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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-06672-01

Recurso de apelación: competencia funcional del juez de segunda instancia

Fecha
11 de abril de 2019
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernández

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-06672-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 10 de octubre de 2014, mediante la cual DECLARÓ la nulidad de los actos administrativos demandados dentro del proceso con radicado número 250002342000201306672 00 (2042-2015), de conformidad con las consideraciones de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: En firme esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2013-06672-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández

11 de abril de 2019

RECURSO DE APELACIÓN – Competencia funcional del juez de segunda instancia / APELANTE ÚNICO / PRINCIPIO NON REFORMATIO IN PEIUS

En los términos de los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso (CGP), vigente para la fecha en que la demandada (DIAN) interpuso el recurso de apelación, éste tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para revocar o reformar la decisión, para lo cual debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. En esa medida, la competencia de la segunda instancia está limitada a las razones de discrepancia expresadas por el recurrente en el recurso, en atención a que en este caso el apelante es único. Tal restricción obedece, en primer lugar, al respeto del principio de la non reformatio in pejus (el artículo 31 de la Constitución Política y el 328 inciso cuarto del CGP disponen que el superior no podrá agravar la pena impuesta o hacer más desfavorable la situación del apelante único) y, en segundo término, debido a que el recurso de apelación se circunscribe a revocar o modificar la providencia apelada dentro del marco de las razones de inconformidad o juicios de reproche esbozados por el apelante, según la situación que dejó establecida el fallo recurrido. El pronunciamiento, en consecuencia, no se extenderá a revisar los temas del fallo del tribunal de instancia que no fueron tratados por el recurrente y que quedaron por fuera de este momento del debate como quiera que se trata de aspectos sobre los cuales debe tenerse por concluida la controversia.

FUENTE FORMAL: DECRETO 760 DE 2005 – ARTÍCULO 14 / DECRETO 765 DE 2005 – ARTÍCULO 34 ORDINAL 5 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 320 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 328

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS / NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA DEL PRIMERO DE LA LISTA DE ELEGIBLES – Obligatoriedad / APORTE DE CERTIFICACIONES LABORALESCON FUNCIONES EN ANEXO - No da lugar a que la administración considere el no cumplimiento de los requisitos del cargo

Cumplir con los deberes de «velar por que la correspondiente hoja de vida reúna todos los requisitos» (Ley 190/95) y de «verificar el cumplimiento de los requisitos y calidades» de los documentos para tomar posesión (Decreto 1950/73), en manera alguna puede traducirse en la necesidad de proferir un acto administrativo que implique desconocer otro que ha cobrado firmeza, como la lista de elegibles del concurso, tal como se probó que aconteció dadas las circunstancias en que se produjo la decisión demandada. Precisamente, al efectuar la verificación, tal como acertadamente lo estableció la primera instancia, la DIAN no procuró comprobar la veracidad del contenido de las certificaciones aportadas por el demandante ni tuvo en cuenta que el afectado señaló que las funciones anexadas a cada certificación hacían parte integral de la constancia. En consecuencia, se desconoció el principio constitucional de buena fe, no se probó que se realizaran actividades para verificar si el demandante desempeñó las funciones certificadas, no se estableció que las funciones anexas a las certificaciones fueran contrarias a la realidad o que éstas no fueran expedidas por quien las suscribió, y tampoco se demostró la falta de la experiencia. En esas circunstancias, dedujo el Tribunal que se desestimaron las constancias solo por un defecto formal que debió subsanarse durante el concurso para que el interesado las aportara o complementara acorde al reglamento, ya que después de aceptadas en el análisis de antecedentes, no podía desestimarlas al momento del nombramiento sin obtener el consentimiento del afectado, a menos que se encontrara demostrado un hecho grave como la falsedad en los documentos, que llevarían a emprender otras acciones legales. (…) En lo que concierne a la comunicación con radicado No. 2013EE24694 de 16 de julio de 2013, por medio de la cual la CNSC autorizó a la DIAN a utilizar en forma directa la lista de legibles para el empleo, pese a que fue emitida con motivo de la decisión de la entidad de no efectuar el nombramiento del demandante en periodo de prueba y a petición suya, y a que, en esa medida, no fue el acto administrativo que directamente modificó la situación del demandante, tuvo su origen en las resoluciones demandadas de la DIAN, y fue proferida sin tener en cuenta que la lista de elegibles conformada por esa misma entidad se encontraba en firme, lo que la hacía obligatoria para la administración. En esa medida, tal como lo examinó y encontró probado el tribunal, la afectación de la legalidad de la decisión de la CNSC quedó implicada por cuanto, en relación con la lista de elegibles de la cual hacía parte el demandante, el organismo que administra la carrera especial de la DIAN debió verificar el respeto a los procedimientos de selección de acuerdo a las funciones que le asignó la Constitución Política, en particular el relativo a la obligatoriedad de la lista de elegibles y, consecuencialmente, al deber de nombrar en período de prueba a quien ocupó el primer lugar.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D. C., once (11) de abril de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 25000-23-42-000-2013-06672-01(2042-15)

Actor: LUIS FRANCISCO BALAGUERA BARACALDO

Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN y COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC

SO. 054
Temas: Firmeza de la lista de elegibles. Improcedencia de la expedición del acto de abstención de nombramiento en período de prueba. Procedimiento para exclusión de sus integrantes. Diferencia respecto a la responsabilidad de revisar cumplimiento y calidades de los requisitos para nombramiento y posesión. Criterio objetivo valorativo de la condena en costas en segunda instancia.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA____________________________________
Conoce la Sala de Subsección del recurso de apelación interpuesto por la demandada Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN en contra de la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferida el 10 de octubre de 2014.

I. LA DEMANDA

Pretensiones. En ejercicio del medio de control de nulidad consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, el demandante solicitó declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) comunicación con radicado No. 2013EE24694 del 16 de julio de 2013, por medio de la cual la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC autorizó a la DIAN a utilizar en forma directa la lista de legibles para el empleo Código OPEC 201135 Rol Evaluador Especializado en la Gestión de las Operaciones de Comercio Exterior, Inspector IV 308, grado 08; ii) Resolución No. 003233 del 25 de abril de 2013, mediante la cual la DIAN se abstuvo de efectuar el nombramiento del actor en periodo de prueba en el cargo de Evaluador Especializado en la Gestión de las Operaciones de Comercio Exterior, código OPEC 201135 Inspector IV 308, grado 08; y iii) Resolución No. 004605 del 5 de junio de 2013, a través de la cual se resolvió en forma desfavorable el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 003233 del 25 de abril de 2013.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó (i) ordenar a la DIAN que lo nombre y posesione en el cargo para el cual concursó y ocupó el primer puesto en la lista de elegibles conformada mediante Resolución No. 268 del 15 de febrero de 2013 de la CNSC; (ii) le reconozca y pague los salarios, primas, reajustes o aumentos de sueldo y demás emolumentos laborales, dejados de percibir desde la fecha en que debió ser nombrado y hasta cuando se produzca en forma efectiva el nombramiento y posesión; (iii) se declare que para todos los efectos legales no ha existido solución de continuidad; y (iv) se dé cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

Hechos. Fundamentó sus pretensiones en los siguientes hechos: La Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, abrió la convocatoria 128 de 2009 para la provisión de empleos de carrera administrativa de la planta de personal de la DIAN. El demandante participó en la convocatoria para el cargo de Evaluador Especializado en la Gestión de las Operaciones de Comercio Exterior, Inspector IV, código 308, grado 08, identificado con el código OPEC 201135. Practicadas y aprobadas las pruebas del proceso de selección, la CNSC expidió la Resolución No. 3256 del 27 de septiembre de 2012, por medio de la cual conformó la lista de elegibles para el mencionado cargo, en la cual el demandante ocupó el primer lugar. A través de la Resolución No. 268 del 15 de febrero de 2013, la CNSC excluyó a la señora Alba Yaneth Rosas Castro de la lista de elegibles, la cual recompuso, ubicando nuevamente al señor Luis Francisco Balaguera Baracaldo en el primer lugar. Dicha lista de elegibles cobró firmeza el 10 de abril de 2013. La DIAN tenía plazo hasta el 24 de abril de 2013 para nombrar en periodo de prueba a las personas que ocupaban los primeros 8 lugares. El 24 de abril de 2013, la DIAN nombró en periodo de prueba a las personas que ocuparon los puestos 2 a 8 de la lista de legibles y mediante Resolución No. 3233 del 25 de abril de 2013 se abstuvo de nombrar al demandante en período de prueba pese a que ocupó el primer lugar en la lista. Contra esa decisión interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto desfavorablemente con la Resolución No. 004605 del 5 de junio de 2013. El 5 de julio de 2013, la DIAN comunicó a la CNSC el contenido de las resoluciones 3233 y 004605 de 2013. Con base en esa comunicación, la CNSC, mediante oficio 2013EE24694 del 16 de julio de 2013, autorizó a la DIAN hacer uso directo de la lista de elegibles para el nombramiento de la persona que ocupó el noveno lugar en la lista de elegibles.

Normas violadas y concepto de violación. El demandante considera violadas las siguientes:

Constitucionales. Artículos 29, 58, 83, 121 y 130 de la Constitución.

Legales. Ley 1437 de 2011, artículos 87, 88 y 89. Decreto Ley 760 de 2005, artículo 14. Decreto 2772 de 2005, artículos 14 y 15, modificados por los artículos 1 y 2 del Decreto 4476 de 2007. Decreto 1950 de 1973, artículos 49 y 50, en concordancia con los artículos 4 y 5 de la Ley 190 de 1995. Decreto 3626 de 2005, artículo 28, modificado por el artículo 1 del Decreto 969 de 2013.

