RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2013-04659-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-04659-01

Investigación disciplinaria: término de 6 meses

Fecha
13 de agosto de 2021
Consejero ponente
César Palomino Cortés

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-04659-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 5 de mayo de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones esbozadas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Téngase al doctor Manuel Guillermo González González identificado con la TP No 114.193 del C.S.J., como apoderado de la Procuraduría General de la Nación en los términos del mandato conferido. Reconózcase al doctor Sergio Alfredo Segura Alfonso identificado con la TP No 320.448 del C.S.J., como apoderado de la Procuraduría General de la Nación de conformidad con el poder allegado. CUARTO: Aceptase el impedimento presentado por la doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez, para conocer el presente proceso. QUINTO: Se deja constancia que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. SEXTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2013-04659-01

Consejero ponente: César Palomino Cortés

13 de agosto de 2021

INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA - Término de 6 meses / DEBIDO PROCESO - No vulnerado

[E]n principio la autoridad disciplinaria tenía 6 meses para adelantar la correspondiente investigación disciplinaria, al tener que la falta era grave; empero, como lo establece la parte final del inciso segundo de la norma transcrita, cuando son dos o más los implicados, como en el caso en estudio, el plazo se podía aumentar hasta en una tercera parte de los 12 meses que previó el legislador para las faltas gravísimas contenidas en los numerales que expresamente señaló en la norma. Es decir, que el término en el sub lite no sería de 6 meses, sino que podría aumentar hasta en 16 meses, no obstante queda demostrado que la autoridad disciplinaria se excedió en el término para adelantar la investigación. Así las cosas, el término previsto en el artículo 156 de la Ley 734 de 2002 fue excedido por la Procuraduría General de la Nación, pero esta circunstancia temporal no conlleva per se violación del derecho al debido proceso, ni la perdida de la competencia para ejercer la potestad disciplinaria, pues la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado han sido coincidentes y reiterativas que el incumplimiento de los plazos procesales no genera los efectos aludidos, salvo que opere el fenómeno de la prescripción. (…) Así entonces, para la Sala el incumplimiento de los términos procesales en las etapas de la actuación disciplinaria no limitan el ejercicio de dicha potestad, el cual tiene por objeto garantizar el adecuado funcionamiento de la administración, de conformidad con los principios y fines previstos en la Carta Política y la Ley, labor que fue desarrollada por la Procuraduría General de la Nación al momento de expedir los actos demandados, por lo que se considera que no se vio afectado el debido proceso ya que al demandante le fue respetado el derecho a la defensa al ser debidamente notificado de las providencias emitidas, lo cual le permitió en su momento contestar el auto de cargos, solicitar pruebas y apelar las decisiones sobre las cuales recaía su inconformidad, cumpliéndose además con la garantía de la función pública establecía en el artículo 22 de la Ley 734 de 2002 .Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que, pese a que la Procuraduría Provincial de Guateque excedió el término de la etapa de investigación, dicha circunstancia objetiva no conlleva la nulidad de la actuación disciplinaria, ni es causal que invalide los actos censurados, razón suficiente para no declarar probado el cargo. NOTA DE RELATORIA: Referente a sobre las consecuencias del incumplimiento de los términos en la actuación disciplinaria, ver: Corte Constitucional, Sentencia de unificación SU-901 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Referente a la superación de los plazos procesales, ver: C. de E, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 22 de mayo de 2018, M. P. César Palomino Cortés, Rad. 11001-03-25-000-2011-000466-00 (0171-11).

FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 30 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 34 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 156 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 163 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 170 / CONSTITUCION POLITÍCA - ARTÍCULO 29

INDEBIDA NOTIFICACIÓN DE AUTO QUE NIEGA PRUEBAS EN PROCESO DISCIPLINARIO – No configuración / DEBIDO PROCESO - No vulnerado

El auto que resuelve la solicitud de nulidad y decreta pruebas de descargos proferido dentro del IUS 060-1813/2009 no fue impugnado por ninguno de los disciplinados. Advierte la Sala que las referidas pruebas no fueron solicitadas por la parte demandante por ello mal podría aducir que se le desconoció el debido proceso al negar unas pruebas que nunca solicitó. (…) Respecto a la indebida notificación del auto de 26 de marzo de 2012, mediante el cual se negó el decreto y práctica de pruebas, de conformidad con lo consagrado en el artículo 115 de la Ley 734 de 2002, procede el recurso de apelación, decisión que no es susceptible de notificarse personalmente según lo señalado en el artículo 101 de la referida norma, por lo que la accionada procedió a citar por medio de oficio para efectos de lograr la notificación personal y al no comparecer el disciplinado, se dispuso la notificación por edicto. De esta manera se concluye que la demandada cumplió el trámite de la notificación en debida forma según lo establecido en la ley disciplinaria, por lo que no se encuentra motivos para determinar el desconocimiento del debido proceso de la parte demandante. Tampoco era procedente resolver las pruebas solicitadas por otro disciplinado, como es el señor German Blanco Rodríguez, a quien se le prescribió la acción, tal como se manifestó previamente, al no haber hecho uso el accionante de la oportunidad probatoria referente a las mismas.

FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 115 / LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 101

DECISIÓN DE NULIDAD EN PROCESO DISCUPLINARIO DE MANERA EXTEMPORANEA – No vulnera el debido proceso

[R]especto a la solicitud de nulidad presentada en el escrito de descargos el 4 de octubre de 2011 y que dice fue decidida tan solo hasta el 26 de marzo de 2012, observa la Sala que dicha reclamación fue resuelta por la entidad, en donde se determinó que no había lugar a decretarla por no estar dados los requisitos que la ley exige. Si bien es cierto, que la entidad se debe pronunciar dentro del término señalado para ello, el sobrepasar dicho límite no constituye por sí mismo desconocimiento del debido proceso, se trata de una demora que no afecta el derecho fundamental, tan solo podría dar lugar a medidas disciplinarias en contra del funcionario encargado de resolverla, en suma, la actuación administrativa se tramitó libre de todo escollo que afecte su validez.

FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 - ARTÍCULO 147

RECONOCIMIENTO Y PAGO DE VIÁTICOS – Exige acto administrativo que autorice comisión de servicios

[P]ara efecto del reconocimiento y pago de viáticos por parte del investigado cuando fungió como alcalde del municipio de Chocontá, debió expedirse el acto administrativo en el que se autorizara la comisión de servicios, así como el término de duración, ordenándose el pago de los viáticos, previa apropiación presupuestal. Referente a que en el municipio de Chocontá se venía reconociendo y pagando los viáticos de acuerdo únicamente con las normas de orden municipal, esta situación no puede justificar el actuar ilegal, en razón a que la costumbre contra legem no es fuente de derecho, tal como lo ha considerado el código civil colombiano, además de existir norma de carácter nacional que regula lo contrario al exigir otros requisitos, los que no se cumplieron en el caso concreto. Contrario a lo manifestado por la defensa, la norma aplicable para efecto de la concesión de viáticos era el Decreto 628 de 2007, norma que determina la necesidad de contar con un acto administrativo que confiera la comisión.

