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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-05981-01

Fecha
10 de marzo de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-05981-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2016, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por el señor Michel Jozame Amar, contra el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 46 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». 30 Radicado: 25000 23 42 000 2013 05981 01 (2551-2017) Demandante: Michel Jozame Amar Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2013-05981-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

10 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000 23 42 000 2013 05981 01 (2551-2017)
Demandante: Michel Jozame Amar
Demandado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

Temas: Contrato estatal de prestación de servicios, relación laboral
subyacente o encubierta, solución de continuidad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra
la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2016, por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por medio de la cual se
accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Michel Jozame Amar, mediante apoderado,
formuló demanda en orden a que se declare la nulidad del acto administrativo
presunto derivado del silencio administrativo negativo respecto de la petición
presentada el 15 de abril de 2013, en que solicitó a la Agencia Presidencial Para la
Acción Social y la Cooperación Internacional el reconocimiento de una relación

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000 23 42 000 2013 05981 01 (2551-2017)
Demandante: Michel Jozame Amar

laboral.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) declarar que entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social y el demandante existió una relación laboral desde el año 2007 hasta el 31
de marzo de 2012; ii) reconocer y pagar las prestaciones sociales derivadas de la
condena anterior; iii) condenar al pago de las costas y agencias en derecho
conforme lo dispone el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011; iv) cumplir la
sentencia en los términos de los artículos 187 y 192 ibidem; v) declarar «que no ha
operado la prescripción de derechos y de las indemnizaciones respectivas al tenor
de la jurisprudencia nacional vigente».

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

i) El señor Michel Jozame Amar celebró contratos de prestación de servicios con
la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
(Acción Social), hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,
entre el 2 de enero de 2007 y el 31 de marzo de 2012.

ii) Pese a que en varios de los contratos ejecutados hubo continuidad en el tiempo,
estuvo sometido al cumplimiento de horarios, instrucciones y subordinación, en
relación con ellos solo recibió como retribución los valores pactados a título de
honorarios, pues nunca reconocieron ni pagaron prestaciones sociales,
económicas o asistenciales.

iii) El 15 de abril de 2013, solicitó a la entidad el reconocimiento de la relación
laboral; sin embargo, esta guardó silencio, por lo que se configuró el silencio
administrativo negativo.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

2

Radicado: 25000 23 42 000 2013 05981 01 (2551-2017)
Demandante: Michel Jozame Amar

Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 23, 25, 53 y 83 de la Constitución
Política; y 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
siguientes argumentos:1

i) En la relación jurídica que existía entre el señor Michel Jozame Amar y el
demandado se materializaron los elementos que configuran la relación laboral,
puesto que prestaba sus servicios personales, recibía una remuneración como
contraprestación y se sometía a una continua subordinación.

ii) El demandante cumplía un horario, el cual era determinado por el área
administrativa de la entidad, la jornada laboral era de 8 am a 5:30 pm, y en
algunas ocasiones se prolongaba. Además, tenía asignada una oficina con
escritorio fijo e inventariado, equipo de cómputo, clave personal institucional y
acceso privado a aplicativos del sistema de gestión integral.

iii) Para que se procediera con el pago, requería de una certificación del supervisor
del contrato en donde constaba el cumplimiento de las obligaciones establecidas.

1.2. Contestación de la demanda

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, por intermedio de
apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se
expresan a continuación:2

i) El demandante tenía certeza de su condición de contratista, como se advierte de
las facturas de venta que presentaba ante la entidad. En los contratos se pactó,
entre otras, lo concerniente a la supervisión del contrato; al respecto, el hecho de
que se exija la presentación de informes de actividades o que se lo designe como
supervisor de otros contratos o convenios no puede valorarse como causal de
subordinación y dependencia. En efecto, para el año 2007, la designación de

1 Folios 130 a 165.
2 Folios 197 a 208

3

Radicado: 25000 23 42 000 2013 05981 01 (2551-2017)
Demandante: Michel Jozame Amar

supervisor no era exclusiva para el personal de planta, obligaciones que estaban
descritas en cada uno de los acuerdos de voluntades. El hecho de que el
contratista reciba instrucciones, realice su labor en las instalaciones de la entidad
o tenga la obligación de cumplir un horario no es suficiente para que se configure
la subordinación.

ii) En los contratos celebrados se estipuló que estos estarían sujetos a las
regulaciones de la Ley 80 de 1993 y en las actas de liquidación de los años 2007 a
2010, las partes declararon estar a paz y salvo por todo concepto, para las
vigencias 2011 a 2012 no se elaboraron actas en aplicación del artículo 217 del
Decreto 019 de 2012

iii) Cada uno de los contratos suscritos tenían un objeto distinto, es decir, las
actividades que debía ejecutar el demandante diferían una de otra, lo que rompe
la permanencia o continuidad en el servicio.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia proferida el 17 de noviembre de 2016, declaró la existencia de
una relación laboral entre el señor Michel Jozame Amar y el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social en los siguientes periodos: i) entre el 2
de enero y el 31 de diciembre de 2007; ii) del 28 de enero al 31 de diciembre de
2008; iii) entre el 3 de febrero y el 31 de diciembre de 2009; iv) del 20 de enero al
31 de diciembre de 2010; v) entre el 18 de febrero y el 31 de diciembre de 2011; y
vi) del 24 de enero al 31 de marzo de 2012. Para tal efecto, se pronunció en estos
términos:3

i) Está demostrado que el demandante prestó sus servicios a la entidad
demandada desde el año 2007 hasta el 2012, y el objeto de varios de los negocios
jurídicos celebrados fue el de «prestar a Acción Social, por sus propios medios,
con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales como
profesional de apoyo al seguimiento, planificación, monitoreo y evacuación del
3 Folios 285 a 297.

