Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-05474-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-05474-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-05474-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
7 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá, D.C. siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05474-01 (2492-2018)
Demandante: DIEGO ARTHUR MEZA MIRA
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA -POLICÍA
NACIONAL
Tema: Disciplinario. Ley 1437 de 2011.
SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA
I. ASUNTO
La Sección Segunda , Subsección A decide el recurso de apelación
interpuesto por el señor DIEGO A RTHUR MEZA MIRA contra la
sentencia de 22 de febrero de 2018 , proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca , que negó las pretensiones de la
demanda de la referencia.
II. ANTECEDENTES.
2.1. Pretensiones
2.1.1. Se declare la nulidad de los sig uientes actos administrativos:
(i) Decisión sancionatoria de primera instancia del proceso
con Radicado No. COPE1 -2013-9 de fecha 12 de abril de
2013 expedida por el Jefe de la Oficina de Control
Disciplinario Interno del Comando de Seguridad Ciudadana
Uno de la Policía Nacional.
(ii) Auto 047 de segunda instancia proferid o el 24 de abril de
2013 por el Inspector Delegado Especial MEGOB de l a
Policía Nacional.
(iii) Resolución 020001 del 29 de mayo de 2013, con la que se
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Demandante: Diego Arthur Meza Mira
ejecuta la decisión disciplinaria emitida por El Direct or
General de la Policía Nacional.
2.1.2. Que a título de restablecimiento del derecho :
(i) Se reincorpore a l actor a la institución y le sean pagados los
sueldos dejados de percibir, ot ros beneficios económicos y de
otra índole a los cuales se debe hacer acreedor; y su
respectiva indemnización por los dañ os causados a él y a s u
familia por causa del retiro.
(ii) Daños materi ales. Los salarios que dej ó de percibir desde el
momento del retiro hasta el momento de llevarse la presente
acción, es decir, e l salario del patrullero era de $1.126.531
por tres meses mas la prima, asciend a $3.942.859 sumado a
las prestaciones a que tenga derecho. Monto que sería para
tres meses más el lucro cesante.
(iii) Lucro cesante . Equivale a los sala rio s a que tendría derecho
el patrullero MEZA , por razón del tie mpo que se cause hasta
la decisión favorable al demandante.
(iv) Perjuicios morales. 1000 salarios mínimos legales vigentes .
2.2. Hechos.
En la demanda 1 se narraron los hechos relevantes que a
continuación se resume n:
2.2.1 El día 12 de abril de 2013, el Subteniente Barberi Forero Jhon
Jairo de la Policía Nacional profirió sanción disciplinari a de primera
instancia dentro del proceso Radicado con el No. COPE1 -2013-9 en
contra de los patru lleros (i) Luis Fern ando Millán Rincón (ii) Nelson
Enrique Rodelo Ardila (iii) Diego Arthur Meza Mira y (iv) el
Intendente Jimmy Javier Simanca López que termin ó con
destitución e inhabilidad general por el término de 10 años.
1 Folios 504 al 515 del expediente .
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Demandante: Diego Arthur Meza Mira
2.2.2 El día 24 de abril de 2013 , el Inspector Delegado Especial
MEGOB, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la
decisión disciplina ria de primera instancia mediante Auto 047
INDES-MEGOB, por el cual se exoneró al Intendente SIMANCA y
confirmó la sanción de los patrulleros. El 29 de mayo de 2013 a
través de la Resolución 020001 se ejecutó el fallo disciplin ario.
2.2.3 En relación con el patrullero DI EGO ARTHUR ME ZA MIRA, la
falta fue enmarcada al tenor del artículo 34 numeral 18 de la Ley
1015 de 2006 “Causar daño a la integridad de las personas, como
consecuencia del exceso en el uso de los medios coercit ivos”, cargo
que fue rebatido por la defensa pero los argumentos ju rídicos no
fueron valorados.
2.3. Concepto de la violación
El apoderad o del demandante consideró como norma s vulnerada s:
• Constitución Política .
• Leyes 1437 de 2002 , 23 de 1993, 446 de 1998 y 460 de 2001 .
Adujo que el cargo endilgado al demandante no es congruente con
los hechos materia de investigación, por cuanto éstos ocurrie ron el
21 de enero de 2013 en la calle 139 con carrera 127 b en la ciudad
de Bogotá en donde fallece el señor YIMMY DARIO GUACANEME
al emprender la huida de la conducción que le realiza la Policía
Nacional y como se observa el disciplinado estaba cumpliendo su
“ deber ser” policia l que es realizar p atrullajes en la zona.
Agregó que no quedó demostrad o que el patrullero MEZA MIRA
haya causado daño físico a la integridad del señor GUACANEME
por lo que el cargo se sustenta en un hecho no probado ; al
contrario , se demostró que el señor MEZA MI RA en cumplimiento
de su deber conduce al señor GUACANEME por ser “pert urbador” y
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no querer pagar una cuenta en un establecimiento público (billa r) ,
por lo cual solicita apoyo policial.
Señaló que, u na vez llegó la patrulla policia l tipo camioneta en
compañía del patrullero RODELO ARDILA esposan al contraventor
en la parte de atrás del vehículo (platón) , camioneta que es
conducida por el patrullero MIL LAN RINCON.
Además, señaló que obedecía una orden del superior jerárquico
Intendente SIMANCA.
Relató que el señor GUA CANEME e n su intento de huir se a rrojó
del vehículo soltándose abruptamente las esposas para saltar al
pavimento causándose lesiones que llevan a su muerte. El
patrullero MILLAN RINCON lo lleva a l hospital Nuevo Suba donde
fallece.
Concluyó q ue el operador disciplinario no es congruente con los
hechos, toda vez que, el patrullero MEZA MIRA lo sube en el
vehículo policial p ero en nada tiene que ver con el he cho que se
sustraiga las espo sas y se lance de la camioneta , en ello no tiene
responsabilidad el demandante. La autoridad disciplin aria adujo
que en la conducción del señor GUACAN EME existió exceso de los
medios coercitivos, lo cual no corresponde al material probatorio .
Sostuvo que los medios coercitivos son utilizados por la Policía
Nacional con el fin de preservar el ord en público, pero estos medios
son armas no letales como se encuentra consagrado en el manual
“Criterios para el empleo de armas no letales” en el que esta
descrito el protocolo que debe seguir un policía.
Señaló que las esposas no están contempladas como medio
coercitivo, se toman como un elemento de servicio para la
conducción de las personas.
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Así las cosas, afirmó que el cargo es atípico, por cuanto no hay
congruencia con los hechos. El patrullero MEZA solo cumplió con
su deber y no vulneró ningún deber funcional.
Consideró que la intención de los falladores era a toda costa
responsabilizar a los patrulleros MILLAN, MEZA y RODELO .
Además, que en este caso hubo exposición en la prensa hablada y
escrita; y el comandante de la Policía Metropolitana General Luis
Eduardo Martínez Guzmán manifestó que los investigados
recibirían un cast igo ejemplar y afirmó que eran responsables por
los hechos ocurridos, razón por la cual existe una cla ra y evidente
desviación de poder, porque existía la necesidad de no desmejorar
la imagen ante los medios de comunicación.
Expuso que utilizaron material probatorio dudoso y quisieron
demostrar que los citados patrullero s habían firmado documentos
anteriores a la fecha de los hechos , actas de instrucción sobre
protocolos policiales, los cuales fueron procesados por peritos
judiciales que concluyeron que las firmas no correspondían, por lo
que esta conducta fue descartada , toda vez que era evidente que
esto comprometía más la responsabilidad de los disciplinados .
Adicionalmente, exp resó que las pruebas solicitadas por la defensa
técnica fueron negadas, como por ejemplo, la solicitud de
necropsia del señor GUACAN EME, que días después, al percatarse
del error, el opera dor disciplina rio la s decretó de oficio.
Por último, sostuvo que la falsa motivación de los actos
administrativos está demostrada debido a la falta de congruencia
entre los hechos, los elementos probatorios, la tipicidad y la
sanción disciplinaria.
2.4. Contestación de la demanda
La Nación- Mi nisterio de Defensa - Policía Nacional , por medio
de apoderad o judicial, se opuso a las pretensiones de la
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demanda 2,con fundamento en l os siguientes argumentos :
Adujo que la actuación disciplinaria adelantada por la Policía
Nacional goza de plena legalidad y se encuentra fundamentada en
las pruebas legalmente aportadas al proceso y que llevaron a la
certeza sobre la comisión de la conducta y la responsabilidad del
investigado por lo que no existe falsa motivación ni desviació n del
poder.
Además, afirmó que la falta disciplinaria se demostró por medio de
testimonios y pruebas documentales; y no requería de una prueba
específica para demostrar su responsabilidad.
Sostuvo que la jurisdicción contenciosa administrativa no puede
convertirse en una tercera instancia para dirimir asuntos
administrativos decididos.
Finalmente, expuso que al disciplinado le fue aplicable el Código
Disciplinario Único y la Ley 1015 de 2006 que contiene el régimen
disciplina rio de la Policía Nacional y se le respetó el debido
proceso.
Presentó las siguientes excepciones:
(i) Falta de compete ncia. cuando la pretensión se relaciona
con una sanci ón disciplina ria que origine el retiro del
servidor público la competencia para conocer el proceso es
del Consejo de Estado en única instancia.
(ii) Cosa Juzgada. El proceso disciplinario culminó con
decisión de segunda instancia, el cual qued ó ejecutoriado.
2.5. Decisiones relevantes en la audiencia inicial 3
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca se pronunció sobre las
2 Folios 530 al 544 del expediente.
3 Folios 577 al 578 del expediente.
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excepciones propuestas de falta de competencia y cosa juzgada,
respectivamente, considerando que no tienen vocación de
prosperidad, por cuanto (i) la línea ju risprudencial vigente sostiene
que los actos que impliquen retiro temporal o definitivo del servicio
son competencia de los Tribunales Administrativos en primera
instancia y e l fa ctor determinante es el funcional da do que se
atiende la naturaleza del asunto y la entidad que lo profiere sin
tener en cuenta, la cuantía y (ii) las decisiones sancio natorias de
primera y segunda instancia son actos administrativos p asibles de
control jurisdiccional, por lo que no puede predicarse la institución
de la cosa juzgada.
La decisión de excepciones no fue objeto de recursos.
