Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-04855-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-04855-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-04855-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
19 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04855-01 (0672-2015)
Demandante: María Omaira Ortiz Gómez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Tema: Reconocimiento pensión gracia
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 3 de octubre de 2014 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. María Omaira Ortiz Gómez presentó demanda2 en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,3 en orden a que
1 En adelante Ugpp.
2 Expediente físico, visible a folios 35 a 54.
3 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25000-23-42-000-2013-04855-01 (0672-2015)
Demandante: María Omaira Ortiz Gómez
se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 021423 del 9 de mayo de 2013,
RDP 027433 del 17 de junio de 2013 y RDP 034673 del 30 de julio de 2013, por
medio de las cuales la Ugpp le negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento de la pensión gracia con la inclusión de los factores
salariales devengados en el último año de servicio; ii) el pago de las mesadas
pensionales con los ajustes legales; iii) el reajuste de la pensión conforme con el
IPC; iv) el pago de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley
100 de 1993; v) el cumplimiento del fallo en los términos del artículo 192 del CPACA;
y vi) la condena en costas y agencias en derecho a la entidad.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. María Omaira Ortiz Gómez nació el 9 de abril de 1961.
3.2. Prestó sus servicios como docente en el departamento de Boyacá y en el distrito
de Bogotá con vinculación nacionalizada así:
ACTO ADMINISTRATIVO NOMBRAMIENTO FECHA INICIAL FECHA FINAL
Oficio 88 del 7 de marzo de 1979 8-marzo-1979 11-mayo-1979
Oficio 246 del 31 de agosto de 1979 1°-septiembre-1979 30-octubre-1979
Oficio 331 del 5 de noviembre de 1979 5-noviembre-1979 30-noviembre-1979
3.3. Prestó sus servicios como docente en el distrito de Bogotá con vinculación
territorial así:
ACTO ADMINISTRATIVO NOMBRAMIENTO FECHA INICIAL FECHA FINAL
Oficio del 12 de septiembre de 1994 11-abril-1991 2-diciembre-1991
Resolución 748 del 10 de marzo de 1992 20-enero-1992 16-septiembre-1992
Oficio del 8 de noviembre de 1994 18-septiembre-1992 30-noviembre-1992
Resolución 202 del 1° de febrero de 1993 8-febrero-1993 21-abril-1994
3.4. A través de Resolución 202 del 1° de febrero de 1993 el alcalde de Bogotá la
nombró docente de tiempo completo, en la zona urbana, en la planta de personal
del distrito, en el cual se posesionó el 5 de febrero de 1993.
3.5. Acreditó 20 años de servicio docente con vínculo nacionalizado y territorial, 50
años de edad y desempeñó sus actividades con honradez, consagración y buena
conducta.
2
Radicado: 25000-23-42-000-2013-04855-01 (0672-2015)
Demandante: María Omaira Ortiz Gómez
3.6. El 18 de febrero de 2013 le solicitó a la Ugpp el reconocimiento y pago de la
pensión gracia, petición denegada mediante las resoluciones RDP 021423 del 9 de
mayo de 2013, RDP 027433 del 17 de junio de 2013, y RDP 034673 del 30 de julio
de 2013, al considerar que no acreditó 20 años de servicios con vinculación
territorial.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228
y 336 de la Constitución Política; 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 3 y 6 de la Ley 116
de 1928; 15 de la Ley 91 de 1989; 3 del Decreto Ley 2277 de 1979; y el Decreto
081 de 1976.
5. En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos 4:
5.1. En los actos administrativos demandados la Ugpp no consideró que su
vinculación fue del orden nacionalizado y territorial, por cuanto los actos de
nombramiento fueron suscritos por el gobernador del departamento de Boyacá y el
alcalde de Bogotá.
5.2. En ese orden, la demandante cumplió con las exigencias previstas en la ley,
pues se vinculó como docente antes del 31 de diciembre de 1980, prestó sus
servicios con vinculación nacionalizada y territorial por más de 20 años y cuenta con
más de 50 años de edad, por lo cual tiene derecho al reconocimiento y pago de la
pensión gracia.
5.3. Con la expedición de los actos acusados la Ugpp interpretó de forma errada las
normas que regulan el reconocimiento pensional y vulneró los postulados
constitucionales y legales porque no consideró que el tiempo de prestación de
servicios fue con vinculación nacionalizada y territorial.
1.2. Contestación de la demanda
6. La Ugpp5 se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con los
siguientes argumentos:
6.1. María Omaira Ortiz Gómez prestó sus servicios como docente con vinculación
nacional, por lo cual no cumplió con el requisito de 20 años de servicio de tipo
4 Expediente físico, visible a folios 39 a 52.
5 Expediente físico, visible a folios 94 a 101.
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Radicado: 25000-23-42-000-2013-04855-01 (0672-2015)
Demandante: María Omaira Ortiz Gómez
nacionalizado y territorial para acceder a la pensión gracia. De acuerdo con la Ley
114 de 1913, no es posible computar los tiempos de servicios prestados con vínculo
nacional, pues solo se prevé la posibilidad de acumular periodos por nombramiento
como docente de carácter nacionalizada, departamental, distrital, municipal.
6.2. En consecuencia, los actos administrativos demandados fueron debidamente
motivados y se encuentran sujetos a derecho.
6.3. Propuso las excepciones que denominó: i) ausencia de vicios en el acto
administrativo demandado; ii) inexistencia de la obligación de reconocer la pensión;
iii) prescripción; iv) cobro de lo no debido; v) sobre la indexación; vi) imposibilidad
de condena en costas; y vii) genérica o innominada.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
mediante sentencia proferida el 3 de octubre de 20146 negó las pretensiones de la
demanda y se abstuvo de condenar en costas a la demandante, con sustento en los
siguientes argumentos:
7.1. La demandante laboró como docente antes del 31 de diciembre de 1980 con
vinculación nacionalizada, por lo cual acreditó uno de los requisitos exigidos por la
norma para ser beneficiaria de la pensión gracia.
7.2. Posteriormente, fue nombrada mediante Oficio del 12 de septiembre de 1994, y
prestó sus servicios desde el 11 de abril de 1991 hasta el 2 de diciembre de 1991,
y mediante Resolución 748 del 10 de marzo de 1992, se vinculó entre el 20 de enero
de 1992 y el 16 de septiembre de 1992, sin embargo no obra copia de los actos de
nombramiento, en consecuencia, no se tiene certeza del tipo de vinculación durante
esos períodos.
7.3. Asimismo, acreditó el siguiente tiempo de servicio: i) entre el 8 de febrero de
1993 y el 20 de abril de 1994, con ocasión del nombramiento efectuado mediante la
Resolución 202 del 1° de febrero de 1993; y ii) desde el 21 de abril de 1994,
designada a través del Decreto 163 del 30 de marzo de 1994 [vinculación que se
encontraba vigente al momento de presentación de la demanda]. De acuerdo con
el certificado de historia laboral expedido por la Secretaría de Educación el 24 de
julio de 2014, estas vinculaciones fueron del orden nacional, razón por la cual la
Ugpp no los tuvo en cuenta y, como consecuencia, negó el reconocimiento y pago
6 Expediente físico, visible a folios 254 a 267.
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Radicado: 25000-23-42-000-2013-04855-01 (0672-2015)
Demandante: María Omaira Ortiz Gómez
de la pensión gracia.
