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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-04126-01

Fecha
5 de mayo de 2022
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Velez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-04126-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA CONFIRMAR la sentencia de 30 de junio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Jorge Buitrago Mahecha en contra de la Nación- Policía Nacional., de conformidad a lo expuesto a la parte motiva de la presente providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2013-04126-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez

5 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá D. C., 5 de mayo de 2022.

Radicado No. 250002342000201304126 01
No. Interno: 2740-2018.
Actor: Jorge Buitrago Mahecha.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional-.
Trámite: Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho / Segunda Instancia.
Asunto: Establecer si es procedente aplicar el régimen
prestacional de los Oficiales y Suboficiales de la
Policía Nacional a quienes se han trasladado al
Nivel Ejecutivo, pese a que este último contempló
un régimen prestacional distinto.

Ha venido el proceso de la referencia con el informe de la Secretaría de la
Sección de 27 de octubre de 20211, después de surtidas a cabalidad las demás
etapas procesales y de establecer que no obra en el proceso irregularidades o
nulidades procesales que deban ser saneadas, para decidir el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 30 de junio
de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, por medio de la cual negó las pretensiones de la
demanda incoada por el señor Jorge Buitrago Mahecha en contra de la Nación-
Policía Nacional.

I. ANTECEDENTES2

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011-, el señor Jorge Buitrago
Mahecha, actuando a nombre propio, presentó demanda con el fin de que se
declare la nulidad del Oficio S-2013-049580/ADSAL-GRUNO-22 de 21 de
febrero de 2013, suscrito por el Jefe de Área Administración Salarial de la Policía
Nacional, por medio del cual se le negó el derecho a la liquidación y el pago de
las primas, bonificaciones y subsidios que se le venían cancelando antes de
homologarse al nivel ejecutivo3.

Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del
derecho solicitó: (i) el reconocimiento de la prima de actividad, la prima de
antigüedad, subsidio familiar y las demás prestaciones sociales que devengaba

1
Informe visible a folio 198 del expediente.
2
Demanda visible a folios 2 a 22.
3
Corresponden por concepto de las primas de actividad, antigüedad, subsidio familiar, ministerial,
subsidios y cesantías retroactivas.

2

Radicado No. 250002342000201304126 01
No. Interno: 2740-2018
Actor: Jorge Buitrago Mahecha.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional-.

antes de homologarse al nivel ejecutivo «contenidas en el Decreto 1212 de 1990»;
(ii) el pago de 100 salarios mínimos por concepto de daño moral; y, (iii) dar
aplicación a la sentencia en los términos de los artículos 187, 188 y 192 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Para una mejor compresión del caso, la Sala se permite realizar un resumen de
la situación fáctica del demandante, así:

El señor Jorge Buitrago Mahecha ingresó a la Policía Nacional el 30 de julio de
1982 como Alumno Suboficial de la Policía Nacional; posteriormente, fue
ascendido a Suboficial por medio de la Resolución 013134 de 14 de diciembre
de 1993; y, el 1º de marzo de 1994 fue homologado al Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional4. Actualmente se encuentra en uso del buen retiro y, por ello,
le fue reconocida la asignación de retiro.

El 5 de febrero de 2013 le solicitó al Director General de la Policía Nacional el
reconocimiento y pago de las prestaciones laborales, tales como, la prima de
actividad, la prima de antigüedad, subsidio familiar, por pertenecer al escalafón
de Suboficial con anterioridad al ingreso al Nivel Ejecutivo de la Policía, ya que
de acuerdo con la Ley 4ª de 1992 no se podían extinguir estos beneficios. La
anterior petición fue negada por parte del Jefe de Área Administración Salarial
de la Policía Nacional el 21 de febrero de 2013, a través del acto acusado, bajo
el argumento de que el Decreto 1091 de 1995 no especificó las partidas
pretendidas.

1.2 Normas violadas y concepto de violación.

Como disposiciones violadas citó las siguientes:

Constitución Política, artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 48, 53, 83, 84, 121 y 220;
Código Sustantivo del Trabajo; Leyes 4ª de 1992; 180 de 1995; 244 de 1995 y
923 de 2004, Decretos 1212 de 1990, artículos 68, 71, 82, 89, 143 y 214; 132
de 1995 y 2863 de 2007.

Como concepto de violación de las normas invocadas, el demandante consideró
que el acto acusado está viciado de nulidad, porque:

La entidad demandada ha desestimado sus derechos adquiridos, en la medida
en que le dejaron de cancelar las primas, subsidios, bonificaciones y cesantías
desde julio de 1994, concretamente, porque no le es permitido a la
Administración discriminar ni desmejorar cuando ingresó al Nivel Ejecutivo de
la Policía Nacional.

El ente demandado le brindó un trato desigual y discriminatorio a los
Suboficiales de la Policía Nacional que se homologaron el Nivel Ejecutivo, al
aplicar una disposición que desmejora los factores salariales y prestacionales,
pues contraría no sólo las normas constitucionales que ordenan la igualdad 5

4
Información tomada de la Hoja de Servicios Visible a folio 13.
5
Respecto del derecho a la igualdad, citó las Sentencias SU-519 de octubre 15 de 1997, M. P. Dr. José
Gregorio Hernández Galindo y T-245/99 M. P. Dr. Antonio Barrera Carbonel.