El litigio fue fijado así: “ El pr oblem a ju r í dico por r esolver se
cont r ae a est abl ecer si los act os adm inist r at ivos
dem andados, se ajust an a der echo o si por el cont r ar io
f uer on expedidos con desviació n de pod er y vulner ación del
debido pr oceso . ”
2.6. La sentencia apelada 4
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca por medio de la
sentencia de 22 de febrero de 2018 negó las pretensiones de la
demanda, con base en los argumentos que se resumen a
continuación:
Consideró que la administración tiene la facultad de imponer
sanciones a sus servidores públicos como consecuencia de la
inobservancia de sus deberes funcionales. Los actos disciplinarios
son sujetos de control de legalidad por parte de la j urisdicción
contenciosa administrativa sin que se constituya en una tercera
instancia.
Además, citó los apartes en los que la autoridad disciplinaria
4 Folios 737 al 747 del expediente.
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fundamentó los cargos endilgados y los que le permitieron
encontrarlo responsable por “ … causar daño a l a integridad de las
personas…como consecuencia del exceso en el uso… de los demás
medios coercit ivos. ” “falta g ravísima calificada bajo los parámetros
de la culpa gravísima” .
Ahora bien, frente al argumento de que le fueron negadas algunas
pruebas, una vez revisadas los razonamientos del operador
disciplina rio, encontró que se había sustentado de manera clara y
congruente la decisión de negarlas y consideró que no obedecían a
capricho o animadver sión alguno contra el disciplinado.
Es así como manifestó , que se le concedió el recurso de reposición
y resultado de ello fueron decretadas algunas pruebas, como la
necropsia del señor GUACA NE ME.
Sumado a lo anterior, expuso que la Corte Constitucional ha
advertido que las divergencias interpretativas respecto del material
probatorio no constituyen violación al debido proceso y sostuvo que
no evidenció errores de hecho o derecho en la valoración
probatoria.
Manifestó que la conducta del disciplinado señalada por el ente
investigador consistente en utilizar el medio coercitivo de la
conducción, la forma en la que lo realizó, como se ejecutó,
desatendió las reglas de obligatorio cumplimiento habida cuenta
que la decisión de subir al señor GUACANEME al platón de la
camioneta, esposarlo y dejarlo solo sin protección va en contravía
del régimen disciplinario p resentándose infracción al deber
funcional como miembro de la institución y existiendo adecuación
normativa del carg o, el cual se encu entra tipificado en el numeral
18 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006.
También evidenció que se afectó el deber desde el punto de vista
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constitucional pues el fin primordia l de la Policía Nacional es
mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los
derechos y liberta des públicas, objetivo vulnerado con la conducta
del disciplinado.
2.7. Recurso de apelación
La apoderad a de la parte demanda nte apeló 5 la anterior d ecisión , y
solicitó la revocatoria con base en los argumentos que a
continuación se resumen:
Sostuvo que cuando hizo referencia a la falta de congruencia y
desviación de poder lo hizo porque el operador disciplinario solo
tuvo en cuenta lo necesario para justifica r la sanción pero no valoró
el material probatorio que le favorecía al demandante.
Bajo este entendido, afirmó que en el acta de instru cción de la
Policía de Bogotá en la que se indica el protocolo mínimo de
traslado de personas en vehículos policiales s e encu entran las
firmas de quienes recibieron esta info rmación sin que se encuentre
la del demandante. Al hacerse el perit aje grafológico se indicó que
la firma es dubita tiva, sin embargo se consideró en el acervo
probatorio.
Sumado a lo anterior, expuso que no se tuvo en cuenta que el
demandante después de subir al señor GUACANEME a la camioneta
se quedó en el billa r porque atendían un conato de asonada y tenían
que evitar mayores alteraciones del orden público.
Manifestó que la autoridad disciplinaria no buscó la verdad procesal
y como prueba de ello se tiene (i) la negación de la inspección
judicial fundamentada en que no existía la necesidad de tomar más
declaraciones, cuando las que existían eran mínimas, no se observó
5 Folios 757 al 762 del expediente.
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el lugar para saber como era la aso nada ni para determinar si el
demandante debió quedarse en el lugar de los hechos.
Señaló que (ii) no permitió la declaración del comandante de la
estación cuando el testimonio era fundamental para establecer si el
día de los hechos existían vehículos panel para transportar
personas o solo camionetas con platón.
Además, (iii) se ne gó el testimonio del jefe de tránsito que buscaba
determinar que era costumbre llevar personas en el platón de las
camionetas.
Expuso que el actor actuó conforme a la costumbre procedimental
de la Policía Nacional pero no se pudo demostrar porque las
pruebas fueron negadas y el patrullero MEZA MIRA envía al señor
GUACANEME en la camioneta porque no había otro medio de
transporte y se qued ó atendiendo los derechos de las demás
personas al evitar una asonada.
Así las cosas, exp resó que el a quo debió revisar la fin alidad del
cumplimiento de los deberes de un funcionario policial con los
medios que el Estado le otorga.
2.8. Alegatos de concl usión.
La apoderada del demandante 6 insistió en que no se valoraron
todas las pruebas por parte de la autoridad disciplinaria y algunos
testimonios dentro del presente proceso tampoco se tuvieron en
cuenta.
Frente al testimonio del Subteniente Barberi Forero Jhon Jairo
destacó que (i) reconoció que no se practicaron algunas pruebas
que hubiesen dado mayor claridad a los hechos y (ii) te stific ó que
6 Folios 782 al 787 del expediente.
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no recibió órdenes del superior lo que se contradice con lo
declarado por el General Martínez que afirmó que dio instrucciones
a los encargados de la investigación (iii) se obtuvieron respuestas
evasivas en relación con las preguntas sobre la recolección
probatoria y la valoración de las mismas (iv) dejó entrever el
apasionamiento por el caso y que la decisión no la bas ó en derecho.
En relación a la declaración del Coronel William Castro Gómez
afirmó que con este testimonio se deja entrever la desviación de
poder, toda vez que, la decisión se d ebe tomar con fundamento en
la valoración prob atoria y no con los supuestos facticos en criterio
del fallador.
Además, sostuvo que el Coronel Castro adujo que en segunda
instancia no se revisó la negativa de las pruebas, por cuanto no
existió sustentación , cosa que no es cierta, violándose el derecho
al debido proceso.
Por último, en cuanto al testimonio del General Luis Eduardo
Martínez Guzmán expresó que reconoce que dio declaraciones a
la prensa y que impartió instrucciones al personal discip linario para
que llevaran a cabo el proceso, hechos que negaron el señor
Barberi y el Coron el Castro.
Concluyó afir mando que está demostrado que existe falta de
congruencia entre los hechos investigados y las decisiones
tomadas, se le atribuye al demandante el daño físico al señor
GUACANEME pero no se dice c ómo lo hizo, qu é objetos utilizó o
cuál fue su participación.
Así las cosas, sostuvo que existió una violación al debido proceso
y desviación de po der al no probar los hechos y adecuarlos a una
norma típica sin sustento probatorio.
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La entidad demandad a 7 reiteró los argumentos de la contestación
de la demanda .
El Ministerio Públ ico guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y d e lo Contencioso Administrativo , 8 el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto.
3.2. Marco de análisis de la segunda instancia.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso 9, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a los a rgumentos expuestos por el apelante.
3.3. Problema jurídico .
De acuerdo con los argumentos presentados por la parte
demandante en el recurso de apelación, esta Sala deberá
determinar s i los actos administrativos acusados se encuentra n
viciados de nulida d por haberse expedido con violació n al debido
proceso por indebida apreciación de las pruebas .
7 Folios 793 al 794 del expediente.
8 ElConsejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
9 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley […]».
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Con el anterior fin, deberá anali zarse: (i) e l control integral del juez
contencioso administrativo respecto de los actos administrativos
disciplina rios ; (ii) los elementos del debido proceso en materia
disciplina ria ; (iii) régimen disciplinario de la Policía Nacional y (iv)
el análisis sustancial del caso concreto .
3.4 Marco normati vo y Jurisprudencial.
3.4.1 Control integral del juez contencioso admi nistrativo
respecto de los actos administrativ os disciplinarios.
Inicialmente, con el fin de decidir est a controversia, es pertinente
hacer alusión al alcance del juicio de legalidad que el juez
administrativo debe adelantar respecto de los actos administrativos
de carácter disciplinario.
Al respecto, destaca la Sala que, de conformidad con la sentencia
de unificación de 9 de agosto de 2016 10 proferida por la Sala
Plena de esta Corporación , el control que debe ejercer el juez
administrativo sobre los actos de la administración que sean de
carácter disciplin ario , debe ser un control integral, e n la medida
en que la actividad de este juez «supera el denominado control de
legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto
administrativo sancionador, el cual se realiza a la l uz del
ordenamiento constitucional y legal, o rientado por el prisma de los
derechos fundamentales » y se concreta en los siguientes
postulados:
«1) La compet en ci a del ju ez adm inist r at ivo es p len a, sin
“ def er encia especia l ” r espect o de las decision es adopt adas por los
t it ular es de la acció n discip lin ar ia. 2) La presunci ón de l egal i dad
del act o adm inist r at ivo sancio nat or io es sim ilar a la de cua lqui er
act o adm inist r at ivo . 3) La exist enci a de un procedi mi ent o
10 C o n s e j o
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administr ativo, sentencia
de 9 de agosto de 2016, radicado 1210 -2011, demandante: Piedad Esneda
Córdoba Ruíz, demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación.
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di sci pl i nari o ex t ensament e r egulado p or la ley, de ning ún m odo
r est r inge el cont r ol judicia l. 4) La int er pr et ación nor m at iva y la
val oraci ón probat ori a hecha en sede discip lin ar ia, es cont r olab le
judic ia lm ent e en el m ar co que im pone la Const it ución y la l ey. 5)
Las ir r egu lar idade s del t r ám it e pr ocesal, ser án valor adas por el
juez de lo cont en cioso adm inist r at iv o, bajo el am par o de la
indepen denci a e impar cial idad que lo car act er iza. 6) El juez de lo
cont encioso adm in is t r at ivo no sólo es de cont r ol de la lega lida d,
sino t am bi én garant e de l os derechos . 7) El contr ol judici al
int egr al inv olucr a t odos los pr inci pi os que r igen la acción
discip li nar ia. 8) El ju ez de lo cont encioso adm inist r at ivo es gar ant e
de la t ut ela jud icia l ef ect iva [ …] »
Bajo tal entendimiento, en criterio de la Sala ese juicio integral
supone, en cuanto a las causales de nulidad, que el juez, en virtud
de la primacía del derecho sustancial, puede y debe examinar
causales conexas con derechos fundamentales a fin de optimizar
la tutela judicial efectiva.