Concepto de violación. Según las razones expuestas al desarrollar el concepto de violación, los actos demandados: (i) vulneraron el principio de legalidad (artículo 121 de la Constitución), por cuanto la DIAN desbordó su marco de competencia e interpretó en forma indebida los artículos 49 y 50 del Decreto 1950 de 1973, en concordancia con los artículos 4 y 5 de la Ley 190 de 1995, 14 y 15 del Decreto 2772 de 2005, modificados por los artículos 1 y 2 del Decreto 4476 de 2007, ya que al efectuar el nombramiento en periodo de prueba la función de la DIAN se limitaba a verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos para el cargo, pero la entidad concluyó que el demandante no cumplía los requisitos mínimos para ocupar el empleo para el cual concursó y ocupó el primer lugar en la lista de elegibles, por el hecho de aportar algunas certificaciones laborales con la relación de funciones en un anexo; (ii) transgredieron el principio de buena fe al excluir la relación de funciones de los cargos que acreditaban su experiencia profesional, por el hecho de constar en hojas anexas a la certificación suscrita por la respectiva entidad otorgante en la cual se menciona el cargo desempeñado, sin tener en cuenta que todo hace parte de una misma certificación, la cual se entiende presentada bajo la gravedad del juramento, y por cuanto lo exigido es que la certificación laboral contenga el nombre o razón social de la entidad, el tiempo de servicio y la relación de funciones; (iii) están viciados de nulidad por desviación de poder, toda vez que le dieron un alcance erróneo a las normas que citó en su parte motiva, pues no se tuvo en cuenta que la CNSC en la convocatoria estudió y validó el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para ocupar el cargo para el cual concursó el demandante, oportunidad en la cual la DIAN no presentó objeción alguna respecto del cumplimiento de los requisitos mínimos y en razón a que, aun cuando la Ley 190 de 1995 establece la obligación de revisar el cumplimiento de los requisitos mínimos para el cargo, ello no implica que la entidad pueda devolver en el tiempo el concurso para efectuar una nueva evaluación a los concursantes; (iv) están afectados de falsa motivación puesto que la DIAN invocó un fundamento legal inexistente para no nombrar al demandante en periodo de prueba, y (v) desconocieron la jurisprudencia de la Corte Constitucional, según la cual las listas de elegibles son inmodificables una vez son publicadas y quedan en firme de manera que la persona que ocupó el primer lugar en el concurso de méritos no solo tiene la expectativa de ser nombrada, sino que es titular de un derecho adquirido amparado por los artículos 29, 58 y 83 de la Constitución Política (sentencias T-156 de 2012, SU-913 de 2009, T-455 de 2000, C-147 de 1997, C-155 de 2007, C-926 de 2000, C-624 de 2008, T-494 de 2008 de la Corte Constitucional), por cuanto la lista de elegibles es un acto administrativo de contenido particular y concreto que crea derechos adquiridos para las personas, que no puede ser modificado o desconocido.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1.- La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, mediante apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que los actos administrativos demandados fueron expedidos por la autoridad competente, con motivos, fundamentos de hecho y de derecho ajustados a la ley y con observancia del debido proceso, ya que de conformidad con la Ley 909 de 2004, los artículos 49 y 50 del Decreto 1950 de 1973, 4 y 5 de la Ley 190 de 1995, y 2º de la Resolución No. 55 de 2013 de la CNSC, la entidad nominadora debe adelantar acciones de verificación que garanticen la prevalencia del principio del mérito, por lo cual debe abstenerse de nombrar en periodo de prueba a quien no acredita el cumplimiento de los requisitos mínimos para el cargo. El hecho de que una persona supere las pruebas y haga parte de la lista de elegibles, no impide que la DIAN verifique el cumplimiento de los requisitos mínimos que exige el cargo, tal como lo hizo al revisar las certificaciones relacionadas con la experiencia que obran dentro de la Convocatoria 128 de 2009, que dispuso como requisito para desempeñar el cargo contar con 3 años de experiencia relacionada, la cual no acreditó el demandante porque: (i) Las certificaciones laborales relacionadas con la experiencia adquirida en la Comercializadora Colombo Escandinava S.A., Korea Trade Center Bogotá, Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEZ, Senado de la República, Parlamento Andino, CORPES Centro Oriente, Empresa de Licores de Cundinamarca, Megaproyectos Ltda. y Fundación Universitaria Los Libertadores, no cumplen los requisitos establecidos en el numeral 3º del artículo 24 del Acuerdo 108 del 6 de agosto de 2009 de la CNSC, debido a que la relación de las funciones se adjuntó en copia simple sin firmas y no se encuentra dentro de las certificaciones firmadas por las entidades; (ii) en la certificación de Korea Trade Center, no se puede determinar la fecha de ingreso; (iii) la certificación de FIDUCOLDEXT no describe las funciones relacionadas con las funciones del empleo para el cual concursó; (iv) la certificación del Parlamento Andino no establece las fechas de terminación de los cargos desempeñados; (v) las funciones desempeñadas en la Caja de Compensación Campesina – COMCAJA y la Contraloría General de la República, no guardan relación con las del empleo para el cual concursó y, además, la experiencia de la Contraloría General de la República se certificó hasta el 22 de septiembre de 2010, pero de conformidad con la Resolución No. 1304 de 2010, la experiencia se contabiliza hasta el 18 de febrero de 2010; (vi) la certificación de Megaproyectos Ltda., no contiene las funciones relacionadas con las funciones del empleo; (vii) la experiencia adquirida en la Fundación Universitaria Los Libertadores no se puede contabilizar por cuanto el empleo no admite experiencia docente.

Manifestó que el Acuerdo 108 del 6 de agosto de 2009 de la CNSC establece en el numeral 3º del artículo 24 que las constancias de experiencia laboral deben contener como mínimo la razón social de la entidad donde se haya laborado, fechas de vinculación y desvinculación, relación de las funciones desempeñadas en cada cargo ocupado y periodos de desempeño en cada uno de ellos, aspectos que el demandante no cumplió con las certificaciones aportadas. Al demandante no acreditar el requisito de los 3 años de experiencia relacionada con las funciones del cargo, no es posible efectuar el nombramiento en periodo de prueba. Además, de conformidad con el concepto No. 02-014665 del 31 de mayo de 2010 de la CNSC, la entidad nominadora, en cumplimiento del deber establecido en el artículo 4º de la Ley 190 de 1995, puede abstenerse de efectuar el nombramiento en periodo de prueba de la persona y proceder a la respectiva exclusión de la lista de elegibles, pese a encontrarse ésta en firme, sin necesidad de actuación administrativa.

Con tal fundamento, consideró que no se violó el derecho a la igualdad, la buena fe, la seguridad jurídica, la confianza legítima y el acceso a cargos públicos del actor, pues la entidad no otorgó un trato diferente a personas que se encontraban en la misma situación fáctica que el demandante y se sujetó a las reglas que regían el concurso público y el principio del mérito, y los mismos sólo se predican de quien demuestra el cumplimiento de todas las exigencias legales.

2.- La Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, mediante apoderado, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, expresando que, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 765 de 2005, las etapas del proceso de selección del sistema específico de carrera administrativa de la DIAN, son convocatoria, divulgación, reclutamiento, pruebas o instrumentos de selección, lista de elegibles, inducción y periodo de prueba, y que sus funciones dentro de la convocatoria 128 de 2009, fueron hasta la conformación y firmeza de la lista de elegibles, por lo cual es responsabilidad de la DIAN finalizar el proceso con el respectivo nombramiento en periodo de prueba, la posesión y la evaluación de dicho periodo. En ese orden de ideas, corresponde al nominador (DIAN) analizar las normas aplicables y tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos particulares y adquiridos por los elegibles. También es obligación de la entidad nominadora verificar que el elegible cumpla los requisitos mínimos para el empleo, lo cual se materializó con la abstención de nombrar a quien ocupó el primer lugar de la lista, de conformidad con los artículos 45, 49 y 53 del Decreto 1950 de 1973, 4 y 5 de la Ley 190 de 1995. La CNSC no es coadministrador de las plantas de personal de las entidades para las cuales realiza concursos de méritos. La ley establece que los requisitos mínimos para el cargo deben ser evaluados tanto al concursar (Ley 909 de 2004 y Decreto 765 de 2005), como al efectuar el nombramiento (Decreto 1590 de 1973 y Ley 190 de 1995), lo que es competencia exclusiva de la entidad nominadora. De demostrarse que con los actos administrativos proferidos por la DIAN se vulneraron los derechos del demandante, se debe declarar la responsabilidad exclusiva de esa entidad, sin que se pueda hacer extensiva a la CNSC, que no tenía competencia para adoptar la decisión censurada, ni para juzgar la legalidad de los actos administrativos expedidos por la entidad nominadora.

Mediante oficio No. 2013ER31703, la CNSC autorizó a la DIAN el uso directo de la lista de elegibles para el cargo OPEC-201135 Rol Evaluador Especializado en la Gestión de las Operaciones de Comercio Exterior, Inspector IV, código 308, grado 08, con sujeción a las normas que regulan el procedimiento respectivo (Ley 909 de 2004 y Acuerdo 300 de 2013), puesto que ésa es su obligación cuando se presenta una vacante. En consecuencia, no creó, modificó o extinguió la situación concreta del demandante, sino que afectó únicamente a la persona cuyo nombramiento se autorizó. Además, los actos administrativos expedidos por la DIAN y por la CNSC contienen decisiones autónomas e independientes que resuelven situaciones diferentes.

AUDIENCIA INICIAL Y AUDIENCIA DE PRUEBAS

El 1.º de julio de 2014, se celebró la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA, y surtidas las etapas correspondientes, se abrió el proceso a pruebas, de conformidad con lo establecido en el numeral 10º del artículo 181, previa fijación del litigio en los siguientes términos:

Fijación del litigio. «…en este proceso se debe determinar si los actos administrativos demandados, están o no viciados de nulidad por cargos invocados en la demanda.

En caso afirmativo, se deberá establecer si es procedente o no, ordenar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, que nombre al señor LUIS FRANCISCO BALAGUERA BARACALDO en el cargo de Inspector IV, código 308, grado 08 – Evaluador Especializado en la Gestión de las Operaciones de Comercio Exterior, teniendo en cuenta la lista de elegibles dispuesta por la Comisión Nacional del Servicio Civil en la Resolución No. 268 de 2013, y el consecuente reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones laborales no devengados desde el 25 de abril de 2013, debidamente indexados, y sin solución de continuidad».

El 22 de julio de 2014 se celebró la audiencia de pruebas conforme al artículo 181 ibidem. Por considerarse innecesaria la audiencia de alegaciones y juzgamiento, se dio traslado a las partes para alegar de conclusión por escrito, de acuerdo a lo establecido en el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Los apoderados de las entidades demandadas reiteraron los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. La DIAN insistió en que sus actos administrativos se encuentran ajustados a derecho, toda vez que el demandante no acreditó el cumplimiento del requisito de los 3 años de experiencia relacionada. La CNSC ratificó que la decisión que controvierte el actor es responsabilidad exclusiva de la DIAN, la cual, en todo caso, se profirió acorde a las normas que regulan la materia.