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Radicado: 25000 23 42 000 2013 05981 01 (2551-2017)
Demandante: Michel Jozame Amar

Programa Paz y Desarrollo y Laboratorios de Paz, para coadyuvar a la recolección
de información que permita verificar el cumplimiento de los objetivos del programa
y mejorar las condiciones de acompañamiento y supervisión de proyectos».

ii) A su vez se demostró, mediante el memorando del 23 de octubre de 2007, que
le asignaron múltiples funciones al demandante, entre las que se encuentra la de
actuar como interventor del convenio de cooperación 140 de 2007, y le «otorga la
capacidad para adoptar muchas decisiones administrativas propias de las
funciones de un servidor público vinculado por medio de norma legal y
reglamentaria». Además, la entidad demandada, en la contestación de la
demanda, acepta que el demandante ejercía funciones de supervisión y vigilancia
en la ejecución de contratos, aunque previene que estas no implicaban
subordinación.

iii) Del interrogatorio de parte se evidencia que el señor Jozame Amar prestó sus
servicios durante jornadas diarias ampliadas y sin atender un límite determinado
durante varios contratos, al punto que siempre fue responsable de abrir las
instalaciones, circunstancias que soportan la dependencia o subordinación
«aunque no tuviese un superior jerárquico que le impartiera órdenes; pues según
el relato hecho se le encomendaron esas responsabilidad aunque por fuera del
texto normativo de los contratos correspondientes».

Además, se señaló por parte de los testigos que para que se procediera al pago
debían pasar un informe mensual al supervisor, «si este lo aceptaba era porque
estaban cumpliendo las funciones»; que tenían un coordinador de grupo, un
cubículo por computador, clave determinada y línea telefónica asignada para 4 o 6
personas; que el demandante ejercía actividades administrativas como la compra
de los tiquetes de los empleados que se desplazaban a otros lugares, la
supervisión en el desarrollo de las funciones de las personas de aseo y el control
de los pagos de estos empleados.

iv) Las razones expuestas evidencian la configuración de los elementos que
caracterizan una relación laboral que no está afectada por el fenómeno de la

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Demandante: Michel Jozame Amar

prescripción, dado que la demanda fue incoada dentro de los 3 años siguientes a
la terminación del último contrato.

1.4. El recurso de apelación

El Departamento administrativo de la Prosperidad Social, por conducto de
apoderado, interpuso recurso de apelación4 y lo sustentó así:

i) Por su calidad de contratista independiente, el demandante no tiene derecho a
percibir emolumentos que se generan como consecuencia de una relación de
trabajo, toda vez que no se demostró de manera incontrovertible la subordinación
y dependencia. De tal manera que no deben reconocerse las prestaciones
sociales ordenadas por el a quo, pues, en términos de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia5 «para ostentar la calidad de empleado
público es necesario que medie acto administrativo de nombramiento, tomar
posesión del cargo, que la planta de personal contemple el empleo y que exista
disponibilidad presupuestal para atender el servicio».

ii) El demandante gozó de plena autonomía técnica y administrativa en el
desarrollo de sus funciones como contratista, cumplió a cabalidad los
requerimientos administrativos para hacer efectivos los cobros de los honorarios
que le correspondía, y realizó los respectivos aportes a seguridad social de
manera independiente; situación que pone de presente el entendimiento del que
gozaba de su condición. Este argumento se respalda a partir del testimonio de
Álvaro Alejandro Chaves.

iii) Para cumplir el objeto contractual era necesario que se realizara una
concertación entre las partes, lo que representa una efectiva coordinación entre
ellos. Esta situación se extiende al factor de cumplimiento de un horario. Además,
la testigo Lina Sofía Torres afirmó que no se cumplía un horario y que los
permisos solicitados por los contratistas eran aceptados sin ningún problema.

4 Folios 304 a 312.
5 Se refirió a una Sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral con ponencia de la magistrada Clara

Cecilia Dueñas, sin embargo, no identificó la sentencia ni el número del proceso.

6

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Demandante: Michel Jozame Amar

iv) De acuerdo con el objeto social propio de la entidad, la modalidad de contrato
suscrito entre el señor Jozame Amar y la demandada se constituía en el medio
idóneo, dadas sus aptitudes y experiencia profesional. Al respecto, el numeral 4.º
del artículo 3 de la Ley 368 de 1997 es explícita en mencionar la promoción y
financiación de los proyectos relacionados con el objeto de la entidad, por lo que
«es inocuo llegar a pensar que una entidad de tal envergadura pueda cumplir con
los presupuestos que por Ley les son asignados y que la misma globalización
exige hoy en día sin la presencia de personal idóneo para desempeñar el proceso
de recolección de información» que permita el cumplimiento de su objeto.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. El demandante

El señor Michel Jozame Amar, por conducto de apoderado, solicitó que sea
confirmada la sentencia apelada con fundamento en lo sostenido en el libelo
introductorio.6

1.5.2. La demandada

El Departamento Administrativo de la Prosperidad Social guardó silencio, según se
desprende de la constancia secretarial del 6 de marzo de 2018.7

1.6. El ministerio público

El procurador segundo delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el
que solicitó modificar la sentencia de primera instancia, por las razones que se
indican a continuación:8

i) La subordinación se demostró en forma incontrovertible a través del memorando
suscrito por el coordinador línea transversal Jurídica Paz y Desarrollo y
Laboratorios de Paz, quien dio instrucciones al demandante, órdenes o

6 Folio 355 a 356 y 357 a 359.
7 Folio 370.
8 Folios 360 a 369.

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Demandante: Michel Jozame Amar

lineamientos que en tratándose de contratos de prestación de servicios, requieren
de otrosí o adendas.

ii) El pago que ordena el a quo sobre las prestaciones sociales es a manera de
restablecimiento del derecho, sin que por ello se adquiera el estatus de empleado
público.

iii) «Visto el clausulado de los contratos de prestación de servicios (primera
objeto), las labores de logística desplegadas por el demandante, [se] cuestiona el
conocimiento especializado al cual alude el apoderado en la apelación».

iv) Debe abordarse el análisis de la prescripción de conformidad con la sentencia
de unificación del Consejo de Estado del 25 de agosto de 2016.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer si entre el señor Michel Jozame Amar y el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, existió una verdadera
relación laboral que tenga como consecuencia el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales que no devengó durante el tiempo en que permaneció
vinculado contractualmente.