7.4. Lademandante no cumplió con el requisito de 20 años de servicios con
vinculación nacionalizada o territorial, como requisito sine qua non para acceder a
la pensión gracia, «puesto que en el plenario no se encuentra que los períodos
desestimados posteriores al 11 de abril de 1991, hayan obedecido a cargos o funciones de
índole docente con ocasión de una vinculación con una entidad territorial o que durante el
desempeño de dichas funciones haya sido nacionalizado, y en ese sentido se debe concluir
que dicho interregno no puede ser valorado como tiempo de servicio docente a fin de
acceder a las pretensiones de la demanda.»
1.4. El recurso de apelación
8. La parte demandante interpuso recurso de apelación7, el cual sustentó así:
8.1. El a quo argumentó que el tiempo de servicio que prestó en el departamento de
Boyacá durante los periodos comprendidos entre el 8 de marzo y el 1° de mayo de
1979, el 1° de septiembre y el 30 de octubre de 1979 y el 5 noviembre y el 30 de
noviembre de 1979, fueron con vinculación nacionalizada por lo cual son válidos
para acceder a la pensión gracia.
8.2. En relación con las vinculaciones que ostentó con el distrito de Bogotá «en los
periodos comprendidos entre el 11 de abril al 02 de diciembre de 1991, entre el 20 de enero
al 16 de septiembre de 1992, entre el 18 de septiembre al 30 de noviembre de 1992, entre
el 08 de febrero al 21 de abril de 1994 y entre el 21 de abril al 19 de agosto de 2013» , no
los tuvo en cuenta pues señaló que los actos de nombramiento no fueron allegados
al proceso.
8.3. En la sentencia de primera instancia no se tuvo en cuenta que fue nombrada por
el alcalde de Bogotá mediante la Resolución 202 del 1° de febrero de 1993, por lo
cual su vinculación fue de orden territorial, pese a que en el certificado de historia
laboral se indicó que la vinculación fue de carácter nacional, en tal sentido, las
vinculaciones se deben determinar de acuerdo con la entidad que realizó el
nombramiento.
1.5. Pronunciamientos en segunda instancia
8
9. 1.5.1. La Ugpp solicitó confirmar la sentencia proferida en primera instancia, con
los siguientes argumentos:
7 Expediente físico, visible a folios 269 a 274.
8
Samai, índice 42.
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Radicado: 25000-23-42-000-2013-04855-01 (0672-2015)
Demandante: María Omaira Ortiz Gómez
9.1. De acuerdo con las pruebas aportadas, el tiempo de servicio que prestó como
docente antes del 30 de diciembre de 1980, fue con ocasión de órdenes de
servicios; sin embargo, solo es posible vincularse a la educación mediante
nombramiento efectuado por resolución o decreto y conforme con la planta de
personal aprobada por la entidad territorial, «sin que sea extensible a los profesores
interinos ni a los docentes hora cátedra los cuales no cuentan con una vinculación legal y
reglamentaria si no por regla general con órdenes de prestación de servicios».
9.2. Los tiempos laborados desde el 8 de febrero de 1993 hasta el 6 de diciembre de
2012, fue con vinculación de carácter nacional, por lo cual la demandante no estuvo
en condición de inequidad salarial, pues recibió una asignación proveniente del
tesoro nacional, por lo que no es beneficiaria de la pensión gracia prevista en la Ley
114 de 1913.
9.3. A partir de la Ley 60 de 1993 todos los docentes vinculados al servicio de la
educación primaria, secundaria y media se consideran de orden nacional, y se rigen
por el régimen pensional de los docentes de ese orden, en consecuencia, la
demandante no tiene el derecho a la prestación.
10. 1.5.2.La demandante solicitó se revoque la sentencia proferida en primera
instancia, en los siguientes términos:
10.1. Desde el 12 de febrero de 1979 prestó sus servicios, sin solución de
continuidad, como docente en el departamento de Boyacá y en el distrito de Bogotá,
con vinculación nacionalizada y territorial.
10.2. La Ugpp y el tribunal consideraron que no era posible tener en cuenta el tiempo
laborado en los períodos comprendidos entre el 8 de marzo y el 1º de mayo de 1979,
el 5 de noviembre y el 30 de noviembre de 1979, el 11 de abril y el 2 de diciembre
de 1991 y el 18 de septiembre al 30 de noviembre de 1992, pues los nombramientos
se realizaron mediante oficios y no por decretos; no obstante, la vinculación se
acreditó con las certificaciones de tiempo de servicio y salarios.
1.6. El Ministerio Público
9
11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto .
9 Samai, índice 11.
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Radicado: 25000-23-42-000-2013-04855-01 (0672-2015)
Demandante: María Omaira Ortiz Gómez
2. Consideraciones
2.1. Cuestión previa
12. La Ugpp presentó solicitud de unificación de la jurisprudencia 10, pues consideró
que es necesario que el Consejo de Estado profiera una sentencia de unificación
jurisprudencial, en la que se defina «qué es lo que debe entenderse como “plaza
docente” su definición, requisitos y lineamientos que permitan dilucidar cuáles son
las condiciones que debe reunir “la plaza” a la que se refiere la sentencia de
unificación SUJ-11-S2 DE 21-06-2018, para ser considerada como nacional,
nacionalizada o territorial». Como fundamento de la petición, expuso los siguientes
argumentos:
13. La sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201811,
determinó que la condición nacional, nacionalizada o territorial de los empleos
docentes depende de la naturaleza de la autoridad que realiza el nombramiento o
de la institución educativa12 y el origen de los recursos para la financiación de los
salarios y prestaciones sociales de los docentes13.
14. La citada providencia de unificación no diferenció la naturaleza jurídica del
situado fiscal antes y después de la expedición de Ley 60 de 1993. Esto debido a
que las transferencias que la nación efectuaba a los distritos, departamentos y
municipios por concepto de situado fiscal en vigencia del Acto Legislativo 1 de 1968
y hasta antes de la aplicación de la Ley 60 de 1993, no constituían recursos propios.
15. Por lo anterior, esos dineros tampoco podían ser «[…] calificados como recursos
“cedidos” por la Nación a las aludidas entidades territoriales, […] por tratarse de una
mera distribución de los ingresos corrientes» del sector central para ser
administrados a través del FER, en calidad de delegados o agentes del gobierno
central, según los artículos 9 de la Ley 29 de 1989 y 1 del Decreto 102 de 1976, a
10 Samai, índice 23.
11 Radicado 250002342000201304683 01 (3805-2014).
12 Porque conforme al artículo 54 de la Ley 24 de 1988, modificado por el artículo 9 de la Ley 29 de
1989, la Nación podía delegar en los gobernadores, alcaldes e Intendentes, la facultad de realizar
los nombramientos de docentes nacionales y nacionalizados, así como distribuir o administrar el
personal nombrado (nacional o nacionalizado) en los diferentes establecimientos territoriales.
13 En la medida en que las transferencias que la Nación efectuaba a las entidades territoriales en
vigencia del Acto Legislativo 01 de 1968 y hasta la aplicación de la Ley 60 de 1993, por concepto de
situado fiscal, no eran «recursos cedidos» a las entidades territoriales, pues su obligación consistía
en administrarlos con el fin de cubrir las asignaciones salariales y prestacionales de los docentes
nacionales o nacionalizados.
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Radicado: 25000-23-42-000-2013-04855-01 (0672-2015)
Demandante: María Omaira Ortiz Gómez
fin de atender obligaciones o servicios a su cargo, entre ellas, los salarios de los
educadores nacionales o nacionalizados.
16. La anterior generó un amplio margen de interpretación que derivó en el
incremento de la litigiosidad, aunado a que «[…] el Consejo de Estado, y en general
toda la jurisdicción contencioso-administrativa vienen aplicando unos criterios para
determinar si la plaza del docente es de las acreedoras de la pensión gracia o no.