El apoderado del demandante argumentó que si la DIAN estimaba que el demandante no cumplía los requisitos mínimos para ocupar el cargo debió solicitar a la CNSC su exclusión de la lista de elegibles dentro del término procesal correspondiente, antes de que ésta quedara en firme. Las certificaciones allegadas por el actor cumplen los requisitos que establece la ley y, además, la figura de la abstención de nombramiento no está consagrada en las normas. Dice que, conforme lo ha sostenido el Consejo de Estado (expediente No. 13855), según el artículo 36 del Decreto 256 de 1994, cuando la razón para excluir a un aspirante de la lista de elegibles es haber sido admitido al concurso sin el cumplimiento de los requisitos para ejercer el empleo, la competente para efectuar la exclusión de dicha lista es la Comisión Nacional del Servicio Civil y no la entidad nominadora y que la lista de elegibles es un acto administrativo que cobra firmeza cuando transcurre el término establecido en la ley sin que se hayan presentado objeciones o reclamaciones; además, el término para solicitar la exclusión de una o varias personas de la lista de elegibles es de 5 días desde su publicación, transcurrido el cual el acto administrativo queda en firme y es de obligatorio cumplimiento.

III. SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 10 de octubre de 2014, resolvió:

Primero. Declarar no probadas las excepciones de mérito formuladas por las entidades demandadas.

Segundo. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) comunicación de radicado No. 2013EE24694 del 16 de julio de 2013, por medio de la cual la Comisión Nacional del Servicio Civil autorizó a la DIAN a utilizar en forma directa la lista de elegibles para el cargo de Evaluador Especializado en la Gestión de las Operaciones de Comercio Exterior, código Inspector IV 308, grado 08; ii) resolución No. 003233 del 25 de abril de 2013, mediante la cual la DIAN se abstuvo de nombrar en periodo de prueba al señor Luis Francisco Balaguera Baracaldo, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.486.930 expedida en Bogotá, en el cargo de Evaluador Especializado IV 308, grado 08; y iii) resolución No. 004605 del 5 de junio de 2013, a través de la cual la DIAN resolvió en forma desfavorable el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 003233 de 2013, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

Tercero. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, Ordenar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN -, nombrar en periodo de prueba al señor Luis Francisco Balaguera Baracaldo, en el empleo de Inspector IV, código 308, grado 08-Evaluador Especializado en la Gestión de las Operaciones de Comercio Exterior.

Cuarto. Negar las demás pretensiones de la demanda.

Quinto. Sin condena en costas.

Sexto. Dése cumplimiento a la presente providencia dentro de los términos establecidos para ello en el artículo 192 del CPACA.

Séptimo. Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría devuélvase al interesado el remanente de la suma que se ordenó pagar por gastos ordinarios de proceso si lo hubiere y el cuaderno de antecedentes administrativos a la oficina de origen; déjese constancia de dicha entrega y archívese el expediente.

En orden a resolver el problema jurídico expresado en la audiencia inicial, examinó el marco constitucional y legal del régimen de carrera administrativa de la DIAN a la luz de la Constitución Política de Colombia, artículos 125 y 130; la Ley 909 de 2004, artículos 4 (sistema específico de carrera administrativa de la DIAN administrado por la Comisión Nacional del Servicio Civil), 27, (la carrera administrativa como sistema técnico de administración de personal), y 28 (el principio de mérito para la demostración de las calidades académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el desempeño de los empleos); el Decreto ley 765 de 2005, artículos 19 (define el empleo público); 27, (orden de prelación para la provisión de empleos), y 33 (proceso de selección). Así mismo, recordó que la Corte Constitucional, en la sentencia C-1230 de 2005, señaló que los sistemas específicos de carrera deben ser administrados y vigilados, sin ninguna excepción y con carácter obligatorio, por la Comisión Nacional del Servicio Civil, por lo cual es claro que en los concursos de méritos que se convoquen para la DIAN se debe aplicar la Ley 909 2004, en concordancia con los Decretos 760 de 2005, 765 de 2005 y 3626 de 2005. En ese contexto, el artículo 11 de la Ley 909 de 2004 dispone que la Comisión Nacional del Servicio Civil, en ejercicio de las atribuciones relacionadas con la responsabilidad de la administración de la carrera administrativa, debe establecer, de acuerdo con la ley y los reglamentos, los lineamientos generales del desarrollo de los procesos de selección para la provisión de los empleos de carrera administrativa de las entidades a las cuales se aplica la Ley 909 de 2004, y elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos de carrera.

Sobre el tema de la lista de elegibles, el proceso de exclusión y el nombramiento en periodo de prueba, expresó el tribunal que el sistema específico de carrera administrativa de la DIAN, regulado en el Decreto Ley 765 de 2005, comprende las etapas de convocatoria, divulgación, reclutamiento, aplicación de las pruebas, conformación de la lista de elegibles y vinculación del personal en período de prueba. Sin embargo, aunque este decreto y su reglamentario consagran que el Director General de la DIAN es el competente para expedir la lista de elegibles y adelantar el proceso de exclusión de la misma, los artículos 4 y 11 de la Ley 909 de 2004 y la Corte Constitucional (sentencia C-1230 de 2005) determinan que dicha facultad recae en la CNSC, ente al cual la Constitución le asignó la responsabilidad de la administración y vigilancia de la carrera administrativa de la DIAN.

En cuanto a la exclusión de la lista de elegibles, el fallo recurrido indicó que se requiere de un procedimiento expresamente regulado en la ley en cuanto a la competencia para su declaración (por la CNSC), el término para solicitarla (dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la lista de elegibles) y las causales para su procedencia (artículos 14 y 15). Así las cosas, corresponde a la CNSC comunicar por escrito al interesado la apertura de la actuación administrativa de exclusión de lista de elegibles para que intervenga con garantía del derecho a presentar pruebas y controvertir las aportadas por quien solicitó el trámite. El acto administrativo por medio del cual se decide la solicitud de exclusión debe ser motivado, por cuanto se tiene que fundamentar en la valoración de las pruebas aportadas por la Comisión de Personal o el organismo interesado. Contra la decisión de exclusión de la lista de elegibles, el afectado tiene derecho a presentar recurso de reposición, que se tramitará de acuerdo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que entró en vigencia a partir del 2 de julio de 2012.

Recordó el fallador de primera instancia, con apoyo en las sentencias de la Corte Constitucional C-040 de 1995, SU-1114 de 2000, T-455 de 2000, C-588 de 2009, SU-913 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, y T-294/11 y SU-446/11, que en virtud de lo consagrado en el artículo 125 de la Constitución, la provisión de los cargos mediante concurso público con los aspirantes que ocuparon los primeros lugares de la lista de elegibles, empezando por el primero y en estricto orden descendente, no es una facultad del nominador, sino su obligación, toda vez que la lista de elegibles materializa el principio constitucional del mérito. También expresó que las listas de elegibles son actos administrativos de contenido particular y concreto que generan derechos singulares y producen un efecto inmediato, directo y subjetivo en favor de sus destinatarios, los cuales deben respetarse como derechos adquiridos y no pueden ser modificados en sede administrativa. Refiriéndose a la Sentencia SU-913 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), mencionó que, en virtud de los principios constitucionales de buena fe y confianza legítima que amparan a quienes participan en estos procesos, las listas de elegibles “son inmodificables una vez han sido publicadas y se encuentran en firme”, y que en la Sentencia T-455 de 2000 la Corte señaló que «quien ocupa el primer lugar en un concurso de méritos no cuenta con una simple expectativa de ser nombrado sino que en realidad es titular de un derecho adquirido». Igualmente señaló que cuando no se efectúan los nombramientos conforme a la lista de elegibles en estricto orden descendente, se lesionan los derechos fundamentales de igualdad, trabajo y debido procedo de las personas que superaron el concurso de méritos.

Manifiesta el fallo de primera instancia que de conformidad con los Decretos 760, 765 y 3626 de 2005, una vez que la lista de elegibles adquiere firmeza, el nominador tiene la obligación de efectuar el nombramiento en período de prueba de quien se encuentra en primer lugar y en estricto orden descendente de acuerdo a las vacantes. Es posible entonces que en la etapa de nombramiento en período de prueba (por encontrarse en firme la lista de elegibles), la entidad nominadora se percate de la existencia de razones que imposibilitan el nombramiento de las personas que hacen parte de la lista de elegibles. En tales casos, el nominador puede abstenerse de nombrar a quien se encuentra incluido en la lista de elegibles, a través de una actuación administrativa en la cual, en primer lugar, se dé a conocer oportunamente al elegible las razones que eventualmente impiden el nombramiento, en segundo lugar, se otorgue la oportunidad para presentar argumentos y aportar pruebas para controvertir tales objeciones, y en tercer lugar, que la decisión se adopte de conformidad con la valoración de las pruebas y con fundamento en juicios objetivos, precisos y claros, con el fin de garantizar los derechos fundamentales de las personas que concursaron y demostraron ser los mejores en un concurso de méritos, y además, hacen parte de una lista de elegibles que se encuentra en firme. En consecuencia, si la ley protege a las personas que hacen parte de una lista de elegibles que aún no se encuentra en firme, al consagrar un procedimiento que garantiza los derechos de defensa, contradicción y debido proceso (Decreto 760 de 2005), con mayor razón se comprende que ampara los derechos de quienes conforman una lista de elegibles que adquirió firmeza, y que para reducir su eficacia o modificar su alcance ha de vincularse a los interesados. Cuando haya objeciones sobre si procede o no efectuar el nombramiento en período de prueba una vez se encuentra en firme la lista de elegibles, el nominador está en el deber de adelantar la actuación administrativa que garantice los derechos de defensa, contradicción y debido proceso de los elegibles, pues no es una decisión discrecional suya, sino una facultad reglada respecto de derechos adquiridos. El acto administrativo contentivo de la lista de elegibles goza de la presunción de legalidad (art. 88 Ley 1437 de 2011) y es de obligatorio cumplimiento, tanto para los administrados como para la administración, en virtud de los atributos de ejecutoriedad y ejecutividad (art. 89 del C.P.A.C.A.).

