RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2013-06549-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-06549-01

Fecha
22 de septiembre de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-06549-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia del 30 de mayo de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que denegó las pretensiones de la demanda en el proceso que en ejercicio del medio de control y restablecimiento del derecho promovió el señor José Guillermo Ortiz Arias contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional. En su lugar, Segundo: Declarar la nulidad del Oficio S-2012 270536 del 5 de octubre de 2012, expedido por el jefe del grupo de pensionados de la Secretaría General de la Policía Nacional, a través del cual negó al demandante el reconocimiento y pago de una sustitución pensional; de la Resolución 01253 del 23 de agosto de 2010, emitida por el subdirector general de la Policía Nacional, mediante la cual se excluyó de la nómina de pensionados por jubilación a la señora Mery Esperanza Narváez Silva, a partir del 14 de febrero de 2010; y la Resolución 01848 del 20 de mayo de 2013, signada por el director general de la Policía Nacional, que rechazó un recurso de apelación interpuesto contra el acto administrativo que data del 23 de agosto de 2010. Tercero: A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, reconocer y pagar la sustitución de la pensión mensual vitalicia de jubilación que en vida gozaba la señora Mery Esperanza Narváez Silva, a favor del señor José Guillermo Ortiz Arias, en su calidad de compañero permanente, quien se identifica con la cédula de ciudadanía 19.052.893, en una cuantía del 100 % del valor total de la prestación, con efectividad a partir del 27 de noviembre de 2010, por haber operado el fenómeno jurídico de la prescripción trienal y las que se causen en adelante. En razón de lo expuesto, se condena a la parte demandada a pagar las mesadas adeudadas a favor del demandante a partir del 27 de noviembre de 2010, esto de manera actualizada de conformidad con el inciso 4.° del artículo 187 del CPACA, es decir, con base en la siguiente fórmula: 29 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2013-06549-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

22 de septiembre de 2022

1
Radicado: 25000-23-42-000-2013-06549-01 (0699-2021)
Demandante: José Guillermo Ortiz Arias

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2013-06549-01 (0699-2021)
Demandante: JOSÉ GUILLERMO ORTIZ ARIAS
Demandada: NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL,
POLICÍA NACIONAL

Tema: Sustitución pensional compañero permanente.
Acreditación requisitos del artículo 47 de la Ley 100 de
1993, modificado por el canon 13 de la Ley 797 de 2003.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-164-2022

ASUNTO

La Subsección decide el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 30 de mayo de 2019 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
que denegó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor José Guillermo Ortiz Arias en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del
20111, formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones2

1. Que se declare la nulidad del Oficio S-2012 270536 del 5 de octubre de
2012, expedido por el jefe del grupo de pensionados de la Secretaría
General de la Policía Nacional, a través del cual negó al señor José
Guillermo Ortiz Arias el reconocimiento y pago de una pensión de
sobrevivientes.

2. Que se declare la nulidad de la Resolución 01253 del 23 de agosto de 2010,
emitida por el subdirector general de la Policía Nacional, mediante la cual

1
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
en adelante CPACA.
2
Folios 57 a 58.

2
Radicado: 25000-23-42-000-2013-06549-01 (0699-2021)
Demandante: José Guillermo Ortiz Arias

excluyó de la nómina de pensionados por jubilación de la señora Mery
Esperanza Narváez Silva, a partir del 14 de febrero de 2010, en su calidad
de compañera permanente del demandante.

3. Que se declare la nulidad de la Resolución 01848 del 20 de mayo de 2013,
signada por el director general de la Policía Nacional, que rechazó un
recurso de apelación interpuesto contra el acto administrativo que data del
23 de agosto de 2010.

4. A título de restablecimiento del derecho, que se ordene a la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, efectuar el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes3 a favor del señor
José Guillermo Ortiz Arias, en su condición de compañero permanente de
la causante, a partir del día siguiente del fallecimiento de aquella.

5. Que se condene al reconocimiento de todos los valores dejados de abonar
con los reajustes que resulten conforme al IPC, con inclusión de los
intereses corrientes y moratorios correspondientes a la pensión de
jubilación.

6. Que se conmine a la demandada a dar cumplimiento a la sentencia en los
términos del artículo 192 del CPACA.

Fundamentos fácticos relevantes4

1. La señora Mery Esperanza Narváez Silva laboró por más de 20 años al
servicio de la Policía Nacional, en el cargo de especialista primero. Mediante
Resolución 015775 del 18 de octubre de 1995 le fue reconocida pensión de
jubilación por haber cumplido con los requisitos de ley.

2. La causante mantuvo una convivencia en unión marital de hecho con el señor
José Guillermo Ortiz Arias desde el año 1978, la cual se presentó de manera
pública e ininterrumpida hasta el día del deceso de aquella, esto es, el 14
de febrero de 2010. Asimismo, manifestó que no procrearon hijos en la
relación, que nunca existió interrupción de su vida en común, y que siempre
compartieron techo, lecho y mesa, así como afecto y ayuda mutua.

3. La pareja fijó su domicilio en la Carrera 47A # 22A-06, apartamento 302, en el
barrio Quinta Paredes de la ciudad de Bogotá, y en Chinauta en el kilómetro
67 vía Bogotá-Girardot, condominio campestre Las Pirámides MZ17, casa 13.

4. El director de la Policía Nacional excluyó de nómina de pensionados y
suspendió el trámite y pago de la sustitución pensional de hasta que la
jurisdicción de lo contencioso administrativo resolviera judicialmente la
controversia suscitada.

3
En este punto es pertinente aclarar que, si bien el libelista insta el reconocimiento de una pensión de
sobrevivientes, lo cierto es que el derecho que se reclama en esta oportunidad corresponde a una
sustitución pensional, toda vez que a la causante, al momento de su fallecimiento, ya le había sido
otorgada por parte de la entidad demandada una pensión de jubilación, conforme se expondrá con
posterioridad.
4
Folios 58 a 60.

3
Radicado: 25000-23-42-000-2013-06549-01 (0699-2021)
Demandante: José Guillermo Ortiz Arias

5. El libelista mediante escrito del 13 de agosto de 2012 solicitó ante la Policía
Nacional el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes.

6. La entidad demandada a través de Oficio S-2012 270536 del 5 de octubre de
2012 negó la prestación instada.

7. Luego, mediante Resolución 01848 del 20 de noviembre de 2013 fue
declarado el agotamiento de la vía gubernativa.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»5, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por las partes
se convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las
alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo
dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para
fundamentar adecuadamente la sentencia.

Fecha de la audiencia inicial: 13 de junio de 2016.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:

La entidad demandada no propuso excepciones dentro del escrito de
contestación de la demanda y el a quo no encontró ninguna probada de oficio.
(Folio 158 y en cd que reposa a folio 156).

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«(i) ¿Cuáles son las disposiciones que gobiernan el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes si el causante falleció el 14 de febrero de 2010? (ii) ¿Quiénes
son los beneficiarios y cuáles son los requisitos que deben reunirse para acceder
a esta prestación? (iii) ¿De ser procedente el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, cumple el demandante los requisitos para ser beneficiario de tal
prestación y a partir de qué fecha tiene derecho a percibirla?». (Folio 158 y en cd
que obra a folio 156).

Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.

5
Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).

4
Radicado: 25000-23-42-000-2013-06549-01 (0699-2021)
Demandante: José Guillermo Ortiz Arias

SENTENCIA APELADA6

El a quo profirió sentencia escrita el 30 de mayo de 2019 en la cual negó las
pretensiones del demandante con fundamento en las siguientes
consideraciones:

Inicialmente se remitió a lo preceptuado en el artículo 120 del Decreto 1214 de
1990 y en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13
de la Ley 797 de 2003, en punto a dilucidar los beneficiarios y requisitos para
obtener el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes. En este punto,
señaló que la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia del
27 de septiembre de 2018 se pronunció respecto de las normas a través de
las cuales se regula la figura de sustitución pensional y de los diferentes
escenarios en que podrían encontrarse los beneficiarios de dicha prestación.

Acto seguido, realizó un análisis de las pruebas practicadas y allegadas al
plenario para exponer que no quedó debidamente demostrada la existencia de
una unión marital de hecho entre el señor José Guillermo Ortiz Arias y la
causante, por cuanto no se presentaron aspectos propios de una unión en
pareja, estabilidad y permanencia. Para su sustento, agregó que el
demandante no aparece como beneficiario de ningún seguro de vida o
prestación a cargo de la Policía Nacional; aunado el hecho de que, al momento
de rendirse el interrogatorio de parte, el demandante afirmó que desconocía la
causa del fallecimiento de la señora Narváez Silva, como tampoco tuvo
conocimiento de las enfermedades que ésta en vida padecía.

Sostuvo que la parte activa únicamente arrimó con destino a este proceso
sendas declaraciones extrajuicio según las cuales la pareja se conocía desde
el año 1978, pero que no resultan suficientes en un proceso en el que se
pretende demostrar la convivencia permanente (unión marital) por más de 30
años.

Finalmente, indicó que no tienen vocación de prosperidad las pretensiones de
la demanda, si además se tiene en cuenta que no se evidencia que la señora
Mery Esperanza Narváez Silva hubiere dejado constancia formal de la unión
marital de hecho como compañeros permanentes, lo cual se constata con el
hecho de que los bienes inmuebles que afirma el señor Ortiz Arias fueron
adquiridos conjuntamente con la causante, entraron en la masa sucesoral y
fueron adjudicados a los hermanos de aquella en calidad de herederos.

