar el 17 de abril de 1979; lo cual deja ver el cumplimiento del requisito del tiempo de servicios que la norma y la jurisprudencia exigen para tal efecto

De ahí que, el Fondo privado de Pensiones Porvenir aceptara el traslado y girara la totalidad de los fondos que en encontraban en la cuenta de ahorro individual de la afiliada con destino al ISS el 3 de agosto de 2011 y que el Instituto de Seguros Sociales afirmara en la Resolución 20289 del 28 de mayo de 2012 «[…] que el asegurado cumple con los 15 años de servicio al 01 de abril de 1994. […]»

De todo el estudio efectuado en precedencia, bien se puede arribar a la conclusión de que la demandante, a pesar del traslado mencionado conservó el beneficio para que su prestación pensional se defina a la luz de la transición de la Ley 100 de 1993, lo cual era necesario determinar previamente para analizar su derecho pensional bajo dicho régimen.

El régimen de transición

Esclarecido lo correspondiente al traslado del régimen pensional en el sub examine, tal como se transcribió líneas atrás, el artículo 36 de Ley 100 de 1993 indica que es beneficiario del régimen de transición quien a la fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 tenga alguno de los siguientes presupuestos:

Mujeres: 35 o más años
Hombres:40 o más años,
o,
Mujeres u hombres: 15 o más años de servicios cotizados

Con base en ello se corrobora en el presente caso lo siguiente:

Edad a la data de vigencia de la Ley 100: La señora Arana Lasso nació el 3 de mayo de 1952, es decir, que para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 -1.º de abril de 1994- tenía 41 años de edad.

Por lo tanto, cumple con el requisito de la edad porque tenía más de 35 años a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

Tiempo de servicio a la entrada en vigencia de la Ley 100: La demandante ingresó a laborar en el ICBF el 17 de abril de 1979 y se retiró el 24 de julio de 2012, con dos licencias no remuneradas del 1.º al 30 de octubre de 1979, por 30 días y del 9 al 26 de febrero de 1981, por 18 días.

Es decir, para el 1.º de abril de 1994 tenía cumplidas más de 750 semanas equivalentes a 15 años de servicios prestados en el ICBF. Por ende, acreditó el requisito relativo al tiempo de labor.

Se colige: Con base en lo anterior, la parte demandante goza del régimen de transición por tener más de 35 años de edad y 15 años de servicios a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y por no haber perdido los beneficios del tránsito legislativo por el traslado de régimen, como ya se explicó.

Régimen pensional aplicable – verificación de requisitos

Determinado que la libelista goza de la aplicación de la normativa anterior a la Ley 100 de 1993, para efectos pensionales, al ser beneficiaria del régimen de transición, se analizará cual es el régimen que rige su derecho pensional:

Al respecto el artículo 1.º de la Ley 33 de 1985 dictamina:

«ARTÍCULO  1.° El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.» (Subraya fuera del texto)

De acuerdo a la norma transcrita, se requiere para obtener la pensión de jubilación consagrada en la Ley 33 la acreditación de todos los siguientes requisitos:

Ser empleado público,
20 años prestado al servicio público,
55 años de edad

Con base en ello se corrobora en el caso, lo siguiente:

Calidad de empleado público: Se demostró que todos los años de servicios laborados al ICBF fueron como empleada pública.

Tiempo de servicios: Se certificó por el ICBF que laboró en dicha entidad por más 33 años, desde el 17 de abril de 1979 hasta el 24 de julio de 2012. Con los respectivos lapsos laborales no remunerados señalados en acápite anterior.

Edad: Cumplió 55 años de edad el 3 de mayo de 2007, se reitera que nació el 3 de mayo 1952.

Se colige: consumó los requisitos para obtener la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985, esto es, más de 20 años laborados como empleada pública y 55 años de edad.

Se deberá definir seguidamente cual es el monto e IBL de la pensión de jubilación de la demandante al encontrarse que obtuvo los requisitos que exige la Ley 33 de 1985 y que es beneficiaria del régimen de transición.

Sentencia de unificación – criterio de interpretación sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para los beneficiarios del régimen de transición.

