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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-06121-01

Fecha
30 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-06121-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero.- Revocar la sentencia proferida el nueve (9) de mayo de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A , que accedió, parcialmente, a las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por el la señora Marisol Rojas Izquierdo contra la Nación, Contraloría General de la República. En su lugar: Segundo.- Negar las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia. 38 Radicado: 25000-23-42-000-2013-06121-01 (5529-2019) Demandante: Marisol Rojas Izquierdo Tercero.- No condenar en costas, de segunda instancia, a la parte demandante. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2013-06121-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

30 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2013-06121-01 (5529-2019)
Demandante: Marisol Rojas Izquierdo
Demandado: Nación, Contraloría General de la República

Temas: Disciplinario

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y la
entidad demandada, contra la sentencia proferida el nueve (9) de mayo de dos mil
diecinueve (2019), por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, por medio de la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la señora Marisol Rojas Izquierdo formuló demanda, en
orden a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) decisión
disciplinaria de 27 de noviembre de 2012, emitida por la Oficina de Control
Disciplinario de la Contraloría General de la República, por medio de la cual se

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2013-06121-01 (5529-2019)
Demandante: Marisol Rojas Izquierdo

declaró responsable disciplinariamente a la señora Marisol Rojas Izquierdo y se le
impuso la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 6 meses;
y, ii) la Resolución 0069 de 7 de diciembre de 2012, proferida por la contralora
general de la República, que confirmó la decisión inicial.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
ordenar a la Procuraduría General de la Nación desanotar la sanción impuesta.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado judicial de la demandante señaló los
siguientes:

i) La directora de la Oficina de Comunicaciones y Publicaciones (E) de la Contraloría
General de la República puso en conocimiento la existencia de presuntas
irregularidades dentro de un concurso denominado «Jóvenes universitarios», el cual
ofrecía a los ganadores una suma de dinero, para el primer lugar $1.500.000; el
segundo lugar $1.000.000 y, el tercer y último lugar $500.000. Al respecto, sostuvo
que a través de la Oficina de Comunicaciones y Publicaciones, dependencia a cargo
de la señora Marisol Rojas Izquierdo, se realizó dicho concurso sin que existiera la
disponibilidad presupuestal pertinente.

ii) En consideración a lo anterior, el 13 de diciembre de 2010, la Oficina de Control
Disciplinario dio apertura de indagación preliminar en contra de la señora Marisol
Rojas Izquierdo, en su condición de, para el momento de la ocurrencia de los
hechos, directora de la Oficina de Comunicaciones y Publicaciones. Posteriormente,
el 28 de julio de 2011, se resolvió abrir investigación disciplinaria.

iii) El 17 de agosto de 2012, la Oficina de Control Disciplinario decidió tramitar la
investigación disciplinaria a través del procedimiento verbal, citar a audiencia
pública a la señora Rojas Izquierdo y formular pliego de cargos por no haber

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Demandante: Marisol Rojas Izquierdo

tramitado el registro y disponibilidad presupuestal para que se pudieran pagar los
premios en el concurso denominado «Jóvenes universitarios».

iv) El 7 de noviembre de 2012, la Oficina de Control Disciplinario, en primera
instancia, declaró responsable disciplinariamente a la señora Marisol Rojas
Izquierdo, en su condición de directora de la Oficina de Comunicaciones y
Publicaciones, por haber incurrido en la falta gravísima dispuesta en el artículo 48
numeral 22 de la Ley 734 de 2002, a título de culpa grave; sancionándola con
suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 6 meses.

v) Contra el anterior acto el disciplinado interpuso recurso de apelación, el cual fue
resuelto el 7 de diciembre de 2012, a través de la Resolución 0069, por la contralora
general de la República, confirmando la decisión inicial.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 734 de 2002.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los
siguientes argumentos:

i) La entidad demandada le vulneró el derecho al debido proceso, por cuanto emitió
la decisión de segunda instancia por fuera del término legal.

ii) No se valoraron integralmente las pruebas obrantes dentro del expediente, con
las cuales se demostraba que la señora Rojas Izquierdo sí realizó los trámites
pertinentes para obtener el dinero pertinente que debía ser asignado para el
concurso realizado.

iii) Se desconoció el principio de imparcialidad, toda vez que antes de que la
contralora general de la República profiriera la Resolución 0069 de 7 de diciembre

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Demandante: Marisol Rojas Izquierdo

de 2012, la demandante interpuso en su contra medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho por haberla desvinculado de su cargo.

iv) Igualmente, se trasgredió el principio de proporcionalidad, por cuanto, primero,
no se tuvo en cuenta que la parte actora sí realizó una serie de comportamientos
para obtener el dinero para los premios; segundo, se acreditó que su objetivo
siempre fue el bienestar de la entidad y no buscó un provecho propio; tercero, no
causó daño alguno a la entidad, dado que, finalmente, se realizó el concurso y los
premios fueron entregados; y, cuarto, la suma de dinero de los premios ofrecidos
no es comparable con el valor que se vio obligada a cancelar como consecuencia
de la suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 6 meses, en tanto que
ésta se convirtió en salarios, porque al momento de ejecutarse la sanción ya no
estaba vinculada en la entidad.

1.2. Contestación de la demanda

La Nación, Contraloría General de la República, por intermedio de apoderada, se
opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresan a continuación:1

i) La falta disciplinaria que le fue endilgada a la parte actora se hizo bajo el principio
de legalidad y proporcionalidad, por cuanto se ajustó a los supuestos fácticos, la
normativa y jurisprudencia aplicable. Al respecto, sostuvo que la falta fue adecuada
y se determinó con base en las pruebas allegadas y debidamente valoradas.

ii) No se vulneró el derecho al debido proceso, en tanto que a la disciplinada se le
brindaron las garantías procesales pertinentes, permitiéndole ejercer su derecho a la
defensa, al presentar descargos, alegatos de conclusión y los recursos pertinentes.

1 Folios 96 a 109.

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Radicado: 25000-23-42-000-2013-06121-01 (5529-2019)
Demandante: Marisol Rojas Izquierdo

iii) Aunado a ello, la decisión disciplinaria de segunda instancia se emitió dentro del
término legal, en tanto que los 10 días que señala la norma deben contabilizarse
hábiles y no calendario.

iv) Si la parte actora consideraba que la contralora general de la República no era
imparcial, debió, en su momento, presentar una recusación en su contra, lo cual no
se hizo, no siendo este el momento para hacerlo.

v) No es cierto la afirmación de la señora Rojas Izquierdo en relación con que no se
valoraron la totalidad de las pruebas obrantes dentro del expediente, al contrario, se
acreditó, con certeza, que realizó un concurso dentro del cual ofreció unos premios
y seleccionó unos ganadores sin tener aún la disponibilidad presupuestal requerida
y mucho menos el registro presupuestal, así como tampoco que haya realizado las
gestiones para asegurar dicho presupuesto.

vi) No se desconoció el principio de proporcionalidad, dado que la sanción fue
impuesta bajo los parámetros establecidos en la Ley 734 de 2002.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia proferida el 9 de mayo de 2021, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció en estos términos:2

i) Se encontró demostrado que la disciplinada incumplió lo dispuesto en el artículo
71 del Decreto 111 de 1996, al ejecutar un concurso sin que previamente existiera
la disponibilidad y el registro presupuestal. Ahora, no es dable entender que lo
gestionó, ya que la única manera de demostrarlo era con los correspondientes
certificados.

2 Folios 176 a 186.

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Radicado: 25000-23-42-000-2013-06121-01 (5529-2019)
Demandante: Marisol Rojas Izquierdo

ii) Dicha actuación se considera irregular ya que desconoció, flagrantemente, un
mandato legal que le correspondía a la señora Rojas Izquierdo, en su condición de
director de la Oficina de Comunicaciones y Publicaciones de la Contraloría General
de la República, pero no tiene la connotación que le dio dicho órgano al imponer la
sanción.

iii) Lo anterior, porque si bien pudo verse afectada la imagen de la entidad no fue de
gran magnitud, pues, solo los interesados en la reclamación de los premios sufrieron
la afectación y, además, la falencia no tuvo que ver con la misión de la Contraloría
como órgano de control fiscal.

iv) Así, la conducta endilgada a la investigada no afectó de manera significativa a la
entidad y, por tal razón, la sanción que se le impuso resultó desproporcionada.

v) En ese orden de ideas, teniendo en cuenta los criterios previstos para la
graduación de la sanción establecido en el artículo 43 de la Ley 734 de 2002, se le
impondrá la sanción de suspensión por el término de 1 mes, la cual debe ser
computada a una multa equivalente al salario correspondiente a un mes.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. De la demandante

Marisol Rojas Izquierdo, a través de apoderado judicial, interpuso recurso de
apelación3 y lo sustentó así:

i) Los actos administrativos cuestionados fueron expedidos bajo una falsa
motivación, dado que no se acreditó que se hubiera configurado una ilicitud
sustancial.

3 Folios 196 a 199.

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Radicado: 25000-23-42-000-2013-06121-01 (5529-2019)
Demandante: Marisol Rojas Izquierdo

ii) Aunado a lo anterior, el elemento de la culpabilidad no debió calificarse bajo el
título de culpa grave sino de leve, en la medida en que no causó un perjuicio grave
a la entidad.

