Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-06401-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-06401-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-06401-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
18 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2013-06401-01 (0606-2021)
25000-23-42-000-2015-02698-00 (Acumulado)
Demandantes: Amparo Echeverry Zuleta y Martha Cecilia Benavides Díaz
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ─UGPP─
Tema: Marco normativo aplicable a la sustitución de la pensión de
jubilación. Beneficiarios de la sustitución pensional. Sustitución
pensional improcedente al no demostrarse convivencia entre las
beneficiarias y el causante. Suspensión del proceso. REVOCA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes y el Ministerio
Público, contra la sentencia proferida el veintisiete (27) de junio de dos mil
diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la
cual se accedió parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
Las señoras Amparo Echeverry Zuleta y Martha Cecilia Benavides Díaz instauraron
demandas contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ─UGPP─, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Mediante auto del 30 de mayo de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
resolvió acumular los expedientes con Radicado Nro. 25000-23-42-000-2013-
06401-00 y 25000-23-42-000-2015-02698-00.
PRETENSIONES DEL EXPEDIENTE 25000-23-42-000-2013-06401-01 –
Amparo Echeverry Zuleta
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Radicado: 25000-23-42-000-2013-06401-01 (0606-2021)
Que se declare la nulidad de la Resolución Nro. RDP 017012 del 16 de abril de
2013, por medio de la cual la UGPP le negó el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, en su calidad de compañera permanente, con ocasión del
fallecimiento del señor Luis Enrique Briceño Moreno.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene el reconocimiento y
pago de la pensión de sobrevivientes, incorporando el retroactivo de las mesadas
pensionales; así como el reconocimiento de los intereses moratorios de los que trata
el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
PRETENSIONES DEL EXPEDIENTE 25000-23-42-000-2015-02698-00-
Martha Cecilia Benavides Díaz
Que se declare la nulidad de la Resolución Nro. 007985 del 21 de agosto de 2012,
por medio de la cual la UGPP le negó el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, con ocasión del fallecimiento del señor Luis Enrique Briceño
Moreno; de la Resolución Nro. 019682 del 17 de diciembre de 2012, mediante la
cual se resolvió el recurso de reposición contra la anterior resolución; y de la
Resolución Nro. 004410 del 31 de enero de 2013, por medio de la cual se resolvió
el recurso de apelación.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene el reconocimiento y
pago de la sustitución de la pensión gracia (sic), en su calidad de cónyuge
supérstite, incorporando los ajustes de valor, conforme con el IPC; así como el
reconocimiento de los intereses moratorios de los que trata el artículo 141 de la Ley
100 de 1993.
HECHOS DEL EXPEDIENTE 25000-23-42-000-2013-06401-01
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que Amparo Echeverry Zuleta convivió en unión marital de hecho con el señor Luis
Enrique Briceño Moreno desde el 1° de febrero de 1968 y, fruto de su relación,
procrearon 6 hijos.
Que mediante Resolución Nro. 6240 del 13 de agosto de 1982, la Caja Nacional de
Previsión Social le reconoció al señor Briceño Moreno la pensión de jubilación.
Que el señor Briceño Moreno falleció el 4 de octubre de 2011, motivo por el cual el
10 de abril de 2013 le solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes. Que dicha petición fue negada a través de la Resolución Nro. RDP
017012 del 16 de abril de 2013.
HECHOS DEL EXPEDIENTE 25000-23-42-000-2015-02698-00
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que Martha Cecilia Benavides Díaz contrajo matrimonio con el señor Luis Enrique
Briceño Moreno el 8 de octubre de 2003 y que este falleció el 4 de octubre de 2011.
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Radicado: 25000-23-42-000-2013-06401-01 (0606-2021)
Que mediante Resolución Nro. 6240 del 13 de agosto de 1982, la Caja Nacional de
Previsión Social le reconoció al señor Briceño Moreno la pensión de jubilación gracia
(sic).
Que mediante escrito presentado el 10 de noviembre de 2011, le solicitó a la UGPP
el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, en su calidad de cónyuge
supérstite, lo cual se le negó en la Resolución Nro. 007985 del 21 de agosto de 2012
y se confirmó en las Resoluciones Nro. 019682 del 17 de diciembre de 2012 y Nro.
004410 del 31 de enero de 2013, que resolvieron los recursos de reposición y
apelación, respectivamente.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
DEL EXPEDIENTE 25000-23-42-000-2013-06401-01
Se indicaron como normas violadas los artículos 13, 48, 53 y 83 de la Constitución
Política; los artículos 10, 46, 47, 48 y 141 de la Ley 100 de 1993; el artículo 6 de la
Ley 1204 de 2008; y el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.