Como primera medida y para la resolución de los aspectos en controversia del caso, se dará aplicación a la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, en la cual la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo fijó las reglas y subreglas jurisprudenciales que en adelante se deben considerar en torno a casuísticas que por aspectos fácticos y jurídicos enmarquen en iguales o similares circunstancias.

Vale la pena resaltar que la sentencia en mención es vinculante y de obligatorio acatamiento para la resolución de todas las controversias relacionadas, en virtud de lo previsto en el artículo 10 del CPACA, más si se tiene en cuenta que la postura según lo indicado en la sentencia C-634 del 2011, acompasa con los criterios de interpretación que sobre el tema ha venido exponiendo la Corte Constitucional en diferentes providencias.

En efecto, la Sala Plena precisó que la sentencia de unificación se aplicaría con efectos retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables. […]»

Ahora bien, sobre el fondo del asunto, la sentencia de unificación referida indicó:

«[…] El Ingreso base de Liquidación en el régimen de transición
66. La aplicación del régimen pensional de transición para quien opte por este, significa que los requisitos de la edad y el tiempo, y el monto de su pensión sean los previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual remite a los regímenes pensionales anteriores, en virtud de los efectos ultractivos dados a los mismos.
67. Lo anterior cobra relevancia en la medida en que si bien el inciso 2 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 señaló que el monto de la pensión para los beneficiarios de la transición sería el previsto en el régimen anterior al cual se encontraran afiliados, lo cierto es que el inciso 3 de la misma disposición previó de manera expresa un ingreso base para la liquidación de la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso 2 que les faltaren menos de 10 años para adquirir el derecho, definiendo así uno los elementos del monto pensional.
68. La redacción del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 ha dado lugar a diversas interpretaciones sobre cuál es el ingreso base de liquidación que se debe tomar en cuenta para liquidar las pensiones en el régimen de transición, pues el concepto “monto” señalado en el inciso 2 de esa disposición daría lugar a entender, como lo ha considerado la Sección Segunda del Consejo de Estado, que la mesada pensional o monto incluye el IBL y la tasa de reemplazo previstos en los regímenes anteriores. Sin embargo, otra interpretación es que, en virtud de lo previsto en el inciso 3 ibídem, para establecer el monto de la pensión, solo se tomaría la tasa de reemplazo del régimen anterior, teniendo en cuenta que el IBL fue expresamente definido por este inciso para el régimen de transición. La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia son de esta tesis.

[…]

84. Planteadas así las tesis sobre el IBL aplicable en el régimen de transición, la Sala advierte que el aspecto que ha suscitado controversia es el periodo que se toma en cuenta al promediar el ingreso base para fijar el monto pensional, pues el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 preveía como IBL el “salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio”, mientras que el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establece que el ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Es decir, mientras el régimen general de pensiones de la Ley 33 de 1985 establece el último año de servicios, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagra la posibilidad que sea más de un año dependiendo de la situación particular de la persona que está próxima a consolidar su derecho pensional.
85. A juicio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el inciso 3 de dicha norma.

[…]

91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. […]» (negrita del texto original, subraya de la sala).

Con base en lo precedente se fijó como regla de unificación: «El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985». (Negrita del texto original).

A partir de dicha regla, sentó la siguientes subreglas:

Periodo para liquidar la pensión de jubilación:

«[…] 94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. […]»

Según la subregla transcrita el periodo para liquidar la pensión de jubilación obedecerá al promedio de lo devengado o cotizado durante el tiempo que faltare para consolidar el derecho pensional, con un margen de diez años, según fuera más de este lapso o menos.

Aplicada dicha subregla al caso en estudio se observa que la parte demandante:

Completó 20 años de servicios el 17 de abril de 1999, toda vez que ingresó a laborar al ICBF el 17 de abril 1979 y lo hizo hasta el 24 de julio de 2012.

Cumplió 55 años de edad el 3 de mayo de 2007, porque nació el 3 de mayo de 1952.

Por ende, consolidó el estatus pensional el 3 de mayo de 2007, por edad.