RECURSO DE APELACIÓN7

La parte demandante presentó recurso de alzada contra la decisión reseñada
anteriormente y solicitó que esta sea revocada para acceder a sus
pretensiones. Al respecto, manifestó que el a quo inadvirtió los presupuestos
previstos en el artículo 4.º de la Ley 54 de 1990, en armonía con el artículo 2.º
de la Ley 979 de 2005, en punto a la existencia de la unión marital de hecho
para establecer efectos patrimoniales entre los compañeros permanentes.

6
Folios 278 a 289.
7
Folios 300 a 312.

5
Radicado: 25000-23-42-000-2013-06549-01 (0699-2021)
Demandante: José Guillermo Ortiz Arias

Continuó su razonamiento al exponer que en el presente asunto se allegaron
declaraciones extrajuicio rendidas por los hermanos de la causante, quienes
bajo la gravedad de juramento dieron certeza que el libelista convivió de
manera permanente e ininterrumpida con aquella; unión durante la cual
compartieron techo, lecho y mesa, así como se brindaron apoyo y solidaridad
desde el año 1978 y hasta el 14 de febrero de 2010, fecha de fallecimiento de
la señora Narváez Silva.

Añadió que los testimonios presentados por los deponentes dan cuenta de que
los implicados mantuvieron una relación pública que respondía a un trato de
«esposos», quienes además residían en el condominio campestre Las
Pirámides ubicado en la vía Bogotá-Girardot y se acompañaban a las citas de
controles médicos. Por lo anterior, adujo que es claro a la luz de lo expuesto
que sí se acreditó el tiempo mínimo de convivencia anterior al fallecimiento de
la causante, correspondiente a cinco años, exigido por el artículo 47 de la Ley
100 de 1993.

De otro lado, manifestó que se vulnera el derecho fundamental al mínimo vital
del demandante al negar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
bajo el argumento de que no se demostró la convivencia efectiva de la pareja,
pues mal se haría por parte del juzgador exigir requisitos adicionales a los
previstos por la ley para lo propio.

En este punto agregó que el hecho de que los bienes inmuebles adquiridos
por el señor Ortiz Arias y la causante únicamente hubieren quedado
registrados a nombre de esta última, no es muestra sino de la buena fe del
libelista, sin que ello afecte la acreditación de los requisitos legales para
hacerse beneficiario de la prestación objeto de debate.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional8: adujo que en el
caso de marras la ausencia probatoria es absoluta sobre la presunta
convivencia durante más de 30 años entre el demandante y la pensionada
fallecida, como en efecto lo consideró el tribunal de primera instancia. En ese
orden, indicó que el deceso de la señora Narváez Silva no fue un suceso
inesperado o repentino, sino el resultado de una enfermedad que la agobió por
un largo tiempo, de ello que la falta de intención de la causante de haber
declarado al demandante como su beneficiario, es muestra de la inexistencia
de una relación o unión marital de hecho como erradamente lo pretende hacer
valer la parte activa.

Esbozó que durante el curso de la litis, el demandante no probó la existencia
de la unión marital de hecho, si se tiene en cuenta que la Ley 979 de 2005 por
la cual se modificó parcialmente la Ley 54 de 1990, contempla mecanismos
ágiles para acreditarla, siendo estos a través de i) escritura pública ante
notario, ii) acta de conciliación o iii) sentencia judicial proferida por jueces de
familia.

8
Índice 19 historial de actuaciones SAMAI.

6
Radicado: 25000-23-42-000-2013-06549-01 (0699-2021)
Demandante: José Guillermo Ortiz Arias

Parte demandante9: insistió en que el juez de primera instancia no efectuó la
valoración adecuada de los elementos probatorios en punto a demostrar la
efectiva convivencia entre los implicados, pues contrario a lo afirmado por
aquel, sí existen elementos que brindan convicción frente al apoyo solidario y
el núcleo familiar que fue conformado por el señor Ortiz Arias con la causante.
Citó apartes jurisprudenciales de sentencias proferidas por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, a fin de exponer las exigencias previstas para
los beneficiarios en calidad de compañeros permanentes de la pensión de
sobrevivientes.

El ministerio público guardó silencio en esta etapa procesal según
constancia secretarial visible a índice 22 del historial de actuaciones de
SAMAI.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, el cual en el presente caso únicamente lo formuló la
parte demandante.

Problema jurídico

Con fundamento en los anteriores argumentos, el problema jurídico que se
debe resolver en esta instancia, se resume en la siguiente pregunta:

¿El señor José Guillermo Ortiz Arias cumple con los requisitos previstos en el
artículo 47 de la Ley 100 de 1993 para ser beneficiario de la sustitución de la
pensión de jubilación que en vida ostentaba su presunta compañera
permanente, la señora Mery Esperanza Narváez Silva?

Al respecto, la Subsección sostendrá la siguiente tesis: el demandante acreditó
los supuestos de la Ley 100 de 1993 para ser beneficiario de la sustitución
pensional deprecada en su calidad de compañero permanente de la causante,
conforme pasa a explicarse.

Régimen legal de la sustitución pensional en el sub lite

Conforme al artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad social es un
servicio público obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y
control del Estado, con observancia de los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, en los términos que determine la ley.

Ahora, la normativa que rige el presente asunto es la contenida en el Decreto
Ley 1214 de 1990, disposición la cual, en virtud de lo dispuesto por el artículo
279 de la Ley 100 de 1993, hace parte del denominado régimen de excepción,
9
Índices 20 y 21 historial de actuaciones SAMAI.

7
Radicado: 25000-23-42-000-2013-06549-01 (0699-2021)
Demandante: José Guillermo Ortiz Arias

por lo que, una conclusión lógica de ello es que el Sistema Integral de
Seguridad Social no resulta aplicable al personal civil no uniformado del
Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.

Pues bien, el artículo 124 del Decreto 1214 de 1990 previó lo siguiente
respecto a la sustitución de la pensión de jubilación de sus empleados, a saber:

«ARTÍCULO 124. RECONOCIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE PENSIÓN. Al
fallecimiento de un empleado público del Ministerio de Defensa o de la Policía
Nacional, con derecho a pensión o en goce de ésta, sus beneficiarios, en el orden
y proporción establecidos en este Estatuto, tienen derecho a percibir la respectiva
pensión del causante, así:

a. En forma vitalicia, para el cónyuge sobreviviente y los hijos inválidos absolutos
que dependan económicamente del empleado o pensionado.
b. Para los hijos menores, hasta cuando cumplan la mayoría de edad.
c. Para los demás beneficiarios por el término de cinco (5) años.

PARÁGRAFO 1o. El reconocimiento de pensión por causa de muerte de un
empleado público al servicio del Ministerio de Defensa o de la Policía Nacional,
que haya consolidado ese derecho, se hará sin perjuicio del reconocimiento de las
demás prestaciones sociales consolidadas por el causante.

PARÁGRAFO 2o. Al cónyuge supérstite de un pensionado del Ministerio de
Defensa o de la Policía Nacional y a sus hijos menores o inválidos absolutos que
hayan tenido el derecho causado o hayan disfrutado de la sustitución pensional
prevista en la Ley 171 de 1961 y los Decretos 351 de 1964 y 2339 de 1971, se les
restablecerá a partir del 1o. de enero de 1976 el derecho a continuar percibiendo
la pensión del causante en la forma consagrada en este artículo.» (Subrayas
fuera del texto).

De la norma en cita se desprende que dentro del orden de beneficiarios de la
sustitución pensional del personal civil no uniformado del Ministerio de
Defensa, el compañero o la compañera permanente no se encuentra enlistado.
Empero, la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia del
31 de enero de 2008 analizó la evolución normativa de la protección a este
grupo, en cuanto pueden acceder a la aludida prestación según las
disposiciones de que trata la Ley 100 de 1993, en los siguientes términos:

«[…] La Ley 33 de 1973 previó el derecho a la sustitución pensional a favor de la
viuda. Por su parte, la Ley 12 de 1975 preceptuó en su artículo 1º que el cónyuge
supérstite o la compañera permanente de un trabajador particular o de un
empleado o trabajador del sector público, tendrían derecho a la pensión de
jubilación si este falleciere.

Posteriormente, la Ley 71 de 1988 determinó que se extendían las previsiones de
la sustitución pensional en forma vitalicia al cónyuge o a la compañera (o)
permanente que dependiera económicamente del pensionado y finalmente la Ley
100 de 1993 previó como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes en forma
vitalicia al cónyuge o a la compañera permanente.

Así entonces, sin duda, la legislación aplicable a los pensionados del régimen
general protegieron y protegen actualmente a las (os) compañeras (os)
permanentes en tanto ellos pueden acceder a la sustitución pensional, lo que lleva
a la conclusión de que si la norma prevista para el régimen especial de las Fuerzas
Militares contiene esa discriminación coloca en desventaja a un grupo de personas

8
Radicado: 25000-23-42-000-2013-06549-01 (0699-2021)
Demandante: José Guillermo Ortiz Arias

que, conforme al régimen general tienen el derecho a ser beneficiarios de la
sustitución pensional, y por tal razón debe acudirse a las previsiones de la Ley 100
de 1993, máxime cuando la muerte del causante ocurrió con posterioridad a su
vigencia.

Tratándose de sustitución pensional, con posterioridad a la expedición de la Ley
100 de 1993, lo que debe probarse es que se hizo vida marital cuando menos por
dos años desde cuando el causante cumplió con los requisitos para tener derecho
a la pensión y hasta su muerte, salvo que se haya procreado uno o más hijos con
el pensionado fallecido. […]».

