Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-05655-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-05655-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-05655-02
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
8 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05655-02 (4495-2018)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandada: Myriam Rodríguez de Guevara
Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y
demandada contra la sentencia proferida el 9 de mayo de 2018 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, por
1 Folios 562 a 584.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05655-02 (4495-2018)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
conducto de apoderada, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
las siguientes Resoluciones: i) 10635 del 22 de septiembre de 1995, que le
reconoció la pensión gracia a la señora Myriam Rodríguez de Guevara; ii) 9175 del
28 de marzo de 2007, que reliquidó dicha prestación; y iii) UGM 19293 del 2 de
diciembre de 2011, que ordenó el pago indexado de las diferencias pensionales
adeudadas. Los aludidos actos fueron expedidos por la Caja Nacional de Previsión
Social - Cajanal EICE, hoy UGPP.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
UGPP solicitó condenar a la demandada a devolver de manera actualizada los
dineros que se le pagaron por concepto de mesadas pensionales.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, la apoderada de la UGPP señaló:
i) El 22 de septiembre de 1995, por Resolución 10635, Cajanal EICE le reconoció la
pensión gracia a la demandada, pese a que laboró como educadora adscrita al
Ministerio de Educación Nacional en el programa de Planteles Nacionales,
nombrada por dicha cartera, mediante la Resolución 855 del 4 de febrero de 1977.
ii) La interesada radicó una acción de tutela con el fin de que se reliquidara dicho
beneficio. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del
21 de julio de 2005, despachó de manera favorable las pretensiones.
iii) El 28 de marzo de 2007, a través de la Resolución 9175, Cajanal EICE dio
cumplimiento al fallo de tutela e incrementó la cuantía de la prestación.
iv) El 2 de diciembre de 2011, por Resolución UGM 19293, la referida entidad dispuso
el pago de las diferencias pensionales adeudadas.
2
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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 6, 121, 122, 128 y 209 de la Constitución
Política; 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de 1928; 3 de la Ley 37 de
1933; 1 y 2 de la Ley 43 de 1975; 15 de la Ley 91 de 1989; y 2 del Decreto 224 de
1972.
Al desarrollar el concepto de violación, la apoderada de la UGPP expuso:
i) La accionada prestó sus servicios al magisterio oficial durante más de 20 años,
pero una parte de ellos obedecieron a un nombramiento efectuado por el Ministerio
de Educación Nacional, es decir, que ostentó la condición de docente nacional.
ii) La pensión gracia únicamente puede reconocerse a los maestros del orden
territorial o nacionalizados; sin embargo, la señora Myriam Rodríguez de Guevara
tenía una vinculación nacional; por ende, no acreditaba los requisitos legales para
acceder a dicha prestación.
iii) La demandada debe regresar los dineros que se le pagaron por el reconocimiento
pensional debatido, ya que conocía su carácter de docente nacional y aún así
solicitó el beneficio especial en comento, de manera que se encuentra desvirtuada
la presunción de buena fe.
1.2. Contestación de la demanda
El apoderado de la accionada se opuso a las pretensiones de la demanda, en estos
términos:2
2 Folios 692 a 724.
3
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05655-02 (4495-2018)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
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i) Las resoluciones acusadas se limitaron a cumplir un fallo de tutela y, por lo tanto,
son actos de ejecución, carecen de control jurisdiccional y están amparadas por la
cosa juzgada constitucional.
ii) La UGPP debió interponer la acción especial de revisión prevista en el artículo 20
de Ley 797 de 2003, dentro de los 2 años siguientes a la ejecutoria del fallo de tutela
que ordenó el pago de la pensión gracia en favor de la señora Myriam Rodríguez
de Guevara.
iii) Se proponen las siguientes excepciones: 1) inexistencia de causal de nulidad; 2)
buena fe; 3) afectación al mínimo vital; 4) cosa juzgada constitucional; 5) el acto
demandado es de ejecución; y 5) vulneración al principio de seguridad jurídica;
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
mediante sentencia del 9 de mayo de 2018, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, con sustento en las consideraciones que se resumen, a
continuación:3
i) El Ministerio de Educación Nacional, por Resolución 885 del 4 de febrero de 1977,
nombró a la accionada como profesora de enseñanza primaria en la Escuela
Nacional Piloto de Aplicación de Bogotá D.C.
ii) La demandada tuvo la condición de docente del orden nacional, situación que es
incompatible con el reconocimiento de la pensión gracia. En consecuencia, se
anulan los actos enjuiciados que otorgaron tal prestación a la señora Myriam
Rodríguez de Guevara; sin embargo, no se ordenará la devolución de los dineros
percibidos por ese concepto, en tanto no se demostró que la ciudadana hubiera
actuado de mala fe.