FUENTE FORMAL: DECRETO 628 DE 2007

PROCESO DISCIPLINARIO / DERECHO A LA HONRA Y BUEN NOMBRE – No vulneración / DERECHO AL DEBIDO PROCESO – No vulneración

[E]l derecho al buen nombre en materia disciplinaria está ligado directamente con el cargo ostentado por el sujeto disciplinado y el impacto de las actividades desplegadas por este desde su posición como servidor público. Así las cosas, se tiene que (i) el señor Alejandro Gualteros Gil se desempeñó como alcalde del municipio de Chocontá; y (ii) durante el trascurso del proceso sancionatorio el sujeto disciplinado no logró demostrar que la conducta endilgada por la Procuraduría General de la Nación carecía de veracidad, por lo que dicha situación vulneró el principio de moralidad administrativa ya que actuó como ordenador del gasto de su municipio. Sumado a esto, se encuentra que la demandada en el marco del proceso disciplinario garantizó los derechos al debido proceso y a la defensa material del disciplinado, pues esta entidad recabó, practicó y valoró las pruebas con el fin de establecer la responsabilidad del señor Alejandro Gualteros Gil, sin la observancia de material probatorio que soportara la vulneración del derecho al buen nombre anunciado por el demandante. En tal sentido, se estima que el cargo infundado carece de elementos que prueben que desde la actividad sancionadora se vulneró el derecho invocado, razón por la que el vicio de nulidad no está llamado a prosperar. En atención a lo previamente señalado, la Sala comparte la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, pues el demandante no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos a través de los cuales fue sancionado disciplinariamente.NOTA DE RELATORIA: Referente a el derecho al buen nombre, ver: Corte Constitucional, sentencia T-277 de 2015.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLITÍCA - ARTÍCULO 15

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D. C., trece (13) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 25000-23-42-000-2013-04659-01(0776-17)

Actor: ALEJANDRO GUALTEROS GIL

Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Ley 1437 de 2011

Tema: Sanción disciplinaria de suspensión de 2 meses

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 5 de mayo de 2016 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que no accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Alejandro Gualteros Gil, por conducto de apoderado judicial, solicita las siguientes declaraciones y condenas:

Pretensiones

Que se declare la nulidad de la Resolución No 006 de 22 de junio de 2012, proferida por la Procuraduría Provincial de Guateque – Boyacá dentro del proceso 060-18113-2009 en virtud de la cual se impuso al demandante la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 3 meses; y el Fallo de segunda Instancia de 10 de octubre de 2012 expedido por la Procuraduría Regional de Boyacá que impuso la sanción de suspensión, por el lapso de 2 meses.

Solicita restablecer a la parte demandante el derecho a la honra (buen nombre) y al trabajo, se deje sin efecto la sanción impuesta a través de los actos acusados, se retire las anotaciones del registro de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría y se condene en costas y agencias en derecho.

Los hechos que fundamentan las pretensiones son los siguientes:

Narra que, debido a una visita especial realizada por la Procuraduría Provincial de Guateque a la alcaldía del municipio de Chocontá, esa entidad solicitó la entrega de copia de una de las cuentas canceladas en el 2007 al demandante, cuando fungía como alcalde de ese municipio, por concepto de viáticos.

Señala que en dicha relación se observó que el último pago efectuado al alcalde corresponde a los viáticos del mes de julio de 2007 y al reintegro del valor de los peajes, no solo del vehículo del alcalde, sino de todos los vehículos oficiales del municipio de Chocontá, que por sus desplazamientos fuera del municipio causaron dicha erogación.

Como consecuencia de la visita practicada a las dependencias de la administración municipal de Chocontá y los documentos en ella recaudados, la Procuraduría observó inconsistencias en lo relacionado a los viáticos reconocidos al alcalde, motivo por el cual resolvió abrir investigación disciplinaria contra la parte demandante, en su calidad de alcalde. Procede a enunciar los diferentes actos realizados dentro del proceso disciplinario.

Refiere que con fecha 22 de junio de 2012 el Procurador Provincial de Guateque profirió fallo de primera instancia, en el cual resolvió declarar probado y no desvirtuado el cargo único elevado contra el demandante, declarándolo responsable disciplinariamente, a título de culpa gravísima e imponiéndole la sanción de suspensión por el término de 3 meses, convirtiéndose la suspensión en salarios devengados por el alcalde en la vigencia 2007.

Decisión frente a la cual se interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto en segunda instancia por el Procurador Regional de Boyacá, fallo en el cual dispuso declarar la prescripción a la mayoría de las imputaciones, estableciendo vigente la conducta referente al pago de viáticos el 30 de julio de 2007, debido a no haber expedido el alcalde el acto administrativo que confería las comisiones al mismo; para finalmente reducir la sanción de 3 a 2 meses de suspensión.

1.2 Normas violadas y concepto de violación

Como normas violadas cita el demandante las siguientes:

De la Constitución Política, los artículos 21, 25 y 29.
Ley 734 de 2002, los artículos 6, 12, 129, 147, 156 y 143 numerales 2 y 3.
Ley 136 de 1994, el artículo 112.
Ley 4 de 1992, los artículos 1 y 12.
Decreto 1950 de 1973, los artículos 1, 2, 3, 4 y 5.
Decreto 1042 de 1978, los artículos 1 y 5.
Decreto 628 de 2007, el artículo 1.
Decreto 1919 de 2002
Acuerdo 024 de 1999 expedido por el Concejo Municipal de Chocontá.
Decreto 01 de 2002 proferido por el alcalde de Chocontá.

Adujo, como primer cargo contra los actos acusados, que en el proceso disciplinario adelantado contra la parte demandante fue colocado indefinidamente en situación de investigado, lo cual es repudiado por la Constitución Política y por la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, toda vez que el Procurador Provincial, sin ninguna justificación extendió el término entre la apertura de la investigación y el cierre de esta de manera ostensible, en perjuicio del disciplinado.

Como segundo cargo, sostuvo que las pruebas solicitadas en el proceso disciplinario, concernientes a una declaración de un testigo y la certificación de la Oficina Jurídica de la Gobernación de Cundinamarca, eran conducentes, toda vez que con la primera se establecía como se efectuaba el trámite de las cuentas de viáticos y desde cuando se venían efectuando de esa manera, sin que fuere objetada en ninguna ocasión y con la segunda, se pretendía tener el concepto de la dependencia que tenía bajo su responsabilidad dicha erogación. Adicionalmente, también eran conducentes las pruebas solicitadas por el señor Germán Blanco Rodríguez a quien se le declaró la prescripción de la acción, pero quien en su trabajo de descargos solicitó pruebas cuyo resultado debió haberse aplicado a los otros dos implicados, por tratarse de un solo proceso y existir unidad de causa, sin embargo, la Procuraduría no se refirió a ellas ni las negó.

Destacó además que no le fue posible controvertir la decisión de haberse negado las pruebas ni interponer el recurso de apelación a que tenía derecho, por cuanto no se comunicó de forma personal y solo se enteró hasta el 18 de julio de 2012 en la notificación del fallo de primera instancia, cuando ya había venido el término para hacerlo.

Como tercer cargo, precisó que, habiéndose planteado una solicitud de nulidad en el proceso disciplinario, la misma fue resuelta después de 6 meses, cuando se debió efectuar dentro de los 5 días siguientes a su formulación, de acuerdo a lo establecido por la Ley 734 de 2002, siendo aún más grave dicha irregularidad cuando los interesados se enteraron de la decisión de rechazo a la solicitud de nulidad y de práctica de algunas pruebas cuando ya no era posible controvertir ni interponer recursos.

Como cuarto cargo, manifestó que no se hizo una valoración objetiva e imparcial de los elementos de prueba justificativa, puesto que nunca se valoraron en la manera debida los actos administrativos municipales expedidos y sancionados en debida forma, esto son, el Acuerdo 024 de 1999 y Decreto 001 de 2002, que estaban vigentes para la época de los hechos, y los cuales reglamentaban los viáticos a nivel municipal y que gozan del principio de legalidad, ya que fueron expedidos bajo la competencia otorgada en los artículos 313 y 315 de la Constitución, siendo válidos mientras no sean anulados o declarados inconstitucionales por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o Constitucional. En consecuencia, los pagos realizados por concepto de viáticos al demandante son legales, razón por la cual las acciones que equivocadamente se investigaron y sancionaron no constituyen falta disciplinaria.