2.2. Marco normativo

De conformidad con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, de 9 de
septiembre de 2021, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el marco
normativo y jurisprudencial para determinar la existencia de las relaciones
laborales encubiertas o subyacentes es el siguiente:

El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 declara como valores, objetivos y
principios de la Nación «la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad,
el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que asegure un orden político, económico y social justo». A su vez,

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Demandante: Michel Jozame Amar

los artículos 13 y 25 ejusdem desarrollan, como derechos fundamentales, la
igualdad y el trabajo digno:

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un
trabajo en condiciones dignas y justas.

Aunado a estos preceptos, el artículo 53 constitucional consagra como derechos
fundamentales de los trabajadores, entre otros, los siguientes: i) igualdad de
oportunidades; ii) remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; iii) estabilidad en el empleo; iv) irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales; v) facultades para transigir
y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; vi) situación más favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho; y, vii) primacía de la realidad sobre formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales.

Ahora, el mismo artículo 53, además, expresa que los convenios internacionales
sobre el trabajo, debidamente ratificados por el Estado, forman parte de la
legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). En ese sentido, en el
ámbito del derecho internacional, la igualdad laboral fue consagrada por la
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-9 a través del
principio de «salario igual por un trabajo de igual valor», el cual fue
desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la misma organización 10, en
cuya virtud «todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a
formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar
cualquier discriminación a este respecto».

9 Aprobada el 11 de abril de 1919.
10 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.

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Demandante: Michel Jozame Amar

Asimismo, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José́ de Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de
San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San
Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual, en sus artículos 6 y 7, consagra el
derecho al trabajo como «(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar una
vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente
escogida o aceptada», de manera que todos los Estados parte deben garantizar,
como mínimo, «(...) unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias (...)», y, en
particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un
salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

Las disposiciones citadas generan al Estado colombiano el deber de otorgar esas
garantías mínimas para la materialización del derecho al trabajo, pues los artículos
1 y 2 del citado Protocolo de San Salvador16 establecieron la obligación de los
Estados parte de adoptar las medidas necesarias en su ordenamiento interno,
para efectivizar los derechos que en el Protocolo se reconocen, entre ellos, el
trabajo. En consecuencia, ni la ley, ni mucho menos los contratos, los acuerdos o
los convenios laborales pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana o los
derechos de los trabajadores en Colombia.

Retornando al ordenamiento nacional, el artículo 122 de la Constitución, al señalar
que «no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o
reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el
presupuesto correspondiente», define una característica esencial de las relaciones
laborales de naturaleza legal y reglamentaria y constituye fundamento
constitucional para prohibir la suscripción de contratos de prestación de servicios
para vincular personas en el desempeño de funciones propias o permanentes de
las entidades estatales.

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Radicado: 25000 23 42 000 2013 05981 01 (2551-2017)
Demandante: Michel Jozame Amar

A su turno, el Código Sustantivo de Trabajo, en sus artículos 23 y 24, recoge a
nivel legal, como elementos que configuran la relación laboral, los siguientes: i) la
actividad personal del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependencia
del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario como retribución del
servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la
existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta
de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el
ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado.

Así las cosas, con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado
la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a
falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el
ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado.

2.2.1. El contrato estatal de prestación de servicios

El contrato estatal de prestación de servicios, por ser uno de los instrumentos de
gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración
para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del
Estado, es un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el estatuto
general de contratación pública; se trata, por tanto, de un contrato típico, pues está
definido en el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece
lo siguiente:

3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.
Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable.

11

Radicado: 25000 23 42 000 2013 05981 01 (2551-2017)
Demandante: Michel Jozame Amar

Adicionalmente, la regulación del contrato de prestación de servicios ha sido
complementada por otras disposiciones legales y reglamentarias, entre las cuales
destacan las contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en los decretos reglamentarios
855 de 1994, 1737, 1738 y 2209 de 1998, 2170 de 2002, 66 de 2008, 2474 de
2008, 2025 de 2009, 4266 de 2010 y 734 de 2012; muchas de ellas modificadas,
subrogadas, derogadas e incluso compiladas en el Decreto 1082 de 2015, 11 cuyo
Libro 2, Parte 2, Título 1, reúne, hoy en día, la mayor parte de las disposiciones
reglamentarias de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

Así pues, con base en las anteriores disposiciones de rango legal y reglamentario
que complementan su regulación, y de un amplio acervo jurisprudencial de esta
corporación, se pueden considerar como características del contrato estatal de
prestación de servicios las siguientes:

i) Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para desarrollar
«actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad», y no cabe
su empleo para la cobertura indefinida de necesidades permanentes o recurrentes de esta.

ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos casos, la
entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no puedan
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados».12

iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o
dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina que «En
ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales».13

A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del
objeto contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de
recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes.

11 «Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación
nacional»,
12 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un

apoyo externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento
especializado necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
13 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que

en la práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para
perfeccionarlo rige el principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte
Constitucional, en sentencia C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del
numeral 3º del artículo 32, indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley
exequibles, salvo que se acredite por parte del contratista la existencia de una relación laboral subordinada».

12

Radicado: 25000 23 42 000 2013 05981 01 (2551-2017)
Demandante: Michel Jozame Amar

2.2.2. Criterios para identificar la existencia de una relación laboral
encubierta o subyacente por contratos de prestación de servicios

Si bien el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 establece que los contratos
de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la
obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales, la jurisprudencia de
esta corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que tal disposición no es
aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos de un contrato de
trabajo.

Esto es así, en virtud del mandato superior (artículo 53) que consagra la
prevalencia de la realidad frente a las formas, caso en el cual debe concluirse que
si bajo el ropaje externo de un contrato de prestación de servicios se esconde una
auténtica relación de trabajo, esta da lugar al surgimiento del deber de retribución
de las prestaciones sociales a cargo de la Administración. No obstante, aun
cuando se acrediten los mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que
emerge entre el contratista y la entidad es una relación laboral, por lo que, en
ningún caso, será posible darle la categoría de empleado público a quien prestó
sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo 122 de la
Carta Política.14

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala conjuntó las siguientes manifestaciones
como parámetros o indicios de la auténtica naturaleza que subyace a cada
vinculación contractual.

