Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-03689-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-03689-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-03689-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
9 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2013-03689-01 (1647-2019)
Demandante: María del Carmen Rangel Correa
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 7 de junio de 2018 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que negó las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora María del Carmen Rangel Correa,
por conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la
nulidad de las siguientes Resoluciones: i) RDP 002120 del 18 de enero de 2013,
1 Folios 30 a 44.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2013-03689-01 (1647-2019)
Demandante: María del Carmen Rangel Correa
que le negó el reconocimiento de la pensión gracia; ii) RDP 012240 del 13 de
marzo de 2013, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior
decisión y la confirmó; y iii) RDP 015225 del 4 de abril de 2013, que desató el
recurso de apelación incoado dentro de dicha actuación y ratificó la postura de la
administración. Los mencionados actos fueron proferidos por la UGPP.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la UGPP a lo siguiente: i) reconocer y pagar la
pensión gracia de jubilación, a partir del día en que consolidó el estatus pensional
y con inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de
servicio; ii) actualizar el valor de las condenas con base en el IPC2 o al por mayor,
según lo prevé el artículo 187 del CPACA; iii) decretar los intereses moratorios
establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; iv) cumplir la sentencia que
ponga fin al proceso y sufragar los intereses moratorios a que haya lugar, en los
términos del artículo 192 del CPACA; y v) asumir las costas procesales.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló:
i) La señora María del Carmen Rangel Correa nació el 24 de diciembre de 1960 y
prestó sus servicios al magisterio oficial de la siguiente forma:
Entidad Desde Hasta
D-M-A D-M-A
Municipio de Soatá - Boyacá 01/07/1978 30/11/1978
Municipio de Covarachía - Boyacá 18/02/1980 17/04/1980
12/03/1981 07/04/1981
Bogotá D.C.
08/04/1981 13/04/2012
ii) El 11 de mayo de 2012, la actora solicitó ante la entidad demandada el
reconocimiento de la pensión gracia; sin embargo, esta petición fue negada a
través de las decisiones administrativas enjuiciadas.
2 Índice de Precios al Consumidor.
2
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Demandante: María del Carmen Rangel Correa
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y
336 de la Constitución Política; 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de
1928; 15 de la Ley 91 de 1989; 3 del Decreto 81 de 1976; y 3 del Decreto 2277 de
1979.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso:
i) Los documentos allegados a la actuación administrativa demuestran que la
actora prestó sus servicios como docente municipal y fue posesionada por los
alcaldes y secretarios de educación de Soatá y Covarachía.
ii) La señora María del Carmen Rangel Correa cumple con todos los requisitos
previstos por el legislador para acceder al beneficio pensional en comento, porque
cuenta con más de 50 años de edad; ha prestado sus servicios como docente
nacionalizada por más de 20 años; se vinculó en tal condición antes del 31 de
diciembre de 1980; y se ha desempeñado con idoneidad y buena conducta.
1.2. Contestación de la demanda
El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda en estos
términos:3
i) Los actos acusados se ajustaron al ordenamiento superior, teniendo en cuenta
que la demandante no demostró haberse desempeñado durante 20 años como
profesora departamental, distrital o municipal, ni tuvo una vinculación formal como
maestra antes de 1980.
3 Folios 88 a 94.
3
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Demandante: María del Carmen Rangel Correa
ii) Se proponen las excepciones de ausencia de vicios en el acto demandado;
inexistencia de las obligaciones de pagar la pensión gracia y efectuar la
indexación; prescripción; cobro de lo no debido; indebida solicitud de intereses;
imposibilidad de condena en costas; y genérica o innominada.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
mediante sentencia del 7 de junio de 2018, negó las pretensiones de la demanda,
con sustento en las siguientes consideraciones:4
i) Los Fondos Educativos Regionales - FER hacían parte de la estructura del sector
educativo nacional, administraban el presupuesto general de la Nación y los
cargos docentes que administraban tenían la naturaleza de nacionales.
ii) Los nombramientos efectuados por la Secretaría de Educación de Boyacá,
aprobados por el delegado del Ministerio de Educación Nacional, evidencian que
la demandante tuvo la condición de docente nacional. En consecuencia, se deben
desestimar los tiempos laborados en el municipio de Soatá para efectos
pensionales.
iii) No está probado que la demandante prestó sus servicios en el municipio de
Covarachía, ya que solamente se adjuntaron actas de presentación, pero sin los
actos de nombramiento y posesión.
iv) La señora María del Carmen Rangel Correa tampoco demostró que percibiera
una asignación inferior a la que recibían los educadores nacionales, de manera
que no se cumple con la finalidad para la cual fue creada la pensión gracia, esto
es, compensar los bajos ingresos de los docentes territoriales.
v) A partir de la expedición del Decreto 2277 de 1979 se eliminaron las diferencias
4 Folios 348 a 361.
4
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Demandante: María del Carmen Rangel Correa
en la remuneración de los docentes nacionales y territoriales, por lo que
desaparecieron las causas para el otorgamiento de la referida pensión especial.
vi) La accionante no demostró la prestación del servicio en el magisterio oficial
como profesora territorial o nacionalizada durante 20 años y, por lo tanto, no es
acreedora de la pensión gracia pretendida.