Sin embargo, estos criterios no son suficientes para determinar o diferenciar los
docentes nacionales, sin derecho a la pensión gracia, de los docentes
nacionalizados y territoriales, vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, y que
reúnan los demás requisitos en la Ley, para ser acreedores de la pensión gracia.».
17. Se puede considerar que la plaza docente es territorial o nacionalizada si antes
de la expedición de la Ley 91 de 1989 acreditaban que: i) el régimen salarial y
prestacional del docente era territorial; y ii) la entidad de previsión social
administradora de los aportes a pensión era la del correspondiente distrito,
departamento o municipio, pues los del orden nacional cotizaban a la extinta
Cajanal14; iii) el financiamiento a cargo de la entidad del orden local, por ende si el
pago está a cargo de la Nación, se puede inferir que la plaza es nacional.
2.1.1. Presupuestos para que el Consejo de Estado asuma la competencia para
proferir una sentencia de unificación
18. La Ley 1437 de 2011 asignó la misión unificadora al Consejo de Estado, como
tribunal supremo de lo contencioso-administrativo. Con ello, el legislador concedió un
nuevo alcance a las sentencias de unificación, como fuente formal del derecho y como
parámetro del ejercicio de la función administrativa, así lo destacó la Corte
Constitucional en la sentencia C-634 de 2011, al sostener:
«[…] corresponde a ese alto tribunal la facultad constitucional de delimitar, con
fuerza de autoridad, el contenido y alcance de los preceptos legales que guían y
delimitan la actividad de los servidores públicos que ejercen función
administrativa. Esto, a su vez, redunda en el cumplimiento de los propósitos
previstos por el legislador, consistentes en (i) reconocer a la jurisprudencia que
emiten las altas cortes como fuente formal de derecho; (ii) propiciar, a partir de
ese reconocimiento, el uso de las reglas de origen judicial por parte de las
autoridades administrativas, de modo que se uniforme la aplicación del derecho
y se evite la nociva práctica de diferir el reconocimiento de derechos y otras
posiciones jurídicas, suficientemente definidas en las sentencias mencionadas,
al escrutinio judicial.»
14 Según la Ley 6 de 1945.
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Radicado: 25000-23-42-000-2013-04855-01 (0672-2015)
Demandante: María Omaira Ortiz Gómez
19. Para dar cumplimiento a lo anterior, el artículo 27115 del CPACA dispone que el
Consejo de Estado puede asumir el conocimiento de los asuntos pendientes de fallo
o decisión interlocutoria, de oficio o a solicitud de parte, por remisión de las secciones
o subsecciones o de los tribunales o a petición de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado o del Ministerio Público, que ameriten la expedición de una
sentencia de unificación jurisprudencial, por razones de importancia jurídica,
trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar jurisprudencia o
precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación. Igualmente, la
norma dispone que, para asumir el trámite a solicitud de parte, la petición debe
formularse con la exposición de las circunstancias que imponen el conocimiento del
proceso y las razones por las cuales se considera necesario que se emita una
sentencia de unificación.
2.1.2 Análisis del caso concreto para asumir el conocimiento para efectos de
unificación
20. La Sala Plena de la Sección Segunda ya se pronunció en relación con una
solicitud de unificación que guarda identidad con la que se presentó en este caso.
En efecto, en el auto del 29 de junio de 202316, se abstuvo de avocar el asunto por
las siguientes razones:
20.1. i) La solicitud no está fundada en razones de unificar o sentar jurisprudencia o
de precisar su alcance. Lo expuesto por la UGPP está dirigido a controvertir las
reglas definidas en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018, sin que ello
implique un nuevo análisis con los efectos pretendidos por la entidad solicitante, toda
vez que difiere del objetivo previsto por el legislador en el artículo 271 del CPACA;
20.2. ii) El incremento de la litigiosidad en relación con la pensión gracia, que aduce el
ente solicitante, no es atribuible a la mencionada sentencia de unificación, sino a que
la UGPP continúa asumiendo una posición jurídica distinta a la expuesta por la
Sección Segunda. Lo anterior tampoco constituye un argumento suficiente para
avocar conocimiento del asunto con fines de unificación, ya que en esa oportunidad la
corporación determinó parámetros claros para aplicar en la materia.
20.3. iii)
El análisis de la naturaleza de los recursos del sistema general de
participaciones ha sido abordado en dos oportunidades por esta corporación
mediante sentencias de unificación en las que se fijaron lineamientos orientadores
para las autoridades administrativas y judiciales. En efecto, la providencia del 21 de
15 Modificado por el artículo 79 de la Ley 2080 de 2021.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 29 de junio de 2023, radicación: 25000-23-42-
000-2015-01381-01 (0915-2018), demandante: Myriam Amanda Torres de Barrera.
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Radicado: 25000-23-42-000-2013-04855-01 (0672-2015)
Demandante: María Omaira Ortiz Gómez
junio de 2018 realizó un estudio riguroso sobre dichos recursos, antes y después de
la entrada en vigor de la Ley 60 de 1993. Igualmente, la sentencia de unificación del
11 de agosto de 202217 identificó las etapas del servicio educativo en Colombia,
incluso la previa a la expedición de la Ley 60 de 1993, que es objeto de
cuestionamiento por parte de la demandada en su solicitud. En esta última decisión
se precisó que el hecho de que el gobierno central hubiera asumido el pago de los
de las acreencias de los docentes nacionalizados, no implicó que su vinculación
mutara de plano a una de carácter nacional.
20.4. v) En la sentencia del 21 de junio de 2018 se sentaron reglas precisas en torno
al concepto de la «plaza docente» que habilita el reconocimiento de la pensión
gracia. En ese sentido, se dejó expreso que la naturaleza de la vinculación se puede
acreditar con la copia de los actos administrativos de nombramiento o las
certificaciones que demuestren que la plaza ocupada es de aquellas que permiten
la sumatoria de tiempos para acceder a la prestación. Lo anterior, se acompasa con
el artículo 1° de la Ley 91 de 1989 y con las consideraciones expuestas en la
sentencia de unificación del 11 de agosto de 202218, relacionadas con la
conservación de la expectativa de obtener el reconocimiento de la pensión gracia
luego de la entrada en vigor de la citada ley19, que se desprende del artículo 15
ibidem.
20.5. vi) El criterio adoptado por el Consejo de Estado para definir cuándo un docente
tiene derecho a la pensión gracia, ha sido pacífico y constante. Así se puede
observar en las sentencias proferidas el 29 de agosto de 199720, 22 de enero de
201521, 21 de junio de 201822 y 11 de agosto de 202223, en las que se estableció
que los docentes nacionales no tienen la posibilidad de acceder a esta prestación
especial, e igualmente se han señalado los tiempos de servicio computables para
ese efecto.
17 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de agosto de 2022, radicación:
150012333000201600278 01(3018-2017) SUJ-030CE-S2-2022.
19 «[…] Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado,
tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando
cumplan con la totalidad de los requisitos.»
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de
1997, radicación S-699. C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de enero de 2015, radicación:
250002342000201202017 01(0775-2014) C.P. Alfonso Vargas Rincón (e).
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 21 de junio de 2018, radicación:
250002342000201304683 01(3805-2014) SUJ-011CE-S2-2018. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de agosto de 2022, radicación:
150012333000201600278 01(3018-2017) SUJ-030CE-S2-2022.