En el concepto de violación manifestó que el acto demandado vulneró los derechos
a la igualdad, a la seguridad social y a la vida digna.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
DEL EXPEDIENTE 25000-23-42-000-2015-02698-00
Se indicaron como normas violadas los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53,
58, 90, 228 y 336 de la Constitución Política; el artículo 1 de la Ley 12 de 1975; el
artículo 1 de la Ley 33 de 1985; el artículo 2, numeral 5 de la Ley 91 de 1989; los
artículos 115 y 180 de la Ley 115 de 1994; y el artículo 46 de la Ley 100 de 1993.
En el concepto de violación manifestó que los actos demandados fueron expedidos
con infracción de las normas superiores en las que debería fundarse y falsa
motivación.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda con Radicado Nro. 25000-23-42-000-2013-06401-01 se admitió en
auto del 30 de mayo de 2014 1 y la demanda con Radicado Nro. 25000-23-42-000-
2015-02698-00 se admitió en auto del 5 de noviembre de 20152.
En el proceso con Radicado Nro. 25000-23-42-000-2013-06401-01, la entidad
accionada se opuso a las pretensiones. Indicó que la decisión de la Resolución Nro.
RDP 017012 del 16 de abril de 2013 se ajustó a la ley y a la documentación
presentada por la parte actora 3.
En el proceso con Radicado Nro. 25000-23-42-000-2015-02698-00, la accionada se
opuso a las pretensiones. Manifestó que actuó de buena fe y conforme con el
1 Véase a folios 54-59 del cuaderno 1.
2 Véase a folios 26-42 del cuaderno 2.
3 Véase a folios 105-110 del cuaderno 1.
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Radicado: 25000-23-42-000-2013-06401-01 (0606-2021)
ordenamiento jurídico. Propuso, como excepciones, la de presunción de legalidad
de los actos demandados, prescripción, pago, falta de conformación del
litisconsorcio necesario por pasivo e innominada o genérica 4.
Mediante auto del 30 de mayo de 2017, se ordenó la acumulación de los procesos
dado que versaban sobre las mismas pretensiones 5. El 13 de marzo de 2018 se
celebró audiencia inicial en la que se fijó el litigio y se decretaron las pruebas 6. Una
vez agotado el periodo probatorio, se corrió traslado para alegar de conclusión y se
dictó sentencia que fue apelada en el plazo oportuno por las partes y el Ministerio
Público.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del veintisiete (27) de
junio de dos mil diecinueve (2019), accedió parcialmente a las pretensiones. Indicó
que el régimen aplicable era el de la Ley 100 de 1993, con las modificaciones
introducidas por la Ley 797 de 2003.
Consideró que del testimonio del señor José Ignacio Cuevas Rodríguez se podía
concluir que entre el causante y la señora Amparo Echeverry Zuleta existió una
relación de pareja durante 50 años, aproximadamente, la cual culminó con la muerte
de este. Se manifestó, igualmente, que del testimonio del señor Jaime Alejandro
Castro López podía darse por probado que la señora Echeverry Zuleta y el causante
convivieron, ininterrumpidamente, por al menos 44 años.
Se indicó que los anteriores testigos coincidieron en sostener que la otra
demandante, esto es, la señora Martha Cecilia Benavides Díaz, era la empleada del
servicio de la hermana del causante y que este pernoctaba algunos días de la
semana en casa de su hermana, razón por la que la señora Benavides Díaz fue
quien lo condujo a la clínica, previo a su muerte.
Que del interrogatorio de parte y de los testimonios de Ana Judith Rodríguez
Villalobos, Elisa Gutiérrez de Acosta y María de Jesús Briceño Lerma se podía
determinar que entre el causante y la señora Martha Cecilia Benavides Díaz existió
una relación de pareja desde que contrajeron matrimonio y hasta la fecha en que
este falleció.
En esa medida, se estableció que el causante sostuvo convivencia simultánea con
ambas demandantes durante al menos los 5 años anteriores a su muerte, por lo que
sí les asistía derecho al reconocimiento y pago de la sustitución pensional.
En virtud de lo anterior, declaró la nulidad de las Resoluciones Nro. 007985 del 21
de agosto de 2012, 019682 del 17 de diciembre de 2012, 004410 del 31 de enero
de 2013 y RDP 017012 del 16 de abril de 2013, por medio de las cuales la UGPP
les negó el reconocimiento de la sustitución pensional, con ocasión del fallecimiento
del señor Luis Enrique Briceño Moreno.
4 Véase a folios 82-88 del cuaderno 2.
5 Véase a folios 202-207 del cuaderno 3.
6 Véase a folios 238-245 del cuaderno 3.
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Condenó a la UGPP a pagar, a partir del 5 de octubre de 2011, el 50% de la pensión
a la señora Amparo Echeverry Zuleta y el otro 50% a la señora Martha Cecilia
Benavides Díaz, sobre quien se declararon prescritas las mesadas causadas con
anterioridad al 2 de junio de 2012.