Respecto a la valoración de las probanzas recaudadas en el
disciplina rio, el aludido juicio integral lo habilita para estudiar la
legalidad, pertinencia y conducencia de las pruebas que
soportan la imposición de la sanción disciplinaria, porque solo a
partir de su objetiva y razonable ponderación, se puede colegir si
el acto disciplinario se encuentra debidamente motivado.
Con relación a los principios rectores de la ley disciplinaria, el juez
está facultado para examinar el estricto cumplimiento de todos y
cada y uno de ellos dentro la actuación sancionatoria 11.
Acerca del pri ncipio de proporciona lidad de que trata el artículo
18 de la Ley 734 de 2002, referido a que la sanción disciplinari a
debe corresponder a la g ravedad de la falta cometida y a la
11La Ley 734 de 2002 en los artículos 4 a 21 contempla los principios de
legalidad, ilicitud sustancial, debido proceso, reconocimiento de la dignidad
humana, presunción de inocencia, celeridad, culpabilidad, favorabilidad,
igualdad, función de la sanción disciplinaria, derecho a la defensa,
proporcionalidad, motivación, interpretación de la ley disciplin aria, aplicación
de principios e integración normativa con los tratados internacionales sobre
derechos humanos y los convenios internacionales de la OIT ratificados por
Colombia.
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graduación prevista en la ley cuando el juicio de proporcionalidad
de la sanción sea parte de la decisión judicial, el juez puede, según
lo ordenan el artículo 170 del CCA 12 y el inciso 3 del ar tículo 187
del CPACA 13, estatuir disposiciones n uevas en reemplazo de las
acusadas y modificar o reformar estas 14.
En cuanto a la ilicitud sustancial , el juez está autorizado para
realizar el aná lisis de racionalidad, razonabilidad y/o
proporcionalidad respecto de la misma, al punto que, si el asunto
lo exige, puede valorar los argumentos que sustenten la afectación
sustancial del deber funcional y las justificaciones expuestas por
el disciplinado.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la sanción administr ativa
expresa el poder punitivo estatal, la doctrina nacional 15 enseña que
es necesario un control de convencionalidad de la sanción, esto
es, atendiendo las recomendaciones de la Corte Interamericana de
12 A r t í c u l o 170 del cca modificado por el artículo 38 del Decreto 2304 de 1989.
«Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. Debe
analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas
jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el
objeto de resolver todas las peticiones. Para restablecer el derecho particular,
los Organismos de los Contencioso Administrativo podrán estatuir
disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformar
estas».
13 A r t í c u l o 1 8 7 i n c i s o 3 d e l c p a c a . « P a r a r e s t a b l e c e r e l d e r e c h o p a r t i c u l a r , l a
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir disposiciones
nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas».
14 L a s e n t e n c i a d e u n i f i c a c i ó n a l r e s p e c t o d e t e r m i n a q u e « E l j u e z d e l o
contencioso administrativo está facultado para realizar un “control positivo”,
capaz de sustituir la decisión adoptada por la administración, lo que permite
hablar de “[…] un principio de proporcionalidad sancionador, prop io y
autónomo de esta esfera tan relevante del Derecho administrativo, con una
jurisprudencia abundante y enjundiosa, pero de exclusiva aplicación en dicho
ámbito.[…]”, lo cual permite afirmar que “[…] el Derecho Administrativo
Sancionador ofrece en este p unto mayores garantías al inculpado que el
Derecho Penal […]”». Ahora bien, cuando el particular demanda ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo lo hace en defensa de sus
intereses y no de la ley. En consecuencia, el juez debe atender la re alidad
detrás del juicio disciplinario administrativo puesto que “[…] si la esfera
subjetiva se torna en centro de gravedad, el interés del particular adquiere un
protagonismo que la ley no ha querido obviar, elevando al grado de pretensión,
junto con la anulatoria, a la solicitud de restablecimiento de la situación
jurídica individual […]”».
15 La Sanción Administrativa, Perspectivas contemporáneas. LAVERDE
ÁLVAREZ Juan Manuel. Editorial Legis. Página 119 y 120. Primera edición
2020.
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Derechos Humanos 16, debe «extremar las precauciones » para la
protección de los derechos fundamentales de las personas, por lo
que el juez contencioso ya no es un mero revisor de la legalidad
(«juez reviso r »), sino un juez de constitucionalidad e incluso de
convencionalidad ( «juez protector »), lo que obliga a realizar la
confrontación de la actuación administrativa sancionatoria frente a
tales normas superiores, puesto q ue al juez le co rresponde
declarar cualquier «excepción que encuentr e probada» (art. 187
CPACA).
Es por lo anterior, que al jue z le corresponde analizar, no solo la
competencia con la que actúa la administración, sino si se dan los
elementos de la responsabilidad administrativa como tipicidad,
antijuridicidad y culpabilidad 17.
3.4.2 Los elementos del debido proceso en materia
disciplinaria.
De manera reiterada ha señalado esta Corporación 18 que, entre
otros, son elementos constitutivos de la garantía del debido
proceso en materia disciplinaria, «(i) el principio de legalidad de la
falta y de la sanción disciplinaria, (ii) el principio de publicidad, (iii)
el derecho de defensa y especialmente el derecho de con tradicción
16 C a s o Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. También, Mohamed vs. Argentina
de 2012. Tesis reiterada en el caso Petro vs. Colombia 2020.
17 O p . C i t , p . 1 2 3 . “ E n c o n c l u s i ó n , e s t i m o q u e l a t e l e o l o g í a q u e d e b e i n s p i r a r
al juez contencioso para el control de las actuaciones administrat ivas
sancionatorias es la vertida en la sentencia de unificación del 9 de agosto de
2016 (radicado 1220-2011), proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado,
la cual si bien corresponde a una responsabilidad disciplinaria, en todo caso
hace parte del derecho administrativo sancionador y está en el marco del jus
puniendi estatal, es decir, se sujeta a los mismos principios constitucionales
y convencionales que rigen las actuaciones que se adelantan con base en la
Ley 1437 de 2011.
18 A l e f e c t o , s e r e i t e r a n y r e p r o d u c e n l a s c o n s i d e r a c i o n e s e x p u e s t a s e n l a s
sentencias de 23 de septiembre de 2015 de la Sección Segunda, Subsección
A de esta Corporación, radicado 11001 -03-25-000-2010-00162-00(1200-10),
actor: Ángel Yesid Rivera García, demandada: la Nación -Procuraduría General
de la Nación y de 21 de junio de 2018, radicado: 25000 23 42 000 2013 06306
01 (4870-2015), accionante: Nancy Stella Marulanda Rodríguez, demandado:
Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional.
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y de controversia de la prueba, (iv) el p rincipio de la doble
instancia, (v) la presunción de inocencia, (vi) el principio de
imparcialidad, (vii) el principio de non bis in ídem, (viii) el principio
de cosa juzgada y (ix) la prohibición de la r eformatio in pejus » 19.
Así mismo, y como aspectos importantes del debido proceso
disciplina rio, la Sala ilustra de manera sucinta sobre los
presupuestos necesarios para la existencia de responsabilidad en
materia disciplinaria, tipicidad, antijuridicidad y la culpa bilidad en
los siguientes términos:
En lo que se refiere a tipicidad , es pertinente señalar, como lo ha
expuesto la Cort e Constitucional en reiteradas decision es, que el
régimen disciplinario se caracteriza, a diferencia del penal, porque
las conductas constitutivas de falta disciplinaria están consignadas
en tipos abiertos, ante la imposibilidad del legislador de contar co n
un listado detallado de comportamientos donde se subsuman todas
aquellas conductas que están prohibidas a las autoridades o de los
actos antijurídicos de los servidores p úblicos.
Por lo tanto, las normas disciplinarias tienen un complemento
compuesto p or disposiciones que contienen prohibiciones,
mandatos y deberes, al cual debe remitirse el operador disciplinario
para imponer las sanciones corresp ondientes, circunstancia que
sin vulnerar los d erechos de los procesados permite una mayor
adaptación del d erecho disciplinario a sus objetivos 20.
Así las cosas, el que adelanta la investigación disciplinaria dispone
de un campo amplio para establecer si la conducta inve stigada se
subsume o no en los supuestos de hecho de los tipos legales
19 S e n t e n c i aT-1034 de 2006, MP Dr. Humberto Antonio Sierra Porto). En igual
sentido se puede consultar sentencia C -310 de 1997, MP Dr. Carlos Gaviria
Díaz.
20 S o b r e l a v i g e n c i a d e l s i s t e m a d e t i p o s a b i e r t o s e n e l á m b i t o d i s c i p l i n a r i o v e r
-entre otras- las sentencias C-181/02, MP Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, y
C-948 de 2002, MP Dr. Álvaro Tafur Galvis.
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correspondientes, y si fue cometida con dolo o con culpa, es decir,
en forma consciente y voluntaria o con violación de un deber de
cuidado, lo mismo que su mayor o menor grado de gravedad, sin
que ello sea una patente para legitimar posiciones arbitrarias o
caprichosas.
Respecto a la antijuridicidad, que tiene que ver con el ilícito
disciplina rio, la Sala acoge la jurisprudencia de la Corte
Constitucional en el sentido de que, en el derecho disciplinario, la
antijuridicidad no se basa en el daño a un bien jurídico tutelado y/o
protegido, sino en el incumplimiento de los deberes funcionales
del servidor públi co 21.
En tal sentido, la jurisprudencia ha precisado que la valoración de
la «lesividad » de las conductas que se han consagrado como faltas
disciplina rias f rente al servicio público es una tarea que compete
al legislador, quien ha de realizar tal apreciación al momento de
establecer los tipos disciplinarios e n la ley; por lo tanto, no le
corresponde a la autoridad disciplinaria que aplica la ley efectuar
un juicio genérico de lesividad de la s conductas repro chadas -lo
que ya ha realizado el legislador - sino efectuar un juicio de
antijuridicidad basado en la infracción del deber funcional, la c ual
-se presume - genera de por sí un desmedro, legislativamente
apreciado, sobre la función pública encomendada al servidor
público disciplinado 22.