1.4.2. De la Contraloría General de la República

La Nación, Contraloría General de la República, por conducto de apoderado,
interpuso recurso de apelación4 y lo sustentó así:

i) El tribunal de primera instancia cometió un error al graduar la sanción bajo la
argumentación de que la conducta adelantada no afectó significativamente a la
entidad, por cuanto desconoció los criterios para graduar la sanción establecidos en
la Ley 734 de 2002.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. El demandante

Pese a que el Despacho corrió traslado para alegar de conclusión, la parte interesada
no expuso argumento alguno.

1.5.2. La demandada5

La entidad demandada insistió en los señalamientos descritos en la contestación de
la demanda y el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera
instancia.

1.6. Concepto del ministerio público.

Guardó silencio.

4 Folios 192 a 195.
5 Índice 24 de Samai.

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Demandante: Marisol Rojas Izquierdo

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a determinar, teniendo en cuenta los argumentos expuestos en los
recursos de apelación, si el a quo, primero, no tuvo en cuenta que no se configuró
el elemento de la ilicitud sustancial; segundo, que la conducta fue cometida bajo
una culpa leve y no grave; y, tercero, si se desconoció el principio de
proporcionalidad en materia disciplinaria, al variar la sanción impuesta a la señora
Marisol Rojas Izquierdo, sin tener en cuenta los criterios agravantes y atenuantes
establecidos en el Código Único Disciplinario.

2.2. Marco normativo

De conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, son fines esenciales del
Estado, «servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución;
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares».

En su artículo 6 se establece que los servidores públicos son responsables ante las
autoridades por infringir la Constitución Política y las leyes, y por omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Ahora, dentro de las garantías del derecho al debido proceso consagrado en el
artículo 29 de la Carta Política se encuentran las relacionadas a que «Nadie podrá

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Demandante: Marisol Rojas Izquierdo

ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de
cada juicio (…) Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de
un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento;
a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a
controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria,
y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho».

Finalmente, debe resaltarse que el artículo 209 ibidem dispone como principios de
la función administrativa, la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad.

Por su parte, la Ley 734 de 2002 consagra en cuanto al principio de legalidad, que
«el servidor público y el particular en los casos previstos en este código solo serán
investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén
descritos como falta en la Ley vigente al momento de su realización».

A su vez, respecto a la presunción de inocencia, el artículo 9 ibidem, señala que «a
quien se atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare
su responsabilidad en fallo ejecutoriado. Durante la actuación toda duda razonable
se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla».

A su turno, el artículo 13 de dicha normativa dispuso en relación con la culpabilidad,
que «en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad
objetiva. Las faltas solo son sancionables a título de dolo o culpa».

Ahora, en cuanto a las pruebas, el Código Disciplinario Único sostuvo en su artículo
128, que toda decisión proferida dentro de la actuación disciplinaria debe fundarse
en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso por petición de cualquier
sujeto procesal o de manera oficiosa, correspondiéndole la carga de la prueba al
Estado.

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Radicado: 25000-23-42-000-2013-06121-01 (5529-2019)
Demandante: Marisol Rojas Izquierdo

Finalmente, los artículos 141 y 142 ibidem, consagran que los medios probatorios
deben apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, razón
por la cual, en toda decisión motivada, el juzgador disciplinario tiene la obligación de
señalar las pruebas en que se fundamenta, sin que sea dable emitir un fallo
sancionatorio en el que no obre prueba en el proceso que conduzca a la certeza en
cuanto a la existencia de la falta y la responsabilidad del investigado.

2.3. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:

2.3.1. En relación con la vinculación laboral del demandante

De acuerdo con la constancia de tiempo de servicios emitida por la Dirección de
Talento Humano de la Contraloría General de la República, el 26 de septiembre de
2006, la señora Marisol Rojas Izquierdo se vinculó laboralmente a la Contraloría
General de la República en el cargo de directora de oficina, Grado 04, dependencia:
Oficina de Comunicaciones y Publicaciones.6

2.3.2. En relación con la actuación disciplinaria

El 19 de octubre de 2010, la directora de la Oficina de Comunicaciones y
Publicaciones de la Contraloría General de la República, Giovanna Victoria Orozco
presentó un informe ante la Oficina de Control Disciplinario, bajo los siguientes
argumentos:7

El 9 de julio de 2010 la Contraloría General de la República a través de la oficina de
comunicaciones y publicaciones, dependencia a cargo de Marisol Rojas izquierdo,
lanzó por medio de la página web de la institución el concurso de afiches sobre
transparencia y lucha contra la corrupción «Jóvenes universitarios», mediante el cual
invitó a los estudiantes de las facultades de publicidad, artes, diseño gráfico, artes

6 Folios 113 a 115 del cuaderno de antecedentes administrativos.
7 Folios 3 a 5 del cuaderno de antecedentes administrativos.

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Demandante: Marisol Rojas Izquierdo

plásticas y carreras afines para que participaron en un concurso de afiches, cuyas
imágenes y contenido debían motivar a la ciudadanía a combatir la corrupción, la
impunidad y todos aquellos actos que atenten contra el buen uso de los recursos
públicos.
Las propuestas debían ser presentadas por tarde hasta el 23 de julio de 2010 (…)
Además se ofrecía al ganador del concurso un reconocimiento equivalente a la suma
de $2.000.000; el segundo obtendría $1.000.000 y para el tercer lugar $500.000.
La labor de organizar el concurso fue encomendada por la directora de
comunicaciones de ese entonces, Marisol Rojas izquierdo, a Juana Cadavid
Virviescas (contratista) a quien le manifestó que los recursos para la premiación
estaban garantizados y serían otorgados por el fondo de bienestar social.
Ante las constantes llamadas por parte de los participantes para indagar sobre los
resultados del concurso, el 17 de septiembre en la oficina de comunicaciones y
publicaciones dio a conocer a través de la página web de la institución los resultados
del concurso, dando como ganadores los siguientes trabajos y estudiantes (…)
Aunque para la Contraloría General de la República todos los participantes dieron fe
de su interés por ser gestores de una nueva cultura del control fiscal, que realza la
participación ciudadana como actor importante en la lucha contra la corrupción, la
transparencia de la gestión de los funcionarios y entidades públicas, la ética como
principio fundamental para el convivir humano, los valores como referentes del
comportamiento en la sociedad y la importancia del control ambiental, aún los premios
no han sido entregados, debido a que aún no se cuenta con los recursos ofrecidos a
los participantes.
El 28 de septiembre de 2010 se requirió a la gerente del fondo de bienestar social,
Amaida Palacios Jaimes, mediante oficio (…) para concretar el aporte económico
ofrecido a la ex directora de comunicaciones, Marisol Rojas izquierdo, para así dar
cumplimiento a los participantes con los premios. Sin embargo la doctora palacios,
manifestó telefónicamente a la funcionaria encargada de coordinar el concurso, Juana
Cadavid, que no tenía ni idea del concurso y mucho menos que los premios eran para
particulares (…)
Lo narrado es preocupante por cuanto los estudiantes invirtieron recursos para poder
participar en el concurso. Además está en juego la imagen institucional, dado que a
nombre de la Contraloría general se ofrecieron premios, sin determinar el rubro de
dónde saldrían los recursos para cumplir con dicho compromiso. El fondo de bienestar
social como lo asegura sugerente, no puede ir en contra de lo estipulado en la ley 106
de 1993. En consecuencia no se pueden destinar recursos del fondo para premiar a
particulares, circunstancia esta preocupante que me obliga poner en conocimiento de
ustedes por considerar que este despacho debe tomar las medidas pertinentes y para
ello hubiere el mérito suficiente.

Con dicho informe, se allegó copia del Oficio 1574 de 14 de octubre de 2010,
suscrito por la gerente del Fondo de Bienestar Social, Amaida Palacios Jaimes,
dentro del cual se señaló:8

En respuesta a su oficio del asunto de la referencia, relacionado con el aporte
económico para la premiación del concurso de afiche sobre transparencia y lucha
contra la corrupción dirigido a jóvenes universitarios; de manera atenta, me permito

8 Folio 7 del cuaderno de antecedentes administrativos.

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Radicado: 25000-23-42-000-2013-06121-01 (5529-2019)
Demandante: Marisol Rojas Izquierdo

comunicarle que no es posible atender su petición, toda vez que la actividad no se
enmarca en lo dispuesto en la ley 106 de 1993, la cual dispone que los servicios que
presta el fondo de bienestar social están dirigidas a los funcionarios de la Contraloría
General de la república y sus familias.

Del mismo modo, le informo que no tenía conocimiento de dicho compromiso; no
obstante, estaré atenta para continuar apoyando las actividades que se requieren en
cumplimiento del objeto misional del fondo de bienestar de la Contraloría General de
la República.