1.4. El recurso de apelación
La demandante interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia con
base en los argumentos que se resumen, a continuación:5
i) La señora María del Carmen Rangel Correa aportó los documentos que tenía en
su poder para demostrar la calidad de maestra en diferentes épocas, los cuales, si
bien carecen de algunas formalidades, tienen la fuerza probatoria suficiente para
acreditar que laboró en los municipios de Soatá y Covarachía. Además, debe
aplicarse el principio de primacía del derecho sustancial sobre el procesal.
ii) Durante el año 1978 la actora tuvo una vinculación territorial y no nacional,
como lo sostuvo el a quo, ya que trabajó como profesora para alcaldías
municipales. Además, las certificaciones allegadas al plenario dan cuenta de la
dedicación, institución educativa y los extremos de la relación laboral.
iii) No existe prueba de que la accionante haya sido nombrada por el Ministerio de
Educción Nacional, por lo que no es posible afirmar que tuvo la condición de
docente de ese orden.
iv) Conforme a la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, 6 proferida por
el Consejo de Estado, se concluye que la decisión de primera instancia incurrió en
serios errores interpretativos y desconocimiento del precedente judicial, por lo que
5 Folios 369 a 371.
6 Radicado 25000 23 42 000 2013 04683 01. La apelante citó varios apartes relacionados con los FER y los recursos del
situado fiscal.
5
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Demandante: María del Carmen Rangel Correa
debe ser revocada para ajustar la situación particular al criterio vigente y que
rectifica algunas posturas jurisprudenciales.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
La accionante y la UGPP reiteraron los argumentos expuestos en el transcurso del
proceso.7
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.8
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en
la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.
2.2. Marco normativo
El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas
primarias oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor
de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en
conformidad con las prescripciones de la presente Ley».
Por su parte, las Leyes 116 de 19289 y 37 de 193310 consagraron la posibilidad de
7 Memoriales visibles en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
8 Según constancia secretarial visible en el folio 401.
6
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Demandante: María del Carmen Rangel Correa
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la
Ley 114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 11
Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra
pensión o recompensa de carácter nacional».12
Debido a dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión gracia no
puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye
requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución
alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado
por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa
eran los educadores locales o regionales».13
9 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen
derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el
computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza
primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
10 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter legislativo,
quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados por la Ley, en
establecimientos de enseñanza secundaria.
11 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio de 1995,
radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
12 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo
dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal,
concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo
necesario para su sostenimiento.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han acogido igual lineamiento: i)
Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii)
Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii)
Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar
sentido, puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-03689-01 (1647-2019)
Demandante: María del Carmen Rangel Correa
Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la
finalidad de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales por la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes
nacionales; sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión
del proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y
en razón a que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería
compatible con la pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta
a cargo total o parcial de la Nación».
En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta
corporación, en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia
debe reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las
expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e
involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación
primaria y secundaria oficiales».
Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la
pensión gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada;
sin embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
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Demandante: María del Carmen Rangel Correa
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del
29 de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».
Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,14 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de
1989.
Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de
1989 contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia,
a saber:
1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.
2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión
gracia».15
En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia
aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o
territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la
Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento
en que logre colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo
14 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-
2016-00278-01 (3018-2017).
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-03689-01 (1647-2019)
Demandante: María del Carmen Rangel Correa
haga antes o después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación
explicó lo siguiente:16
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que
la condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».17
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes
territoriales y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con
antelación al 31 de diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir
respetando el régimen pensional que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron
tanto los derechos adquiridos como las expectativas de completar los requisitos
para obtener el derecho pensional, pues las normas seguirían proyectando sus
efectos en el tiempo para los servidores vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura
posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún
podrían acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31
de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de
dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó
antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación
de la Ley 91 de 1989.
Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-
2016-00278-01 (3018-2017).
17 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-2019-02219-
01 (AC).
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Demandante: María del Carmen Rangel Correa
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».
Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en
sentencia del 21 de junio de 2018,18 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:19
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales
para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez
ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los
entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a
través de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene
que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban
se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-
2013-04683-01 (3805-2014).
19 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia
transcrita.
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Demandante: María del Carmen Rangel Correa
que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.
A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del
29 de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio
pensional bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o
parcialmente con recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de
participaciones, pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada».20
2.3. Hechos probados
➢ Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios
• Conforme al acta de nacimiento21 y la cédula de ciudadanía,22 la señora María
del Carmen Rangel Correa nació el 24 de diciembre de 1960.
• El 11 de septiembre de 1978, por Resolución 001278, el Secretario de Educación
de Boyacá, en uso de sus atribuciones legales, efectuó «unos nombramientos
interinos en secundaria», incluyendo el nombre de la accionante «como profesora
del Colegio Cooperativo de la Presentación del Municipio de Soatá en reemplazo
de NOHEMI NIÑO DE PICO a quien se le concedió licencia por motivos particulares por
el término de 30 días a partir d[e]l 24 de julio del año en curso». 23 Igualmente, se
anexó la Resolución 001117 del 18 de agosto de 1978, que concedió la
mencionada licencia.24
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-
2013-04683-01 (3805-2014).