Por ello, la ilicitud sustancial es entendida como la afectación
sustancial de los deberes funcionales, sie mpre que ello implique el
desconocimiento de los principios qu e rigen la función pública.
La relación de sujeción de los destinatarios de la acción
disciplina ria con el Estado requiere la existencia de controles que
21 S e
puede consultar la sentencia C -948 de 2002, MP Dr. Álvaro Tafur Galvis.
22Al respecto se puede estudiar la sentencia C -393-2006, MP Dr. Rodrigo
Escobar Gil.
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operan a manera de reglas, cuya infracción, sin justificación
alguna, consolida la antijuridicidad de la conducta; sin que la
ilicitud sustancial comprenda el resultado material, pues la
ausencia de este no impide la estructuración de la falta
disciplina ria.
Ahora bien, para que exista antijuridicidad sustancial de la
conducta es necesario que la afect ación del deber funcional se
origine en una actuación que no sea justificable por parte del
disciplinado, lo que implica que debe analizarse que t al conducta
no haya sido cometida, por alguna de las causales de exclusión de
responsabilidad consagradas en el artículo 28 de la Ley 734 del
2002 23.
En cuanto a l os grados de culpabilidad (dol o o culpa), la
jurisprudencia con stitucional ha precisado que el legislador adoptó,
dentro de su facultad de configuración en materia disciplinaria el
sistema de numerus apertus, porque contrario a lo que sucede en
materia penal, no se señalan específicamente qué comportamientos
exigen para su adecuación típica ser cometidos con culpa, de suerte
que, por regla general, a toda modalidad dolosa de una falta
disciplina ria le co rresponderá un a de carácter culposo, lo que
apareja que sea el juzgador disciplinario el que debe establecer
cuáles tipos admiten la modalidad culposa, partiendo de su
estructura, del bien tutelado o del significado de la prohibición 24.
Así, en la sentencia T -561 de 2 005, la Corte Constitucional precisó
que «el juez disciplinario debe contar, al nivel de la definición
normativa de la falla disciplinaria, con un margen de apreciación
más amplio que el del juez penal, que le permita valorar el nivel de
cumplimiento, dili gencia, cuidado y prudencia con el cual cada
funcionario público ha dado cumplimiento a los deberes,
23 Sentencia de 24 de enero de 2019. Sección Segunda. Subsección A.
Expediente 11001032500020120034000 (13382012).
24 S e n t e n c i a C - 1 5 5 d e 2 0 0 2 , M P D r a . C l a r a I n é s V a r g a s H e r n á n d e z .
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prohibiciones y demás mandatos funcionales que le son aplicables;
ello en la medida en que “es necesario garantizar de manera
efectiva la observancia juici osa de los deberes de servicio
asignados a los funcionarios del Estado mediante la sanción de
cualquier omisión o extralimitación en su cumplimiento” 25».
3.4.3 Régimen disciplinario de la Policía Nacional.
En los artículos 2 17 y 218 de la Carta Política se autorizó al
legislador para d eterminar un régimen especial disciplinario
aplicable a la Policía Nacional.
Es así como se expidió la Ley 1015 de 2006 26, vigente para la época
de los hechos, régimen disciplinario para la Policía Na cional, que
en el artículo 23 establecía los destinatarios de la misma:
“ ARTÍ CULO 23. DESTI NAT ARI O S. Son dest inat ar ios de
est a ley el per sonal unif or m ado escalaf onado y los Auxiliar es
de Pol icí a que est én pr est ando ser vicio m ilit ar en la Po l icí a
Nacion al; aunque s e encuent r en r et ir ados, siem pr e que la
f alt a se haya com et ido en ser vicio act ivo . ( …) ”
A su vez, el art ículo 58 de la citada ley dispon ía que el
procedimiento aplicable a estos destinatarios sería el Código
Disciplinario Único , es decir, la Ley 734 de 2002.
En otros términos, en el aspecto sustancial se deb ía aplicar la Ley
1015 de 2006 y en el procedimental la Le y 734 de 2002.
Ahora bien, en relación con las prue bas se contemplaba en la Ley
1015 de 2006 :
“ARTÍ CULO 16. CO NTRA DI CCI Ó N. Q uien f uer e objet o de
invest igac ión t endr á der echo a conocer las dil igenc ias que
se pr act iquen, a cont r over t ir las y a solicit ar la pr áct ica de
pr uebas, t ant o en la I ndagac ión Pr e li m inar com o en la
I nvest igación D isci pl inar ia. ”
25 S e n t e n c i a
T-1093 de 2004, MP Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
26 N o r m a derogada a partir del 29 de marzo de 2022 por la Ley 2196 de 2022.
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De otra parte, la Ley 734 de 2002 27, norma también vigente para la
fecha de los hechos , en relación con la valoración probatoria
disponía:
“ARTÍ CULO 141. APRE CI ACI Ó N I NT EG RAL DE LAS
PRUE BAS. Las pr uebas deber án apr eci ar se conjunt am ent e,
de acuer do con las r eglas de la sana cr í t ica.
En t oda decisión m ot ivada deber á expone r se r azonadam ent e
el m ér it o de las pr uebas en que ést a se fundam ent a. ”
“ARTÍ CULO 142. PRUE BA PAR A SANCI O NAR . No se
podr á pr of er ir f allo s ancionat or io s in qu e obr e en el pr oceso
pr ueba que conduzc a a la cer t eza sobr e la exist enci a de la
f alt a y de la r esponsabil idad de l invest ig ado. ”
3.5. Análisis sustancial del caso concreto.
3.5.1 Hechos probados.
La Sala para resolver el problema jurídico formulado tendrá en
cuenta el acervo probatorio allegado al proceso cuya pre sunción de
autenticidad no fue objetada por las partes, las cuales le permiten
tener por acreditados los siguientes hechos:
3.5.1.1 Actuaciones del proceso disc iplinario.
( i) Informe . El día 21 de enero de 2013 28 el Subteniente
RIASCOS VIVEROS ROBINSON informó al Teniente
Coronel Jairo Hernando López Borda , Coordinador del
Cuadrante Estación Suba , que le solicitaron se trasladar a
al Hospital de Suba para verificar una novedad, al llegar se
entrevistó con los patrulleros MEZA MIRA y Nelson Ro delo
Ardila quienes le contaron que conducían al señor YIMMY
DARIO GUACA NEME a las instalacio nes del CAI GAITANA
“cuando a la altura de la c alle 139 con carrera 12 7 b el
señor YIMMY DARI O GUACANEME por emprender la huida
salta de la camioneta ocasionándose un golpe en la
cabeza, quedando en la vía.” Al momento lo trasladaron y
fallece en el hospital. El día 21 de enero de 2013 29, el
27 N o r m a derogada por la Ley 1952 de 2019.
28 F o l i o s 3 y 4 del expediente.
29 F o l i o s 1 3 a l 1 5 d e l e x p e d i e n t e .
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Subtenien te Robinson Riascos Viveros ratificó y amplió el
informe .
( ii) Auto de apertura de indagación preliminar. El 21 de
enero de 2013 30, el Jefe de la Oficina de Control
Disciplinario Interno COSEC1 abrió indagación preliminar
en contra de los patrullero s DIEGO ARTHUR MEZA MI RA,
MILLAN RINCON LUIS FERNA NDO, NELSON ENRIQ UE
RODELO ARDILA y el Intendente JIMMY JAVIER SIMA NCA
LOPEZ.
(iii) Diligencia de versión libre. El patrullero DIEGO ARTHUR
MEZA MIRA , el día 21 de enero de 2013 31 compareció ante
un funcionario de la Oficina CODI N COSEC1 y manifestó
que no era su deseo rendir versión libre en ese momento.
(iv) Pliego de cargos. Mediante auto del 4 de febrero de
2013 32, el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno
COSEC1 inició p rocedimiento disciplinario verbal y citó,
entre otros, al patrullero DIEGO ARTHUR MEZA MIRA .
(v) Descargos. El 14 de febrero de 201 3 33, se celebró
audiencia disciplinaria en la Oficina de Control
Disciplinario Interno del Comando de Seguridad Ciudadana
Uno y se le concedió la palabra al patrullero DIE GO
ARTHUR MEZA MI RA con el objeto de ampliar la versión
libre y manifestó que no veía la n ecesidad de hacerlo.
Además, a través de su apoderada rindió descargos.
(vi) Decisión disciplinaria de primera instancia. El 12 de
abril de 2013, el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario
Interno del Comando de Seguridad Ciudadana Uno profirió
la decisión discip linaria de primera instancia 34 en la que
responsabiliz ó disciplinariamente al patrullero DIE GO
ARTHUR MEZA MIRA y lo sancionó con destitución e
inhabilidad general por un período de 10 años para el
ejercicio del cargo y las funciones pública s.
(vii) Recurso de apelación. El patrullero DIEGO ARTHUR
MEZA MI RA , por m edio de apoderada en la audiencia en la
que se profirió la decisión disciplinaria de primera
instancia , interpuso recurso de apelación 35 sustentándolo
en el acto .
(viii) Decisión disciplinaria de segunda instancia. El 24 de
abril de 201 3, el Inspector Delega do Especial MEG OB
30 F o l i o s 13 al 15 del expediente.
31 F o l i o 23 del expediente.
32 F o l i o s 1 4 3 a l 1 9 8 d e l e x p e d i e n t e .
33 F o l i o s 2 1 5 a l 2 3 1 d e l e x p e d i e n t e . 1
34 F o l i o s 3 0 9 a l 3 5 9 d e l e x p e d i e n t e .
35 F o l i o s 3 5 7 a l 3 5 9 d e l e x p e d i e n t e .
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resolvió el recurso de apelación 36 interpuesto confirmando
el proveído de primera instancia del 12 de abril de 2013 en
relación con lo decidido para el patrullero DIEGO ARTHUR
MEZA MIRA .
(ix) Acto administrativo que ejecuta la decisión
disciplinaria . El Director General de la Policía Nacional de
Colombia mediante Resolución 37 020001 del 29 de mayo de
2013 ejecutó la sanción disciplinaria impuesta al patrullero
DIEGO ARTHUR MEZA MIRA .