Por lo anterior, el 13 de diciembre de 2010, la Oficina de Control Disciplinario de la
Contraloría General de la República dio apertura de indagación preliminar en contra
de la señora Marisol Rojas Izquierdo, en su condición de directora de la Oficina de
Comunicaciones y Publicaciones y decretó la práctica de pruebas.9

El 3 de febrero de 2011, el director de la Oficina Jurídica de la Contraloría General
de la República le informó a la directora de Comunicaciones y Publicaciones, lo
siguiente:10

(…) este despacho recibió su consulta en la que solicita apoyo jurídico para responder
el derecho de petición presentado por el señor Manuel Hernando corredor en el que
solicita que se haga efectivo el reconocimiento otorgado a los ganadores del concurso
de afiches «Jóvenes universitarios» promovido por la Contraloría General de la
República.
Para el efecto, el peticionario manifiesta: que el concurso fue publicado en el portal
institucional y en el portal de creativos colombianos; que la convocatoria cerró el 23
de julio de 2010; que los ganadores fueron publicados en el portal institucional en el
mes de septiembre; y que hasta la fecha en la Contraloría General de la República no
ha entregado el reconocimiento ofrecido.
(…)
El director general del presupuesto público nacional mediante radicado… Conceptuó
al gerente administrativo y financiero de la contraloría General de la República,
respecto al pago de los premios del concurso: el certificado de disponibilidad
presupuestal y su registro presupuestal debieron cumplirse antes de adquirir el
compromiso que implicaban los premios asociados al lanzamiento del concurso
aludido en su consulta, por lo que en concepto de esta dirección el caso planteado
constituye un hecho cumplido. En tal sentido, para efectuar el pago de la sumas
adeudadas a los beneficiarios de los premios a qué alude en su consulta se requiere
previamente la existencia de título jurídico de gasto válido en los términos del artículo
38 del estatuto orgánico del presupuesto.
(…)
Reconocimiento y pago de hechos cumplidos

9 Folios 1 y 2 del cuaderno de antecedentes administrativos.
10 Folios 23 a 27 del cuaderno de antecedentes administrativos.

12

Radicado: 25000-23-42-000-2013-06121-01 (5529-2019)
Demandante: Marisol Rojas Izquierdo

En el concurso de afiches «Jóvenes universitarios» adelantado en forma irregular por
la oficina de comunicaciones y publicaciones de la Contraloría General de la
República, sin disponibilidad, ni registro presupuestal se vulneró el artículo 71 del
estatuto orgánico del presupuesto, el artículo 19 y 20 del decreto 568 de 1996 y el
artículo 34, numeral uno y artículo 35 numeral uno de la ley 734 de 2002.
Dicha convocatoria, con su posterior publicación de ganadores, generaron un
beneficio para la Contraloría General de la República, los productos entregados por
los participantes, y una obligación frente a los concursantes, entrega de los premios
a los ganadores, que en su momento, de buena fe, confiaron en que las actuaciones
de la administración se ajustaban a las normas vigentes y realizar un esfuerzo para
entregar un producto ajustado de los parámetros establecidos en la misma.
Así las cosas, la Contraloría General de la República no puede alegar los errores u
omisiones en los que incurrió durante la convocatoria, para eximirse del cumplimiento
de las obligaciones que contrajo frente a los participantes de buena fe, quienes tienen
el derecho a que la entidad convocante les cumpla, sin perjuicio de la responsabilidad
disciplinaria, personal y pecuniaria en la que pueda incurrir quien asumió el
compromiso, sin contar con la disponibilidad y registro presupuestal correspondiente.
(…)
Por lo anterior y teniendo en cuenta que los ganadores del concurso están
reclamando envía administrativa, el cumplimiento de los compromisos adquiridos por
la Contraloría General de la República en el concurso, este despacho sugiere que
dichas obligaciones sean objeto de una conciliación prejudicial, aplicando el principio
general del derecho del enriquecimiento sin causa, que establece que nadie puede
enriquecerse a expensas de los demás.

El 14 de febrero de 2011, la señora Giovanna Victoria Orozco presentó su
declaración, dentro de la cual afirmó:11

(…) cuando yo recibo la oficina me doy cuenta que hay un proceso un concurso
liderado por la administración pasada y organizada por la anterior directora de
comunicaciones. El concurso ya estaba en etapa de premiación ya había unos
ganadores elegidos previamente y era mi responsabilidad darle trámite, cuando me
disponía hacer el evento de premiación en el cual se comprometió una serie de
recursos de la Contraloría pues me doy cuenta que la dependencia que es bienestar
que era la que debía hacer los desembolsos no había sido consultada y ellos
manifiestan su negativa a hacer el desembolso de los recursos toda vez que estos
jóvenes eran agentes externos, no era funcionarios de la Contraloría. Esa respuesta
se las pido por escrito y ante esta negativa, la solución es buscar los recursos a través
de la dirección administrativa, sin embargo, ya se ha instaurado una demanda hacia
la entidad y hay dos derechos de petición por jóvenes afectados por el no pago de su
premio…

En la misma fecha, la señora Amaida Palacios Jaimes rindió su declaración, dentro
de la cual indicó:12

11 Folio 38 del cuaderno de antecedentes administrativos.
12 Folio 39 del cuaderno de antecedentes administrativos.

13

Radicado: 25000-23-42-000-2013-06121-01 (5529-2019)
Demandante: Marisol Rojas Izquierdo

Preguntado. Sírvase hacer un breve relato de los hechos que le constan en relación
con el concurso de afiches sobre transparencia y lucha contra la corrupción «Jóvenes
universitarios». Contestó. Yo no conocía el tema nadie me lo había comentado, no
tenía conocimiento sobre dicho evento o dicho proceso, hasta cuando recibí una
comunicación de esa oficina y di respuesta diciendo que no tenía conocimiento del
tema. Preguntado. Sírvase manifestar este despacho si sabe le consta que la
funcionaria Marisol Rojas izquierdo, en la época en que ocupó el cargo de directora
de la oficina de comunicaciones y publicaciones o alguno de los funcionarios o
contratistas de esa dependencia le pidieron apoyo para la premiación del concurso
de afiche sobre transparencia y lucha contra la corrupción «Jóvenes universitarios».
En caso afirmativo, sírvase manifestar cuál fue su respuesta. Contestó. No nunca
como lo manifesté, tuve conocimiento de ninguna persona de comunicaciones ni
Marisol me habló de ese tema. Se le concede el uso de la palabra a la implicada.
Preguntado. Sírvase informar si recuerda una llamada que le hice cuando llegamos
con el contralor Turbay del Ecuador, en donde le comenté si había la posibilidad de
que el fondo me colaborara como lo hizo en anteriores ocasiones con la premiación
de un concurso de afiches que se quería realizar. Contesto. Nuevamente reitero
nunca he hablado ese tema con la señora Marisol, nunca he recibido una llamada
telefónica por parte de ella haciendo este requerimiento ni por escrito y reitero que es
falso lo que ella acaba de decir en mi presencia que habló conmigo, es falso de toda
falsedad, porque tengo muy clara la misión que por ley tiene el fondo de bienestar
como lo respondí cuando me enteré por primera vez de este proceso que habla la
señora Marisol, el día que recibí la comunicación por parte de la oficina de
comunicaciones, en donde fui muy clara en ese oficio cuando respondí en el sentido
de que no tenía conocimiento de dicho tema y que el fondo lo podía apoyar esos
eventos que no eran en beneficio de los funcionarios de la Contraloría. Tengo muy
claro que el fondo de bienestar le da servicios de bienestar solamente a los
funcionarios de la Contraloría como lo establece la ley 106 de 1993 y que quedó dicho
en ese oficio, que la única fecha que tuve conocimiento de este proceso fue cuando
recibí la comunicación de la directora de comunicaciones Giovana Victoria y la
respuesta que di en su momento porque no tenía conocimiento y que no era posible
de acuerdo a la misión del fondo y lo establecido en la ley 106 de 1993. Estoy
completamente segura de qué si hubiese sido cierta esa llamada que inventa a la
señora Marisol le hubiese explicado claramente que no era posible, como claramente
lo he dicho anteriormente. Preguntado. Sírvase manifestar según su respuestas y los
eventos patrocinados por el fondo a la oficina de comunicaciones durante la
administración Turbay fueron ilegales. Contesto. Todas las actividades que realiza el
fondo de bienestar van dirigidas hacia los funcionarios de la Contraloría y se realizan
de acuerdo a la misión Del fondo y van dirigidas hacia el bienestar de los funcionarios
de la Contraloría y del fondo de bienestar y ajustadas a la Ley 106 de 1993 y siempre
se ha actuado de esa manera. Preguntado. Sírvase manifestar si antes del mes de
junio de 2010 el fondo no hizo ninguna comunicación por escrito a la oficina de
comunicaciones en donde avalaba el apoyo del concurso. Contestó. No, nuevamente
reitero que desconozco este concurso, sólo tuve conocimiento con el requerimiento
que me hicieron la directora de comunicaciones Giovanna Victoria y de la respuesta
dada a ella.

