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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-06139-01

Fecha
16 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-06139-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confírmese la sentencia 10 de febrero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda. Segundo: Sin condena en costas en esta instancia. Tercero:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2013-06139-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

16 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2013-06139-01 (6309-2022)
Demandantes: Miguel Ernesto Cuervo Hernández
Demandada: Fiscalía General de la Nación, FGN
Tema: Sanción disciplinaria a servidor de la FGN por suministrar
información y documentos de los procesos penales a personas
no autorizadas

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Asunto

La Sala, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 10 de febrero de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda.

I.- Antecedentes

1.- La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 1,
Miguel Ernesto Cuervo Hernández demandó la nulidad de los actos
administrativos disciplinarios de primera y segunda instancia: (i) del 23 de agosto
de 2011 expedido por la jefe de la oficina de Veeduría y Control Disciplinario
Interno de la FGN, por medio del cual fue sancionado con suspensión e
inhabilidad especial por el término de 8 meses y (ii) del 13 de marzo de 2012
proferido por la fiscal general de la Nación, encargada, en la que se confirmó la
sanción impuesta.

A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordenara a la FGN: (i)
eliminar la sanción de los registros, bases de datos y sistemas de información del
órgano de control, (ii) pagarle de manera indexada y con los intereses a que
hubiere lugar, $25.000.0000 por el lucro cesante, y por daño emergente,
$1.837.336 mensuales desde la imposición de la sanción, (iii) pagarle una
indemnización por los daños morales y (iv) pagar las costas y agencias en
derecho.

1.1.- Fundamentos fácticos

Los hechos relevantes del caso son los siguientes:

1 Artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo, en adelante CPACA.

Demandante: Miguel Ernesto Cuervo Hernández
Radicado: 25000234200020130613901 (6309-2022)

Mediante oficio 2007-184 del 25 de julio de 2007, la fiscal 10 Delegada ante los
Jueces Penales del Circuito de Bogotá, puso en conocimiento de la Oficina de
Veeduría y Control Disciplinario Interno de la FGN presuntas irregularidades que
estarían presentándose en la Unidad de Estructura y de Apoyo de la Dirección
Seccional de Fiscalías de Bogotá, específicamente en las entregas de vehículos
incautados por la Policía Judicial, efectuadas por la Fiscalía 86 Delegada ante los
Jueces Penales Municipales entre enero y septiembre de 2006, debido a que, al
parecer, era a través de documentos falsos, ya que varios usuarios informaron que
sus vehículos habían sido reclamados por otras personas, sin tener autorización
para ello.

En desarrollo de las actuaciones penales desarrolladas por la Fiscalía 295
Seccional Anticorrupción para investigar las irregularidades denunciadas, Miguel
Ernesto Cuervo Hernández, asistente de la FiscaIía 86 Delegada ante los Jueces
Penales Municipales, fue cobijado con medida de aseguramiento de arresto
domiciliario, como coautor de los delitos de fraude procesal, falsedad en
documento privado, uso de documento público falso y concierto para delinquir,
junto con José Manuel García Villanueva, quien, al parecer, se dedicaba a realizar
trámites y gestiones ante la FGN, valiéndose de su amistad con el disciplinado.

El 19 de septiembre de 2007 la Veeduría de la FGN ordenó apertura de
indagación preliminar disciplinaria contra Miguel Ernesto Cuervo Hernández.

El 27 de noviembre de 2007 la Veeduría de la FGN decretó la nulidad del proceso
dicisplinario a partir de la notificación del auto de apertura de indagación
preliminar, porque aquella había sido enviada al lugar de trabajo del disciplinado,
sin tener en cuenta que él no estaba acudiendo a su oficina, porque se econtraba
bajo arresto domiciliario, por lo que fue notificado en su casa el 28 de noviembre
de 2007.

El 26 de junio de 2008 la Veeduría de la FGN ordenó abrir la etapa de
investigación disciplinaria, cuya duración fue prorrogada 3 meses por medio de
auto del 6 de febrero de 2009.

A través de auto del 19 de julio de 2010, la Veeduría de la FGN formuló cargos al
disiciplinado, reprochándole a título de dolo la falta grave del artículo 50 del CDU
consistente en incumplir los deberes señalados en los numerales 2 y 5 del artículo
34 del CDU, así como violar las prohibiciones establecidas en los numerales 1 y
21 del artículo 35 del CDU, que a continuación se trascriben:

«Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:

[…]

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o
perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido
del cargo o función.

[…]

5. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo,
cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o

Demandante: Miguel Ernesto Cuervo Hernández
Radicado: 25000234200020130613901 (6309-2022)

evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos. (...)"
resaltado fuera de texto.

[…]

Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido:

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones
contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y
los contratos de trabajo.

[…]

21. Dar lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas
no autorizadas.

[…]».

Lo anterior por las siguientes razones:

«… Miguel Ernesto Cuervo Hernandez, quien para el año 2006 ostentaba el cargo
de Asistente de Fiscal I de la Fiscalía 86 Local de la Unidad de Estructura de
Apoyo, posiblemente faltó al deber cuando suministró información y fotocopias de
documentos a JOSÉ MANUEL GARCÍA VILLANUEVA, lo que facilitó a esta persona
obtener -mediante documentos falsos-, la entrega de vehículos a cargo de los
procesos: 2079082, 2042662, 2017726, 2148310, 736233, 696328, 2051434,
2199777, 2136050, 932259, 2074050 y 1196718, durante los meses de enero y
septiembre de 2006, mostrándose parcializado en cada una de las gestiones
adelantada por este sujeto en la Fiscalía 86 de donde era asistente.

[..]

.. el disciplinado inobservó el deber contenido en los numerales 2 y 5 del artículo
34 y 1 y 21 del artículo 35 de la ley 734 de 2002, cuando privilegió la intervención
del señor JOSÉ MANUEL GARCÍA VILLANUEVA, dentro de los procesos de 2079082,
2042662, 2017726, 2148310, 736233, 696328, 2051434, 2129777, 2136050,
932259, 2074050, 1196718, al entregarle documentación e información en cada
caso. Ha reconocido en su diligencia de versión libre que se comunicaba
constantemente con este sujeto para avisarle el estado de su trámite; en este
sentido, aparece claro que agilizaba tal, lo que implica necesariamente el irrespeto
al orden y turno de llegada de los asuntos a su cargo.

Lo anterior se hace evidente cuando al revisar el análisis link se observan
llamadas de larga duración en el mismo día y se verifica que en muchas
oportunidades el mismo día en que se presentaba la solicitud o a más tardar al día
siguiente se hiciera la entrega de los vehículos.