Síntesis de la actuación disciplinaria: el cargo y la sanción
impuesta.
A continuación, se muestra la congruencia existente entre los
cargos formulado s en el auto de plie go de cargos y el definido en
los actos administrativos sancionatorios demandados .
Decisión disciplinaria de Decisión disciplinaria de
Auto 4 de febrero de 2013
primera instancia proferida segunda instancia 24 de
Pliego de cargos
12 de abril de 2013 abril de 2013
Cargo Primero: Causar daño a la Cargo Primero: Causar daño Cargo Primero: Causar
integridad de las personas o de los bienes a la integridad de las personas daño a la integridad de las
como consecuencia del exceso en el uso de o de los bienes como personas o de los bienes
las armas, de la fuerza o de los demás consecuencia del exceso en el como consecuencia del
medios coercitivos. uso de las armas, de la fuerza exceso en el uso de las
o de los demás medios armas, de la fuerza o de los
coercitivos. demás medios coercitivos.
Cargo Segundo: Incumplir, modificar,
desautorizar, eludir, ejecutar con Cargo Segundo: Se absolvió.
negligencia o tardanza o introducir cambios,
sin causa justificada, a las ordenes o
instrucciones relativas al servicio.
Normas violadas con la conducta: Normas violadas con la Normas violadas con la
Numerales 10 y 18 del artículo 34 de la Ley conducta: Numeral 18 del conducta: Numeral 18 del
1015 de 2006. Artículos 38 y 39 de la Ley artículo 34 de la Ley 1015 de artículo 34 de la Ley 1015 de
1015 de 2006. 2006. 2006.
Calificación de la falta y forma de Calificación de la falta y Calificación de la falta y
culpabilidad: Falta gravísima para el forma de culpabilidad: la falta forma de culpabilidad: la
primer cargo y grave para el segundo fue calificada como gravísima a falta fue calificada como
ambas a título de culpa gravísima título de culpa gravísima. gravísima a título de culpa
gravísima
Destitución e inhabilidad Destitución e inhabilidad
Decisiones sancionatorias general por el término de general por el término de
diez (10) años para el diez (10) años para el
ejercicio del cargo y ejercicio del cargo y
funciones públicas funciones públicas
36 F o l i o s 362 al 383 del expediente.
37 F o l i o 331 del expediente. Cuaderno Principal No.2.
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3.5.2. Cuestión Previa.
3.5.2.1 . Los actos de ejecución no son demandables .
La parte demandante pretende que se declare la nulidad de la
Resolución 020001 del 29 de mayo de 2013, mediante la cual e l
Director General de la Policía Nacion al ejecutó la sanción impuesta
al disciplinado, sin embargo , observa la Sala que frente a esta
resolución no es dable ejercer control de legalidad en la medida
que se trata de un acto de mera ejecución o trámite, es decir,
materializa una decisión administrativa y no contiene expresión de
la voluntad de la administración , razó n por la cual se declarará de
oficio la excepción de acto no susceptible de control judicial .
3.5.2.2. Límites del recurso de apelación.
Como se observó en el marco de análisis de la segunda instancia,
la competencia de esta Subsección está circunscrita a los
argumentos expuestos por el apelante , al respecto esta
Corporación ha sostenido:
“ De conf or m idad con el pr incipi o de congr uencia, al super ior ,
cuando r esuelve el r ecur so de apelació n, sólo le es per m it ido
em it ir un pr onunc ia m ient o en r elac ión con los aspect os
r ecur r idos de la pr o videnc ia del inf er ior , razón por l a cual
l a pot est ad del j uez en est e caso se encuent ra l i mit ada a
conf ront ar l o deci di do con l o impugnado en el respect i vo
recurso y en el event o de que exceda las f acult ades que
posee en vir t ud de l m ism o, se conf igur ar á la causal de
nuli dad pr evist a en el num er al 2 del ar t ículo 140 del Cód igo
de Pr ocedim ie nt o C ivi l, r elat iva a la f a lt a de com pet encia
f uncional ”38.
Bajo este entendimiento, también debe presentarse una
congruencia entre lo expuesto en el recurso de apelación y los
alegatos de conclusión, pues si en estos últimos se presentan
argumentos novedosos se distorsionaría el alcance del recurso y se
38 Sentencia del 26 de enero de 2011, radicado 1997 13804 (19865), actor:
Marleny Bermúdez Aya y otros, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez,
citada en Sentencia 19 de marzo de 2020, Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Rad.52001 -23-33-000-2015-
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sorprendería a la otra parte, vulnerándose el derecho al debido
proceso.
Sobre este aspecto, el Consejo de Estado se ha referido en los
siguientes términos:
Est a Cor p or ación h a sost enido qu e la com pet encia f uncio nal
del juez d e segunda inst ancia est á l i mit ada por l as razones
de i nconf ormi dad expresadas por el recurrent e en el
recurso de apel aci ón. Lo ant er ior signif ica qu e l as
com pet encias del ju ez de la apelac ión, cua ndo el ape lant e es
único, no son ir r est r ict as, pues est án lim it adas, en pr im er
lugar , por el pr incipi o de la non r ef orm atio in pejus ( ar t . 31 de
la Const it ución Polí t ica y 328 del CG P) , y en segund o, por el
objet o m ism o del r ecur so, cuyo m ar co est á def inid o, a su vez,
por los ju icios d e r epr oche esbozados por el apel ant e, en
r elación c on l a sit uación cr ead a por el f al lo de pr im e r a
inst ancia. Así pues, al ad quem l e est á vedado, en pr incip i o
y salvo las excepciones hechas por el legis lador , revi sar
t emas del f al l o de pri mera i nst anci a que no f ueron obj et o
de i mpugnaci ón, com o quier a que los m ism os quedan
exclui dos de l sigu ie nt e debat e y, por l o t ant o, debe decir se
que, f r ent e a dichos aspect os, t er m ina por com plet o la
cont r over sia. Ahor a bien, conv iene pr ec i s ar que l os al egat o s
de concl usi ón present ados en segunda i nst anci a por l a
part e demandant e deben est ar di ri gi dos a cont rovert ir los
argument os del recurso de apel aci ón, más no a i ncl ui r
nuevos aspect os , que no han si do somet i dos
oport unament e a consi deraci ón de l a cont rapart e . (Negrillas
fuera de texto).39
En el caso sub examine el recurrente en los alegatos de conclusión
presentó argumentos diferentes a los expuestos en el recurso de
apelación, ra zón por la cual esta Sala se limitará a examinar la
causal de violación al debido proceso por indebida valoración
probatoria.
3.5.3. Debido proceso . Valoración de las pruebas .
El demandante en el recurso de apelación adujo que el a quo no
valoró el material probatorio obrante en la actuación administrativa
39 C o n s e j o
de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 30 de enero de 1998, rad:
8509, citada en Sentencia 19 de marzo de 2020, Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Rad.52001-23-33-000-2015-
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y que debió revisar la finalidad del cumplimiento del deber de un
funcionario policia l con los medios que el Estado le da para
cumplirlo y teniendo en cuenta los derechos de los demás
ciudadanos porque era obligación de la policía la atención masiva
de las personas como es la asonada .
Además, sostuvo que el operador disciplinario solo tuvo en cuenta
lo que “a su crite rio debió incluir para justifica r su sanción” sin
incorporar lo que le favorecía al actor y a otras pruebas les dio el
valor contrario.
A fin de resolver el problema jurídico la Sala debe rá analizar (i) la
valoración probatoria realizada por los operadores disciplinarios y
el (ii) análisis del caso concreto.
3.5.3.1 Valoración probatoria de los operadores disciplinarios.
De conformidad con lo expuesto, se hace necesario examinar los
elementos probatorios que obran en el expediente , que llevaron al
operador disciplin ario a la convicción de que se presentó la
infracción disciplin aria y la responsabilidad del disciplin ado .
En el caso sub lite es relevante mencionar que la conducta
reprochada en el pliego de cargos fue:
“ Pat rul l ero M EZA M I RA DI EG O ARTH UR. De conf or m idad
con las cir cunst ancias de t iem po, m odo y lugar en que
acaecier on l os hech os, se t iene que par a el dí a 20 am anecer
21 de ener o de 2 01 3, se encont r aba en com pañí a del señor
Pat r uller o RO D EL O ARDI LA NEL S O N, int egr ando e l
cuadr ant e 27, y solicit ando un ap oyo par a t r asladar a un
per sonal hast a las i nst alacion es de l CA I LA G AI TANA com o
quier a que al par e cer el señor D ARI O G UACANE ME se
encont r aba en alt o gr ado de exalt ación ya que no quer í a
pagar una cuent a que est aba pendient e en el billar donde
est aba jugando, qu e ant e est a sit uac ión el pol ici al aquí
invest igad o en conjunt o con su com pañer o de pat r ulla,
r edujo a G UACANE ME y f ue subido a la par t e t r aser a de la
cam ionet a 17 - 3638 de placas O BF - 320 donde f ue esposado
de los bar r ot es de la par t e t r aser a del car r o, de donde
post er ior m ent e DARI O G UACANEM E al par ecer solt ó sus
esposas de la m ano de don de est aba sujet ado pr ocedien do
a lanzar se de l a cam ionet a suf r iendo lesio nes y
post er ior m ent e f ue llevado al Hos pit al Nuevo Suba, donde
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post er ior m ent e f alle ció. De t al m aner a que de acuer do co n
los hechos conoci do s por est e despacho , el señor pat r uller o
MEZA MI R A DI EG O ARTHU R, al par ecer debe r esponder
ant e est a inst anci a por haber subi do en com pañí a del
Pat r uller o RO DELO ARDI LA al señor DA RI O G UACANE ME a
la par t e post er ior d e una cam ionet a d e la Po licí a Nacio nal,
sin com pañí a alguna par a r esguar dar su pr ot ección,
sabiendo q ue a est e t ipo de vehí culos el Códig o Nacio nal de
Tr ánsit o pr ohí be t al conduct a. ”
3.5.3.2 Pruebas.
a) Pliego de Cargos.
El jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno COSEC1
formuló pliego de cargos con base , entre otras, en las siguientes
pruebas que se relacionan :
Documentales:
• Informe del día 21 de enero de 2013 40 en el que el
Subteniente RIASCOS VIVEROS ROBINSON comunicó al
Teniente Coronel Jairo He rnando López Borda, Coordinador
del Cuadrante Estación Suba lo ocurrido.
