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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-04454-01

Fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos territoriales: competencia

Fecha
26 de abril de 2018
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-04454-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A Primero.- Confirmar la sentencia proferida el 30 de octubre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en el proceso promovido por Oscar Parra Cortés contra Bogotá, D.C., Secretaría de Integración Social, que denegó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo manifestado en las consideraciones que anteceden. Segundo.- Condenar en costas de segunda instancia al demandante, las cuales deberán ser liquidadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Tercero.- Devolver el expediente al Tribunal de origen

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2013-04454-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

26 de abril de 2018

FIJACIÓN DEL RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS TERRITORIALES – Competencia

El régimen salarial de los empleados territoriales se fija de manera concurrente entre el Congreso, el presidente de la República, las Asambleas, los Concejos, los gobernadores y los alcaldes

NIVELACIÓN SALARIAL DE LOS COMISARIOS DE FAMILIA - Improcedencia MODIFICACIÒN DE NIVEL DEL CARGO DE COMISARIO DE FAMILA – Efecto / TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL – No vulneración / RECONOCIMIENTO DE LA PRIMA TÉCNICA / RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN / DERECHOS ADQUIRIDOS

La diferenciación entre la remuneración de los comisarios de familia que se vincularon antes de la Ley 909 de 2004 y el Decreto 785 de 2005 y no constituye, en modo alguno, violación del principio «a trabajo igual, salario igual», pues el reconocimiento de la prima técnica y los gastos de representación a favor de aquellos comisarios de familia que venían vinculados a la entidad desde antes del aludido ajuste, es producto del respeto de los derechos que habían adquirido cuando el empleo tenía una denominación diferente y se ubicada en un nivel que desapareció de la estructura de la administración y tan solo se mantendrá, mientras tales empleados sigan vinculados en el empleo equivalente. Esta garantía está amparada por lo dispuesto en el artículo 53 constitucional, pues se trata de derechos adquiridos, los cuales se predican respecto de los empleados que venían con una condición beneficiosa que no puede ser desmejorada a causa de los ajustes de la estructura de la entidad, mas no del empleo o cargo, el cual puede ser modificado o suprimido según las necesidades del servicio, en ejercicio de las competencias constitucionales y legales

FUENTE FORMAL : CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 150 NUMERAL 19 / Decreto Ley 785 de 2005 / Ley 909 de 2004 / DECRETO 105 DE 2006 / ACUERDO DISTRITAL 199 DE 2005/ DECRETO 557 DE 2006 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 53

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018).

Radicación número: 25000-23-42-000-2013-04454-01(1151-15)

Actor: OSCAR PARRA CORTÉS

Demandado: BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por Oscar Parra Cortés, quien actúa por intermedio de su apoderado, contra la sentencia proferida el 30 de octubre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que denegó las pretensiones de la demanda.

Antecedentes

1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Oscar Parra Cortés, por conducto de apoderado, formuló demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en orden a que se declare la nulidad de los Oficios SAL-46896 RpA:ENT-34997 del 21 de septiembre de 2012, SAL-57473 RpA:ENT-40357 del 3 de diciembre de 2012 y de la Resolución 0130 del 6 de febrero de 2013, mediante los cuales se negó el reconocimiento y pago de los emolumentos salariales y prestacionales que no se han pagado oportunamente, debidamente indexados y con intereses moratorios.

Como consecuencia de la anterior declaración solicitó ordenar el reconocimiento, liquidación y pago de los emolumentos salariales y prestacionales que no se han pagado oportunamente y reconocer los intereses moratorios desde la fecha en que se dejaron de pagar, con base en lo dispuesto en los artículos 192 a 195 de la Ley 1437 de 2011.

1.1.2. Hechos

Los hechos que fundamentaron las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:

El señor Oscar Parra Cortés fue nombrado en el cargo de comisario de familia, código 202, grado 26, a través de la Resolución 0521 del 29 de mayo de 2007, del cual tomó posesión el 4 de junio de 2007. El 15 de enero de 2010, a través de la Resolución 0060 fue nombrado en el referido cargo, pero en carrera administrativa, con efectividad al 1 de febrero de 2010.

El 20 de junio de 2012, radicó solicitud ante la Secretaría Distrital de Integración Social, orientada al reconocimiento, liquidación y pago de las diferencias de los emolumentos que se vienen cancelando a los comisarios de familia que fueron nombrados con anterioridad a la vigencia de la Ley 909 de 2004 y del Decreto 785 de 2005, que no se han pagado a su favor sin justificación legal, y producto de lo anterior, reliquidar todos los emolumentos que se han pagado y reconocer las diferencias correspondientes. El asesor de talento humano de la Secretaría Distrital de Integración Social resolvió su petición a través del Oficio SAL-33567 RpA:ENT-24672 del 19 de julio de 2012, mediante el cual concluyó que no hay fundamento para acceder a la pretensión.

Como la respuesta anterior, a juicio del demandante, no cumplía los requisitos previstos en el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, el 4 de septiembre de 2012 reiteró la reclamación y obtuvo respuesta mediante Oficio SAL-43986 del 21 de septiembre de 2012 por parte del asesor de talento humano de la entidad demandada, mediante el cual concluyó que no es posible acceder a la reclamación.

Interpuso recursos de reposición y apelación en contra del oficio anterior, los cuales fueron resueltos desfavorablemente mediante Oficio SAL57473 RpA:ENT-40357 del 3 de diciembre de 2012, emitido por el asesor de talento humano de la Secretaría de Integración Social y la Resolución 0130 del 6 de febrero de 2003, emitida por la secretaria distrital de integración social de Bogotá, respectivamente.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 53, 122, 123, 125, 130 y 209 de la Constitución Política; 1, 2, 3, 5, 15, 16, 17, 18, 27, 28, 31 y 41 de la Ley 909 de 2004; 1, 2, 13, 21 y 25 del Decreto 785 de 2005; el Acuerdo 199 de 2005, los Decretos Distritales 105 y 557 de 2006 y los Convenios Internacionales del Trabajo, ratificados por Colombia.

Manifestó que las normas que invoca como violadas reivindican el derecho al trabajo como uno de los valores fundantes del Estado y del respeto a los derechos adquiridos, los cuales fueron desconocidos mediante los actos censurados, pues la Secretaría de Integración Social acudió a interpretaciones equívocas y arbitrarias de la ley para justificar su omisión de reconocer, liquidar y pagar oportunamente y con base en la normatividad vigente, los salarios y prestaciones a que tiene derecho, en igualdad de condiciones que los comisarios de familia nombrados con anterioridad a la vigencia de la Ley 909 de 2004 y del Decreto 785 de 2005, lo que constituye un trato discriminatorio injustificado.