3

Radicado No. 250002342000201304126 01
No. Interno: 2740-2018
Actor: Jorge Buitrago Mahecha.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional-.

ante la ley, sino las Leyes 4ª de 1992 y 180 de 1995, las cuales, entre otras,
prohibieron cualquier discriminación respecto del Decreto 1212 de 1990, que es
el referente para no desmejorar la situación anterior.

Indicó que se le violó el debido proceso al momento en que no se efectuó el
procedimiento adecuado para suprimir o extinguir los derechos que venía
recibiendo desde que ingresó a la Institución, máxime cuando se tratan de
derechos irrenunciables. Así mismo se pasó por alto, de igual modo, aquellos
principios mínimos fundamentales, tales como la irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales; las facultades para
transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; la situación más
favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, así como lo establecido
en las Leyes 4ª de 1992, 180 de 1995 y el Decreto 132 de 1995, que prohibieron
cualquier discriminación o desmejora para estos servidores, respecto del
Decreto 1212 de 1990, el cual es el referente para no desmejorar la situación
anterior.

Finalmente, el régimen salarial y prestacional de los miembros de la Policía
Nacional se encuentra regulado por diferentes normatividades, las cuales no
muestran una adecuada concatenación frente a las Leyes Marco, lo cual ha
generado la declaratoria de nulidades que dejan vacíos normativos y dificultan
la interpretación; debe tenerse en cuenta que al momento en que ingresó al
Nivel Ejecutivo, para ese momento no se habían expedido las nuevas
regulaciones y se continuaban rigiendo las disposiciones contenidas en el
Decreto 1212 de 1990.

1.3 Contestación de la demanda6.

La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, a través de su apoderado,
contestó la demanda dentro de la oportunidad legal y solicitó negar las súplicas
con fundamento en los siguientes argumentos:

Los actos demandados fueron expedidos en legal forma, por autoridad
competente y de acuerdo con las normas vigentes que regulan el régimen
prestacional y de asignación de retiro del personal del nivel ejecutivo, esto es,
en aplicación de los Decretos Nos. 1091 de 1991 y 4433 de 2003, por ende, el
demandante debe tener en cuenta el principio de inescindibilidad normativa, el
cual establece que no es procedente la aplicación de fragmentos de normas
que se excluyen entre sí.

En su sentir, la situación jurídica del demandante en lo que tiene que ver con el
cambio de régimen y permanencia en la Policía Nacional, ya es una situación
consolidada, a la cual se acogió de manera voluntaria en el año de 1994, cuando
se agrupó la carrera de los suboficiales y agentes de la policía en una sola,
estableciendo exclusivamente dos carreras: oficiales y nivel ejecutivo.

6
Visible a folios 62 a 85 del expediente.

4

Radicado No. 250002342000201304126 01
No. Interno: 2740-2018
Actor: Jorge Buitrago Mahecha.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional-.

Bajo ese contexto, al homologarse al régimen de nivel ejecutivo el señor Jorge
Buitrago Mahecha ha recibido una serie de beneficios que han sido mejores,
pues si bien algunas partidas de carácter salarial fueron suprimidas al cambiar
de régimen, como las reclamadas en la demanda, surgieron nuevas prebendas
salariales que hicieron al personal optar por el cambio, teniendo en cuenta los
efectos patrimoniales7.

1.4 La sentencia apelada8.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
mediante sentencia de 30 de junio de 2015, denegó las pretensiones de la
demanda con fundamento en los siguientes argumentos:

Mientras el demandante estuvo laborando al servicio de la Policía Nacional
como Suboficial, se le aplicaron las disposiciones salariales y prestacionales
establecidas en los Decretos 1213 de 1990; así mismo, durante el tiempo que
estuvo laborando en el Nivel Ejecutivo su situación estuvo regulada por el
Decreto 1091 de 1995 y el Decreto 4433 de 2004. Fue por ello que la
homologación a la que se sometió el señor Jorge Buitrago Mahecha le permite
estar amparado por la prohibición de discriminar sus condiciones salariales o
prestacionales; por tal motivo, no es viable tomar factor por factor para
determinar si en efecto existe un desmejoramiento, pues ello equivaldría a crear
un nuevo régimen compuesto por elementos más favorables.

Resaltó que las normas que regularon el régimen salarial y prestacional de la
Policía Nacional resultaron ser más beneficiosas que las anteriores, dado que
lo que se buscó fue mejorar la remuneración a quienes pertenecían a dicho
ente, de modo que no es posible que el demandante después de haber
disfrutado de los beneficios que le otorgó el Nivel Ejecutivo, pretenda la
aplicación de un régimen que, por demás, no le resulta aplicable

1.5 El recurso de apelación9.

El demandante interpuso recurso de apelación en contra del proveído anterior,
bajo los siguientes argumentos.