Que las sumas reconocidas debían ajustarse con base en el índice de precios al
consumidor y se negaron las demás pretensiones 7.
RECURSOS DE APELACIÓN
La parte demandada interpuso recurso de apelación en el que manifestó que el
acervo probatorio no permitió concluir hasta cuando la señora Amparo Echeverry
Zuleta convivió con el causante, razón por la que no pudo establecerse el requisito
de convivencia de los últimos 5 años anteriores al fallecimiento de este.
Que a pesar de que los testigos presentados por la señora Martha Cecilia Benavides
Díaz dieron cuenta que convivió con el causante, debió prestarse atención al
testimonio de la señora Cecilia Briceño, hermana de este, quien afirmó que él vivía
con ella, más no con la señora Benavides Díaz.
Igualmente, indicó que debía tenerse en cuenta que, en la actualidad, cursa
denuncia interpuesta por la señora Amparo Echeverry Zuleta contra la señora
Martha Cecilia Benavides Díaz por fraude procesal, injuria y calumnia.
Que lo anterior da cuenta que las demandantes no cumplieron con el requisito de la
convivencia durante los últimos 5 años anteriores a la muerte del causante, razón
por la que debe revocarse el fallo de primera instancia y negar las pretensiones 8.
El Ministerio Público interpuso recurso de apelación en el que indicó que las
señoras Amparo Echeverry Zuleta y Martha Cecilia Benavides Díaz no convivieron
con el causante en los últimos 5 años anteriores a su deceso, tal y como pudo
concluirse del testimonio que rindió la señora Cecilia Briceño Moreno, hermana de
este. Que, por consiguiente, debe revocarse la sentencia de primera instancia y no
acceder a ninguna de las pretensiones de las demandantes 9.
La señora Martha Cecilia Benavides Díaz interpuso recurso de apelación en el que
manifestó que las pruebas aportadas dieron cuenta que, en su calidad de cónyuge
supérstite, tiene derecho al reconocimiento pensional en cuantía del 100%, razón
por la que debe revocarse parcialmente el fallo de primera instancia 10.
La señora Amparo Echeverry Zuleta interpuso recurso de apelación en el que
manifestó que no está de acuerdo con que se haya accedido al reconocimiento
pensional a favor de la señora Martha Cecilia Benavides Díaz, en la medida que no
cumplió con los requisitos establecidos para ser beneficiaria de la prestación.
Que, actualmente, cursa una denuncia contra la señora Martha Cecilia Benavides
7 Véase a folios 417-439.
8 Véase a folios 448-452.
9 Véase a folios 453-460.
10 Véase a folios 461-468.
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Díaz por el delito de falsedad en documento público, dado que la escritura pública
Nro. 3833 del 8 de octubre de 2003 presenta una serie de inconsistencias, que dan
cuenta que entre el causante y la señora Benavides Díaz no se configuró un vínculo
matrimonial. Que contrario a lo sostenido por el fallador de primera instancia, esto
sí era relevante puesto que del registro civil de matrimonio y de la escritura pública
surge para la señora Benavides Díaz el derecho a ser beneficiaria de la pensión.
Manifestó que los testigos presentados por la otra demandante no tenían una
relación de cercanía y amistad con el causante, por lo que no podía dárseles
credibilidad. Que la señora Martha Cecilia Benavides Díaz no probó la convivencia
con el causante, porque se demostró que ella era la empleada del servicio de la
hermana de este.
Que aun cuando se considere que esta es beneficiaria de la sustitución pensional,
tan solo tendría derecho en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido, es
decir, 8 años y 6 días, por lo que la decisión de reconocerle a esta la prestación en
un 50% no resultaba conforme con lo dispuesto por el ordenamiento jurídico.
Que le asiste derecho a que el reconocimiento pensional se haga en cuantía del
100%, puesto que se probó que su convivencia con el causante se extendió por un
lapso de 36 años, 3 meses y 21 días.
Indicó que sí tiene derecho al reconocimiento del daño emergente, del lucro
cesante, de los perjuicios morales, del daño a la salud y de la afectación a bienes
constitucional y convencionalmente protegidos. Finalmente, solicitó la suspensión
del proceso por prejudicialidad, ante la existencia del proceso penal que cursa en
contra de la señora Martha Cecilia Benavides Díaz 11.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 25 de marzo de 2021 se admitieron los recursos de apelación12 y, por auto del 8
de junio de 2021, se corrió traslado por el término de 10 días para la presentación
de los alegatos de conclusión y, posteriormente el mismo término para el Ministerio
Público13.
La señora Amparo Echeverry Zuleta y la UGPP alegaron de conclusión. En términos
generales, reiteraron los argumentos de los recursos de apelación 14.