2.2.2.1. Los estudios previos. En el caso del contrato estatal de prestación de
servicios profesionales, que es la modalidad que se examinó en el marco de la
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, el análisis del sector depende del
objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y/o experiencia que permiten
contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones de desarrollarlo.

14 Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-

000-2001-05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez

13

Radicado: 25000 23 42 000 2013 05981 01 (2551-2017)
Demandante: Michel Jozame Amar

No obstante, al ser un contrato temporal, el término por el cual se celebra debe
estar consignado en los estudios previos dentro del objeto contractual.

Sobre el particular, en la citada sentencia de unificación se precisó lo siguiente:

[…] para poder determinar si los contratos de prestación de servicios celebrados con un
mismo contratista, de manera continuada o sucesiva, guardan entre sí rasgos inequívocos
de identidad, similitud o equivalencia, que permitan concluir que todos ellos forman parte
de una misma cadena o tracto negocial de carácter continuado y permanente, que
desborda el «término estrictamente indispensable» del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los
demandantes deberán demostrar, con fundamento en los estudios previos y demás
documentos precontractuales y contractuales, que el objeto de dichos contratos, las
necesidades que se querían satisfacer, las condiciones pactadas al momento de su
celebración y las circunstancias que rodearon su ejecución, develan la subyacencia de una
verdadera relación laboral encubierta y el consiguiente desconocimiento de sus derechos
laborales y prestacionales, por haber fungido, en la práctica, no como simples contratistas,
autónomos e independientes, sino como verdaderos servidores en el contexto de una
relación laboral de raigambre funcionarial.

2.2.2.2. Subordinación continuada. De acuerdo con el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye
el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o
cantidad de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación
del servicio.15

A este respecto, como indicios de la subordinación, la sentencia consolidó las
siguientes circunstancias:

i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad
para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de
una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la Sala Plena estimó
necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador debe valorarla, en cada caso
concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de planta.

ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada de
trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación, y, por
consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 24 de abril de 2019; radicado 08001-23-

33-000-2013-00074-01(2200-16); C.P. William Hernández Gómez.

14

Radicado: 25000 23 42 000 2013 05981 01 (2551-2017)
Demandante: Michel Jozame Amar

Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) habitualmente
requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si
bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la
existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en
función del objeto contractual convenido.

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través de la
exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de
disciplina o del ius variandi,16 la dirección y control efectivo de las actividades del
contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia o no
del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su
inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera que
demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a
cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que
exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la
entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación con el
contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de subordinación.

iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado
consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas,
semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o
empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación
laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

2.2.2.3. Prestación personal del servicio. Como personal natural, la labor
encomendada al presunto contratista debe ser prestada de forma personal y
directamente por este;17 pues, gracias a sus capacidades o cualificaciones
profesionales, fue a él a quien se eligió y no a otro; por lo que, dadas las
condiciones para su ejecución, el contratista no pudo delegar el ejercicio de sus
actividades en terceras personas.18

2.2.2.4. Remuneración. Por los servicios prestados, el presunto contratista ha
debido recibir una contraprestación económica, con independencia de si la entidad
contratante fue la que directamente la realizó. Lo importante aquí es el carácter fijo
o periódico de la remuneración del trabajo. En la práctica, esta retribución recibe el
nombre de honorarios, los cuales pueden acreditarse a través de los recibos que,
16 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs.

54 y 55.
17 Código Sustantivo del Trabajo, literal b) del artículo 23: [Es uno de los elementos esenciales del contrato de

trabajo] «La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo».
18 Al respeto, véase, entre otras sentencias, la del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; de 1

de marzo de 2018; radicado 2013-00117-01 (3730-2014); C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

15

Radicado: 25000 23 42 000 2013 05981 01 (2551-2017)
Demandante: Michel Jozame Amar

por dicho concepto, enseñen los montos que correspondan a la prestación del
servicio contratado.

2.2.3. Reglas de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021

2.2.3.1. Primera regla. El «término estrictamente indispensable», al que alude
el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tiene lugar en la fase
precontractual, pues es en esta donde la entidad contratante aproxima, en función
del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima
«imprescindible» para su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato
debe ser por el tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y
este debe estar sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación
práctica «en la elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio
jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones
que justifiquen que la Administración recurra a un contrato de prestación de
servicios».19

En ese sentido, la Sala unificó el sentido y alcance del «término estrictamente
indispensable» como aquel que aparece expresamente estipulado en la minuta
del contrato de prestación de servicios, que de acuerdo con los razonamientos
contenidos en los estudios previos, representa el lapso durante el cual se espera
que el contratista cumpla a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que
de él se derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan
acordarse para garantizar su cumplimiento.

Sumado a lo anterior, no puede olvidarse que el principio de planeación está
relacionado directamente con el principio de legalidad, cuya observancia en la
formulación de los documentos que conforman la etapa precontractual, en cada
proceso de selección pública, es manifestación de una correcta y trasparente
planeación. En este sentido, la exigencia de introducir un «término estrictamente
indispensable» para la ejecución del objeto convenido en la etapa precontractual
no es un requisito de forma; es un elemento esencial del principio de planeación –

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; sentencia de 2 de diciembre de 2013; radicado 11001-

03-26-000-2011-00039-00(41719); C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

16

Radicado: 25000 23 42 000 2013 05981 01 (2551-2017)
Demandante: Michel Jozame Amar

y en consecuencia del de legalidad- en cuanto determina la duración del negocio
jurídico.20

2.2.3.2. Segunda regla. La Sala consideró adecuado establecer un periodo de
treinta (30) días hábiles como indicador temporal de la no solución de
continuidad entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se
itera, constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada
caso y de acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario,
habrá de determinar si se presentó o no la rotura del vínculo que se reputa laboral.

Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 80 de
1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una misma
persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una auténtica
relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el contrato anterior
y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie la ejecución del
otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y cuando se constate
que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares
y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades.

Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los efectos
jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de haberse
presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la prescripción de los
derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el evento contrario, el
juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto de algunos de los
contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el reconocimiento de los
derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen podido generarse.

Asimismo, en la sentencia se reiteró que «(...) cualquier asunto que involucre
periodos contractuales debe analizarse siguiendo los parámetros que la Sentencia
de Unificación del 25 de agosto de 2016, [Expediente 0088-15, CESUJ2, C.P.
Carmelo Perdomo Cuéter], la cual estableció, a efectos de declarar probada la
excepción de prescripción en los contratos de prestación de servicios», lo
siguiente:

(…) en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización,

20 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, expediente: 16.130.

17

Radicado: 25000 23 42 000 2013 05981 01 (2551-2017)
Demandante: Michel Jozame Amar

puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente
la vocación de permanencia en el servicio.
[...]

(…) quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en
consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de
la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término
de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual. (Negrillas
fuera del texto)

En suma, la tesis que actualmente impera en la Sección Segunda, en materia de
prescripción de derechos derivados del contrato realidad (o relación laboral
encubierta o subyacente), es que esta tiene ocurrencia, exclusivamente, cuando
no se presenta la reclamación del derecho, por parte del contratista, dentro de los
3 años siguientes a la terminación del vínculo develado como laboral.21

2.2.3.3. Tercera regla. Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda
consideró «improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social
en salud efectuados por el contratista en exceso», por «constituir estos aportes
obligatorios de naturaleza parafiscal». Lo anterior, comoquiera que el contratista
debe sufragar dicha contribución, en tanto está obligado por la ley a efectuarla, y,
por lo tanto, no es procedente ordenar su devolución, aunque se haya declarado la
existencia de una relación laboral encubierta.

Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos
de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270
y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía
judicial y administrativa. En tal virtud, se procede a resolver el caso concreto a la
luz de dichos parámetros.

2.3. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro el proceso, se establece
lo siguiente:

21 En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección Segunda aclaró que el término de

la solución de continuidad unificado solo cobra relevancia si se configuran los elementos establecidos en el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación laboral cuya duración
deba ser examinada.

18

Radicado: 25000 23 42 000 2013 05981 01 (2551-2017)
Demandante: Michel Jozame Amar

El señor Michel Jozame Amar tuvo las siguientes vinculaciones con el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social:

Fecha Fecha
núm. Duración Objeto
inicio terminación
Prestar a ACCIÓN SOCIAL, por sus propios
medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios profesionales como
7 31 de Profesional de apoyo al seguimiento,
2 de enero 11 meses
(Folios diciembre de planificación, monitoreo y evacuación del
de 2007 29 días
21 a 25) 2007 Programa Paz y Desarrollo y Laboratorios de
Paz, para coadyuvar en la recolección de
información que permita verificar el
cumplimiento y supervisión de los proyectos.
El CONTRATISTA se obliga a prestar a ACCIÓN
SOCIAL, por sus propios medios, con plena
autonomía técnica y administrativa, sus servicios
483 31 de Profesionales en el Programa Paz y Desarrollo y
11 de enero 11 meses
(Folios diciembre de Laboratorios de Paz, para que coordine la línea
de 2008 20 días
26 a 30) 2008 Transversal de Gestión Administrativa del
Programa atendiendo las normas de las fuentes
de financiación, entre estas, del Banco Mundial,
la Unión Europea, y la legislación local nacional.
Prestar a ACCIÓN SOCIAL, por sus propios
medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios Profesionales en
Grupo Paz y Desarrollo para que bajo la
649 31 de orientación del Coordinador del Programa y la
2 de enero 11 meses
(Folios diciembre de Dirección Técnica y Operativa que coordine de
de 2009 29 días
31 a 35) 2009 la línea Transversal de Gestión Administrativa
del Programa atendiendo las normas de las
fuentes de financiación, entre estas, del Banco
Mundial, la Unión Europea, y la legislación local
nacional.
Prestar a ACCIÓN SOCIAL, por sus propios
medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios Profesionales como
Asesor de Gestión y Operación, para que se
lleve a cabo la correcta implementación del
modelo organizacional con eje en el talento
humano GPTW “Great place to work”, así como
186 31 de apoyar la interacción del grupo con las áreas y
7 de enero 11 meses
(Folios diciembre de procesos nacionales y territoriales de la entidad,
de 2010 24 días
36 a 41) 2010 de acuerdo con los lineamientos de la
Coordinación General, Técnica y de
Operaciones del Grupo Desarrollo y Paz, en
estrecha relación con las estrategias propias de
los proyectos y programas vinculados a este
grupo y en el marco de los lineamientos
establecidos por la Alta Dirección de la Entidad,
y las fuentes de financiación de los mismos.
Prestar a ACCIÓN SOCIAL, por sus propios
medios, con plena autonomía técnica y
administrativa, sus servicios Profesionales para
1070 31 de
31 de enero brindar asesoría estratégica y especializada a la
(Folios diciembre de 11 meses
de 2011 Coordinación y al Grupo Desarrollo y Paz en el
42 a 50) 2011
direccionamiento estratégico, la estrategia de
institucionalización interna y la generación de
alianzas y articulación territorial con los

19

Radicado: 25000 23 42 000 2013 05981 01 (2551-2017)
Demandante: Michel Jozame Amar

programas misionales de Acción Social para la
generación de valor agregado a los procesos y
territorios que se acompañan, así como,
contribuir y colaborar en el desarrollo de las
diferentes actividades propias de esta
dependencia, y los demás programas a su
cargo.
Prestar al Departamento para la Prosperidad
Social, por sus propios medios, con plena
autonomía técnica y administrativa, sus servicios
profesionales en el Grupo Paz Desarrollo y
763 Estabilización, y para coordinar y liderar el grupo
24 de enero 31 de marzo 2 meses
(Folios administrativo y demás acciones requeridas, de
de 2012 de 2012 7 días
51 a 60) acuerdo con las orientaciones y disposiciones
del Coordinador General del GPDE, así como,
contribuir y colaborar en el desarrollo de las
diferentes actividades propias de esta
dependencia.