3 Folios 875 a 887.
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1.4. Los recursos de apelación
1.4.1. El apoderado de la demandada interpuso recurso de apelación contra la
referida sentencia con base en los siguientes argumentos:4
i) Conforme al artículo 15 de la Ley 91 de 1989, los docentes nacionales son
acreedores de la pensión gracia, ya que esta norma estableció la compatibilidad de
dicho beneficio con la pensión ordinaria de jubilación, sin importar si esta última
estaba a cargo de la Nación.
ii) El anterior entendimiento también es consonante con la forma en que se
estructuró el servicio educativo desde la Ley 39 de 1903, en armonía con la
posibilidad de sumar tiempos en la inspección y los prestados en escuelas normales
o secundaria, pues ello implicaba una vinculación con la Nación. De este modo, se
infiere que las Leyes 116 de 1928 y 37 de 1933 modificaron la Ley 114 de 1913 con
el fin de que todos los maestros oficiales pudieran ser destinatarios de la pensión
gracia.
iii) En este caso deben aplicarse los principios de favorabilidad y pro operario con el
fin de privilegiar la postura del Consejo de Estado que durante varios años les
permitió a los docentes nacionales acceder a referida prestación.
iv) A la demandada se le reconoció la pensión gracia antes de la expedición de la
sentencia S-699 de 1997; por lo tanto, dicho criterio interpretativo no puede
aplicarse de forma retroactiva para desconocer sus derechos laborales, pues ello
vulnera las garantías judiciales al debido proceso, libertad, igualdad y confianza
legítima. Además, el aludido proveído resulta restrictivo y carente de respaldo legal.
v) La resolución que reliquidó la pensión gracia de la señora Myriam Rodríguez de
4 Folios 898 a 938.
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Guevara es un acto de ejecución y se encuentra amparado por la cosa juzgada
constitucional, ya que un juez de tutela concedió de manera definitiva ese derecho.
vi) La accionada fue vinculada como docente nacional, pero desde el 10 de julio de
1996 esta relación mutó a distrital por mandato de las Leyes 60 de 1993 y 715 de
2001. En consecuencia, estos tiempos son aptos para mantener la pensión
debatida.
vii) El a quo no tuvo en cuenta que el fenómeno de la descentralización de la
educación condujo a un cambio en la vinculación de los profesores, quienes pasaron
a conformar las plantas de personal de los entes territoriales; por tanto, perdieron
su carácter de docentes nacionales, situación que también se predica de los
planteles educativos y los recursos con los que se financia la nómina.
viii) La accionada debe conservar el derecho a la pensión gracia, con la aclaración
de que puede modificarse el estatus pensional y el monto de la prestación, con el
fin de no computar los tiempos nacionales, sino únicamente los prestados en
condición de maestra nacionalizada (11 años y 27 días en el departamento de
Boyacá) y distrital (del 10 de julio de 1996 al 20 de enero de 2008 en Bogotá D.C.).
1.4.2. La apoderada de la UGPP interpuso recurso de apelación adhesiva contra la
sentencia de primera instancia con el fin de que se ordene a la accionada reintegrar
las sumas que le fueron pagadas por concepto de mesadas pensionales, pues
conocía que era una docente nacional y que no era beneficiaria de la pensión gracia;
sin embargo, peticionó tal prestación e incluso interpuso una acción de tutela para
mejorar la cuantía. De esta manera, se evidencia que la interesada actuó de mala
fe y con abuso del derecho, lo cual afectó injustificadamente el patrimonio público y
el interés general.5
5 Folios 945 a 946.
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1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
La UGPP6 y la demandada7 reiteraron los argumentos expuestos en el transcurso del
proceso.
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.8
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. Cuestión previa
Previo a establecer el problema jurídico que ocupará la atención de la Sala, es
necesario referirse al argumento de la apelante Myriam Rodríguez de Guevara, en
tanto manifestó que la resolución que reliquidó la pensión gracia carece de control
judicial, por tratarse de un acto de ejecución amparado por la cosa juzgada
constitucional, ya que fue expedido en cumplimiento de la sentencia de tutela del 21
de julio de 2005, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá D.C.
Al respecto, el Consejo de Estado ha indicado que los actos administrativos de
ejecución solo serán enjuiciables cuando se aparten, modifiquen o den un alcance
diferente a lo decidido por la autoridad administrativa o judicial. Ello es así porque
al pronunciarse sobre aspectos no contenidos en estas decisiones se crea, modifica
o extingue una situación jurídica particular, aspecto que lo convierte en un acto
administrativo susceptible de control ante esta jurisdicción.9
6 Folios 996 a 998
7 Folios 960 a 995.
8 Según constancia secretarial obrante en el folio 999.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, providencia del 8 de marzo de 2018, radicado 05001-23-33-000-
2014-01713-01 (2831-2015).