En su sentir, se desconoció lo dispuesto en las Leyes 4ª de 1992; 180 de 1995,
las cuales consagran la prohibición de desmejorar o discriminar a aquellos
uniformados de la Policía Nacional que se acogieran al Nivel Ejecutivo. Si se
tiene en cuenta que desmejorar significa perder las condiciones originales, en
el presente caso, no se podrían desmeritar las condiciones prestacionales
traídas desde el Decreto 1212 de 1990, tales como las primas de actividad, de
antigüedad, subsidio familiar, bonificación por buena conducta, auxilio de
cesantías.

7
Decreto 1091 de 1995, mediante el cual se estableció el régimen de asignaciones y prestaciones para
el personal del nivel ejecutivo.
8
Visible a folios 162 a 168 del expediente.
9
Visible a folios 178 a 188 del expediente.

5

Radicado No. 250002342000201304126 01
No. Interno: 2740-2018
Actor: Jorge Buitrago Mahecha.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional-.

No debe aplicarse el principio de inescindibilidad por cuanto se trata de un solo
régimen que regula a las Fuerzas Armadas que fue demarcado por las Leyes 4ª
de 1992 y 180 de 1995 y, además, en razón a la condición más beneficiosa del
trabajador.

A su juicio, le es aplicable el régimen anterior a la incorporación, pues el Decreto
180 de 1995 indicó que no se les podía desmejorar ni discriminar sus beneficios
salariales y prestacionales; por tal motivo, el acto acusado vulneró, entre otros,
los preceptos constitucionales estipulados en el artículo 29, 48 y 53 de la
Constitución Nacional, al no efectuarse un debido proceso administrativo, ya
que los Decretos 1091 de 1995, 1791 de 2000 y 4433 de 2004 no adecuaron
un régimen de transición.

Existe un precedente en el que el Consejo de Estado 10 accedió a las
pretensiones de la demanda, en un caso en donde un miembro de la Policía
Nacional fue homologado al nivel ejecutivo.

II. CONSIDERACIONES

Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con las exposiciones que obran en el recurso de apelación,
establece la Sala como problema jurídico el siguiente:

Determinar si es procedente aplicar a el señor Jorge Buitrago Mahecha el
régimen prestacional de los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional
previsto en el Decreto Ley 1212 de 1990 en razón de lo establecido por
la Ley 180 de 1995 y el Decreto 132 de 1995, que señaló una protección
para quienes estando al servicio de la Policía Nacional, se trasladaban al
Nivel Ejecutivo de la misma, pese a que este último contempló un régimen
prestacional distinto.

Bajo ese contexto, la Sala decidirá el asunto sometido a su consideración en el
siguiente orden: i) del marco normativo y jurisprudencial aplicable; y, ii) del caso
en concreto.

i) Régimen normativo y jurisprudencial aplicable.

Atendiendo a lo sostenido en la Ley 62 de 12 de agosto de 1993 11, por la cual
se expiden disposiciones sobre la Policía Nacional y, entre otras, se conceden
facultades extraordinarias al Presidente de la República, el Gobierno Nacional
profirió los Decretos Nos. 41 de 10 de enero de 1994, “por el cual se modifican las
normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional y se
dictan otras disposiciones”12, y 262 de 31 de enero de 199413, “por el cual se
modifica las normas de carrera del personal de Agentes de la Policía Nacional y se
dictan otras disposiciones”.

10
CONSEJO DE ESTADO sentencia de 17 de abril de 2013, radicado 05001233100020110007901
(0735-2012).
11
Diario Oficial No. 40987 de 12 de agosto de 1993.
12
Diario Oficial No. 41168 de 11 de enero de 1994.
13
Diario Oficial No. 41201 de 31 de enero de 1994.

6

Radicado No. 250002342000201304126 01
No. Interno: 2740-2018
Actor: Jorge Buitrago Mahecha.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional-.

El primero de los mencionados Decretos fue objeto de pronunciamiento de
inexequibilidad parcial por parte de la Corte Constitucional a través de la
Sentencia C-417 de 1994, en tanto se refirió al “Nivel Ejecutivo” de la Policía
Nacional; en la medida en que la Ley habilitante, esto es la 62 de 1993, no
contempló el citado Nivel14, por lo que, en consecuencia, se evidenció un exceso
del límite material fijado por aquella.

Por su parte, en el artículo 7º del segundo de los citados Decretos se dispuso
que los Agentes, previo cumplimiento de los requisitos allí establecidos, podían
ingresar al primer grado del nivel ejecutivo. Y, en el artículo 8º ibídem, se
estableció que:

“(…) RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL PERSONAL DEL NIVEL
EJECUTIVO. Los agentes a que se refiere el artículo anterior, que ingresen al nivel
ejecutivo, se someterán al régimen salarial y prestacional, determinado en las
disposiciones que sobre salarios y prestaciones dicte el Gobierno Nacional (…).”.