Se resolverá previas las siguientes
CONSIDERACIONES
De conformidad con los recursos de apelación interpuestos, el problema jurídico
que deberá resolver la Sala consiste en determinar si las señoras Martha Cecilia
Benavides Díaz y Amparo Echeverry Zuleta, en su condición de cónyuge y
compañera supérstites, respectivamente, satisfacen los presupuestos legales para
11 Véase a folios 469-503.
12 Véase a índice 3 de SAMAI.
13
Véase a índice 8 de SAMAI.
14 Véase a índices 12 y 13 de SAMAI.
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acceder a la sustitución de la pensión de jubilación que percibía el señor Luis
Enrique Briceño Moreno, específicamente, frente al requisito de convivencia
efectiva.
Cuestión previa
En el recurso de apelación presentado por la señora Amparo Echeverry Zuleta se
solicitó la suspensión del proceso por prejudicialidad, ante la existencia de la
denuncia penal que cursa en contra de la señora Martha Cecilia Benavides Díaz en
la Fiscalía 98 Seccional de Bogotá, con Radicado Nro. NUC
110016000050201741858.
Al respecto, se pone de presente que el Código General del Proceso preceptúa:
«ARTÍCULO 161. SUSPENSIÓN DEL PROCESO. El juez, a solicitud de parte,
formulada antes de la sentencia, decretará la suspensión del proceso en los
siguientes casos:
1. Cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que
se decida en otro proceso judicial que verse sobre cuestión que sea imposible
de ventilar en aquel como excepción o mediante demanda de reconvención. El
proceso ejecutivo no se suspenderá porque exista un proceso declarativo
iniciado antes o después de aquel, que verse sobre la validez o la autenticidad
del título ejecutivo, si en este es procedente alegar los mismos hechos como
excepción.
…
ARTÍCULO 162. DECRETO DE LA SUSPENSIÓN Y SUS EFECTOS.
Corresponderá al juez que conoce del proceso resolver sobre la procedencia
de la suspensión.
La suspensión a que se refiere el numeral 1 del artículo precedente solo se
decretará mediante la prueba de la existencia del proceso que la determina y
una vez que el proceso que debe suspenderse se encuentre en estado de dictar
sentencia de segunda o de única instancia.
La suspensión del proceso producirá los mismos efectos de la interrupción a
partir de la ejecutoria del auto que la decrete.
El curso de los incidentes no se afectará si la suspensión recae únicamente
sobre el trámite principal».
En esa medida, aun cuando la solicitud se presentó dentro del término, al consultar
el estado de la denuncia se concluyó que la misma está inactiva dado que se archivó
por atipicidad. Por consiguiente, teniendo en cuenta que el procedimiento penal
acusatorio tiene dos etapas claramente definidas ─la de investigación y la de
juicio─, es claro que este no puede suspenderse ya que su decisión no depende,
necesariamente, de lo que se decida en lo penal, pues este finalizó en una etapa
preprocesal.
En otras palabras: dado que la denuncia interpuesta en contra de la señora Martha
Cecilia Benavides Díaz no llegó a juicio, resulta palmario que no se constituyó en
un auténtico «proceso», razón por la que no existe la relación de prejudicialidad a
la que aludió la apelante.
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Radicado: 25000-23-42-000-2013-06401-01 (0606-2021)
Marco normativo aplicable a la sustitución de la pensión de jubilación
Dentro de un sistema integral de protección del derecho a la seguridad social, la
inclusión del riesgo por muerte se configura en uno de sus pilares fundamentales,
en cuanto la ausencia definitiva de la persona que atendía el sostenimiento del
grupo familiar deja en situación de desamparo a los integrantes de este.
Con la finalidad de atender dicha contingencia, se consagró el derecho a la
sustitución pensional como un mecanismo de protección a los familiares del
pensionado, que busca suplir la ausencia repentina del apoyo económico que
brindaba un afiliado al grupo familiar y, así, evitar que su deceso se traduzca en un
cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de las personas
beneficiarias de dicha prestación. Este derecho es una protección directa a la
familia, cualquiera que sea su origen o fuente de conformación.
Atendiendo a que el fallecimiento se dio el 4 de octubre de 2011, las normas que
gobiernan la sustitución pensional debatida son las vigentes al momento del deceso
del causante, es decir, la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, la
cual, respecto de los beneficiarios estableció lo siguiente:
«ARTÍCULO 47. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE
SOBREVIVIENTES. <Expresiones "compañera o compañero permanente" y
"compañero o compañera permanente" en letra itálica CONDICIONALMENTE
exequibles>
<Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es
el siguiente:> Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera
o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida
marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no
menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante,
tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La
pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración
máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para
obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el
causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera
permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir
parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha
pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con
el fallecido.
<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de convivencia
simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre
un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el
beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no
existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay
una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá
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reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje
proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido
superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra
cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad
conyugal vigente; […]» (cursivas, negrillas y subrayas originales).