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Radicado: 25000-23-42-000-2013-04855-01 (0672-2015)
Demandante: María Omaira Ortiz Gómez
20.6. vii) Los criterios que plantea para definir las controversias no constituyen premisas
que puedan ser aplicadas en forma uniforme, debido a la evolución normativa del
servicio educativo y a la competencia para expedir el régimen salarial y prestacional
de los empleados públicos. Al respecto, la Sección Segunda en la providencia del
20 de octubre de 202224, puso de presente que existe la posibilidad de que el
docente que ocupa una plaza territorial o nacionalizada haya terminado sujeto a un
régimen salarial y prestacional del orden nacional como efecto de la nacionalización
de la educación, sobre todo porque el actual esquema constitucional de
competencias le asigna a la fijación del régimen prestacional de los servidores
públicos a autoridades del orden nacional y les impide a los entes territoriales crear
prestaciones sociales para sus servidores.
21. De acuerdo con lo anterior, la Sala Plena de la Sección Segunda, al analizar los
argumentos en los que la UGPP sustentó la solicitud de unificación en el presente
caso, concluyó que con estos no se configuran los presupuestos sustanciales para
emitir una sentencia de unificación de acuerdo con el artículo 271 del CPACA, pues
el Consejo de Estado ya definió los «ítems expuestos por la entidad solicitante sobre
la plaza docente, la prueba idónea para acreditar la calidad de educador territorial y
los criterios para determinar esa condición en los empleos docentes».
22. Finalmente, en el ordinal segundo de la parte resolutiva del mencionado
pronunciamiento, se dispuso que «[l]as consideraciones aquí expuestas son
aplicables a las solicitudes de unificación que se fundamenten en los argumentos
que fueron analizados en esta providencia. Por ende, al amparo de la presente
decisión, dichos asuntos pueden continuar con su trámite, con el fin de llegar a su
pronta resolución». Por lo anterior, no se avocará el conocimiento del presente
asunto, de conformidad con lo dispuesto por la Sección Segunda.
2.2. El problema jurídico
23. Se contrae a resolver ¿si María Omaira Ortiz Gómez acreditó los requisitos para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia solicitada de conformidad con el
régimen prestacional previsto en la Ley 114 de 1913 y demás normas que la
regulan?
24 Radicado 54001-23-33-000-2013-00344-01 (4053-2015).
11
Radicado: 25000-23-42-000-2013-04855-01 (0672-2015)
Demandante: María Omaira Ortiz Gómez
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. En torno a la pensión gracia
24. El sector docente oficial estuvo marcado por condiciones diferenciales en materia
salarial y prestacional, derivadas del nivel de la entidad con la que se iniciara el
vínculo jurídico o la relación legal y reglamentaria. Ciertamente, este aspecto
determinaba el origen de los recursos para la remuneración de estos servidores,
pues mientras la nación asumía los gastos del personal del orden nacional, los
respectivos entes territoriales eran responsables de proveer los recursos necesarios
para el pago de sus empleados dedicados a la labor educativa. Esta situación
conllevaba un trato que, hasta esta época, se ha juzgado como inequitativo para
estos últimos educadores, cuyas prestaciones económicas eran inferiores, pese a
que todos ejecutaban la misma labor.
25. Lo anterior llevó al legislador a adoptar medidas tendientes a equiparar las
condiciones salariales y prestacionales de todos los docentes oficiales, dentro de
las cuales se destacó el reconocimiento de la pensión gracia implementada por
medio de la Ley 114 de 191325 como un reconocimiento a la dedicación al servicio
de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias.
26. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario
que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicios en
establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión
o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y
cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez, consagración
y que observara buena conducta.
26
27. Con posterioridad, las leyes 116 de 1928 y 37 de 193327, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.
28. Asimismo, con la Ley 91 de 1989 se logró la unificación de los distintos regímenes
del magisterio, en aras de finiquitar las divergencias interpretativas derivadas del
proceso gradual de traslado de los costos de las entidades territoriales a la nación
que había ordenado la Ley 43 de 1975 que, en últimas, afectaba las condiciones
25
«Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
26
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
27
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
12
Radicado: 25000-23-42-000-2013-04855-01 (0672-2015)
Demandante: María Omaira Ortiz Gómez
laborales del magisterio. Para ello, distribuyó las obligaciones prestacionales de los
docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
29. En el artículo 356 de la Constitución Política se determinó la competencia del
legislador para fijar cuáles servicios estarían a cargo de la nación y cuáles de las
entidades territoriales. En su versión original, definió que el situado fiscal era el
porcentaje de los ingresos corrientes de la nación cedido a los departamentos, el
distrito capital y los especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para
financiar la educación, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media, así
como la salud.
13
Radicado: 25000-23-42-000-2013-04855-01 (0672-2015)
Demandante: María Omaira Ortiz Gómez
30. En efecto, la Ley 60 de 199328 asignó la administración de los servicios
educativos estatales a los municipios financiados con recursos propios y con los
provenientes de su participación del situado fiscal, en conjunto con los
departamentos. En el artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal
docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la
conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas
vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones
sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o
el ente de previsión social a la cual se hubiesen realizado los aportes; a diferencia
de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del señalado
fondo.
31. La Ley 60 de 1993 también determinó que, para la prestación descentralizada de
los servicios, cada entidad territorial debía manejar en su presupuesto una cuenta
especial independiente con lo cual no afectaría la unidad de caja29, lo que se traduce
en que los recursos para educación no se integrarían con los que el ente territorial
ya administraba. Lo anterior llevó a que los Fondos Educativos Regionales (FER),
creados por el Decreto 3157 de 196830, encargados del sostenimiento de los
servicios educativos, fueran incorporados a la estructura de los departamentos y
distritos31 y más adelante, a las secretarías de educación, según la Ley 115 de
199432 (artículo 179, literal d).
32. Sinembargo, las sumas destinadas al pago de prestaciones sociales del
personal docente serían giradas directamente al Fomag, tanto las que provenían del
situado fiscal como las que debía trasladar el respectivo ente territorial por las
prestaciones causadas y no pagadas.
28
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
29
Para la época, se encontraba definido en el artículo 12 de la Ley 38 de 1989 así: «Unidad de Caja.
Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá la situación de fondos a los
organismos y entidades para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto
General de la Nación.»
30
«Por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo
de la Nación»
31
Ley 60 de 1993, artículos 3, numeral 5; y 4, numeral 1.
32
«Por la cual se expide la ley general de educación»
14
Radicado: 25000-23-42-000-2013-04855-01 (0672-2015)
Demandante: María Omaira Ortiz Gómez
33. La obligación de afiliar a los docentes departamentales, distritales y municipales
financiados con recursos propios de las entidades territoriales al Fomag se
reglamentó con el Decreto 196 de 199533, a través del cual se identificaron las
fuentes de financiación según los tipos de vinculación docente, clasificación
señalada por la Ley 91 de 1989, así:
33.1. i) Nacionales y nacionalizados: financiados con recursos de la nación y luego
del situado fiscal. Sus prestaciones quedaron a cargo del Fomag, luego de su
afiliación.
33.2. ii) Departamentales, distritales y municipales: este personal se consideró en tres
grupos, a saber:
34. Por una parte, el personal que venía pagado con recursos propios del ente
territorial, al cual se le respetaría el régimen territorial que lo venía cobijando. En
este caso, las prestaciones causadas antes de su incorporación al Fomag, así
como sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad directa
de las entidades territoriales o de las cajas de previsión, en las que se hayan
efectuado los correspondientes aportes.
35. Por otra parte, los docentes que eran financiados o cofinanciados por el Ministerio
de Educación Nacional mediante convenios y vinculados a plazas del nivel territorial.
Para ellos, las prestaciones sociales serían de cargo de la respectiva entidad
territorial y los recursos para su pago se regirían por el correspondiente convenio
de financiación o de cofinanciación. Vencidos los términos de los respectivos
convenios, los derechos salariales y prestacionales se pagarían con cargo al situado
fiscal.