No se trata de censurar una conducta eficiente, solo que la balanza probatoria, se
inclina a determinar que la rapidez con que eran atendidas las solicitudes de
GARCÍA, no obedeció al compromiso del servidor con la institución, sino al grado
de amistad o cercanía con el mencionado.

Al punto que, no es posible dejar de lado el hecho cierto e innegable de que el
tramitador GARCÍA, contaba con documentos a los que no hubiere podido acceder
sino a través de los propietarios o el servidor de la Fiscalía, lo que le da mayor
fuerza a las salidas procesales de GARCÍA, en donde afirma que el señor MIGUEL
ERNESTO CUERVO le suministraba documentos, información y se comunicaba con
él para informarle sobre las entregas.

Demandante: Miguel Ernesto Cuervo Hernández
Radicado: 25000234200020130613901 (6309-2022)

Por lo anterior el reproche que se eleva en contra del servidor, no es otro que
favorecer la actuación de un usuario, suministrarle información sobre procesos que
tenía a su cargo, hecho que posibilitó que este particular defraudara a la
administración de Justicia.

[…]

Es claro que el servidor, por su experiencia, tiempo de servicio en la entidad y
calidad de abogado, conocía perfectamente el deber que tenía de adecuar su
conducta a la eficiencia, transparencia e imparcialidad que debe acompañar el
servicio público, razón por la cual el proceder adoptado a favor de las gestiones
que realizaba en la Fiscalía el señor GARCÍA VILLANUEVA, iban en contravía de los
principios contenidos en la constitución y la ley, que exigían de él, el amparo a la
administración de justicia.

El comportamiento preferente e irregular del señor CUERVO, rompió con el
principio de igualdad, pues queda claro que privilegió las actuaciones de esta
persona, ya que le suministró información que le permitió realizar sus gestiones
bajo condiciones diferentes a los demás usuarios, o sino como que otra
explicación tendrían sus continuas y largas llamadas en cada trámite, o la facilidad
con que esta persona obtuvo documentos (fotocopias) que hacian parte de
expedientes y sus entregas fueron casi inmediatas.

En este sentido, las pruebas contenidas en el estudió Link, su propia versión de los
hechos, las declaraciones de GARCÍA, nos permite establecer que su
comportamiento es doloso y que quiso apoyar las gestiones que ante la Fiscalía 86
Local de donde era Asistente realizaba el tramitador GARCÍA VILLANUEVA,
vulnerando de este modo el deber que tenía de preservar la información bajo su
cuidado y guardar la imparcialidad en su gestión como servidor público.».

El 23 de agosto de 2011 la Veeduría de la FGN profirió fallo sancionatorio de
primera instancia, por medio del cual el demandante fue sancionado con
suspensión e inhabilidad especial por el término de 8 meses, decisión que fue
confirmada en fallo de segunda instancia del 13 de marzo de 2012, expedido por
el despacho del fiscal general de la Nación.

1.2.- Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron el preámbulo y los artículos 2, 6, 13, 15, 21, 25, 29 y 209
de la Constitución, 1, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 47, 90, 91,
92, 94, 97, 128, 129, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 150 y 156 de la Ley 734 de
20022, los artículos 3, 5, 138, 164 del CPACA y los artículos 3, 5, 84 y 85 del
Decreto 01 de 19843.

El demandante alegó que la FGN desconoció su derecho al debido proceso, así
como el derecho de audiencia y defensa, por las siguientes razones:

En primer lugar porque omitió las formas y procedimientos señalados en la ley,
debido al desconocimiento de los términos procesales, ya que de acuerdo con el
artículo 150.4 del CDU, el término de indagación preliminar es de 6 meses y debe
culminar con el archivo definitivo o auto de apertura, mientras que en el trámite
que se cuestiona, el despacho disciplinario ordenó la apertura de indagación
preliminar el 19 de septiembre de 2007, y aunque se declaró la nulidad de la
notificación, la decisión se mantuvo incólume, venciéndose el término el 19 de

2 Por la cuál se expide el Código Disciplinario Unico, en adelante CDU.
3 Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo, CCA.

Demandante: Miguel Ernesto Cuervo Hernández
Radicado: 25000234200020130613901 (6309-2022)

marzo de 2008, con todo lo cual esta etapa procesal se extendió hasta el 26 de
junio de 2008, por lo tanto, se extendió hasta 3 meses más.

En ese mismo sentido, porque iguales circunstancias se dieron durante la etapa
de instrucción, la cual se encuentra limitada temporalmente por el artículo 156 del
CDU en un máximo de nueve meses, admitiendo como única prorroga hasta la
mitad de los primeros 6 meses que se fijan como término para adelantar la
investigación, pero en el caso concreto fue indebidamente extendida desde el 26
de junio de 2008 hasta el 19 de julio de 2010, es decir, por el término de 25 meses
durante los cuales se decretaron pruebas, algunas de las cuales dejaron de ser
practicadas por falta de gestión del despacho, con todo lo cual se vulneraron los
principios procesales de presunción de inocencia, de legalidad, de celeridad y de
imparcialidad.

Así mismo, el artículo 168 inciso 2 y el artículo 169 de la ley 734 de 2002 fijan un
término de 90 días para practicar las pruebas decretadas y 20 días más para
proferir el fallo disciplinario, el A-quo empleó 13 meses para hacerlo; además para
proferir el fallo de segunda instancia para el que establece la ley un término de
hasta 90 días, siempre que decrete pruebas de oficio lo que no ocurrió en este
caso, el Ad-Quem empleó 7 meses para hacerlo.

Los términos procesales fueron agotados y excedidos por el operador disciplinario
de primera y segunda instancia, vulnerando así el principio constitucional al debido
proceso con el único objeto de sancionar al demandante respaldando la teoría
delictiva de la FGN en el proceso penal, adelantando la controversia penal,
direccionando los testigos y pretendiendo neutralizar la estrategia de la defensa, lo
que quiere decir que se puso la potestad disciplinaria al servicio de la causa penal
evitando las limitaciones y la igualdad que rige el proceso penal acusatorio.

Las pruebas practicadas por el despacho fueron en su mayoría las decretadas de
oficio, mientras que las solicitadas por la defensa no o fueron dilatadas o no
practicadas, por lo que el despacho disiciplinario impidió el despliegue de la
actividad de defensa al limitar injustificadamente la controversia a los testigos y al
ejercer la potestad disciplinaria para orientarlos y determinar su respuesta.

Por último, respecto de las pruebas allegadas en sede administrativa, el fallo
definitivo se sustentó en piezas procesales trasladadas del proceso penal
acusatorio contraviniendo la naturaleza administrativa del derecho disciplinario. En
efecto, las evidencias obtenidas por la Policía Judicial y ordenadas por el Fiscal en
el sistema acusatorio, no son pruebas, ni pueden ser valoradas como tales hasta
que no hayan sido producidas e incorporadas ante el juez de conocimiento, razón
por la cual el traslado de los actos de investigación al proceso disciplinario no
modifican su naturaleza de actos de investigación y no de prueba.