• Oficio S -2013-009032 del 21 de enero de 2013 41 mediante el
cual el Intendente Javier Huertas Contreras remite copia del
Acta No. 023 “que trata de la instru cción impartida por el
comando de estación acerca de los parámetros para la
aplicación de la medida de protección y prevenció n” y el Acta
No. 001 “ que t rata de la instrucción impartida por el coma ndo
de estación acerca de las consideraciones a tener en cuenta
al momento que sea requerido el uso de la fuerza durante el
ejercicio de la labor policia l” 42
• Oficio S -2013-0096491 43 del Centro Automático del
Despacho, mediante el cual remite grabaciones de audio en
MP3.
40 F o l i o s3 y 4 del expediente.
41 F o l i o 32 del expediente.
42 C i t a e x t r a c t a d a d e l A u t o d e l 4 d e f e b r e r o d e 2 0 1 3 q u e c i t a a u d i e n c i a . V i s i b l e
a Folio 144 del expediente.
43 F o l i o 5 4 d e l e x p e d i e n t e .
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• Copias autorizadas por el Fiscal Oscar Marino Valdez 44 del
proceso penal que adelanta la Fiscalía.
• Memorando 008962 del 21 de enero de 2013 , 45 remitido por
el Teniente Coronel Jairo Hernando López Borda y el
Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana al
Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, mediante
el cual se emiten documentos relacionados con los hechos
objeto de la investigación.
• Oficio 1508 46 suscrit o por la señora Rebeca Suscu Carreño a
través del cual remite epicrisis del se ñor GUACANEME.
• E- mail 47en el que se informa a la autoridad disciplinaria los
limites del cuadra nte 70 y la dirección exacta del CAI la
Gaitana.
Testimoniales.
• Diligencia de declaración y ratif icació n 48 del informe del señor
ST. Robinson Riascos Riveros.
• Diligencia de declaración del se ñor TE. Néstor Pérez
Urriago 49.
• Diligencia de declaración del señor 50 Eusebio Fernández
Quevedo , dueño del negocio donde se suscito el problema.
• Diligencia de declaración del señor Jorge Elí Quin tero
Amézquita 51 administrador del negocio del billar.
• Diligencia de declaración 52 del señor Patrullero Pedro Pablo
Astudillo quien se encontraba en el CAI la Gaitana al
momento de ocurrir los hechos.
• Diligencia de declaración de la señora Liliana Patricia Díaz
Contreras 53 testigo de los hechos.
44 F o l i o s 56 al 62 del expediente.
45 F o l i o s 96 y 97 del expediente.
46 F o l i o 1 3 5 d e l e x p e d i e n t e .
47 F o l i o 1 3 8 d e l e x p e d i e n t e .
48 F o l i o s 2 0 a l 2 2 d e l e x p e d i e n t e .
49 F o l i o s 2 8 y 2 9 d e l e x p e d i e n t e .
50 F o l i o s 4 7 a l 5 0 d e l e x p e d i e n t e .
51 F o l i o s 1 2 1 y 1 2 2 d e l e x p e d i e n t e .
52 F o l i o s 1 2 3 y 1 2 4 d e l e x p e d i e n t e .
53 F o l i o 1 4 2 d e l e x p e d i e n t e .
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b) Decisión disciplinaria de primera instancia .
La autoridad disciplinaria de primera instancia tuvo en cuenta las
mismas pruebas que sirvieron de fundamento para proferir el p liego
de cargos.
c) Decisión disciplinaria de segunda instancia .
El operador disciplinario de segunda instancia fundamentó su
decisión en las pruebas relacionadas con anterioridad.
3.5.3.3 Valoración probatoria .
La valoración probatoria realizada dentro de la actuación
disciplina ria de primera instancia se basó principalmente en 3
pruebas:
( i) El informe del Subteniente Robinson Riascos Vive ros quien
da a conocer los hechos materia de investigación. En la
decisión disciplinaria se afirma: “ est e inf or m e…const it uye el
pr im er elem ent o de convicci ón que or ient a desde el inici o que
el Sr . Pat r uller o ME ZA MI RA DI EG O AR THUR se enc ont r aba
com o cuadr ant e 27 el ( sic) m om ent o de los hechos …y por la
cual en com pañí a de su com pañer o optó por aplicar el m edio
coer cit ivo de la conducción est ablec ida en el código dist r it al e s
( sic) de pol icí a…sin em bar go se t iene que est e pol ici al su bió
en com pañí a de s u par eja ( pat r ul ler o RO DELO ) a DA R IO
G UACAN EME al p lat ón de la c am ionet a e n la cua l f u e esposa do
y dejado ahí s in ningún t i po de pr ot ección y cui dado o
cust odia… 54·
( ii) Declaración del S eñor EUSE BIO FERNANDE Z propiet ario
del local. El investigador de primera instancia sostuvo:
“ una vez r educido DARI O G UACANEM E f ue subido al plat ón
54 V i s i b l e Folio 338 del expediente.
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de la cam ionet a, esposado a una d e las bar r as que se
encuent r an en la par t e tr aser a de est e vehí culo… y sin ningú n
t ipo de com pañí a polic ia l que gar ant izar a la vida del Sr .
G UCANEM E, pues así quedo est ab lecid o y ple nam ent e
pr obados de acuer do la di lige ncia de clar ación de E USE BI O
FERN AND EZ… 55·
(iii) La declaración del Sr. Jorge Elí Quint ero administrador del
negocio quien asevera “ … ya los agent es lo sacar on del
est ablecim i ent o le pusier on l as espos as, y lo subier on a la
pat r ulla lo espos ar on a los bar r ot es de la pat r ulla… 56”
En relación con lo considerado , en la decisión disciplinaria de
segunda instancia , se expresó:
“ …f uer on sus prohij ados ( hacien do r elación a los
pat r uller os invest iga dos) quienes pus ier on en r iesgo y son
los m ot ivador es de que el co nt r avent or , hallán dose en un
vehí culo pol ici al y esposado, al not ar est a sit uación y ver se
acor r alado por la act ividad d e la po licí a dec ide hacer
m ovim ient os en el vehí culo que l o t r anspor t aba y en
consecuenci a de ell o el deceso del cont r avent or …”
“ …indicó el jue z de pr im er a inst ancia y hace eco en t al
sent ido est a De lega da, que los p ol icia le s MEZA DI EG O ( …)
debier on hacer el acom pañam ient o del cont r avent or hast a
donde iba a ser t r asladado , hab iéndose adver t ido por ellos
m ism os que se encont r aba en alt o gr ado de ex alt ación y bajo
ef ect os de bebidas em br iagant es, luego ent onces disponer
que est e sujet o f uer a solo en el plat ón de la cam ionet a
polic ia l, no er a la d ecisió n y disp osic ió n del cont r avent or ,
pues f uer on los unif or m ados quien es lo esposar on y
subier on al ve hí culo par a t r asladar lo, dejando a l azar lo que
le ocur r iese. ”
3.5.4 Análisis del c aso concreto.
La conducta endilgada en el pliego de cargos se tipificó en la falta
disciplina ria contenida en el numeral 1 8 del articulo 34 de la Ley
1015 de 2006:
“ ARTÍ CULO 34. FALTAS G RA VÍ SI M AS. Son f alt as
gr aví sim as las sigui ent es:
55 V i s i b l e Folio 338 del expediente.
56 F o l i o s 121 y 122 del expediente.
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(…)
“ 18. Causar daño a la int egr id ad de la s per sonas o de los
bienes com o conse cuencia de l exceso en el uso d e las
ar m as, de la f uer za o de los dem ás m edios coer cit ivos. ”
Sumado a lo anterior , para completar el marco de imputación
jurídica se remit ió a dos normas adicionales:
(i) A l literal C del a rtículo 131 del Código Nacional de Tránsito que
estipula :
“ ARTÍ CULO 131. MU LTAS. Los inf r act or es de las nor m as de
t r ánsit o pagar án m ult as li quid adas en salar ios m í nim os
lega les diar i os vigen t es as í ́ : ( …)
C. Ser á sancio nado con m ult a equ ival ent e a quinc e ( 15)
salar ios m í nim os le gales diar ios vigent es, el conduct o r de
un vehí culo aut om ot or que incur r a en cualqu ier a de la s
sigui ent es inf r accion es: ( …)
Transport ar pasaj eros en el pl at ón de una cami onet a pi c ó
o en l a pl at af orma de un vehí cul o de carga, t rát ese de
f urgón o pl at af orma de est acas .” ( Negrilla fuera de
texto)
(ii) Los artícu los 146 y 147 del Código Distrital de la Policía de
Bogotá que disponen:
“ ARTÍ CULO 146 Con ducción.
Es el t r aslado inmediat o de cualquier per sona ant e una
aut or idad, a un cent r o asist encia l o de s alud, a su dom ic i lio
y si ell o no f uer e posible a la Un idad Per m anent e de Just icia
de la Pol icí a Met r op olit ana de Bo got á. ”
“ ARTÍ CULO 147 Pr ocedencia de la cond ucción com o m edida
de pr ot ección.
Los m iem br os de la Policí a Met r opolit a na de Bogot á D. C. ,
podr án, com o m edida de pr ot ección, cond ucir a la per sona
que deam bul e en est ado de i ndef ensión o de gr av e
excit ación con p el i gr o par a su int egr i dad o la de ot r as
per sonas, a su r esid encia o a l cent r o ho spit alar i o o de sa lud
m ás cer cano, según sea necesar io y hast a t ant o cese el
peli gr o.