36. Para los docentes de establecimientos públicos oficiales que eran pagados con
recursos del establecimiento, sus prestaciones serían asumidas por el Fomag.
34
37. En línea con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989
, en la sentencia
35
SUJ11-S2 del 21 de junio de 2018 se afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «[…] colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 […]».
33
«Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo
176 de la Ley 115 de 1994»
34
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
35
Expediente con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
15
Radicado: 25000-23-42-000-2013-04855-01 (0672-2015)
Demandante: María Omaira Ortiz Gómez
36
38. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 2000 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «[…] vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que
no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas consolidadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que
haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio.
39. En cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de computar los
tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente mencionar que
la jurisprudencia de la Sala37 ha señalado:
«[…] Sobre los tiempos nacionales.
La ley 114 de 1913 que creo la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo
4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa
nacional.
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: […]
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro
pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación
o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198938 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
36
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.
37
Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
38
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
16
Radicado: 25000-23-42-000-2013-04855-01 (0672-2015)
Demandante: María Omaira Ortiz Gómez
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se
encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios
al magisterio.» [Se resalta]
40. Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, se recuerdan las reglas que fijó esta Corporación
en sentencia de unificación del 21 de junio de 201839, así:
«[…] (i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde,
o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o del -situado
fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas exógenas fondos
educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las
erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial
[…]».
39
Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
17
Radicado: 25000-23-42-000-2013-04855-01 (0672-2015)
Demandante: María Omaira Ortiz Gómez
41. En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto
de 202240 indicó:
«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores
siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».41
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran
los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión
gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989 […]». [Se resalta]
42. En suma, para acceder a la pensión gracia los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa
territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicios en una plaza territorial
o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño como docente.
No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse vinculado en la
40
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
41
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-
15-000-2019-02219-01 (AC).
18
Radicado: 25000-23-42-000-2013-04855-01 (0672-2015)
Demandante: María Omaira Ortiz Gómez
fecha señalada, en atención a que pueden ser computados los tiempos laborados
con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio sea continuo.
2.3.2. Sobre la vinculación en interinidad
43. Esta Corporación ha señalado que si bien en el ordenamiento jurídico colombiano
no se define expresamente la naturaleza de la interinidad, como una forma de
proveer cargos docentes, aquella debe entenderse como el mecanismo mediante el
cual la administración, ante la imposibilidad de contar con docentes de carrera,
designa con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de la referida
actividad, en atención a la necesidad y urgencia de garantizar la efectiva prestación
de los servicios educativos42.
44. Igualmente, ha establecido en forma reiterada43 que quienes se hayan
desempeñado antes del 31 de diciembre de 1980, en calidad de educadores
territoriales o nacionalizados, aunque hubieran laborado en calidad de interinos,
tienen derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia, siempre que
acreditaran el cumplimiento de la edad de 50 años y el tiempo de servicio de 20
años. Esto, en atención a que la normatividad que regula la materia no exigió para
efectos del acceso a ese tipo de beneficio pensional, haber sido vinculado bajo una
forma específica de provisión de empleo (de carrera o transitoria), o, incluso, que su
relación laboral sea continua y discontinua44.
45. Además, el periodo laborado en interinidad es plenamente computable para el
reconocimiento de la pensión gracia, comoquiera que, por un lado, responde a un
mecanismo previsto en el ordenamiento jurídico en el que la administración, ante la
imposibilidad de contar con docentes de carrera designa con carácter transitorio a
personas instruidas en el ejercicio de la referida actividad, en atención a la
42 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
B, sentencia del 27 de enero de 2017, radicado 76001-23-33-000-2013-00406-01 (4259-15).
Igualmente ver la sentencia del 22 de marzo de 2018, radicación número: 25000-23-42-000-2014-
03024-01(1999-17).
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B: sentencias del 27 de enero de 2017.
Expediente No. 76001-23-33-000-2013-00406-01(4259-2015), 18 de septiembre de 2020.
Expediente No. 25000-23-42-000-2016-05162-01(0402-19), 10 de julio de 2020. Expediente No.
15001-23-33-000-2016-00168-01(1520-18), 10 de octubre de 2020. Expediente No. 19001-23-33-
000-2013-00102-01(1665-14), y 19 de julio de 2018. Expediente No. 25000-23-42-000-2014-02885-
01(3254-15); Subsección A: fallos del 27 de septiembre de 2018. Expediente No. 25000-23-42-000-
2014-00012-01(3050-15), 5 de julio de 2018. Expediente No. 15001-23-33-000-2014-00468-
01(3406-15), 27 de junio de 2018. Expediente No. 68001-23-33-000-2014-00812-01(3597-15), 21 de
junio de 2018. Expediente No. 25000-23-42-000-2012-01016-01(0774-14), y 12 de julio de 2017.
Expediente No. 25000-23-25-000-2012-01224-01(3659-14).
44 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 19 de julio de 2018.
Expediente No. 25000-23-42-000-2014-02885-01(3254-15).
19
Radicado: 25000-23-42-000-2013-04855-01 (0672-2015)
Demandante: María Omaira Ortiz Gómez
necesidad y urgencia de garantizar la efectiva prestación del servicio educativo45. Y
por el otro, constituye una forma de vinculación a la administración, en cumplimiento
de las formalidades previstas en la ley, esto es, a través de la toma de posesión de
un cargo docente, que daba lugar a la configuración de una relación legal y
reglamentaria con carácter autónomo46.
46. En la citada sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, aunque no se
unificó lo atinente a los criterios sobre este asunto específico, sí encontró que la
demandante en esa controversia había demostrado plenamente los requisitos
necesarios para acceder a la referida prestación, al valorarse, entre otros asuntos,
la vinculación en interinidad que había tenido como docente en la Secretaría de
Educación de Bogotá antes del 31 de diciembre de 198047.
2.4. Caso concreto
47. En el expediente se encuentra demostrado lo siguiente:
47.1. María Omaira Ortiz Gómez nació el 9 de abril de 196148.
47.2. Por medio de declaración juramentada del 12 de enero de 201249, manifestó
que se desempeñó como docente con honradez, consagración y buena conducta.
47.3. Según certificado de antecedentes del 12 de enero de 201250, expedido por la
Procuraduría General de la Nación, no tiene sanciones, ni inhabilidades vigentes.
45 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 27 de septiembre de 2018.
Expediente No.25000-23-42-000-2014-00012-01(3050-15)
46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 21 de junio de 2018.
Expediente No. 25000-23-42-000-2012-01016-01(0774-14).
47 «[…] b) De conformidad con la certificación expedida por la secretaría de educación de la Alcaldía
Mayor del Distrito Capital de Bogotá (ff. 126 y 127), la demandante laboró como docente territorial
en esa entidad, con vinculación anterior y posterior al 31 de diciembre de 1980, conforme se indica
a continuación:
Tiempo laborado
Tipo de vinculación Novedad Desde Hasta
Años Meses Días
Territorial Docente interino 11-02-1974 07-0-1974 -- 01 27
Territorial Docente interino 16-02-1975 12-04-1975 -- 01 27
[…] En ese orden, se tiene que la demandante acreditó en debida forma que su vinculación y
permanencia en el servicio oficial docente, lo fue en calidad de educadora territorial, bajo la dirección
del Distrito Capital de Bogotá. Así las cosas, la interesada demostró plenamente los requisitos
necesarios para acceder a la referida prestación, como son el haber prestado los servicios como
docente en planteles distritales por veinte (20) años, vinculada antes del 31 de diciembre de 1980
(11 de febrero de 1974), contar con 50 años de edad (pues los cumplió el 29 de octubre de 2002) y
observar una buena conducta en su desempeño como docente […]».