Como quinto cargo, menciona que la Procuraduría incurrió en vías de hecho al realizar la imputación de responsabilidad de manera objetiva, es decir, determinó que la conducta en sí misma era falta disciplinaria, sin valorar el elemento subjetivo que podría atenuar e inclusive eliminar la responsabilidad disciplinaria, por cuanto podía deducir que los investigados pudieron incurrir en error grave e invencible, originado en razón de la interpretación de algunas normas y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

Finalmente, como sexto cargo señaló que se vulneró el derecho fundamental a la honra, debido a que la sanción mantiene a la parte demandante reportado injustamente por 5 años en el registro de sanciones disciplinarias de la Procuraduría y, en consecuencia, en la picota pública, a causa de la publicidad de la sanción, más aún, cuando el demandante hace actividades de proselitismo político y desempeño de cargos en el sector público, en el cual se necesita una hoja de vida limpia, para no dar oportunidad a los contradictores para que causen el desmérito.

La contestación de la demanda

La Procuraduría General de la Nación a través de apoderado, contestó la demanda y se opuso a las pretensiones por cuanto durante el trámite del proceso se le garantizó al actor el derecho a defenderse y contradecir las decisiones tomadas.

Respecto al término de la investigación disciplinaria afirmó que el solo incumplimiento de los términos procesales no indica, per-se violación del debido proceso. Así entonces, el vencimiento de los términos bien sea para la investigación o el fallo dentro de la acción administrativa, no constituye causal que invalide las actuaciones desarrolladas al interior del proceso, ni mucho menos los fallos sancionatorios, más aún cuando el no estricto cumplimiento de los términos ha sido justificado.

Frente a las pruebas no decretadas en el proceso disciplinario, señaló que la denegación de la incorporación del Decreto 001 de 2 de enero de 2002 se debió a que ya obraba en el proceso en el cuaderno original, ordenándose incorporar como prueba la copia del Acuerdo No 024 del 18 de diciembre de 1996 y los apartes del documento de la Contraloría de Cundinamarca del 21 de octubre de 2008.

En lo concerniente a las pruebas que fueron pedidas por otro disciplinado, sostuvo que no es de recibo que se pretenda endilgar una irregularidad en el auto de pruebas respecto de unas probanzas que no fueron solicitadas por el demandante, pues resulta fuera de toda lógica jurídica, más aún si dentro de las pedidas por el mismo fueron en su mayoría decretadas, siendo denegadas otras por cuanto ya obraban en el plenario disciplinario. Resaltó que contra el auto que denegó las pruebas procede el recurso de apelación, conforme el artículo 115 de la Ley 734 de 2002, sin embargo, el disciplinado no lo interpuso, luego no puede enmendar su descuido en sede judicial.

Consideró que no es cierto que dicho auto no se hubiera notificado en debida forma, ya que, si fue notificado a los disciplinados mediante edicto del 18 de abril de 2012, previo agotamiento del término para la notificación personal, sin que ninguno de los sujetos procesales presentara recurso alguno.

En lo relacionado a la falta de valoración objetiva e imparcial de los elementos de pruebas, señaló que el demandante, apartándose del buen ejercicio de su deber funcional, autorizó el pago de viáticos causados en los meses de junio y julio de 2007 a su favor y de otro funcionario, sin que mediara acto administrativo que lo soportara, reconociera y ordenara su pago (artículos 65 del Decreto 1042 de 1978; 5 del Decreto 626 de 2007, 3 del Decreto 628 de 2007), ni la prueba de la permanencia en el lugar de comisión ni de los gastos de transporte, manutención y alojamiento (artículo 61 del Decreto 1042 de 1978), cancelando además por concepto de viáticos, en el caso del mes de julio de 2007, factores diferentes a los gastos de manutención y alojamiento.

Concluyó que es claro que el demandante desconoció el deber funcional que tenía de ordenar el gasto de su municipio observando las normas jurídicas aplicables y el principio de moralidad administrativa que regulaba su actuar. Así entonces, con su conducta omitió el deber contenido en el numeral 1 del artículo 34 de la ley 734 de 2002, por cuanto omitió los deberes señalados en las normas previamente referidas.

En cuanto a la exculpación que ofrece el actor en el sentido que se ciñó al procedimiento establecido en el Acuerdo No 024 de 1999 y el Decreto No 01 de 2002, el cual venía aplicándose desde antes de que llegara a la alcaldía de esa localidad, si bien esas normas municipales establecían que para el reconocimiento de viáticos de los cargos Directivos y Ejecutivos solo se exigía una relación con indicación de la fecha, entidad y destino de la misión oficial aprobada previamente por el alcalde, lo cierto es que la norma nacional exigía la existencia de acto administrativo que así lo ordenara, el cual, frente a los viáticos de los meses de junio y julio de 2007, no existieron. Con fundamento en lo indicado solicita denegar en su totalidad las súplicas de la demanda.

La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la sentencia del 5 de mayo de 2016, negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos:

Expone, que no encuentra razones por las cuales el vencimiento del periodo de investigación disciplinaria pueda configurar causal de nulidad, toda vez que la extensión de esa etapa no tiene fin distinto al esclarecimiento de los hechos objeto de investigación, a través del recaudo de elementos probatorios, para así determinar si existen méritos para la formulación de cargos o, por el contrario, el archivo del proceso. Además, la extensión del término de la investigación disciplinaria y la indefinición sobre la formulación de cargos no puede asimilarse a una afectación del debido proceso, pues dicho término únicamente implica una obligación a cargo del funcionario encargado quien puede ser sancionado ante su inobservancia.

Destaca que las solicitudes probatorias a las cuales hace referencia en la demanda no fueron planteadas por el demandante sino por otro disciplinado. Asimismo, que dichas pruebas resultaban impertinentes para desvirtuar la falta disciplinaria e inconducentes.

Agrega que el auto que niega el decreto de pruebas, al no ser procedente la notificación personal pues no se encuentra enlistado en el artículo 101 del CDU, se libró comunicación a efecto de notificar al demandante y en razón a que no compareció se dispuso la notificación mediante edicto el 16 de abril de 2012, decisión que no fue impugnada.

Explica que desde el momento en que el demandante planteó la solicitud de nulidad al instante en que fue resuelta se sobrepasaron los 5 días, no obstante, la extensión del término no puede equipararse a una afectación del debido proceso, solo implica una obligación a cargo del funcionario que conozca de la causa disciplinaria y su incumplimiento únicamente acarrea eventuales consecuencias disciplinarias para aquel.

Precisa que se efectuó un análisis detallado respecto al procedimiento administrativo para el reconocimiento y pago de viáticos teniendo en cuenta el Acuerdo 024 de 1999 y el Decreto 01 de 2002, así como la normativa de orden nacional, concluyendo que era imperativo la expedición del acto administrativo autorizando la comisión de servicios, en el cual debía fijarse su duración, contar con certificado de disponibilidad presupuestal y constancia sobre el cumplimiento de las comisiones.

Aclara que de aceptarse que en el municipio de Chocontá se venía efectuando de tiempo atrás una práctica para el reconocimiento y pago de viáticos, la misma no puede ser fuente de derecho ni tampoco exime de responsabilidad, cuando a la luz de la normatividad era imperativo expedir un acto administrativo y contar con certificado de disponibilidad presupuestal.