En caso de est ado de indef ensión o de gr ave excit ación con
peli gr o par a su int eg r idad o la de ot r as p er sonas, si quie n va
a ser conducido se niega a dar la d ir ec ción de su dom ici l io,
com o m edida de pr otección, podr á ser conducido a la Un idad
Per m anent e de Just icia, donde podr á per m anecer hast a
veint icuat r o ( 24) hor as, bajo la r esponsabil idad y cuidado
est r ict o de la aut or idad encar gada de dicha unid ad . En
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ningún caso las per sonas conducidas e n las condici ones de
est e ar t í culo com par t ir án el m ism o sit io con qui en es est én
pr esunt am ent e com pr om et idos por causas penal es …. ”
( Subraya fuera de texto)
Frente a la tipicida d de la conducta la jurisprudencia con stitucional
ha sostenido:
«[ …] la t ipici dad en las inf r accione s discip li nar ias se
est ablece por l a l ect ura si st emát i ca de la nor m a que
est ablece la f unción , la or den o la pr ohibició n y de aquella
ot r a que de m aner a genér ica pr escr ibe que el incum plim ient o
de t ales f unciones, ór denes o pr ohibici ones const it uye una
inf r acción d iscip l inar i a 57. Est a f orma de def i ni r l a ti pi ci dad
a t ravés de normas compl ement arias, es un mét odo
l egi sl at i vo que ha si do denomi nado e l de l as normas en
bl anco . Est as consi st en en descri pci ones i ncompl et as de
l as conduct as sanci onadas , o en disposici ones que no
pr evén la sanción cor r espondient e, per o que en t odo caso
pueden ser compl ement adas por ot ras normas a l as
cual es remi t en l as pri meras . Sobr e los t ipos en b lanco, la
Cor t e ha dicho que esas descr ipciones penales son
const it uciona lm ent e válidas, si em pr e y cuand o el
cor r espondient e r e enví o nor m at ivo per m it a al int ér pr et e
det er m inar inequí vocam ent e el alcan ce de la conduct a
penal izada y de la sanción cor r espondi ent e 58»59. ( Negrilla
fuera de texto)
Bajo este entendido, en el caso sub lite para el proceso de
adecuación típica es necesario remitirse al conjunto de normas
señaladas, realizando un proceso de hermenéutica sistemática que
demuestre cómo la conducta reprochable se subsume en la descrita
por la ley.
Es así como, el o perador disciplinario concluye que el patrullero
MEZA MIRA como garante de la vida de las personas excedió sus
funciones al permitir trasladar al señ or GUACANE ME e n el platón
de la camioneta esposado a una de las barras traseras, sin agotar
los medios para garantizar su segurid ad, por lo que ese exceso en
57 « C f . O S S A A R B E L Á E Z , J a i m e D e r e c h o A d m i n i s t r a t i v o S a n c i o n a d o r E d . L e g i s
Bogotá 2000 pág. 273 ».
58 « C f . S e n t e n c i a s C - 1 2 7 d e 1 9 9 3 y C - 5 9 9 d e 1 9 9 9 . M . P A l e j a n d r o M a r t í n e z
Caballero».
59 C o r t e C o n s t i t u c i o n a l , s e n t e n c i a C - 4 0 4 d e 2 0 0 1 , M . P . M a r c o G e r a r d o M o n r o y
Cabra.
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el uso de medios coercitivos causó d año a la integridad del citado
señor.
De conformidad con el artículo 129 de la Ley 734 de 2002, el
funcionario tiene el deber de buscar la verdad real y para ello debe
investigar con igual rigor los hech os y la responsabilidad del
investigado y podrá utilizar cualquie r medio de prueba estipulado
en el artículo 130 de la citada ley .
Dentro del proceso se encuentra plenamente probado que:
1. El patrullero MEZA MIRA junto con su compañero el patrullero
RODELO subieron al señor GUACANEME a la camioneta y lo
esposaron a la barra trasera , para trasladarlo al CAI la
Gaitana. Este hecho se encuentra probado con los apartes
citados en el acápite de valoración probatoria d el informe
rendido por el Subteniente Robinson Riascos Viveros, la
declaración del propietario del local Señor EUSEBIO
FERNANDEZ, del administrador del negocio Señor Jorge Elí
Quintero y de la misma declaración del patrullero Nelson
Rodelo compañero del señor MEZA MIRA.
2. El señor GUACANEME se encontraba exaltado y en estado de
alicoramiento. Circunstancia probada con (i) la declaración
del señor EUSEBIO FERNANDE Z propietario del local quien
afirmó cuando se le preguntó si el co ntraventor había ingerido
bebidas embriagantes “Toda la noche desde que empezó a
jugar”, (ii) la declaración del patrulle ro Nelson Rodelo q uien
manifestó que se vio en la obligación de esposarlo porque
“ se tornó más agresivo”
3. El señor GUACANEME se soltó las esposas y saltó de la
camioneta que se encontraba en marcha; y debido a las
lesiones falleció e n el Hospital de Suba , así se atestigua en
la declaración del patrullero Nelson Rodelo quien declaró 60
60 V i s i b l e Folio 59 del expediente.
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que el conductor de la camioneta el patrullero Millán les contó
que, el señor GUACANEME , se t iró de la camioneta en
movimiento y cuando llegaron lo encontraron tirado boca bajo
y sangrando .
Partiendo de lo anterior, la Sala advie rte que la conducta endilgada
se adecúa a la f alta disciplinaria señalada por los operadores
administrativos , por cuanto se cumplen los presupuestos previstos
en el numeral 18 del articulo 34 de la Ley 1015 de 2006, así: (i)
daño a la integridad del señor GUACANEME , toda vez que, se
encuentra probada su muerte.
(ii) se utilizó la conducción hacia el CAI la GAITANA ; la conducción
ha sido reconocid a por la Corte Const itucional en sentencia C 330-
03 como un medio coercitivo que puede emplear la autoridad, en
este caso, la policía.
Ahora bien, el exceso del uso del medio coercitivo en la conducción
del señor GUACA NEME est á probado, por cuanto, estos medios
pueden ser utilizados cuando sean estrictamente necesario s y
deben escogerse los que causen menor daño a la integridad de las
personas como est á establecido en el Decreto 1355 de 1970. En el
caso sub examine las condiciones en las que se dio la conducción
no fueron las m ás adecuadas para proteger la vida del contraventor
debido a que se hizo infringiendo una norma de tránsito, al llevarlo
en el platón de la camioneta y además , esposado a unas barras, sin
tener en cuenta su estado de excitación y sin acompañamiento , por
lo que se puede concluir que se pre sentó exceso en el uso de la
conducción.
Además, como se mencionó , se desconocieron otras norma s
complementarias que contienen mandatos, prohibiciones y deberes
como son (i) el Código Nacional de Transporte al llevar al
contraventor en el platón de la camioneta lo que se establece en el
artículo 131 como una infracción de tránsito.
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La Corte Constitucional ha sostenido que “ En general, las
infracciones de tránsito establecen prohibiciones de peligro
abstracto, y por ello la persona es sancionada por infringirlas..” en
el caso sub examine , la autoridad de policía al desconocer la nor ma
y transportar pasajeros en el platón del vehículo, materializó la
conducta peligrosa, comportamiento agravado si se tiene en cuenta
su estado de alicoramiento.
y (ii) el Código Dist rital de Policía al conducirlo al CAI de la Gaitana
esposado y sin acompañarlo conociendo el estado de indefensión
en el que se encontraba debido a que hallaba bajo el influjo de
bebidas embriagantes y alta exaltación, estando bajo la
responsabilidad y cuidado de la autor idad de policía.
Por consiguiente, la conducta endilgada se adecua a la falta
disciplina ria sancionada, como ya se pronunció esta Sección al
examinar el caso del patrullero Luis Fernando Millán Rincón, quien
conducía el vehículo . En ese caso se concluy ó:
“ Par a est a Cor por ación no es cier t o que se haya r ealizado
de m aner a inapr op i ada la ad ecuaci ón t í pica de la conduct a
de acuer do con los post ulados l egal es y jur ispr udenc ial es
que r igen e l pr oced im ient o disc ip linar io , en la m edida e n
que, de la lect ur a del car go im put ado se ver if ica, s in
equí vocos, que se t r at ó de una act uación adm inist r at iva
lega l, desar r ollada con sujeción al r égim en disc i pl inar io
aplic able a los m ie m br os de la Policí a Naciona l, per o con
r em isión, en par t e, a la nor m at iva del Códig o Nacio nal de
Tr ánsit o par a com plem ent ar y pr eci sar el m ar co de
im put ación jur í dic a f or m ulado al accion ant e en t or no a la
f alt a com et ida. ” 61
Es importante resaltar que a través de los testimonio s se puede n
reconstruir los hechos materia de investigación a partir del relato
que haga el testigo de los mismos . En este caso tanto las
declaraciones de los implicados como los testimonios relacionados
fueron coherentes con el relato y a partir de estas pruebas se
61 C o n s e j o d e E s t a d o , S a l a d e l o
Contencioso administrativo, Sección Segunda
Sentencia 8 de octubre de 2020,Rad.25000 -23-42-000-2013-05392-01 (2329-
2017)
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demuestra la ocurrencia de la conducta endilgada . Además, se debe
destacar que los hechos relacionados como probados tampoco
fueron controvertid os por el demandante.
Ahora bien, la apoderada del demandante en el recurso de
apelación hace relación a la errónea valoración de las siguientes
pruebas:
a. Acta de instrucción sobre el protocolo de traslado de personas
en vehículos oficiales y en el que se demostró a través de un
estudio grafológico que el patrullero MEZA MIRA no firmó.
Como se observa, esta prueba no fue valorada para determinar la
responsabilidad del disciplinado, por cuanto no se le reprochó el
desconocimiento del instructivo.
b. De los relatos se demostró que el patrullero no pudo acompañar
al señor GUACANEME debido a que se quedó en el billar junto con
su compañero controlando la gente borracha.
Está demostrado que el discip lin ado no acompañó al señor
GUACANEME, por cuanto se quedó realizando un comparendo al
dueño del establecimiento y controlando las personas que aun se
encontraban allí, sin embargo , la autoridad disciplinaria si valoró
este hecho y no encontró que se configurara un eximente de
responsabilidad para el efecto sostuvo :
“ Ar gum ent a la def ensa sus alegat os de conclusió n, que su
pr ohija do se encont r aba en desar r ollo y cum plim ent o de un
deber legal… el p olic ial aquí invest igado est aba en la
obli gació n de cum pli r con ella, es decir n o subir al pl at ón de
la cam ionet a de la pat r ulla … al Sr . DARI O G UACANE ME y
m ucho m enos perm it ir que est a per sona se desplazar a sola
en las condic iones e n las cuales se enco nt r aba…”
La Sala comparte la decisión de la autoridad disciplinaria de
segunda instancia, por cuanto la primera conducta reprochada es
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la de haber permitido que el señor Darío Guacaneme se hubiera
subido al platón de la camioneta, situación no permitida por el
Código Nacional de T ránsito, circunstancia agravad a al consentir
su traslado sin compañía policial alguna, dado su estado de
embriaguez y exaltación , lo cual como bien fue calificado por la
autoridad administrativa se enmarca dentro de una conducta por
culpa gravísima por de satención elemental de sus deberes como
policía y violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento.