21 Folio 3.
22 Folio 2.
23 Folios 308 a 309 y 328.
24 Folios 312 a 313.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-03689-01 (1647-2019)
Demandante: María del Carmen Rangel Correa
• El 10 de noviembre de 1978, por Resolución 001637, el Secretario de Educación
de Boyacá, en uso de sus atribuciones legales, realizó «unos nombramientos
interinos en el personal docente de primaria», dentro de los que se encuentra la
señora María del Carmen Rangel Correa «2ª.N.S. Como maestra de un curso de la
Anexa del Colegio Departamental del municipio de Soatá, en reemplazo de NOHEMI
NIÑO PICO, a quien se le concedió licencia por motivos particulares por el término
de 30 días a partir del 25 de agosto de año en curso».25 Asimismo, se aportó la
Resolución 001300 del 13 de septiembre de 1978, que otorgó la aludida licencia y
determinó que la maestra laboraba en La Anexa del Colegio Cooperativo de
Soatá.26
• El 2 de marzo de 1981, por Decreto 416, el alcalde de Bogotá D.C., en calidad de
presidente de la Junta Administradora del FER, causó «novedades de personal
docente en la Secretaría de Educación Distrital», entre las que se destaca el
nombramiento de la actora como maestra dependiente de la División de
Educación Primaria en la Escuela Los Laureles, jornada mañana, Zona 7A. 27
• El 8 de octubre de 2009, el director del Archivo Municipal de Soatá certificó:28
El Archivo Municipal de Soatá una vez revisado y verificado certifica que la señorita
MARÍA DEL CARMEN RANGEL CORREA identificada con tarjeta de identidad No 10.374
expedida en Soatá laboró en este municipio en los cargos que se relacionan a
continuación destacando el período de tiempo comprendido en cada uno de ellos.
Maestra de alfabetización y educación de adultos en el Municipio de Soatá con
retroactividad al primero (01) de julio y hasta el treinta (30) de noviembre de 1.978.
Según resolución No 1455 del diez (10) de octubre de 1.978.
Profesora en la anexa del colegio cooperativo de la presentación de Soatá por un
término de treinta (30) días según oficio No 210 de fecha julio veintiséis (26) de
1.978.
25 Folios 310 a 311.
26 Folios 314 a 315.
27 Folios 161 a 163.
28 Folio 4.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-03689-01 (1647-2019)
Demandante: María del Carmen Rangel Correa
Maestra interina en la anexa del Colegio Cooperativo de la Presentación del
Municipio de Soatá a partir del veinticinco (25) de agosto de 1978 y por un término
de treinta (30) días.
Maestra interina en la escuela anexa al Colegio Cooperativo de la Presentación de
Soatá por el término de cincuenta y seis (56) días a partir del veintiséis (26) de
septiembre de 1.978.
• El 24 de mayo de 2010, la rectora de la I.E. Escuela Normal Superior La
Presentación de Soatá hizo constar:29
Que: MARÍA DEL CARMEN RANGEL CORREA; identificada con Cédula de Ciudadanía N°
24.078.934 expedida en Soatá, se desempeñó como Maestra Interina en la Anexa
de esta Institución Educativa (antes Colegio Cooperativo de la Presentación Soatá)
durante el año 1978 en reemplazo de la titular Nohemí Niño de Pico a quien le fue
concedida licencia por maternidad.
Notificaciones hechas mediante oficios emanados del Fondo Educativo Regional de
Boyacá y relacionados a continuación:
✓ Oficio N° 210 de julio 26 de 1978 por el término de 30 días
✓ Oficio N° 326 [error: es 236] de septiembre 1° de 1978 por el término de 30
días
✓ Oficio N° 254 de septiembre 26 de 1978 por 56 días.
Los oficios en comento, textualmente indican:30
29 Folio 5.
30 Folios 6 a 8.
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Demandante: María del Carmen Rangel Correa
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Demandante: María del Carmen Rangel Correa
Además, se allegó la Resolución 001538 del 6 de noviembre de 1978, expedida
por el Secretario de Educación de Boyacá, que le concedió a la señora Nohemí
Pico de Niño «licencia por maternidad por el término de 56 días a partir del 26 de