Por otro lado, la lista de elegibles, en tanto acto administrativo de contenido particular y concreto que reconoce derechos subjetivos a las personas que la conforman, no puede ser revocado en forma directa por la administración, sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular (artículo 73 del C.C.A. y 97 de la Ley 1437 de 2011). A este respecto, el tribunal hace una distinción en cuanto al tratamiento de la revocatoria directa, en primer lugar, en vigencia del Decreto 01 de 1984, cuando la administración podía revocar en forma directa el acto administrativo de contenido particular y concreto que reconocía un derecho, a pesar de que el titular no diera su consentimiento, siempre y cuando se demostrara que el acto resultó de la aplicación del silencio administrativo positivo y se daban las causales del artículo 68 ibidem, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales, y en segundo lugar, con el cambio ocurrido con la Ley 1437 de 2011, a partir de la cual la entidad no puede revocar el acto administrativo particular que creó o modificó un derecho sin el consentimiento del particular, toda vez que el artículo 97 ibidem establece que si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, o que ocurrió por medios ilegales o fraudulentos, deberá demandarlo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De conformidad con las normas analizadas, el tribunal extrajo las siguientes conclusiones sobre la lista de elegibles: 1.- Es un acto administrativo de contenido particular y concreto que genera el derecho adquirido a ser nombrado en período de prueba para quien ocupa el primer lugar el cual es inmodificable una vez en firme. 2.- Materializa el principio constitucional del mérito. 3.- En firme, es una obligación del nominador y no una facultad hacer el nombramiento en período de prueba de quienes la conforman, a partir del primer lugar y en estricto orden descendente, en atención a las vacantes. 4.- Cuando el nominador no efectúa dichos nombramientos en período de prueba en estricto orden, lesiona los derechos fundamentales de igualdad, trabajo y debido proceso de quien debe ser nombrado. 5.- A partir de la presunción de legalidad, la ejecutoriedad y la ejecutividad de los actos administrativos, es de obligatorio cumplimiento para los administrados y para la administración, y debe surtir en forma plena los efectos jurídicos garantizando los derechos de igualdad, trabajo y debido proceso de las personas que ocuparon los primeros puestos dentro de un proceso de selección por el mérito. 6.- No puede ser revocada en forma directa por la autoridad sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular del derecho. 7.- La exclusión de uno de sus integrantes requiere adelantar el procedimiento establecido en la ley (artículo 14 del Decreto 760 de 2005), por la entidad competente (CNSC), dentro del término para solicitarla (dentro de los 5 días siguientes a su publicación) y según las causales de su procedencia (artículos 14 y 15 Decreto 160 de 2005), con garantía del derecho del administrado de conocer las razones de la entidad, presentar pruebas y controvertir las que aportó el nominador. 8.- La decisión de la CNSC de excluir o no al elegible, debe basarse en la valoración de las pruebas aportadas por la Comisión de Personal o el interesado. 9.- Al adelantar la actuación administrativa para determinar si debe o no abstenerse de efectuar el nombramiento en período de prueba de un elegible, cuando la lista está en firme, el nominador tiene que dar a conocer oportunamente al afectado las razones de la entidad y otorgar la oportunidad para presentar argumentos y aportar pruebas para controvertir las objeciones presentadas.

10.- El acto administrativo por medio del cual el nominador se abstiene de nombrar a una persona que hace parte de la lista de elegibles, debe ser motivado, expreso y basado en la valoración de las pruebas aportadas por el nominador y el elegible. 11.- En el evento de que el primero en la lista no reúna los requisitos sustanciales para el cargo, revisión que puede obedecer a una omisión al momento de aceptar al aspirante al concurso, la entidad está autorizada para abstenerse de nombrarlo en cumplimiento de la orden inexcusable de la Ley 190 de 1995. Como hechos demostrados con los medios documentales de prueba allegados, el tribunal de instancia especificó los siguientes: 1.- La CNSC abrió la Convocatoria No. 128 de 2009 para proveer por concurso abierto de méritos los empleos de carrera administrativa de la DIAN, dentro de los cuales se encontraba el cargo del nivel profesional denominado Inspector IV, código 308, grado 08-Evaluador Especializado en la Gestión de Operaciones de Comercio Exterior, identificado en la convocatoria con el número 201135. 2.- Según la Convocatoria No. 128 de 2009 los requisitos para el cargo mencionado son: i) título profesional; ii) título de postgrado; y iii) 3 años de experiencia relacionada. 3.- El demandante, para efectos de concursar en la convocatoria 128 de 2009 presentó los documentos solicitados. 4.- La CNSC otorgó al demandante un puntaje de 69.00 en la prueba de análisis de antecedentes, y en forma específica a la experiencia laboral le asignó el puntaje de 32.4. 5.- Al momento de valorar la experiencia laboral del actor, se calificaron como válidas las certificaciones de la Fundación Universitaria Los Libertadores, Comercializadora Colombo escandinava S. A., Korea Trade Center Bogotá, Empresa de Licores de Cundinamarca, Caja de Compensación Familiar Campesina – COMCAJA y Contraloría General de la República por un tiempo total de servicios de 11 años, 9 meses y 10 días. 6.- Las certificaciones de Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. (folio 11); Senado de la República (folio 12); Parlamento Andino (folio 13); Consejo Regional de Política Económica y Social – CORPES CENTRO ORIENTE (folio 14); y BTC MEGAPROYECTOS LTDA. (folio 18), se calificaron como NO válidas (folios 384 a 390 del expediente). 7.- El demandante interpuso reclamación administrativa contra los resultados de la prueba de análisis de antecedentes, puesto que en su criterio no fue correcta la calificación de las certificaciones de la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. (folio 11), Parlamento Andino (folio 13); y Consejo Regional de Política Económica y Social -CORPES CENTRO ORIENTE (folio 14). No presentó reclamación sobre la experiencia del Senado de la República (folio 12) y de BTC MEGAPROYECTOS LTDA. (folio 18). 8.- La reclamación fue resuelta a través del oficio de fecha 29 de agosto de 2012 (folio 388 del expediente) en forma desfavorable para el actor, toda vez que se mantuvo la decisión de no tener como válida la experiencia de los folios 11, 13 y 14, conforme al Acuerdo 108 del 6 de agosto 2009. 9.- La CNSC a través de la Resolución No. 3256 del 27 de septiembre de 2012, conformó la lista de elegibles para proveer el empleo en cuestión, del sistema específico de carrera administrativa de la DIAN, dentro de la cual el señor Luis Francisco Balaguera Baracaldo ocupó el primer lugar. Este acto administrativo se publicó 28 de septiembre de 2012. 10.- Por medio de la Resolución No. 0268 del 15 de febrero de 2013, la CNSC resolvió excluir de la lista de elegibles a la señora Alba Yaneth Rosas Castro, teniendo en cuenta la solicitud de exclusión elevada por la DIAN. En el mismo acto administrativo se recompuso la lista de elegibles para el cargo en cuestión, en la cual el actor continuó ocupando el primer lugar. 11.- El Director General de la DIAN, a través de la Resolución No.

003233 del 25 de abril de 2013, se abstuvo de nombrar al señor LUIS FRANCISCO BALAGUERA BARACALDO en período de prueba en el cargo de Evaluador Especializado en la Gestión de Operaciones de Comercio Exterior, Inspector IV, código 308, grado 8, por no cumplir el requisito de los 3 años de experiencia relacionada con las funciones del empleo. La decisión se fundamentó en lo consagrado en los artículos 49 y 50 del Decreto 1950 de 1973, 4 y 5 de la Ley 190 de 1995, y 2 de la Resolución No. 3632 del 27 de septiembre de 2012 de la CNSC. 12.- En escrito radicado el 5 de mayo de 2013, el demandante interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión. 13.- La DIAN mediante Resolución No. 004605 del 5 de junio de 2013 resolvió el recurso de reposición en forma negativa y confirmó la Resolución No. 003233 del 25 de abril de 2013, el cual notificó al demandante el 18 de junio de 2013. 14.- Por medio del oficio No. 100215314 del 4 de julio de 2013 la DIAN comunicó a la CNSC la decisión adoptada mediante Resolución No. 004605 del 5 de junio de 2013 consistente en abstenerse de nombrar en período de prueba al actor. 15.- En atención a lo resuelto por la DIAN en las resoluciones mencionadas y a la solicitud que le formuló, la CNSC, mediante el Oficio No. 2013EE24694 del 16 de julio de 2013, autorizó a la DIAN el uso directo de la lista de elegibles y, en consecuencia, incluyó para el eventual nombramiento a la señora Luz Marina Zuluaga Gómez. 16.- La CNSC, a través de certificación de fecha 8 de julio de 2014, visible a folio 451 del expediente, informó que la DIAN presentó ante la CNSC una solicitud de exclusión de la lista de elegibles con radicado No. 48408 del 5 de octubre de 2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Decreto 760 de 2005, dentro de la cual no relacionó al señor LUIS FRANCISCO BALAGUERA BARACALDO. Acerca del alcance de los artículos 2 de la Resolución No. 3256 del 27 de septiembre de 2012, 49 y 50 del Decreto 1950 de 1973, 4 y 5 de la Ley 190 de 1995, dijo el fallo de primera instancia que los actos administrativos por medio de los cuales la DIAN se abstuvo de efectuar el nombramiento del actor en período de prueba, se basaron en los artículos 49 y 50 del Decreto 1950 de 1973, 4 y 5 de la Ley 190 de 1995 y 2º de la Resolución No. 3256 del 27 de septiembre de 2012, el cual dispone lo siguiente: ARTÍCULO 2. Los servidores que sean nombrados con base en la lista de elegibles de que trata la presente Resolución, deberán cumplir con los requisitos exigidos para el cargo, de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria No. 128 de 2009, los cuales deberán ser demostrados al momento de tomar posesión del cargo. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 50 del Decreto 1950 de 1973, en concordancia con los artículos 4º y 5º de la Ley 190 de 1995, corresponde a la entidad nominadora, antes de efectuar nombramiento o dar posesión, verificar el cumplimiento de los requisitos y calidades de las personas designadas para el desempeño de los empleos.