14

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Demandante: Marisol Rojas Izquierdo

El 14 de febrero de 2011, la señora Juana Cadavid Virviescas presentó su
declaración, dentro de la cual adujo:13

Preguntado. Sírvase hacer un breve relato de los hechos que le constan en relación
con el concurso de afiches sobre transparencia y lucha contra la corrupción «Jóvenes
universitarios» que realizó la Contraloría. Contestó. El concurso se realizó por petición
de Marisol que estaba inspirado en un concurso que se había realizado en Ecuador,
se hizo la convocatoria, enviando la convocatoria todas las universidades que tuvieran
que ver con el tema como diseño gráfico, publicidad, etc. Se abrió y empezaron a
llegar los afiches, había una fecha inicialmente planteada pero la extendimos para
darle más posibilidad a los estudiantes para que pudieran enviar sus propuestas.
Cuando se cerró, los jurados deliberaron, dieron sus ganadores y estaba listo para
entregar los premios. Estaba estipulado que el primero ganaría 2 millones. El segundo
1 millón y el tercero 500,000 pesos. Preguntado. Sírvase manifestar este despacho si
sabe le consta que la funcionaria Marisol Rojas izquierdo en la época en que ocupó
el cargo de directora de la oficina de comunicaciones y publicaciones, o alguno de los
funcionarios o contratistas de esa dependencia, hubieran solicitado apoyo al fondo de
bienestar para la premiación del concurso de afiches sobre transparencia y lucha
contra la corrupción «Jóvenes universitarios». En caso afirmativo, sírvase manifestar
cuál fue la respuesta del fondo. Contestó. La comunicación que yo tuve con Marisol
era que del fondo iba a salir el dinero, yo no tuve ningún contacto con la gente del
fondo, pero con la comunicación que yo tenía con Marisol que era mi jefe, ella me
manifestó que íbamos a hacer el concurso que cuando tuviéramos la plata
iniciábamos, una vez ella tuvo la confirmación de qué tenía la plata dio las
instrucciones para que hiciéramos el concurso. Ella me mencionó que esa plata
saldría del fondo de bienestar. Se le concede el uso de la palabra a la implicada.
Preguntado. Sírvase manifestar si recuerdas la última vez que me preguntaste sobre
el concurso y yo me acerqué a tu cubículo informándole que ya tenían los recursos
para el concurso, con el oficio en la mano. Contestó. Si yo me acuerdo, si recuerdo
ella me dijo que podíamos arrancar con el concurso, tenemos la plata.

El 24 de febrero de 2011, el gerente Financiero y Administrativo de la Contraloría
General de la República informó que lo relacionado con el pago del premio del
concurso antes mencionado, fue tratado en el Comité de Conciliación de la entidad
que fue llevado a cabo el 4 del mismo mes y año, acogiéndose la propuesta de
acudir a la Procuraduría General de la Nación para solicitar una conciliación con los
tres estudiantes ganadores.14

Para el efecto, allegó copia del acta de conciliación celebrada en la Procuraduría
193 Judicial Administrativa I, el 17 de mayo de 2011, dentro de la cual se llegó a un

13 Folio 40 del concurso de antecedentes administrativos.
14 Folio 45 del cuaderno de antecedentes administrativos.

15

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Demandante: Marisol Rojas Izquierdo

acuerdo15 y Auto interlocutorio 407 de 7 de junio de 2011, emitido por el Juzgado
31 Administrativo de Bogotá, por medio del cual se aprobó la conciliación prejudicial
celebrada entre la Contraloría General de la República y los tres ganadores del
concurso.16

El 28 de julio de 2011, la Oficina de Control Disciplinario de la Contraloría General
de la República dio apertura de la investigación disciplinaria en contra de la señora
Marisol Rojas Izquierdo, en su condición de en su condición de directora de la
Oficina de Comunicaciones y Publicaciones y decretó la práctica de pruebas.17

El 17 de agosto de 2012, la Oficina de Control Disciplinario de la Contraloría General
de la República decidió tramitar la investigación a través del procedimiento verbal,
citar a audiencia pública a la señora Marisol Rojas Izquierdo y formular pliego de
cargos en su contra, así:18

Tipificación de la conducta investigada

La conducta enrostrada a la investigada Marisol Rojas Izquierdo (…) posiblemente
encuentra adecuación típica en las siguientes normas:
Ley 734 de 2002.
Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: 1. Cumplir y hacer que
se cumplan los deberes contenidos en la Constitución… En las leyes…
2. Cumplir con diligencia, eficiencia… El servicio en comentado…
Artículo 35. Provisiones. A todo servidor público le está prohibido:…2. Incumplir los
deberes…
Artículo 48. Son faltas gravísimas las siguientes:… Numeral 22. Asumir compromisos
sobre apropiaciones presupuestales inexistentes o en exceso del saldo disponible de
apropiación o que afecten vigencias futuras con las autorizaciones pertinentes.

Decreto Ley 111 de 1996, artículo 71.

Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales
deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia
de apropiación suficiente para atender estos gastos.

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que
los recursos con el financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro

15 Folios 94 a 96 del cuaderno de antecedentes administrativos.
16 Folios 97 a 103 del cuaderno de antecedentes administrativos.
17 Folios 81 a 86 del cuaderno de antecedentes administrativos.
18 Folios 118 a 124 del cuaderno de antecedentes administrativos.

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se deberán indicar claramente el valor y plazo de las prestaciones a que haya lugar.
Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos…
(…)
Relación sucinta de los hechos reputados como irregulares

La directora de la oficina de comunicaciones y publicaciones, doctora Marisol Rojas
izquierdo, para la época en que ocurrieron los hechos investigados, promovió el
concurso de afiches «Jóvenes universitarios» en el año 2010 y no existe prueba que
indique que hayan realizado previamente los trámites relacionados con la
disponibilidad y el registro presupuestal, configurándose un hecho cumplido, que sólo
a través de una conciliación se pudo posteriormente tramitar su pago. Al ganador del
concurso se le ofreció la suma de $2.000.000, al segundo $1.000.000 y al tercer lugar
la suma de $500.000.

El 4 de octubre de 2012, la Oficina de Control Disciplinario decretó la práctica de las
pruebas solicitadas por la investigada.19

El 19 de octubre de 2012, la señora Ana Yolanda Cañón Prieto presentó su
declaración, dentro de la cual dijo:20

(…) tuve conocimiento del concurso llevado a cabo en el 2010 de afiches de jóvenes
universitarios porque la directora siempre me contaba que programas tenía por la
reuniones que se tenían programadas con las demás oficinas, ella me comentó
después de un viaje a Ecuador que el contralor había pensado realizar un concurso
para darle participación a la academia de unos afiches para el control fiscal. No fui la
encargada del concurso porque tenía otras funciones pero tenía conocimiento de lo
que estaba pasando la persona encargada fue Juanita Cadavid (…) cuando ella llegó
a la oficina me dijo aprobaron los previos para el concurso de afiches, los va a dar el
fondo de bienestar de la Contraloría, necesito que llames y averigües qué es lo que
tenemos que hacer y si no estoy mal la comuniqué con la doctora Amaida para que
ellas hablaran y lo que yo entiendo es que Marisol tenía que enviarle un oficio y lo
envió solicitando los premios porque esta oficina no es ordenadora del gasto, esta
oficina dependía si se requería algún gasto teníamos que acudir a administrativa o a
la oficina que le correspondiera el gasto. Hubo mucha presión porque ya se había
abierto el concurso y publicado en la página de la Contraloría y no habíamos recibido
la respuesta de Amaida, si no estoy mal llamamos a la oficina preguntar qué había
pasado con la respuesta y se pensó en suspenderlo pero esa misma noche que
íbamos de salida nos entregaron el oficio, se lo entregaron a Marisol y me dijo, llegó
el oficio, autorizaron los premios, entonces fue donde Juana Cadavid decirle que
continuará porque habían aprobado los premios. Se le preguntas y recuerda de otro
tipo de actividades que fueron parecidas o similares al concurso que se realizó de
fichas y respondió que no. Se le preguntó a la declarante si vio el contenido del oficio
y dijo que no, vio que le entregaron el oficio, que alguien entró a la oficina y le entregó
el oficio y ella lo leyó y dijo ahí llegó la aprobación y se fue hasta la oficina de Juan
Cadavid.

19 Folios 147 y 148 del cuaderno de antecedentes administrativos,
20 Folio 150 del cuaderno de antecedentes administrativos.

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En la misma fecha, la señora Luz Elena Melo Rodríguez rindió su declaración,
dentro de la cual indicó:21

(…) fue directora administrativa y financiera del fondo de empleados de la
Contraloría… Sobre el concurso de afiches recuerda que para esa época la directora
de comunicaciones de la Contraloría, Marisol, la llamó y le contó sobre el concurso,
pero como no estaba dentro de sus funciones le dijo que mandara un oficio al fondo
de empleados directamente a la doctora Amaida Palacios para que ella quien era la
autorizada diera la orden de girarle el dinero que necesitaba y de esta manera mandó
el oficio y llegó al fondo de empleados haciendo la solicitud para la ayuda que
necesitaba en cuanto al tema de los afiches. Se le preguntó si recuerdan la respuesta
a la solicitud y dijo: no, Marisol y Yolanda cañón llamaban todo el tiempo a averiguar
si la doctora Amaida ya había hecho la carta porque no había contestado hasta el
momento que yo estuve. Se le preguntó si hubo un cruce de comunicaciones entre el
fondo de bienestar de la Contraloría con la oficina de comunicaciones y si el fondo
tenía conocimiento del concurso, a lo que respondió que sí. Sobre actividades
similares al concurso de afiches que hubiese patrocinado el fondo señala que el fondo
apoyaba la Contraloría y lo que la Contraloría necesitaba era una comunicación
escrita del evento que se iba a hacer. La directora preguntas y recuerda que la
solicitud se efectuó antes de publicar la convocatoria a lo cual dijo: no podría decir lo
exactamente, sé que llegó la comunicación porque cuando ellas me comentaron el
tema les dije que mandaron un oficio para que la doctora Amaira responda por escrito.
Se le preguntó si recordaba el contenido del escrito y dijo que era para la premiación
de ese concurso, se le preguntó si había visto la respuesta que dio la doctora Amaida
respondiendo que no porque para ese momento ya había renunciado.