septiembre del año en curso, como maestra de la anexa del Colegio
Departamental del municipio de Soatá».31
• El 4 de enero de 2013, el secretario General y de Gobierno del municipio de
Covarachía certificó que «revisado el archivo de documentos que reposan en esta
Dependencia de la Administración Central del Municipio de Covarachía durante el
año 1980, se encontró acta de presentación de la señorita María del Carmen
Rangel Correa identificada con c.c. No. 24.078.934 de Soatá quien se desempeñó
como maestra interina en la escuela rural de Chivascoque de este Municipio
durante el término de sesenta (60) días durante el período comprendido entre el
18 de febrero y el 17 de abril de la vigencia anteriormente citada».32
Al plenario se aportaron las siguientes actas de presentación:33
31 Folios 316 a 317.
32 Folio 12.
33 Esta información se encuentra en el expediente administrativo aportado por la UGPP en medio magnético (folios 97 y
174)
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Demandante: María del Carmen Rangel Correa
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Demandante: María del Carmen Rangel Correa
• El 22 de septiembre de 2015, por Oficio 2015-EE-110226, el Ministerio de
Educación Nacional expresó que, una vez revisada la documentación que reposa
en los archivos de la entidad, «no se ha encontrado registro alguno a nombre de la
señora María del Carmen Rangel Correa, identificada con cédula de ciudadanía
No. 24.078.934, que indique que laboró para el Ministerio de Educación
Nacional».34
34 Folio 165.
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Demandante: María del Carmen Rangel Correa
• El 29 de septiembre de 2015, la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.
diligenció el siguiente Formato Único para Expedición de Certificado de Historia
Laboral de la señora María del Carmen Rangel Correa:35
• Mediante declaraciones extra proceso, la demandante manifestó que se
desempeñó con honradez, consagración, idoneidad y buena conducta en el
35 Folio 168.
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Demandante: María del Carmen Rangel Correa
ejercicio de la docencia. Agregó que no había sido sancionada
disciplinariamente.36
➢ Actuación administrativa
• El 11 de mayo de 2012, la demandante peticionó ante la UGPP el reconocimiento
de la pensión gracia.37
• El 18 de enero de 2013, por Resolución RDP 002120, la UGPP negó la referida
solicitud, toda vez que la peticionaria no demostró una vinculación como docente
antes del 31 de diciembre de 1980. Además, no existe claridad frente al tipo de
vinculación que tuvo en el año 1978, cuando laboró en el municipio de Soatá,
puesto que no se allegaron los actos de nombramiento y posesión.38
• Los días 13 de marzo y del 4 de abril de 2013, la UGPP expidió las Resoluciones
RDP 012240 y RDP 015225, respectivamente, por las cuales resolvió los recursos
de reposición y apelación interpuestos contra la anterior decisión y la confirmó.39
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Para efectos metodológicos, la labor de la demandante en la docencia oficial se
estudiará en dos momentos relevantes, pues a cada uno le corresponden análisis
probatorios independientes; sin embargo, desde el punto de vista normativo, en
ambos períodos se efectuarán consideraciones similares en torno a la condición
de docente nacionalizada que tuvo la señora María del Carmen Rangel Correa,
conforme se explicará, a continuación.
2.4.1. Primer período. Vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980
36 Documentos visibles en expediente administrativo aportado por la UGPP en medio magnético (folios 97 y 174).
37 Información extraída de la Resolución RDP 002120 del 18 de enero de 2013 (folios 17 a 19).
38 Folio 165.
39 Folios 21 a 23 y 25 a 26.
21
Radicación: 25000-23-42-000-2013-03689-01 (1647-2019)
Demandante: María del Carmen Rangel Correa
Frente a este primer período, diferentes autoridades han certificado las siguientes
vinculaciones:
Entidad Acto de nombramiento Desde Hasta
Total
días
Municipio de Resolución 1455 del 10 de octubre 01/07/1978 30/11/1978 150
Soatá de 1978
Resolución 001278 del 11 de 24/07/1978 24/08/1978 30
septiembre de 1978 / Oficio 210 del
Departamento de 26 de julio de 1978
Boyacá Resolución 001637 del 10 de 25/08/1978 25/09/1978 30
noviembre de 1978 / Oficio 236 del
1 de septiembre de 1978
Oficio 254 del 26 de septiembre de 26/09/1978 22/11/1978 56
1978
Municipio de --- 18/02/1980 17/04/1980 60
Covarachía
La Sala desestimará el tiempo certificado por el director del Archivo de Soatá
como laborado por la accionante entre el 1 de julio y el 30 de noviembre de 1978,
en condición de maestra de alfabetización y educación de adultos, ya que no se
aportó la Resolución 1455 del 10 de octubre de 1978, que aparentemente efectuó
su nombramiento, ni se anexó documento alguno que demuestre la prestación
efectiva del servicio.
Tampoco se tendrá en cuenta el lapso que el secretario General y de Gobierno de
Covarachía certificó como laborado en ese municipio, entre el 18 de febrero y el
17 de abril de 1980, pues el funcionario indicó que para hacer la constancia tomó
como referente las actas de presentación de la actora para desempeñarse como
maestra interina de la Escuela Rural de Chivascoque.
Sin embargo, el funcionario no mencionó otros insumos que permitieran tener
certeza de la razón de su dicho en cuanto a los extremos de inicio y finalización de
la relación laboral, pues las actas de presentación no permiten identificar este
aspecto, por lo que era necesario aludir a otros documentos, como por ejemplo
actos de nombramiento, certificados de nómina, carga laboral, entre otros, que
respaldaran fehacientemente su afirmación.