Señaló también que los artículos 49 y 50 del Decreto 1950 de 1973 establecen los documentos que deben presentarse para tomar posesión y la obligación de los jefes de personal de los organismos administrativos o quienes hagan sus veces de verificar el cumplimiento de tales requisitos y calidades y, así mismo, mencionó que los artículos 4º y 5º de la Ley 190 de 1995 establecen que el jefe de la unidad de personal de la entidad que reciba una solicitud de empleo, o quien haga sus veces, dispondrá de un término de quince (15) días para velar porque la correspondiente hoja de vida reúna todos los requisitos y que en caso de haberse producido un nombramiento o posesión en un cargo o empleo público o celebrado un contrato de prestación de servicios con la administración sin el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio del cargo o la celebración del contrato, procederá a solicitar su revocación o terminación, según el caso, inmediatamente advierta la infracción.
El tribunal consideró que la función establecida en los artículos 49 y 50 del Decreto 1950 de 1973 y 4 y 5 de la Ley 190 de 1995, tratándose del nombramiento y posesión de quienes hacen parte de una lista de elegibles por haber superado un proceso de selección, no se puede ejercer de manera aislada frente al contenido y alcance de las normas que regulan el régimen de carrera administrativa, que debe desarrollarse en forma armónica de acuerdo con la Constitución Política, la Ley 909 de 2004 y los Decretos 760, 765 y 3626 de 2005, teniendo en cuenta que la lista es un acto administrativo de contenido particular y concreto de obligatorio cumplimiento, que crea un derecho adquirido para quienes figuran en ella y porque materializa el principio constitucional del mérito, garantiza los derechos de igualdad, trabajo y debido proceso de las personas que la integran y genera la obligación del nominador de efectuar su nombramiento en período de prueba en el estricto orden de la lista. La administración, para dar cumplimiento a lo ordenado en los artículos 49 y 50 del Decreto 1950 de 1973 y 4 y 5 de la Ley 190 de 1995, puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y controvertir la legalidad de la lista de elegibles que quedó en firme y de la cual hace parte un elegible que no cumple los requisitos mínimos para el cargo, con la posibilidad de solicitar medidas cautelares, como la suspensión provisional. También cuenta la administración con la posibilidad de iniciar una actuación administrativa de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 4º del CPACA, a través de la cual dé a conocer oportunamente al afectado las objeciones de la entidad y otorgar la oportunidad de presentar argumentos en contra y aportar pruebas para controvertirlas, para acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos del cargo, y con base en la valoración de éstas, tomar una decisión motivada.
Encontró el tribunal probado que el demandante figura en el primer lugar de la lista de elegibles conformada mediante la Resolución No. 3256 del 27 de septiembre de 2012 para el empleo de Evaluador Especializado en la Gestión de las Operaciones de Comercio Exterior, Inspector IV, código 308, grado 8, recompuesta mediante la Resolución No. 0268 del 15 de febrero de 2013, que cobró firmeza el 10 de abril de 2013, toda vez que la DIAN no solicitó la exclusión del actor conforme al artículo 14 del Decreto 760 de 2005. Además, aun cuando la DIAN profirió la Resolución No. 003233 del 25 de abril de 2013, mediante la cual se abstuvo de efectuar el nombramiento del demandante en período de prueba, no le comunicó el inicio de la actuación administrativa para que interviniera, no puso en su conocimiento las objeciones relacionadas con el requisito de la experiencia, no permitió que el elegible aportara pruebas ni le dio la oportunidad de controvertir los argumentos de la entidad antes de tomar la decisión.

Conforme a lo anterior, encontró claro que la entidad no dio cumplimiento a lo ordenado por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en los artículo 35, 37, 38, 40 y 41, en virtud de los cuales la administración está en la obligación de comunicar la iniciación de la actuación administrativa a quienes deben ser parte o tengan la calidad de terceros interesados, permitir el ejercicio del derecho de defensa, otorgar la oportunidad a los afectados de presentar pruebas y controvertir las practicadas “durante la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera la decisión de fondo”. Además, el artículo 42 ibidem, establece que “habiéndose dado la oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión, que será motivada.”. En el presente caso, se vinculó al demandante cuando la actuación administrativa ya había culminado con un acto administrativo definitivo, toda vez que él solo tuvo conocimiento de las objeciones de la entidad hasta el momento en que se le notificó la Resolución No. 003233 del 25 de abril de 2013, es decir, cuando se materializaron en una decisión de la administración, adoptada con violación de los derechos de defensa, contradicción y debido proceso y con desconocimiento de lo establecido en los artículos 35 a 42 de la Ley 1437 de 2011. Al cercenar el derecho a presentar pruebas sobre el cumplimiento de los requisitos mínimos del cargo después de haber quedado en firme la lista de elegibles, atentó contra los derechos fundamentales al debido proceso, contradicción y defensa; y desconoció los principios constitucionales de buena fe y confianza legítima. Sobre la valoración de las certificaciones laborales del demandante por parte de la DIAN, expresó el tribunal que la decisión de no nombrar en período de prueba al actor que tomó la entidad, se basó en la ausencia del requisito de los 3 años de experiencia relacionada para el desempeño del cargo, toda vez que las certificaciones aportadas por el señor BALAGUERA BARACALDO al proceso de selección dentro de la convocatoria 108 de 2009, no cumplían los requisitos establecidos en el artículo 24 del Acuerdo 108 de 2009, aclarado mediante el artículo 10 del Acuerdo 127 de 2009. En el presente asunto no se discute que según la Convocatoria 128 de 2009 de empleos de carrera de la DIAN, los requisitos para el cargo de Inspector IV, código 308, grado 08 – Evaluador Especializado en la Gestión de las Operaciones de Comercio Exterior (201135), son i) título profesional; ii) título de postgrado y iii) 3 años de experiencia relacionada, establecidos a través de la Resolución No. 013 de 2008 expedida por la DIAN. La Convocatoria 128 de 2009, aprobada por medio de la Resolución No. 1245 de 2009, dispuso que el proceso de selección estaba compuesto por las etapas de convocatoria, reclutamiento, aplicación de las pruebas, conformación de listas de elegibles y período de prueba y que una de las pruebas a practicar era la de análisis de antecedentes, que verifica el cumplimiento de requisitos mínimos del empleo. Se precisó además que durante la verificación de los requisitos mínimos se excluiría del concurso a los aspirantes que no acreditaran los requisitos mínimos de estudios y experiencia exigidos para el desempeño del cargo. Surtida la etapa de la aplicación de pruebas y en firme los resultados de las mismas, la etapa que continuaba era la de conformación de la lista de elegibles.

El acuerdo 108 del 6 de agosto de 2009, por el cual se reglamentan los procesos de selección para proveer empleos del Sistema Específico de Carrera de la DIAN, expedido por la CNSC, modificado por el Acuerdo 127 de 2009, fue la norma de referencia que se utilizó dentro del proceso de selección de la convocatoria 128 de la DIAN, para determinar los requisitos que deben reunir las certificaciones de experiencia laboral y, a su vez, es la norma que sirvió de sustento a la DIAN para determinar en los actos administrativos la experiencia relacionada para ejercer el cargo. Si bien es cierto la entidad nominadora, en cumplimiento de los artículos 49 y 50 del decreto 1950 de 1973 y 4 y 5 de la ley 190 de 1995, tiene la obligación de verificar que el elegible cumple los requisitos mínimos para el desempeño del cargo, también lo es que tal deber no implica adelantar una nueva prueba de análisis de antecedentes. La DIAN devolvió en el tiempo la convocatoria 128 de 2009, puesto que efectuó una nueva valoración de los requisitos que debían cumplir las certificaciones de experiencia laboral, e incluso valoró nuevamente las constancias que la entidad encargada de su análisis calificó como no válidas. Es claro que la entidad nominadora no respetó las etapas de la selección y se arrogó facultades que la ley no le asigna. De aceptar esa interpretación, se afectaría la seguridad jurídica que debe regir cada una de las etapas del concurso de méritos y se desplazaría a la CNSC, que es la autoridad responsable de la administración de la carrera administrativa de la DIAN por mandato constitucional. La DIAN no desarrolló las actuaciones necesarias para comprobar la veracidad del contenido de las certificaciones aportadas por el demandante ni tuvo en cuenta que el afectado señaló con precisión que las funciones que anexó con cada certificación hacen parte integral de cada constancia, con lo cual se desconoció el principio constitucional de buena fe. Tampoco probó haber desplegado actividades tendientes a verificar si el demandante desempeñó o no las funciones certificadas, ni estableció que tales certificaciones fueran contrarias a la realidad o que no fueron expedidas por quien suscribió las constancias de tiempo de servicio. Sustancialmente, no demostró la ausencia de esa experiencia, lo que lleva a inferir que se desestimaron las constancias por un defecto formal, que debió exigir en la etapa del concurso inicial para que el interesado las aportara o complementara con la ritualidad del reglamento. Aceptadas como fueron en el análisis de antecedentes, no puede desestimarlas al momento del nombramiento sin su anuencia, a menos que se encuentre demostrado un hecho grave como la falsedad en los documentos, que llevarían a emprender adicionalmente las acciones penales a las que haya lugar. En todo caso, las funciones contenidas en las certificaciones aportadas por el demandante dentro del proceso de selección, y calificadas como válidas, según se especificó antes, tienen relación con las funciones del cargo para el cual concursó el actor, teniendo en cuenta las funciones a desempeñar en el cargo de Inspector IV, código 308, grado 08 - Evaluador Especializado en la Gestión de las Operaciones de Comercio Exterior (201135): Diseñar estrategias de mejoramiento continuo en busca de la excelencia operación de comercio exterior a nivel nacional, para garantizar el cumplimiento de los objetivos misionales con calidad, eficiencia y eficacia. Diseñar, planear, ejecutar y evaluar la supervisión y control del área de comercio exterior, orientándola hacia la efectividad de la operación aduanera, con el fin de contribuir a la confiabilidad en los procesos. Diseñar herramientas de manejo de riesgos de los procedimientos críticos del área de comercio exterior y realizar el seguimiento que permita - controlar y facilitar las operaciones de comercio exterior.