Esta posición ha sido reiterada recientemente por parte de esta Sección
Segunda10, en punto a la remisión normativa de la Ley 100 de 1993 a fin de
llenar el vacío legal existente en el Decreto 1214 de 1990 frente a los
compañeros permanentes como beneficiarios de la sustitución pensional. Al
respecto discurrió:

«[…] De la anterior disposición se deriva, que dentro del orden de beneficiarios de
dicha prestación, la compañera permanente del pensionado fallecido no se
encuentra señalada; sin embargo, ha de entenderse que está contemplada en la
citada normatividad, por mandato del artículo 13y 42 de la Constitución Política.
[…]
La aplicación e interpretación de la mencionada normatividad debe hacerse
atendiendo lo previsto en la Constitución Política de 1991, a partir de la cual tomó
especial importancia bajo un marco de igualdad jurídica y social, la familia
constituida por vínculos naturales, que para su protección, es irrelevante su origen
o fuente de conformación bien sea matrimonio o unión de hecho, como lo ha
sostenido la Corte Constitucional.
[…]
Con el anterior antecedente Jurisprudencial y con base en los artículos 13, 42 y 48
de la Constitución Política, los derechos a la Seguridad Social comprenden de la
misma manera tanto al cónyuge como al compañero o compañera permanente.
Adicionalmente, cuando se presente conflicto entre los posibles titulares del
derecho a la sustitución pensional, debe valorarse el auxilio o apoyo mutuo, la
convivencia efectiva, la comprensión y la vida en común al momento de la muerte,
que son los factores que legitiman el derecho reclamado, así como la dependencia
económica de las potencialmente beneficiarias. […]».

En este punto resulta pertinente recordar que a través de la Ley 100 de 1993,
el legislador organizó el Sistema de Seguridad Social Integral, en lo que tiene
que ver con el régimen de pensiones, su objetivo fue garantizar a la población
el amparo contra las eventualidades derivadas de la vejez, la invalidez y la
muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se
determinan en la citada ley.

Así pues, con la finalidad de atender la contingencia derivada de la muerte, el
legislador previó la denominada pensión de sobrevivientes y sustitución
pensional, como una prestación dirigida a suplir la ausencia repentina del
apoyo económico que brindaba el afiliado al grupo familiar y, por ende, evitar
que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las condiciones
mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha prestación. Es
decir, que su reconocimiento se fundamenta en normas de carácter público y

10
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 15 de abril de 2015, radicación:
73001-23-31-000-2011-00161-01(4488-2013), demandante: Analida Guaqueta Alfaro.

9
Radicado: 25000-23-42-000-2013-06549-01 (0699-2021)
Demandante: José Guillermo Ortiz Arias

constituye un desarrollo del principio de solidaridad.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-1094 de 2003, manifestó:

«[…] Por su parte, el legislador ha dispuesto que el sistema general de pensiones
tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias
derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las
pensiones y prestaciones que se determinan en ley, así como propender por la
ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con
un sistema de pensiones.

La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos
instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social
antes mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la protección
de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las
personas que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo
sus necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación social y
económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido.
Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación, las
personas más cercanas y que más dependían del causante y compartía con él su
vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades. […]» (Se subraya).

En este punto es relevante aclarar que, si bien ambas figuras tienen la misma
finalidad, la sustitución pensional es aquella prestación que se le otorga al
núcleo familiar de un pensionado que fallece o del afiliado que cumple con los
requisitos legalmente exigibles para pensionarse y fallece; en cambio la
pensión de sobrevivientes es aquella prestación que se le otorga al núcleo
familiar del afiliado no pensionado, que muere sin cumplir con los requisitos
mínimos para obtener la pensión11.

De acuerdo con lo anterior, lo aquí debatido es el derecho a la sustitución
pensional, debido a que la causante, la señora Mery Esperanza Narváez Silva,
al momento de su fallecimiento, ya percibía una pensión de jubilación.12

Beneficiarios de la sustitución pensional

En cuanto a la normativa que prevé la sustitución pensional, esta Subsección
en diferentes oportunidades13 ha considerado que las disposiciones aplicables
son aquellas vigentes al momento del fallecimiento del causante.

En este sentido, la Ley 100 de 1993 que en lo pertinente fue modificada por la
Ley 797 de 2003 preceptúa:

«[…] Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de
11
Sentencia T-564 de 2015. Sentencia del 3 de septiembre de 2015. Referencia expediente T-4.919.041.
12
Conforme se advierte en la Resolución 015775 del 18 de octubre de 1995 expedida por el Ministerio
de Defensa Nacional, Policía Nacional, mediante la cual se reconoció una pensión de jubilación a la
señora Narváez Silva, obrante de folios 113 a 116 del cuaderno de anexos.
13
Ver, entre otras, sentencias del 10 de noviembre de 2005. Exp. 3496-04; y del 2 de octubre de 2008.
Exp. 2638-2014.

10
Radicado: 25000-23-42-000-2013-06549-01 (0699-2021)
Demandante: José Guillermo Ortiz Arias

sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o
compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida
marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos
de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; […]». (Subrayas del
texto).

Conforme a la normativa en cita, se observa que para que el compañero
permanente o cónyuge supérstite sea beneficiario de la sustitución pensional,
se debe probar, en este caso, que el aquí demandante hizo vida marital con la
causante hasta la fecha de su deceso no menos de cinco años continuos con
anterioridad a su muerte.

El aparte subrayado de la norma citada fue declarado exequible por la Corte
Constitucional, que en sentencia C-1094 de 200314 consideró:

«[…] La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos
instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social
antes mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la protección
de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las
personas que dependían económicamente del causante puedan seguir
atendiendo sus necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación
social y económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha
fallecido. Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de
prelación, las personas más cercanas y que más dependían del causante y
compartía con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades.
[…]
En relación con los cargos formulados, la Corte encuentra que, en principio, la
norma persigue una finalidad legítima al fijar requisitos a los beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes, lo cual no atenta contra los fines y principios del
sistema. En primer lugar, el régimen de convivencia por 5 años sólo se fija
para el caso de los pensionados y, como ya se indicó, con este tipo de
disposiciones lo que se pretende es evitar las convivencias de última hora
con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión de
sobrevivientes. […]». (Negrilla del texto).

En este orden de ideas, se observa que la exigencia de ese requisito no es
otra cosa que evitar que con base en vínculos adquiridos a último momento y
convivencia que no tenga el carácter de permanencia, se origine el derecho a
sustituir, en forma vitalicia, una prestación.

Ahora bien, en lo que respecta a la convivencia y lo que se ha entendido como
tal, esta Subsección15 ha sostenido:

«[…] La “convivencia” entendida no solamente como "habitar juntamente" y "vivir
en compañía de otro" sino como acompañamiento espiritual y moral permanente,
auxilio, apoyo económico y vida en común es el cimiento del concepto de familia.
Núcleo básico de la sociedad que, como ya se indicó, es el objeto principal de
protección de la sustitución pensional.

Es necesario precisar que la voluntad de conformar hogar y mantener una
comunidad de vida, son elementos distintivos y esenciales del grupo familiar, los

14
Sentencia del 19 de noviembre de 2003. Referencia: expediente D-4659.
15
Cita de cita. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 24 de octubre de
2012. Radicación número: 25000-23-25-000-2010-00860-01 (2475-11).

11
Radicado: 25000-23-42-000-2013-06549-01 (0699-2021)
Demandante: José Guillermo Ortiz Arias

cuales, en criterio reciente y reiterado de la Corte Suprema de Justicia16, no se
pueden desvirtuar por la “separación”, cuando esta eventualidad se impone por la
fuerza de las circunstancias:

“El grupo familiar lo constituyen aquellas personas entre las que se establecen
lazos afectivos estables que deben trascender el plano de un mero
acompañamiento emocional y social, y alcanzar el nivel de un proyecto común de
vida; es esencial a la familia el prestarse ayuda mutua, que no es cualquier
clase de apoyo sino la que se encamina a realizar el propósito familiar
común.

De esta manera el acompañamiento espiritual y material ha de estar referido
a lo que la jurisprudencia ha reiterado: una verdadera vocación de constituir
una familia.

En sentencia de 8 de septiembre de 2009, rad. N° 36448, precisó la Corporación:

‘En el diseño legislativo de la pensión de sobrevivientes tal como fue concebida
en la Ley 100 de 1993, la convivencia ha estado presente como condición esencial
para que el cónyuge o la compañera o compañero permanente accedan a esa
prestación.
‘Este ha sido también el criterio reiterado de la jurisprudencia de la Corte,
que ha visto en la convivencia entendida como acompañamiento espiritual
permanente, apoyo económico y con vida en común que se satisface
cuando se comparten los recursos que se tienen, con vida en común o aún
en la separación cuando así se impone por fuerza de las circunstancias, ora
por limitación de medios, ora por oportunidades laborales, el cimiento del
concepto de familia en la seguridad social y requisito indispensable para que la
cónyuge o la compañera o compañero permanente puedan tener la condición de
miembros del grupo familiar, y vocación para ser beneficiarios de la prestación por
muerte del afiliado o pensionado.

‘Lo anterior significa que en principio para que haya convivencia se exige
vida en común de la pareja, y que no se desvirtúa el concepto de familia en
la separación siempre que ésta obedezca a una causa razonable que la
justifique, porque de lo contrario lo que no existiría es esa voluntad de
conformar un hogar y tener una comunidad de vida’”(resaltado y subrayas
fuera del texto).”17 […]» (Subrayas conforme a la transcripción).