De allí que le faltaren más de diez años para obtener el derecho pensional al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, toda vez que del 1.º de abril de 1994 al 3 de mayo de 2007, transcurrieron 13 años.

Corolario, de acuerdo con la subregla de unificación, el periodo a aplicar para liquidar la pensión de jubilación es el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión.

Lo cual correspondería al lapso del 24 de julio de 2002 al 24 de julio de 2012, esta última por ser la data de retiro del servicio, porque hasta esa fecha cotizó.

Se colige: El periodo de liquidación de la pensión de jubilación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado la afiliada durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, esto es, del 24 de julio de 2002 al 24 de julio de 2012.

Factores salariales a incluir en la pensión de jubilación

«[…] 96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones. […]»

A partir de la subregla citada, en materia de factores salariales solo se computarán en la liquidación de la pensión de jubilación aquellos que hubieran sido objeto del aporte o de la cotización respectiva.

No obstante, ello se debe acompasar con lo que prevé la Ley 100 de 1993 como Ingreso Base de Cotización a fin de determinar cuales factores son objeto de cotización dentro de dicho régimen general de pensiones, lo cual es necesario en razón a que como se definió líneas atrás, el IBL aplicable a los beneficiarios del régimen de transición del régimen pensional de la Ley 33, es el previsto en artículo 21 o el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100, según el caso, dentro de lo cual se incorporan inexorablemente, los factores salariales.

Al respecto a modo de prólogo, el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 indicaba qué constituye Base de Cotización:

«ARTÍCULO 18. BASE DE COTIZACIÓN. <Inciso 4. y parágrafo modificados por el artículo  HYPERLINK "https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0797_2003.htm" \l "5" 5 de la Ley 797 de 2003. (El artículo 5 de la Ley 797 de 2003 transcribe todo el artículo). El nuevo texto es el siguiente:> La base para calcular las cotizaciones a que hace referencia el artículo anterior, será el salario mensual.

El salario base de cotización para los trabajadores particulares, será el que resulte de aplicar lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo.

El salario mensual base de cotización para los servidores del sector público, será el que señale el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la Ley  HYPERLINK "https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0004_1992.htm" \l "1" 4a. de 1992. […]» (subraya la sala)

Con posterioridad a dicha norma, se profirió el Decreto 691 de 1994 «Por el cual se incorporan los servidores públicos al sistema general de pensiones y se dictan otras disposiciones», el cual en el artículo 6.° determinó los factores que serían objeto de cotización.

Empero, la norma anterior fue modificada por el artículo único del Decreto 1158 de 1994 el cual consagró nuevamente los rubros que constituyen base de cotización:

«[…] ARTICULO 1.° El artículo 6.º del Decreto 691 de 1994, quedará así: "Base de Cotización".
El salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos incorporados al mismo, estará constituido por los siguientes factores:
a) La asignación básica mensual;
b) Los gastos de representación;
c) La prima técnica, cuando sea factor de salario;
d) Las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor de salario.
e) La remuneración por trabajo dominical o festivo;
f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna;
g) La bonificación por servicios prestados; […]»

En consecuencia, los rubros pasibles de incluirse en el IBL de la pensión de jubilación de los beneficiarios del régimen de transición, tras acreditar los requisitos de la Ley 33 de 1985 serán los previstos en el Decreto 1158 de 1994 y adicionalmente que hubieran sido objeto de la respectiva cotización o aporte al Sistema General de Pensiones.

En aplicación de la segunda subregla de unificación según los razonamientos esbozados en torno a esta, de cara al caso concreto se procede a analizar los factores que se deben computar en la liquidación de la pensión de jubilación de la parte demandante:

Obra a folios 6 a 15 del expediente certificación expedida por el director de Gestión Humana del ICBF acerca de los salarios devengados por de la señora Arana Lasso mes a mes en formato 3(B) desde abril de 1979 hasta julio de 2012 en la cual constan los siguientes recuadros:

24, AÑO

25, MES
26. Observaciones
27, Asignación básica mensual
28, Gastos de representación
29, Prima Técnica30.Ʃ Otros factores salariales pagados en el mes certificado (Dto.1158)


31, Total mes
Así, las columnas de gastos de representación y prima técnica se encuentran siempre reportadas en cero (o). Hay registro de valores por asignación básica mensual y se destaca que durante el lapso de liquidación bajo estudio, en la casilla de Ʃ de los otros factores salariales pagados «(Dto. 1158)», solo se consignan cifras en el mes de junio de cada anualidad.