Proponer, actualizar y evaluar de manera constante los indicadores operativos, con el propósito de disponer de información confiable que sirva de soporte a la toma de decisiones de los directivos de la entidad. Presentar para aprobación del Subdirector, la formulación de las metas de gestión del área de comercio exterior con base en el análisis de resultados estadísticos, comportamientos y tendencias para las Direcciones Seccionales con el fin de orientar la gestión hacia el cumplimiento de la misión de la entidad. Verificar el cumplimiento de las acciones de mejoramiento acordadas con los entes de control y en las visitas de supervisión realizadas al área de comercio exterior con el fin de evaluar la efectividad de las medidas aplicadas a los procedimientos de comercio exterior, para orientar labores al logro de sus objetivos. Reportar a las dependencias competentes las actuaciones que den origen a investigaciones posteriores en desarrollo de las operaciones de comercio exterior, para coadyuvar en la implantación de las acciones preventivas o correctivas a que haya lugar. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza del empleo. Con las certificaciones aportadas por el actor, se demostró que él desempeñó, entre otras, las siguientes funciones: Comercializadora Colombo Escandinava S.A, identificada con el folio 9. Tiempo certificado: del 11 de septiembre de 1989, hasta el 15 de marzo de 1992 (2 años, 6 meses y 5 días). Cargo: Asistente del Director del Departamento de Proyectos Agrícolas. Korea Trade Center-Bogotá identificada con el folio 10. Tiempo certificado: del 1° de mayo de 1992, hasta el 30 de noviembre de 1993. (1 año, 7 meses). Cargo: Asesor Económico. Empresa de Licores de Cundinamarca identificada con el folio 15. Tiempo certificado: del 20 de noviembre de 2000 al 5 de agosto de 2002 (1 año, 8 meses y 11 días). Cargo: Jefe de Oficina código 115, grado 10 de la Oficina Asesora de Control Interno. Caja de Compensación Familiar Campesina -COMCAJA identificada con el folio 16. Tiempo certificado: el 7 de septiembre de 2005, hasta el 5 de julio de 2006 (9 meses y 29 días). Cargo: Director Departamental, nivel ejecutivo, subnivel jefatura, categoría VI, en la Departamental Cundinamarca. Contraloría General de la República identificada con el folio 17. Tiempo de servicio certificado: del 13 de abril de 2007, hasta el 18 de febrero de 2010 (2 años, 10 meses y 6 días). Cargos: Tesorero, Gerente Administrativo y Financiero y Director de Recursos Físicos.

De conformidad con lo anterior, advierte el tribunal que la experiencia acreditada por el demandante dentro del proceso de selección, está relacionada con las funciones del cargo para el cual concursó, de acuerdo a la definición establecida en el literal b del numeral 2° del artículo 20 del Acuerdo 108 de 2009, toda vez que desempeñó actividades atinentes al diseño de estrategias, planes o proyectos para verificar el cumplimiento de metas, reducción de riesgos en los procesos que se aplican análisis sobre la calidad del servicio y procesos, eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad, análisis y estudios de relaciones de comercio exterior en importaciones y exportaciones, manejo de obligaciones de aduana, asesoría en comercio exterior, etc. Tales certificaciones de experiencia también contienen el nombre o razón social de la entidad o empresa y el tiempo de servicio, elementos que permiten inferir que cumplen los requisitos establecidos en el numeral 3° de su artículo 24 del acuerdo 108 del 6 de agosto de 2009. Finalmente, al sumar la experiencia certificada y validada dentro del proceso de selección, es claro que acreditó más de los 3 años que exige la ley para desempeñar el empleo para el cual concursó, dado que se acreditó un total de 11 años, 9 meses y 10 días. En conclusión, no hay duda en que los actos administrativos por medio de los cuales la DIAN decidió abstenerse de nombrar al demandante en período de prueba, son contrarios al ordenamiento jurídico constitucional y legal por cuanto: (i) desconocen un acto administrativo de contenido particular y concreto que crea un derecho, goza de presunción de legalidad, se encuentra vigente y es de obligatorio cumplimiento para la administración; (ii) desconocen el derecho adquirido del demandante a ser nombrado en período de prueba, protegido por el artículo 58 de la Constitución; (iii) violaron los derechos fundamentales de igualdad, trabajo, debido proceso y defensa del demandante dentro de la actuación administrativa que se adelantó para su expedición, puesto que no se dio cumplimiento a lo ordenado en los artículos 35 a 42 de la Ley 1437 de 2011, y (iv) también desconocieron los principios constitucionales de confianza legítima y buena fe. En lo que respecta al acto administrativo por medio del cual la CNSC autorizó a la DIAN a utilizar en forma directa la lista de elegibles, expresó el tribunal que el demandante argumentó que la comunicación No. 2013EE24694 del 16 de julio de 2013, se encuentra viciada de nulidad por violación del artículo 28 del decreto 3626 de 2005, modificado por el artículo 1° del Decreto 969 de 2013, que consagra lo relacionado a la conformación de la lista de elegibles dentro del proceso de selección de la DIAN. La CNSC argumentó que el acto administrativo demandado que autorizó a usar en forma directa la lista de elegibles obedeció a la decisión de la DIAN de abstenerse de nombrar al demandante en periodo de prueba. Si bien es cierto que este acto administrativo no fue el que modificó en forma directa la situación concreta del demandante, también lo es que sí tuvo su génesis en las resoluciones Nos. 003233 del 25 de abril de 2013 y 004605 del 5 de junio de 2013, por medio de las cuales la DIAN se abstuvo de efectuar el nombramiento del actor en período de prueba, y además, fue proferido sin tener en cuenta que la lista de elegibles, conformada por esa misma entidad, se encontraba en firme, lo que la hacía de obligatorio cumplimiento para la administración. En esa medida, la legalidad de la decisión de la CNSC se ve comprometida directamente ya que al existir la lista de elegibles de la cual hacía parte el demandante, de acuerdo a las funciones asignadas por la Constitución Política a la CNSC, debía verificar que se respetaran los procedimientos del proceso de selección, como es el atinente a la obligatoriedad de la lista de elegibles y al deber de nombrar en período de prueba a quien ocupó el primer lugar.

Es claro que al desaparecer del mundo jurídico las resoluciones que le sirvieron de sustento fáctico al acto administrativo de la CNSC, ocurre el decaimiento de éste, pero en todo caso el análisis precedente lleva a concluir que el acto de la CNSC está viciado de nulidad por las mismas razones advertidas. Por las razones reseñadas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que se debía declarar la nulidad de los actos administrativos demandados. En cuanto al restablecimiento del derecho, señaló que en atención a que con las decisiones de la DIAN se vulneró el derecho del actor a ser nombrado en período de prueba en el empleo para el cual concursó, se ordenaría a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, proceder a efectuar el nombramiento en período de prueba al señor LUIS FRANCISCO BALAGUERA BARACALDO, en el empleo de Inspector IV, código 308, grado 08 - Evaluador Especializado en la Gestión de las Operaciones de Comercio Exterior, pero que, pese a tal decisión, no era procedente ordenar el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir durante el tiempo transcurrido entre la firmeza de la lista y la fecha de la sentencia, por cuanto la causación de tales emolumentos solo se produciría con la superación del período de prueba. En efecto, no existiendo vínculo alguno del actor con la entidad aún no ha adquirido la calidad de empleado y tales derechos están supeditados al nombramiento y posesión en el empleo, y esencialmente, a la superación del período de prueba. En tal medida, la consecuencia jurídica inmediata de la nulidad de los actos administrativos demandados, es únicamente el nombramiento del demandante en período de prueba en el cargo para el cual concursó y superó el proceso de selección, que en todo caso requiere del acto de posesión que le permita adquirir la calidad de empleado. Así las cosas, el tribunal negó la pretensión de reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales que habría dejado de percibir durante el tiempo transcurrido entre la firmeza de la lista y la fecha de la sentencia, puesto que no ha superado el período de prueba, hecho que no se puede presumir legalmente y requiere de la prestación efectiva del servicio. Superado tal período por calificación satisfactoria, el servidor público adquiere derechos de carrera y estabilidad relativa mientras no concurra causa legal para el retiro. Finalmente, expresó el fallo recurrido que teniendo en cuenta que se planteó una discusión de buena fe y que las partes no incurrieron en conductas dilatorias o temerarias, no había lugar a condenar en costas en esa instancia. IV. APELACIÓN DE LA SENTENCIA

La demandante presentó recurso de apelación el 30 de enero de 2015. Al no asistir a la audiencia de conciliación, el recurso de apelación fue declarado desierto, según se da cuenta en el acápite siguiente.
La demandada presentó recurso de apelación el 30 de enero de 2015 pidiendo al Consejo de Estado revocar la decisión de primera instancia. Los argumentos del recurso mediante se contraen a reiterar que los requisitos para desempeñar un empleo son la manifestación del principio de mérito y que la DIAN, para garantizar el respeto al mismo, debía abstenerse de efectuar el nombramiento en periodo de prueba a quien no acreditaba el cumplimiento de las exigencias y competencias requeridas para el desempeño del empleo. Afirma que, en el caso concreto, el señor BALAGUERA BARACALDO no acreditó el requisito de tres (3) años de experiencia relacionada en los términos del Acuerdo 108 del 6 de agosto de 2009 de la CNSC, respecto de lo cual se detiene a analizar las certificaciones que afirma no cumplieron tales requisitos, según lo que expuso con anterioridad, es decir, que las funciones de los empleos certificados se aportaron en anexo sin firmas.

En cuanto a no haber adelantado una actuación administrativa previa a la expedición del acto administrativo mediante el cual se abstuvo de efectuar el nombramiento en periodo de prueba, manifestó que ello solo procede cuando se presentan circunstancias que puedan afectar a los titulares de derechos y que, hacerlo y brindarle oportunidad al demandante para explicar o allegar documentación adicional, ajena o extraña a la convocatoria pública 128 de 2009, generaría inequidad con los demás concursantes por cuanto le permitiría mejorar sus requisitos. Lo que sí hizo la entidad fue permitirle controvertir la decisión de la entidad a través de la interposición del recurso de reposición, el cual fue resuelto oportunamente con plena garantía del debido proceso.

Sobre el desconocimiento de la firmeza del acto administrativo que conformó la lista de elegibles, trajo a cita un concepto de la CNSC del 31 de mayo de 2010 en materia atribuciones de las entidades territoriales en cuanto a la verificación de requisitos para efectuar nombramientos resultantes del adelantamiento de concursos de personal docente, y expresó que el hecho de haber cobrado firmeza la lista de elegibles no es óbice para haber adoptado la decisión objeto de impugnación, pues se trató de una verificación de requisitos previa al nombramiento que la DIAN debía realizar, según las disposiciones tantas veces citadas del Decreto 1950 de 1973 y de la Ley 190 de 1995, así como de la Ley 734 de 2002 en cuyo artículo 35 se consagra la prohibición de nombrar o elegir para el desempeño de cargos públicos a personas que no reúnan los requisitos constitucionales, legales o reglamentarios, o darles posesión a sabiendas de tal situación.

V. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN

Teniendo en cuenta que se profirió sentencia condenatoria el 10 de octubre de 2014, en consideración a que las partes presentaron recurso de apelación, mediante auto del 20 de abril de 2015 la magistrada ponente fijó fecha y hora para adelantar la audiencia de conciliación de conformidad con lo previsto en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011. La audiencia se llevó a cabo el 29 de abril de 2015 y a la misma no compareció la parte actora, por lo cual, en aplicación de la norma citada, fue declarado desierto el recurso de apelación que interpuso.

VI. LA SEGUNDA INSTANCIA.

Actuaciones procesales
Avocado el conocimiento del presente proceso, mediante auto del 04 de agosto de 2015 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, se declaró desierto el recurso presentado por la parte demandante, se ordenó notificar personalmente al agente del ministerio público y por estado a las partes. Mediante auto del 25 de octubre de 2016, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al ministerio público para que rindiera concepto. La parte demandada - DIAN presentó alegatos de conclusión el 23 de noviembre de 2016 y la parte demandante los presentó el 24 de noviembre de 2016.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
Alegatos de la demandante. Reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, se refirió a la decisión del tribunal de no acceder a la pretensión del reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir durante el tiempo transcurrido entre la firmeza de la lista y la fecha de la sentencia del Consejo de Estado, en consideración que tales emolumentos solo se causarían con la superación del periodo de prueba. Al respecto, manifiesta que tal situación no aconteció debido a la vulneración de los derechos del demandante por la DIAN.
Alegatos de la demandada. Reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación al que ya se hizo referencia.
Concepto del ministerio público. No emitió concepto.

CONSIDERACIONES

2.1.- Competencia

Competencia. Conforme con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, a esta Corporación le corresponde conocer del presente asunto en segunda instancia.

Problema jurídico

Se circunscribe a establecer la legalidad de (i) los actos administrativos por medio de los cuales la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN se abstuvo de efectuar el nombramiento del actor en periodo de prueba, y (ii) del acto administrativo por medio del cual la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC autorizó a la DIAN a utilizar en forma directa la lista de elegibles, en atención a la decisión de no efectuar el nombramiento del demandante en periodo de prueba, y si con dichos actos se transgredieron las disposiciones que se dicen vulneradas.

Competencia del juez de segunda instancia

En los términos de los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso (CGP), vigente para la fecha en que la demandada (DIAN) interpuso el recurso de apelación, éste tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para revocar o reformar la decisión, para lo cual debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. En esa medida, la competencia de la segunda instancia está limitada a las razones de discrepancia expresadas por el recurrente en el recurso, en atención a que en este caso el apelante es único. Tal restricción obedece, en primer lugar, al respeto del principio de la non reformatio in pejus (el artículo 31 de la Constitución Política y el 328 inciso cuarto del CGP disponen que el superior no podrá agravar la pena impuesta o hacer más desfavorable la situación del apelante único) y, en segundo término, debido a que el recurso de apelación se circunscribe a revocar o modificar la providencia apelada dentro del marco de las razones de inconformidad o juicios de reproche esbozados por el apelante, según la situación que dejó establecida el fallo recurrido. El pronunciamiento, en consecuencia, no se extenderá a revisar los temas del fallo del tribunal de instancia que no fueron tratados por el recurrente y que quedaron por fuera de este momento del debate como quiera que se trata de aspectos sobre los cuales debe tenerse por concluida la controversia.

Delimitado de esta manera el marco del pronunciamiento de la segunda instancia, procede precisar que la DIAN argumentó su inconformidad respecto del fallo del tribunal con las siguientes razones: (i) la DIAN debía abstenerse de efectuar el nombramiento en periodo de prueba para garantizar el respeto al principio del mérito, como quiera que el actor no acreditó el requisito de 3 años de experiencia relacionada según el Acuerdo 108 del 6 de agosto de 2009 de la CNSC, debido a que las funciones de los empleos certificados se aportaron en anexo sin firmas; (ii) no se adelantó una actuación administrativa previa a la expedición del acto administrativo mediante el cual se abstuvo de efectuar el nombramiento en periodo de prueba, porque solo procede cuando se afecta a los titulares de derechos y hacerlo y darle oportunidad al demandante para explicar o allegar documentación adicional, ajena o extraña a la convocatoria pública 128 de 2009, generaría inequidad para los demás concursantes, por lo cual la participación permitida fue la de controvertir la decisión a través del recurso de reposición, el cual fue resuelto oportunamente; y (iii) no hubo desconocimiento de la firmeza del acto administrativo que conformó la lista de elegibles, según lo sostenido en el concepto de la CNSC del 31 de mayo de 2010, proferido en el contexto de la carrera docente y las facultades de los nominadores territoriales, que expresó que el hecho de haber cobrado firmeza la lista de elegibles no es óbice para adoptar una decisión como la que es objeto de impugnación, pues se trata de una verificación de requisitos que la DIAN debe realizar antes del nombramiento según los artículos 49 y 50 del Decreto 1950 de 1973, en concordancia con los artículos 4 y 5 de la Ley 190 de 1995, y de la Ley 734 de 2002, artículo 35, que prohíbe nombrar para el desempeño de cargos públicos a personas que no reúnan los requisitos o darles posesión a sabiendas de tal situación.

Revisadas las disposiciones invocadas para proferir la decisión contenida en el acto administrativo acusado, vale decir, los artículos 49 y 50 del Decreto 1950 de 1973 y los artículos 4 y 5 de la Ley 190 de 1995, encuentra la Sala que ninguno de tales preceptos autoriza acudir a la expedición de un acto administrativo para proferir una decisión tan singular como la arrogada por la DIAN en la Resolución No. 003233 del 25 de abril de 2013, mediante la cual se “abstuvo de efectuar el nombramiento” del actor en periodo de prueba en el cargo de Evaluador Especializado en la Gestión de las Operaciones de Comercio Exterior, código OPEC 201135 Inspector IV 308, grado 08. En efecto, adoptar una decisión de esa especie equivale a envolver bajo la apariencia frágil de la formalidad externa propia de un acto administrativo, el protuberante desconocimiento de otro acto que ha cobrado firmeza y que se encuentra produciendo efectos particulares y concretos, como lo es la lista de elegibles resultante de un concurso de méritos para proveer empleos de carrera en una entidad estatal. Y, además, hacerlo de manera insólita, sin haber agotado el procedimiento expresamente consagrado en leyes especiales aplicables a la DIAN para excluir de la lista de elegibles a uno de sus integrantes.

En efecto, los Decretos leyes 760 y 765 de 2005, que establecen el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones y el Sistema Específico de Carrera de los empleados de la DIAN, señalan, respectivamente, en el artículo 14 del primero, que «Dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la lista de elegibles, la Comisión de Personal de la entidad u organismo interesado en el proceso de selección o concurso podrá solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil la exclusión de la lista de elegibles de la persona o personas que figuren en ella, cuando haya comprobado cualquiera de los siguientes hechos: 14.1. Fue admitida al concurso sin reunir los requisitos exigidos en la convocatoria», y en el artículo 34.5 del segundo, que «…Con base en los resultados del concurso y con quienes hayan aprobado el mismo, se conformará una lista de elegibles, en estricto orden de mérito (…) cuya vigencia será de un año. Los empleos objeto de la convocatoria serán provistos a partir de quien ocupe el primer puesto de la lista y en estricto orden descendente».

Como puede apreciarse, este procedimiento difiere, de una parte, del previsto en los artículos 49 y 50 del Decreto 1950 de 1973, relativos a los documentos que deben presentarse para tomar posesión y al deber de los jefes de personal de los organismos administrativos de verificar el cumplimiento de los requisitos y calidades de esos documentos, y de otra parte, se diferencia de lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la Ley 190 de 1995, sobre el deber del jefe de la unidad de personal de la entidad que reciba una solicitud de empleo de velar por que la correspondiente hoja de vida reúna todos los requisitos y del procedimiento a seguir en caso de haberse producido un nombramiento o posesión en un cargo o empleo público o celebrado un contrato de prestación de servicios con la administración sin el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio del cargo o la celebración del contrato, consistente en solicitar su revocación o terminación, según el caso, inmediatamente se advierta la infracción.

No es dable confundir ni hacer interferir, en detrimento de los derechos particulares causados y adquiridos con justo título, el cumplimiento de los deberes y exigencias que se derivan de las reglas contenidas en los ordenamientos de carrera para la exclusión oportuna de un integrante de una lista de elegibles frente a las responsabilidades y obligaciones propias de las labores de personal sobre la verificación de requisitos y calidades de la documentación exigida para efectuar nombramientos y tomar posesión de los empleos.