En virtud de lo citado en precedencia y conforme lo consideró en aquella
oportunidad el Consejo de Estado que la convivencia no se refiere, en forma
exclusiva, a compartir el mismo techo y habitar junto al otro, sino que los
elementos que en mayor medida definen esa convivencia se relacionan con el
acompañamiento espiritual, moral y económico y el deber de apoyo y auxilio
mutuo. Además de ello, es preciso tener en cuenta el factor volitivo de la pareja
de mantener un hogar y tener la vocación y convicción de establecer, constituir
y mantener una familia.

Respecto al requisito de la convivencia, esto es, los 5 años continuos
inmediatamente anteriores a la muerte del causante, la Sección Segunda18 ha
señalado que «[…] el legislador lo previó como un mecanismo de protección, ello

16
Sentencia de Casación Laboral de 27 de abril de 2010, proceso No. 38113, Demandante: Beatriz Elena
Aristizábal Vallejo.
17
Sentencia de abril 7 de 2001, Radicación número: 76001-23-31-000-2005-02741-01(0669-08).
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de noviembre de 2017, número
interno: 0286-2015

12
Radicado: 25000-23-42-000-2013-06549-01 (0699-2021)
Demandante: José Guillermo Ortiz Arias

para salvaguardar a los beneficiarios legítimos de quienes pretenden solo buscar
provecho económico […]».

Asimismo, que debe acreditarse la vocación de estabilidad y permanencia,
por lo tanto, no se tienen en cuenta aquellas relaciones casuales,
circunstanciales, incidentales, ocasionales, esporádicas o accidentales que
haya podido tener en vida el fallecido pensionado.

Finalmente, no es factor determinante para desvirtuar la convivencia efectiva,
el que los cónyuges o compañeros permanentes no vivan juntos en un
momento dado. En efecto, debe valorarse cada circunstancia en concreto, las
razones por las que no vivieron en el mismo techo, así como los demás
factores determinantes de la convivencia, como los son el auxilio o apoyo
mutuo, la comprensión y la vida en común, que en últimas son los que
legitiman el derecho reclamado19.

Bajo las anteriores precisiones normativas y jurisprudenciales, procede la
Subsección a verificar si en efecto, el demandante demostró los requisitos
señalados en la norma para ser acreedor de la sustitución de la pensión de
jubilación que en vida disfrutaba con su presunta compañera permanente, la
señora Mery Esperanza Narváez Silva.

En este orden de ideas, en el expediente se tiene probado lo siguiente:

Ø Resolución 015775 del 18 de octubre de 1995, a través de la cual el
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, reconoció pensión
mensual vitalicia de jubilación a la señora Mery Esperanza Narváez Silva,
en una cuantía inicial de $323.086,56, efectiva a partir del 10 de julio de la
citada anualidad. Lo anterior por haber laborado más de 30 años al servicio
de la institución castrense, de conformidad con lo previsto en el Decreto
1214 de 1990. (Folios 113 a 116 del cuaderno de anexos).

Ø Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Mery Esperanza Narváez
Silva (folio 12), que da cuenta que nació el 10 de noviembre de 1941, y del
registro civil de defunción (folio 15), del cual se desprende que la referida
ciudadana falleció el 14 de febrero de 2010.

Ø Copia de la cédula de ciudadanía del señor José Guillermo Ortiz Arias, de
la cual se observa que nació el 12 de agosto de 1948. (Folio 16).

Ø La Resolución 01253 del 23 de agosto de 2010 emitida por la Dirección
General de la Policía Nacional, excluyó de nómina de pensión por jubilación
a la señora Narváez Silva y dejó la sustitución pensional en suspenso,
conforme se indica:

«[…] Que es innegable que tanto la Ley 054 de 1990 como la Ley 979 de 2005,
hacen una relación jurídica específica que genera consecuencias para todos los
efectos civiles determinables para los compañeros permanentes como en el caso
que nos ocupa, respecto del derecho de sustitución pensional, en razón de ello la
habilitación para declararla exige ciertos requisitos como comunidad de vida
permanente y singular, así como ausencia de impedimento para constituirla, de

19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 22 de marzo de 2018. Radicación:
15-001-23-33-000-2013-00077-01, número interno: 4526-2013.

13
Radicado: 25000-23-42-000-2013-06549-01 (0699-2021)
Demandante: José Guillermo Ortiz Arias

otro lado ni dentro de los documentos obrantes en el expediente prestacional, ni
en la base de datos de beneficiarios se encuentra demostrado el nexo que existía
entre el señor JOSE GUILLERMO ORTIZ ARIAS como solicitante y la señora
MERY ESPERANZA NARVAEZ SILVA, para establecer siquiera el surgimiento
del vínculo marital, razón por la cual la sustitución pensional que le pueda
corresponder a este en calidad de compañero permanente, será dejada en
suspenso, hasta tanto allegue la sentencia ejecutoriada dentro del proceso de
Existencia de Unión Marital de Hecho entre compañeros permanentes. […]»
(Folios 22 a 24).

Ø Petición radicada ante la autoridad demandada, el 13 de agosto de 2012,
mediante el cual libelista solicitó el reconocimiento de una pensión de
sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de la señora Narváez Silva, al
considerar que, en su calidad de compañero permanente de la causante,
debía otorgársele la mentada prestación en observancia de lo dispuesto en
el artículo 47 de la Ley 100 de 1993. (Folios 3 a 10).

Ø Oficio S-2012 270536 DIPON/ARPRE-GRUPE 1.8.5.-22 del 5 de octubre
de 2012, expedido por el jefe de grupo de pensionados de la Secretaría
General de la Policía Nacional, en el que se negó el reconocimiento de una
pensión de sobrevivientes a favor del libelista, en los siguientes términos:

«[…] No obstante, allega usted declaraciones juramentadas con fines
extraprocesales donde se manifiesta la convivencia de su poderdante con la
fallecida pensionada, al respecto me permito informarle que para proceder a dar
trámite a su solicitud se hace necesario que se cumpla con los requisitos
establecidos en la ley 979/2005 tendientes a demostrar la unión marital de hecho
[…] Por lo anterior, no es procedente resolver favorablemente su petición. […]»
(Folios 20 a 21).

Ø Mediante escrito del 17 de octubre de 2012, la parte activa presentó recurso
de apelación contra la Resolución 01253 del 23 de agosto de 2010, y solicitó
que esta sea revocada para que en su lugar se accediera al reconocimiento
de la sustitución pensional. (Folios 25 a 27).

Ø El anterior recurso fue rechazado por parte de la autoridad demandada a
través de la Resolución 01848 del 20 de mayo de 2013, al considerar que
este se había presentado de forma extemporánea. (Folios 29 a 31).

Ø Declaración extrajuicio realizada ante la Notaría 77 del Círculo de Bogotá,
el 31 de julio de 2012 por parte de la señora Bertha María Díaz Peñuela,
quien afirmó que le consta que el demandante convivió en unión marital de
hecho, compartiendo techo, lecho y mesa en forma permanente, desde el
1.º de agosto de 1978, con la señora Mery Esperanza Narváez Silva, y hasta
el día de fallecimiento de esta última, el 10 de febrero de 2010; indicó que
lo anterior le consta por residir en el mismo edificio de los implicados.
Agregó que de dicha unión no se procrearon hijos y que el señor Ortiz Arias
dependía económicamente en forma parcial de la causante. (Folio 18).

Ø Declaración extrajuicio rendida por el señor Félix Enrique Ascencio Lizcano
ante la Notaría 49 del Círculo de Bogotá, el 31 de julio de 2012, en la cual
manifestó que el señor Ortiz Arias convivió en unión marital de hecho
durante 32 años con la pensionada fallecida, en la Carrera 47ª # 22ª-06,
apartamento 302, del barrio Quinta Paredes de la ciudad de Bogotá; ello

14
Radicado: 25000-23-42-000-2013-06549-01 (0699-2021)
Demandante: José Guillermo Ortiz Arias

hasta el momento del deceso de la señora Narváez Silva. Expuso además
que la causante y el libelista sufragaban conjuntamente los gastos del
hogar. (Folio 19).

Ø Declaración extrajuicio presentada el 17 de septiembre de 2013 por parte
del demandante ante la Notaría Única del Círculo de Melgar, Tolima,
mediante la cual depuso que conoció de vista, trato y comunicación a la
señora Mery Esperanza Narváez Silva, desde el mes de agosto de 1978,
con quien vivió en unión libre durante 32 años y hasta el momento de su
fallecimiento. (Folio 43).

Ø Declaraciones extrajuicio realizadas por parte de los señores Hilda Susana
Silva, Gloria Lucía Narváez Silva, Héctor Hernando Narváez Silva y Laura
Tovar Celly ante las Notarías 73 y 77 del Círculo de Bogotá, los días 1.º y 5
de marzo y 19 de abril de 2010, a través de las cuales indicaron que les
consta que el libelista convivía en unión marital de hecho bajo el mismo
techo y compartiendo mesa y lecho de forma permanente e ininterrumpida
con la finada, ello durante 32 años. Del mismo modo, afirmaron que el señor
Ortiz Arias mantenía una dependencia económica mutua con su compañera
permanente y que de su unión no se procrearon hijos. (Folios 46 a 48).

Ø Consentimientos informados para la realización de procedimientos
anestésicos, quirúrgicos y radiólogos de la señora Mery Esperanza Narváez
Silva en el Hospital Central de la Policía Nacional, firmados por el señor
Ortiz Arias en su condición de acompañante. (Folios 54 a 56).