Anota que en el acto administrativo demandado se efectuó un estudio sobre el componente subjetivo en la comisión de la conducta reprochada al demandante, al atribuirle el conocimiento y la negligencia en la aplicación de la normatividad vigente para el reconocimiento y pago de viáticos, por lo que se apartó de las prerrogativas concernientes al manejo del presupuesto.

Concluye que la afectación al derecho a la honra y/o buen nombre del demandante constituye una consecuencia derivada de la expedición de los actos, por lo que, al no desvirtuarse su presunción de legalidad, la sanción disciplinaria y las consecuencias de esta, componen una carga que está en la obligación de soportar.

El recurso de apelación

Sustenta la parte actora el recurso incoado en que no le asiste razón al Tribunal de Cundinamarca, en la justificación de la dilación del término, toda vez que por más de dos años no se produjo ninguna actuación, manteniendo a los investigados en situación de sub-judice.

Agrega que las comunicaciones si eran enviadas nunca llegaban a tiempo por lo que no podía ejercer el derecho de defensa. Que eran pertinentes las pruebas solicitadas por las partes, tales como la declaración de la persona que efectuaba los trámites para el pago de dichos emolumentos y la certificación de la oficina jurídica de la gobernación, para establecer la legalidad de los actos administrativos, Acuerdo 024 de 1999 y Decreto Municipal 01 de 2002, que regulaban el pago de los viáticos en el municipio de Chocontá, en razón de que estos una vez producidos eran enviados a dicha dependencia para su revisión y en el caso de no encontrarlos acordes a la legalidad era su función demandarlos para que fueran revocados.

Añade que el fallo desestimó que la erogación de los viáticos se hizo de conformidad con el Acuerdo 24 de 1999 y el Decreto Municipal 01 de 2002, los que fueron expedidos a la luz de la constitución de 1991. Que el decreto 628 de 2007, está dirigido a los empleados públicos a que se refieren los literales a, b y c del artículo 1º de la Ley 4 de 1992, es decir a los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional, los empleados del congreso nacional, la rama judicial, ministerio público, fiscalía general de la nación, organización electoral y contraloría general de la república.

5. Alegatos de conclusión

Mediante auto del 23 de mayo de 2017, el Despacho sustanciador corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera el concepto.

5.1 Parte demandante.

El apoderado del actor presentó alegatos de conclusión, reiterando lo manifestado en la demanda.

5.2 Parte demandada

La Procuraduría General de la Nación, se refirió a lo señalado en la contestación de la demanda y al no evidenciar causal alguna de nulidad de los actos administrativos sancionatorios, solicitó se confirme la sentencia de primera instancia y se nieguen las súplicas de la demanda.

5.3 Ministerio Público

El representante del Ministerio Público no rindió concepto, según constancia de la secretaría de fecha julio 25 de 2017.

II.CONSIDERACIONES
1. Competencia

El presente asunto es competencia de esta Corporación de conformidad con lo establecido en inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

2. Control judicial

El Consejo de Estado se ha manifestado en repetidas oportunidades sobre el control judicial que ejerce respecto de las decisiones, pruebas y demás actuaciones que se presentan en desarrollo del proceso administrativo sancionatorio y actualmente la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia del 9 de agosto de 2016, consideró frente el alcance de aquél:

“En conclusión: El control judicial de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria, es integral.

Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es plena, sin "deferencia especial" respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y Ia ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva”.

Conforme a esta línea jurisprudencial, la Sala indica que tiene plena competencia para abordar el asunto y estudiar los cargos formulados en la demanda.

3. Cuestión previa

Se observa que la doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez, conoció del presente proceso en primera instancia al proferir el auto admisorio de la demanda de fecha 4 de septiembre de 2013 y la audiencia inicial de 20 de mayo de 2014, por lo cual se encuentra impedida para conocer del asunto de conformidad con el numeral 2 del artículo 141 del Código General del Proceso.

4. Problema jurídico

La Sala debe estudiar en los términos del recurso de apelación interpuesto por el demandante, si procede modificar el fallo de primera instancia, pues en criterio del disciplinado se debe acceder a las súplicas de la demanda al haber incurrido los actos acusados en inobservancia del debido proceso y las causales de nulidad consagradas en los numerales 2 y 3 de la Ley 734 de 2002.

Con el fin de resolver el problema jurídico la Sala abordará los siguientes aspectos: 4.1 Actuación disciplinaria y 4.2 Caso concreto.

4.1 Actuación disciplinaria

La Procuraduría Provincial de Guateque por medio de auto del 16 de abril de 2009, ordenó la apertura a la acción preventiva No 0121/09, a la gestión administrativa, contratación estatal presupuesto y obras inconclusas adelantada por el municipio de Chocontá – Cundinamarca, en el periodo comprendido del 10 de julio de 2008 a la fecha.

Con auto de 27 de mayo de 2009 se abrió investigación disciplinaria en contra del inculpado por la Procuraduría Provincial de Guateque.

Por medio de auto de 31 de agosto de 2011 se formuló pliego de cargos en contra del demandante y calificó las faltas disciplinarias atribuidas como graves cometidas a título de culpa gravísima como sigue:

“ALEJANDRO GUALTEROS GIL, como Alcalde Municipal de Chocontá periodo constitucional 2004-2007, presuntamente incumplió los deberes de: 1. Desarrollar la función bajo el principio de moralidad contenido en el artículo 209 de la Constitución Política; 2. Cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos; y 3. Cuidar que los bienes y valores encomendados sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados; toda vez que, a través de las cuentas de cobro que a continuación se relacionan, reconoció y ordenó a su favor y a favor de WILLIAM GERMAN BLANCO RODRIGUEZ el pago de viáticos por supuestos desplazamientos en comisión oficial a diferentes lugares de la geografía nacional, como se relaciona a continuación, con circunstancias de tiempo, modo y lugar determinados, entre los años 2006 y 2007; sin la existencia de acto administrativo que ordenase tales desplazamientos, ni certificaciones que comprobasen la veracidad de la asistencia a tales eventos al momento del reconocimiento de la obligación de pago, ni la expedición de certificados de disponibilidad presupuestal y compromiso presupuestal previos”.

Mediante Resolución No 006 de 22 de junio de 2012 la Procuraduría Provincial de Guateque profiere decisión de primera instancia sancionando al señor Alejandro Gualteros Gil con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 3 meses, los cuales se convirtieron en salarios.

El 10 de octubre de 2012, la Procuraduría Regional de Boyacá resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y modifica la sanción de suspensión en el cargo por espacio de 3 meses y en su lugar impone la suspensión por el término de 2 meses.

4.2 Caso concreto

En el sub lite el señor Alejandro Gualteros Gil solicita la nulidad de los actos administrativos por los cuales fue sancionado con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 2 meses convertidos en multa, en razón a que autorizó el reconocimiento y pago de unos viáticos en calidad de alcalde municipal de Chocontá, a su favor y de otro funcionario de esa alcaldía sin los requisitos legales, por lo que incurrió en la falta grave contenida en los numerales 1, 3 y 21 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

Antes de realizar cualquier otro pronunciamiento se deja constancia que dentro del presente no se efectuó el estudio con fundamento en actos convencionales, debido a que no fue argumentado por la parte demandante, siendo improcedente hacerlo de oficio.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las súplicas de la demanda pues consideró que se efectuó un análisis detallado respecto al procedimiento administrativo para el reconocimiento y pago de viáticos teniendo en cuenta el Acuerdo 024 de 1999 y el Decreto 01 de 2002, así como la normativa de orden nacional, concluyendo que era imperativo la expedición del acto administrativo autorizando la comisión de servicios, en el cual debía fijarse su duración, contar con certificado de disponibilidad presupuestal y constancia sobre el cumplimiento de las comisiones.