Posteriormente, mediante el artículo 1º de la Ley 180 de 13 de enero de 199515
se modificó el artículo 6º de la Ley 62 de 1993 16, consagrándose, por primera
vez de manera ajustada al ordenamiento jurídico, el Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional como parte de la estructura de dicha Institución 17. Adicionalmente, en
el artículo 7º ibídem se concedieron facultades extraordinarias al Presidente de
la República con el objeto de regular, entre otros aspectos, las asignaciones
salariales, primas y prestaciones sociales del estudiado Nivel Ejecutivo;
disponiendo en el parágrafo ídem que:

“(…) La creación del Nivel Ejecutivo no podrá discriminar ni desmejorar, en ningún
aspecto, la situación actual de quienes estando al servicio de la Policía Nacional
ingresen al Nivel Ejecutivo. (…)”.

En virtud de dichas facultades se expidió el Decreto 132 de 13 de enero de
199518, “por el cual se desarrolla la carrera profesional del Nivel ejecutivo de la Policía

14
Al respecto, en el artículo 6º puntualizó: “La Policía Nacional está integrada por oficiales, suboficiales,
agentes, alumnos y por quienes presten el servicio militar obligatorio en la Institución, así como por los
servidores públicos no uniformados pertenecientes a ella, unos y otros sujetos a normas propias de
carrera y disciplina en la forma que en todo tiempo establezca la Ley.”.
15
“Por la cual se modifican y expiden algunas disposiciones sobre la Policía Nacional y del Estatuto
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional y se otorgan facultades extraordinarias al
Presidente de la República para desarrollar la Carrera Policial denominada "Nivel Ejecutivo", modificar
normas sobre estructura orgánica, funciones específicas, disciplina y ética y evaluación y clasificación
y normas de la Carrera Profesional de Oficinas, Suboficiales y Agentes.” Publicada en el Diario Oficia
No. 41676 de 13 de enero de 1995.
16
La norma en comento consagró: “La Policía Nacional está integrada por Oficiales, personal del Nivel
Ejecutivo, Suboficiales, Agentes, Alumnos y por quienes presten el servicio militar obligatorio en la
Institución, así como por los servidores públicos no uniformados, pertenecientes a ella, unos y otros
sujetos a normas propias de carrera y disciplina en la forma que en todo tiempo establezca la ley.”.
17
En relación con la filosofía de profesionalización que inspiró la creación del referido nivel, en la
Sentencia del Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, de 1º de noviembre de 2005,
C.P. doctor Tarsicio Cáceres Toro, radicado 2001-6432-01, expresó: “Se considera que el Legislador
bien podía proceder, como lo hizo, otorgando una protección especial al personal en servicio activo de
la Policía nacional que ingresara al nuevo nivel ejecutivo, ya que de no hacerlo sería difícil tal movimiento
de personal. La protección señala que no puede discriminarse ni desmejorarse, en ningún aspecto, la
situación actual de dicho personal, se entiende que en lo compatible.”.
18
Diario Oficia No. 41676 de 13 de enero de 1995.

7

Radicado No. 250002342000201304126 01
No. Interno: 2740-2018
Actor: Jorge Buitrago Mahecha.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional-.

nacional”, consagrando: (a) en el artículo 13, la posibilidad de que los Agentes
en servicio activo ingresaran al nivel ejecutivo; (b) en el artículo 15, la sujeción
del personal que ingresara al referido Nivel al régimen salarial y prestacional
determinado por el Gobierno Nacional; y, (c) en el artículo 82, lo siguiente:

“(…) El ingreso al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional no podrá discriminar, ni
desmejorar, en ningún aspecto la situación de quienes están al servicio de la Policía
Nacional (…)”.

Finalmente, en el artículo transitorio 1º del Decreto 132 de 1995, se dispuso:

“(…) El personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional que se encontraba
incorporado a la Policía Nacional, en el momento en que se declaró inexequible
parcialmente el Decreto 41 de 1994, quedará automáticamente incorporado a la
carrera que regula el presente Decreto, en el mismo grado, con la misma antigüedad
que ostentaba, sin que para ello sea necesario ningún otro requisito y sin que se
produzca solución de continuidad en la prestación del servicio policial para todos los
efectos legales (…)”.

Por el Decreto No. 1091 de 27 de junio de 1995, a su turno, el Presidente de la
República expidió el Régimen de asignaciones y prestaciones del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional19-20, contemplando, entre otros, los siguientes
conceptos: primas de servicio, del nivel ejecutivo, de retorno a la experiencia,
de vacaciones y, de navidad; y, subsidios de alimentación y familiar.

Más adelante, mediante el Decreto No. 1791 de 14 de septiembre de 2000 21,
“por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel
Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional”, se dispuso en el artículo
10º la posibilidad de los Agentes de ingresar al Nivel Ejecutivo, considerándose
en el parágrafo ídem que: “[e]l personal de Suboficiales y de Agentes de que tratan
los artículos 9 y 10 del presente Decreto, se someterán al régimen salarial y
prestacional establecido para la carrera del Nivel Ejecutivo.”.