Ø Constancia emitida por el Centro Integral de Trámites y Servicios de la Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, el 4 de abril de 2018, a través
de la cual se informó que el demandante devenga una asignación mensual
de retiro, en una cuantía de $1.599.221, del cual se descuenta el 4 % para
servicios médicos prestados. (Folio 232).

Ø De igual manera, se practicaron dentro del proceso los siguientes
testimonios, de los cuales la Subsección procede a efectuar un resumen:

• Bertha María Díaz Peñuela, quien manifestó conocer al demandante y
a la causante desde el año 1978, por vivir en el mismo edificio. «[…]
Preguntado: ¿sírvase informar a la audiencia si conoce o conoció de vista, trato
y comunicación al señor José Guillermo Ortiz? En caso de ser así, ¿desde
cuándo, en dónde lo conoció, en qué circunstancias y por qué motivos?
Contestó: en el apartamento 302 donde ellos vivían en el edificio Mejía, que yo
también vivía ahí, y hasta el 2010. Preguntado: ¿sírvase a informar igualmente
si conoció de vista, trato y comunicación a la señora Mery Esperanza Narváez
Silva? Y en ese caso, ¿desde cuándo, en dónde la conoció y en qué
circunstancias? Contestó: ellos vivían (sic) con Guillermo Ortiz, en el
apartamento 302. Yo viví en el apartamento 201, siempre fuimos amigos,
compañeros, todo el tiempo. Preguntado: ¿sírvase informarnos a qué se
dedicaba o en qué se ocupaba el señor José Guillermo Ortiz Arias? Contestó:
no, somos como muy respetuosos en la vida privada, no recuerdo. Ella sí tenía
pensión con la Policía, y él trabajaba en diferentes trabajos, en diferentes cosas,
pero no sé. […] Preguntado: ¿cuéntenos lo que sepa de las familias, en primer
lugar, del señor José Guillermo Ortiz Arias, es decir, padres, hermanos hijos, lo
que sepa de esa familia? Contestó: siempre vivieron juntos Guillermo Ortiz y
Esperanza Narváez, siempre los dos, iban al médico. […] Preguntado:

15
Radicado: 25000-23-42-000-2013-06549-01 (0699-2021)
Demandante: José Guillermo Ortiz Arias

¿cuéntenos lo que sepa o le conste de la familia de la señora Mery Esperanza
Narváez Silva? Contestó: no sé, no conozco. Preguntado: ¿qué sabe de la
vida laboral de la señora Mery Esperanza Narváez? Contestó: ella tenía
pensión, vivía de la pensión. Preguntado: ¿cuéntenos también lo que sepa y
le conste sobre el señor José Guillermo Ortiz y Mery Esperanza Narváez,
compraron bienes de manera conjunta? Contestó: ellos vivieron en el
apartamento 302 pero no sé cómo sería la negociación, también tenían una
finca en Chinauta que también viajaban casi todos los domingos, pero no sé
qué negociación tendrían ellos dos. Preguntado: ¿cuéntenos qué sabe acerca
de su fallecimiento, cuándo falleció, en dónde, qué provocó su muerte?
Contestó: murió en el 2010, en el hospital de la Policía, no sé más. […] de una
enfermedad, pero más no. Preguntado: ¿sabe usted dónde fueron las exequias
de la señora Mery Esperanza Narváez? Contestó: no. Preguntado: ¿sabe
usted algo o le consta de dónde obtenía recursos el señor José Ortiz Arias para
sufragar sus gastos normales, gastos de alimentación, salud, recreación, etc.?
Contestó: de la pensión, tenía pensión pequeña. Preguntado: ¿sírvase indicar
si usted tiene conocimiento que el señor José Guillermo Ortiz haya asistido en
su enfermedad a la señora Mery Esperanza Narváez? Contestó: Esperanza
Narváez y Guillermo Ortiz salían para todas partes juntos, siempre, para llevarla
al médico, para recoger la droga, tomarse la droga, siempre fueron muy unidos.
Preguntado: ¿tiene conocimiento dónde laboró el señor José Guillermo Ortiz?
Contestó: en la Policía y tenía otros negocios particulares. Preguntado: ¿sirva
manifestar al despacho con claridad, con quién compartía el señor José
Guillermo Ortiz su residencia y si conocía el lugar de la misma? Contestó: con
Esperanza Narváez vivieron siempre juntos los dos en el apartamento 302 de
Quinta Paredes. […] él la acompañó todas sus veces al médico, y tomaban su
droga, la acompañaba, vivían juntos. […] Preguntado: ¿podría afirmar que
llevaban una vida como esposos? Contestó: perfecta, muy bueno, que todo el
mundo tiene sus disgustos, pero siempre los dos estaban unidos, iban para
todas partes, compartían juegos, compartían ir a la finca de Chinauta, siempre
los vi juntos, siempre. […]». (Minuto 5:43 a 26:21 del cd obrante a folio 188).

• Roberto Gaitán Martínez, quien afirmó conocer a los implicados. «[…]
Preguntado: ¿conoce de vista, trato y comunicación al señor José Guillermo
Ortiz? En caso de ser afirmativa la respuesta, ¿de dónde lo conoce y en qué
circunstancias lo conoció? Contestó: conozco al señor Guillermo Ortiz desde
hace unos 35 años, 32 años, y la circunstancia fue que yo compré un
apartamento aquí cerca en Quinta Paredes, en un edificio que estaban
terminando, en el quinto piso, y después de que lo terminaron y me pasé a vivir
allá, pues uno con los vecinos se encuentra frecuentemente, y en uno de los
encuentros los conocí a ellos dos […] frecuentaba yo el apartamento de ellos, y
ellos muy comedidamente me invitaban a comer en el apartamento de ellos […]
tenía entendido que ellos eran matrimonio […] sabía yo que ella trabajaba con
la Policía por lo que ella contaba, y que Guillermo también trabajaba en la
Policía. Preguntado: ¿sírvase a dar más referencias, más datos, sobre lo que
sepa de la vida laboral del señor José Guillermo Ortiz? Contestó: yo sabía que
él trabajaba allá, pero que yo sepa qué hacía exactamente, no. De doña
Esperanza sí sabía yo que era secretaria de la Policía, y después secretaria del
comandante de la Policía. […] de José Guillermo Ortiz vine yo a enterarme
muchos años después que tenía un hijo, dos hijos, porque ellos llegaron a una
casa que ellos tienen en Chinauta y me dijo “este es mi hijo”, ahí me enteré que
tenía un hijo y no más. Preguntado: ¿sírvase contarnos si aparte de estos
familiares, se enteró o le consta de alguna otra unión marital de hecho u otro
matrimonio? Contestó: cuando nos conocimos en Quinta Paredes, yo sabía
que eran pareja, pero no sabía si estaban casados por la iglesia o civilmente.
No recuerdo exactamente pero creo que fue a lo último que supe que no
estaban casados, me parece a mí que cuando ella falleció […] Preguntado:

16
Radicado: 25000-23-42-000-2013-06549-01 (0699-2021)
Demandante: José Guillermo Ortiz Arias

¿qué personas acompañaron a la persona Mery Esperanza en ese día y en
esos días previos, qué otros aspectos de esos momentos tristes recuerda
usted? Contestó: estando en Chinauta, ella nos contó que tenía un
padecimiento, no muy claro me quedó a mí si era de hígado, cirrosis o cáncer.
En Chinauta convivía también con Guillermo. Ella viajó a Canadá a hacerse un
tratamiento allá […] cuando fui pues siempre estaba ella recluida y estaba
Guillermo ahí, y no vi otras personas que estuvieran ahí en ese momento, solo
me acuerdo que estuviese Guillermo Ortiz ahí. Ellos seguían conviviendo en
Quinta Paredes. […] Preguntado: ¿amplíenos un poco más la información
respecto de la propiedad que usted tiene en Chinauta, Guillermo y la causante
también tenían alguna propiedad allá? Contestó: […] ellos llegaron a Chinauta,
por la información que yo les di del terreno que yo había adquirido y de la casa
que yo tenía, entonces por esas circunstancias ellos llegaron allá a Chinauta.
[…] ellos también mandaron a construir una casa en Chinauta, y esas son las
circunstancias que a mí me permiten concluir que ellos vivían aquí y allá.
Preguntado: ¿sírvase a indicar al despacho la ubicación geográfica del
condominio? Contestó: bajando a mano izquierda, ese condominio consta de
unos 350 lotes. Queda abajo 500 metros del este, o sea entre Fuza y Melgar.
[…] parece ser que la sucesión dio en propiedad de esa casa a los hermanos
de Esperanza. Preguntado: ¿señale al despacho si el señor Guillermo asistió
en su enfermedad a la señora Mery Esperanza? Contestó: indudablemente
Guillermo estuvo no solamente en las circunstancias de su enfermedad, sino
cuando gozaba de salud, y obviamente en estas circunstancias de
enfermedades siempre estuvo al lado de ella. […] Preguntado: ¿después de
su traslado de Quinta Paredes, a usted le consta o puede dar fe de qué relación
llevaba el señor José Guillermo y la extinta Mery, y por qué le consta si es así
el vínculo que ellos podían llevar? Contestó: sí, es claro porque nos
encontrábamos en Chinauta y estaban bien. […] allá bajaban los dos, sería una
relación bien. […]». (Minuto 27:34 a 54:02 del cd obrante a folio 188).