Aseguró que la cita de las sentencias C-058 de 2002 y C-624 de 2008 que se hizo en los actos demandados es impertinente, que las conclusiones a las que llegó la entidad demandada, en torno a la conservación y continuidad de derechos y garantías laborales son parcialmente válidas en lo que respecta a algunos cargos, pero no aplican en su situación concreta comoquiera que aunque su vinculación en carrera se produjo desde 2010, venía vinculado previamente en ese empleo desde el año 2007.

Sostuvo que en el caso de los servidores públicos que venían ocupando el cargo de jefe local y que con posterioridad continuaron prestando sus servicios como comisarios de familia, es lógico fundamentar la continuidad de los derechos que venían percibiendo, en aplicación de la garantía de los derechos adquiridos; sin embargo, esa teoría no se puede aplicar en su caso.

Adujo que su pretensión tiene como fundamento el principio «a trabajo igual, salario igual» que tiene respaldo en las sentencias de la Corte Constitucional T-545A/07 y C-313/03, pues no se puede mantener una discriminación en lo que respecta al pago de los emolumentos que se le reconocen a aquellos comisarios de familia vinculados con anterioridad a la Ley 909 de 2004 y al Decreto 785 de 2005.

Indicó que en las decisiones demandadas se pretende justificar el trato discriminatorio en el hecho de la supresión del nivel ejecutivo y la presunta creación del cargo de comisario de familia dentro del nivel profesional, según lo establecido en el Decreto 785 de 2005; sin embargo, lo allí decidido no comporta la creación de un nuevo empleo, sino un ajuste para adecuar la planta de personal a la estructura de cargos prevista en el aludido decreto.

Aseguró que no es cierto que se hubiera presentado una modificación en la planta de personal y que en consecuencia de ella se haya creado el cargo de comisario de familia, código 202, grado 26, pues lo único que se produjo fue un ajuste en la planta de personal mas no la creación de nuevos empleos.

Precisó que el trato injustificado entre los servidores públicos que ocupaban el cargo de jefe local código 212, grado 18, y aquellos que se desempeñan como comisario de familia, código 202, grado 26, consiste en que estos perciben 10% menos de prima técnica y 20% menos por no tener gastos de representación, trato desigual que es inconstitucional e ilegal.

Se opuso al argumento dado en los actos acusados según el cual se debe sujetar a los emolumentos que se reconocen, comoquiera que al participar de la Convocatoria 001 de 2005 conocía las condiciones laborales que la entidad ofrecía respecto del cargo de comisario de familia, código 202, grado 26, pues la administración no puede favorecerse de su propia culpa, ni desatender el principio de irrenunciabilidad a los derechos laborales.

Manifestó que en cumplimiento del Decreto 785 de 2005 no se debieron producir desmejoras salariales, prestacionales y laborales, como tampoco incrementos salariales, según se determinó expresamente en el artículo 21, parágrafo 2, de esa disposición, toda vez que en el aludido decreto no se suprimieron, ni crearon cargos, así como tampoco se ordenó crear nuevos. Además, se prohibió expresamente el incremento de salarios y, por consecuencia, las desmejoras de cualquier naturaleza.

Resaltó que de haberse interpretado y aplicado correctamente los principios constitucionales y legales, se debieron respetar sus derechos y reconocer los emolumentos que se vienen pagando a los comisarios de familia nombrados con anterioridad a la Ley 909 de 2004 y el Decreto 785 de 2005, razón por la cual solicitó aplicar el principio de igualdad y acceder a las pretensiones de la demanda.

1.2. Contestación de la demanda

Bogotá D.C., Secretaría Distrital de Integración Social, actuando por conducto de su apoderada, se opuso a las pretensiones de la demanda, y señaló que no tiene ninguna obligación pendiente con el demandante, comoquiera que le ha pagado la remuneración que corresponde a su empleo, con todos y cada uno de los emolumentos que la componen.

Aclaró que el Decreto 105 de 2006 ajustó la planta de personal del Departamento Administrativo de Bienestar Social, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 785 de 2005 y en su artículo primero suprimió 46 cargos de jefe local, código 212, grado 18; además, en el numeral segundo, creó 45 empleos de comisario de familia, código 202, grado 26 y 1 empleo de profesional especializado, grado 26. En el artículo cuarto ibídem ajustó la planta de personal a la nueva nomenclatura y clasificación de empleos.

Agregó que en el artículo sexto de tal disposición se determinó que «los empleados públicos que se encuentren desempeñando empleos a los cuales se les haya modificado el nivel jerárquico en virtud de lo dispuesto por el Decreto 785 de 2005, continuarán percibiendo la misma asignación básica, porcentaje de gastos de representación y prima técnica, asignados con anterioridad, mientras permanezca en los empleos equivalentes» y de ahí radica la presunta desigualdad que alega el demandante.

Añadió que el Decreto 105 de 2006 fue derogado por el Decreto 557 de 2006, en el cual se estableció la nueva planta de cargos de la Secretaría Distrital de Integración Social; en sus artículos 3 y 4 se fijó lo relativo a los gastos de representación y los niveles jerárquicos en los cuales procedía su reconocimiento y el porcentaje que corresponde por tales conceptos; sin embargo, en el artículo 5 se determinó que quienes hubieren sufrido modificación de su nivel jerárquico en virtud de lo dispuesto en el Decreto Ley 785 de 2005, continuarían recibiendo los mismos porcentajes de prima técnica y gastos de representación que tenían asignados, mientras permanecieran en empleos equivalentes.

Precisó que a efecto de dar aplicación a lo anterior, el artículo 21 se refirió a las equivalencias y, específicamente, determinó que el cargo de comisario de familia, código 350, corresponde en la nueva planta de personal al de comisario de familia, código 202.

Así las cosas, concluyó que el cargo de comisario de familia en la planta actual corresponde al nivel profesional, y ello ha sido así incluso desde el momento en que el actor se vinculó en provisionalidad a ese empleo; de tal manera, la administración ha reconocido su asignación mensual y demás emolumentos de acuerdo con la nomenclatura y nivel del cargo que desempeña y no le ha desmejorado ni dejado de cancelar asignaciones o prestaciones que corresponden a su empleo.

Afirmó que al actor no se le pueden reconocer prerrogativas que son propias de los comisarios de familia que venían vinculados con anterioridad, es decir, desde cuando existía el cargo de jefe local 212, grado 18, en la planta de personal, toda vez que esa es una garantía que proviene del respeto de sus derechos adquiridos, según lo consagrado en los artículos 6º y 5º, respectivamente, del Decreto 105 de 2006 y del Acuerdo Distrital 199 de 2005, la cual no cobijó al demandante, pues el cambio de nivel jerárquico del empleo fue anterior a cualquier relación laboral entre el señor Parra Cortés y la administración distrital.