El demandante sustenta el recurso de apelación en el: i) desconocimiento de los términos de la investigación disciplinaria; ii) negativa de decretar pruebas; iii) desconocimiento del término para resolver la nulidad; iv) falta de valoración imparcial del Acuerdo 024 de 1999 y Decreto 01 de 2002; v) imputación objetiva de los cargos, y v) afectación al derecho a la honra y buen nombre.

Determinado el marco objeto de litis, procede la Sala a estudiar los cargos del recurso de apelación.

i) desconocimiento de los términos de la investigación disciplinaria

Manifiesta la parte accionante que, en el proceso disciplinario, sin ninguna justificación se extendió el término entre la apertura de la investigación y el cierre de esta de manera ostensible, en perjuicio del disciplinado.

Los hechos por los cuales se investigó al demandante se limitaron al reconocimiento y pago a su favor y a favor de William Germán Blanco Rodríguez por concepto de viáticos y reembolso de peajes del mes de julio de 2007, según la decisión de segunda instancia disciplinaria.

En la actuación procesal se observa que, la Procuraduría Provincial de Guateque, el 27 de mayo de 2009 dispuso la apertura de investigación disciplinaria en contra del demandante y, el 31 de agosto de 2011 le formularon el pliego de cargos. El 22 de junio de 2012 se profirió el fallo de primera instancia y la segunda instancia fue resuelta el 10 de octubre de 2012.

Determinados los supuestos procesales que la parte actora alega que no fueron cumplidos, y teniendo en cuenta que el legislador en el artículo 156 de la Ley 734 de 2002, estableció el término para la etapa de la investigación disciplinaria, así:

“El término de la investigación disciplinaria será de seis meses, contados a partir de la decisión de apertura.

En los procesos que se adelanten por las faltas descritas en el artículo 48, numerales 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de este código, la investigación disciplinaria no se podrá exceder de doce meses. Este término podrá aumentarse hasta en una tercera parte, cuando en la misma actuación se investiguen varias faltas o a dos o más inculpados. (…)”. (Negrilla de la Sala).

Conforme a esta disposición, en principio la autoridad disciplinaria tenía 6 meses para adelantar la correspondiente investigación disciplinaria, al tener que la falta era grave; empero, como lo establece la parte final del inciso segundo de la norma transcrita, cuando son dos o más los implicados, como en el caso en estudio, el plazo se podía aumentar hasta en una tercera parte de los 12 meses que previó el legislador para las faltas gravísimas contenidas en los numerales que expresamente señaló en la norma. Es decir, que el término en el sub lite no sería de 6 meses, sino que podría aumentar hasta en 16 meses, no obstante queda demostrado que la autoridad disciplinaria se excedió en el término para adelantar la investigación.

Así las cosas, el término previsto en el artículo 156 de la Ley 734 de 2002 fue excedido por la Procuraduría General de la Nación, pero esta circunstancia temporal no conlleva per se violación del derecho al debido proceso, ni la perdida de la competencia para ejercer la potestad disciplinaria, pues la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado han sido coincidentes y reiterativas que el incumplimiento de los plazos procesales no genera los efectos aludidos, salvo que opere el fenómeno de la prescripción.

La Corte Constitucional, en la sentencia de unificación SU-901 de 2005, sobre las consecuencias del incumplimiento de los términos en la actuación disciplinaria, expresó:

“De lo expuesto se infiere que el incumplimiento del término de indagación previa no conduce a que el órgano de control disciplinario incurra automáticamente en una grave afectación de garantías constitucionales y a que como consecuencia de ésta toda la actuación cumplida carezca de validez. Esto es así en cuanto, frente a cada caso, debe determinarse el motivo por el cual ese término legal se desconoció, si tras el vencimiento de ese término hubo lugar o no a actuación investigativa y si ésta resultó relevante en el curso del proceso. Es decir, del sólo hecho que un término procesal se inobserve, no se sigue, fatalmente, la conculcación de los derechos fundamentales de los administrados pues tal punto de vista conduciría al archivo inexorable de las investigaciones por vencimiento de términos y esto implicaría un sacrificio irrazonable de la justicia como valor superior y como principio constitucional. De allí que la afirmación que se hace en el sentido que se violaron derechos fundamentales por la inobservancia de un término procesal no deba ser consecuencia de una inferencia inmediata y mecánica, sino fruto de un esfuerzo en el que se valoren múltiples circunstancias relacionadas con el caso de que se trate, tales como la índole de los hechos investigados, las personas involucradas, la naturaleza de las pruebas, la actuación cumplida tras el vencimiento del término y la incidencia de tal actuación en lo que es materia de investigación.”

La Sección Segunda del Consejo de Estado, sobre la superación de los plazos procesales, ha señalado:

“La inobservancia de los términos anunciados no puede tenerse como una irregularidad tal que vicie el procedimiento disciplinario puesto que, al estudiar el trámite que se siguió, no puede más que concluirse que al demandante se le respetaron las garantías sustanciales que constituyen la esencia del derecho al debido proceso, situación que, aunada al imperativo de justicia material, conduce a sostener la validez de la actuación en virtud del anunciado principio de trascendencia. El no cumplimiento de los términos previstos en la Ley 734 de 2002 para el trámite de algunas de las etapas que comprende el procedimiento disciplinario no se tradujo en la vulneración del derecho al debido proceso del demandante, como quiera que, no obstante lo anterior, a este se le respetaron las garantías sustanciales inherentes a tal derecho. Así las cosas, no se logra establecer la forma en que se habría configurado una falsa motivación en los actos administrativos acusados como quiera que las pruebas aportadas y practicadas dentro del proceso administrativo disciplinario resultaban suficientes para que la Procuraduría General de la Nación responsabilizara al actor por las faltas disciplinarias que le endilgó”.

“Resulta claro que el Estado no puede renunciar a su potestad disciplinaria por la violación formal de los plazos si la acción disciplinaria no estaba prescrita, como ocurrió en este caso. La Corte Constitucional ha precisado como regla inicial que la simple trasgresión de las normas procesales no implica afectación del debido proceso. Estas irregularidades menores se refieren a la afectación de las formas propias de los juicios, pero dada su baja intensidad en la definición del conflicto, no quedan cobijadas por el inciso final del artículo 29 constitucional”.

“[S]i bien es cierto que el establecimiento de los términos en el proceso sancionatorio constituye una garantía para el investigado con el fin de que su situación disciplinaria no esté vigente de manera indefinida, también lo es que en el presente asunto se advierte que a la actora no se le desconoció el derecho fundamental al debido proceso, pues el auto de cargos y las decisiones de primera y segunda instancia se allanaron al cumplimiento de las exigencias de los artículos 163 y 170 de la Ley 734 de 2002. Así entonces, para la Sala el incumplimiento de los términos procesales en las etapas de la actuación disciplinaria per se no limitan el ejercicio de dicha potestad, el cual tiene por objeto garantizar el adecuado funcionamiento de la administración, de conformidad con los principios y fines previstos en la Carta Política y la Ley, labor que fue desarrollada por la Procuraduría al momento de expedir los actos demandados, por lo que se considera que no se vio afectado el debido proceso ya que a la demandante le fue respetado el derecho a la defensa al ser debidamente notificada de las providencias emitidas, lo cual le permitió en su momento contestar el auto de cargos, solicitar pruebas y apelar las decisiones sobre las cuales recaía su inconformidad, cumpliéndose además con la garantía de la función pública establecía en el artículo 22 de la Ley 734 de 2002. Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que, pese a que la Procuraduría Provincial de Pereira se excedió el término de la etapa de investigación, dicha circunstancia objetiva no conlleva la nulidad de la actuación disciplinaria, ni es causal que invalide los actos censurados, razón suficiente para no declarar probado el cargo” .