• Félix Enrique Ascencio Lizcano, el cual manifestó conocer al
demandante y a la finada desde el año 1996. «[…] Preguntado: ¿nos
puede contar lo más que sepa sobre la familia del señor José Guillermo, esto
es, sobre sus padres, hijos, hermanos, sobrinos, cualquier otro pariente que
usted haya conocido? Contestó: […] en alguna ocasión conocí unos hijos de
Guillermo, que me los presentó allá en el condominio, allá en la casa de doña
Esperanza y Guillermo […] Preguntado: ¿cuéntenos lo que le consta sobre la
actividad laboral del señor José Guillermo Ortiz? Contestó: como los conozco
desde el año ’96, estuve mucho tiempo conversando con ellos y con Esperanza,
qué le digo, pues Guillermo trabajaba, él me decía que era pensionado del DAS
o del departamento de seguridad de esa época; es pensionado actualmente […]
no me acuerdo si en la escritura de lotes estaba Esperanza o no […]
Preguntado: ¿hubo algunas adquisiciones de bienes de manera conjunta?
Contestó: sí, los lotes que compramos los vendimos, duraron máximo tres años
a nombre de nosotros […] ellos sí construyeron una casa en el condominio, por
allá en el año ’95, ’96. Yo cuando me di cuenta de la casa ya estaba hecha.
Guillermo sí me contaba que él estaba por el exterior trabajando y le mandaba
recursos a Esperanza para pagar la construcción de la casa, y que habían
hecho contrato en mano con un arquitecto. […] Preguntado: ¿tiene certeza de
quién es el propietario del lote y del inmueble? Contestó: la verdad no supe de
certificado de tradición, si era nombre de Esperanza o Guillermo pero
últimamente tuve un inconveniente de un cobro judicial de un título valor, y supe
que la casa estaba a nombre de Esperanza y ahora es a nombre de los
herederos, los hermanos de Esperanza […] Preguntado: ¿dígale al despacho
si recuerda las fechas o lapso de tiempos de convivencia, cómo era la
convivencia entre José Guillermo Ortiz y Mery Esperanza? Contestó: pues era,
lo que les dije, lo conozco a él desde el año 1996 y siempre los conocí a ellos

17
Radicado: 25000-23-42-000-2013-06549-01 (0699-2021)
Demandante: José Guillermo Ortiz Arias

desde esa época, y convivían ellos. Llegaba allá al condominio, pasaba por allá,
conversábamos y siempre me atendía Esperanza o Guillermo. Incluso
Esperanza siempre le decía a él “viejito”. […] ellos tenían un apartamento en
Quinta Paredes, pero donde más frecuentaban era Chinauta, allí muy poco pero
sí sabía que vivían ahí en Quinta Paredes. […] Preguntado: ¿la justicia de
Colombia le otorgó a los hermanos de la extinta Mery Esperanza como
beneficiarios de ella, herederos de ella? Contestó: pues sí doctor, esa es la
verdad, uno a veces no entiende. El bien era de ellos dos, pero no sé la justicia
cómo es, después de convivir tantas cosas puede perderlas. Preguntado:
¿díganos si usted tiene conocimiento de por qué respecto de ese inmueble no
se tuvo como beneficiario de la señora Mery Esperanza al que se dice de
compañero de ella? Contestó: no sé jurídicamente por qué se excluye, si uno
convive con una persona tantos años, cómo lo van a hacer a un lado. […]».
(Minuto 55:30 a 1:15:04 del cd obrante a folio 188).

Ø Igualmente, dentro de la audiencia de pruebas, se llevó a cabo la práctica
del interrogatorio de parte al señor José Guillermo Ortiz Arias solicitado de
oficio por el a quo, de la siguiente forma:

«[…] Preguntado: ¿sírvase informar a la audiencia en qué circunstancias conoció
y cuándo conoció a la señora Mery Esperanza Narváez Silva? Contestó: desde
agosto de 1978. Ella trabajaba como secretaria en la Dirección de Sanidad que
quedaba ubicada en el sur de la ciudad para esa época. Yo vine trasladado de la
costa ahí en esa dependencia como uniformado y ahí nos conocimos e hicimos
una amistad, de la amistad quedó que nos hicimos ya como pareja hasta el día de
su fallecimiento, más o menos como 32 años que ella falleció el 14 de febrero de
2010 en la Policía Nacional, hasta ahí. […] Preguntado: ¿informe a la audiencia
si durante el tiempo que convivió con la señora Mery Esperanza adquirió
conjuntamente con ella alguna clase de bienes? En caso afirmativo, ¿cuáles,
dónde y cuándo? Contestó: sí, se adquirió un apartamento en el barrio Quinta
Paredes. Y adquirimos un lote en el municipio de Fusagasugá en el condominio
Las Pirámides, y yo no figuraba en las escrituras. Preguntado: ¿explíquenos por
qué razón no figuraba en las escrituras? Contestó: de pronto no tuve esa idea
porque nos teníamos mucha confianza y era mi compañera permanente, entonces
por ese motivo el único que me tenía era a mí, entonces no se hizo por descuido
mío o por confianza. Preguntado: ¿infórmenos si usted tuvo alguna unión marital
o matrimonio con persona diferente a Esperanza Narváez Silva? Contestó: sí, yo
figuraba como casado, la cual ya está disuelta esa unión, pero me conocí con ella
existía el matrimonio, pero desde el día en que nos fuimos a vivir pues mi vínculo
matrimonial pues digamos se disolvió por voluntad propia; respondía yo en el hogar
más no como pareja. […] Preguntado: ¿por qué razón no se hizo inscribir o
registrar como tal ante la misma institución de la Policía para efectos de ser
beneficiario de todos los incentivos y prerrogativas que tienen las parejas de todo
servidor público que está vinculado a la Policía? Contestó: de pronto por
ignorancia mía no se hizo eso, y como me separé voluntariamente con la señora
que era mi esposa, no… como repito por mi ignorancia. Y como los servicios de la
Policía yo los tenía todos, como lo mismo la señora Mery Esperanza también los
tenía todos, entonces pues de pronto por eso, no con intención de ser malo.
Preguntado: ¿háblenos de la causa de la muerte de la señora Mery Esperanza?
Contestó: ella venía sufriendo de hace muchos años, la habían operado de
diferentes cosas y pues ya su fallecimiento pues no sé, porque ahí hay un acta que
dice de qué falleció, lo único que le digo es que yo estuve hasta el último día con
ella, como se puede certificar que en el expediente debe estar las actas que yo
firmaba como compañero de ella, del resto si no sé. El caso es que ella falleció en
la misma clínica de la Policía Nacional. Preguntado: ¿como consecuencia de la
muerte de la señora Mery, nos ha quedado claro que un terreno que tenía en
Chinauta, estos se otorgan a los beneficiarios del fallecido, díganos qué aconteció

18
Radicado: 25000-23-42-000-2013-06549-01 (0699-2021)
Demandante: José Guillermo Ortiz Arias

con los bienes cuya titular era la señora Mery? Contestó: primero que todo, yo no
soy heredero, porque no podía ser heredero. Segundo, hubo un pleito y la Corte
dio un veredicto de la unión sentimental que existió con ella. El apartamento de
Bogotá no sé como hicieron esa escritura, después a los doce años vine a darme
cuenta que lo habían registrado los hermanos de ella. Preguntado: ¿a usted no
se le ha asignado como heredero o como beneficiario ninguno de los bienes que
ella tenía a su nombre? Contestó: el único bien que ella figuraba era el de
Chinauta, de allí me dieron a mí como sesenta y pico millones de pesos, eso fue
todo. Preguntado: ¿quién le dio a usted sesenta y tanto millones de pesos?
Contestó: ya por orden de la autoridad competente […] aquí en la Corte me
reconocía a mí como la unión sentimental y me descontaron el resto […] a mí me
quitaron prácticamente todo. Los mismos hermanos de ella certifican, pero cuando
la demanda llegaron no sé por qué no tomaron las medidas que debían hacerse y
allí perdí yo. Preguntado: ¿tiene usted conocimiento si la señora Mery Esperanza
en algún documento de la Policía Nacional lo relacionó a usted como beneficiario
de ella, de seguro de vida y cualquier otro beneficio? Contestó: que yo tenga
conocimiento no […] de todas las intervenciones que tuvo quirúrgicas, figuraba yo
como esposo […] Preguntado: ¿quién sufragó todos los costos que implican las
exequias de la señora Mery Esperanza Narváez? Contestó: eso lo sufragué yo, lo
mismo que el cenizario, las mismas las pagué yo. […]» (Minuto 1:20:00 a 1:39:50
del cd obrante a folio 188).

Ahora bien, en virtud de la relación probatoria que antecede, se realizan las
siguientes conclusiones:

• Es un hecho cierto que la Policía Nacional a través de la 015775 del 18 de
octubre de 1995 reconoció una pensión de jubilación a la señora Mery
Esperanza Narváez Silva, en una cuantía inicial de $323.086,56, efectiva a
partir del 10 de julio de la citada anualidad. Asimismo, quedó demostrado
que la titular de dicho beneficio pensional falleció el 14 de febrero de 2010.

• Por otro lado, de las declaraciones extraprocesales arrimadas al proceso,
las cuales, si bien es cierto no pueden ser valoradas como testimonios
dentro del proceso judicial, sí procede su valoración como documentos
declarativos de terceros, acorde con el artículo 262 del Código General del
Proceso20, dan cuenta de que el señor José Guillermo Ortiz Arias conformó
una unión marital de hecho con la señora Mery Esperanza Narváez Silva
por un lapso superior a 30 años, cuya convivencia inició desde el año 1978
y que perduró hasta el momento de la muerte de la pensionada.