Es preciso señalar que, en caso de controversia entre el cónyuge y el compañero
(a) permanente, se debe determinar: i) si hubo vida marital y perduró durante los 5
años anteriores al fallecimiento del pensionado; ii) si existe sociedad conyugal y si
está o no disuelta; iii) si hubo o no separación de hecho; iv) el tiempo de convivencia;
y v) si esta fue simultánea o sucesiva durante los 5 años anteriores a la muerte.
Respecto al requisito de la convivencia, esto es, los cinco años continuos
inmediatamente anteriores a la muerte del causante, es claro que el legislador lo
previó como un mecanismo de protección, para salvaguardar a los beneficiarios
legítimos de quienes pretenden buscar solo un provecho económico.
Igualmente, deberá acreditarse la vocación de estabilidad y permanencia, por lo que
no se tienen en cuenta aquellas relaciones casuales, circunstanciales, incidentales,
ocasionales, esporádicas o accidentales que haya podido tener en vida el fallecido
pensionado.
Resolución del caso concreto
Dentro del proceso se observan las siguientes pruebas que constituyen piezas
importantes en la resolución del asunto:
Se encuentra debidamente acreditado que mediante Resolución Nro. 6240 del 13
de agosto de 1982, la Caja Nacional de Previsión Social reconoció, a favor del señor
Luis Enrique Briceño Moreno, una pensión en cuantía de $38.631,07, efectiva a
partir del 1° de abril de 1981 15.
El señor Luis Enrique Briceño Moreno falleció el 4 de octubre de 2011, tal y como
se inscribió en el registro civil de defunción con indicativo serial Nro. 07103449 16.
Con el fin de acreditar la convivencia entre la señora Martha Cecilia Benavides
Díaz y el causante, se tiene lo siguiente:
Obra prueba que contrajeron matrimonio el 8 de octubre de 2003, tal y como se
inscribió en el registro civil de matrimonio con indicativo serial Nro. 4002102 17.
También se aportaron las declaraciones extrajuicio rendidas por Ana Judith
Rodríguez Villalobos, María de Jesús Briceño Lerma, María Alexandra Ávila
Briceño, Pedro Joaquín Acosta Rubiano y Elisa Gutiérrez de Acosta, en las que
manifestaron, coincidentemente, que conocían a la demandante y al causante,
quienes estaban casados desde 2003 18.
15 Véase el archivo «CC-2603280-0_EXP_EP20131127CC2603280-30», visible en el medio magnético
«2603280».
16 Véase a folio 3 del cuaderno 1.
17 Véase a folio 6 del cuaderno 2.
18 Véase a folios 7-9 del cuaderno 2.
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Radicado: 25000-23-42-000-2013-06401-01 (0606-2021)
En audiencia de pruebas celebrada el 22 de junio de 2018, se practicaron los
testimonios de Ana Judith Rodríguez Villalobos, Elisa Gutiérrez de Acosta y María
de Jesús Briceño Lerma.
La señora Ana Judith Rodríguez Villalobos, vecina del causante, manifestó que este
vivía en la casa de su hermana, donde convivía con la demandante. Que la
accionante dependía económicamente del señor Luis Enrique Briceño Moreno y que
no procrearon hijos. Que tuvo conocimiento que el causante era viudo y que tenía
hijos, fruto de otra relación sentimental.
Indicó que conocía a la demandante desde hacía 35 a 40 años y que supo que se
casó con el señor Briceño Moreno, con quien compartía techo, lecho y mesa hasta
la fecha en que este falleció.
La señora Elisa Gutiérrez de Acosta, vecina del causante, manifestó que lo conocía
desde hacía 30 a 35 años, aproximadamente, y que convivía con la hermana y la
demandante, quien era su esposa, con quien compartió hasta que este falleció. Que
no procrearon hijos y que no le consta si tenía otra relación sentimental, tan solo
que era viudo. Que la señora Martha Cecilia Benavides Díaz era la empelada del
servicio de la hermana del causante.
La señora María de Jesús Briceño Lerma, hija del causante, indicó que conocía a la
demandante desde hacía 20 o 25 años, dado que la señora Martha Cecilia
Benavides Díaz trabajaba en la casa de su tía y se casó con su papá. Que su padre
nunca convivió con la señora Amparo Echeverry Zuleta, pese a que tuvieron hijos
en común.
En esa misma diligencia se practicó interrogatorio de parte a la señora Martha
Cecilia Benavides Díaz, quien sostuvo que conocía al señor Luis Enrique Briceño
Moreno desde hacía 25 años, dado que llegó a laborar en la casa de su hermana,
como empleada doméstica. Que contrajo matrimonio con este el 8 de octubre de
2003 y que convivían desde esa fecha como una pareja.