2.- Contestación de la demanda

La FGN se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se
expresan a continuación:

Demandante: Miguel Ernesto Cuervo Hernández
Radicado: 25000234200020130613901 (6309-2022)

La autoridad disciplinaria respetó el debido proceso, porque a lo largo del proceso
administativo sancionatorio se le brindaron todas las garantías tanto procesales
como sustanciales, para que pudiera ejercer su defensa de manera técnica y
material, puesto que se le notificaron en debida forma todas las actuaciones, pudo
controvertir y aprotar pruebas, y finalmente, apelar la decisión sancionatoria, con
lo que se garantizó su derecho a la doble instancia.

En el procedimiento administrativo sancionatorio se acreditó con suficiencia y
certeza, a partir de los registros de llamadas y de la prueba testimonial, que Miguel
Ernesto Cuervo Hernández entregó a un tercero ajeno a la entidad y que no era
sujeto procesal, información y documentos que hacían parte de expedientes
judiciales, lo cual le permitió reclamar vehículos incautados sin la autorización de
sus dueños.

3.- La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia de primera instancia del
10 de febrero de 2023, negó las pretensiones de la demanda -sin condena en
costas-, con base en los siguientes argumentos:

El proceso disciplinario que se siguió contra el demandante respetó los términos
establecidos en el CDU, porque el 19 de septiembre de 2007 la Veeduría de la
FGN profirió auto en el que ordenó abrir la indagación preliminar, acto
administrativo que solo tuvo efectos jurídicos desde el 27 de noviembre de 2007,
porque el investigado solicitó su nulidad en atención a que la notificación de esa
decisión se había realizado en forma incorrecta, pues fue enviada citación para
notificación personal a la Fiscalía en la que él desarrollaba sus funciones pese a
encontrarse con medida de aseguramiento preventiva de detención domiciliaria.

Los elementos probatorios de la investigación penal seguida contra el disciplinado,
fueron trasladados al proceso disciplinario de acuerdo con las pautas legales y
jurisprudenciales sobre la materia, especialmente, lo que tiene que ver con la
posibilidad de contradicción.

La prueba testimonial se recepcionó en legal forma, permitiendo que la defensa
del disciplinado participara en su práctica.

4-. El recurso de apelación

La parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, con base en los siguientes argumentos:

La garantías al debido proceso y al derecho de defensa en el trámite y decisión
disciplinaria fueron vulneradas por los funcionarios a cargo de la instrucción y el
juzgamiento disciplinario, porque sin respetar la diferente naturaleza del derecho
probatorio penal y del derecho probatorio disciplinario en lo que se refiere a las
garantías de impugnación, a la publicidad e intervención en el recaudo de la
prueba, trasladaron elementos materiales de prueba y evidencia física sin que
pudiera ser considerada prueba material o física impidiendo la impugnación o

Demandante: Miguel Ernesto Cuervo Hernández
Radicado: 25000234200020130613901 (6309-2022)

controversia de las pruebas, pese a lo cual fueron valoradas para la imposición de
la sanción disciplinaria.

Los elementos materiales de prueba y evidencia física incorporados, no eran
pruebas materiales hasta su incorporación en el juicio, momento en el cual se
someterían a valoración y controversia probatoria, se trasladaron y valoraron en la
investigación disciplinaria elementos materiales de prueba, elementos físicos y
actos de investigación como medios de prueba sin haber surtido su contradicción,
tal condición se consolidó con el traslado de entrevistas recaudadas por la Policía
Judicial, con el traslado de los resultados del informe link, pese a haberse
advertido que ostentaba graves fallas como el haber cuantificado comunicaciones
de hasta 40 minutos cuando en realidad se trataba de 40 segundos, es decir, ni
siquiera el tiempo de conexión, esto evidencia que solo hasta el juicio pudo ser
ajustada en el proceso penal.

Con la prueba link se pretende demostrar la rapidez con la que eran atendidos los
requerimientos de García Villanueva, no obstante, las frecuencias y tiempos de
llamada no corresponden con la realidad, porque fueron confundidos los minutos
con segundos, de forma tal que se perdió la seguridad de la evidencia trasladada,
nunca se demostró que las llamadas tuvieran como origen y/o destino al señor
Cuervo Hernández, porque también se probó que su teléfono celular era empleado
por varias personas, ante la deficiencia del servicio en esa sede de la Fiscalía.

La declaración de García Villanueva -testigo de la Fiscalía, fue tachado como no
confiable, se determinó que tenía la confianza de varios de los fiscales de la
unidad, colaboraba en la elaboración de listados de vehículos incautados en los
que contaba con información de características y estado de los mismos y además
trabajó al servicio de una de las fiscales arreglando el archivo, lo que le permitió el
acceso a los documentos de archivo de varias dependencias de la unidad.

Así mismo, aunque se adelantó una prueba técnica a instancias del proceso
disciplinario para demostrar las incongruencias y diferencias físicas visibles entre
los documentos aportados por el tramitador García Villanueva y los que reposaban
en las carpetas de los vehículos, que presuntamente habían sido entregados por
el accionante como parte de su favorecimiento, sin ningún fundamento o
motivación se cambio el objeto de la prueba por un dictamen grafológico que no
aportó nada al proceso y agotó una prueba válidamente solicitada que no fue
practicada.

De igual forma, fue rechazado el informe técnico rendido por el técnico Adelson
Aguirre que desvirtuaba los elementos materiales de prueba y elementos físicos
trasladados por la FGN, evidenciando la falta de identidad entre los documentos
aportados por el tramitador García Villanueva y los que podía presuntamente
dispensar Cuervo Hernández, a través de copias de los procesos a cargo de la
entidad.

Igualmente, aunque cada una de las entregas presuntamente irregulares de
rodantes se valoran de manera independiente por hecho y a lo largo del proceso
disciplinario no se hizo alusión a la figura de concursos o de faltas continuadas, no
se admitió la prescripción individual de las faltas planteadas en los alegatos de

Demandante: Miguel Ernesto Cuervo Hernández
Radicado: 25000234200020130613901 (6309-2022)

conclusión, por el contrario, en el fallo se plasmó por primera vez la imputación de
una conducta continuada, a titulo de concurso real o material de conductas. Esta
afirmación que se consigna en el fallo violenta aún más las garantías del
disciplinado, toda vez que la falta continuada y el concurso material son figuras
excluyentes y su imputación amerita una motivación que no existió, así fuera de
forma extemporánea.