19
En desarrollo de lo dispuesto en el literal d) del artículo 1º de la Ley 4ª de 1992, que establece: “El
Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta Ley, fijará el
régimen salarial y prestacional de:
[…]
d) Los miembros de la Fuerza Pública.”.
20
En relación con la posibilidad de que el Gobierno Nacional, con sujeción a la Ley Marco No. 4 de
1992, expidiera dicho régimen, la Corte Constitucional manifestó en la Sentencia C-1269 de 2000, que:
“3. La presunta omisión en el ejercicio de las facultades extraordinarias, por no haber el Ejecutivo
ejercido la facultad de señalar el régimen salarial y prestacional del nivel ejecutivo. La Corporación
tampoco encuentra fundamento en este cargo, pues como bien lo anotan tanto la apoderada del
Ministerio de Defensa, como el Procurador General de la Nación, el artículo 15 del Decreto 132 de 1995
contiene la regulación normativa concerniente al régimen salarial y prestacional para el personal del
nivel ejecutivo de la Policía Nacional, previsión conforme a la cual, el personal que ingrese a ese nivel
se someterá al régimen salarial y prestacional determinado en las disposiciones que sobre salarios y
prestaciones, dicte el Gobierno Nacional
(…)
Así, pues, fue lo correcto que, en este aspecto, se limitara a hacer remisión al instrumento de concreción
constitucionalmente válido de su competencia legislativa en esta materia, pues aun cuando el régimen
salarial y prestacional del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional es elemento integrante del
sistema de administración del referido personal, no puede perderse de vista que tiene su propia fuente
de validez formal y material, por lo que debía desarrollado mediante Decreto Reglamentario de la Ley
Marco de salarios, No. 4ª. de 1992, como en efecto ocurrió, al regularse mediante el Decreto 1091 de
1995.”.
21
Diario Oficial No. 44161 de 14 de septiembre de 2000. Este cuerpo normativo fue declarado
inexequible, en varias de sus disposiciones, a través de la Sentencia C-253 de 2003.

8

Radicado No. 250002342000201304126 01
No. Interno: 2740-2018
Actor: Jorge Buitrago Mahecha.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional-.

El aparte transcrito, debe advertirse, fue objeto de pronunciamiento de
exequibilidad por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-691 de
2003, providencia en la que se resaltó que: (i) el traslado de agentes y
suboficiales al nivel ejecutivo era voluntario; (ii) la sujeción a un régimen especial
con el cambio de nivel era completamente válido; y, (iii) en todo caso, la
normativa contenida en la Ley 180 de 1995, y concordantes, impedía el
desmejoramiento de las condiciones salariales y prestacionales de quienes
venían ya vinculados con la Policía y procedían a optar por el traslado al nivel
Ejecutivo. Al respecto, se precisó:

“(…) La Corte estima que dicho cuestionamiento corresponde a una indebida
interpretación de la norma, pues ella no está diseñada para desconocer situaciones
ya consolidadas sino para regular las condiciones de aquellos agentes y suboficiales
que con posterioridad a su entrada en vigencia decidan ingresar al nivel ejecutivo de
la Policía, siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos por la institución. Así
mismo, del contenido del parágrafo no se desprende que se autorice despojar a los
agentes y suboficiales de sus honores o pensiones como equivocadamente lo sugiere
el demandante.
(…)
Por lo demás, el Decreto 1791 de 2000 establece que para el ingreso al nivel ejecutivo
de la Policía Nacional debe mediar la solicitud del interesado, lo cual deja en manos
del aspirante la decisión de postular o no su nombre para el cambio jerárquico dentro
de la institución. Pero si por alguna razón el aspirante no es favorecido con el ingreso,
permanecerá en el nivel en el que se encontraba y conservará el régimen salarial y
prestacional previsto para esa categoría. Tal circunstancia implica entonces el respeto
de sus derechos, honores y pensiones y lo deja en libertad de quedarse, si lo
considera más favorable de acuerdo con sus intereses, en el nivel en el que se
encuentre. (…)”.

Dentro de este marco también resulta oportuno referir que, claramente, en dos
oportunidades esta Corporación, en sede de control abstracto de legalidad, ha
tenido ocasión de pronunciarse sobre la protección a que hace referencia el
parágrafo del artículo 7º de la Ley 180 de 1995 y el artículo 82 del Decreto 182
de 1995.

Así, en la Sentencia de 14 de febrero de 2007, proferida por la Sección
Segunda, con ponencia del Consejero Alberto Arango Mantilla, se declaró la
nulidad del artículo 51 del Decreto No. 1091 de 27 de junio de 1995, por el cual
se reguló la asignación de retiro para el Nivel Ejecutivo, al considerar que esta
materia no podía ser definida en sus líneas generales y fundamentales por el
Presidente de la República, sino por el Legislador a través de una Ley Marco22.
En dicha oportunidad, además, se precisó que:

“(…) Adicionalmente, dirá esta Sala que al regularse nuevas disposiciones en materia
prestacional, sin entrar a diferenciar entre quienes ingresaron al Nivel Ejecutivo desde el
momento de su creación respecto de los que se vincularon con posterioridad y de
quienes permanecieron como suboficiales o agentes en la Institución Policial, esto es,
sin consagrarse un régimen de transición, se estarían desconociendo, asimismo, unos
postulados constitucionales (arts. 13, 48 y 53) y legales (art. 7º - parágrafo - de la Ley
180 de 1995), que amparan y protegen de manera especial los beneficios mínimos
establecidos en las normas laborales, los que, de no tenerse en cuenta, violarían el
principio de la buena fe y de la confianza legítima. (…)”.