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No obstante, esta Corporación ha explicado que el acto administrativo de ejecución
expedido para dar cumplimiento a una sentencia de tutela, eventualmente podría
ser acusable, porque dicho mecanismo de amparo tiene una naturaleza diferente a
los medios de control de la jurisdicción contenciosa y, por lo tanto, es posible acudir
ante el juez natural de la causa, en ejercicio de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho.10 Textualmente, se ha sostenido:11
La acción de tutela tiene rasgos propios inspirados en la defensa de los derechos
fundamentales de las personas, y sus decisiones de amparo, si bien permean la
esfera del juez ordinario, lo hacen de manera excepcional, de modo que distingue el
propósito de cada acción o medio de control como el mecanismo idóneo e inequívoco
para definir desde el plano de la justicia la existencia de un derecho, como en el sub-
lite, donde se discute la legalidad de un acto administrativo, asunto que es privativo
de esta jurisdicción en virtud del artículo 238 superior. Así las cosas, se respeta el
principio del juez natural de la controversia de legalidad.
Bajo este escenario, se concluye que las Resoluciones 9175 del 28 de marzo de
2007 y UGM 19293 del 2 de diciembre de 2011, que reliquidaron la pensión gracia
de la señora Myriam Rodríguez de Guevara, en cumplimiento de una sentencia de
tutela, son pasibles de control jurisdiccional.
En igual sentido, es relevante expresar que la cosa juzgada constitucional o la
inmutabilidad del fallo de tutela se predica «exclusivamente en lo que respecta al
análisis de constitucionalidad sobre la vulneración de los derechos
fundamentales»,12 en tanto al juez constitucional no le es dable realizar «un juicio
de legalidad sobre manifestaciones administrativas pasibles de verificación
judicial»13 pues este, por disposición legal,14 está atribuido a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
10 Ver las siguientes providencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsecciones A y B: i) del 25 de octubre de
2011, radicado 11001-03-15-000-2011-01385-00; ii) del 14 de febrero de 2013, radicado 25000-23-25-000-2011-00245-
01 (2634-11); iii) del 19 de febrero de 2015, radicado 05001-23-33-000-2013-00282-01 (2513-2013); y iv) del 27 de mayo
de 2021, radicado 05001-23-33-000-2013-00282-02 (5082-2018).
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de febrero de 2017, radicado
050012333000201300343 01.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de octubre de 2021, radicación: 52001 23 33 000
2013 00028 03, número interno: 6395-2019, M.P. William Hernández Gómez.
13 Ibidem.
14 Ley 270 de 1996 y Ley 1437 de 2011.
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En ese orden, la decisión de tutela no puede constituir un motivo de oposición
encaminado a impedir el control de legalidad de las resoluciones acusadas.15 En
consecuencia, la Sala continuará con el estudio de fondo de la controversia.
2.2. El problema jurídico
De conformidad con los argumentos expuestos en los recursos de apelación
presentados por las partes, el problema jurídico consiste en determinar i) si la
señora Myriam Rodríguez de Guevara cumple con los requisitos para conservar la
pensión gracia que le fue reconocida por la UGPP mediante los actos acusados; y,
en caso de que la respuesta al anterior cuestionamiento sea negativa, ii) si hay lugar
a que la mencionada ciudadana devuelva los dineros percibidos con ocasión de
dicho reconocimiento pensional.
2.3. Marco normativo
2.3.1. Generalidades de la pensión gracia
El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».
Por su parte, las Leyes 116 de 192816 y 37 de 193317 consagraron la posibilidad de
15 En similar sentido pueden consultarse las siguientes sentencias proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A: i) del 27 de octubre de 2022, radicado 47001-23-33-000-2014-00281-02 (0126-18); y ii) del 23 de noviembre
de 2023, radicado 25000-23-42-000-2014-02043-01 (1149-2018).
16 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho
a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el computo de los
años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de
la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
17 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter legislativo,
quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados por la Ley, en
establecimientos de enseñanza secundaria.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-05655-02 (4495-2018)
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que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior.18
Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».19
Debido a dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión gracia no
puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito
indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la
nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de
ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los
educadores locales o regionales».20
Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales por la diferencia
salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales; sin
embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
18 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio de 1995,
radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
19 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo
dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal,
concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario
para su sostenimiento.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han acogido igual lineamiento: i)
Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección
B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia
del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse
la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-05655-02 (4495-2018)
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nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».
En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».
Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».
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Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,21 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.
Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:
1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.
2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».22
En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:23
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
21 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-
2016-00278-01 (3018-2017).
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-
2016-00278-01 (3018-2017).
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-05655-02 (4495-2018)
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posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».24
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.
Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».
Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
24 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-2019-02219-
01 (AC).
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del 21 de junio de 2018,25 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:26
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través
de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver
con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones;
y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.
A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).
26 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia transcrita.
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bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».27
2.3.2. El principio de buena fe en la devolución de prestaciones periódicas
De conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política, «[l]as actuaciones de
los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de
la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante
estas».