22
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Demandante: María del Carmen Rangel Correa
En todo caso, sí está acreditada la vinculación que tuvo la demandante con el
departamento de Boyacá entre el 24 de julio y el 22 de noviembre de 1978.
En dicho lapso la señora María del Carmen Rangel Correa trabajó como maestra
en interinidad para cubrir las licencias que por motivos personales y maternidad le
fueron concedidas a la docente Nohemí Pico de Niño.
Para el efecto se aportaron dos resoluciones de nombramiento, tres oficios de
comunicación de la designación y tres resoluciones que otorgaron las aludidas
licencias. Si bien al Oficio 254 del 26 de septiembre de 1978 no se acompañó el
acto de nombramiento, su contenido ilustra con claridad que la demandante fue
designada para cubrir la licencia de maternidad de la señora Nohemí Pico de Niño
y al expediente se allegó la Resolución 001538 del 6 de noviembre de 1978, que
otorgó dicha licencia.
El contenido del Oficio 254 del 26 de septiembre de 1978 y de la Resolución
001538 del 6 de noviembre de 1978 son consistentes en la ocurrencia de la
situación administrativa de licencia de maternidad, la fecha de iniciación, su
duración y la institución educativa en que la que laboraron ambas docentes, una
como titular (Nohemí Pico de Niño) y la otra (María del Carmen Rangel Correa) en
interinidad para cubrir la vacancia temporal del empleo.
Entonces, los documentos allegados resultan suficientes para establecer con
certeza que la accionante laboró en La Anexa al Colegio Cooperativo de la
Presentación de Soatá. A su vez, la educadora fue designada por el secretario de
Educación y el jefe de Personal de Boyacá; además, se contó con el visto bueno
del delegado del Ministerio de Educación ante el FER de ese departamento.
De acuerdo con los actos de nombramiento y las autoridades que intervinieron en
su expedición, se concluye que la firma del delegado del Ministerio de Educación
ante el FER de Boyacá se encaminó a garantizar la disponibilidad de los recursos
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-03689-01 (1647-2019)
Demandante: María del Carmen Rangel Correa
para sufragar los salarios de la educadora con cargo al entonces situado fiscal,
pero esta circunstancia no conduce a concluir que ella tuvo la condición de
docente nacional.
Por el contrario, esta situación se ajusta a los preceptos del artículo 1 de la Ley 91
de 1989, en tanto dispone que son nacionalizados aquellos «docentes vinculados
por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los
vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de
1975».
Bajo este escenario, se concluye que la actora prestó sus servicios como docente
nacionalizada en razón a que su nombramiento acató el artículo 10 de la Ley 43
de 1975.
En efecto, la firma del delegado del Ministerio de Educación ante el FER de Boyacá
evidencia que el nombramiento atendió a los mandatos de la norma comento, la
cual dispuso que «[e]n adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni
el Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas
plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la
previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional».
Así las cosas, la demandante fue vinculada por una autoridad del orden territorial y
contó con el aval de las autoridades pertinentes, en el marco del proceso de
nacionalización de la educación que ordenó la Ley 43 de 1975.
Además, el carácter nacionalizado de la designación encuentra respaldo en el
artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispone que son nacionalizados aquellos
«docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero
de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto
por la Ley 43 de 1975». En similar sentido, la Corte Constitucional, mediante
Sentencia C-085 de 2002, indicó que los «docentes nacionalizados» son «los
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-03689-01 (1647-2019)
Demandante: María del Carmen Rangel Correa
vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, por las entidades territoriales»,
conforme ocurrió en el sub lite.
Se aclara que estas directrices normativas y jurisprudenciales operan en el
presente asunto, por cuanto las pruebas aportadas son suficientes para ratificar la
vinculación nacionalizada de la actora; sin embargo, en cada caso concreto
deberá analizarse si existen otros elementos de juicio que conduzcan a establecer
una conclusión distinta.
Entonces, el tiempo laborado en este primer período resulta computable para
determinar el derecho a la pensión gracia reclamada, el cual corresponde a 3
meses y 26 días; sin embargo, no sería suficiente para decretar la prestación, por
lo que deberá revisarse la vinculación restante.
2.4.2. Segundo período. Del 12 de marzo de 1981 al 29 de septiembre de
201540
Este segundo período está determinado por Decreto 416 del 2 de marzo de 1981,
proferido por el alcalde de Bogotá D.C., en su condición de presidente de la Junta
Administradora del FER. Dicho funcionario causó «novedades de personal docente
en la Secretaría de Educación Distrital», entre las que se destaca el nombramiento
de la actora como maestra dependiente de la División de Educación Primaria en la
Escuela Los Laureles, jornada mañana, Zona 7A.41
Bajo este escenario, y por razonamientos idénticos a los expresados frente al
primer período, se concluye que en este segundo lapso la señora María del
Carmen Rangel Correa tuvo una vinculación nacionalizada, pues el nombramiento
lo hizo una autoridad del orden territorial y contó con el visto bueno de la delegada
del Ministerio de Educación Nacional ante el FER de Bogotá D.C.