Se valoraron testimonios contradictorios rendidos por un testigo de la Fiscalía,
José Manuel García Villanueva, para quien era impostergable mentir en beneficio
propio, en tanto fue reconocido como el responsable de múltiples fraudes de la
misma especie, en dependencias sobre las cuales no tenia ninguna injerencia el
actor, no obstante, todos estos delitos fueron omitidos con la promesa de no
enjuiciamiento.

De ninguna forma fue demostrado que Miguel Ernesto Cuervo Hernández
colaborara con fines delictivos con José Manuel García Villanueva. Según se
demostró en el proceso penal y en el proceso disciplinario, el aludido tramitador
gestionó 23 entregas ilegales entre enero y septiembre de 2006 ante la Fiscalía 86
delegada ante los Jueces Penales Municipales de lo cual se sindicó inicialmente al
demandante, sin embargo, en su mayoría estas entregadas se concretaron en
periodos en que mi representado no se encontraba en su puesto de trabajo por
vacaciones, licencia o encargo en otro empleo.

Para llegar a la imposición de la sanción, la FGN dejó de respetar y atender el
proceso disciplinario y lo usó para regularizar elementos materiales de prueba y
elementos físicos que no pudieron ajustarse en el mismo proceso penal, fue así
como se desnaturalizó el proceso disciplinario y se convirtió en un mecanismo
exclusivamente de sanción que de cualquier forma fue concluido, incluso, cuando
habían prescrito algunas de sus conductas.

La conducta que sustentó el cargo fue modificada sin que se cumplieran las
exigencias legales para hacerlo. En el auto de cargos se limitó la infracción
disciplinaria a la entrega indebida de 11 automotores, posteriormente, sobre estos
11 vehículos se demostró la diferencia entre la documentación entregada para su
devolución y la que reposa en los archivos oficiales de la FGN, es decir, no era
posible suponer que la supuesta ayuda del actor era la extracción de
documentación de la carpeta oficial del automotor, porque la información
entregada era falsa y diferente de la que reposaba en la entidad. No obstante, se
mantuvo la exigencia disciplinaria en el fallo que lo declaró disciplinariamente
responsable, en el que se le endilgó el hecho de haber auxiliado al tramitador José
Manual García Villanueva, en su empresa criminal de recuperación con fines
personales de vehículos decomisados, entregando información, que como se
admitió, era falsa.

El proceso disciplinario adelantado por la FGN no respetó las diferencias
sustanciales en la naturaleza del derecho disciplinario y del derecho penal
acusatorio, por lo que con fundamento en presunciones y sin pruebas legalmente
producidas en el proceso, imputaron cargos y profirieron fallo sancionatorio
sustentados en argumentos subjetivos y empleando elementos materiales de

Demandante: Miguel Ernesto Cuervo Hernández
Radicado: 25000234200020130613901 (6309-2022)

prueba y elementos físicos con los que reemplazaron las pruebas necesarias para
sancionar.

Por último, los elementos del tipo disciplinario no fueron valorados o motivados en
la decisión disciplinaria, razón por la cual nunca se hizo la remisión a normas que
regularan de manera especifica la función del investigado en la Fiscalía y pese a
que la tipicidad se adecuó sobre tipos abiertos o en blanco, que no describen
específicamente la infracción, se omitió hacer la remisión a las disposiciones
funcionales especificas que señalaran deberes, mandatos y prohibiciones
aplicables al servidor público disciplinado.

5.- Alegatos de segunda instancia y concepto del Ministerio Público

5.1.- Parte demandante:

La parte demandante presentó los alegatos de conclusión mediante escrito del 21
de febrero de 20234, en el que reiteró los argumentos de la demanda y del recurso
de apelación.

5.2.- Parte demandada:

La parte demandada guardó silencio en esta oportunidad procesal, como se puede
corroborar con el informe de secretaría del 10 de marzo de 20235.

5.3.- Concepto del Ministerio Público:

El Ministerio Público se abstuvo de intervenir.

II.- Consideraciones

6.- Los problemas jurídicos

Se circunscriben a resolver los siguientes interrogantes: (i) ¿la autoridad
disciplinaria demandada incurrió en irregularidades procesales sustanciales en el
trámite del proceso disciplinario, especialmente, en la aplicación de los términos
procesales en la actuación disciplinaria? (ii) ¿la FGN valoró inadecuadamente el
material probatorio, particularmente las declaraciones del tercero beneficiado con
la información y documentos suministrados por el disciplinado? Y (ii) ¿en los actos
administrativos disciplinarios demandados, la autoridad disciplinaria demandada,
trasladó indebidamente el material probatorio proveniente del proceso penal?

7.- Estudio y resolución del primer problema jurídico, atinente al
desconocimiento de los términos en el proceso disciplinario

Con miras a determinar si la Oficina de Veeduría y Control Interno de la FGN ha
violado el derecho al debido proceso del disciplinado por el desconocimiento de
los términos en el proceso disciplinario, es preciso tener en cuenta lo siguiente:

4 Visible en índice 8 del expediente digitalizado en SAMAI.
5 Visible en índice 10 del expediente digitalizado en SAMAI.

Demandante: Miguel Ernesto Cuervo Hernández
Radicado: 25000234200020130613901 (6309-2022)

El debido proceso

El debido proceso es un derecho de rango superior que busca la protección de las
garantías que instituye el ordenamiento jurídico a favor de quienes están llamados
a hacer parte tanto de una actuación judicial como de un trámite administrativo,
por lo que las partes que en él intervienen se encuentran provistas de tales
amparos a lo largo de todas sus etapas procesales.

La jurisprudencia y la doctrina han definido que el derecho al debido proceso goza
de una naturaleza dual, la cual se manifiesta en una perspectiva formal y otra
material. La primera se refiere a las ritualidades legalmente establecidas, como lo
son las etapas que deben surtirse, los términos que han de cumplirse, las
oportunidades de actuación procesal, entre otras. De otro lado, su dimensión
material alude a las garantías sustanciales en las que se proyectan esas
formalidades, entre las cuales pueden destacarse el principio de publicidad, la
doble instancia, la contradicción, la presunción de inocencia, la imparcialidad, el
non bis in idem, entre otros. Con base en esa distinción, es plausible aseverar que
no toda violación a la dimensión formal del debido proceso debe traducirse
inexorablemente en la anulación de la actuación procesal afectada pues para tales
efectos será necesario que aquella transgresión se proyecte en la esfera material
de protección de aquel derecho. En armonía con ello, se ha sostenido en cuanto a
las irregularidades procesales que, para que puedan afectar la validez de lo
actuado en el procedimiento disciplinario, tienen que ser determinantes, de
manera que cuando se resguardan las garantías sustanciales con que cuentan los
disciplinados para ejercer su derecho de defensa, los yerros procesales de menor
entidad no pueden aducirse a efectos de anular el acto administrativo
sancionatorio6.