Finalizó señalando que lo anterior implica que no es viable acceder a las pretensiones del demandante, ni siquiera en aplicación del principio «a trabajo igual, salario igual», pues el trato diferencial está soportado en el marco normativo ya citado.

Planteó las excepciones de inexistencia de derechos adquiridos, inexistencia de las obligaciones reclamadas y cobro de lo no debido.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, mediante sentencia de 30 de octubre de 2014, denegó las pretensiones de la demanda.

Consideró que según el recuento normativo que da cuenta de las modificaciones que ha sufrido la planta de personal de la Secretaría Distrital de Integración Social se puede concluir que desde el momento en que el demandante se vinculó al cargo de comisario de familia, le ha cancelado los emolumentos propios del cargo y nivel.

Indicó que el actor no puede exigir que se hagan extensivos los beneficios y privilegios que el ordenamiento legal le confirió a quienes se desempeñaban como comisario de familia y que venían vinculados desde que el empleo se denominaba jefe local, comoquiera que tales prerrogativas surgieron desde cuando desempeñaban tales cargos y se mantienen en la actualidad, como garantía de sus derecho adquiridos.

Aseguró que desde el momento en que el actor se presentó en la convocatoria 001 de 2005, lo hizo para el cargo de comisario de familia código 202, grado 26, comoquiera que el de jefe local código 212, grado 18, ya se había suprimido.

Consecuentes con lo anterior, concluyó que no se demostró la vulneración del derecho a la igualdad aducido por el demandante, pues el trato diferencial radica en que su situación fáctica difiere de la de los empleados que se vincularon con anterioridad a la Ley 909 de 2004 y el Decreto 785 de 2005.

1.4. El recurso de apelación

El demandante, por conducto de su apoderado, interpuso recurso de apelación el cual sustentó en que el a quo desatendió los argumentos que sirvieron de base para cuestionar los actos demandados y que fueron reiterados en los alegatos de conclusión y, únicamente, se limitó a acoger el planteamiento de la contestación de la demanda, motivo por el cual solicitó tener en cuenta en segunda instancia los fundamentos de la demanda para acceder a las pretensiones y, en consecuencia, revocar la providencia recurrida.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. El demandante

El señor Oscar Parra Cortés, actuando por conducto de su apoderado, descorrió el término de traslado y reiteró los argumentos invocados en el recurso de alzada en el sentido de que el tribunal de instancia no analizó los argumentos que sirvieron de fundamento para solicitar la anulación de los actos acusados.

1.5.2. Bogotá, D.C., Secretaría Distrital de Integración Social

La entidad demandada, por intermedio de su apoderada, presentó memorial de alegatos, en el cual insistió en que el demandante al momento de concursar por el cargo de comisario de familia conocía de antemano las condiciones salariales del empleo, de manera que no le son aplicables las prerrogativas que existían con anterioridad a su vinculación. Con fundamento en lo anterior, concluyó que el actor solo es beneficiario de los emolumentos consagrados para el cargo en que está nombrado, esto es, el de comisario de familia, razón por la cual debe confirmarse la sentencia recurrida que resolvió la controversia en tal sentido.

1.6. El Ministerio Público

No rindió concepto.

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer si el señor Oscar Parra Cortés tiene derecho a la nivelación salarial, respecto de lo que devengan los comisarios de familia que se vincularon con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 909 de 2004 y del Decreto 785 de 2005, en especial, en lo que respecta al reconocimiento y pago de la prima técnica y los gastos de representación y la consecuente reliquidación de sus prestaciones sociales y demás emolumentos en que estos tengan influencia.

2.2. Marco normativo

El artículo 53 constitucional protege el derecho al trabajo y uno de los elementos que lo componen consiste en la obtención de una remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; con base en tal garantía, en concordancia con el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 superior, se ha desarrollado el principio de igualdad salarial, según el cual «no se puede dar un trato discriminatorio entre trabajadores, que cumpliendo una misma labor con las mismas responsabilidades, sean objeto de una remuneración diferente».

Para fijar los salarios de los empleados públicos del nivel territorial participan el legislativo y el ejecutivo, de conformidad con lo previsto en los artículos 150, numeral 19, literal e), 300, numeral 7, y 313, numeral 6, de la Constitución Política, que son del siguiente tenor literal:

Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
[…]
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:
[…]
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública.
Artículo  300. Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas:
La remuneración de los empleados públicos

[…]
7. Determinar la estructura de la Administración Departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo; crear los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del departamento y autorizar la formación de sociedades de economía mixta.

Artículo 305. Son atribuciones del gobernador:

[…]
7. Crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas respectivas. Con cargo al tesoro departamental no podrá crear obligaciones que excedan al monto global fijado para el respectivo servicio en el presupuesto inicialmente aprobado.

Artículo  313. Corresponde a los concejos:

[…]
6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta.

Artículo 315. Son atribuciones del alcalde:

[…]
7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado.

De esta manera, se concluye que el régimen salarial de los empleados territoriales se fija de manera concurrente entre el Congreso, el presidente de la República, las Asambleas, los Concejos, los gobernadores y los alcaldes.

Ahora bien, a través de la Ley 909 de 2004, se expidieron normas en materia de empleo público, carrera administrativa y gerencia pública y en ella se indicó que la función pública está conformada por los empleos públicos de carrera y de libre nombramiento y remoción, así como los de período fijo y los temporales; además, se determinó que la función pública se desarrollaría con apego a los principios de igualdad, mérito, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad. En lo que respecta al campo de aplicación, se dispuso que cobijaba, entre otros, a los empleados públicos de carrera de las entidades del nivel territorial, es decir, los que prestan sus servicios en los departamentos, en el Distrito Capital, los distritos y los municipios y sus entes descentralizados.

En desarrollo de lo dispuesto en la ley anterior, el Gobierno nacional expidió el Decreto Ley 785 de 2005, por el cual estableció «el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004», en cuyo artículo 3 fijó los niveles jerárquicos de los empleos de acuerdo con la naturaleza general de sus funciones, así como de las competencias y requisitos exigidos para su desempeño, razón por la cual realizó una clasificación conformada por 5 niveles, así: directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial y las funciones generales de cada uno de esos niveles fueron establecidas en el artículo 4 ibidem, en los siguientes términos:

Artículo 4. Naturaleza general de las funciones. A los empleos agrupados en los niveles jerárquicos de que trata el artículo anterior, les corresponden las siguientes funciones generales:
4.1. Nivel Directivo. Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de Dirección General, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos.
4.2. Nivel Asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y asesorar directamente a los empleados públicos de la alta dirección territorial.
4.3. Nivel Profesional. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que según su complejidad y competencias exigidas les pueda corresponder funciones de coordinación, supervisión y control de áreas internas encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales.
4.4. Nivel Técnico. Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología.
4.5. Nivel Asistencial. Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles superiores o de labores que se caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecución.
Parágrafo. Se entiende por alta dirección territorial, los Diputados, Gobernadores, Concejales, Alcaldes Municipales o Distritales, Alcalde Local, Contralor Departamental, Distrital o Municipal, Personero Distrital o Municipal, Veedor Distrital, Secretarios de Despacho, Directores de Departamentos Administrativos, Gerentes de Unidades Administrativas Especiales y Directores, Gerentes o Presidentes de entidades descentralizadas.