Por su parte, «[l]a jurisprudencia constitucional ha definido el principio de buena fe
como aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus
comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que
podrían esperarse de una ‘persona correcta (vir bonus)’. Así, la buena fe presupone
la existencia de relaciones reciprocas con trascendencia jurídica y se refiere a la
confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada».28
En esos términos, el constituyente de 1991 dispuso que el principio de buena fe
comportaría un patrón rector de las actuaciones de los particulares y las autoridades
públicas. Adicionalmente, la Carta Política establece que dicho principio se presume
en las diligencias que los primeros adelanten ante las segundas; así pues, bajo la
idea de esa presunción, quien pretende desvirtuarla debe asumir la carga probatoria
que permita demostrar la trasgresión de dicho principio.29
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).
28 Corte Constitucional, sentencia C-1194 del 3 de diciembre de 2008, M.P., Rodrigo Escobar Gil.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de junio de 2020, expediente 41001-23-33-000-
2012-00237-02 (4076-18).
15
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A su vez, el artículo 164 del CPACA, establece que la demanda puede ser presentada
en cualquier tiempo, siempre que se dirija contra actos que reconozcan prestaciones
periódicas; sin embargo, «no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe».
En ese escenario, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha sostenido que «el
principio de la buena fe incorpora una presunción legal, que admite prueba en
contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de menos probar que el
peticionario actuó de mala fe».30
Entonces, no hay lugar a recuperar las prestaciones periódicas pagadas a los
particulares de buena fe, salvo que se pruebe por la entidad estatal que el titular de
la prestación incurrió en conductas deshonestas, fraudulentas o dolosas, es decir,
que actuó de mala fe con el fin de obtener un beneficio al cual no tenía derecho.
2.4. Hechos probados
➢ Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios
• Conforme al Registro Civil de Nacimiento, la señora Myriam Rodríguez de Guevara
nació el 14 de noviembre de 1944.31
• El 12 de abril de 1966, por Decreto 186, el gobernador de Boyacá, en uso de sus
atribuciones legales, causó «novedades en el personal docente de Enseñanza
Media al servicio del departamento», dentro de las que se destaca el nombramiento
de la accionada como «Directora de un grupo de la Escuela Anexa a la Normal
Departamental Femenina de Duitama, con retrospectividad al 12 de febrero del
corriente año, por creación del cargo».32
30 Ver las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsecciones A y B: i) del 17 de noviembre de
2016, radicado 13001-23-33-000-2013-00149-01 (2677-2015); ii) del 29 de junio de 2017, radicado 73001-23-33-000-
2014-00736-03 (4321-2016); y iii) del 27 de agosto de 2020, radicado 76001-23-31-000-2010-01578-01 (3388-14).
31 Folio 42.
32 Folios 794 a 800.
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• El 29 de marzo de 1977, por Decreto 259, el gobernador de Boyacá aceptó la
renuncia presentada por la señora Myriam Rodríguez de Guevara al cargo de
«Maestra Consejera de la Anexa al Instituto Integrado Guillermo León Valencia de
Duitama, con retroactividad al 11 de marzo de 1977».33
• El 26 de julio de 2017, conforme al requerimiento probatorio efectuado por el a
quo, la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. remitió el acta de posesión de la
demandada, llevada a cabo el 7 de marzo de 1977. Además, expresó que en cuanto
a «la Resolución No. 855 de 1977, una vez revisados los archivos físicos y bases
de datos de esta dependencia, no reposa, por lo tanto, no es posible enviársela». A
continuación, se expone el acta de posesión en comento: 34
33 Folios 811 a 812.
34 Folios 781 a 782.
17
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• El 14 de agosto de 2017, la Secretaría de Educación de Boyacá certificó que la
demandada laboró como docente de primaria, con un tipo de vinculación
«departamental», entre el 12 de febrero de 1966 y el 10 de marzo de 1977, en virtud
18
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del nombramiento realizado por el Decreto 186 del 12 de abril de 1966. Además,
que en ese lapso se efectuaron aportes con destino a la Caja de Previsión Social
del departamento.35
• El 14 de agosto de 2017, la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. certificó la
siguiente información relacionada con la historia laboral de la señora Myriam
Rodríguez de Guevara:36
a) TIEMPO DE SERVICIO Y FUNCIONES
NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD
✓ Mediante Resolución No. 855 de febrero 04 de 1977, emanada del Ministerio de
Educación Nacional, nombrada en propiedad como Profesora de Enseñanza Primaria
en la Escuela Nacional Piloto de Aplicación de Bogotá, a partir del 8 de febrero de
1977.
✓ Mediante Resolución No. 3786 de marzo 26 de 1982, se le concede licencia sin
remuneración, a partir del 08 de marzo hasta el 15 de abril de 1982.
✓ Mediante Resolución No. 5376 del diciembre 28 de 2007, se retira por renuncia a
partir del 21 de enero de 2008, ejerciendo como último cargo el de Docente Grado
14, ubicada en el Colegio IED DIVINO MAESTRO, Jornada Mañana.
[…]
b) TIPO DE VINCULACIÓN EN PROPIEDAD: De orden – Nacional.