En ese sentido, la vulneración al debido proceso solo es posible declararla si en la
revisión exhaustiva de las circunstancias procesales se encuentra
inexorablemente probado la existencia de una irregularidad que coartara la
posibilidad de defensa y contradicción del investigado.

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que «no toda irregularidad se puede
calificar como violación al debido proceso, sino que éste se afecta cuando hay privación o
limitación del derecho de defensa, que se produce en virtud de concretos actos de los
órganos jurisdiccionales que entraña mengua del derecho de intervenir en el proceso en
que se ventilan intereses al sujeto, respecto de los cuales las decisiones judiciales han de
suponer modificación de una situación jurídica individualizada. Si bien es cierto "toda
clase de actuaciones judiciales", pueden acarrear una violación al debido proceso, la
connotación constitucional se da si alguna de las partes es ubicada en tal condición de
indefensión que afectaría el orden justo, violándolo ostensiblemente»7.

6
Sentencia 11 de junio de 2020. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Segunda. Subsección A. Radicado: 201603623016.
7
Sentencia 02 de abril de 2020. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Segunda. Subsección A. Radicado: 2015 04841. // Sentencia T-267 del 7 de marzo de 2000, Corte
Constitucional. En este sentido también puede leerse el auto 029A del 16 de abril de 2002, en el que dicha
Corporación sostuvo que: «[…] ha de valorarse si la irregularidad observada tiene la capacidad de alterar
de manera grave el proceso, tornándolo en injusto, es decir, violatorio del debido proceso. En consecuencia,
sólo cuando además del vicio procesal se vulnera el fin buscado con la norma, ha de dictarse la nulidad de lo
actuado. Por el contrario, cuando la irregularidad no impide la realización efectiva de la función o propósito
perseguido por el instrumento procesal, no puede endilgarse de injusto e indebido el proceso. De otra parte,
el vicio debe ser trascendente; es decir, que, de no haberse producido, otra hubiera sido la evolución del

Demandante: Miguel Ernesto Cuervo Hernández
Radicado: 25000234200020130613901 (6309-2022)

7.1.- Indagación preliminar

La Ley 734 de 2002, normatividad vigente para la época de los hechos, en el
artículo 150 señala que:

«En caso de duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria se ordenará
una indagación preliminar.

La indagación preliminar tendrá cómo fines verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una
causal de exclusión de la responsabilidad.

En caso de duda sobre la identificación o individualización del autor de una falta
disciplinaria se adelantará indagación preliminar. En estos eventos la indagación
preliminar se adelantará por el término necesario para cumplir su objetivo.

En los demás casos la indagación preliminar tendrá una duración de seis (6) meses y
culminará con el archivo definitivo o auto de apertura. Cuando se trate de
investigaciones por violación a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional
Humanitario, el término de indagación preliminar podrá extenderse a otros seis meses.

Para el cumplimiento de este, el funcionario competente hará uso de los medios de
prueba legalmente reconocidos y podrá oír en exposición libre al disciplinado que
considere necesario para determinar la individualización o identificación de los
intervinientes en los hechos investigados (…)». (Texto subrayado fue declarado
INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-036 de 2003)

Se advierte que, respecto de la primera inconformidad, el tenor literal del inciso 4
del artículo 150 de la Ley 734 de 2002 establece que «la indagación preliminar
tendrá una duración de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de
apertura», razón por la cual se puede afirmar que para contabilizar el término de
duración de la etapa de indagación en los procesos disciplinarios debe observarse
la fecha en la cual el funcionario disciplinario profiere el auto de apertura de la
investigación o de archivo, según corresponda.

En el caso en concreto se tiene que la Oficina de Veeduría y Control Interno de la
FGN, profirió auto 265 en el que ordenó abrir la indagación preliminar 18787, el 19
de septiembre de 2007, acto administrativo que solo tuvo efectos jurídicos desde
el 27 de noviembre de 2007, toda vez que el investigado solicitó su nulidad en
atención a que la notificación de esa decisión se había realizado en forma
incorrecta, pues fue enviada citación para notificación personal a la Fiscalía en la
que él desarrollaba sus funciones pese a encontrarse con medida de
aseguramiento preventiva, sustituida con detención domiciliaria.

En ese contexto, como el auto de apertura de indagación preliminar solo surtió
efectos desde el 27 de noviembre de 2007, el período de indagación vencía el 27
de mayo de 2008.

Es necesario tener en cuenta además, que en el marco de la indagación, al
proceso disciplinario radicado 18787/P, que fue el que inicialmente se abrió contra
el demandante, fueron agregados los radicado 18878VE y 18877Q, mediante auto

proceso. Por ende, si se incurre en una grave irregularidad en un fallo, pero el fallo de reemplazo debe
dictarse en el mismo sentido del anterior, a pesar del defecto es improcedente la nulidad por falta de
trascendencia del vicio […]».

Demandante: Miguel Ernesto Cuervo Hernández
Radicado: 25000234200020130613901 (6309-2022)

de 15 de mayo de 2008 (fl.13-15), y el radicado 18979P mediante auto del 20 de
mayo de 2008 (fl. 17 -20), en razón, al mandato del artículo 81 del CDU, según el
cual, cuando un servidor público cometa varias faltas disciplinarias conexas, se
investigarán y decidirán en un solo proceso.

Luego, mediante auto 1539 del 26 de junio de 2008, el ente disciplinario ordenó
abrir investigación disciplinaria en contra del demandante.

Por ende, se constata que existió una mora en finiquitar la etapa de indagación
preliminar de un mes, no obstante, durante ese mes no se evidencia dentro del
acervo probatorio la vulneración a su derecho de defensa, por el contrario se
hicieron actividades propias de la etapa de indagación, como determinar la unidad
procesal de la acción disciplinaria, labores de inspección en los expedientes
penales 110016000057200700016 y 110016000057200780886 de la Unidad
Anticorrupción, actividades de investigación en las que se determinó la existencia
de 10 investigaciones penales por las conductas investigadas en el disciplinario y
de las cuales se anexó copias, entre otras, actuaciones que le fueron notificadas al
demandante.