El 23 de octubre de 2007, el director general de la Agencia Presidencial para la
Acción Social la Cooperación Internacional remitió un memorando al demandante
en el que señaló:22

Tal como lo establece la Cláusula de “SUPERVISIÓN”, usted ha sido designado como
supervisor del Convenio de Cooperación No 140/07 suscrito con entre (sic) LA AGENCIA
PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.

Para el efecto, las actividades que le competen en razón de tal designación, son las
siguientes:

[…]

En ejercicio de la supervisión deberán tenerse en cuenta todas las actividades y
obligaciones establecidas en el Manual de Supervisión del Programa Paz y Desarrollo y
Laboratorios de Paz.

A su vez, es preciso que las instrucciones y órdenes impartidas en el ejercicio de tales
funciones consten por escrito.

Nos permitimos informarle que el número de Registro Presupuestal es el 79 de fecha 15 de
junio de 2007.

El 15 de abril de 2013, el señor Michel Jozame Amar solicitó al director del
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social el reconocimiento y pago
de todas las prestaciones sociales derivadas de la relación laboral que tuvo con la
entidad.23

22 Folios 92 y 93.
23 Folios 1 a 20.

20

Radicado: 25000 23 42 000 2013 05981 01 (2551-2017)
Demandante: Michel Jozame Amar

El 26 de agosto de 2013, el coordinador del Grupo de Trabajo Administración de
Talento Humano informó al demandante que su vinculación con la entidad se
realizó a través de contratos de prestación de servicios que no genera relación
laboral y, por lo tanto, no procede el reconocimiento de prestaciones sociales.24

El 3 de octubre de 2015, se celebró la audiencia de pruebas en la que se recibió
los testimonios de Álvaro Alejandro Chaves Mejía y Lina Sofía Torres, y se
interrogó a Michel Jozame Amar.25

Valga precisar que si bien el demandante solicitó que se escuchara el testimonio
de los señores Jorge Hernán Zuluaga Pérez y Adaimer Toro Echeverri,26 en la
audiencia inicial celebrada el 17 de marzo de 2015, desistió de esa petición.27

Obran en el expediente sendos correos electrónicos remitidos entre el
demandante y diferentes agencias de viajes entre los años 2008 a 2009.28

Asimismo, se advierte que el señor Jozame Amar tramitó ante la coordinadora del
Área Gestión de Talento Humano la cuenta de cobro del contratista Néstor Tous
España;29 remitió al Área Financiera de Cordepaz Villavicencio (Meta) una
solicitud de comisión de Lilia Mercedes Córdoba Rojas;30 apoyó al coordinador
Línea Transversal Jurídica de la UCP (Unidad Coordinadora del Proyecto de Paz y
Desarrollo) con los trámites de liquidación de unos contratos «en la búsqueda y
traslado» de carpetas a las áreas competentes.31

Además, informó sobre los registros presupuestales de Paz y Desarrollo
correspondientes al año 2011;32 recibió información sobre el personal para
mantenimiento preventivo a equipos de cómputo;33 realizó una propuesta de

24 Folios 126 y 127.
25 Folios 263 a 265 y CD a folio 166.
26 Folio 163.
27 Folio 238 a 240.
28 Folios 94, 97 a 99, 101 y 102, 108 y 109 y 118 a 122.
29 Folios 105
30 Folio 106.
31 Folio 107.
32 Folio 110.
33 Folio 122.

21

Radicado: 25000 23 42 000 2013 05981 01 (2551-2017)
Demandante: Michel Jozame Amar

suministros técnicos «en el marco de AFROPAZ», para ser radicada en la oficina de
sistemas;34 y, en calidad de supervisor, emitió un concepto técnico final sobre el
Convenio Interadministrativo 161 de 2008, suscrito entre Acción Social y la
Universidad Nacional de Colombia.35

2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

A fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario
señalar que el recurso de apelación se formula contra la sentencia del 17 de
noviembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, a través de la cual se accedió a las pretensiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurada contra el
acto administrativo presunto derivado del silencio administrativo negativo respecto
de la petición del 15 de abril de 2013, en que solicitó a la Agencia Presidencial
Para la Acción Social y la Cooperación Internacional el reconocimiento de una
relación laboral y el pago de las correspondientes prestaciones sociales.

Los motivos de inconformidad se contraen a señalar que, contrario a lo afirmado
en la sentencia, no se acreditaron los elementos que caracterizan las relaciones
laborales, luego esta pretensión debe denegarse.

Así las cosas, para resolver la alzada se deben resolver los siguientes
interrogantes:

2.4.1. ¿Existió entre el señor Michel Jozame Amar y el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social una relación laboral encubierta
que permita el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que no
devengó durante el tiempo en que permaneció vinculado contractualmente?

De acuerdo con el material probatorio que obra dentro del expediente, se tiene
que el demandante estuvo vinculado por más de cinco años con la entidad
demandada, desarrollando un objeto similar en cada contrato (indicio del carácter

34 Folios 103 y 104.
35 Folios 95 y 96.

22

Radicado: 25000 23 42 000 2013 05981 01 (2551-2017)
Demandante: Michel Jozame Amar

permanente de sus funciones); sin embargo, la relación que los unió no reúne los
elementos propios del contrato de trabajo, específicamente el de la subordinación,
tal como se precisa a continuación:

2.4.1.1. Prestación personal del servicio

En primer lugar, el demandante acreditó la prestación personal del servicio, a
través de los 6 contratos suscritos, los cuales se detallaron en el acápite de
hechos probados de esta providencia.

En segundo lugar, se encuentra que el señor Jozame Amar tuvo dentro de sus
funciones las de apoyar al seguimiento, planificación, monitoreo y evacuación del
Programa Paz y Desarrollo y Laboratorios de Paz; llevar a cabo la correcta
implementación de un modelo organizacional con eje en el talento humano en el
marco de ese programa; así como brindarle asesoría estratégica y especializada.
Estas funciones revelan que las actividades fueron desarrolladas por el
demandante y no a través de otra persona.