Que no conocía a la señora Amparo Echeverry Zuleta y que su esposo nunca le
mencionó que sostuviera una relación con esta, pues tan solo supo que él era viudo.
Manifestó que siempre vivieron en la casa de la hermana del causante y que este
nunca se ausentó a pernoctar en otro lugar. Finalmente, manifestó que fue ella quien
lo asistió los días previos a su fallecimiento.
Respecto al reconocimiento de la sustitución pensional a favor de la señora Martha
Cecilia Benavides Díaz, en su calidad de cónyuge supérstite, se tiene que mediante
Resolución Nro. 007985 del 21 de agosto de 2012 19, la UGPP le negó el
reconocimiento de la prestación, lo cual confirmó mediante las Resoluciones Nro.
019682 del 17 de diciembre de 2012 20 y Nro. 004410 del 31 de enero de 2013 21, por
medio de las cuales resolvió los recursos de reposición y apelación,
respectivamente.
19 Véase a folios 79-82 del cuaderno de anexos.
20 Véase a folios 75-77 del cuaderno de anexos.
21 Véase a folios 98-99 del cuaderno de anexos.
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Ahora, con el fin de acreditar la convivencia entre la señora Amparo Echeverry
Zuleta y el causante, se tiene lo siguiente:
Se aportaron las declaraciones extrajuicio rendidas por Jaime Alejandro Castro
López, José Ernesto Guevara Cuervo y la misma demandante, quienes
manifestaron, coincidentemente, que entre la señora Echeverry Zuleta y el causante
existió una unión marital de hecho desde el 1° de febrero de 1968, de la que
procrearon 6 hijos 22, a saber: Luis Enrique, Luz Adriana, Gloria Amparo, Francisco
Javier, Sara Lucía y María Liliana Briceño Echeverry 23.
En audiencia de pruebas celebrada el 22 de junio de 2018, se practicó el testimonio
del señor José Ignacio Cuevas Rodríguez quien indicó que conocía a la demandante
y al causante desde hacía 23 años. Que al momento del fallecimiento del señor Luis
Enrique Briceño Moreno, este convivía con la señora Amparo Echeverry Zuleta, con
sus hijos del anterior matrimonio y con su hermana.
Que para la fecha en que los conoció, su hijo mayor tenía 28 años en promedio, por
lo que concluye que su convivencia se extendió por 51 años, aproximadamente.
Que no tenía conocimiento si el causante sostenía otra relación sentimental, que
tan solo sabía que él quedó viudo y después inició su convivencia con la señora
Amparo Echeverry Zuleta.
Manifestó que la pareja procreó 7 hijos; que los gastos del hogar los sufragaba el
causante, dado que la demandante se dedicaba a las labores de la casa y al cuidado
de los hijos; que no conocía a la señora Martha Cecilia Benavides Díaz, pero que
sabía que ella era la empleada del servicio de la hermana del causante y que fue
ella quien lo llevó a la clínica, antes de que este falleciera.
En audiencia del 21 de septiembre de 2018, se practicó el testimonio del señor
Jaime Alejandro Castro López quien manifestó que conocía a la demandante y al
causante desde que era un niño, que eran pareja y que se crio con sus hijos. Que
el señor Luis Enrique Briceño Moreno, al momento de su fallecimiento, convivía con
la accionante y que no tuvo conocimiento que la convivencia entre ellos se hubiera
interrumpido en algún momento.
Que sí escuchó mencionar a la señora Martha Cecilia Benavides Díaz, de quien
supo que era la empleada del servicio de la hermana del causante. Que el señor
Briceño Moreno era el encargado del sustento del hogar y la demandante se
ocupaba del cuidado de los hijos.
En cuanto al reconocimiento de la sustitución pensional a favor de la señora Amparo
Echeverry Zuleta, en su calidad de compañera permanente supérstite, se tiene que
mediante Resolución Nro. RDP 017012 del 16 de abril de 2013, la UGPP le negó el
reconocimiento de la prestación24.
Ahora bien, de los recursos logra extraerse que las partes increpan que la sentencia
22 Véase a folios 4-6 del cuaderno 1.
23 Véase a folios 9-14 del cuaderno 1.
24 Véase a folios 15-17 del cuaderno 1.
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de primera instancia tuvo por acreditada la convivencia entre las demandantes y el
causante durante los últimos 5 años anteriores al fallecimiento de este, cuando ello
no fue así ─posición de la entidad demandada y del Ministerio Público─; y que
respecto a cada accionante hubo convivencia exclusiva con el causante, en lugar
de una convivencia simultánea.