En este orden de ideas, si bien es cierto que el establecimiento de los términos en el proceso sancionatorio constituye una garantía para el investigado con el fin de que su situación disciplinaria no esté vigente de manera indefinida, también lo es que en el presente asunto se advierte que al actor no se le desconoció el derecho fundamental al debido proceso, pues el auto de cargos y las decisiones de primera y segunda instancia se allanaron al cumplimiento de las exigencias de los artículos 163 y 170 de la Ley 734 de 2002.

Así entonces, para la Sala el incumplimiento de los términos procesales en las etapas de la actuación disciplinaria no limitan el ejercicio de dicha potestad, el cual tiene por objeto garantizar el adecuado funcionamiento de la administración, de conformidad con los principios y fines previstos en la Carta Política y la Ley, labor que fue desarrollada por la Procuraduría General de la Nación al momento de expedir los actos demandados, por lo que se considera que no se vio afectado el debido proceso ya que al demandante le fue respetado el derecho a la defensa al ser debidamente notificado de las providencias emitidas, lo cual le permitió en su momento contestar el auto de cargos, solicitar pruebas y apelar las decisiones sobre las cuales recaía su inconformidad, cumpliéndose además con la garantía de la función pública establecía en el artículo 22 de la Ley 734 de 2002.

Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que, pese a que la Procuraduría Provincial de Guateque excedió el término de la etapa de investigación, dicha circunstancia objetiva no conlleva la nulidad de la actuación disciplinaria, ni es causal que invalide los actos censurados, razón suficiente para no declarar probado el cargo.

Como corolario de lo expuesto, la Sala destaca que, el artículo 29 de la Constitución Política dispone que el implicado tiene derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, contenido normativo que conlleva a determinar que los términos y plazos en los procedimientos administrativos y judiciales no son indefinidos, por ende el ejercicio del poder sancionatorio del Estado debe circunscribirse dentro del lapso que establece el legislador, 5 años, y en el caso de sub examine las dos instancias procesales se cumplieron en el término de prescripción que prevé el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, por esta razón los cargos alegados por la parte actora no están llamados a prosperar, manteniendo los actos administrativos demandados su validez y eficacia al no haber sido desvirtuada la presunción de legalidad que los ampara.

ii) negativa de decretar pruebas

Sostuvo el disciplinado que las pruebas solicitadas en el proceso disciplinario, concernientes a una declaración de un testigo y la certificación de la Oficina Jurídica de la Gobernación de Cundinamarca, eran conducentes, así como las solicitadas por el señor Germán Blanco Rodríguez a quien se le declaró la prescripción de la acción, pero quien en su trabajo de descargos solicitó pruebas cuyo resultado debió haberse aplicado a los otros dos implicados, por tratarse de un solo proceso y existir unidad de causa, sin embargo, la Procuraduría no se refirió a ellas ni las negó.

Frente a las pruebas no decretadas en el proceso disciplinario, esto es el testimonio del señor Manuel Álvarez y la solicitud de certificación de la Oficina Jurídica de la Gobernación de Cundinamarca, debe aclarar la Sala, que el testimonio del conductor del alcalde para la fecha de los hechos fue solicitado por el disciplinado Orlando Rozo Torres, y no por el demandante, prueba que fue negada mediante auto de 26 de marzo de 2012, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

“Al respecto encuentra este despacho considera procedente negar el decreto y practica de las pruebas relacionadas con el Testimonio del conductor del alcalde para la fecha de los hechos, Sr Manuel Álvarez. Y el oficio a la Gobernación de Cundinamarca – Oficina Jurídica para que certifique si conforme a la función de revisión de los Acuerdos municipales, fue objetado o no por dicha entidad el Acuerdo No 024 de 1999; por considerar que son inconducentes, impertinentes y superfluas, en la medida en que para este despacho dicha declaración o la certificación expedida por la Gobernación de Cundinamarca no conducen a demostrar que el disciplinado realizó o no el pago de viáticos por supuestos desplazamientos en comisión oficial a favor de ALEJANDRO GUALTEROS GIL, WILLIAM GERMAN BLANCO RODRIGUEZ Y MIGUEL RODRIGUEZ GUTIERREZ, verificando la existencia de acto administrativo que ordenase tales desplazamientos, certificaciones que comprobasen la veracidad de la asistencia a tales eventos al momento del reconocimiento de la obligación de pago, o desvirtúen que expidió los certificados de disponibilidad presupuestal y compromiso presupuestal, con posterioridad a los hechos generadores de la obligación patrimonial a cargo del municipio, hechos por los cuales finalmente se le investiga en esta oportunidad.

Para efecto de notificar la decisión por medio de la cual se negó la práctica de pruebas se envió comunicación al actor mediante oficio No 337 de marzo 27 de 2012, y debido a la falta de comparecencia se notificó por edicto fijado el 16 de abril de 2012, y desfijado el 18 del mismo mes y año.

El auto que resuelve la solicitud de nulidad y decreta pruebas de descargos proferido dentro del IUS 060-1813/2009 no fue impugnado por ninguno de los disciplinados.

Advierte la Sala que las referidas pruebas no fueron solicitadas por la parte demandante por ello mal podría aducir que se le desconoció el debido proceso al negar unas pruebas que nunca solicitó.

Independientemente de lo señalado, al momento de calificar la procedencia de las pruebas requeridas por los demás disciplinados se concluyó la impertinencia para desvirtuar la falta disciplinaria, ya que esta consistió en la falta de acatamiento de normas generales que regulan el reconocimiento y pago de viáticos, así como el manejo del presupuesto, debido a ello no se necesitaba establecer la forma como se otorgaba dicho emolumento en el municipio de Chocontá.

Aduce la parte demandante que no tuvo oportunidad de controvertir la decisión de negar las pruebas ni interponer el recurso de apelación, por cuanto no se comunicó de forma personal y solo se enteró hasta el 18 de julio de 2012.

Respecto a la indebida notificación del auto de 26 de marzo de 2012, mediante el cual se negó el decreto y práctica de pruebas, de conformidad con lo consagrado en el artículo 115 de la Ley 734 de 2002, procede el recurso de apelación, decisión que no es susceptible de notificarse personalmente según lo señalado en el artículo 101 de la referida norma, por lo que la accionada procedió a citar por medio de oficio para efectos de lograr la notificación personal y al no comparecer el disciplinado, se dispuso la notificación por edicto.

De esta manera se concluye que la demandada cumplió el trámite de la notificación en debida forma según lo establecido en la ley disciplinaria, por lo que no se encuentra motivos para determinar el desconocimiento del debido proceso de la parte demandante.

Tampoco era procedente resolver las pruebas solicitadas por otro disciplinado, como es el señor German Blanco Rodríguez, a quien se le prescribió la acción, tal como se manifestó previamente, al no haber hecho uso el accionante de la oportunidad probatoria referente a las mismas.

iii) desconocimiento del término para resolver la nulidad

Sostuvo el actor que, habiéndose planteado una solicitud de nulidad en el proceso disciplinario, la misma fue resuelta después de 6 meses, cuando se debió efectuar dentro de los 5 días siguientes a su formulación, de acuerdo con lo establecido por la Ley 734 de 2002, siendo aún más grave dicha irregularidad cuando los interesados se enteraron de la decisión de rechazo a la solicitud de nulidad y de práctica de algunas pruebas cuando ya no era posible controvertir ni interponer recursos.