• Mediante declaraciones extra proceso, algunas ciudadanas manifestaron que la
demandada observó buena conducta en el ejercicio de la docencia.37
➢ Reclamación y reconocimiento de la pensión gracia
• El 1 de junio de 1995, la señora Myriam Rodríguez de Guevara peticionó ante
Cajanal EICE el reconocimiento de la pensión gracia.38
35 Folios 791 a 792.
36 Folios 784 a 785.
37 Folios 43 y 45.
38 Información extraída de la Resolución 10635 del 22 de septiembre de 1995 (folios 48 a 50).
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• El 22 de septiembre de 1995, por Resolución 10635, la referida entidad accedió a
la anterior petición, teniendo en cuenta que la accionada prestó sus servicios como
docente en el departamento de Boyacá y en Bogotá D.C.39
• El 21 de julio de 2005, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá D.C.
profirió sentencia de tutela en la que amparó los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, pensión justa y vida digna de la señora Myriam Rodríguez de
Guevara; y, en consecuencia, ordenó la reliquidación de la pensión gracia con
inclusión de todos los factores salariales devengados en el año anterior a la
consolidación del estatus pensional.40
• El 28 de marzo de 2007, por Resolución 9175, Cajanal EICE, en cumplimiento del
fallo de tutela previamente mencionado, incrementó la cuantía de la pensión
percibida por la interesada.41
• El 2 de diciembre de 2011, mediante Resolución UGM 19293, la aludida entidad
modificó la Resolución 9175 del 28 de marzo de 2007, en el sentido de indicar que
las diferencias pensionales adeudadas debían pagarse de manera indexada.42
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
En este acápite se resolverán los motivos de inconformidad expuestos por las partes
frente a la decisión de primera instancia y que, en síntesis, versan sobre dos
aspectos relevantes, a saber: i) si la señora Myriam Rodríguez de Guevara cumple
con los requisitos para conservar la pensión gracia que le fue reconocida por la UGPP
mediante los actos acusados; y, en caso negativo, ii) si hay lugar a que la
mencionada ciudadana devuelva los dineros percibidos con ocasión de dicho
reconocimiento pensional.
39 Folios 48 a 50.
40 Folios 82 a 181.
41 Folios 362 a 368.
42 Folios 476 a 479.
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2.5.1. Del reconocimiento pensional
Para efectos metodológicos, el tiempo de servicio prestado por la demandada en la
docencia oficial se estudiará en dos momentos relevantes, pues a cada uno le
corresponden análisis normativos y probatorios independientes, conforme se
explicará, a continuación.
2.5.1.1. Primer período. Del 12 de febrero de 1966 y el 10 de marzo de 1977
De acuerdo con la certificación laboral expedida por la Secretaría de Educación de
Boyacá, en este lapso la señora Myriam Rodríguez de Guevara prestó sus servicios
como docente de primaria, con un tipo de vinculación «departamental», en virtud de
la nominación efectuada por el gobernador, mediante el Decreto 186 del 12 de abril
de 1966.
Dicho acto de nombramiento fue suscrito exclusivamente por el gobernador y la
secretaria de Educación de Boyacá, sin que se observe intervención alguna de un
delegado del Ministerio de Educación Nacional, como tampoco se hizo referencia a
una autorización por parte de la nación para hacer la designación, ni que la plaza a
ocupar fuera nacional.
Bajo este escenario, conforme lo certificó la dependencia competente, dicha
vinculación debe entenderse como territorial, ya que el nombramiento provino de
una autoridad departamental e inclusive los aportes al sistema de pensiones se
giraron con destino a la Caja de Previsión Social del departamento.
También es relevante resaltar que el artículo 3 de la Ley 39 de 1903 dispuso que la
instrucción primaria estaría a cargo y bajo la inmediata dirección y protección de los
departamentos. A su vez, el Decreto 491 de 1904, reglamentario de la referida ley,
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determinó que estarían a cargo de los departamentos y municipios «los gastos que
ocasione la instrucción primaria».43
De acuerdo con este marco normativo, el nombramiento que efectuó el gobernador
de Boyacá, atendió a las atribuciones que con antelación le había otorgado el
legislador.
Así las cosas, este primer período resulta computable para determinar el derecho a
la pensión gracia debatida, el cual corresponde a 11 años y 27 días; sin embargo,
no sería suficiente para mantener el reconocimiento prestacional, por lo que deberá
revisarse la vinculación restante.
2.5.1.2. Segundo período. Del 8 de febrero de 1977 al 21 de enero de 2008
En este segundo lapso la señora Myriam Rodríguez de Guevara laboró como
profesora en la Escuela Nacional Piloto de Aplicación y en el Colegio IED Divino
Maestro de Bogotá D.C., en razón al nombramiento efectuado por el Ministerio de
Educación Nacional, mediante la Resolución 855 del 4 de febrero de 1977.
La demandada sostiene que inicialmente tuvo la condición de educadora del orden
nacional, pero que retomó el carácter de docente distrital, teniendo en cuenta que
Bogotá D.C. asumió la administración del personal docente y porque sus salarios
fueron pagados con recursos del situado fiscal y del sistema general de
participaciones que pertenecen a dicho ente territorial. Además, la pensión gracia
debe beneficiar también a los docentes nacionales.