Con el fin de ajustar las plantas de personal de los entes territoriales, al sistema de nomenclatura y clasificación de empleos establecido en el aludido decreto, en sus artículos 27, 28 y 29 determinó que las autoridades territoriales debían «adecuar la planta de personal», el manual específico de funciones y requisitos, y las competencias laborales, efecto para el cual se concedió el término de un año. Con tal finalidad se ordenó tener en cuenta las nuevas denominaciones de empleos, la naturaleza general de las funciones de estos y las competencias laborales exigibles, en relación con las funciones que tenía establecido el empleo anterior. En torno al personal que hacía parte de las plantas que por virtud de lo allí dispuesto, serían modificadas, se consagró:

Artículo 30. Requisitos acreditados. Los empleados que al momento del ajuste de las plantas de personal se encuentren prestando sus servicios en cualquiera de las entidades a las cuales se refiere el presente decreto deberán ser incorporados a los cargos de las plantas de personal que las entidades fijen de conformidad con el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos establecido en este decreto, no se les exigirán requisitos distintos a los ya acreditados y solo requerirán de la firma del acta correspondiente.
Artículo 31. Denominaciones de empleo suprimidas. Las denominaciones de empleos que hayan sido suprimidas en virtud del presente decreto, continuarán vigentes en las plantas de personal de las entidades a las cuales se aplica este decreto, hasta tanto se modifiquen dichas plantas. (Negrilla fuera de texto).

Valga aclarar que en el artículo 21 del decreto en cita se establecieron las equivalencias de empleos y, en torno al de comisario de familia, código 350, se le equiparó al de comisario de familia código 202, de acuerdo con la nueva nomenclatura y clasificación de empleo.

Ahora bien, para efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el decreto en cita, en lo que respecta a la Secretaría Distrital de Integración Social, el alcalde mayor de Bogotá expidió el Decreto 105 de 2006, cuyo objeto se contraía a ajustar la planta de personal y en ella se determinó suprimir 46 empleos de jefe local, código 212, grado 18 y crear 45 de comisario de familia, código 202, grado 26, y 1 de profesional especializado, código 222, grado 26. Realizado lo anterior, en el artículo 4 se ajustó la planta de personal y los cargos de comisario de familia y profesional especializado aludidos, fueron clasificados en el nivel profesional, dentro de la estructura de la entidad.

En consideración a lo anterior y con el objeto de garantizar los derechos adquiridos de quienes venían desempeñando cargos de diferente nivel en la planta de personal anterior, el artículo 6º del decreto en comento, determinó:

Artículo sexto.- Los empleados públicos que se encuentren desempeñando empleos a los cuales se les haya modificado el nivel jerárquico en virtud de lo dispuesto por el Decreto 785 de 2005, continuarán percibiendo la misma asignación básica, porcentaje de gastos de representación y prima técnica, asignados con anterioridad, mientras permanezcan en los empleos equivalentes, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 21 del citado decreto. (Se resalta).

La anterior previsión tiene fundamento en que, en forma particular, los 46 empleos de jefe local, código 212, grado 18, que hacían parte de la planta de personal que operaba en la entidad demandada con anterioridad al ajuste realizado en cumplimiento del Decreto ley 785 de 2005, hacían parte del nivel ejecutivo y, por ende, a quienes ostentaban tales cargos se les reconocía la prima técnica y los gastos de representación, en porcentajes superiores a los fijados para el nivel profesional.
Asimismo, el respeto de los derechos adquiridos a que alude el artículo sexto previamente citado también amparaba a quienes en la planta anterior tenían el empleo de comisario de familia, código 350, que por virtud del Decreto Ley 785 de 2005 se equiparó al de comisario de familia, código 202, pues pese a que hacían parte del nivel profesional, tenían asignados gastos de representación, según lo previsto en el artículo 2 del Acuerdo Distrital 14 de 1998.

El Decreto 105 de 2006, que ajustó la planta de personal de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, fue derogado a través del decreto Distrital 557 de 2006, en el cual se mantuvo el empleo de comisario de familia, código 202, grado 26, dentro del nivel profesional.

Ahora bien, en el Acuerdo Distrital 199 de 2005, se ajustó la escala salarial de los empleados públicos del sector central de la administración distrital y se fijaron los porcentajes de los gastos de representación y prima técnica, de acuerdo con el nivel jerárquico, así:

Artículo 3o.- Gastos de representación: Establecer la tabla de Gastos de Representación para los siguientes Niveles Jerárquicos, tomando como base para su cálculo la asignación básica mensual:

ESCALA GASTOS DE REPRESENTACIÓN
NIVEL
JERÁRQUICO
GRADO SALARIAL
PORCENTAJE GASTOS
DE REPRESENTACIÓN
Directivo
01 a 02
20%

03 a 05
30%

06 a 08
40%

09 a 10
100%
Asesor
01 a 02
20%

03 a 05
30%

06 a 08
40%

Artículo 4o.- PRIMA TÉCNICA: Para el reconocimiento y pago de la Prima Técnica de todos los empleados públicos que se encuentran en los Niveles Directivo, Asesor y Profesional se aplicarán los porcentajes establecidos en los Acuerdos 37 de 1993 y 14 de 1998, normas distritales reglamentarias en esta materia, así:
ESCALA PRIMA TÉCNICA
NIVEL JERÁRQUICO
PORCENTAJE ASIGNACIÓN BÁSICA
Directivo
50 %
Asesor
50 %
Profesional
40 %
Parágrafo: La Prima Técnica constituirá factor salarial conforme ha sido establecido en los diferentes Acuerdos expedidos por el Concejo Distrital.

El Decreto 557 de 2006 estableció la planta de cargos de la Secretaría de Integración Social, en él suprimió la planta anterior y estableció una nueva, en la cual creó 48 empleos de comisario de familia, código 202, grado 26, empleo que se mantuvo en el nivel profesional.

2.3. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer lo siguiente:

2.3.1. En torno a la relación laboral del demandante

El 4 de junio de 2007, el señor Oscar Parra Cortés tomó posesión del cargo de comisario de familia, código 202, grado 26, ubicado en la Dirección Poblacional, para el cual fue nombrado mediante Resolución 0521 del 29 de mayo de ese año. El nombramiento provisional anterior, fue prorrogado por virtud de la Resolución 1334 del 3 de diciembre de 2007.