En tercer lugar, los contratos de prestación de servicios y las vinculaciones que se
mencionaron revelan la vocación personalísima de las actividades que el señor
Michel Jozame Amar debía desarrollar, pues siempre se requirió la prestación de
«sus servicios Profesionales» «por sus propios medios», tal y como se advierte del
objeto de cada uno de los contratos.

2.4.1.2. Remuneración

El elemento que se somete a comprobación es el relacionado con el pago de un
salario periódico al demandante. En el sub lite, queda acreditada la remuneración
efectuada mensualmente por la referida entidad con los contratos de prestación de
servicios, documentos que se constituyen en prueba suficiente para probar la
contraprestación que percibía por los servicios prestados.

2.4.1.3. Subordinación continuada

23

Radicado: 25000 23 42 000 2013 05981 01 (2551-2017)
Demandante: Michel Jozame Amar

Siguiendo los criterios consolidados en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-
S2-2021, son indicios de la subordinación ciertas circunstancias que permiten
determinar su existencia, entre estas, las siguientes:

i) El lugar de trabajo: En el presente asunto el demandante sostuvo que prestaba
sus servicios personales al interior del Departamento Administrativo de la
Prosperidad Social, pues se encargaba de los asuntos administrativos y logísticos
del programa, tales como el manejo, mantenimiento y reposición de equipos, la
ordenación de servicios generales; el suministro de insumos; la coordinación de
tiquetes aéreos de los demás contratistas; e incluso las claves de acceso al
ascensor y las llaves de las puertas de la entidad.

En efecto, la Sala advierte de las pruebas documentales que obran en el
expediente, que el señor Jozame Amar remitió sendos correos electrónicos a
diferentes agencias de viajes entre los años 2008 a 2009; tramitó la cuenta de
cobro de otro contratista a efectos de que se procediera a su pago; remitió una
solicitud de comisión; informó sobre los registros presupuestales de Paz y
Desarrollo correspondientes al año 2011; recibió información sobre el personal
para mantenimiento preventivo a equipos de cómputo y realizó una propuesta de
suministros técnicos.

No obstante, si bien los testigos Lina Sofía Torres Llorente y Álvaro Alejandro
Chaves Mejía fueron coincidentes en señalar que contaban con escritorios de
trabajo, también sostuvieron que los contratistas tenían libertad de asistir o no al
lugar de trabajo en tanto que era posible desarrollar las actividades fuera de la
entidad.

De esta manera, la Sala encuentra que las actividades desplegadas por el señor
Jozame Amar no llevan al convencimiento de que su labor debía desarrollarse
indispensablemente en el lugar de trabajo definido por la demandada, pues varias
de estas gestiones se realizaron a través de correos electrónicos y las demás, en
todo caso, no dan cuenta de que estas implicaran su presencia permanente en el
lugar.

24

Radicado: 25000 23 42 000 2013 05981 01 (2551-2017)
Demandante: Michel Jozame Amar

ii) El horario de labores: De los contratos de prestación de servicios y demás
pruebas documentales no se desprende que el demandante estuviera supeditado
al cumplimiento de horarios y/o turnos de trabajo y las declaraciones recaudadas
coinciden en señalar que el tiempo para el ejercicio de las funciones era de libre
escogencia del contratista;36 que, en esa medida, no cumplían un horario, salvo
aquellos eventos en los que debieran estar en la entidad para desarrollar ciertas
actividades específicas pero nunca se impuso uno por parte del coordinador.37

Además, Lina Sofía Torres Llorente indicó que «no había un procedimiento
establecido para el tema de permisos, simplemente si uno no iba a ir al trabajo
decía que no iba o no iba a estar y ya».38 Valga señalar que aunque la testigo
manifestó que el señor Jozame Amar tenía las llaves de las oficinas y que «en el
momento en que alguien se quedara hasta más tarde se le debía solicitar»,
precisó que esto no indicaba que siempre debiera estar en el lugar de trabajo, por
cuanto las señoras que apoyaban la labor de la cafetería, eran las que se
encargaban de la apertura.

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar: Según se
desprende de la lectura de las obligaciones contractuales el demandante tenía
autonomía técnica y administrativa en su relación contractual. Sin embargo, este
señaló que «recibía órdenes de dos instancias, una del director general de la
entidad, quien me ordenaba dos asuntos a atender, uno de ellos era el
nombramiento por delegación de la supervisión de contratos de ejecución y el otro
de ellos era la convocatoria a reuniones nacionales a las cuales debía hacerles
seguimiento; y recibía órdenes del coordinador nacional que era la persona
responsable del programa para el cual yo trabajaba».

Al respecto la Sala advierte que, en efecto, el 23 de octubre de 2007, el director
general de la Agencia Presidencial para la Acción Social la Cooperación
Internacional remitió un memorando al demandante en el que lo designó como
36 Minuto 00:10:07. Declaración de Álvaro Alejandro Chaves Mejía.
37 Minuto 00:33:57. Declaración de Lina Sofía Torres Llorente.
38 Minuto 00:35:29. Declaración de Lina Sofía Torres Llorente

25

Radicado: 25000 23 42 000 2013 05981 01 (2551-2017)
Demandante: Michel Jozame Amar

supervisor de un contrato; sin embargo, se encuentra que para esa vigencia, las
actividades que debía desarrollar, en virtud del CPS 7 de 2007, se fundamentaron
en las siguientes consideraciones:

1) Que se requiere apoyar adecuadamente la gestión del área Paz y Desarrollo y
Laboratorios de Paz de ACCIÓN SOCIAL, por lo cual se hace necesario contratar los servicios
de un asesor que se encargue de apoyar a la UCP en la elaboración de herramientas de
planificación, seguimiento, y supervisión, con el fin de efectuar el seguimiento a las
actividades importantes prescritas en el POG y demás que se acuerden en el marco del
programa. […]

De lo expuesto se concluye que la contratación del señor Jozame Amar se fundó
en la necesidad de un asesor que efectuara, entre otras, actividades de
supervisión.