40 En esta fecha se expidió la última certificación laboral y se indicó que la actora seguía vinculado al servicio.
41 Folios 161 a 163.
25
Radicación: 25000-23-42-000-2013-03689-01 (1647-2019)
Demandante: María del Carmen Rangel Correa
Además, la designación se hizo en el ramo de la educación primaria, la cual
inicialmente estuvo a cargo y bajo la inmediata dirección y protección de los
departamentos, por disposición de la Ley 39 de 1903 y del Decreto 491 de 1904.
Posteriormente, este nivel educativo se vio inmerso en el proceso de
nacionalización de la educación.
En estas condiciones, el nombramiento efectuado por el Decreto 416 del 2 de
marzo de 1981 se ajusta a los preceptos de los artículos 10 de la Ley 43 de 1975 y
1 de la Ley 91 de 1989 para el personal nacionalizado, conforme se explicó en
precedencia.
Ahora bien, el a quo consideró que la intervención del FER en la vinculación de la
accionante permitía concluir que tuvo la condición de maestra del orden nacional;
sin embargo, esta conclusión se aleja de los análisis antes efectuados.
Además, los nombramientos de la demandante en los dos períodos estudiados
provinieron de la gobernación de Boyacá y de la alcaldía de Bogotá D.C., es decir,
que el Ministerio de Educación Nacional nunca fungió como nominador, como
tampoco se hizo referencia a una autorización por parte de esa cartera para hacer
la designación, ni que la plaza a ocupar fuera de esa naturaleza.
En consecuencia, no existe prueba alguna que permita afirmar que la señora
María del Carmen Rangel Correa tuvo una vinculación como docente nacional.
Inclusive, la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., al diligenciar el Formato
Único para Expedición de Certificado de Historia Laboral de la señora María del
Carmen Rangel Correa, especificó que el «tipo de vinculación» es
«nacionalizado».
Por su parte, el Ministerio de Educación hizo constar que en sus archivos no
reposaba documento alguno que diera cuenta de un historial laboral de la
demandante con esa cartera.
26
Radicación: 25000-23-42-000-2013-03689-01 (1647-2019)
Demandante: María del Carmen Rangel Correa
Es pertinente anotar que para la época en que fueron expedidos los actos de
nombramiento de la actora, esta corporación ha sostenido que los FER «eran
financiados con bienes o recursos aportados tanto por la Nación como por las
entidades territoriales, de cuya administración se responsabilizó a las
«autoridades» de los referidos entes, bajo la supervisión de un delegado del
Ministerio de Educación Nacional (artículo 31 ídem)».42
Frente a lo anterior, se ha concluido que los docentes no adquieren la condición
de nacionales por la intervención de un delegado del Ministerio de Educación ante
los fondos educativos regionales o porque sus salarios se pagaran con recursos
del situado fiscal o por el hecho de que las autoridades territoriales actuaran en
calidad de presidentes de las Juntas Administradoras de los FER.43
Conforme se expuso en acápites anteriores, esta Sección unificó su criterio en el
sentido de indicar que tales razonamientos no podían oponerse para reconocer la
pensión gracia, toda vez que los dineros provenientes del entonces situado fiscal -
ahora sistema general de participaciones- «le pertenecía[n] de forma exclusiva a
los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas
endógenas y exógenas».44
De esta manera, los docentes territoriales y/o nacionalizados no se convierten en
nacionales «por el argumento de que los recursos destinados para su
sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación» y ello tampoco ocurre
«cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo».
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-
2013-04683-01 (3805-2014).
43 Ver las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A: i) del 23 de marzo de 2023,
radicado 63001-23-33-000-2015-00045-01 (3422-2015); y ii) del 6 de julio de 2023, radicado 54001 23 33 000 2017
00661 01 (0605–2019).
44 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-
2013-04683-01 (3805-2014).
27
Radicación: 25000-23-42-000-2013-03689-01 (1647-2019)
Demandante: María del Carmen Rangel Correa
Además, la Ley 91 de 1989 únicamente definió como docentes nacionales a los
nombrados por la mencionada cartera ministerial y el artículo 15 ibidem amparó la
expectativa de quienes se habían vinculado antes del 31 de diciembre de 1980
como educadores territoriales o nacionalizados para acceder a la pensión gracia.
Bajo esta línea de intelección, la jurisprudencia ha explicado que para determinar
el tiempo de servicio válido para acceder a la pensión gracia, la Ley 91 de 1989 no
estableció exigencia alguna frente a los siguientes aspectos: a. contar con
determinado período de vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980;
b. que los servicios prestados como docente sean continuos o interrumpidos; c.
que para la referida fecha el maestro deba tener un vínculo laboral vigente.45
Así las cosas, en atención al artículo 1 de la Ley 91 de 1989, durante el primer y
segundo período analizados, la accionante tuvo una vinculación nacionalizada,
toda vez que fue nombrada por autoridades territoriales con posterioridad a la
expedición de la Ley 43 de 1975, por medio de la cual se adelantó la
nacionalización de la educación, y en la vinculación intervino un delegado del
ministerio de Educación Nacional ante el FER.