El 1 de febrero de 2010, el demandante tomó posesión del empleo de comisario de familia, código 202, grado 26, asignado a la Dirección Poblacional – Subdirección para la Familia – Comisaría de Familia, para el cual fue nombrado en período de prueba, mediante Resolución 0060 del 15 de enero de 2010, dentro de los fundamentos de tal acto administrativo, se adujeron los siguientes:

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante Convocatoria Número 01 de 2005, convocó a concurso abierto de méritos los empleos en vacancia definitiva, provistos o no mediante nombramiento provisional o encargo.

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Resolución número 697 de 11 de agosto de 2009 “Por la cual se conforman listas de elegibles para proveer empleos de carrera de la Secretaría Distrital de Integración Social, convocados a través de la Convocatoria No. 01 de 2005”, según lo dispuesto en el Acuerdo No. 25 del 18 de julio de 2008.

(…)
Que el artículo Primero de Resolución número 0949 de 29 de septiembre de 2009 que modifica la Resolución 697 de agosto de 2009, en su artículo 4º mediante el cual se conformó la lista de elegibles para el empleo 37779 perteneciente a la Secretaría Distrital de Integración Social, para corregir el puntaje obtenido por un concursante, en la que figura en quinto lugar el (la) señor (a) OSCAR PARRA CORTÉS, identificado (a) con cédula de ciudadanía número 79.436.338.

Que en la actualidad, en ese empleo se encuentra en nombramiento provisional el (la) señor (a) OSCAR PARRA CORTÉS identificado (a) con cédula de ciudadanía número 79.436.338.

El 24 de octubre de 2012, la asesora de talento humano de la Secretaría de Integración Social expidió certificación laboral del demandante, en la que consta que su vinculación en el cargo de comisario de familia, código 202, grado 26, entre el 4 de junio de 2007 y el 31 de enero de 2010 fue en provisionalidad, que a partir del 1 de febrero de 2010 fue nombrado en período de prueba y actualmente ostenta derechos de carrera administrativa.

El asesor de talento humano de la entidad demandada, expidió certificación de salarios del demandante para los años 2009 a 2012 y entre los emolumentos percibidos se encuentran los siguientes: asignación básica mensual, gastos de representación -únicamente en enero y febrero de 2009 se reportó pago por tal concepto-, prima técnica, prima semestral, vacaciones, prima de vacaciones, bonificación por recreación y bonificación por servicios.

2.3.2. Los actos de reconocimiento de prima técnica a favor del demandante

El 11 de julio de 2007, la secretaria de integración social expidió la Resolución 0698, por la cual reconoció la prima técnica al señor parra Cortés, en un porcentaje equivalente al 34.3%, discriminados así: 11.5% por título profesional; 12.8% por experiencia profesional, y 12.5% por capacitación.

El 15 de agosto de 2007, la entidad demandada expidió la Resolución 0817, por la cual resolvió favorablemente el recurso de reposición interpuesto por el demandante en contra de la decisión anterior; en consecuencia, reajustó la prima técnica, producto de lo cual aumentó un 3.2% adicional, por concepto de experiencia profesional, para un total de 40%.

El 8 de marzo de 2010, la secretaria distrital de integración social expidió la Resolución 0286, por la cual reconoció el 40% sobre el sueldo básico, por concepto de prima técnica.

2.3.3. En torno a la reclamación administrativa

El 20 de junio de 2012, el demandante radicó petición ante la secretaria de integración social, en la cual exigió el reconocimiento de los emolumentos que se vienen cancelando a los comisarios de familia nombrados con anterioridad a la vigencia de la Ley 909 de 2004 y el Decreto 785 de 2005.

El 19 de julio de 2012, el asesor de talento humano de la Secretaría de Integración Social resolvió la reclamación anterior, en los siguientes términos:

Respecto del punto 1 de su reclamación, es preciso aclarar que la situación jurídica de su representado es diferente a la de aquellos funcionarios que venían ocupando el cargo de Jefe Local, hoy Comisario de Familia, hecho por el cual no puede ser tratado de la misma forma que aquellos, toda vez que cuando se realizó el ajuste de cargos de la administración distrital y de la planta de personal de la Secretaría Distrital de Integración Social, el Acuerdo 199 de 2005 y de los Decretos 105 y 557 de 2006 establecieron la continuidad y conservación de derechos y garantías laborales para los empleados públicos que al momento del ajuste se encontraban desempeñando algún empleo siempre que continúen en el empleo equivalente.

Adicionalmente las referidas normas ubicaron el cargo de Comisario de Familia en el nivel profesional que percibe por concepto de prima técnica un porcentaje de hasta el cuarenta por ciento (40%) de la asignación básica, y no perciben gastos de representación.

De lo anterior se colige que quienes fueron nombrados Comisario de Familia después de la entrada en vigencia de la Ley 909 de 2004 y del Decreto 785 de 2005 como el señor OSCAR PARRA CORTÉS, no pueden reclamar la titularidad de derechos que no han adquirido simplemente por el hecho de ostentar el cargo puesto que esta clase de derechos son intuí tu persona (sic), de modo que la diferencia de emolumentos que corresponde al 20% de gastos de representación y el 10% más de prima técnica, entre los Comisarios de Familia nombrados con anterioridad a la ley 909 de 2004 y al Decreto 785 de 2005 y los que ocuparon dichos cargos con posterioridad a tales normas halla plena justificación legal.

El 4 de septiembre de 2012, el demandante, por conducto de apoderado, nuevamente, solicitó el reconocimiento y pago de los emolumentos concedidos a los comisarios de familia nombrados con anterioridad a la Ley 909 de 2004 y decreto previamente citado.

El 21 de septiembre de 2012, el asesor de talento humano resolvió la anterior petición, negando el derecho reclamado, para lo cual invocó los siguientes argumentos:

La situación jurídica de su representado es diferente de la de aquellos funcionarios que venían ocupando el cargo de Jefe Local, hoy Comisario de Familia, hecho por el cual no puede ser tratado de la misma forma que aquellos puesto que cuando se modificó la planta de personal de la Secretaría de Integración Social del Distrito para adecuar los empleos a la nueva nomenclatura y clasificación de conformidad con lo dispuesto por el Decreto ley 785 de 2005, se establecieron disposiciones para regular lo referente al cargo de Jefe Local código 202 grado 18, a gastos de representación y a la conservación y continuidad de garantías y derechos laborales.
Respecto de el (sic) cargo de Jefe Local código 212 grado 18 que hacía parte del nivel ejecutivo se resolvió suprimirlo de la planta de personal y crear el cargo de Comisario de Familia código 202 grado 26 dentro del nivel profesional.