Sin embargo, la Sala se aparta de la argumentación propuesta por la accionada, ya
que esta corporación ha expresado reiteradamente que la prestación en comento
únicamente puede reconocerse a docentes territoriales o nacionalizados. En efecto,
la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante Sentencia S-699 del 29 de agosto
43 Artículo 27.
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de 1997, analizó el alcance de las Leyes 37 de 1933 y 91 de 1989 y arribó a las
siguientes conclusiones:
Y la Ley 37 de 1933 (inc. 2º.art.3º.) lo que hizo simplemente fue extender la pensión
aludida, sin cambio alguno de requisitos, a los maestros de establecimientos de
enseñanza secundaria.
No es de recibo el argumento que en ocasiones se ha expuesto para sostener que
con motivo de la expedición de esta norma, pueda reconocerse la pensión gracia a
todos los que prestan sus servicios a la Nación, por ser los maestros a que ella se
refiere docentes de carácter nacional. Dos son las razones fundamentales que
conducen al rechazo de tal aseveración, así:
I. Como se dijo, la Ley 37 de 1933, examinada en relación con la Ley 116 de 1928 y
la 114 de 1913, no introdujo modificación alguna a las exigencias establecidas en
estos ordenamientos normativos.
II. No es acertada la afirmación de que los establecimientos oficiales de educación
secundaria fuesen nacionales en su totalidad en 1933. Tanto, que fue con la Ley 43
de 1975 que se inició el proceso de nacionalización tanto de la educación primaria
como de la secundaria. Por eso en su encabezamiento se lee: “por la cual se
nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios, las Intendencias y
Comisarías; se redistribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa
y se dictan otras disposiciones”. Y en su artículo primero se prescribe hacia el futuro:
“La educación primaria y secundaria serán un servicio público de cargo de la nación”.
[…]
La disposición transcrita [artículo 15, No. 2, literal A, de la Ley 91 de 1989] se refiere
de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales
que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos,
por habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la
oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 […].
De acuerdo con el anterior lineamiento interpretativo, no es posible reconocer la
pensión gracia a docentes nacionales, pues este beneficio ampara exclusivamente
a quienes ocuparon plazas territoriales o nacionalizadas debido a la finalidad que
tuvo el legislador de compensar los salarios de dichos servidores respecto de sus
homólogos que tenían mejores remuneraciones por estar a cargo de la Nación.
Por su parte, la apelante sostuvo que los principios de favorabilidad y pro operario
impiden que en su caso se aplique la Sentencia S-699 de 1997, puesto que fue
proferida con posterioridad al acto que reconoció la pensión; sin embargo, esta
23
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Subsección en reiteradas oportunidades ha explicado que los cambios
jurisprudenciales pueden aplicarse al momento de fallar cada caso concreto.44
En efecto, el juez de lo contencioso administrativo tiene el deber de velar por la
aplicación uniforme del derecho, lo que supone que, ante supuestos fácticos y
jurídicos similares, los asociados puedan recibir el mismo trato. En salvaguarda de
esta garantía resulta necesario que se apliquen de manera clara y pacífica los
precedentes jurisprudenciales emitidos por el Consejo de Estado como órgano de
cierre de la jurisdicción.
De allí que se predique la fuerza vinculante de las providencias, máxime en un caso
como el presente en que la sentencia fue suscrita por la Sala Plena de la
Corporación y estableció criterios de coherencia en la práctica judicial.
Además, al margen de las directrices jurisprudenciales que puedan aducirse, esta
Sala ha explicado que «es con fundamento en la norma antes citada [numeral 3.º
del artículo 4.º de la Ley 114 de 1913] que la pensión gracia no puede reconocerse
a favor de los docentes nacionales, como quiera que es indispensable que el
docente no esté pensionado y que no reciba retribución alguna por parte de la
Nación».45 Entonces, la limitante fue impuesta directamente por el legislador y no
por la jurisprudencia.
En este caso está demostrado que, por Decreto 259 del 29 de marzo de 1977, el
gobernador de Boyacá aceptó la renuncia presentada por la señora Myriam
Rodríguez de Guevara como maestra consejera de la Anexa al Instituto Integrado
Guillermo León Valencia de Duitama. Además, fue nombrada por el Ministerio de
Educación Nacional, mediante la Resolución 855 del 4 de febrero de 1977, para
44 Ver las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A: i) del 18 de noviembre de 2021,
radicado 05001-23-33-000-2016-02626-01 (3138-2020); y ii) del 24 de junio de 2021, radicado 25000-23-42-000-2017-
04492-01 (5833-2019).
45 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, radicado 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
24
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05655-02 (4495-2018)
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desempeñarse como profesora en la Escuela Nacional Piloto de Aplicación de
Bogotá D.C.
Asimismo, la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. ha certificado que desde el
nombramiento efectuado por la Resolución 855 de 1977, la interesada se siguió
desempeñando como docente nacional hasta la fecha en que fue desvinculada del
servicio oficial.