El 7 de noviembre de 2012, la Oficina de Control Disciplinario, en primera instancia,
declaró responsable disciplinariamente a la señora Marisol Rojas Izquierdo, en su
condición de directora de la Oficina de Comunicaciones y Publicaciones por haber
incurrido en la falta gravísima contemplada en el artículo 48 numeral 22 de la Ley
734 de 2002, a título de culpa grave; sancionándola con suspensión en el ejercicio
del cargo por el término de 6 meses, sanción que fue convertida en pago de salarios,
por cuanto ella ya no estaba laborando en la entidad.22

Contra dicho acto administrativo, la disciplinada interpuso recurso de apelación, el
cual fue resuelto el 7 de diciembre de 2012, a través de Resolución 0060, por la
contralora general de la República, confirmando la decisión inicial.23

21 Folio 152 del cuaderno de antecedentes administrativos.
22 Folios 180 a 190 del cuaderno de antecedentes administrativo.
23 Folios 202 a 208 del cuaderno de antecedentes administrativos.

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2.4. Caso concreto – Análisis de la Sala

2.4.1. Análisis integral de la actuación disciplinaria, dentro del proceso
contencioso administrativo

El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho tiene como finalidad
restaurar el ordenamiento jurídico transgredido con ocasión de la expedición de un
acto administrativo que quebranta las normas legales o constitucionales con la
consecuente decisión de restablecer el derecho vulnerado. Esta competencia ha de
estar en consonancia con la previsión contenida en el artículo 103 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que señala como
objeto de esta jurisdicción la efectividad de los derechos reconocidos en la
Constitución y la ley y la preservación del orden jurídico e impone la observancia de
los principios constituciones y del derecho procesal.

La anterior previsión encuentra sustento constitucional en los artículos 1, 2, 4, 29,
228 y 230, normas contentivas de principios y valores que imponen su acatamiento
como presupuesto de legitimidad institucional y legalidad de los actos jurídicos que
sus representantes profieren. De modo que toda manifestación de voluntad estatal
conecta indiscutiblemente con la nueva realidad del Estado que no sólo ha de ser
percibido en su papel de represor y vigilante, sino en su sentido más significativo de
garante y constructor de aquellas realidades que tienen como propósito el bienestar
del individuo como fin en sí mismo.

Por ello, el papel del juzgador no puede quedar relegado al de simple verificador,
condicionado por los formalismos que imponen restringir su ámbito de razonamiento
a los términos de una demanda o de los mismos actos, frente a los cuales no es
dable simplemente declarar su conformidad o disonancia con el ordenamiento
jurídico, con la posibilidad de que la decisión de la controversia jurídica resulte
insuficiente para los fines mismos de la justicia. El salto cualitativo que imprimió al
juzgador la Constitución de 1991, permite anteponer el análisis pleno, integral del
caso.

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Demandante: Marisol Rojas Izquierdo

Sobre este tema, esta Subsección en sentencia de 26 de marzo de 2014, con
ponencia del magistrado Gustavo Gómez Aranguren razonó en los siguientes
términos:

3.4. Alcance del control judicial frente a procesos disciplinarios.

El control que ejerce la jurisdicción contencioso-administrativa sobre los actos
administrativos disciplinarios proferidos por la Administración Pública o por la
Procuraduría General de la Nación es un control pleno e integral, que se efectúa
a la luz de las disposiciones de la Constitución Política como un todo y de la ley en
la medida en que sea aplicable, y que no se encuentra restringido ni por aquello que
se plantee expresamente en la demanda, por ende no serán de recibo las
interpretaciones restrictivas que limiten la función disciplinaria a simplemente
garantizar el pleno apego con el orden jurídico como garantía de legitimidad de estas
potestades públicas.

La entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, con su catálogo de
derechos fundamentales y sus mandatos de prevalencia del derecho sustancial en
las actuaciones de la administración de justicia (art. 228, C.P.) y de primacía
normativa absoluta de la Constitución en tanto norma de normas (art. 4, C.P.),
implicó un cambio cualitativo en cuanto al alcance, la dinámica y el enfoque del
ejercicio de la función jurisdiccional, incluyendo la que ejercen los jueces de la
jurisdicción contencioso-administrativa (incluyendo al Consejo de Estado). En
efecto, según lo han precisado tanto el Consejo de Estado como la Corte
Constitucional, la plena vigencia de los derechos y garantías fundamentales
establecidos por el constituyente exige, en tanto obligación, que los jueces
sustituyan un enfoque limitado y restrictivo sobre el alcance de sus propias
atribuciones de control sobre los actos de la administración pública, por un enfoque
garantista de control integral, que permita a los jueces verificar en casos concretos
si se ha dado pleno respeto a los derechos consagrados en la Carta Política.

Esta postura judicial supone evidentemente una rectificación a la posición doctrinal
y jurisprudencial prevaleciente con anterioridad, en cuyo alero las atribuciones del
juez contencioso-administrativo son formalmente limitadas y se restringen a la
protección de aquellos derechos y normas expresamente invocados por quienes
recurren a la justicia, que otorgaba un alcance excesivamente estricto al principio
de jurisdicción rogada en lo contencioso-administrativo. Este cambio,
constitucionalmente impuesto y de gran calado, se refleja nítidamente en un
pronunciamiento reciente del Consejo de Estado, en el cual la Sección Segunda -
Subsección B de esta Corporación, y dando aplicación directa a los mandatos de
la Carta, rechazó expresamente una postura restrictiva que limitaba las facultades
garantistas del juez contencioso-administrativo en materia de control de las
decisiones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación con base en el
principio de jurisdicción rogada, y adoptó en su reemplazo una postura
jurisprudencial que exige a las autoridades jurisdiccionales realizar, en tanto
obligación constitucional, un control sustantivo pleno que propenda por

20

Radicado: 25000-23-42-000-2013-06121-01 (5529-2019)
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materializar, en cada caso concreto, el alcance pleno de los derechos
establecidos en la Constitución.24

Lo que resulta aún más importante es que el control pleno por la jurisdicción
contenciosa forma parte de las garantías mínimas del debido proceso a las que tiene
un derecho fundamental el sujeto disciplinado, según la Corte Constitucional, por lo
cual este control judicial contencioso-administrativo no puede ser objeto de
interpretaciones que restrinjan su alcance.

El planteamiento indicado resulta confirmado por la amplísima jurisprudencia de la
Corte Constitucional en materia de procedencia de la acción de tutela, en la cual se
ha explícitamente afirmado que las acciones ante la jurisdicción contenciosa -en
nulidad o nulidad y restablecimiento- son, los medios judiciales idóneos para proteger
los derechos fundamentales de quienes estén sujetos a un proceso disciplinario. En
efecto, la Corte Constitucional en jurisprudencia repetitiva ha explicado que los actos
de la procuraduría son actos administrativos sujetos a control judicial por la
jurisdicción contenciosa, regla que ha sido aplicada en incontables oportunidades
para examinar la procedencia de la acción de tutela en casos concretos, en los que
se ha concluido que ante la existencia de otros medios de defensa judicial, la tutela
se hace improcedente salvo casos de perjuicio irremediable -que por regla general
no se configuran con las decisiones sancionatorias de la procuraduría-. Se puede
consultar a este respecto la sentencia T-1190 de 2004, en la cual la Corte afirmó que
el juez de tutela no puede vaciar de competencias la jurisdicción contencioso-
administrativa, encargada de verificar la legalidad de los actos administrativos
proferidos por la Procuraduría en ejercicio de sus potestades disciplinarias. La lógica
jurídica aplicada por la Corte Constitucional al declarar improcedentes acciones de
tutela por ser idóneos los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho para
ventilar las pretensiones de anulación de decisiones disciplinarias por violación de la
Constitución, es la misma lógica jurídica que sustenta el ejercicio de un control más
que meramente formal por la jurisdicción contencioso-administrativa sobre estos
actos administrativos.
(…)

Posteriormente, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de
unificación, dejó sentado que el control de legalidad de actos de carácter
sancionatorio como los proferidos en el marco de una actuación disciplinaria,
conlleva, entre otras cosas, el estudio encaminado a verificar que dentro del trámite
correspondiente se hubieran observado las garantías constitucionales que le
asisten al sujeto disciplinado y, en general, comporta un control judicial integral. Dijo
la Sala:

24Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 19 de agosto de 2010. Radicación No. 76001-23-31-000-2000-02501-01(1146-05).
Actor: Milton José Mora Lema. Demandado: Procuraduría General de la Nación. consejera ponente:
Bertha Lucía Ramírez de Páez.

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«b) EI control judicial integral de la decisión disciplinaria. Criterios de unificación. El
control que la jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce sobre los actos
administrativos disciplinarios, es integral. Ello, por cuanto la actividad del juez de lo
contencioso administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su
lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se
realiza a la luz del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los
derechos fundamentales.
(…)
Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se
entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es
plena, sin "deferencia especial" respecto de las decisiones adoptadas por los titulares
de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo
sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un
procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo
restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria
hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la
Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por
el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e
imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo
es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control
judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El
juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.»25

En consecuencia, el estudio integral de los actos disciplinarios cuestionados en esta
controversia se hará dentro del marco planteado en la sentencia previamente
trascrita.

2.4.2. Violación del derecho al debido proceso

Los artículos 29 de la Constitución Política y 6 de la Ley 734 de 2002, disponen que
el debido proceso se aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter
administrativo, e implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez competente, y con observancia
de las formas propias de cada juicio.

La Corte Constitucional respecto al mencionado derecho, ha manifestado que en
materia disciplinaria las actuaciones deben estar acordes a este, en garantía de un

25 Sentencia proferida el 9 de agosto de 2016 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del

Consejo de Estado, consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez (E), referencia:
110010325000201 100316 00 Núm. interno: 1210-11, demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruíz.