En relación con los gastos de representación, estos se reconocen según lo dispuesto por el artículo 3 del Acuerdo Distrital 199 de 2005 a los servidores públicos que ocupan los cargos pertenecientes a los niveles directivo y asesor, desde el grado 01 hasta el grado 10, y desde el grado 01 hasta el grado 08, respectivamente.

(…)
Entonces, estas normas sobre conservación y continuidad de derechos y garantías laborales se aplican a los funcionarios que con anterioridad al Decreto Ley 785 de 2005 ocuparon el cargo de Jefe Local y con posterioridad al mismo, siguieron prestando sus servicios como Comisarios de Familia, puesto que los porcentajes correspondientes a prima técnica y gastos de representación ya se les reconocían a estos funcionarios por disposición del artículo 4 del Acuerdo Distrital 14 de 1998, y adquirieron ese derecho.

El 11 de octubre de 2012, el demandante interpuso recursos de reposición y apelación contra la anterior decisión.

El 3 de diciembre de 2012, el asesor de talento humano resolvió el recurso de reposición formulado por el demandante en contra de la decisión antes citada, en el sentido de no revocarla y, en consecuencia, concedió el recurso de apelación.

El 6 de febrero de 2013, la secretaria de integración social expidió la Resolución 013, por la cual resolvió el recurso de apelación, en forma desfavorable al demandante, en los siguientes términos:

Ahora bien, el cargo denominado Jefe Local 212-18, el cual fue suprimido con la expedición del Decreto 105 de 2006, y reemplazado con el equivalente al cargo de Comisario de Familia código 202 grado 26, variando su nivel jerárquico de ejecutivo a profesional, implica para el funcionario que ya no se le reconocerían gastos de representación y la prima técnica en un 50%. Desmejoramiento que no tuvo sus efectos inmediatos habida cuenta que la misma norma distrital dispuso que los reconocimientos más favorables se mantendría (sic) para los empleados públicos que se encuentren desempeñando empleos a los cuales se les haya modificado el nivel jerárquico en virtud de lo dispuesto por el Decreto 785 de 2005, quienes continuarán percibiendo la misma asignación básica, porcentaje de gastos de representación y prima técnica, asignados con anterioridad, mientras permanezcan en los empleos equivalentes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º del Acuerdo 199 de 2005, a los servidores públicos que ocupan en la planta de personal los cargos pertenecientes a los niveles directivo y asesor, tienen derecho al reconocimiento de gastos de representación y a un porcentaje mayor en la prima técnica.

Prerrogativa que no aplica para los cargos del nivel profesional, entre los cuales se encuentra el de Comisario de Familia, en consecuencia es claro entonces que para el caso del señor OSCAR PARRA CORTÉS, no es beneficiario del reconocimiento y pago de emolumentos diferentes a los consagrados para el cargo en el cual se encuentra nombrado como es el de Comisario de Familia.

2.3.2. Otras pruebas

El 8 de diciembre de 2001, el Concejo de Bogotá expidió el Acuerdo 054, por el cual amplió a 25 el número total de Comisarías de Familia, que serían implementadas en el transcurso del año 2002 y se fijó su horario.

El 30 de octubre de 2003, la directora del Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito expidió la Resolución 1198, por la cual actualizó el manual específico de funciones y requisitos para los diferentes empleos que conformaban la planta global de cargos de esa entidad, entre ellos, el de jefe local, código 212, grado 18.

El 29 de junio de 2006, el Concejo de Bogotá expidió el Acuerdo 229, por el cual amplió a 36 el número de Comisarías de Familia e, igualmente, fijó su horario.

El 23 de diciembre de 2007, la secretaria de integración social expidió la Resolución 1543, por la cual estableció el horario laboral de esa entidad.

El 3 de junio de 2010, la secretaria de integración social expidió la Resolución 0655, por la cual se modificó parcialmente la Resolución 0642 del 28 de mayo de 2010, en lo que respecta a los empleos a los cuales les aplica la rotación de turnos.

El 26 de octubre de 2012, el asesor de talento humano de la Secretaría de Integración Social envió al apoderado del demandante, el listado de los servidores públicos que ocupan el cargo de comisario de familia, código 26, antes y después del Decreto 785 de 2005. Entre los primeros, figuran 31 servidores, y en los segundos, 16, entre los cuales se incluyó al demandante. Además, se informó:

El cuadro comparativo entre los emolumentos que perciben los servidores públicos que ocupan en esta entidad el cargo de Comisario de Familia código 202 grado 26 antes y después del Decreto Ley 785 de 2005, se relaciona a continuación:

ANTES DEL DECRETO LEY 785 DE 2005
ASIGNACIÓN BÁSICA
GASTOS DE REPRESENTACIÓN (20% DE LA ASIGNACIÓN BÁSICA)
PRIMA TÉCNICA (HASTA EL 50% DE LA ASIGNACIÓN BÁSICA)
DESPUÉS DEL DECRETO LEY 785 DE 2005
ASIGNACIÓN BÁSICA

PRIMA TÉCNICA (HASTA EL 40% DE LA ASIGNACIÓN BÁSICA)

Respecto del punto 5 de su solicitud, me permito comunicar que de conformidad con los Acuerdos Distritales 54 de 2001 y 229 de 2006, las Comisarías de Familia prestan sus servicios en los siguientes horarios:

1. Comisarías Permanentes: 24 horas de lunes a domingo.
2. Comisarías Semipermanentes: De 7 a.m. a 11 p.m. de lunes a viernes, en dos turnos.
3. Comisarías Diurnas Urbanas: De 7 a.m. a 4 p.m. de lunes a viernes.
4. Comisarías Diurnas rurales: De 7 a.m. a 4 p.m. de martes a sábados.

Los Comisarios de Comisarías Permanentes prestan sus servicios en turnos diurnos (7 a.m. a 7 p.m.) y nocturnos (7 p.m. a 7 a.m.) de 12 horas cada uno, durante cuatro días seguidos para luego descansar otros cuatro días continuos. Cada turno de cuatro días es rotativo.

El 17 de junio de 2013, la secretaria distrital de integración social expidió la Resolución 0617, por la cual estableció el horario de los servidores de esa entidad, entre ellos, el de los comisarios de familia.