De otra parte, el tribunal de primera instancia argumentó que la señora Rangel
Correa no era destinataria de la pensión gracia por cuanto no demostró que
devengara una remuneración inferior en comparación con los profesores del orden
nacional; sin embargo, esta Subsección en anterior oportunidad desestimó el
anterior razonamiento, con fundamento en lo siguiente:46
Al respecto, esta Sala precisa que si bien es cierto, el legislador entre otros, como
fin económico buscó justificación en la iniciativa de la ley que consagró el derecho a
la pensión gracia (igualdad en las disposiciones salariales en el ejercicio de la
docencia oficial), también lo es, que tal condición no puede desvirtuar los
requerimientos previstos en la Ley 114 de 1913, especialmente en que el titular del
derecho ostente una vinculación de carácter municipal, departamental o distrital; de
tal forma, no es posible distorsionar las razones para la cual fue creada la norma
45 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de noviembre de 2017, radicado: 25000-23-42-000-2013-05752-01
(2535-16).
46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de febrero de 2024, radicado 25000-23-42-000-
2014-02454-01 (2663-2019).
28
Radicación: 25000-23-42-000-2013-03689-01 (1647-2019)
Demandante: María del Carmen Rangel Correa
para incumplir los requisitos propios de la prerrogativa pensional y dejar de
analizarlos bajo tal sustento.
De acuerdo con el referido criterio interpretativo, aunque el legislador creó la
pensión gracia con la finalidad de eliminar la diferencia salarial entre los docentes
territoriales y nacionales, tal objetivo no se entronizó como un requisito de acceso
a la prestación, por lo que no sería posible exigirlo en sede administrativa o
judicial.
A su vez, en la sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,47 antes citada,
esta corporación explicó que el propósito que orientó la creación de la pensión
gracia se diluyó a raíz del proceso de nacionalización de la educación y porque el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».
De ahí que la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la
pensión gracia para «atender a las nuevas circunstancias en que debía
desenvolverse el servicio educativo y que eliminaron la razón de ser de tal prestación,
pues ya no se presentaba la situación de desigualdad en las asignaciones salariales
de los docentes»;48 sin embargo, dicha norma también fijó unas reglas tendientes a
salvaguardar las expectativas de aquellos docentes territoriales y nacionalizados que
tuvieron una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, por ende, las
autoridades públicas están llamadas a garantizar esta prerrogativa concedida por el
legislador.
En consecuencia, en el presente caso el tiempo de servicio computable para
obtener la pensión gracia corresponde al siguiente:
Carácter de la plaza Desde Hasta Tiempo laborado
ocupada Día Mes Año Día Mes Año Días Meses Años
47 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
48 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
29
Radicación: 25000-23-42-000-2013-03689-01 (1647-2019)
Demandante: María del Carmen Rangel Correa
Nacionalizada 24/07/1978 22/11/1978 26 3 0
Nacionalizada 12/03/1981 15/11/2000 4 8 19
TOTAL 0 0 20
En esta tabla se tomó como referente los 20 años exactos de ejercicio docente,
pues ese es el requisito legal para acceder a la pensión gracia; sin embargo, se
aclara que los documentos aportados al plenario evidencian que la actora siguió
desempeñándose en tal condición por más tiempo. Es así como los 20 años de
servicio se cumplieron el 15 de noviembre de 2000, pero aún para el 29 de
septiembre de 2015 la señora Rangel Corre seguía trabajando como educadora.
De esta manera, la accionante probó con suficiencia el ejercicio de la profesión
docente por más de 20 años y cumplió con la exigencia de haberse vinculado
antes del 31 de diciembre de 1980; por lo tanto, la interesada demostró el requisito
del tiempo de servicio previsto por el legislador para acceder a la prestación
pretendida.
Además, la señora María del Carmen Rangel Correa cuenta con más de 50 años
de edad y durante su labor como docente no se registraron sanciones
disciplinarias, es decir, que demuestra los requisitos de edad, buena conducta y
desempeño con honradez y consagración previstos por la Ley 114 de 1913 para el
reconocimiento del beneficio pensional reclamado.
Ahora bien, la actora cumplió los 50 años de edad el 24 de diciembre de 2010,
fecha para la cual contaba con más de 20 años de servicio, es decir, que en ese
momento adquirió el derecho pensional.
Así las cosas, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará la
nulidad de los actos acusados y se ordenará el reconocimiento y pago de la
pensión gracia pretendida, en cuantía del 75% del promedio de los factores
devengados por la demandante en el año anterior a la consolidación de su estatus
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pensional, comprendido entre el 24 de diciembre de 2009 y el 24 de diciembre de
2010.