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orden justo, la seguridad jurídica, los derechos fundamentales del investigado y el
control de la potestad estatal disciplinaria26.

Aunado a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido
proceso como el «conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a
través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido
proceso: (i) el derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre
e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al
cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado
como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en
determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la
calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la
ley; (iii) el derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea
necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las
demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público,
desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la
actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el
derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores
públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen
funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el
derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre
deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del
orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias
ilícitas»27.

26 Sentencia C-708 de 22 de septiembre de 1999, magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis.
27 Sentencia C- 341 de 4 de junio de 2014, magistrado ponente Mauricio González Cuervo.

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Frente a este cargo, la parte actora sostiene que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca no tuvo en cuenta que no se configuró el elemento de la
responsabilidad disciplinaria de la ilicitud sustancial y que la conducta no fue
cometida con dolo ni con culpa y de llegarse a acreditar el elemento de la
culpabilidad, debió ser a título de culpa leve; y, por su parte, la entidad demandada,
sostiene que el a quo desconoció el principio de proporcionalidad, al variar la
sanción impuesta a la señora Marisol Rojas Izquierdo dentro del proceso
disciplinario adelantado en su contra, al no tenerse en cuenta la totalidad de los
criterios establecidos en la Ley 734 de 2002.

En el asunto sometido a consideración se observa que la Oficina de Control
Disciplinario de la Contraloría General de la República al momento de proferir pliego
de cargos en contra de la señora Marisol Rojas Izquierdo y emitir la decisión
disciplinaria de primera instancia, consideró que con su conducta había incurrido en
la falta gravísima consagrada en el artículo 48 numeral 22 de la Ley 734 de 2002,
que prevé:

Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes o en exceso
del saldo disponible de apropiación o que afecten vigencias futuras, sin contar con las
autorizaciones pertinentes.

Lo anterior, por cuanto en su condición de directora de la Oficina de
Comunicaciones y Publicaciones de la Contraloría General de la República llevó a
cabo un concurso sobre transparencia y lucha contra la corrupción «Jóvenes
Universitarios», a través del cual ofrecía un reconocimiento monetario a los tres
primeros ganadores, sin contar con la partida presupuestal pertinente para ello
dentro de la entidad.

El artículo 25 numeral 6.º de la Ley 80 de 1993, que regula el principio de economía
en la contratación estatal y que rige en todos los procesos de selección, dispone
que «La entidades estatales abrirán licitaciones e iniciarán procesos de suscripción

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de contratos, cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades
presupuestales».

Dicha norma señala que uno de los requisitos para adelantar cualquier proceso de
selección de contratistas, antes de iniciarlo, es contar con la disponibilidad
presupuestal, con el fin de garantizar que las entidades públicas cuenten con los
recursos necesarios para asumir las obligaciones pecuniarias, lo cual supone que
una entidad no puede iniciar un proceso de contratación sin la disponibilidad
presupuestal que respalde las obligaciones pecuniarias que adquirirá.

Aunado a lo anterior, el artículo 41 ibídem, establece que «Para la ejecución se
requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades
presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con
recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la Ley
orgánica del presupuesto».

Otra de las normas que regula lo relacionado con el certificado de disponibilidad
presupuestal y el registro o reserva presupuestal, es el Decreto 111 de 1996 «Por
el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995
que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto», que en su artículo 71 señala
que toda erogación debe contar con un certificado de disponibilidad previo que
garantice los recursos para atenderlo, atendiendo el principio de planeación. Al
respecto, dicha norma dispone:

Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales
deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia
de apropiación suficiente para atender estos gastos.
Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que
los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin.
En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones
a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos
actos administrativos.
En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones
inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del Confis
o por quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de
compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados.

25

Radicado: 25000-23-42-000-2013-06121-01 (5529-2019)
Demandante: Marisol Rojas Izquierdo

Para las modificaciones a las plantas de personal de los órganos que conforman el
Presupuesto General de la Nación, que impliquen incremento en los costos actuales,
será requisito esencial y previo la obtención de un certificado de viabilidad
presupuestal, expedido por la Dirección General del Presupuesto Nacional en que se
garantice la posibilidad de atender estas modificaciones.
Cualquier compromiso que se adquiera con violación de estos preceptos creará
responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones.

Conforme a esta norma, la disponibilidad presupuestal es un requisito extendido a
todo gasto, que además debe ser previo a la afectación que se haga del
presupuesto.

La jurisprudencia del Consejo de Estado, ha establecido en cuanto al propósito de
la disponibilidad presupuestal, lo siguiente:

(…) es garantizar que los recursos del Estado se administren con
responsabilidad, en este caso evitando que los administradores públicos,
como cualquier persona irresponsable-, asuman obligaciones sin capacidad
de pago. De admitir ese comportamiento se abrirían licitaciones sin contar con
recursos suficientes, dirigidos por la necesidad política o administrativa de
hacer obras, recibir estudios o contar con servicios. Por actuar así,
rápidamente se incumplen las obligaciones, y la mora produce financieramente
un desastre económico para quien incurre en ella. Por estas razones
pragmáticas la ley prohíbe “contratar con las ganas pero sin plata”, es decir, si
lo que se quiere comprar se puede pagar la ley autoriza contratarlo; pero si no
hay recursos hay que esperar a tenerlos para comprometer económicamente
al Estado.
El propósito de la disponibilidad presupuestal es garantizar que los recursos
del Estado se administren con responsabilidad, en este caso evitando que los
administradores públicos - No obstante, contar con disponibilidad presupuestal
para un contrato no equivale a tener dinero efectivo en caja. La disponibilidad
tampoco es un cheque ni un título valor, es un certificado que garantiza que
en el presupuesto anual de la entidad existe una partida o rubro, representada
en dinero, para comprometerse por medio de un contrato. No obstante -se
insiste-, el certificado no asegura que el dinero esté disponible en los bancos
donde la entidad maneja sus cuentas, sólo asegura que existe espacio
presupuestal para asumir un compromiso, así que el dinero puede o no estar
disponible. De hecho, la confrontación que hace el funcionario que expide el
certificado es entre el presupuesto anual aprobado -no contra los saldos en
bancos- y el monto solicitado para un proceso de contratación específico.28

28 Ibidem.

26

Radicado: 25000-23-42-000-2013-06121-01 (5529-2019)
Demandante: Marisol Rojas Izquierdo

Por su parte, la Corte Constitucional se refirió a la disponibilidad presupuestal, así:

En relación con la exigencia de disponibilidad presupuestal, ella hace parte del
principio de legalidad del gasto público, establecido en los artículos 345, 346 y 347 de
la Constitución Política, anteriormente transcritos. La disponibilidad se concibe como
un instrumento mediante el cual se busca prevenir o evitar que el gasto sea realizado
por encima del monto autorizado por la correspondiente ley anual de presupuesto
durante su ejecución. Así entonces, habrá disponibilidad cuando exista una diferencia
entre el gasto presupuestado y el realizado, produciéndose un saldo equivalente a
una suma disponible que puede ser utilizada para la adquisición de nuevos
compromisos.29

Así las cosas, el certificado de disponibilidad presupuestal da a conocer que en el
presupuesto anual de la entidad se cuenta con recursos para atender determinada
necesidad que se desea contratar, es decir, este es el documento, y no otro, que
garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible, libre de afectación
y suficiente para respaldar el contrato con el cual se ejecuta el presupuesto o se
hace la apropiación.

En el sub examine tal y como lo sostuvo el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca se encontró plenamente acreditado que la que la disciplinada realizó
un concurso sin que previamente existiera la disponibilidad presupuestal, por lo que
era dable endilgarle la falta gravísima establecida en el artículo 48 numeral 22 de
la Ley 734 de 2002, elemento que si bien no fue controvertido por las partes en los
recursos de apelación interpuesto, si era dable analizarlo para desarrollar los
argumentos que serán expuestos a continuación.

2.4.2.1. De la ilicitud sustancial

En cuanto a la ilicitud sustancial, la Ley 734 de 2002 consagra en su artículo 5, que
la conducta de la persona destinataria de la ley es contraria a derecho cuando afecta
el deber funcional sin justificación alguna.

29 T-346 de 1998.

27

Radicado: 25000-23-42-000-2013-06121-01 (5529-2019)
Demandante: Marisol Rojas Izquierdo

Por su parte, el deber funcional «es un instrumento para encauzar la conducta de
los servidores públicos, el cual se constituye en la fuente que da vida a la
antijuridicidad sustancial y que siempre está referido al ejercicio de funciones
públicas porque de lo contrario sería atípico disciplinariamente el comportamiento
cuestionado. Dichas funciones deben desarrollarse con apego a las orientaciones
de los principios constitucionales y legales, en la medida en que es por esa razón
que una persona que se posesiona en un cargo público debe jurar el cumplir el
desempeño de sus deberes según la Constitución, la Ley y el Reglamento»30.