Además, en manera alguna se garantiza el respeto al principio del mérito, a partir de la conclusión ligera de que el actor no acreditó el requisito de 3 años de experiencia relacionada debido a que la relación de las funciones de los empleos que desempeñó fueron aportadas en anexos sin firmas de los respectivos certificados, según la interpretación dada por la DIAN al artículo 24 del Acuerdo 108 del 6 de agosto de 2009, modificado por el Acuerdo 127 de 2009, de la CNSC, que en lo pertinente expresa:

Artículo 24. Requisitos de documentos aportados para la verificación del cumplimiento de requisitos mínimos y la prueba de análisis de antecedentes. Los documentos aportados por los aspirantes para efectos de la verificación del cumplimiento de requisitos mínimos y la aplicación de prueba de Análisis de Antecedentes deberán contener como mínimo la siguiente información:
(…)
3. Constancias de la experiencia laboral: Las certificaciones de experiencia laboral deberán contener como mínimo, los siguientes datos: Nombre o razón social de la entidad o empresa, tiempo de servicio y relación de funciones desempeñadas.
(…)

Cumplir con los deberes de «velar por que la correspondiente hoja de vida reúna todos los requisitos» (Ley 190/95) y de «verificar el cumplimiento de los requisitos y calidades» de los documentos para tomar posesión (Decreto 1950/73), en manera alguna puede traducirse en la necesidad de proferir un acto administrativo que implique desconocer otro que ha cobrado firmeza, como la lista de elegibles del concurso, tal como se probó que aconteció dadas las circunstancias en que se produjo la decisión demandada. Precisamente, al efectuar la verificación, tal como acertadamente lo estableció la primera instancia, la DIAN no procuró comprobar la veracidad del contenido de las certificaciones aportadas por el demandante ni tuvo en cuenta que el afectado señaló que las funciones anexadas a cada certificación hacían parte integral de la constancia. En consecuencia, se desconoció el principio constitucional de buena fe, no se probó que se realizaran actividades para verificar si el demandante desempeñó las funciones certificadas, no se estableció que las funciones anexas a las certificaciones fueran contrarias a la realidad o que éstas no fueran expedidas por quien las suscribió, y tampoco se demostró la falta de la experiencia. En esas circunstancias, dedujo el tribunal que se desestimaron las constancias solo por un defecto formal que debió subsanarse durante el concurso para que el interesado las aportara o complementara acorde al reglamento, ya que después de aceptadas en el análisis de antecedentes, no podía desestimarlas al momento del nombramiento sin obtener el consentimiento del afectado, a menos que se encontrara demostrado un hecho grave como la falsedad en los documentos, que llevarían a emprender otras acciones legales. Por si lo dicho no bastara a evidenciar la irregularidad en que incurrió la DIAN, las funciones contenidas en las certificaciones aportadas por el demandante y calificadas como válidas, según se estableció en el fallo de primera instancia ya reseñado, sí guardan relación con las funciones del cargo a desempeñar, es decir, el de Inspector IV, código 308, grado 08 - Evaluador Especializado en la Gestión de las Operaciones de Comercio Exterior (201135).

En lo que concierne a la comunicación con radicado No. 2013EE24694 del 16 de julio de 2013, por medio de la cual la CNSC autorizó a la DIAN a utilizar en forma directa la lista de legibles para el empleo, pese a que fue emitida con motivo de la decisión de la entidad de no efectuar el nombramiento del demandante en periodo de prueba y a petición suya, y a que, en esa medida, no fue el acto administrativo que directamente modificó la situación del demandante, tuvo su origen en las resoluciones demandadas de la DIAN, y fue proferida sin tener en cuenta que la lista de elegibles conformada por esa misma entidad se encontraba en firme, lo que la hacía obligatoria para la administración. En esa medida, tal como lo examinó y encontró probado el tribunal, la afectación de la legalidad de la decisión de la CNSC quedó implicada por cuanto, en relación con la lista de elegibles de la cual hacía parte el demandante, el organismo que administra la carrera especial de la DIAN debió verificar el respeto a los procedimientos de selección de acuerdo a las funciones que le asignó la Constitución Política, en particular el relativo a la obligatoriedad de la lista de elegibles y, consecuencialmente, al deber de nombrar en período de prueba a quien ocupó el primer lugar. Pese a que es dable establecer que se producirá el decaimiento del acto administrativo de la CNSC al declararse la nulidad de las resoluciones que le sirvieron de sustento fáctico, esa decisión de la CNSC está viciada de nulidad por las razones advertidas, es decir, por cuanto se expidió con desconocimiento de las normas en que debía fundarse el pronunciamiento. En ese orden de ideas, los actos administrativos demandados, transgredieron las disposiciones que se dicen vulneradas y procede confirmar su nulidad.

Costas en segunda instancia en vigencia del CPACA. Observa la Sala que a partir de la entrada en vigencia del CPACA, la orientación sobre la disposición o decisión acerca de la condena en costas abandona la cláusula sobre valoración subjetiva de la conducta de las partes, introducida por la Ley 446 de 1998, y su criterio se torna objetivo. En efecto, el CPACA estableció, desde su promulgación y una vez entrado en vigencia, la remisión al C.P.C., codificación que, a su vez, fue sustituida, desde el 1º de enero de 2014, por el C.G.P. Esta sustitución normativa operó no solo en lo que atañe a la liquidación y ejecución de las costas, como pareciera desprenderse del tenor literal del artículo 188 del CPACA, sino que alcanzó lo sustancial en cuanto a la disposición o decisión sobre las mismas.

A este respecto ha expresado el Consejo de Estado:

«Si bien una lectura rápida de la disposición que antecede, podría llevar a la errónea interpretación de que la condena en costas debe imponerse en forma objetiva, es decir, de manera forzosa, automática e ineluctable en todos aquellos procesos contencioso administrativos en los cuales se ventile un interés de carácter individual o particular, lo cierto es que cuando la norma utiliza la expresión “dispondrá”, lo que en realidad está señalando es que el operador jurídico está llamado a pronunciarse en todos los casos sobre si es o no procedente proferir una condena en costas en contra de la parte que ha visto frustradas sus pretensiones procesales. Como quiera que este proceso fue promovido en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, no hay lugar a predicar que sea de aquellos en los cuales se esté ventilando un interés público y bajo esa perspectiva se hace necesario entrar a disponer sobre la condena en costas, por cuanto el interés involucrado en esta instancia es sin lugar a dudas de carácter individual, al estar referido en forma exclusiva a la órbita particular de la parte que promovió el recurso de apelación que ahora se decide. En ese orden de ideas, deberá darse aplicación a lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso, por ser la norma adjetiva actualmente vigente en materia de costas.»

Este criterio remite al artículo 361 del CGP, aplicable de acuerdo al artículo 306 del CPACA, que indica que en los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La referida norma del CGP dispone:

«Artículo 361. Composición. Las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho. Las costas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos siguientes».

Por su parte, el artículo 365 del C.G.P. estableció que las sentencias que decidan los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo deben disponer sobre la condena en costas, las cuales están integradas, como lo estableció la norma citada, por las expensas y gastos en que incurrió la parte durante el proceso y por las agencias en derecho.

De manera complementaria, el artículo 365 del Código General del Proceso, señala entre las reglas para la determinación de la condena en costas, que «[…] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. […]»

La disposición transcrita, resulta fundamental para avanzar en la determinación del aspecto de las costas procesales en materia contencioso administrativa. En los términos del artículo 188 del CPACA, el fallador debe pronunciarse en todos los casos sobre si es o no procedente proferir una condena en costas en contra de la parte que ha visto fracasadas sus pretensiones procesales y condenar cuando aparezca acreditada probatoriamente su causación. En efecto, la norma es clara al establecer que «la sentencia dispondrá sobre la condena en costas». Por tal razón, en cada caso es necesario analizar la situación que se presenta con miras a que sea probatoriamente sustentable.

En consecuencia, en lo que respecta a las costas en segunda instancia en este caso, al no encontrar demostrado que se hubieren causado como quiera que en el expediente no aparece su comprobación, dando aplicación a las reglas establecidas en el artículo 365 del CGP, numeral 8, no habrá lugar a condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 10 de octubre de 2014, mediante la cual DECLARÓ la nulidad de los actos administrativos demandados dentro del proceso con radicado número 250002342000201306672 00 (2042-2015), de conformidad con las consideraciones de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: En firme esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Folios 100 a 113
Folio 1 a 6
Folios 22 a 24
Folios 29 a 39
Folios 41 a 46
Folios 47 a 58
Folios 59 a 74
Folio 75
Folios 76 y 77
Folios 227 a 249
Folios 290-300
Folios 374 a 379
Folios 453 a 456.
Folios 457 a 473.
Folios 480 a 481.
Folios 475 a 479.
Por el cual se modifica el Sistema Específico de Carrera de los empleados de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.
Por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones.
Por el cual se reglamenta el Decreto-Ley 765 de 2005, El Decreto 3626 de 2005 fue modificado por el Decreto 969 de 2013.
Referencia: expediente T-2.852, Magistrado Ponente: Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. Sentencia del catorce (14) de abril de dos mil once (2011)
Referencia: Expedientes T-2643-464 Magistrado Ponente: Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Providencia del veintiséis (26) de mayo de dos mil once (2011)
Sentencia SU-913 DE 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
Sentencia T-455 de 2000.
Sentencias C-040 de 1995, C-037 de 1996, Su-133 de 1998, SU-086 de 1999, SU-613 de 2002, T-024 de 2007 y SU-913 de 2009, entre otros pronunciamientos.
Sentencia C-431/10.
Folios 1 a 6 y 14 a 21.
Folios 14 a 16.
Folios 17 a 21, 189 a 217, 344 a 361 y 415 a 450.
Folio 384
Folios 385 a 386

Folios 22 a 24y 303 a 305.
Así consta en la resolución No. 0268 del 15 de febrero de 2013 visible folios 306-316.
Folios 29 a 39 y 306 a 316.
Folios 41 a 46 y 175 a 178
Folios 47 a 58
Folios 159 a 15 y 318 a 333
Folios 159 a 154 y 318 a 333
Folio 75, 226 y 317
Por el cual se reglamentan los Decretos-Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del personal civil.
Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.
Artículo 24. Requisitos de documentos aportados para la verificación del cumplimiento de requisitos mínimos y la prueba de análisis de antecedentes. Los documentos aportados por los aspirantes para efectos de la verificación del cumplimiento de requisitos mínimos y la aplicación de prueba de Análisis de Antecedentes deberán contener como mínimo la siguiente información:
(…)
3. Constancias de la experiencia laboral: Las certificaciones de experiencia laboral deberán contener como mínimo, los siguientes datos: Nombre o razón social de la entidad o empresa, tiempo de servicio y relación de funciones desempeñadas.
Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión haya asesorado en el mismo periodo a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez.
Cuando las certificaciones indiquen una jomada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo de experiencia de establecer sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado entre ocho (8).
Folios 14 a 16.
Folios 536 a 540
Folios 518 a 535
Folio 546
Folios 550 y 551
Folio 559
Folio 567
Folios 572 a 580
Folios 581 a 583
Resolución No. 003233 del 25 de abril de 2013, mediante la cual la DIAN se abstuvo de efectuar el nombramiento del actor en periodo de prueba en el cargo de Evaluador Especializado en la Gestión de las Operaciones de Comercio Exterior, código OPEC 201135 Inspector IV 308, grado 08; y su confirmatoria, al Resolución No. 004605 del 5 de junio de 2013, a través de la cual se resolvió en forma desfavorable el recurso de reposición.
Sentencia de 16 de abril de 2015, Exp. 25000 23 24 000 2012 00446 01 M.P. Guillermo Vargas Ayala. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

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