El artículo 47 de la Ley 100 de 1993 prescribe como requisitos para que en forma
vitalicia se conceda la sustitución pensional, los que a continuación se relacionan:
i) La calidad de cónyuge o compañera permanente, el cual es un
presupuesto que está relacionado con la legitimación para reclamar el
derecho, es decir, quién tiene la vocación para pretender la titularidad de
este.
ii) Tener, a la fecha de fallecimiento del causante, 30 o más años.
iii) La vida marital con el causante hasta su muerte, el cual está referido a
demostrar la vida bajo un mismo techo, las situaciones de socorro y ayuda
mutua de la pareja, que constituyen elementos fundamentales de un
núcleo familiar, protegido por la Constitución y las leyes.
Por ello, quien aduzca tener la condición de beneficiario de la sustitución
pensional, debe acreditar un compromiso de vida real y con vocación de
permanencia, lo cual pretende dejar de lado aquellas conductas que
pudieran dirigirse únicamente a obtener el beneficio económico de
manera artificial e injustificada.
iv) La convivencia con el fallecido por no menos de 5 años continuos,
inmediatamente anteriores a su muerte.
El régimen de convivencia por 5 años que trae la norma solo se fija para
el caso de los pensionados y, como ya se indicó, con este tipo de
disposiciones lo que se pretende es evitar las convivencias de última hora
con quien está a punto de fallecer y así acceder a la sustitución pensional.
Del análisis del anterior acervo probatorio, la Sala advierte que de los 3 requisitos
que exige la norma, tan solo se probó el de la calidad de cónyuge y compañera
permanente; mientras que los de vida marital con el causante hasta su muerte y
convivencia con el fallecido por no menos de 5 años continuos, inmediatamente
anteriores a su muerte, no fueron debida y suficientemente acreditados por las
demandantes.
Nótese que este es el punto esencial del presente litigio, por cuanto el requisito del
criterio temporal de la convivencia es el que advirtió el juez de primera instancia que
sí se cumplió, pero que debaten la entidad demandada y el Ministerio Público y las
demandantes entre sí. Para ello, la Sala pone de presente, respecto a la señora
Martha Cecilia Benavides Díaz, que la ley acoge un criterio material ─convivencia
efectiva al momento de la muerte─ y no simplemente formal ─vínculo matrimonial─
en la determinación de la persona legitimada para gozar de la prestación
económica.
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Por consiguiente, los medios de prueba no permitieron concluir que entre la cónyuge
supérstite y el causante hubiera una relación con las características propias de una
verdadera vida de casados, es decir, convivencia, apoyo y soporte mutuo.
En otras palabras: la señora Benavides Díaz no comprobó que entre ella y el señor
Luis Enrique Briceño Moreno se hubiese gestado una comunidad de vida estable,
permanente y definitiva en la que la ayuda mutua y la solidaridad como pareja
fuesen la base de la relación, permitiendo que bajo un mismo techo se consolidase
un hogar en el que se buscara la singularidad, producto de la pretensión voluntaria
de crear una familia.
La Sala llega a la anterior determinación porque si los testigos de la parte afirmaron
conocer a la pareja en un lapso promedio de 20 a 40 años: ¿por qué no ampliaron
detalles sobre su convivencia en aspectos como el apoyo emocional y espiritual, su
intención de permanencia, las condiciones de respeto o el trato entre ambos?, ¿por
qué no dieron cuenta sobre el respaldo que se esperaba de ellos, expresado en el
apoyo mutuo, la confianza, la comunicación, la empatía y el compromiso?, ¿por qué
no hicieron alusión al reconocimiento social como pareja o como núcleo familiar, o
a las actividades en común que desarrollaban?
Como se observa, tales preguntas crean una serie de dudas sobre la idoneidad de
los aludidos medios de convicción y de su capacidad para acreditar la supuesta
comunión de vida del titular del derecho pensional y su reclamante supérstite, pues
estos no brindaron credibilidad, peso o fuerza probatoria porque puede concluirse
que sus cualidades, así como la plausibilidad del mensaje por estos comunicado,
no reportaron verídicamente el hecho objeto de litigio, pues no fue posible
determinar si entre la señora Benavides Díaz y el señor Luis Enrique Briceño
Moreno existía o no una auténtica comunidad de vida.
Se recuerda que la sola demostración de la existencia de un vínculo matrimonial
vigente o las manifestaciones reiteradas de que los esposos vivían bajo el mismo
techo, donde compartían lecho y mesa, no son criterios suficientes para poder
acceder al reconocimiento de una sustitución pensional, cuya carga onerosa y
vitalicia debe tener una justificación clara y evidente para que su titularidad sea
trasladada a un tercero.
Valiéndose de las mismas consideraciones, la Sala estima que la señora Amparo
Echeverry Zuleta tampoco demostró la convivencia bajo un mismo techo con el
causante, así como una vida de socorro y de carácter permanente, por lo que carece
de los fundamentos que permiten presumir los elementos que constituyen un núcleo
familiar, que es el sustentado y protegido por la Constitución, dado que no probó el
apoyo mutuo y constante, la comprensión, la vocación de estabilidad, el correlativo
respeto y el soporte económico, emocional y espiritual 25.