El 29 de agosto de 2014, el asesor de talento humano de la Secretaría Distrital de Integración Social emitió un oficio en el cual indicó que las funciones y requisitos para ejercer el empleo de comisario de familia, código 202, grado 26, están contempladas en las Resoluciones 1198 del 30 de octubre de 2003 y 639 (sic) del 26 de junio de 2007, de las cuales adjuntó copia. En el aludido oficio también informó que a los comisarios de familia vinculados antes del Decreto ley 785 de 2005 se les reconoce asignación básica, gastos de representación equivalentes al 20% de la asignación básica y prima técnica equivalente al 50% de la asignación básica, mientras que aquellos vinculados con posterioridad a ese decreto, perciben la asignación básica mensual, y prima técnica en el 40% de la asignación básica, mientras que no perciben ningún valor por concepto de gastos de representación.

2.4. Caso concreto

La controversia se contrae a determinar si el señor Oscar Parra Cortés tiene derecho a que la remuneración que percibe como comisario de familia, código 202, grado 26, sea igualada a aquella que devengan quienes desempeñan ese empleo, pero que fueron vinculados con anterioridad a la Ley 909 de 2004 y el Decreto ley 785 de 2005.

Como el argumento central del recurso consiste en que el Tribunal no consideró los argumentos invocados en la demanda, la Sala se remitirá al estudio de estos, a fin de establecer si las pretensiones deben prosperar.

En primer lugar, se debe indicar que el argumento central de la demanda, consiste en que existe una discriminación remuneratoria entre los comisarios de familia que se vincularon antes y después de la Ley 909 de 2004 y del Decreto ley 785 de 2005, que no tiene justificación alguna y que transgrede el principio «a trabajo igual, salario igual».

En efecto, con las pruebas obrantes en el expediente se observa que en la remuneración que perciben los comisarios de familia vinculados con anterioridad y con posterioridad a tales disposiciones existen dos diferencias concretas que consisten en que a aquellos se les concede un 20% por concepto de gastos de representación y una prima técnica equivalente al 50% de su asignación básica, mientras que a estos, tan solo se les concede un 40% por concepto de prima técnica y no tienen derecho a suma alguna por concepto gastos de representación.

No obstante, para determinar si tal desigualdad es justificada, la Sala debe verificar las razones que conllevan esa diferenciación y, según lo narrado en el acápite «marco normativo» es fácil concluir que el trato desigual tiene justificación en el respeto de los derechos adquiridos de aquellos servidores públicos que venían vinculados a la Secretaría Distrital de Integración Social con anterioridad a los ajustes de estructura que se produjeron con ocasión de lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 y del Decreto ley 785 de 2005.

En efecto, y recapitulando lo indicado en el acápite «marco normativo» el objeto de la ley en mención consistió en regular el sistema del empleo público y el establecimiento de los principios básicos para el ejercicio de la gerencia pública, y con el fin de que se desarrollara lo allí dispuesto, se revistió al Presidente de la República de facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley, entre otros temas, sobre el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos aplicable a las entidades del orden territorial cobijadas por la ley en mención.

En ejercicio de tales facultades el Presidente de la República expidió el Decreto ley 785 de 2005, en cuyo artículo 3 estableció que los empleos de las entidades territoriales se clasificarían en 5 niveles jerárquicos, así: directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial, de manera que eliminó el nivel ejecutivo que hacía parte de la estructura de la administración.

Comoquiera que la modificación anterior implicaba la aniquilación de un nivel que hacía parte de la estructura de las diferentes entidades de la administración territorial -el ejecutivo-, se hizo imprescindible expedir normas transitorias, pues se requería que las plantas de personal y los manuales específicos de funciones y competencias se establecieran con sujeción a la nomenclatura y clasificación de empleos de acuerdo a los niveles, competencias y requisitos generales allí previstos; no obstante, las denominaciones de empleos que quedaran suprimidas por virtud de lo dispuesto en ese decreto, permanecerían vigentes hasta cuando se modificaran las plantas de personal.

A razón de lo anterior, se concedió un plazo a las diferentes entidades territoriales para «ajustar» sus plantas de personal, vencido el cual no debían existir dentro de ellas, empleos con denominaciones del extinto nivel ejecutivo. Así mismo, se determinó que en el evento en que durante ese plazo se generaran vacantes definitivas en empleos de ese nivel, se debían suprimir, «salvo que por necesidades del servicio se efectu[aran] las equivalencias del caso, dentro del nivel profesional».

La situación expuesta en la normativa citada fue la que ocurrió con el empleo de jefe local, código 212, grado 18, pues, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 del Decreto 550 de 2002 hacía parte del nivel ejecutivo; no obstante, como la Secretaría de Integración Social, por necesidades del servicio, tuvo que mantener el empleo por necesidad del servicio, realizó las equivalencias de ese empleo dentro del nivel profesional, al tenor de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 33 del Decreto ley 785 de 2005, según el cual las equivalencias se producirían en ese nivel -el ejecutivo-.

Justamente así procedió la Secretaría de Integración Social mediante el Decreto 105 de 2006, en el cual suprimió el empleo de jefe local, código 212, grado 18, y, en su lugar, creó el de comisario de familia, código 202, grado 26, de modo que realizó las equivalencias que consideró necesarias, y ubicó el empleo dentro del nivel profesional, tal como lo ordenó el parágrafo del artículo 33 del decreto en cita.

Al respecto, valga precisar que el parágrafo del artículo 33 del aludido decreto sí determinó que como habían denominaciones de empleo que debían ser suprimidas, en caso de que se mantuviera la necesidad de esos empleos, se debían hacer las equivalencias del caso dentro del nivel profesional; así las cosas, se debe concluir que no es cierto, como lo pretende el demandante, que no se autorizó o permitió tal supresión, pues esta era necesaria a causa de la eliminación del -nivel ejecutivo- y en su lugar, bien podían suprimirse los empleos o mantenerse, pero haciendo la equivalencia del caso.

Al realizar el ajuste anterior, el empleo que se creó quedó ubicado en el nivel profesional y, por ende, los salarios y demás emolumentos a que tienen derecho quienes se hayan vinculado a ese empleo, a partir de tal modificación, son aquellos determinados por la ley para quienes hacen parte del nivel profesional, es decir, los establecidos en el Acuerdo Distrital 199 de 2005.

Ahora bien, la situación de aquellos empleados que hacían parte de la planta de personal anterior y que componían el nivel ejecutivo de la entidad, debía ser protegida, pues, pese a que el empleo fue ajustado al nivel profesional, era necesario que a las personas que venían vinculadas al cargo de jefe local y que se incorporaron en la nueva planta de personal en el de comisario de familia se les respetaran los derechos salariales que adquirieron cuando el empleo hacía parte del nivel ejecutivo, entre ellos, un porcentaje superior por concepto de prima técnica y un monto por gastos de representación.

Esta garantía está amparada por lo dispuesto en el artículo 53 constitucional, pues se trata de derechos adquiridos, los cuales se predican respecto de los empleados que venían con una condición beneficiosa que no puede ser desmejorada a causa de los ajustes de la estructura de la entidad, mas no del empleo o cargo, el cual puede ser modificado o suprimido según las necesidades del servicio, en ejercicio de las competencias constitucionales y legales.