48 Expediente físico, visible a folio 2 y 3 en la cédula de ciudadanía y registro civil de nacimiento.
49 Expediente físico, visible a folio 4.
50
Expediente físico, visible a folio 5.
20
Radicado: 25000-23-42-000-2013-04855-01 (0672-2015)
Demandante: María Omaira Ortiz Gómez
47.4. Certificación del 7 de julio de 201151 suscrita por el director de archivo del
municipio de Soatá, en la cual se precisó lo siguiente:
«El Archivo Municipal de Soatá certifica que la señora MARÍA OMAIRA ORTIZ GÓMEZ con
C.C No 51.667.396 fue nombrada maestra interina en la concentración urbana mixta de
Soatá mediante oficio No 045 del doce (12) de febrero de 1979 expedido por el distrito
educativo de Soatá en el periodo comprendido entre el doce (12) de febrero y el seis (06)
de marzo de 1.979. Igualmente fue nombrada como maestra interina según oficio No
088 del siete (07) de marzo de 1.979 laborando por un periodo de cincuenta y seis días
comprendido entre el ocho (08) de marzo y el primero (01) de mayo de 1979.»
47.5. Constancia del 7 de julio de 201152 suscrita por el rector y la secretaria de la
Institución Educativa Juan José Rondón, en la cual se precisó lo siguiente:
«Que, MARÍA OMAIRA ORTIZ GÓMEZ identificada con Cédula de Ciudadanía No. 51667396
expedida en Bogotá, prestó sus servicios en la Sección Primaria del Colegio Regional
Juan José Rondón de Soata (actualmente Institución Educativa Juan José Rondón)
como Profesora Interina, por el término de 26 días contados a partir del 5 de Noviembre
de 1979. Este nombramiento fue hecho por el Distrito Educativo No. 3 según oficio No.
331 de Noviembre 5 de 1979.»
47.6. A través de Resolución 202 del 1° de febrero de 199353 «[p]or la cual se realizan
unos nombramientos en la planta de personal docente del Distrito Capital de Santafé de
Bogotá – Secretaría de Educación», el alcalde de Bogotá la nombró docente de tiempo
completo, en la zona urbana, en la planta de personal del distrito, en el cual se
posesionó el 5 de febrero de 199354. En las consideraciones del acto de designación
se indicó:
«Que el Acuerdo No. 08 de 1992 dispuso la creación de una planta de personal Docente
para el sector educativo del Distrito Capital.
Que el mismo Acuerdo prohibió expresamente el nombramiento de personal temporal y
dispuso que la Secretaría de Educación debería desarrollar un estudio sobre las
necesidades educativas de la ciudad que incluyera en el establecimiento de la respectiva
planta.
Que la oficina de planeación de la Secretaría de Educación realizó el estudio mencionado
en el considerando anterior y, sobre la base de las necesidades reales del servicio para
51 Samai, índice 32,RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICOMARIAOMAIRAORTIZG,
visible a folio 11.
52 Samai, índice 32,RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICOMARIAOMAIRAORTIZG,
visible a folio 13.
53 Samai, índice 32,RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICOMARIAOMAIRAORTIZG,
visibles a folios 1 a 5.
54 Expediente físico, visible a folio 209.
21
Radicado: 25000-23-42-000-2013-04855-01 (0672-2015)
Demandante: María Omaira Ortiz Gómez
1993, llegó a la conclusión de que es preciso fijar la planta de personal en un número de
7120 docentes.
Que el Acuerdo No. 40 de 1992 aprobó, dentro del presupuesto para la vigencia de 1993,
un rubro expresamente dedicado al pago de personal docente de la planta distrital de
educadores. […]»
47.7. Según el formato único para la expedición de certificado de historia laboral con
consecutivo 1855, expedido el 19 de mayo de 2023 por la Secretaría de Educación
del departamento de Boyacá, prestó sus servicios como docente del nivel básica
primaria con vinculación nacionalizada, así:
Entidad de
Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta
previsión
Ing. y Reing. Fondo
«Otro» 045
I.E. Juan José Rondón 12-02-1979 06-03-1979 Prestacional
12-02-1979
Soata (Boy) del Magisterio
Tiempo total 23 días
47.8. Según el formato único para la expedición de certificado de historia laboral con
consecutivo 1855, expedido el 19 de mayo de 2023 por la Secretaría de Educación
del departamento de Boyacá, prestó sus servicios como docente del nivel básica
primaria con vinculación nacionalizada, así:
Entidad de
Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta
previsión
Ing. y Reing. Fondo
Resolución 848
I.E. Juan José Rondón 08-03-1979 01-05-1979 Prestacional
16-05-1979
Soata (Boy) del Magisterio
Tiempo total 1 mes y 24 días
47.9. Según el formato único para la expedición de certificado de historia laboral con
consecutivo 1855, expedido el 19 de mayo de 2023 por la Secretaría de Educación
del departamento de Boyacá, prestó sus servicios como docente del nivel básica
primaria con vinculación nacionalizada, así:
Entidad de
Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta
previsión
22
Radicado: 25000-23-42-000-2013-04855-01 (0672-2015)
Demandante: María Omaira Ortiz Gómez
Ing. y Reing. Fondo
Resolución 2110
I.E. Juan José Rondón 01-09-1979 30-10-1979 Prestacional
24-10-1979
Soata (Boy) del Magisterio
Tiempo total 1 mes y 30 días
47.10. Según el formato único para la expedición de certificado de historia laboral,
expedido el 27 de abril de 2023 por la Secretaría de Educación del distrito de
Bogotá, prestó sus servicios como docente del nivel básica primaria con vinculación
nacional, así:
Entidad de
Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta
previsión
Resolución
Ascenso de escalafón 20362 - - -
14-12-1981
Resolución Caja de
Vinculación temporal
14910 11-04-1991 30-11-1991 previsión del
tiempo completo
15-10-1990 distrito
Caja de
Vinculación temporal Resolución 748
20-01-1992 16-09-1992 previsión del
tiempo completo 10-03-1992
distrito
Vinculación temporal Caja de
tiempo completo - 18-09-1992 30-11-1992 previsión del
IED Acacia II distrito
Caja de
Nombramiento en Resolución 202
08-02-1993 - previsión del
propiedad 01-02-1993
distrito
Resolución 1361
Ascenso escalafón 17-08-1993 - -
08-04-1994
Resolución 1588
Retiro por renuncia - 21-04-1994 -
22-04-1994
Nombramiento en
Fondo de
propiedad Decreto 163
21-04-1994 -55 prestaciones
IED Arborizadora Alta – 30-03-1994
del magisterio
Pradera Esperanza
Tiempo total 31 años, 8 meses y 16 días
55
Vinculación que se encontraba vigente en la fecha en la que se expidió la certificació.