Como lo ha reconocido la Corte Constitucional en sentencia SU-901 de 2005:

«El incumplimiento del término de indagación previa no conduce a que el órgano de
control disciplinario incurra automáticamente en una grave afectación de garantías
constitucionales y a que como consecuencia de ésta toda la actuación cumplida
carezca de validez. Esto es así en cuanto, frente a cada caso, debe determinarse el
motivo por el cual ese término legal se desconoció, si tras el vencimiento de ese
término hubo lugar o no a actuación investigativa y si ésta resultó relevante en el curso
del proceso. Es decir, del sólo hecho que un término procesal se inobserve, no se
sigue, fatalmente, la conculcación de los derechos fundamentales de los administrados
pues tal punto de vista conduciría al archivo inexorable de las investigaciones por
vencimiento de términos y esto implicaría un sacrificio irrazonable de la justicia como
valor superior y como principio constitucional. De allí que la afirmación que se hace en
el sentido que se violaron derechos fundamentales por la inobservancia de un término
procesal no deba ser consecuencia de una inferencia inmediata y mecánica, sino fruto
de un esfuerzo en el que se valoren múltiples circunstancias relacionadas con el caso
de que se trate, tales como la índole de los hechos investigados, las personas
involucradas, la naturaleza de las pruebas, la actuación cumplida tras el vencimiento
del término y la incidencia de tal actuación en lo que es materia de investigación.»

En consecuencia, si bien no se observaron los términos establecidos por el
legislador, no es menos cierto que la Sala encuentra que la indagación preliminar
se tramitó con observancia de las garantías legales y constitucionales que le
asistían al actor.

7.2.- Etapa de la investigación

En lo que tiene que ver con las actuaciones de la Oficina de Veeduría y Control
Interno Disciplinario de la FGN durante la etapa de investigación, a fin de
establecer la existencia de violaciones al debido proceso, en efecto a folio 26 del
expediente discplinario obra auto 1539 del 26 de junio de 2008, por medio del cual
se ordenó la apertura de la investigación, en el que se accedió a la solicitud de
copias elevada por el encartado y la notificación personal de la actuación.

Demandante: Miguel Ernesto Cuervo Hernández
Radicado: 25000234200020130613901 (6309-2022)

De conformidad con el artículo 156 del CDU, el término de la investigación
disciplinaria es de 12 meses contados a partir de la fecha de la apertura, por tanto,
la Oficina de Veeduría tenía la posibilidad de adelantar la investigación hasta el 26
de junio de 2009, a pesar de ello, mediante auto 194 del 6 de febrero de 2009 (fl.
36-40), ordenó prorrogar la investigación por 3 meses, los cuales vencían el 6 de
mayo de esa anualidad, para recaudar las declaraciones de las funcionarias
Yolanda Sepúlveda Lozano y Edilma Gómez Santamaría, que habían sido
decretadas en oportunidad anterior, para el esclarecimiento de los hechos; así
mismo, solicitó copia del escrito de acusación en el proceso penal 2007 80886
seguido por los delitos de fraude procesal en concurso heterogéneo con estafa y
falsedad contra el hoy demandante, también las entrevistas realizadas a José
Manuel García Villanueva (fl. 40).

Finalmente, a través de auto 1486 del 19 de julio de 2010 la Oficina de Veeduría y
Control Interno Disciplinario de la FGN, formuló cargos contra el indiciado.

De lo anterior, se concluye que la entidad contó de forma errónea el término de la
etapa de investigación pues la prorrogó antes de su fenecimiento; pero aún así se
tomó más tiempo del legalmente establecido, pues los 12 meses vencían el 26 de
junio de 2009 más los tres meses de prórroga tendrían que haber proferido pliego
de cargo antes del 26 de septiembre de 2009.

Aún así, no es palpable una vulneración al debido proceso del investigado debido
a que no se observan solicitudes denegadas al demandante, actuaciones de las
que se pueda inferir una persecución o un mal actuar por parte de la
administración, por el contrario, se puede ver que la investigación se surtió de
forma normal bajo los presupuestos y principios del derecho disciplinario.

Dadas las anteriores consideraciones, se puede señalar que no existió una
vulneración al derecho del debido proceso en razón a que la entidad hubiere
excedido en tiempo los términos procesales para las etapas de indagación e
investigación disciplinaria, pues con ello no se coartó la posibilidad del investigado
de participar activamente en la actuación, por el contrario son esas etapas en las
que, al sujeto disciplinable le es dado solicitar o allegar las probanzas que
considere necesarias y adecuadas en pro de su defensa.

8.- Resolución al segundo problema jurídico, referido a la indebida
valoración probatoria en el proceso disciplinario

Para resolver este cargo, la Sala considera importante referirse al control integral
de los actos disciplinarios por parte del juez contencioso, por cuanto, está
relacionado con la aseveración de la parte demandante sobre la indebida
valoración de las pruebas para encontrar acreditados los elementos de la
responsabilidad disciplinaria.

Para la Corte Constitucional «la plena vigencia de los presupuestos que conforman el
debido proceso constituye exigencia básica de la validez constitucional del proceso
disciplinario, en forma tal que las actuaciones que allí se efectúen deberán estar sujetas al
ejercicio del derecho de defensa amplia y oportuna»8. Lo anterior, con el fin de hacer

8 Sentencia C-095 de 1998; M.P. Hernando Herrera Vergara

Demandante: Miguel Ernesto Cuervo Hernández
Radicado: 25000234200020130613901 (6309-2022)

«viables las garantías sustanciales y procesales pertinentes para la protección de los
derechos fundamentales y las libertades de los servidores públicos». Es por ello que el
control pleno que llegue a efectuar la jurisdicción contenciosa forma parte de las
garantías mínimas del debido proceso como derecho fundamental del demandante
en su calidad de sujeto disciplinado y sancionado.

Según la jurisprudencia del Consejo de Estado, el control que ejerce la jurisdicción
contencioso-administrativo sobre los actos administrativos disciplinarios es pleno e
integral, el cual se efectúa a la luz de las disposiciones de la Constitución Política
como un todo y de la ley. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado 9,
definió que dicho control debía ser integral y desarrollarse bajo los siguientes
parámetros:

«1) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial” respecto
de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción
de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto
administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente
regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación
normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable
judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades
del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo
el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo
contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante
de los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la
acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela
judicial efectiva.»

Así mismo, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado10, manifestó
que el control integral de los actos administrativos disciplinarios habilita al juez
para realizar las siguientes actuaciones, «Aunque en principio el análisis de la
legalidad del acto demandando está enmarcado en las causales de nulidad invocadas en
la demanda, también es cierto que el juez puede y debe examinar otras conexas con
derechos fundamentales, con el fin de garantizar la primacía del derecho sustancial y
optimizar la tutela judicial efectiva. Estudiar la legalidad, pertinencia y conducencia de las
pruebas que sustentan la sanción. Así como verificar la valoración de la prueba, lo cual
comprende: (i) el análisis acerca del acatamiento al derecho de audiencia y defensa; (ii) el
respeto por los principios y reglas fijadas por la Constitución y la ley disciplinaria para el
recaudo del material probatorio y; (iii) se debe comprobar si el acto fue debidamente
motivado. (…) Examinar que en la actuación disciplinaria se haya dado estricto
cumplimiento a todos los principios rectores de la ley que rige la materia. Que la sanción
disciplinaria corresponda a la gravedad de la falta y a la graduación que prevé la ley.
Realizar el análisis de racionalidad, razonabilidad y/o proporcionalidad de la ilicitud
sustancial y de ser necesario, valorar los argumentos que sustentan la afectación
sustancial del deber funcional, así como las justificaciones expuestas por el disciplinado».