Asimismo, en el contrato 1070 de 2011 se señaló que la entidad requería contar
«con los servicios de asesores cuyo perfil técnico y/o profesional enfatice en
vincular al proceso a personas idóneas con experiencia en trabajo con los
Programas Regionales de Desarrollo y Paz y otras Iniciativas de Paz, así como
haber participado en procesos de construcción social y económica de regiones
afectadas por la violencia, y haberse desempeñado en cargos en entidades del
sector público y/o privado que ejecuten proyectos de inversión social». Lo anterior,
teniendo en cuenta que el Grupo de Desarrollo y Paz es el «encargado de la
coordinación general de las actividades, la ejecución, la interlocución directa con
los socios regionales, el seguimiento y acompañamiento de los
proyectos/programas, el cual opera de manera coordinada con las diferentes
áreas de Acción Social y demás actores participantes del proceso».

Los apartes contractuales transcritos, explican la necesidad que tenía la
administración de contar con los servicios profesionales de una persona que con
su experiencia en la entidad para el año 2011 y en el Programa de Paz y
Desarrollo hiciera seguimiento a las convocatorias a reuniones nacionales.

Lo expuesto no evidencia que las actividades desplegadas por el demandante
estuvieran sometidas a un control o dirección que impidiera desarrollarlas con
libertad y autonomía respecto de su experticia profesional, pues no se demostró

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Demandante: Michel Jozame Amar

que este recibiera instrucciones precisas sobre la forma como debía prestar el
servicio, es decir, cómo debía ejecutar el objeto de su contrato.

iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral. De los aludidos testimonios, la
Sala pudo advertir que el Programa Paz y Desarrollo y Laboratorios de Paz de
Acción Social no tenía empleados de planta39 y los cargos sólo se crearon a partir
del mes de marzo de 2013.40

Aunado a lo expuesto en líneas anteriores, la Sala advierte que la necesidad de
presentar un informe para que el supervisor autorice los pagos mensuales del
contrato, no evidencia una subordinación entre el señor Michel Jozame Amar,
pues resulta natural de toda relación contractual que sobre las actividades a
realizar haya una supervisión que permita determinar que se está cumpliendo con
las obligaciones convenidas.

Al respecto, esta Sección señaló41 que «lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del
objeto contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de
recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes
sobre sus resultados.42».

Finalmente, la Sala advierte que la decisión del a quo se sustentó preferentemente
en las afirmaciones que el señor Jozame Amar realizó en el interrogatorio de
parte, en el que hizo una amplia exposición de las actividades que desarrollaba en
la entidad y señaló que sus jornadas diarias no tenían un límite determinado; que
era el responsable de los bienes que se encontraban en el almacén y de su
mantenimiento; que manejaba un amplio número de personal; y que era el

39 Minuto 00:34:33. Declaración de Lina Sofía Torres Llorente.
40 Minuto 00:08:46. Declaración de Álvaro Alejandro Chaves Mejía.
41 SUJ-025-CE-S2-2021
42 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo; sentencia del 18 de noviembre de 2003,

radicado IJ-0039, M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.

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Demandante: Michel Jozame Amar

responsable de las llaves de las instalaciones. No obstante, tal y como se reseñó,
de los testimonios se desprende que el demandante tenía plena autonomía e
independencia en el cumplimiento de su objeto contractual.

Al respecto, valga señalar que el interrogatorio de parte debe ser valorado desde
una óptica de razonabilidad y en búsqueda de la verdad. Sobre el tema, al amparo
de lo dispuesto en el CPC, tal análisis debía abordarse «a partir de una
aproximación a la naturaleza y finalidades de este instrumento de prueba…
mediante el cual una parte o presunta parte -si el interrogatorio es anticipado-
provoca la confesión de su contraparte, mediante la formulación de un
interrogatorio que se surtirá en actuación judicial».43 Sin embargo, conforme lo
señala el inciso final del artículo 191 del CGP, «la simple declaración de parte se
valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las
pruebas».

A partir de lo anterior, debe considerarse que la declaración de parte es un medio
probatorio autónomo, por virtud del cual las manifestaciones de quien acude ante
el juez, aunque no impliquen confesión, deben ser tenidas en cuenta y valoradas
en conjunto con las demás pruebas aportadas.

En tal sentido, a partir de un análisis integral del acervo probatorio, se advierte que
pese a las manifestaciones hechas por el demandante, no se logran corroborar
sus dichos (según las declaraciones de los señores Álvaro Alejandro Chaves
Mejía y Lina Sofía Torres Llorente) aunado a que no obran en el expediente más
elementos probatorios que le permitan a esta Sala concluir que entre la entidad
demanda y el señor Michel Jozame Amar existiera una relación subordinada.

Valga recordar que tal y como lo ha señalado esta Corporación incumbe al actor
demostrar, «la existencia de unas condiciones de subordinación o dependencia,
en las que el representante de la entidad contratante o la persona que él designe,

43 Sentencia C-880 de agosto 23 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Demandante: Michel Jozame Amar

ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de
obligatoria observancia»,44 circunstancia que no se acreditó en el sub judice.

Por todo lo anterior, esta Sala no encuentra plenamente acreditados los elementos
esenciales de una relación laboral (encubierta) entre la parte demandante y la
entidad demandada; en consecuencia, considera que la decisión del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, debe
revocarse.

2.5. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,45 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. El
primero, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y el segundo, en cuanto se requiere que el juez revise si
ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago
de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las
partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará
atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las

44 SUJ-025-CE-S2-2021
45Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-
2014), M.P. William Hernández Gómez.

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agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede
condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8.° del
artículo 365 del Código General del Proceso,46 la Sala se abstendrá de condenar
en costas de segunda instancia teniendo en cuenta que el recurso de apelación
que interpuso la entidad demandada fue resuelto en forma favorable.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al asunto que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, la Sala considera que las pretensiones de la demanda deben
despacharse desfavorablemente, toda vez que no se acreditó con elementos de
juicio suficientes que entre el señor Michel Jozame Amar y la entidad demandada
hubiese existido una verdadera relación laboral.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2016, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y, en
su lugar, denegar las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por el
señor Michel Jozame Amar, contra el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

46 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el

expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

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Demandante: Michel Jozame Amar

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

(SLVA)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

31

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