Así entonces, el derecho disciplinario está previsto para sancionar a aquéllos que
desatienden sus funciones o los servicios encomendados, o que atenten contra el
interés general, defrauden el erario, violen derechos humanos o incumplan con el
propósito esencial de servir a la comunidad, siendo esta la razón por la cual la ley
prevé que la falta debe ser de tal entidad, que quebrante el deber funcional, sin
justificación atendible, entendiendo que:

El deber funcional puede ser comprendido entonces, como una armónica
combinación de elementos misionales y jurídicos que posibilitan el cumplimiento de
los fines del Estado, por cuanto las funciones del agente estatal se encuentran en una
relación de medio a fin respecto de los mismos objetivos del Estado. Las expectativas
de los ciudadanos en relación con el Estado sólo pueden cristalizarse a través del
cumplimiento de las funciones de sus servidores, de suerte que los fines de aquél
constituyen al mismo tiempo el propósito de las funciones de éstos.

Como se mencionó, se encontró plenamente acreditado que la señora Marisol Rojas
Izquierdo, en su condición de directora de la Oficina de Comunicaciones y
Publicaciones de la Contraloría General de la República, tenía el deber de cumplir
sus funciones y deberes que tenía como servidora pública; no obstante, decidió
llevar a cabo una convocatoria para estudiantes de diferentes universidades en la
que ofreció como premio una suma de dinero sin que previo a ello se cerciorar de
contar con la disponibilidad presupuestal para ello.

30 Régimen Disciplinario, cuarta edición. Autor: Fernando Brito Ruíz.

28

Radicado: 25000-23-42-000-2013-06121-01 (5529-2019)
Demandante: Marisol Rojas Izquierdo

Ahora, si bien la disciplinada adujo que dichos rubros habían sido avalados por la
gerente del Fondo de Bienestar Social de la entidad, dentro de la investigación
disciplinaria se encontró acreditado que, primero, la señora Rojas Izquierdo no
allegó documento alguno que acreditara su afirmación; y, segundo, que la gerente
del Fondo fue contundente y persistente en señalar que no le otorgó ninguna
autorización en tal sentido a la accionante, por cuanto, por un lado, no le fue
solicitado y, por el otro, el Fondo de Bienestar Social no era competente para
sufragar dichas sumas de dineros, toda vez que le está permitido, solamente,
cuando se trata de funcionarios de la entidad y dicho concurso se había hecho con
personas externas a ella.

Con ello queda demostrado el quebrantamiento del deber funcional de la parte
actora, en tanto desconoció la función social que le incumbe al servidor público
cuando toma posesión de un cargo jurando cumplir la Constitución, la ley y el
reglamento.

En tal sentido, podría concluirse que las faltas disciplinarias no son de resultado
sino de mera conducta y que, además, si bien no causó, en principio, perjuicio
alguno, el deber funcional se vio alterado por el incumplimiento de la normativa
aplicable en estos asuntos.

2.4.2.2. De la culpabilidad

La culpabilidad en materia disciplinaria, se encuentra consagrada en el artículo 13
de la Ley 734 de 2002, que señala «queda proscrita toda forma de responsabilidad
objetiva. Las faltas solo son sancionables a título de dolo o culpa».

El dolo en materia disciplinaria debe estar conformado por los siguientes elementos;
el conocimiento de los hechos, el conocimiento de la ilicitud y la voluntad. Respecto
a ello, la doctrina ha establecido lo siguiente:

29

Radicado: 25000-23-42-000-2013-06121-01 (5529-2019)
Demandante: Marisol Rojas Izquierdo

El dolo se considera como la intención deliberada que tiene el funcionario investigado
de desatender el ordenamiento o el ánimo que lo embarga de quebrantar la norma,
de causar un daño, o de actuar de manera contraria al interés general o al buen
servicio público, de lo cual tiene conocimiento dada su formación su experiencia, las
particulares funciones que le han sido asignadas o por haber sido advertido de la
incorrección de su proceder o de la falta de cumplimiento de condiciones fijadas en la
Ley, las que debía tener en cuenta y aplicar especialmente31.
Elemento volitivo, el cual significa la actitud consciente del agente que desea, que
quiere, que anhela situarse al margen del derecho disciplinario. Es la actitud que
cristaliza un querer jurídicamente importante matizado en un comportamiento
contrario a la ley. El elemento volitivo implica que lo conocido tiene que ser deseado,
querido o voluntario.
Elemento subjetivo, el cual se representa en el juicio práctico de la razón que surge
como consecuencia del querer realizar la conducta típica y antijurídica (antijuridicidad
sustancial). Es la materialización de la acción u omisión típica a la cual no se
encuentra exclusión de responsabilidad32.

Por su parte, la jurisprudencia del Consejo de Estado entiende el dolo como el
conocimiento y el deseo de incurrir en una conducta jurídicamente reprochable, para
lo cual ha manifestado33:

De manera crítica debe decirse que, según se indica en el acto sancionatorio, el señor
Gustavo Francisco Petro Urrego “conocía los hechos”, y “quería que las empresas del
Distrito asumieran, a como diera lugar, la prestación del servicio público de aseo en
la ciudad de Bogotá”. La expresión transcrita implica que el ente disciplinario no
solamente valoró negativamente las motivaciones que el señor Petro Urrego expuso
a lo largo del trámite disciplinario, sino que, tal expresión califica la conducta como un
mero capricho del actuar. Para el despacho se evidencia que dicha valoración no
contiene la entidad suficiente para convencer objetivamente de la intención que
motivó la actuación del agente y permita atribuir el dolo como título más gravoso de
culpabilidad en materia de responsabilidad disciplinaria.
Además, ese “querer” que se manifiesta en el acto como elemento que determina la
voluntad del sujeto disciplinado, obedece en el caso concreto, a una interpretación y
valoración de la conducta por parte de la autoridad administrativa, en la que no se
tuvieron en cuenta otros elementos que permitieran razonablemente determinar el
grado de culpabilidad del agente y la gravedad de la falta imputada, como lo sería el
haber analizado las causas que motivaron dicho actuar, entre ellas, la adopción de
una política pública por parte del alcalde a través de la inclusión de la población
recicladora en la prestación del servicio público de aseo.
(…)
De manera similar, sobre la segunda falta que se imputó a título de dolo, expresó que
el análisis de culpabilidad se sustentó en el “querer”, lo que no evidencia por sí solo
la “voluntad para realizar u omitir el deber o la prohibición”. Por tal motivo, no se
encuentra plenamente acreditado que el Alcalde Mayor de Bogotá, haya desplegado

31 Régimen Disciplinario. Fernando Brito Ruiz. Página 183.
32 La Culpabilidad en el derecho disciplinario. John Harvey Pinzón Navarrete. Página 102.
33 Auto de 13 de mayo de 2014, radicación No. 2014-03799, demandante: Gustavo Petro Urrego,

consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve.

30

Radicado: 25000-23-42-000-2013-06121-01 (5529-2019)
Demandante: Marisol Rojas Izquierdo

la conducta imputada de manera voluntaria, con la unívoca e inequívoca intención de
desconocer sus deberes funcionales y transgredir el ordenamiento jurídico.

Frente a la culpa, el artículo 44 ibidem dispone: «Habrá culpa gravísima cuando se
incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación
manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se
incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier
persona del común imprime a sus actuaciones».

En este asunto, los operadores disciplinarios al momento de imputar el elemento de
la culpabilidad, señalaron que la conducta había sido cometida a título de culpa
grave.

Ahora, al momento de emitir dicha imputación, se sostuvo que la señora Rojas
Izquierdo no actuó con el cuidado necesario que debía tener, en la medida en que
adelantó el concurso «Jóvenes universitarios», promovido por la entidad, a través
de la dependencia a su cargo, sin contar primero con el debido certificado de
disponibilidad presupuesta, lo cual causó, por un lado, que el premio no pudiera ser
entregado una vez se eligieron los ganadores y, por otro, que la Contraloría General
de la República tuviera que tramitar una conciliación extrajudicial para pagar dichos
rubros como un hecho no cumplido; circunstancias estas que demostraron que,
efectivamente, fue cometida a título de culpa grave.

Ahora, si bien la demandante sostuvo en su recurso de apelación que su conducta
había sido cometida a título de culpa leve, no señala el porqué de esta afirmación,
por lo que con lo antes expuesto, es dable confirmar que la conducta fue cometida
a título de culpa grave.

2.4.2.3. De la proporcionalidad de la sanción

31

Radicado: 25000-23-42-000-2013-06121-01 (5529-2019)
Demandante: Marisol Rojas Izquierdo

En cuanto a las clases de sanciones, la Ley 734 de 2002 en el artículo 44, dispone:

(…) Artículo 44. Clases de sanciones. El servidor público está sometido a las
siguientes sanciones:
1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas
con culpa gravísima
2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves
dolosas o gravísimas culposas.
3. Suspensión, para las faltas graves culposas.
4. Multa, para las faltas leves dolosas.
5. Amonestación escrita, para las faltas leves culposas. (…) (Negrilla fuera de texto).

El artículo 46 ibídem, consagra frente al límite de las sanciones que la suspensión
no será inferir a 1 mes ni superior a 12 meses.

Ahora bien, el artículo 47 de la misma normativa, señala como criterios para la
graduación de la sanción, los siguientes:

1. La cuantía de la multa y el término de duración de la suspensión e inhabilidad se
fijarán de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Haber sido sancionado fiscal o disciplinariamente dentro de los cinco años
anteriores a la comisión de la conducta que se investiga;
b) La diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño del cargo o de la función;
c) Atribuir la responsabilidad infundadamente a un tercero;
d) La confesión de la falta antes de la formulación de cargos;
e) Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio
causado;
f) Haber devuelto, restituido o reparado, según el caso, el bien afectado con la
conducta constitutiva de la falta, siempre que la devolución, restitución o reparación
no se hubieren decretado en otro proceso;
g) El grave daño social de la conducta;
h) La afectación a derechos fundamentales;
i) El conocimiento de la ilicitud;
j) Pertenecer el servidor público al nivel directivo o ejecutivo de la entidad.