Además, específicamente en las deposiciones de los señores Hilda Susana
Silva, Gloria Lucía Narváez Silva, Héctor Hernando Narváez Silva y Laura
Tovar Celly, estos afirmaron que los implicados sufragaban los gastos del
hogar de manera conjunta.

• De igual manera, al efectuar por parte de esta Subsección la valoración
probatoria del interrogatorio de parte del señor Ortiz Arias, y en aplicación
del principio de sana crítica, se observa que aquel expuso detalles acerca
de la convivencia con la finada, en el sentido que indicó que esta se
presentó en el barrio Quinta Paredes de la ciudad de Bogotá, así como en
el municipio de Chinauta donde adquirieron una propiedad. En este punto

20
«ARTÍCULO 262. DOCUMENTOS DECLARATIVOS EMANADOS DE TERCEROS. Los documentos
privados de contenido declarativo emanados de terceros se apreciarán por el juez sin necesidad de
ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación.»

19
Radicado: 25000-23-42-000-2013-06549-01 (0699-2021)
Demandante: José Guillermo Ortiz Arias

se resalta que, si bien con los elementos de convicción proporcionados no
se vislumbró el registro o titularidad de los bienes, este no resulta objeto de
debate o estudio en esta oportunidad por cuanto es un aspecto ajeno al
derecho prestacional que se controvierte en el presente litigio.

• Ahora, de los testimonios rendidos por los señores Bertha María Díaz
Peñuela, Roberto Gaitán Martínez y Félix Enrique Ascencio Lizcano,
quienes se resalta se tratan de testigos idóneos por haber vivido en el
mismo edificio de los implicados, ubicado en Quinta Paredes, y haber
apreciado de manera directa la cohabitación de la pareja, se puede concluir
que estos coincidieron en afirmar que entre el demandante y la finada existió
un trato de esposos y atención mutua, así como una convivencia
ininterrumpida por más de 30 años, y hasta el momento del fallecimiento de
esta.

En ese sentido, de sus dichos es dable argüir que la pareja tenía la intención
de formar una unión marital, pues al indagársele a los testigos sobre
aspectos tendientes a la relación de pareja y convivencia, exponen
elementos que brindan convicción de la permanencia, de la unión y del
apoyo mutuo que como pareja existió entre ellos, tales como la asistencia
en la reclamación y suministro de los medicamentos de la señora Narváez
Silva; y el cuidado y especial atención del libelista en los últimos días de
vida de esta última, como en efecto se puede constatar con las
autorizaciones de intervención emitidas por el Hospital Central de la Policía
Nacional, las cuales muestran el acompañamiento del señor Ortiz Arias en
los quebrantos de salud de la finada.

Lo anterior se afirma además, en la medida en que se han demostrado las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrolló la relación de
pareja; así como también se esbozaron los detalles de la vida en comunidad
como lo son los compromisos mutuos, afecto, apoyo y socorro recíproco.
Ello puntualmente al describir los testigos que:

i) la unión de los implicados inició hacia el año 1978 cuando ambos
laboraban al servicio de la Policía Nacional y que esta perduró en el
tiempo hasta la fecha del deceso de la pensionada, el 14 de febrero de
2010;
ii) se brindaban tratos propios de una pareja sentimental, tales como la
ayuda en los momentos de enfermedad, apoyo económico para
solventar los gastos de las viviendas, y la convivencia diaria
compartiendo lecho, techo y mesa;
iii) eran vistos juntos permanentemente en su lugar de cohabitación
ubicado en la Carrera 47ª # 22ª-06, apartamento 302, del barrio Quinta
Paredes de la ciudad de Bogotá, así como en la propiedad ubicada en
Chinauta.

El anterior análisis probatorio permite concluir que los señores José
Guillermo Ortiz Arias y Mery Esperanza Narváez Silva en efecto
mantuvieron una relación sentimental y convivencia desde el año 1978,
cuando compartían techo, lecho y mesa, y que además su relación se forjó
bajo los aspectos de la comprensión y cuidados dentro de la convivencia de
la unión libre.

20
Radicado: 25000-23-42-000-2013-06549-01 (0699-2021)
Demandante: José Guillermo Ortiz Arias

• En estos términos, los elementos probatorios allegados y practicados en el
sub lite no dejan asomo de duda de que el libelista acreditó el tiempo de
convivencia exigido por la ley, esto es, más de 5 años anteriores al
fallecimiento de la pensionada. Pues como bien se ha analizado de acuerdo
a las pruebas documentales allegadas, las declaraciones extrajuicio, los
testimonios rendidos y el interrogatorio de parte absuelto, exponen los
detalles de la vida en pareja, el acompañamiento espiritual y la asistencia
solidaria; elementos característicos de una convivencia en pareja. Y, por
último, resulta claro que el acervo probatorio en cuestión es coherente y da
fe de la tesis sostenida en la demanda en cuanto a la convivencia durante
los últimos años de vida de la causante.

Carece por tanto de fundamento legal y fáctico la negativa por parte de la
entidad demandada de sustituir la pensión de jubilación que en vida
devengaba la señora Mery Esperanza Narváez Silva a favor de la parte activa,
bajo el argumento de que no se demostró la convivencia en pareja durante los
últimos 5 años de vida de la pensionado, pues como bien se ha analizado de
las pruebas allegadas por el interesado y de aquellas practicadas durante el
curso del proceso, estas dan fe de los límites temporales exigidos por la norma
para la procedencia del reconocimiento pensional.

En línea con lo expuesto, vale la pena precisar que frente al requisito de
convivencia, aspecto que aquí se debate, debe acreditarse la vocación de
estabilidad y permanencia, por lo tanto, no se tienen en cuenta aquellas
relaciones casuales, circunstanciales, incidentales, ocasionales, esporádicas
o accidentales que haya podido tener en vida la causante.

Para tal consecuencia, se encuentran en el plenario las declaraciones
extrajuicio de los señoras Hilda Susana Silva, Gloria Lucía Narváez Silva,
Héctor Hernando Narváez Silva, las cuales son coherentes en su dicho;
además, se resalta que aquellas conocieron de forma directa la relación de
convivencia entre los implicados, al tratarse de hermanas de la fallecida,
quienes, en virtud de sus vínculos familiares, pueden exponer con certeza la
forma cómo surgió y se desarrolló la relación en pareja. Sin pasar por alto que
el contenido de las demás pruebas arrimadas y practicadas en el sub lite
corroboran la convivencia ininterrumpida entre la causante y el demandante.

Ahora, si bien la autoridad demandada y el juez de primera instancia tomaron
como fundamento para controvertir la tesis planteada en la demanda, el hecho
de que el señor José Guillermo Ortiz Arias no se encontrara registrado como
beneficiario de la pensión de jubilación de la señora Narváez Silva, o que no
figurara dentro de la base de datos de la Policía Nacional bajo tal calidad de la
finada frente a otras prestaciones sociales, lo cierto es que tal afirmación no
conduce a desconocer el derecho de la sustitución pensional de la parte activa;
ello por cuanto este no fue un aspecto exigido por el legislador para la
procedencia del derecho económico en mención, aunado el hecho de que se
logró corroborar de manera fehaciente el vínculo que unía al demandante con
la occisa bajo las relaciones de afecto, apoyo, acompañamiento en la
enfermedad y comprensión mutua, las cuales no cesaron ni se disolvieron por
el aspecto alegado.

21
Radicado: 25000-23-42-000-2013-06549-01 (0699-2021)
Demandante: José Guillermo Ortiz Arias

Por su parte, tal como lo consideró el demandante en su recurso de alzada, el
artículo 4.º de la Ley 54 de 1990, modificado por el artículo 2.º de la Ley 979
de 200521, si bien prevé los mecanismos legales por medio de los cuales se
declarará la existencia de la unión marital de hecho de los compañeros
permanentes, en el caso sub examine la ausencia de dicha declaratoria no
puede enervar el derecho del señor José Guillermo Ortiz Arias a que le sea
otorgado el reconocimiento de la pensión sustituida que en vida gozaba su
pareja, pues los medios probatorios que integran el dossier han sido
congruentes entre sí al punto de llevar al convencimiento a esta Sala de que
entre ellos se presentó una vida en común de manera permanente e
ininterrumpida.

En efecto, el bien jurídico tutelable en el derecho prestacional a una sustitución
pensional lo constituye la familia, como núcleo e institución básica de la
sociedad (artículos 5 y 42 de la Constitución Política), que sin importar la forma
de su configuración, debe ser amparada íntegramente y sin discriminación
alguna. El vínculo constitutivo de la familia -matrimonio o unión marital de
hecho- es indiferente para efectos del reconocimiento de este derecho.

Como se analizó en precedencia, la prestación económica denominada
«sustitución pensional» tiene por objeto garantizar una renta periódica a los
miembros del grupo familiar de quienes dependían económicamente, como
consecuencia de su muerte y de haber realizado en vida cotizaciones al
Sistema de Seguridad Social, ello, con el fin de que, en este caso, el
compañero permanente cuente con los recursos necesarios para mantener un
nivel de vida similar al que tenía antes del fallecimiento de la pensionada. Así,
en cuanto al caso de marras, el demandante en su calidad de compañero
permanente acreditó, frente al requisito de convivencia, la vocación de
estabilidad y permanencia, así como también se demostró las relaciones de
apoyo y comprensión mutua.

Además, bajo el anterior preludio, se recuerda que esta Sección Segunda, en
cuanto al requisito de dependencia económica, sostuvo que esta se entiende
«como aquella situación de subordinación a que se halla sujeta una persona respecto
de otra en relación con su “modus vivendi”. Relación de dependencia dentro de la
cual deberá observarse, por parte del beneficiado o amparado, una conducta sensata,
eso sí, acorde con la dignidad humana pero desprendida de ostentación o
suntuosidad alguna. […]»22.