Efectivamente de acuerdo con lo normado en el artículo 147 de la Ley 734 de 2002, la demandada contaba con el plazo de 5 días para resolver la nulidad planteada.

Ahora bien, respecto a la solicitud de nulidad presentada en el escrito de descargos el 4 de octubre de 2011 y que dice fue decidida tan solo hasta el 26 de marzo de 2012, observa la Sala que dicha reclamación fue resuelta por la entidad, en donde se determinó que no había lugar a decretarla por no estar dados los requisitos que la ley exige. Si bien es cierto, que la entidad se debe pronunciar dentro del término señalado para ello, el sobrepasar dicho límite no constituye por sí mismo desconocimiento del debido proceso, se trata de una demora que no afecta el derecho fundamental, tan solo podría dar lugar a medidas disciplinarias en contra del funcionario encargado de resolverla, en suma, la actuación administrativa se tramitó libre de todo escollo que afecte su validez.

iv) falta de valoración imparcial del Acuerdo 024 de 1999 y Decreto 01 de 2002

Alega el inculpado que no se valoraron en la manera debida los actos administrativos municipales expedidos y sancionados en debida forma, esto son, el Acuerdo 024 de 1999 y Decreto 001 de 2002, que estaban vigentes para la época de los hechos, y los cuales reglamentaban los viáticos a nivel municipal y que gozan del principio de legalidad, ya que fueron expedidos bajo la competencia otorgada en los artículos 313 y 315 de la Constitución, siendo válidos mientras no sean anulados o declarados inconstitucionales por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o Constitucional. En consecuencia, los pagos realizados por concepto de viáticos al demandante son legales, razón por la cual las acciones que equivocadamente se investigaron y sancionaron no constituyen falta disciplinaria.

Mediante Acuerdo 024 de diciembre 18 de 1999 “POR EL CUAL SE ESTABLECE LA CATEGORIA, NOMENCLATURA, CLASIFICACION Y ESCALA DE REMUNERACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHOCONTA, CUNDINAMARCA”, se dispuso en cuanto a los viáticos lo siguiente:

“ARTICULO 6. VIATICOS. El valor de los viáticos diarios para los funcionarios municipales, cuando por razones de sus funciones y en cumplimiento de misiones oficiales o de capacitación deben trasladarse a sitios diferentes al de su sede de trabajo, serán equivalentes al cinco por ciento (5%) del salario básico mensual devengado, sin que pasen de ocho (8) días al mes a excepción del alcalde cuyo tope máximo será de diez (10) días.

Igualmente, en el Decreto 01 de 2 de enero de 2002 “POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL PAGO DE LOS VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO”, ordena:

“ARTICULO 1: Reglamentar el pago de los viáticos y gastos de viaje a que tienen derecho los servidores públicos de la administración central del municipio así:

NIVEL DIRECTIVO Y EJECUTIVO: Presentación de una relación con indicación de fecha, entidad y destino de la misión oficial, la cual deberá ser aprobada previamente por el alcalde.

NIVEL PROFESIONAL, TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO: Se deberá expedir acto Administrativo previo de la comisión debidamente motivado y con la correspondiente disponibilidad presupuestal”.

Las normas municipales citadas en lo pertinente fueron proferidas con fundamento en los artículos 313 y 315 de la Constitución Política, pues le corresponde a los concejos municipales determinar la estructura de la administración municipal y las escalas de remuneración, así como al alcalde señalar las funciones de los empleos y fijar sus emolumentos, no obstante en cuanto al caso concreto, esto es el pago de viáticos no solamente debe acogerse a lo dispuesto en las normas de carácter municipal como las citadas, sino además lo regulado por la normativa de orden nacional que reglamente dicho concepto.

La regulación de esta materia para los funcionarios de las entidades de orden territorial se encuentra en el Decreto 626 de 2 de 2007 “Por el cual se fijan los límites máximos salariales de los Gobernadores y alcaldes y se dictan disposiciones en materia prestacional”, cuyo artículo 5 dice: “El valor y las condiciones para el otorgamiento de los viáticos en las comisiones de servicios de los Gobernadores y Alcaldes corresponderá a lo establecido por el Gobierno Nacional para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional”.

Así entonces resulta pertinente remitirse a lo estipulado en el Decreto 628 de 2 de marzo de 2007 “por el cual se fijan las escalas de viáticos”, (derogado por el artículo 8 del Decreto Nacional 668 de 2008), el cual consagra que:

Artículo 3°. El reconocimiento y pago de viáticos será ordenado en el acto administrativo que confiere la comisión de servicios, en el cual se expresa el término de duración de la misma, de conformidad con lo previsto en el artículo 65 del Decreto-ley 1042 de 1978.

No podrá autorizarse el pago de viáticos sin que medie el acto administrativo que confiera la comisión y ordene el reconocimiento de los viáticos correspondientes.

Queda prohibida toda comisión de servicios de carácter permanente.

Parágrafo. Los viáticos estarán destinados a proporcionarle al empleado manutención y alojamiento.

No habrá lugar al pago de viáticos o su pago se autorizará en forma proporcional, a criterio de la entidad y con fundamento en los aspectos previstos en el artículo 2° de este Decreto, cuando en el caso de otorgamiento de comisiones de servicio para atender invitaciones de Gobiernos Extranjeros, de Organismos Internacionales o de Entidades Privadas, los gastos para manutención y alojamiento o para cualquiera de ellos fueren sufragados por el respectivo Gobierno, Organismo o Entidad”.

Frente a lo transcrito en la parte pertinente debe acudirse a lo determinado en el Decreto 1042 de 1978 en su artículo 65, que dice que las comisiones de servicio se conferirán mediante acto administrativo en el cual se expresará el término de su duración, por ser precisamente las que dan lugar al pago de viáticos.

Los actos acusados al momento de estudiar lo relacionado con el reconocimiento de viáticos por parte del disciplinado a su favor y a favor de otro empleado de la alcaldía, para el mes de julio de 2007, tuvo en cuenta no solamente lo ordenado por el Acuerdo 024 de diciembre 18 de 1999 y el Decreto 01 de 2 de enero de 2002, sino todo el conjunto normativo, por lo que las disposiciones de orden municipal deben guardar congruencia con las normas del orden nacional.

En consecuencia, para efecto del reconocimiento y pago de viáticos por parte del investigado cuando fungió como alcalde del municipio de Chocontá, debió expedirse el acto administrativo en el que se autorizara la comisión de servicios, así como el término de duración, ordenándose el pago de los viáticos, previa apropiación presupuestal.

Referente a que en el municipio de Chocontá se venía reconociendo y pagando los viáticos de acuerdo únicamente con las normas de orden municipal, esta situación no puede justificar el actuar ilegal, en razón a que la costumbre contra legem no es fuente de derecho, tal como lo ha considerado el código civil colombiano, además de existir norma de carácter nacional que regula lo contrario al exigir otros requisitos, los que no se cumplieron en el caso concreto.