25 Esta posición acerca de los elementos de la convivencia ya fue expuesta por esta Corporación,
específicamente, por la Subsección B de la Sección Segunda en sentencia del 4 de mayo de 2023, dictada en
el proceso con radicado 47001-23-33-000-2016-00471-02 (2430-2022), cuando se aseguró lo siguiente: «[…]
resulta necesario reiterar que el referido requisito de convivencia fue acreditado con las características de auxilio
o apoyo mutuo, comprensión y vida en común, con vocación de estabilidad y permanencia, que en últimas,
conforme con la jurisprudencia, son los factores que legitiman el derecho reclamado […]».
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Se concluye lo anterior, en consideración a que los testimonios de José Ignacio
Cuevas Rodríguez y Jaime Alejandro Castro López, así como las declaraciones
extrajuicio, si bien fueron contestes en afirmar que entre la señora Amparo
Echeverry Zuleta y el causante existió convivencia y procrearon hijos, lo cierto es
que no dieron cuenta de los detalles que se esperan de una relación de pareja, es
decir, no narraron aspectos relacionados a los proyectos en común que tenían, al
trato que se proporcionaban, a las festividades que celebraban, a los viajes que
realizaron, entre otras.
Por ende, al extrañarse esa clase de información, esto es, los aspectos subjetivos
de la convivencia, resulta palmario que más allá del vínculo legal de ser progenitores
de una serie de hijos, el acervo probatorio no permitió dilucidar que entre la señora
Echeverry Zuleta y el causante se hubiera gestado una auténtica comunidad de
vida, caracterizada por el ánimo mutuo de permanencia y de unidad, de los que se
derivan, jurídicamente, la noción de familia.
Lo anterior impide tener como cierto el supuesto de la unión de vida permanente de
las parejas en cuestión, pues se evidenció que las pruebas con las que se buscaba
acreditar lo propio fueron, en sí mismas, inconducentes y, por lo tanto, incumplieron
con uno de los elementos esenciales para que tuvieran capacidad demostrativa.
En síntesis, en el presente proceso hubo deficiencias probatorias, en la medida que
no se aportaron pruebas idóneas que dieran cuenta, objetivamente, sobre la
comunidad de vida de las demandantes con el causante. De ese modo, ante la
ausencia de este material, las pretensiones no tienen vocación de prosperar, por
cuanto su estudio exigía la demostración, más allá de toda duda razonable, de una
unión con vocación de permanencia, lo cual obedece a lo dispuesto por el artículo
167 del Código General del Proceso, conforme con el cual incumbe «[…] a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico
que ellas persiguen».
Finalmente, respecto al argumento de la UGPP y el Ministerio Público relacionado
con la información que brindó el testimonio de la señora Cecilia Briceño, hermana
del causante, se pone de presente que en el curso del proceso judicial no se recibió
ninguna declaración por parte de esta y a lo que aluden, verdaderamente, tiene que
ver con que ella participó en el trámite administrativo y que lo que comunicó
─relacionado con la naturaleza de la relación entre la señora Martha Cecilia
Benavides Díaz y el señor Luis Enrique Briceño Moreno─ se plasmó en algunos de
los actos administrativos demandados, como motivación para negar lo pretendido.
En consecuencia, la información que en su momento proporcionó la señora Cecilia
Briceño tan solo puede valorarse, en conjunto, como una prueba documental, la
cual, en todo caso, confirma la conclusión que expuso la Sala previamente sobre el
vínculo existente entre la señora Benavides Díaz y el causante.
Corolario de lo anterior, ante el incumplimiento de la carga probatoria para satisfacer
el requisito de convivencia indispensable a fin de conceder la sustitución pensional
pretendida por las demandantes, se revocará la sentencia proferida el veintisiete
(27) de junio de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones.
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De la condena en costas en ambas instancias
La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias en contra de la parte
demandante, esto es, a las señoras Amparo Echeverry Zuleta y Martha Cecilia
Benavides Díaz, por cuanto se accede totalmente a las peticiones del recurso de
apelación presentado por la parte demandada. Para el efecto, de conformidad con
el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el veintisiete (27) de junio de dos mil
diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la
cual se accedió parcialmente a las pretensiones. En su lugar, se dispone:
Segundo. NEGAR las pretensiones de las señoras Amparo Echeverry Zuleta y
Martha Cecilia Benavides Díaz.
Tercero. CONDENAR en costas en ambas instancias a las señoras Amparo
Echeverry Zuleta y Martha Cecilia Benavides Díaz, de acuerdo con lo expuesto en
la parte motiva de la presente providencia.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
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Radicado: 25000-23-42-000-2013-06401-01 (0606-2021)
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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