Igualmente en los folios 20 a 21 reposa certificación expedida por la coordinadora del Grupo de Talento Humano del ICBF suscrita el 22 de agosto del 2012, en la cual se registraron como «FACTORES SALARIALES COTIZANTES» de la libelista, desde el 1.º de enero del 2011 hasta el 24 de julio de 2012, los siguientes:

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Ahora, aunque esta última certificación no haga referencia exacta a los últimos 10 años de servicios de la señora Arana Lasso, si se realiza una remisión conjunta a los dos medios de prueba mencionados, no se controvierte que la entidad se encontraba sometida al imperio de la Ley y que atendió la correspondencia que debe existir entre los factores descritos en el Decreto 1158 de 1994 y aquellos sobre los cuales se efectuaron las correspondientes cotizaciones.

Se razona per se que la parte demandante únicamente tiene derecho a que en el IBL se incluyan como factores salariales:

asignación básica,
g) bonificación por servicios prestados

En razón a que solo dichos rubros se encuentran enlistados en del Decreto 1158 de 1994 y a su vez se efectuaron aportes sobre los mismos al SGP, en consonancia con la segunda subregla de unificación.

Se colige: Los factores a incluir en el cálculo de la cuantía de la pensión de jubilación son la asignación básica y la bonificación por servicios prestados.

Corolario de lo expuesto, la parte demandante tiene derecho al reconocimiento de su pensión de jubilación en cuantía equivalente al 75% del promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión; con la inclusión de los factores salariales de asignación básica y bonificación por servicios prestados.

En este orden de ideas, queda demostrado que para calcular la cuantía de la mesada pensional deben tomarse en consideración los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994 que para el caso de la demandante, son los mismos sobre los que se efectuaban aportes al sistema de seguridad social, lo cual, no solo garantiza el cabal acatamiento de la norma aplicable al caso, sino que armoniza también con lo previsto en la segunda subregla del criterio recientemente unificado por la Corporación.

En conclusión: El reconocimiento de la pensión de la señora Arana Lasso, bajo el régimen de transición, se debe ajustar a la sentencia de unificación y ceñirse a los parámetros de liquidación enlistados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en cuanto al lapso del IBL y a los factores de liquidación enlistados en el Decreto 1158 de 1994, con inclusión como factores la asignación básica y la bonificación por servicios prestados.

Decisión de segunda instancia

Según se ha expuesto, se impone modificar parcialmente la sentencia apelada, para precisar el lapso del lBL y la determinación de los factores salariales con base en los cuales se hará el cómputo de la cuantía de las mesadas a reconocer. Por tal razón, son parcialmente viables los argumentos de apelación propuestos por la entidad apelante. En lo demás se confirmará la decisión del a quo.

De la condena en costas

Esta Subsección en providencia con ponencia del Magistrado William Hernández Gómez sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se señaló como conclusión, lo siguiente:

El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-.

Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.

La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).

Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.

La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.

Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.

De conformidad con lo señalado, en el presente caso en atención a que los argumentos de apelación de la entidad se estimaron parcialmente viables y al considerar también su intervención en el trámite de la alzada, la sala se abstendrá de condenar en costas de segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Se modifica el ordinal Tercero de la sentencia del 5 de septiembre de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, subsección C, en cuanto accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la señora María Amparo Arana Lasso contra la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y en su lugar, el ordinal mencionado quedará como se consigna a continuación:

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, que reconozca y pague a la señora María Amparo Arana Lasso, identificada con cédula de ciudadanía 38.851.307 de Buga, de manera retroactiva y actualizada una pensión mensual vitalicia de jubilación, en cuantía equivalente al 75% del promedio mensual de los salarios sobre los cuales cotizó durante los diez (10) años anteriores al 24 de julio de 2012 (fecha del retiro del servicio), es decir, entre el 24 de julio de 2002 y el 24 de julio del 2012, fecha a partir de la cual tiene efectos fiscales el reconocimiento pensional. Lo anterior, con inclusión de los factores de asignación básica y bonificación por servicios prestados, devengados durante dicho lapso.