23
Radicado: 25000-23-42-000-2013-04855-01 (0672-2015)
Demandante: María Omaira Ortiz Gómez
47.11. En el certificado de tiempo de servicio proferido el 31 de octubre de 2011 56 y
19 de mayo de 202357 por la Secretaría de Educación de Boyacá, se indica que
prestó sus servicios en el nivel primaria, en interinidad, con tipo de vinculación
nacionalizado, de la siguiente forma:
Detalle Acto Desde Hasta
Oficio 045 del
12/02/1979 12/02/1979 6/03/1979
Oficio 88 del
Plantel educativo: Institución Educativa Juan 7/03/1979 8/03/1979 1°/05/1979
José Rondón
Oficio 246 del
1°/09/1979 30/10/1979
Municipio: Soatá - Boyacá 31/08/1979
Oficio 331 del
5/11/1979 5/11/1979 30/11/1979
47.12. De acuerdo con el certificado de historia laboral proferido el 2 de julio de 201558
por el Fomag, presta sus servicios en el nivel primaria, en propiedad, con tipo de
vinculación nacional, de la siguiente forma:
Detalle Acto Desde Hasta
Tipo de novedad: vinculación temporal tiempo
completo
Oficio del
Plantel educativo: IED Ciudad Bolívar - 11/04/1991 2/12/1991
Argentina
«12/09/1994»
Municipio: Bogotá
Tipo de novedad: vinculación temporal tiempo
completo
Resolución 748
Plantel educativo: IED Ciudad Bolívar - 20/01/1992 16/09/1992
del 10/03/1992
Argentina
Municipio: Bogotá
Tipo de novedad: vinculación temporal tiempo
completo
Plantel educativo: IED Acacia II Oficio 8/11/1994 30/11/1992
18/09/1992
Municipio: Bogotá
Tipo de novedad: nombramiento en
propiedad
Resolución 202
Plantel educativo: IED Ciudad Bolívar - 8/02/1993 -
del 1°/02/1993
Argentina
Municipio: Bogotá
56 Samai, índice 32,RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICOMARIAOMAIRAORTIZG,
visibles a folios 9 y 10.
57 Samai, índice 34, RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO NroActua 34, visibles a
folios 5 y 16.
58 Samai, índice 32, RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICOMARIAOMAIRAORTIZG,
visibles a folios 6 y 7.
24
Radicado: 25000-23-42-000-2013-04855-01 (0672-2015)
Demandante: María Omaira Ortiz Gómez
Tipo de novedad: retiro renuncia Resolución
1588 del 21/04/1994 -
Municipio: Bogotá 22/04/1994
Tipo de novedad: nombramiento en
propiedad
Decreto 163 del
Plantel educativo: IED Arborizadora Alta – 21/04/1994 -
30/03/1994
Pradera Esperanza
Municipio: Bogotá
47.13. Certificados de salarios proferidos el 9 de mayo de 2023 59 por el Fomag, en
los cuales se indican los factores salariales devengados desde 1994 hasta 2023,
presta sus servicios en el nivel primaria, en propiedad, con tipo de vinculación
nacional.
47.14. Mediante la Resolución RDP 021423 del 9 de mayo de 201360 expedida por la
subdirectora de determinación de derechos pensionales de la Ugpp, se negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia, pues consideró que la docente no
cumplió con el requisito de 20 años de servicio con vinculación territorial o
nacionalizada, indicó el siguiente periodo y vinculación:
Entidad laboró Desde Hasta Cargo Vinculación
Bogotá Distrito Capital 1992/01/20 1992/09/18 Docente Nacional
Bogotá Distrito Capital 1993/02/08 1994/04/21 Docente Nacional
Bogotá Distrito Capital 1994/04/21 2012/12/06 Docente Nacional
47.15. Además, en el acto acusado la Ugpp argumentó lo siguiente:
«[…] Que de acuerdo con el certificado de tiempo de servicio del 31 de octubre de 2011,
expedido por la Secretaría de Educación de Boyacá, «se evidencia que la señora MARÍA
OMAIRA ORTIZ GÓMEZ se vinculó a la docencia en la Gobernación de Boyacá, entre el 08
de marzo de 1979 al 01 de mayo de 1979, entre el 01 de septiembre de 1979 al 30 de
octubre de 1979 y entre el 05 de noviembre de 1979 al 30 de noviembre de 1979 con
tipo de vinculación nacionalizado en propiedad primaria. Que no obstante lo anterior,
dicho tiempo no puede ser tenido en cuenta toda vez que en el mismo certificado se
indica que su nombramiento no fue con decreto de nombramiento sino con OFICIO, es
decir que no hay vinculación legal al servicio docente.
Que lo mismo sucede con los periodos comprendidos entre el 11 de abril de 1991 al 02
de Diciembre de 1991 y entre el 18 de Septiembre de 1992 al 30 de Noviembre de 1992,
pues el certificado allegado, indica que el nombramiento se efectuó mediante oficio. […]»
59 Samai, índice 34, RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO NroActua 34, visibles a
folios 11 a 22.
60 Expediente físico, visible a folios 10 a 15.
25
Radicado: 25000-23-42-000-2013-04855-01 (0672-2015)
Demandante: María Omaira Ortiz Gómez
47.16. La anterior decisión fue confirmada a través de las resoluciones RDP 027433
del 17 de junio de 201361 y RDP 034673 del 30 de julio de 201362, en similares
términos.
2.5. Análisis sustancial
48. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sección C, negó
las pretensiones de la demanda al concluir que María Omaira Ortiz Gómez no
acreditó el requisito de los 20 años de servicio en una plaza docente del orden
territorial. Lo anterior, toda vez que, aunque acreditó vinculaciones nacionalizadas
antes del 31 de diciembre de 1980, no se tiene certeza de la naturaleza de la
vinculación con base en la cual prestó sus servicios entre 1991 y 1992; asimismo,
por cuanto, de acuerdo con los certificados laborales, la vinculación que ostenta
desde el 8 de febrero de 1993 es del orden nacional.
49. La demandante presentó recurso de apelación con el fin de que se revocara la
decisión adoptada por el tribunal de primera instancia, al considerar que el tiempo
de servicio que prestó en el departamento de Boyacá fue del orden nacionalizado,
y en el distrito de Bogotá territorial.
50. De acuerdo con la anterior, la sala deberá verificar si como se afirma en el recurso
de apelación, la recurrente acreditó los requisitos para acceder al reconocimiento
de la pensión gracia, para esos efectos, se verificará si: i) cuenta con 50 años de
edad; ii) ejerció la docencia con buena conducta; iii) acreditó una experiencia
anterior al 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa territorial o
nacionalizada y iv) completó 20 años de servicios en una plaza territorial o
nacionalizada.
51. En ese orden, se advierte que María Omaira Ortiz Gómez cuenta con más de 50
años de edad [nació el nació el 9 de abril de 1961, por lo que cumplió con ese
requisito en el año 2011]. Asimismo, se encuentra acreditado el requisito de la
buena conducta, en tanto, se presume y frente a este no se efectuó reproche alguno.
52. Al respecto, en relación con el requisito de contar con una vinculación del orden
territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980, se encuentra
acreditado que la demandante: i) se vinculó a través del Oficio 045 del 12 de febrero
1979, expedido por el distrito educativo de Soatá, durante el periodo comprendido
entre el 12 de febrero y el 6 de marzo de 1979; ii) según el Oficio 88 del 7 de marzo
61 Expediente físico, visible a folios 16 a 22.
62 Expediente físico, visible a folios 24 a 32.
26
Radicado: 25000-23-42-000-2013-04855-01 (0672-2015)
Demandante: María Omaira Ortiz Gómez
de 1979, fue nombrada como maestra interina por un lapso de 56 días entre el 8 de
marzo y 1° de mayo de 1979; y iii) con ocasión de la vinculación efectuada a través
de la Resolución 2110 del 24 de octubre de 1979, prestó sus servicios en la
Institución Educativa Juan José Rondón del municipio de Soata, entre el 1° de
septiembre de 1979 y el 30 de octubre de 1979. En relación con estas vinculaciones,
en el expediente obran certificaciones expedidas por la autoridad nominadora, que
dan cuenta que la naturaleza de estas fue del orden nacionalizado, por lo que, se
encuentra acreditado el requisito en estudio.
53. Asimismo, cabe destacar que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta
Corporación, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia se puede
computar el tiempo de servicio prestado por el docente con ocasión de vinculaciones
en interinidad o provisionalidad, puesto que, lo relevante es la prestación del servicio
como docente oficial del orden territorial o nacionalizado, sin que sea dable exigir
un requisito adicional [como el tipo de vinculación] que no fue previsto por el
legislador.