Así las cosas, no se encuentra justificación en el hecho de que por
tener que entregar un comparendo y controlar unas personas que
se encontraban molestas se hubiera q uedado con su compañero, en
vez de darle prioridad a acompañar a la persona que tenían que
conducir al CAI.
De otra parte, la parte actora sostuvo que se negaron unas pruebas
que daban “ mayor claridad jurídica ” , estas son:
a. La inspección judicial del local para obtener mas
declaraciones. Co n ello pretendía demostrar que en el lugar
era necesaria la presencia del patrullero pues estaban ad
portas de una “asonada”
En el plenario obran las siguientes pruebas relacionadas con lo s
hechos que pretende demostrar la parte actora .
• Diligencia de Declaración del señor EUSEBIO FERNA NDEZ
QUEVEDO propietario del local.
“ . . Los policí as se quedar on ahí hacien do el co m par endo y
sacando la gent e”
• Declaración Nelson Enrique Rodelo 62 patrullero que
acompañó al demandante .
“ í bam os a t erm inar de hacer el com par endo y ya le
lleg ábam os al cai m ient r as nos quedam os haciendo est e
pr ocedim ient o a lgun as de las per sonas est aban m olest as
62 F o l i o s 51 y 53 del expediente.
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pr im er o por que ya se t ení an que ir y segundo por qu e
habí am os esposado al señor por eso nin guno de los dos se
habí a ido con el señ or JI MMY G UACAN E ME”
• Diligencias remitid as por la Fiscalía en la que se entrevista
al patrullero 63 LUIS FERNANDO MILL AN quien conducía la
camioneta:
“ los com pañer os le m anif iest an que no podí an acom pañar lo
puest o que debí an t om ar dat os del est ablecim ie nt o par a
hacer un com par endo. . ”
• Declaración Jorge Elí Quintero 64 administrador del negocio
del billar.
“ … los dos señor es de la m ot o se quedar on en el
est ablecim i ent o por que ya no er a hor a de est ar at endiendo
en el est ablec im ient o. . ”
Como se puede apreciar de los testimonios rendidos , está
demostrado que los dos patrulleros se quedaron realizando el
comparendo y que es cierto que había unas personas molestas,
pero no como lo pretende mostrar la apoderada de la parte actora
en casi una asonada, ni siquiera los patrulleros que acompañaban
al señor ME ZA MI RA esa noche así lo atestiguan. Incluso se ordenó
la recolección del testimonio que pidió otro de los patrulleros a una
señora que se encontraba en el lugar de los hechos Lilia na Patricia
Díaz Contreras pero no fue indagada sobre el asunto.
Luego la Sala comparte la decisión tomada por el operador
disciplina rio de negar la prueba por no ser pertinente, debido a que
como se sostuvo en la audiencia del 15 de febrero de 2013 65 “ ya
que los testigos que posiblemente pudieron haber presenciado los
hechos ya fueron escuchados en la parte instructiva y no se
evidenció que mas personas hubiesen tenido conocimient o de estos
hechos.”
63 V i s i b l e folio 61 del expediente
64 F o l i o s 121 y 122 del expediente.
65 V i s i b l e a f o l i o 2 4 4 d e l e x p e d i e n t e .
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b. La declaración del comandante de la estación del policía para
probar que ese día no existían vehículos pa nel para
transporte de personas.
Dentro de la actuación discip linaria la práctica de esta prueba fue
denegada , por cuanto “ el señor comandante de estación no es
testigo presencial de los hechos y ta mpoco guarda rela ción con el
procedimiento llevado a cabo por los policiales el d ía de los
hechos” 66
Frente a los hechos que en sentir de la parte demandante no se
pudieron probar r eposan en el plenario las siguientes pruebas:
• Declaración del TE. Néstor Andrés Pérez Urriago : manifestó
que si existía en la jurisdicción un panel pero que en ese
momento no se encontraba disponible.
En efecto, esta demostrado que el día de los he chos no se
encontraba disponible paneles y por ello se utilizó la camioneta. Sin
embargo, ello no exime de responsabilidad al señor patrullero MEZA
MIRA por cuanto pudo tomar algunas medidas para garantizar la
seguridad personal del contraventor como subirlo en la cabina o
acompañarlo hasta el CAI la Gaitana.
c. Testimonio del jef e de tránsito y estudios d e tránsito para
demostrar que es una costumbre policial llevar personas en
los platones de las camionetas.
Esta prueba fue negada por la autoridad disciplinaria, to da vez que,
el jefe de tránsito no fue testigo de los hechos y no hace relación a
los mismos. Sin embargo, lo que pretendía demostrar la parte
actora con el recaudo de esta declaración era que se acostumbra
en la policía a trasladar personas en el platón de la camioneta y
66 V i s i b l e a folio 244 del expediente.
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aunque la costu mbre no puede ser justificante del desconocimiento
de una norma de tránsito , y menos aún justificar la falta de
precaución para desarrolla r esta cond ucta riesgosa, , se encuentran
las siguientes pruebas:
• Diligencia de declaración y ratif icació n 67 del informe del señor
ST. Robinson Riascos Riveros.
“ Diga al Despacho por qué en est a Est ación desde el señor
com andant e de Est ación hast a el of icia l de vigi lanc ia cuando
no hay paneles di sponib les or denan que se tr asladen
per sonas civi le s en cam ionet as de plat ó n ( …) CO NTESTO:
No es m i caso, por que inc luso cua ndo es par a jud ici al izar
siem pr e se m anda la pat r ulla que est a de r em isiones o sin o
enví o la panel de m i CAI y r ealizó el t ur no en m ot o. ” “ que
yo t enga conocim ient o no es norm al el t raslado de per sonas
en est a clase de v ehí culos, por lo t an t o no exist en act as
por que par a m i no es nor m al que en el ser vicio s e
t r anspor t en per sonas civiles en ést a cla se de vehí culos. ”
• Declaració n 68 del señor Patrullero Pedro Pablo Astudillo
Astudillo.
“ Diga si es nor m al ut ilizar las cam ion et as de plat ón par a
t r aspor t ar r et enidos hacia el cai, o a la ur i Cont est o. Pues
cuando no hay pan el par a l levar los a hí se llevan en la
cam ionet a. ”
• Declaración Intendente Jimmy Javier Simanca López.
“ … es norm al que y por necesidades d el ser vi c io qu e est e
t ipo de cam ionet as se ut ilicen en la est a ción de policí a suba
par a t r anspor t ar personas cont r avent or as…”
• Declaración Nést or Pérez Urriago 69 del 19 de febrero
comandante CAI Gaitana
“ habit ualm ent e s e hace necesar io por las dif er ent e s
necesidad es del se r vicio que ocur r en en dicho ca i par a
r ealizar el t r aslado d e cont r avent or es per o siem pr e hay que
t ener en cuent a las m edidas de segur id ad par a ef ect uar lo. ”
Con las declaraciones de cuatro miembros de la policía esta
demostrado que, si bien es cierto en algunas ocasiones se utilizan
camionetas de platón para transportar civiles no quiere ello decir
que se haga sin tomar medidas de seguridad para hacerlo , como se
mencionó con anterioridad, por ejemplo, acompañándolos , sobre
67 F o l i o s 20 al 22 del expediente.
68 F o l i o s 123 y 124 del expediente.
69 F o l i o s 2 5 9 a l y 2 6 3 d e l e x p e d i e n t e .
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todo, se repite, dadas las condiciones en las que se encontraba el
contraventor esa noch e.
Lo anterior permite considerar a la Sala que las autoridades
disciplina rias de la Policía Nacional valoraron las pruebas de
manera integral y en el marco de la sana crít ica y que la
interpretación que hicieron llevaron a la conclusión de que la
conducta reprochada se realizó, se configuró la falta disciplinaria y
el demandante fue responsable de ella, por lo que los actos
administrativos acusados no se encuentran viciados de nulidad por
violación al debido proceso.
En consideración a lo expuesto, la Sala encuentra que no se
desvirtuó la legalidad de los actos administrativos sancionatorios,
por ello, confirmará el fallo de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.
4. Costas.
El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos
los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa
naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que
incluye los honorarios de abogado o agencias en derecho 70, los
llamados en la Ley 1437 de 2011 gastos ordinarios del proceso 71 y
otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la
práctica de la pru eba pericial, los honorarios de auxiliares de la
justicia como peritos y secuestres, transporte de expedient e al
superior en caso de apelación.
En cuanto al recurso de apelación surtido ante esta Corporación,
se condenará en costas en segunda instancia a la parte
demandante , toda vez que , se cumplen los presupuestos de los
numerales 1 , 3 y 8 del artículo 365 del Código General del
70 A r t í c u l o 361 del Código General del Proceso.
71 A r t í c u l o 171 No. 4 en conc. Art. 178 ib.
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Proceso 72, puesto que se ha resuelto desfavorablemente el recurso
de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia,
y se acreditó que se causaro n, ya que la entidad demandada alegó
de conclusión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la Le y,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR de oficio pro bada la excepción de acto no
susceptible de control judicia l respect o de la pretensión de nulidad
de la Resolución 020001 del 29 de mayo de 2013 proferida por el
Director General d e la Policía Nacional , por lo expuesto en la parte
motiva.
SEGUNDO. CONFI RMAR en lo demás, la sentencia de 22 de febrero
de 2018, proferida por el Tribunal Ad ministrativo de Cundinamarca ,
que negó las pretensiones de la demanda en el proceso promovido
por el señor DIEGO ARTHUR MEZA MIRA contra LA NACIÓN-
MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL .
TERCERO. CONDENAR en costas a la parte demandante en esta
instancia. Las mismas se liquidarán de conformidad con lo
establecido en el artículo 366 del Código Gener al del Proceso.
CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en el Sistema
de Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y
72 “ 1 .
Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este Código. (…).
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de
primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.(…)”
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ejecutoriada esta providencia devolve r el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión de siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022) .
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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