Segundo: Se confirma en lo demás la sentencia apelada.

Tercero: Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto: Se reconoce personería adjetiva a la abogada Jenny Carolina Vargas Fonseca como apoderada sustituta de Colpensiones, conforme al poder que obra a folio 308 del expediente.

Quinto: Se reconoce personería adjetiva al abogado Raúl Alejandro Contreras Alfonso como apoderado sustituto del Patrimonio Autónomo de Remanentes ISS en Liquidación, conforme al poder que obra a folio 306 del expediente.

Sexto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa “Justicia Siglo XXI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
En adelante Colpensiones.
Magistrado ponente: Carlos Alberto Orlando Jaiquel.
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», en adelante CPACA.
Folios 52 a 53.
Folios 54 a 55.
Hernández Gómez William, consejero de Estado, Sección Segunda. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.
Ramírez Ramírez Jorge Octavio, consejero de Estado, Sección Cuarta. Módulo El juicio por audiencias en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. EJRLB.
Folio 185 y CD del folio 190.
Hernández Gómez William, consejero de Estado, Sección Segunda (2015). Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.
Folio 192 a 208.
En adelante RPM.
En adelante RAIS.
En adelante ICBF
Folios 210 a 213.
Folios 258 a 262.
Folios 263 y 264.
Folios 266 a 274.
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
«artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, magistrado ponente: Dr. Humberto Sierra Porto, Sentencia T-658 de 2008, Referencia: expedientes T-1.852.626 y T-1.911.331, Acciones de tutela instauradas por Angélica Dussan Cuellar, representante de David Gerardo Fernández Fuentes, contra Porvenir, Fondo de pensiones y cesantías S. A.; y Arnulfo Torres Gaitán contra Santander, Fondo de pensiones y cesantías S. A. y Famisanar Empresa Promotora de Salud.
Artículo 3° Ley 100 de 1993.
Artículo 279 Ley 100 de 1993.
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html" \l "1" 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.»
Ley 100 de 1993, Artículos 60, literal d y 97.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 7 de diciembre de 2016, consejero ponente: William Hernández Gómez. Radicación número: 11001-03-25-000-2012-00016-00(0072-12).
«Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política»
Como se observa en los folios 18 a 19.
Sentencia del 13 de marzo de 2013, magistrado ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, demandante: Isabel Rodríguez Bojaca y otros, demandando: Instituto de Seguros Sociales y otros, expedientes: T-2139563 y otros acumulados.

Folio 19.
Folios 24 a 27.
Según registro civil de nacimiento obrante a folio 159 del expediente y cédula de ciudadanía a folio 3.
Según certificación suscrita por la directora de Gestión Humana del ICBF que obra a folios 20 a 21 del expediente.
Según concepto de la jefe de la oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que reposa en el folio 36 del expediente.
«Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las cajas de previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público»
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, consejero ponente: César Palomino Cortés. Expediente 2012-00143-01. Demandante: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro.
Sentencias C-258 del 2013, SU-230 del 2015, SU-395 del 2017.
ARTICULO.  6.° Base de cotización. El salario mensual base para calcular las cotizaciones al sistema general de pensiones de los servidores públicos que por el presente decreto se incorporan, estará constituido por los siguientes factores:
a)  La asignación básica mensual;
b)  Los gastos de representación;
c)  La prima técnica, cuando ésta sea factor de salario;
d)  La remuneración por trabajo dominical o festivo;
e)  La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna, y
f)  La bonificación por servicios
Por el cual se modifica el artículo  HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_0691_1994.htm" \l "6" 6.° del Decreto 691 de 1994.

Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, demandante: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]»

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