La circunstancia anterior es el fundamento que legalmente soporta la diferenciación entre la remuneración de los comisarios de familia que se vincularon antes de la Ley 909 de 2004 y el Decreto 785 de 2005 y no constituye, en modo alguno, violación del principio «a trabajo igual, salario igual», pues el reconocimiento de la prima técnica y los gastos de representación a favor de aquellos comisarios de familia que venían vinculados a la entidad desde antes del aludido ajuste, es producto del respeto de los derechos que habían adquirido cuando el empleo tenía una denominación diferente y se ubicada en un nivel que desapareció de la estructura de la administración y tan solo se mantendrá, mientras tales empleados sigan vinculados en el empleo equivalente.

Precisamente, con el objeto de garantizar tales prerrogativas de que eran titulares los empleados que venían laborando en el empleo de jefe local tantas veces referenciado, y que a causa del ajuste de la estructura de la entidad cambió de denominación y de nivel, el artículo 6 del Decreto 105 de 2006 les garantizó que continuarían percibiendo «la misma asignación básica, porcentaje de gastos de representación y prima técnica», asignados con anterioridad, mientras permanezcan en los empleos equivalentes.

Así las cosas, era válido invocar, como lo hizo la administración en los oficios y resolución acusadas, las sentencias C-058 de 2002 y C-624 de 2008, que tratan del respeto a los derechos adquiridos y de la posibilidad de dar un trato diferenciado, siempre y cuando se encuentre justificado, como ocurre en el caso que ocupa la atención de la Sala, en el que, se insiste, los hoy comisarios de familia vinculados con anterioridad a la Ley 909 de 2004 y el Decreto ley 785 de 2005, adquirieron unas prerrogativas salariales derivadas de que su empleo se ubicaba en un nivel que ya no existe dentro de la estructura de la administración.

Valga aclarar que el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos no es intangible; se puede modificar debido a razones de política macroeconómica y de sostenibilidad fiscal; sin embargo, para no vulnerar derechos adquiridos la administración puede implementar regímenes de transición, como ha ocurrido en regímenes pensionales, de cesantías, de prima técnica, entre otros, y como ocurrió en el presente caso.

Ahora bien, descendiendo al caso concreto del actor, y a la luz de lo señalado previamente, es evidente que no tiene derecho al reconocimiento de la prima técnica en el porcentaje reclamado, ni a los gastos de representación, comoquiera que su vinculación tanto en provisionalidad -el 4 de junio de 2004-, como en período de prueba -el 1 de febrero de 2010-, y posterior adquisición de derechos de carrera administrativa, se produjo con posterioridad a la Ley 909 de 2004 y del Decreto ley 785 de 2005.

Las pruebas aportadas al expediente demuestran que la vinculación del actor en la Secretaría de Integración Social se produjo cuando el empleo se denominaba comisario de familia código 202, grado 26, ya se ubicaba en el nivel profesional y, por ende, debe someterse a la asignación salarial determinada para ese empleo, y la prima técnica a que tiene derecho es aquella que se fijó en el Acuerdo Distrital 199 de 2005 para ese nivel, esto es, el 40% de su asignación básica.

3. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016, respecto de la condena en costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso. Valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala condenará en costas de segunda instancia a la parte demandante, quien resultó vencida en el proceso y a quien le fue resuelto desfavorablemente el recurso de apelación, teniendo en cuenta la actuación de la entidad demandada.

4. Conclusión

Con los anteriores argumentos se concluye que el señor Oscar Parra Cortés no tiene derecho al reconocimiento de los emolumentos salariales y prestacionales pretendidos, razón por la cual se confirmará la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda y se condenará en costas de segunda instancia al demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A

Primero.- Confirmar la sentencia proferida el 30 de octubre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en el proceso promovido por Oscar Parra Cortés contra Bogotá, D.C., Secretaría de Integración Social, que denegó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo manifestado en las consideraciones que anteceden.

Segundo.- Condenar en costas de segunda instancia al demandante, las cuales deberán ser liquidadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Tercero.- Devolver el expediente al Tribunal de origen

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

DDG

Mediante memorial de folios 106 a 120.
Folios 241 a 253.
Folios 278 y 279.
Folios 280 a 283.
Folio 284.
Corte Constitucional, Sentencia T-018/99, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
Artículos 1 y 2 de la Ley 909 de 2004.
Artículo 3, numeral 1, literal c) de la Ley 909 de 2004.
Tales cargos hacían parte de ese nivel, según consta en el artículo 4 del Decreto 550 de 2002. El nivel ejecutivo fue suprimido a partir de lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 y el Decreto ley 785 de 2005.
Folio 29.
Folio 36.
Folio 82.
Folio 30.
Folios 37 y 38.
Folio 31.
Folios 32 a 35.
Folios 78 y 79.
Folios 80 y 81.
Folio 86.
Folios 3 y 4.
Folios 7 y 8.
Folios 9 y 10.
Folios 11 a 13.
Folios 15 a 18.
Folios 19 y 20.
Folios 22 a 24.
Folios 179 a 181.
Folios 184 a 187.
Folios 182 y 183.
Folios 190 y 191.
Igual ocurrió mediante Resoluciones 0642 del 28 de mayo de 2010 (folios 192 a 197), 0715 del 18 de junio de 2010 (folios 200 a 203), 0968 del 10 de agosto de 2010 (folios 204 a 205).
Folios 198 y 199.
Folios 26 a 28.
Folios 175 a 178.
Folio 243.
Folios 248 a 251.
Se refiere a la Resolución 629 del 26 de junio de 2007, cuya copia parcial obra en folios 244 a 247.
Ley 909 de 2004, artículo 1.
Ley 909 de 2004, artículo 53, numeral 2.
Tal como lo previó el artículo 31 del Decreto ley 785 de 2005.
Decreto ley 785 de 2005, artículo 33, parágrafo.
«Parágrafo: Si durante este período se presentare vacante definitiva en alguno de los empleos pertenecientes al nivel ejecutivo, este deberá ser suprimido, salvo que por necesidades del servicio se efectúen las equivalencias del caso, dentro del nivel profesional».
«Los empleados públicos que se encuentren desempeñando empleos a los cuales se les haya modificado el nivel jerárquico en virtud de lo dispuesto por el Decreto 785 de 2005, continuarán percibiendo la misma asignación básica, porcentaje de gastos de representación y prima técnica, asignados con anterioridad, mientras permanezcan en los empleos equivalentes, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 21 del citado decreto».

M.P. Álvaro Tafur Galvis.
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
Folio 29.
Folio 82.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto».
Presentó alegatos de conclusión.

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