Lo anterior significa que la demandada perdió la condición de docente territorial que
ostentó cuando prestó sus servicios al departamento de Boyacá, pues renunció a
esa relación legal y reglamentaria y entabló una nueva con el Ministerio de
Educación Nacional.
En este orden de ideas, la accionada culminó su relación laboral como profesora
territorial e inició otra como docente de la Nación, por cuanto el artículo 1 de la Ley
91 de 1989 dispone que se entiende por personal nacional aquellos «docentes
vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional», conforme ocurrió en este
caso con el nombramiento realizado por la Resolución 855 del 4 de febrero de 1977.
Bajo este contexto, a partir de la aludida designación, la señora Rodríguez de
Guevara adquirió el carácter de docente nacional y, como siguió laborando en virtud
de aquella, su vínculo no mutó a territorial como se alegó en el recurso de apelación.
En consecuencia, no acreditó los requisitos necesarios para acceder a la pensión
gracia.
Aunado a lo anterior, es oportuno destacar que el país presentó un proceso de
descentralización de la educación que involucró el traslado del personal docente a
las entidades territoriales certificadas en educación, primero a los entes
departamentales, como lo determinó la Ley 60 de 1993 y después a los municipales,
25
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05655-02 (4495-2018)
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conforme a lo dispuesto en la Ley 715 de 200146 y, en ese sentido, resulta posible
sostener que luego de la expedición de las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 la
administración tanto del personal docente como del servicio educativo quedó
radicada en cabeza de los entes territoriales certificados en educación; sin embargo,
tales condiciones no generaron un cambio en la naturaleza de la vinculación inicial
de los educadores que habían sido nombrados con anterioridad a dicho proceso,
particularmente para aquellos que continuaron su relación legal y reglamentaria sin
interrupción como sucede en el caso de la accionada. 47
Resulta pertinente indicar que la Ley 60 de 199348 estableció que dentro del proceso
de descentralización, y previo el cumplimiento de determinados requisitos, las
entidades territoriales podrían administrar el servicio de educación con cargo al
Situado Fiscal,49 y para ello esos recursos eran cedidos a las entidades territoriales
con destinación específica.
En ese orden, se distribuyeron las competencias educativas entre la Nación y los
entes territoriales, de manera que a los departamentos se les atribuyó la dirección
y administración directa y juntamente con los municipios de los servicios de
educación y los docentes dejaron de ser nacionales y nacionalizados, para
denominarse del departamental, distrital o municipal, según el caso.
Así, el artículo 6 de la mencionada ley dispuso:
El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin
46 Sección Segunda, sentencias del 22 de julio de 2014, radicado 66001233300020120012701, del 21 de junio de 2016,
radicado 2014-00136; del 10 de mayo de 2018, radicado 73001233300020140018501; Sala de Consulta y del Servicio Civil,
Concepto del 14 de diciembre de 2016, radicado 110010306000020160010900.
47 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de septiembre de 2023, radicado 73001-23-33-000-
2019-00120-01 (1887-2022).
48 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los
artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones."
49 Artículo 9. Naturaleza del situado fiscal.<Ley derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001> El situado fiscal,
establecido en el artículo 356, de la Constitución Política, es el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que será
cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de
los servicios públicos de educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 49, 67 y 365 de la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-05655-02 (4495-2018)
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solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91
de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones
o cualesquiera otras clases de remuneraciones.
[…].
A su vez, la Ley 91 de 1989 en su artículo 1 indicó que el personal nacional son los
docentes vinculados por nombramiento del Gobierno nacional, a diferencia de los
nacionalizados y territoriales, que son los vinculados por nombramiento de entidad
territorial.
Por su parte, en los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001, se reiteró que «los
docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos, que
fueron nombrados con el lleno de los requisitos, mantendrán su vinculación sin
solución de continuidad».
Luego, al amparo de la descentralización de la educación, no puede soslayarse
dicha regulación y mucho menos dejar de lado que las características de la
vinculación laboral con la administración se adquieren al momento en que se
profiere el acto de nombramiento y en este se establecen las condiciones jurídicas
del cargo a desempeñar y las repercusiones a las cuales queda sometido el
servidor.50
Bajo esa línea, las condiciones de la vinculación de la demandada no se
modificaron, comoquiera que fue nombrada como docente nacional y esta
designación se mantuvo incólume al no existir ruptura del vínculo laboral. 51
En consecuencia, dado el carácter nacional que tuvo el nombramiento de la señora
Myriam Rodríguez de Guevara, el segundo lapso, comprendido entre el 8 de febrero
de 1977 al 21 de enero de 2008, no resulta válido para reconocer la pensión gracia
50 Al respecto, las sentencias proferidas por la Sección Segunda, Subsección B del 5 de agosto de 2010, radicación 2079-
2009, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; del 29 de marzo de 2012, radicación 1146-2010 C.P. Gerardo Arenas Monsalve
y del 16 de junio de 2015, radicación 68001233100020040276201.