Para la ejecución de la sentencia, la interesada deberá aportar a la UGPP una
certificación expedida por la entidad territorial empleadora que establezca con
precisión el monto y fecha de causación de cada emolumento. A su turno, el fondo
de pensiones deberá computar en sus doceavas partes aquellos factores que
tengan una causación anual.49
La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del
Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus pensional»50 y cuya creación goce de respaldo
constitucional y legal.51
De otro lado, esta Subsección ha determinado que «según el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969 el derecho prescribirá a los tres años contados a partir de la
fecha en que la obligación se hace exigible, sin mencionar que su conteo es a
partir de que la entidad expide el acto administrativo que resuelve la pretensión
formulada».52
A su vez, se ha explicado que «presentada la petición ante la administración esta
interrumpe la prescripción y a partir de ese momento, el interesado cuenta con tres
años para su reclamación en sede judicial, al cabo de los cuales su inactividad
49 Al respecto ver las siguientes sentencias del Consejo de Estado: i) del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-
000-2016-00278-01 (3018-2017); ii) del 31 de enero de 2018, radicado 17001-23-33-000-2012-000269-01 (2926-2013); y
iii) del 2 de marzo de 2017, radicado 25001-23-42-000-2013-05374-01 (1363-15).
50 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i) del 25 de
enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-
42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-23-33-000-2014-00462-01 (1644-19).
51 En similar sentido, consultar la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
23 de octubre de 2023, radicado 25000234200020140053001 (5893-2018).
52 Auto del 13 de julio de 2023, radicado 05001-23-33-000-2013-01280-01 (0531-2016). En similar sentido puede
consultarse la sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicado 25000-23-42-000-2013-01580-01(0945-19).
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implicará la extinción de su derecho, y por ende, no será posible acceder al
restablecimiento del derecho».53
De acuerdo con los anteriores lineamientos, se concluye que en este caso no
operó la prescripción de las mesadas pensionales, ya que el derecho se hizo
exigible a partir del 24 de diciembre de 2010, la actora lo reclamó ante la
administración el 11 de mayo de 2012 y radicó la demanda el 26 de junio de
2013,54 es decir, que no transcurrieron más de 3 años entre las citas fechas.
La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:
R= RH Índice Final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que la demandante obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.
De otro lado, no se reconocerán los intereses moratorios solicitados por la
accionante, pues esta corporación ha precisado que conforme al artículo 141 de la
Ley 100 de 1993, aquellos solo proceden «en los casos en los que el pago de las
mesadas pensionales no se discute porque está en firme el reconocimiento de la
53 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de septiembre de 2021, radicado 54001-23-33-
000-2014-00010-01 (3243-19).
54 Folios 45 (reverso) y 46.
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prestación a quien ostenta la calidad de pensionado y lo que se presenta es una
negativa de la entidad a efectuar el pago».55
Bajo el anterior lineamiento, los intereses de mora no pueden decretarse cuando
la pensión aún no ha sido reconocida, como ocurre en el sub lite, pues hasta el
momento de proferirse el fallo el derecho reclamado se encuentra en discusión,
por ende, no existe un acto administrativo que radique la prestación en cabeza del
demandante y le permita exigir su pago oportuno.56
2.5. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,57
en la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080
de 2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que
«[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de agosto
de 2020, radicado: 76001-23-33-000-2016-01824-01 (2923-2019)
56 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de julio de
2020, radicado: 76001-23-33-000-2014-00581-01 (2162-2019).
57 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor:
José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.
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De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la
sustentación jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es
procedente o no imponer costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la
convicción de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron
pruebas y se apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un
pronunciamiento favorable a sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de
imponer condena en costas.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo debe ser revocada y, en
su lugar, se ordenará el reconocimiento de la pensión gracia reclamada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 7 de junio de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que negó las
pretensiones de la demanda de la referencia, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia. En su lugar, se dispone lo siguiente:
Segundo. Declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 002120 del 18 de enero de
2013, RDP 012240 del 13 de marzo de 2013 y RDP 015225 del 4 de abril de 2013,
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mediante las cuales la UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia de la
actora.
Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
reconocer y pagar la pensión gracia de la señora María del Carmen Rangel
Correa, identificada con cédula de ciudadanía 24.078.934, en cuantía del 75% del
promedio de los factores devengados en el año anterior a la consolidación de su
estatus pensional, comprendido entre el 24 de diciembre de 2009 y el 24 de
diciembre de 2010, según certificación que deberá expedir el ente territorial
empleador, conforme se explicó en la parte motiva de esta sentencia.
Cuarto. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo
en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación
de la fórmula matemática indicada en las consideraciones de esta sentencia.
Quinto. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo en los
términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.
Sexto. Negar las demás pretensiones de la demanda.
Séptimo. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Octavo. Reconocer personería al abogado Carlos Arturo Orjuela Góngora como
apoderado de la UGPP, según poder que obra en la plataforma SAMAI del Consejo
de Estado. Igualmente, se acepta la posterior renuncia presentada por el
mencionado profesional.
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Noveno. Reconocer personería a la Unión Temporal Pensiones (representada
legalmente por la abogada Marcela Patricia Ceballos Osorio) como apoderada
principal de la UGPP, conforme al poder que obra en la plataforma SAMAI del
Consejo de Estado. Igualmente, se reconoce al abogado Carlos Arturo Sánchez
Medina como apoderado sustituto de dicha parte, en atención a la sustitución
radicada también en la referida plataforma.
Décimo. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
cgg
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