Contrario a lo manifestado por la defensa, la norma aplicable para efecto de la concesión de viáticos era el Decreto 628 de 2007, norma que determina la necesidad de contar con un acto administrativo que confiera la comisión.

v) imputación objetiva de los cargos

Refiere el actor que se realizó una imputación de responsabilidad de manera objetiva, es decir, se determinó que la conducta en sí misma era falta disciplinaria, sin valorar el elemento subjetivo que podría atenuar e inclusive eliminar la responsabilidad disciplinaria, por cuanto podía deducir que los investigados pudieron incurrir en error grave e invencible, originado debido a la interpretación de algunas normas y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

No comparte la Sala los argumentos del demandante en cuanto a que en los actos acusados no se efectuó el estudio de la culpabilidad en la conducta del encartado, todo lo contrario, se hizo referencia a que el demandante, a pesar de ser conocedor de sus funciones y obligaciones legales, no actuó conforme las mismas y en forma consciente y negligente reconoció los viáticos por comisiones de servicios no ordenadas debidamente, es por ello que se le encontró responsable del desconocimiento de los deberes que le imponían los numerales 1, 3 y 21 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

En los actos sancionatorios acusados se hizo referencia con relación al pago de viáticos a lo establecido en el Decreto 1042 de 1978 en el artículo 65, que estipula que las comisiones de servicio se conferirán mediante acto administrativo en el cual se exprese el término de su duración.

A su vez, se manifestó que el artículo 5 del Decreto 626 de 2007 consagró que las condiciones para el otorgamiento de los viáticos en las comisiones de servicios de los alcaldes corresponden a lo establecido por el Gobierno Nacional para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, las que fueron reglamentadas a través del Decreto 628 de 2007 el cual en su artículo 3 estableció que el reconocimiento y pago de viáticos será ordenado en el acto administrativo que confiere la comisión de servicios, por lo que no podrá autorizarse el pago de viáticos sin que medie el acto administrativo que confiera la comisión y ordene el reconocimiento de los viáticos, es decir que el alcalde inculpado, apartándose del buen ejercicio de su deber funcional, autorizó el pago de viáticos causados en el mes de julio de 2007 a su favor y a favor de William German Blanco Rodríguez, sin el soporte legal requerido, y de acuerdo con las circunstancias anotadas se estableció que este comportamiento se realizó con culpa gravísima por desatención de normas de obligatorio cumplimiento.

v) afectación al derecho a la honra y buen nombre

Aduce que la sanción mantiene a la parte demandante reportado injustamente por 5 años en el registro de sanciones disciplinarias de la Procuraduría y, en consecuencia, en la picota pública, a causa de la publicidad de la sanción, más aún, cuando el demandante hace actividades de proselitismo político y desempeño de cargos en el sector público, en el cual se necesita una hoja de vida limpia, para no dar oportunidad a los contradictores para que causen el desmérito

El artículo 15 constitucional advierte que: “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-277 de 2015 se refirió a este derecho, así.

“(…)
el derecho al buen nombre se encuentra en el artículo 15 de la Carta Política, junto con los derechos a la intimidad individual y familiar. En relación con este derecho, esta Corporación ha afirmado que “(e)l buen nombre ha sido entendido (…) como la reputación, o el concepto que de una persona tienen los demás y que se configura como derecho frente al detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas…”

Esta Corporación no ha hecho una separación categórica del significado y contenido de los derechos a la honra y al buen nombre, pues los mismos se encuentran en una relación estrecha y la afectación de uno de ellos, por lo general, acarrea una lesión al otro. Bajo este entendido, se ha manifestado que el derecho al buen nombre cobija la reputación, mientras que la honra se estructuraría en torno a la consideración que toda persona merece por su condición de miembro de la especie humana. De otra parte, se ha vinculado el derecho al buen nombre a las actividades desplegadas de forma pública por alguien. Sosteniéndose que el mismo integraría la valoración que el grupo social hace de sus comportamientos públicos.

(…)”

En este sentido, la Sala considera que el derecho al buen nombre en materia disciplinaria está ligado directamente con el cargo ostentado por el sujeto disciplinado y el impacto de las actividades desplegadas por este desde su posición como servidor público. Así las cosas, se tiene que (i) el señor Alejandro Gualteros Gil se desempeñó como alcalde del municipio de Chocontá; y (ii) durante el trascurso del proceso sancionatorio el sujeto disciplinado no logró demostrar que la conducta endilgada por la Procuraduría General de la Nación carecía de veracidad, por lo que dicha situación vulneró el principio de moralidad administrativa ya que actuó como ordenador del gasto de su municipio.

Sumado a esto, se encuentra que la demandada en el marco del proceso disciplinario garantizó los derechos al debido proceso y a la defensa material del disciplinado, pues esta entidad recabó, practicó y valoró las pruebas con el fin de establecer la responsabilidad del señor Alejandro Gualteros Gil, sin la observancia de material probatorio que soportara la vulneración del derecho al buen nombre anunciado por el demandante. En tal sentido, se estima que el cargo infundado carece de elementos que prueben que desde la actividad sancionadora se vulneró el derecho invocado, razón por la que el vicio de nulidad no está llamado a prosperar.

En atención a lo previamente señalado, la Sala comparte la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, pues el demandante no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos a través de los cuales fue sancionado disciplinariamente.

III. DECISIÓN

Visto lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 5 de mayo de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones esbozadas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Téngase al doctor Manuel Guillermo González González identificado con la TP No 114.193 del C.S.J., como apoderado de la Procuraduría General de la Nación en los términos del mandato conferido.

Reconózcase al doctor Sergio Alfredo Segura Alfonso identificado con la TP No 320.448 del C.S.J., como apoderado de la Procuraduría General de la Nación de conformidad con el poder allegado.

CUARTO: Aceptase el impedimento presentado por la doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez, para conocer el presente proceso.

QUINTO: Se deja constancia que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

SEXTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Impedida (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
Folio 233 del cuaderno principal.
Folios 224 al 233 del cuaderno principal.
Folios 233 al 242 del cuaderno principal.
Folios 348 al 364 del cuaderno principal
Folios 398 al 423 del cuaderno principal
Folios 429 al 432 del cuaderno principal
Folio 444 del cuaderno principal
Folios 456 al 468 del cuaderno principal.
Folios 452 al 455 del cuaderno principal
Folio 469 del cuaderno principal

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B Consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (E) Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil catorce (2014).- Radicación número: 11001-03-25-000-2012-00902-00(2746-12) Actor: Víctor Virgilio Valle Tapia Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. William Hernández Gómez (e), proceso con radicado 11001-03-25-000-2011-00316-00 y número interno 1210-11

Folio 261 del cuaderno principal
Folios 335 al 338 del cuaderno principal
Folio 2 del cuaderno principal
Folios 4 al 8 del cuaderno principal
Folios 15 al 56 del cuaderno principal
Folios 149 al 182 del cuaderno principal
Folios 214 al 222 del cuaderno principal
M.P. Jaime Córdoba Triviño
Sentencia de 20 de septiembre de 2018, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Consejero ponente William Hernández Gómez, radicado 11001-03-25-000-2014-00754-00 (2353-14).
Sentencia de 24 de enero de 2019, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Consejero ponente Carmelo Perdomo Cuéter, radicado 11001-03-25-000-2012-00256-00 (0974-12).
Sentencia del 22 de mayo de 2018, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Magistrado ponente César Palomino Cortés, radicado 11001-03-25-000-2011-000466-00 (0171-11). En este mismo sentido, ver sentencia del 27 de febrero de 2014, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez (e), proceso con radicado 11001-03-25-000-2012-00888-00 y número interno 2728-2012; y sentencia del 1 de junio de 2017, M.P César Palomino Cortés, radicado interno 1577 -2010.
“El sujeto disciplinable, para salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones (…)”
Folios 479 al 506 del cuaderno No 4
Folio 507 del cuaderno No 4
Folios 510 al 511 del cuaderno No 4
Folio 512 del cuaderno No 4
Folios 439 al 446 del cuaderno No 4
Folios 515 A al 517 del cuaderno No 4
Folios 520 al 521 del cuaderno No 4
Folio 449 del cuaderno principal
Folio 478 del cuaderno principal

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.