51 En el mismo sentido esta Sala se ha pronunciado recientemente en sentencias del 23 de marzo de 2023, radicación
17001 23 33 000 2015 00695 01 (4210–2017) y del 30 de marzo de 2023, radicación 66001 23 33 000 2016 00084 01
(1985–2018).
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-05655-02 (4495-2018)
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y, por lo tanto, debe confirmarse la decisión del a quo en tanto anuló las resoluciones
que reconocieron dicha prestación.
2.5.2. Devolución de las sumas pagadas a título de mesadas pensionales
La UGPP apeló la sentencia de primera instancia con el fin de que se ordene a la
accionada la devolución de las sumas percibidas por concepto de pensión gracia.
Conforme se explicó con antelación, al tenor del artículo 83 de la Constitución
Política, las actuaciones de los particulares y de las entidades públicas, deben
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presume en todas las actuaciones
que aquellos adelanten ante estas. A su vez, los artículos 132 del CCA y 164 del
CPACA establecen que los actos reconocedores de prestaciones periódicas pueden
demandarse en cualquier tiempo, pero no habrá lugar a recuperar las sumas
pagadas a particulares de buena fe.
Este marco normativo impone a la entidad demandante la carga de probar los actos
fraudulentos del beneficiario para obtener el reconocimiento de un derecho que no
le corresponde. En tal sentido, esta Subsección precisó:52
Acorde con el estudio efectuado en apartes anteriores, para que proceda el reintegro
de prestaciones periódicas pagadas a los particulares de buena fe, se debe probar
por parte de la administración que el demandado incurrió en conductas
deshonestas, fraudulentas, dolosas, motivo por el cual, y, en atención al recurso de
alzada, encuentra la Subsección que no se demostró que la señora González de
Álvarez hubiese incurrido en estas, es decir, que obrase de mala fe.
En efecto, en el sub examine no se acreditó que la libelista haya llevado a cabo
comportamientos que comprometieran la lealtad, rectitud y honestidad, o alguna
situación demostrativa del quebrantamiento al principio constitucional de buena fe.
En ese orden de ideas, la Sala reitera que teniendo la carga probatoria la entidad
demandante para desvirtuar la presunción de buena fe del pensionado, ésta no
demostró que la señora González de Álvarez actuó de mala fe al solicitar el
reconocimiento de la pensión gracia por la extinta Cajanal EICE de acuerdo con lo
dispuesto en la Resolución 16210 del 10 de abril de 2006.
52 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso-administrativo, Subsección A, sentencia del 8 de julio de 2021, radicado:
70001-23-33-000-2015-00433-01.
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Bajo el anterior lineamiento, esta corporación ha negado la solicitud de devolución
de mesadas pensionales, por cuanto «no basta que la entidad exponga la falta de
legalidad del reconocimiento pensional, sino que resulta necesario que aporte todo
el material probatorio tendiente a demostrar que la conducta de la demandada se
apartó del postulado de buena fe, en atención a que este mandato constitucional
está estrechamente ligado a los derechos al buen nombre y la dignidad humana, lo
cual se echa de menos dentro del expediente, contrario sensu, se colige que el
causante, al presentar las peticiones tendientes a obtener el reconocimiento de la
pensión gracia y la acción de tutela, actuó con la convicción de que le asistía el
derecho a ello».53
Conforme a lo expuesto, le correspondía a la entidad accionante demostrar que la
señora Myriam Rodríguez de Guevara, con maniobras y actos fraudulentos, indujo
en error a la administración con el propósito de obtener el reconocimiento de la
pensión gracia. Sin embargo, revisado el expediente, la Sala no observa prueba que
permita evidenciar que esta hubiese omitido o manipulado información respecto de
los tiempos de servicios prestados. Por lo tanto, en este aspecto, el recurso de
apelación interpuesto por la UGPP no se encuentra llamado a prosperar.
2.5. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
53 Ver las las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, subsección B: i) del 8 de febrero de 2018,
radicado 52001-23-33-000-2012-00067-01 (3507-15); ii) del 4 de julio de 2019, radicado 52001-23-31-000-2012-00199-02
(5208-16); iii) del 4 de julio de 2019, radicado 52001-23-31-000-2012-00233-02 (5188-2016); iv) del 6 de febrero de 2020,
radicado 52001-23-31-000-2012-00197-02(3955-16); v) del 21 de mayo de 2020, radicado 47001-23-33-000-2013-00383-
01 (2499-2017); y vi) del 1 de julio de 2022, radicado 52001-23-33-000-2013-00010-02 (2756-2020).
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-05655-02 (4495-2018)
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condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,54 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye que la decisión del a quo se ajustó a las directrices interpretativas que
regían la situación particular de la demandada.
54 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José
Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-05655-02 (4495-2018)
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 9 de mayo de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, parcialmente a
las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP contra la señora Myriam Rodríguez de Guevara.
Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.
Tercero. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
cgg
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