Así, con el fin de determinar el término de duración de la suspensión, la Sala
realizará un análisis de cada uno de ellos, así:

1) Haber sido sancionado fiscal o disciplinariamente dentro de los 5 años
anteriores a la comisión de la conducta que se investiga

32

Radicado: 25000-23-42-000-2013-06121-01 (5529-2019)
Demandante: Marisol Rojas Izquierdo

Al revisar los antecedentes disciplinarios y fiscales en la Procuraduría General de la
Nación y la Contraloría General de la República, respectivamente, no se encontró
que la señora Marisol Rojas Izquierdo hubiera sido sancionada dentro de los 5 años
anteriores a la comisión de la conducta por la cual fue declarada responsable
disciplinariamente a través de la decisión disciplinaria acá cuestionada, emitida, en
segunda instancia, el 7 de diciembre de 2012, por la contralora general de la
República.

2) La diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño del cargo o de la
función.

La señora Rojas Izquierdo fue nombrada como directora de oficina, grado 04 en la
dependencia de Oficina de Comunicaciones y Publicaciones, el 26 de septiembre
de 2006.34

Estando en dicho cargo, el 9 de julio de 2010, la dependencia a cargo de la señora
Rojas Izquierdo dio apertura, por medio de la página Web de la entidad, a un
concurso sobre la transparencia y lucha contra la corrupción «Jóvenes
universitarios», mediante el cual invitó a estudiantes de diferentes universidades
para participar en la realización de unos afiches cuyas imágenes y contenido debían
motivar a la ciudadanía a combatir la corrupción, la impunidad y todos aquellos actos
que atenten contra el buen uso de los recursos públicos.

El ganador recibiría $2.000.000, el segundo lugar $1.000.000 y, el tercer lugar
$500.000; no obstante, a pesar de que los estudiantes participaron, que realizaron
los afiches solicitados y que hubo tres ganadores, el dinero del premio no pudo ser
pagado oportunamente, pues, al no existir el rubro presupuestal, la entidad se vio
obligada a llevar a cabo una conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General
de la Nación, para realizar el pago bajo la figura de hechos cumplidos.

34 Folios 113 a 115 del cuaderno de antecedentes administrativos.

33

Radicado: 25000-23-42-000-2013-06121-01 (5529-2019)
Demandante: Marisol Rojas Izquierdo

Al observar lo antes mencionado, es dable señalar que el concurso o la convocatoria
se llevó a cabo por parte de la actora, como directora de la Oficina encargada, sin
contar, se insiste, con la disponibilidad presupuestal para el efecto, desconociendo
con ello lo establecido en la Ley 111 de 1996, como se señaló en el acápite anterior.

Así, en atención a que de acuerdo con la norma en mención, todos los actos
administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con
certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación
suficiente para atender estos gastos, así como con el registro presupuestal para que
los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin, la disciplinada
actuó por fuera de los previsto, actuando así de manera negligente para evitar
infringir la mencionada norma, siendo esta la razón para concluir que la disciplinada
no fue del todo diligente y eficiente en el desempeño del cargo y sus funciones.

3) Atribuir la responsabilidad infundadamente en un tercero.

La disciplinada sí atribuyó infundadamente la responsabilidad en un tercero, por
cuanto pese a que afirmó que la gerente del Fondo de Bienestar Social se
comprometió con la entrega de dichos dineros y fue por esa razón que adelantó el
concurso, dicha funcionaria, esto es, la señora Amaida Palacios Jaimes, afirmó,
contundentemente, en la declaración que rindió y en un oficio que remitió a la señora
Giovanna Victoria Orozco que en momento alguno la señora Rojas Izquierdo se
había comunicado con ella para solicitarle dichos rubros y que de ser así, se hubiera
negado, en tanto que el presupuesto que maneja el Fondo es exclusivamente para
los funcionarios de la entidad y que en este caso el concurso se realizó con personas
externas.

Lo anterior se corrobora, además, porque la señora Rojas Izquierdo pese a que
realizó dicha afirmación no lo acredita con otra prueba, pues no allegó ningún
documento con la supuesta autorización y las pruebas testimoniales que solicitó
dentro de la investigación disciplinaria no afirmar haberla visto.

34

Radicado: 25000-23-42-000-2013-06121-01 (5529-2019)
Demandante: Marisol Rojas Izquierdo

4) La confesión de la falta antes de la formulación de cargos.

Circunstancia que no se dio, en la medida en que la investigada nunca aceptó su
responsabilidad disciplinaria.

5) Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el
perjuicio causado.

Esto no se realizó, en la medida en que la entidad se vio obligada a realizar una
conciliación extrajudicial con el fin de pagar la suma de dinero a los ganadores del
concurso, la cual tuvo que ser asumida de otro rubro para el pago de hechos
cumplidos.

6) Haber devuelto, restituido o reparado, según el caso, el bien afectado con
la conducta constitutiva de la falta, siempre que la devolución, restitución o
reparación no se hubieren decretado en otro proceso.

Lo cual tampoco ocurrió, por cuanto hasta el momento no se acredite que la señora
Marisol haya tratado de resarcir el daño o compensar el perjuicio.

7) El grave daño social de la conducta.

La Corte Constitucional al declarar exequible dicha disposición, sostuvo, que:
«…mientras en el cumplimiento de la función legislativa no resulten contrariados los
preceptos fundamentales, y sin perjuicio de lo que más adelante se expone sobre
los límites de la norma positiva, bien puede el legislador crear o suprimir figuras
delictivas, introducir clasificaciones entre ellas, establecer modalidades
punitivas, graduar las penas aplicables, fijar la clase y magnitud de éstas con arreglo
a criterios de agravación o atenuación de los comportamientos penalizados, todo de
acuerdo con la apreciación, análisis y ponderación que efectúe acerca de los

35

Radicado: 25000-23-42-000-2013-06121-01 (5529-2019)
Demandante: Marisol Rojas Izquierdo

fenómenos de la vida social y del mayor o menor daño que ciertos comportamientos
puedan estar causando o llegar a causar en el conglomerado».35

En el asunto sometido a consideración, si bien, como se ha mencionado, la señora
Rojas Izquierdo incurrió en la prohibición establecida en la Ley 111 de 1996, por
asumir un compromiso sin disponibilidad y registro presupuestal, resulta oportuno
destacar que no hubo un grave daño social con dicha conducta, en la medida en
que, finalmente, se les entregó el dinero pactado a los ganadores del concurso.

8) La afectación de derechos fundamentales

En similar sentido a lo antes mencionado, no se observa que con la conducta de la
investigada se hubiera vulnerado ningún derecho fundamental.

9) El conocimiento de la ilicitud

Como se mencionó en el acápite anterior, la señora Marisol Rojas Izquierdo, en su
condición de directora de la Oficina de Comunicaciones y Publicaciones, tenía el
deber de conocer cuáles eran sus deberes y prohibiciones como funcionaria pública
y aun así, decidió incurrir en una prohibición que estaba impuesta en la ley desde el
año 1996.

10) Pertenecer el servidor público al nivel directivo o ejecutivo de la entidad.

De conformidad con las pruebas obrantes, es dable concluir que la actora sí
pertenecía a un cargo directivo de la entidad, pues, era directora de oficina de la
dependencia de Comunicaciones y Publicaciones de la Contraloría General de la
República.

35 C-181 de 2002.

36

Radicado: 25000-23-42-000-2013-06121-01 (5529-2019)
Demandante: Marisol Rojas Izquierdo

Así las cosas, al analizar cada uno de los criterios antes mencionados, encuentra la
Sala que 7 de ellos están en contra de la investigada y 3 a favor; considerando la
Sala que, en consecuencia, la sanción que debe imponerse a la señora Marisol
Rojas Izquierdo es la dispuesta por la Contraloría General de la República, esto es,
suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 6 meses, la cual debe ser
convertida a salarios, por cuanto al momento de la ejecución de la sanción la
disciplinada no se encontraba laborando en la entidad, siendo esta la razón para
revocar la sentencia de primera instancia.

3. De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,36
en la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación

36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01

(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández
Gómez.

37

Radicado: 25000-23-42-000-2013-06121-01 (5529-2019)
Demandante: Marisol Rojas Izquierdo

jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.

4. Conclusión

Con base en los anteriores planteamientos se concluye que la parte actora no logró
desvirtuar la legalidad de los actos demandados, por lo que, en consecuencia, se
revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negarán las
pretensiones de la demanda, manteniendo incólume las decisiones disciplinarias de
7 de noviembre y 7 de diciembre de 2012, emitidas por la Oficina de Control
Disciplinario y la contralora general de la República.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero.- Revocar la sentencia proferida el nueve (9) de mayo de dos mil
diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A , que accedió, parcialmente, a las pretensiones de la
demanda, en el proceso promovido por el la señora Marisol Rojas Izquierdo contra
la Nación, Contraloría General de la República. En su lugar:

Segundo.- Negar las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo dispuesto
en la parte motiva de esta providencia.

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Radicado: 25000-23-42-000-2013-06121-01 (5529-2019)
Demandante: Marisol Rojas Izquierdo

Tercero.- No condenar en costas, de segunda instancia, a la parte demandante.

Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 186 del CPACA.

GMSM

39

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