54. De otra parte, se encuentra que María Omaira Ortiz Gómez presto sus servicios
como docente con las siguientes novedades: i) «vinculación temporal tiempo
completo» a través de la Resolución 14910 del 15 de octubre de 1990, con ocasión
de la cual prestó sus servicios entre el 11 de abril y el 30 de noviembre de 1991; ii)
«vinculación temporal tiempo completo» a través de la Resolución 748 del 10 de marzo
de 1992, con ocasión de la cual prestó sus servicios entre el 20 de enero de 1992 y
el 16 de septiembre de 1992; iii) «vinculación temporal tiempo completo IED Acacia II»
con ocasión de la cual prestó sus servicios entre el 18 de septiembre de 1992 y el
30 de noviembre de 1992; iv) «nombramiento en propiedad» a través de la Resolución
202 del 1° de febrero de 1993, con ocasión de la cual prestó sus servicios entre el
8 de febrero de 1993 y el 21 de abril de 1994 [renuncia aceptada con la Resolución
1588 del 22 de abril de 1994]; y v) «nombramiento en propiedad IED Arborizadora Alta
– Pradera Esperanza» a través del decreto 163 del 30 de marzo de 1994, con ocasión
de la cual prestó sus servicios desde el 21 de abril de 1994 [vinculación que se
encontraba vigente en la fecha en la que se presentó la demanda].
55. Ahora bien, de los actos administrativos con los que se efectuaron las anteriores
situaciones administrativas, en el expediente únicamente obra la Resolución 202
del 1° de febrero de 1993, la cual fue expedida por el alcalde mayor de Santafé de
Bogotá con el fin de efectuar «unos nombramientos en la planta de personal docente del
distrito capital de Santafé de Bogotá, Secretaría de Educación». Es decir, a través de
esta resolución, la demandante fue nombrada para ocupar una plaza docente del
distrito, por lo que la vinculación es del orden territorial, lo cual, se encuentra en
consonancia con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, según la cual,
27
Radicado: 25000-23-42-000-2013-04855-01 (0672-2015)
Demandante: María Omaira Ortiz Gómez
es personal de este orden «los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en
el artículo 10 de la Ley 43 de 1975».
56. Así las cosas, el tiempo de servicio que la docente prestó con ocasión de la
vinculación efectuada mediante la Resolución 202 del 1° de febrero de 1993 puede
ser computada para efectos del reconocimiento de la pensión gracia. En cuanto al
marco temporal de esta, se puede establecer con el certificado del tiempo de
servicios expedido por la Secretaría de Educación del distrito de Bogotá, según el
cual le fue aceptada la renuncia con la Resolución 1588 del 22 de abril de 1994, por
lo que, esta vinculación tuvo lugar entre el 8 de febrero de 1993 y el 21 de abril de
1994.
57. En relación con el tiempo de servicio que prestó entre: i) el 11 de abril y el 30 de
noviembre de 1991, ii) el 20 de enero y el 16 de septiembre de 1992, iii) el 18 de
septiembre y el 30 de noviembre de 1992 y iv) el 21 de abril de 1994 y el 27 de abril
de 202363, en el expediente solo obran certificaciones expedidas por la Secretaría
de Educación del Distrito de Bogotá, según las cuales estas vinculaciones son del
orden nacional y, en tanto, no se aportaron los actos administrativos o documentos
que permitieran controvertir la información contenida en esta, la sala concluye que
no pueden ser computadas para el reconocimiento pretendido en el sub judice, toda
vez que, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, los docentes nacionales no son beneficiarios de la pensión gracia.
58. En ese orden, se encuentra que María Omaira Ortiz Gómez acreditó el siguiente
tiempo de servicios con vinculación nacionalizada o territorial: i) con la Secretaría
del departamento de Boyacá entre: el 12 de febrero y el 6 de marzo de 1979, el 8
de marzo y el 1° de mayo de 1979, el 1° de septiembre y el 30 de octubre de 1979
y el 5 de noviembre y el 30 de noviembre de 1979, esto es, durante 5 meses y 12
días; y ii) con la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá entre el 8 de febrero
de 1993 y el 21 de abril de 1994, esto es, durante 1 año, 2 meses y 14 días.
59. En consonancia con lo anterior, encuentra la sala que aunque la demandante se
vinculó como docente oficial durante más de 30 años, de ese tiempo, solo logró
acreditar que durante 1 año, 7 meses y 26 días lo hizo con una vinculación
nacionalizada o territorial, tiempo insuficiente para el reconocimiento de la pensión
gracia, puesto que, de acuerdo con las normas que regulan esta prestación, se
requieren 20 años en establecimientos educativos oficiales del orden territorial,
63
Fecha en la que fue expedido el certificado de tiempo de servicios, por cuanto la vinculación se
encontraba vigente.
28
Radicado: 25000-23-42-000-2013-04855-01 (0672-2015)
Demandante: María Omaira Ortiz Gómez
municipal o distrital.
60. De lo anterior se colige que en virtud de la Ley 91 de 1989 los docentes que
prestaron su servicio en instituciones educativas del orden territorial o
nacionalizadas vinculados antes del 31 de diciembre de 1980 tendrían derecho al
reconocimiento y pago de la pensión gracia, siempre que acreditaran todos los
requisitos previstos por el legislador, y comoquiera que en el presente asunto no fue
cumplido el relacionado con el tiempo de servicio de 20 años en una plaza territorial
no hay lugar a su reconocimiento.
61. En consecuencia, para la Sala resulta evidente que la parte demandante no logró
desvirtuar la presunción de legalidad que recae sobre los actos administrativos
demandados motivo por el cual, la Sala confirmará la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en la
cual se negaron las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en
costas.
2.6. Costas
62. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
63. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
64. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma64.
64
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
29
Radicado: 25000-23-42-000-2013-04855-01 (0672-2015)
Demandante: María Omaira Ortiz Gómez
65. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
66. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala no condenará en costas a la parte demandante.
3. Reconocimiento de personería y renuncia al poder
67. Se reconocerá personería al abogado Omar Andrés Viteri Duarte, identificado
con la cédula de ciudadanía 79.803.031 de Bogotá y portador de la tarjeta
profesional 111.852 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como
apoderado de la Ugpp, con las facultades y para los fines establecidos en el poder
que obra en el índice 42 de SAMAI.
4. Conclusión
68. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que María Omaira Ortiz
Gómez no acreditó el requisito del ejercicio docente territorial o nacionalizado
durante 20 años para el reconocimiento de la pensión gracia, según lo previsto en
la Ley 114 de 1913.
69. En esas condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 3 de octubre de 2014
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sección C, en
tanto negó las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Confirmar la sentencia del 3 de octubre de 2014 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que negó las
pretensiones de la demanda presentada por María Omaira Ortiz Gómez contra la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (Ugpp), de acuerdo con lo expuesto en esta providencia.
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Radicado: 25000-23-42-000-2013-04855-01 (0672-2015)
Demandante: María Omaira Ortiz Gómez
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. No avocar el conocimiento del proceso de la referencia para emitir
sentencia de unificación de la jurisprudencia, por las razones expuestas.
Cuarto. Reconocer personería al abogado Omar Andrés Viteri Duarte, identificado
con la cédula de ciudadanía 79.803.031 de Bogotá y portador de la tarjeta
profesional 111.852 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como
apoderado de la Ugpp, con las facultades y para los fines establecidos en los
poderes que obran en el índice 42 de SAMAI.
Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
KGO
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