22
Radicado interno No. 1240-2004, actor: Ferney Enrique Camacho González.

9

Radicado No. 250002342000201304126 01
No. Interno: 2740-2018
Actor: Jorge Buitrago Mahecha.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional-.

Por su parte, en la providencia de la Sección Segunda, de 12 de abril de 2012,
con ponencia del Consejero Alfonso Vargas Rincón, se efectuó un
pronunciamiento de fondo en relación con la legalidad del parágrafo 2º del
artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, por el cual se reguló nuevamente la
asignación de retiro de los miembros del nivel ejecutivo. En dicha oportunidad,
se declaró la nulidad de la disposición demandada23.

Con tal objeto, se precisó que uno de los cargos en que se fundó la demanda
consistió en afirmar que con dicha norma se vulneraron los derechos de los
Agentes y Suboficiales que se incorporaron al Nivel Ejecutivo al haber
incrementado el tiempo requerido para acceder a la asignación de retiro [en
comparación con los Decretos 1213 y 1212 de 1990, respectivamente].

De la anterior normativa y jurisprudencia, entonces, queda claro que quienes
pertenecían al nivel de Agentes y Suboficiales de la Policía Nacional tenían la
posibilidad de acceder, voluntariamente, a la carrera del Nivel Ejecutivo; y, que
quienes así lo hicieran debían someterse al régimen salarial y prestacional que
estableciera el Gobierno Nacional, sin ser desmejorados o discriminados, en
todo caso, en su situación laboral.

En relación con este último aspecto, debe advertirse que se convierte en una
regulación expresa de la prohibición de retroceso o de regresividad derivada del
principio de progresividad al que están sometidas las facetas prestacionales de
los derechos constitucionales.

En este marco, de una lectura armónica v. gr. del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales 24, con especial cuidado del artículo
2.1.25, se deriva que los Estados deben lograr la satisfacción plena de los
derechos que allí se consagran [entre los cuales se hace referencia al trabajo y
a su adecuada remuneración] de manera gradual y en progreso26. Bajo esta
línea, aunque no se desconocen los esfuerzos económicos que se deben
adelantar para la consecución de máximos niveles de satisfacción de este tipo
de bienes, tampoco es dable, en principio27, que el Estado, so pena de vulnerar
el mandato de “progreso”, disminuya el nivel de protección que ha alcanzado
por la vía de gradualidad, por lo que, tanto a nivel internacional como nacional,
se ha considerado que uno de los imperativos derivados del referido principio
de progresividad es la prohibición de retroceso o regresividad, la cual se ha
entendido por la Corte Constitucional, en la Sentencia T-428 de 2012, en los
siguientes términos:

23
Actualmente, mediante el Decreto 1858 de 2012 se reguló este régimen para el nivel ejecutivo.
24
Incorporado a nuestro ordenamiento jurídico en los términos del artículo 93 de la Constitución Política.
25
En similar sentido ver el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Adicionalmente, en materia del principio – derecho a la seguridad social, el artículo 48 inciso 3º de la
C.P. consagra el principio de progresividad.
26
Al respecto ver la Observación General No. 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de la ONU.
27
“En principio” implica que en nuestra jurisprudencia constitucional se ha establecido una presunción
de inconstitucional de las medidas que impliquen un retroceso, sin perjuicio de que, asumiendo una
carga argumentativa, se justifiquen constitucional y legalmente las decisiones adoptadas en contravía
de este mandato, por perseguir fines constitucionales imperiosos [ver la Sentencia T-043 de 2007].

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Radicado No. 250002342000201304126 01
No. Interno: 2740-2018
Actor: Jorge Buitrago Mahecha.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional-.

“(…) 2.4. El último aspecto, denominado prohibición de regresividad o prohibición de
retroceso, se desprende de forma inmediata del mandato de progresividad y, de
manera más amplia, del principio de interdicción de arbitrariedad, propio del Estado
de Derecho: si un Estado se compromete en el orden internacional y constitucional a
ampliar gradualmente la eficacia de algunas facetas prestacionales de los derechos
constitucionales, resulta arbitrario que decida retroceder en ese esfuerzo de manera
deliberada (…)”28.

También debe advertirse que, tal como lo establece el inciso 10º del artículo 48
[en materia pensional] y el artículo 58 de la Constitución Política, dentro de
nuestro régimen normativo existe una protección especial a los derechos
adquiridos, entendidos como aquellos que ingresaron al patrimonio de un
particular y que, por tanto, son inmodificables. Al respecto, en la Sentencia C-
038 de 2004, reiterada por la Sentencia T-662 de 2011 se consideró sobre los
derechos adquiridos, que:

“(…) Bien, el derecho adquirido es aquel que se entiende incorporado al patrimonio
de la persona, por cuanto se ha perfeccionado durante la vigencia de una ley. Esto
significa que la ley anterior en cierta medida ha proyectado sus efectos en relación
con la situación concreta de quien alega el derecho. Y como las leyes se estructuran
en general como una relación entre un supuesto fáctico al cual se atribuyen unos
efectos jurídicos, para que el derecho se perfeccione resulta necesario que se hayan
verificado todas las circunstancias idóneas para adquirir el derecho, según la ley que
lo confiere. En ese orden de ideas, un criterio esencial para determinar si estamos o
no en presencia de un derecho adquirido consiste en analizar si al entrar en vigencia
la nueva regulación, ya se habían cumplido o no todos los supuestos fácticos
previstos por la norma anterior para conferir el derecho, aun cuando su titular no
hubiera todavía ejercido ese derecho al entrar en vigor la nueva regulación (…)”.