Así pues, la autoridad judicial debe observar la legalidad de la actuación
disciplinaria y de la decisión que se adopte en el trámite, por lo que no puede
limitarse a analizar las causales de nulidad que se le imputan al acto
administrativo acusado, también tiene que estudiar otras posibles irregularidades
que se encuentren relacionadas con derechos fundamentales, con el fin de
garantizar los principios constitucionales de primacía del derecho sustancial, y la

9 Sentencia 2011-00316, de 9 de agosto de 2016, M.P. William Hernández Gómez.
10 Sentencia 2011-00512, de 14 de septiembre de 2017; M.P. William Hernández Gómez.

Demandante: Miguel Ernesto Cuervo Hernández
Radicado: 25000234200020130613901 (6309-2022)

tutela judicial efectiva, sin que ello constituya una tercera instancia del proceso
administrativo.

Revisado este aspecto, resulta necesario traer a colación que desde el pliego de
cargos del 19 de julio de 2010, quedó en evidencia que José Manuel García
Villanueva aclaró en varias ocasiones las circunstancias de modo, tiempo, lugar y
la participaron directa e indirecta de los sujetos investigados en la tramitología
para la entrega de los vehículos entregados de forma irregular; de lo anterior dan
cuenta las siguientes afirmaciones:

• Declaración del 2 de junio de 2009: señaló que obtenía la información sobre los
vehículos en la oficina de asignaciones donde se informaba de la fiscalía a
cargo del caso y el número de radicado. Luego de esto hacia las
averiguaciones correspondientes para establecer si el vehículo estaba
asegurado o no. Igualmente, expresó que obtuvo la información de varias
fiscalías de manera verbal, pero que luego fue ganando confianza,
especialmente de Miguel Ernesto Cuervo Hernández, y recibía copia de los
documentos, tales como tarjeta de propiedad, denuncias, inventarios, estado
del vehículo.

• Interrogatorio del 31 de julio de 2007: dijo que en asocio con Alirio Navarro,
Hernán Perdomo Franco, Luis Eduardo Sánchez, Luis Ricardo Días y José
Elías Caro, sacaron de manera fraudulenta varios carros de la Fiscalía, siendo
el servidor de la entidad Miguel Ernesto Cuervo Hernández, quien suministraba
la información sobre la ubicación de los vehículos y le entregaba fotocopia de
los documentos, así mismo, indicó que Cuervo Hernández verificaba que sus
solicitudes quedaran debidamente radicadas en baranda, y que luego, en los
pasillos o a través de llamadas revisaban aspectos finales de la entrega de los
vehículos.

• Interrogatorio del 2 de octubre de 2007: dio cuenta de cada una de las
reclamaciones de vehículos en las que participó para su entrega y que hacen
parte de la investigación penal. Sobre el particular, informó respecto de cada
situación en la que Miguel Cuervo Hernández le suministró información o
documentos que facilitaron la entrega de los vehículos.

• En oportunidad posterior, mediante auto 0536 del 06 de abril de 2011, la
Oficina de Veeduría y Control Interno Disciplinario de la FGN denegó la
solicitud del hoy demandante relacionada con recepcionar nuevamente la
declaración de José Manuel García Villanueva, en atención a que había sido
decretada en oportunidad anterior, pero el disciplinado y su defensa principal y
suplente no presentaron justificación a su inasistencia y añadió: «[a]sí las cosas,
la defensa con su ausencia, injustificada no mostró interés en la realización de la
diligencia, esto sin contar que en las sesiones de declaración, no ha concretado la
contradicción pretendida, pues una y otra vez se vuelve sobre asuntos, respecto de
los cuales el testigo ya había sido interrogado». (fl. 113).

Teniendo en cuenta lo anterior, y las diferentes declaraciones rendidas por José
Manuel García Villanueva, no es posible afirmar que dentro de la actuación
disciplinaria se hubiera coartado el derecho de contradicción del investigado, pues
fue decisión de esa parte no ejercerla.

Demandante: Miguel Ernesto Cuervo Hernández
Radicado: 25000234200020130613901 (6309-2022)

Visto lo anterior, aunado a la prueba técnica en la que se logró determinar varias
llamadas que se cruzaban incluso varias veces al día entre Miguel Ernesto Cuervo
Hernández y José Manuel García Villanueva, llevan a afirmar que las
declaraciones de García Villanueva son sólidas y se corresponden con lo que
realmente ocurrió.

Lo que sí es difícil de determinar y así se dejó establecido en el pliego de cargos y
en los fallos disciplinarios, es que el actuar de Miguel Ernesto Cuervo Hernández
como asistente de la Fiscalía 86 hubiera estado motivado por el hecho de recibir
una prebenda económica o de otra índole, y fue por esa razón que la Veeduría de
la FGN optó por endilgar responsabilidad únicamente por las conductas de violar
la reserva de los documentos a su cargo y la imparcialidad en el servicio
encomendado, por lo que a juicio de esta Sala, resulta atinado la adecuación del
tipo disciplinario determinado y congruente con el acervo probatorio recaudado.

Cabe resaltar que la decisión disciplinaria fue fundamentada en varios medios
probatorios como el dictamen técnico de la sabana de las comunicaciones
telefónicas, las declaraciones de otros funcionarios de las FGN que corroboraron
la cercanía entre Miguel Ernesto Cuervo Hernández y José Manuel García
Villanueva, el estudio psiquiátrico con el que se definió que García Villanueva no
padece de mitomanía, estudio documentológico, entre otras, que valoradas en
conjunto indican la actuación irregular en la que incurrió el funcionario disicplinado.
Veamos:

• La existencia de continuas llamadas entre el tramitador y el disciplinado,
Asistente de la Fiscal 86 Local, varias de ellas fuera del horario laboral y en día
no hábil, sin justificación para ello, lo que permite concluir que efectivamente
cada que un asunto estaba en trámite, se iba a iniciar o concluía, estas dos
personas se contactaban en procura de verificar el estado de este.