De ello que, el aquí interesado, bajo las situaciones particulares del sub lite en
punto al sufragio conjunto de las necesidades del hogar, llevó a concluir que
en efecto sí existía un compromiso de vida familiar, que tenían una vocación
de permanencia y que merece ser protegida, máxime cuando el fin primordial
de la sustitución pensional consiste en salvaguardar al núcleo familiar que

21
ARTÍCULO 2o. El artículo 4o. de la Ley 54 de 1990, quedará así:
Artículo 4o. La existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes, se declarará por
cualquiera de los siguientes mecanismos:
1. Por escritura pública ante Notario por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes.
2. Por Acta de Conciliación suscrita por los compañeros permanentes, en centro legalmente constituido.
3. Por sentencia judicial, mediante los medios ordinarios de prueba consagrados en el Código de
Procedimiento Civil, con conocimiento de los Jueces de Familia de Primera Instancia.
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 22 de noviembre de 2012.
Radicación: 05001-23-31-000-2006-03456-01 (0448-2012).

22
Radicado: 25000-23-42-000-2013-06549-01 (0699-2021)
Demandante: José Guillermo Ortiz Arias

dependía económicamente de la causante para que pueda continuar
atendiendo sus necesidades.

Aunado ello, se resalta que la unión de pareja no ha de analizarse de manera
meramente formal, es decir, bajo la mirada relativa a los lazos formales y
jurídicos forjados en la unión, pues cuando a pesar de no contarse con un
vínculo matrimonial, si se demuestra que entre los implicados existía una
convivencia direccionada a la intención de formar una vida en común forjada
en el crisol del apoyo y ayuda mutua, dichos elementos deben examinarse,
pues son estos los que deben permear en el núcleo esencial de la sociedad,
que es la familia.

En todo caso, no se puede obviar que en el plenario quedó debidamente
demostrado que el libelista, al tratarse de un interesado en la calidad de
compañero permanente de la finada, acreditó que mantuvo una convivencia
durante los 5 años anteriores a su fallecimiento y que sí hizo vida marital con
la causante por aproximadamente 30 años.

De la prescripción de mesadas pensionales y el restablecimiento del
derecho

Habida cuenta de que se accederá al reconocimiento y pago de la sustitución
pensional deprecada por la parte activa con efectividad desde el 15 de febrero
de 2010, esto es, un día después del fallecimiento de la causante, resulta
indispensable verificar la ocurrencia o no del fenómeno prescriptivo sobre las
mesadas adeudadas.

Al respecto, el Consejo de Estado23 ha señalado que la configuración de la
mentada figura requiere que transcurra un determinado lapso durante el cual
no se hayan ejercido las acciones correspondientes para reclamar los
derechos que considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde
que la obligación se haya hecho exigible, con una posibilidad de interrupción
del término por un lapso igual, tal como lo indica el artículo 102 del Decreto
1848 de 1969 aplicable al sub examine, que reza lo siguiente:

«ARTÍCULO 102.- Prescripción de acciones.

1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135
de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la
fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o
empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.»

Bajo ese entendido, es dable colegir que la señora Mery Esperanza Narváez
Silva falleció el 14 de febrero de 201024; que la primera reclamación
presentada por el demandante a fin de contabilizar el término de prescripción
de las mesadas pensionales que únicamente se interrumpe por una vez y por

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
de 15 de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
24
Según registro civil de defunción, obrante a folio 15.

23
Radicado: 25000-23-42-000-2013-06549-01 (0699-2021)
Demandante: José Guillermo Ortiz Arias

el término de 3 años, corresponde a aquella del 9 de marzo de 201025 cuando
se dirigió ante el director general de la Policía Nacional a fin de instar el
reconocimiento y pago de la sustitución pensional, en su aludida condición de
compañero permanente; y que se radicó la demanda ante esta jurisdicción el
27 de noviembre de 201326.

Por consiguiente, es diáfano que la parte activa tenía hasta el 9 de marzo de
2013 para ejercer el medio de control correspondiente a fin de reclamar ante
el juez competente el reconocimiento del derecho pretendido, lo cual no ocurrió
dentro del plazo estimado para lo propio, por lo que es pertinente indicar que
se encuentran prescritas las mesadas pensionales causadas con anterioridad
al 27 de noviembre de 2010, por haber transcurrido más de 3 años entre la
reclamación en sede administrativa y la presentación de la demanda.

En conclusión: la valoración integral de las pruebas aportadas y practicadas
en el proceso, llevan a la convicción de la existencia de una convivencia real,
constante y permanente con la señora Mery Esperanza Narváez Silva y el
libelista, que supera los 5 años de vida en común previos al deceso de la
causante, por lo cual, se acreditó el requisito de convivencia previsto en el
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797
de 2003, para reconocer al señor José Guillermo Ortiz Arias, en su calidad de
compañero permanente, la sustitución de la pensión de jubilación de la
causante.

Decisión de segunda instancia

Según se ha expuesto, se impone revocar la sentencia apelada en el sentido
que denegó los pedimentos de la demanda, y en su lugar, se accederá a la
pretensión de nulidad de los actos administrativos demandados expedidos por
la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, y se ordenará a
título de restablecimiento del derecho, el reconocimiento de la sustitución de
la pensión de jubilación que en vida devengaba la causante, la señora Mery
Esperanza Narváez Silva, a favor del señor José Guillermo Ortiz Arias en su
condición de compañero permanente, ello a partir del 27 de noviembre de 2010
por haber operado el fenómeno jurídico de la prescripción trienal de mesadas
pensionales.

Ajuste de valor

Las sumas reconocidas serán reconocidas conforma la siguiente fórmula:
Índice final
R = Rh x
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(Rh), que es la mesada pensional dejada de percibir por la demandante, por
el guarismo que resulta al dividir el índice final de precios al consumidor
certificado por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia,
por el índice inicial, vigente para la fecha en que debió hacerse el pago.

25
Conforme al derecho de petición radicado el 9 de marzo de 2010 ante la autoridad demandada, visible
de folios 9 a 12 del cuaderno de anexos.
26
Como se desprende del acta individual de reparto, obrante a folio 73.

24
Radicado: 25000-23-42-000-2013-06549-01 (0699-2021)
Demandante: José Guillermo Ortiz Arias

Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará
separadamente mes por mes para cada mesada comenzando desde la fecha
de su causación, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al
momento de causación de cada uno de ellos.

De la condena en costas

Esta subsección27 sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del
CPACA, en aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo-valorativo
para la imposición de condena en costas por lo siguiente:

a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas,
al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-.

b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien
para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.

d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará
atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte
vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y
generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la
participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura).

e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por
éstas.

f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP28, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.

g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que,
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la

27
Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, demandante: María del
Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
28
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]»

25
Radicado: 25000-23-42-000-2013-06549-01 (0699-2021)
Demandante: José Guillermo Ortiz Arias

sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público29.

En este hilo argumentativo, en el presente caso se condenará en costas de
ambas instancias a la entidad demandada y a favor del demandante, en la
medida que conforme el numeral 4.º del artículo 365 del CGP se revocará
totalmente la providencia apelada, lo que implica que la primera resultó
vencida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar la sentencia del 30 de mayo de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que
denegó las pretensiones de la demanda en el proceso que en ejercicio del
medio de control y restablecimiento del derecho promovió el señor José
Guillermo Ortiz Arias contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía
Nacional. En su lugar,

Segundo: Declarar la nulidad del Oficio S-2012 270536 del 5 de octubre de
2012, expedido por el jefe del grupo de pensionados de la Secretaría General
de la Policía Nacional, a través del cual negó al demandante el reconocimiento
y pago de una sustitución pensional; de la Resolución 01253 del 23 de agosto
de 2010, emitida por el subdirector general de la Policía Nacional, mediante la
cual se excluyó de la nómina de pensionados por jubilación a la señora Mery
Esperanza Narváez Silva, a partir del 14 de febrero de 2010; y la Resolución
01848 del 20 de mayo de 2013, signada por el director general de la Policía
Nacional, que rechazó un recurso de apelación interpuesto contra el acto
administrativo que data del 23 de agosto de 2010.

Tercero: A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, reconocer y pagar la
sustitución de la pensión mensual vitalicia de jubilación que en vida gozaba la
señora Mery Esperanza Narváez Silva, a favor del señor José Guillermo Ortiz
Arias, en su calidad de compañero permanente, quien se identifica con la
cédula de ciudadanía 19.052.893, en una cuantía del 100 % del valor total de
la prestación, con efectividad a partir del 27 de noviembre de 2010, por haber
operado el fenómeno jurídico de la prescripción trienal y las que se causen en
adelante.

En razón de lo expuesto, se condena a la parte demandada a pagar las
mesadas adeudadas a favor del demandante a partir del 27 de noviembre de
2010, esto de manera actualizada de conformidad con el inciso 4.° del artículo
187 del CPACA, es decir, con base en la siguiente fórmula:

29
Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»

26
Radicado: 25000-23-42-000-2013-06549-01 (0699-2021)
Demandante: José Guillermo Ortiz Arias

R= Rh x índice final
Índice inicial

Cuarto: Condenar en costas de ambas instancias a la autoridad demandada
y a favor de la parte demandante, las cuales serán liquidadas por el a quo.

Quinto: La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, dará
cumplimiento a la sentencia con base en los términos y previsiones de los
artículos 189 y 192 del CPACA.

Sexto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.