Finalmente conviene advertir que en relación con el mandato de no regresividad
y con la protección de derechos adquiridos, el literal a) del artículo 2º de la Ley
4ª de 1992 [normativa a la que se sujetó el Gobierno Nacional al expedir el
Decreto No. 1091 de 1995], dispuso:

“(…) Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores enumerados
en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos
y criterios:
a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del
régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán
desmejorar sus salarios y prestaciones sociales;
(…)”.

ii) Caso en concreto.

Referido el anterior marco normativo y jurisprudencial debe determinar la Sala
si es dable ordenar el reconocimiento incoado por la interesada, teniendo en
cuenta si, para el efecto, es dable aplicar el Decreto 1212 de 1990, en relación
con el reconocimiento de las primas y los beneficios salariales y prestacionales
reclamados.

28
Para una mayor comprensión del asunto se pueden ver, entre otras, las Sentencias C-251 de 1997,
SU-624 de 1999, C-1165 de 2000, C-1098 de 2002, T-043 de 2007 y C-228 de 2011; y, consultar “Ni
un paso atrás - La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales”, Christian Courtis
(Compilador), CEDAL Centro de Asesoría Laboral y Centro de Estudios Legales y Sociales; Editores
del Puerto s.r.l., Argentina, 2006.

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Radicado No. 250002342000201304126 01
No. Interno: 2740-2018
Actor: Jorge Buitrago Mahecha.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional-.

Con miras a resolver el punto objeto de controversia, lo primero que se debe
advertir es que está plenamente demostrado dentro del expediente29 que el
señor Jorge Buitrago Mahecha: (i) ingresó al servicio de la Policía Nacional
como Alumno el 8 de agosto de 1988; (ii) fue ascendido a Suboficial mediante
la Resolución 013134 de 14 de diciembre de 1993; y, iv) se homologó,
voluntariamente30, al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional el 1º de marzo de
199431.

El 5 de febrero de 2013 el señor Jorge Buitrago Mahecha solicitó la reliquidación
de su asignación de retiro atendiendo los factores salariales señalados en el
Decreto 1212 de 1990, sin embargo, le fue negada mediante el Oficio S-2013-
049580/ADSAL-GRUNO-22 de 21 de febrero de 2013, suscrito por el Jefe de
Área Administración Salarial de la Policía Nacional, por considerar que su
prestación se efectuó con fundamento en las partidas relacionadas en los
Decretos 1091 de 1995 y Decreto 4433 de 2004.

Bajo los referidos presupuestos de la relación laboral del demandante en la
Policía Nacional, entonces, es válido afirmar que la homologación a la que se
sometió le permite estar amparado por la prohibición de discriminar o
desmejorar sus condiciones salariales y prestacionales, regla que deriva, se
reitera, de instrumentos internacionales suscritos por el país, de la Constitución
Política, de la Ley 4ª de 1992 y de las propias normas que crearon e
implementaron el Nivel Ejecutivo en la Policía Nacional.

Dicho desmejoramiento, no obstante, no puede mirarse aisladamente o, dicho
de otra forma, factor por factor, pues ello permitiría la posibilidad de crear,
sin competencia para el efecto, un tercer régimen, compuesto por aquellos
elementos más favorables de cada una de las normativas en estudio [en este
caso, el de Oficiales y Suboficiales - Decreto 1212 de 1990, por un lado; y, el
del Nivel Ejecutivo - Decreto 1091 de 1995, por el otro].

Además, en virtud del principio de inescindibilidad, la favorabilidad del Nivel
Ejecutivo a la que se acogió libremente el demandante debe aplicarse en su
integridad, pues es posible que en la nueva normativa [Decreto 1091 de 1995]
existan ventajas no estipuladas mientras ostentó la condición de Suboficial y
que, a su turno, se hayan eliminado otras, pese a lo cual su condición de
integrante del Nivel Ejecutivo le haya permitido, incluso, mejorar sus
condiciones salariales y prestacionales.

Entonces, si bien es cierto no se desconoció la protección dada a los Agentes y
Suboficiales que se incorporaron voluntariamente al Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional, tampoco puede adelantarse un estudio de la situación ventilada al
margen del principio de inescindibilidad y, por supuesto, del de favorabilidad, ya
que mirado en su conjunto el régimen salarial y prestacional, establecido en el
Decreto 1091 de 1995, no fueron desmejorados sus condiciones laborales.

29
De acuerdo a la hoja de servicios del señor Jorge Buitrago Mahecha.
30
Pues prueba de lo contrario no reposa dentro del expediente y dicha voluntariedad fue la que se vio
reflejada en las disposiciones que crearon el nivel Ejecutivo.
31
Ver extracto de la hoja de vida visible a folio 30 del expediente.