• Las entregas irregulares de rodantes a José Manuel García Villanueva, se
presentaron en mayor volumen en la Fiscalía 86 Local, frente a un caso de la
Fiscalía 131 de la misma Unidad. Como situación para tener en cuenta, la
persona que reclamó con documentación falsa era un abogado de apellido
Perdomo Franco, quien justamente era suplente en algunas oportunidades del
abogado Alirio Navarro Ortigoza, persona que García Villanueva reconoce
como el jefe de la organización encargada de obtener carros de manera
irregular de la Fiscalía.

• Del mismo modo, fue analizado el hecho de que los procesos sobre los cuales
se obtuvo la entrega ilícita de vehículos y motocicletas, no tenían actuaciones,
• oficios o actividades que permitieran localizar a los propietarios o enterarlos
de la recuperación de estos -, solo tenían la denuncia y la posterior solicitud de
entrega por parte de José Manuel García Villanueva.

• De igual forma, fueron tenidas en cuenta las declaraciones de los Fiscales y
Asistentes de la Unidad de Apoyo, que tuvieron contacto con García
Villanueva, quienes aceptaron haberlo conocido y darle confianza, haberle

Demandante: Miguel Ernesto Cuervo Hernández
Radicado: 25000234200020130613901 (6309-2022)

dado su número de celular, sin embargo aseguraron que el contacto con esta
persona no era continuo.

En ese sentido no le asiste razón al demandante cuando afirma que las
declaraciones de José Manuel García Villanueva fueron las únicas tenidas en
cuentas, o que eran completamente ambiguas y debían ser descartadas.

9.- Estudio y resolución del tercer problema jurício, relacionado con las
pruebas trasladadas de la investigación penal

Como se expusó en los antecedentes, el demandante alega que las pruebas
tenidas como fundamento del pliego de cargos dentro de la actuación disciplinaria
tenían la calidad de elementos materiales de prueba y no constituían pruebas
controvertidas del juicio penal en atención a que a la fecha del fallo disciplinario la
actuación penal no había llegado a la etapa de juicio. Añade que la evidencia
allegada por la Fiscalía fue inducida por esta alterando la imparcialidad del
investigador disciplinario. En razón de lo anterior, estimó que el fallo disciplinario
estuvo sustentado en actos de investigación trasladados y no en pruebas
estrictamente constituidas como lo prevé el régimen acusatorio.

De conformidad con el artículo 135 del CDU, que regula la materia de la prueba
trasladada, «[l]as pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o
administrativa, dentro o fuera del país y los medios materiales de prueba, podrán
trasladarse a la actuación disciplinaria mediante copias autorizadas por el respectivo
funcionario y serán apreciadas conforme a las reglas previstas en este Código». Esto
quiere decir que el traslado de las pruebas opera únicamente cuando estas
pruebas ya hayan sido practicadas en forma válida en el proceso externo desde el
cual se busca su traslado al proceso disciplinario; en otras palabras, no se
requiere que las pruebas sean practicadas nuevamente en el ámbito del proceso
disciplinario para que puedan ser apreciadas, puesto que de ser así se perdería el
sentido mismo de la figura del traslado de pruebas. Ello porque en materia
procesal, lo que incluye recaudo y valoración, no son admisibles posturas
formalistas que sacrifiquen la prevalencia del derecho sustancial.

En el sub judice, no existe prueba en el plenario de que las pruebas trasladadas
del proceso penal hayan sido declaradas ilegales, o que el investigado no haya
tenido la posibilidad de contradecirlas dentro de la actuación disciplinaria, por el
contrario presentó solicitudes probatorias a las cuales se accedió, y contradijo
valoraciones técnicas como el estudio psiquiátrico de José Manuel García
Villanueva y el de documentología; distinto es que las valoraciones que se derivan
de ellas no lleguen a probar sus afirmaciones y a desvirtuar los cargos endilgados,
pero ello no es consecuencia de una vulneración al debido proceso.

Recuerda la Sala, que dentro de la actuación disciplinaria a Miguel Ernesto Cuervo
Hernández se le reprocha haber facilitado información a José Manuel García
Villanueva, entre enero y septiembre del año 2006, para agilizar la reclamación de
vehículos dejados a disposición de la Fiscalía a la que el primero de ellos se
encontraba adscrito, mediante la presentación de documentos falsos en los que se
ordenó la entrega. Este comportamiento está suficientemente acreditado con las
pruebas que obran en el expediente disciplinario, de las cuales hacen parte las

Demandante: Miguel Ernesto Cuervo Hernández
Radicado: 25000234200020130613901 (6309-2022)

piezas procesales trasladadas de la investigación penal que integra el acervo
probatorio, indicativa de que la Fiscalía 86 de la Unidad de Automotores de esta
ciudad, a la cual estaba adscrito el disciplinado, dispuso a través de resoluciones
motivadas la entrega de varios vehículos y motocicletas recuperados y a
disposición de este despacho a terceros que, identificándose como sus
propietarios o tenedores o sus representantes con documentos falsos elaborados
a partir de información que obraba en la respectiva investigación penal,
pretendieron acreditar un interés legítimo, y que al ser detectados debieron
revocarse en el trascurso del año 2007.

Esta adulteración de los poderes y de las fotocopias de las cédulas de ciudadanía
aportadas con las solicitudes de entrega de vehículos, encuentra soporte en el
informe DIJIN OT.071184 del 11 de mayo de 2007, que obra en el proceso
disciplinario, trasladado del proceso penal.

Asimismo está establecido con los señalamientos de José Manuel García
Villanueva en el interrogatorio de indiciado y en las declaraciones que rindió en el
proceso disciplinario, que el disciplinado contribuyó a esta entrega fraudulenta
suministrando la información relacionada con los automolores, a partir de la cual
con la ayuda de terceros se falsificaron algunos de los documentos que se
allegaron con las solicitudes a través de diferentes personas sin ningún interês en
cada uno de los procesos en los que se produjo la defraudación.

De manera que sobre la existencia de la conducta irregular atribuida a Miguel
Ernesto Cuervo Hernández no hay duda alguna, y las pruebas insertas en las
foliaturas conllevan a la certeza de la ocurrencia de los hechos denunciados.

10.- Costas

Por último, en cuanto a la condena en costas la Sala precisa que la norma que
prevé su condena en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo es el artículo
188 del CPACA que dispuso: «salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. En todo caso, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda
con manifiesta carencia de fundamento legal.».

Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución. Por ello, a diferencia
de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez de lo contencioso-
administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta
procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el
arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la
norma. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

Demandante: Miguel Ernesto Cuervo Hernández
Radicado: 25000234200020130613901 (6309-2022)

En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal de única instancia, la Sala se abstendrá de
condenar en costas a la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el Ministerio Público,

III.- FALLA

Primero: Confírmese la sentencia 10 de febrero de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual negó las pretensiones de la
demanda.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero: Notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

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