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Radicado No. 250002342000201304126 01
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Actor: Jorge Buitrago Mahecha.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional-.

Destaca la Sala que mientras el Decreto 1212 de 1990 consagró el régimen
retroactivo de cesantías [artículo 14332]; en el Nivel Ejecutivo, Decreto 1091 de
1995, se estableció el régimen anualizado, consagrándose que a la fecha del
traslado se reconocería el beneficio causado hasta ese momento al interesado,
si se acreditaban los requisitos para ello [artículo 50 y transitorio].

Ahora bien, en relación con las primas de servicios, navidad y de vacaciones,
es evidente que en el régimen salarial y prestacional del Nivel Ejecutivo no se
contemplaron las primas de actividad y antigüedad, entre otras; sin embargo, se
crearon unas nuevas primas y se consagró una asignación básica mensual muy
superior en relación con el grado de agente, por lo que, se advierte, en vigencia
del nuevo régimen se superaron las condiciones salariales y prestacionales que
el interesada ostentaba antes del 1º de noviembre de 1995.

Con el material probatorio obrante dentro del expediente, entonces, contrario a
lo afirmado por el interesado, lo que se observa es que el Ejecutivo no lesionó
el mandato de no regresividad, pues mirado en su conjunto, se insiste, el
régimen del Decreto 1091 de 1995 le reporta mayores beneficios; y, en
contrario, no se allegó prueba dentro del expediente por parte del actor.

También cabe precisar que en materia de subsidio familiar el régimen del nivel
Ejecutivo consagró unas nuevas condiciones que posiblemente no la
favorecieron, pero que, por otros aspectos es más benéfico, pues permite la
inclusión de los hermanos y padres como beneficiarios del mismo.

En relación con el régimen de cesantías, tampoco se puede acceder a lo
reclamado por la interesada, so pena de violar el principio de inescindibilidad.

Así las cosas, se establece que el señor Jorge Buitrago Mahecha se benefició
al cambiar del rango de agente al del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional en
materia salarial, pues, en dicho régimen se superaron las condiciones mínimas
que dispuso el Legislador y, por lo mismo, se debe someter integralmente a
su reglamentación, dentro de la cual no se establecieron los factores que el
citado señor reclama, precisamente porque corresponden es al régimen de
Oficiales y Suboficiales, al que ya no pertenece, y en cambio sí se le
reconocieron y pagaron los propios del Nivel Ejecutivo al cual ingresó de forma
voluntaria.

Finalmente, la Sala debe hacer referencia al argumento propuesto por la
demandante, según el cual, esta Corporación en sentencia de abril de 2017 de
2013 accedió a las pretensiones en un tema similar al que ahora se estudia, sin
embargo, se debe tener en cuenta, en primer lugar, que ésta fue proferida
desconociendo el precedente que ya existía, dado que esta Subsección en

32
“(…) CESANTIA E INDEMNIZACIONES. El oficial o suboficial de la Policía Nacional que durante la
vigencia de este decreto se retire o sea retirado del servicio activo por cualquier causa, tendrá derecho
a que el tesoro público le pague, por una sola vez, un auxilio de cesantía igual a un (1) mes de haberes
correspondientes a su grado por cada año de servicio o fracción de seis (6) meses o más, tomando
como base las partidas señaladas en el artículo 140 y a las indemnizaciones que legalmente le puedan
corresponder liquidadas igualmente conforme al citado artículo (…).

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Radicado No. 250002342000201304126 01
No. Interno: 2740-2018
Actor: Jorge Buitrago Mahecha.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional-.

sentencia de 31 de enero de 201333, decidió negar las pretensiones de la
demanda, fundamentando su decisión en el principio de la inescindibilidad y de
favorabilidad; y, en segundo lugar, la sentencia tiene efectos inter-partes, por lo
que solo se tiene como un criterio orientador, pero no vinculante, al no poseer
el carácter de sentencia de unificación, de tal suerte que no es susceptible de
aplicarse al sub lite, máxime cuando con posterioridad se ha reiterado la tesis
contraria que es la que se acoge para el presente caso.

En consecuencia, el acto administrativo demandado no está inmerso en ninguna
de las causales de nulidad alegadas por el demandante, pues los salarios y
prestaciones a que tiene derecho son los establecidos en el régimen del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional que se la ha aplicado desde su ingreso al
mismo, razón por la que la Sala confirmará la Sentencia del A – quo que negó
las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley.

FALLA

CONFIRMAR la sentencia de 30 de junio de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por medio
de la cual negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Jorge
Buitrago Mahecha en contra de la Nación- Policía Nacional., de conformidad a
lo expuesto a la parte motiva de la presente providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.
CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión34.

(Firmado electrónicamente) (En comisión de servicios)
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

(Firmado electrónicamente)
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

33
CONSEJO DE ESTADO, sentencia de 31 de enero de 2013, radicado 73001233100020110003901,
número Interno 0768-2012, C. P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
34
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del
presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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