Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-06702-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-06702-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-06702-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
3 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2013-06702-02 (1511-2020)1
Demandante: Víctor Rafael Buitrago Moré y Carlos Mauricio González Arévalo
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación
Tema: prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y
bonificación por compensación establecida en el Decreto 610 de 1998. Subtema:
carácter salarial de la prima especial de servicios y de la bonificación por
compensación para efectos pensionales.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria,
el 31 de julio de 2019, que negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Los accionantes, en calidad de procuradores judiciales II, solicitaron la reliquidación y
pago de las prestaciones sociales con inclusión de la prima especial de servicios y de
la bonificación por compensación como factor salarial. El Tribunal negó las
pretensiones de la demanda al considerar que dichos emolumentos no tienen carácter
salarial para efectos de reliquidar las prestaciones sociales.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1. Los señores Víctor Rafael Buitrago Moré y Carlos Mauricio González Arévalo,
mediante apoderado judicial, presentaron demanda el 4 de diciembre de 20132, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación, Procuraduría General de la Nación, con las siguientes pretensiones3:
1 Expediente híbrido.
2
Expediente físico, folio 68.
3 Expediente físico, folios 68 a 89.
1
Radicación: 25000-23-42-000-2013-06702-02 (1511-2020)
Demandante: Víctor Rafael Buitrago Moré y otro
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación
2. Se declare la nulidad del Oficio SG No. 2761 del 18 de julio de 2013, mediante
el cual la Procuraduría General de la Nación, negó la reliquidación y pago retroactivo
e indexado, junto con los intereses moratorios y sanciones, de las prestaciones
sociales —primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, y las demás a las
que haya lugar—, sobre el 100% del salario, esto es, con inclusión de la prima especial
de servicios y la bonificación por compensación.
3. A título de restablecimiento del derecho, la parte accionante solicitó que se
ordene a la Nación, Procuraduría General de la Nación tener en cuenta, como factor
salarial, la prima especial de servicios y la bonificación por compensación y que, como
consecuencia de ello, se le condene a reconocer y pagar a su favor, lo siguiente:
• La reliquidación y pago retroactivo e indexado, junto con los intereses moratorios,
de las prestaciones sociales —prima de navidad, vacaciones, cesantías,
intereses de las cesantías, bonificación, y las demás a las que haya lugar—,
sobre el 100% de su salario, sin que se descuente lo correspondiente a la prima
especial y a la bonificación por compensación; para el caso del señor Víctor
Rafael Buitrago Moré desde el 1 de noviembre de 2001 hasta la fecha de la
sentencia; mientras que para el señor Carlos Mauricio González Arévalo desde
el 1 de marzo de 2004 hasta la fecha de la sentencia.
• Las cesantías, junto con la sanción moratoria establecida en el parágrafo del
artículo 2 de la Ley 244 de 1995, subrogado por el artículo 5 de la Ley 1071 de
2006, correspondientes a las anualidades 2001 a 2012 —para el señor Víctor
Rafael Buitrago Moré— y 2004 a 2011 —para el señor Carlos Mauricio González
Arévalo—, cada una a partir del 15 de febrero del año siguiente, hasta la fecha
de efectividad del pago.
4. Pidió que se inapliquen por inconstitucionalidad las expresiones que establecen
que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial, contenidas en los decretos
54 de 1993; 107 de 1994; 26 de 1995; 2025 de 1995; 35 de 1996; 56 de 1997; 67 de
1998; 37 de 1999; 2734 de 2000; 1482 de 2001; 2730 de 2001; 683 de 2003; 3548 de
2008; 726 de 2009; 1391 de 2010; 1043 de 2011; 841 de 2012; y 1016 de 2013; así
como en los que en adelante expida el Gobierno nacional relacionados con el régimen
salarial de los servidores de la Procuraduría General de la Nación.
5. Solicitó que se inapliquen por inconstitucionalidad las expresiones que disponen
que la bonificación por compensación solo constituye factor salarial para efecto del
ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y el Sistema General de
Seguridad Social en Salud o que dicho emolumento solo tiene carácter salarial para
efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, contenidas
en los decretos 610 de 1998; 944 de 2005; 401 de 2006; 630 de 2007; 670 de 2008;
735 de 2009; 1400 de 2010; 4051 de 2011; 877 de 2012; y 1102 de 2012; asimismo
los que en adelante expida el Gobierno nacional relacionados con el régimen salarial
de los servidores de la Procuraduría General de la Nación.
6. Adicionalmente, pidió que se condene al pago de intereses, de conformidad con
el artículo 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante CPACA); que los valores reconocidos se actualicen de
acuerdo con el ordenamiento jurídico; se apliquen las normas relativas al precedente
judicial; y se condene en costas procesales y agencias en derecho.
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2.1.1. Hechos
7. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
8. Los accionantes prestaron sus servicios a la Procuraduría General de la Nación,
de la siguiente manera:
• El señor Víctor Rafael Buitrago Moré vinculado al cargo de procurador judicial
II, código 3 PJ-EC, en la Procuraduría 10 Judicial II Administrativa de Bogotá,
desde el 1 de noviembre de 2001 a la fecha de presentación de la demanda,
según se afirmó.
• El señor Carlos Mauricio González Arévalo vinculado al cargo de procurador
judicial II, código 3 PJ-EC, en la Procuraduría 6 Judicial II Administrativa de
Bogotá, del 1 de marzo de 2004 a la fecha de presentación de la demanda,
según se indicó.
9. Desde que prestan servicios a la entidad, esta liquidó las prestaciones sociales
sin incluir como factor salarial, por un lado, el 30% correspondiente a la prima especial,
como factor salarial y, por otro, la bonificación por compensación prevista en el Decreto
610 de 1998.
10. El 3 de julio de 2013, la parte demandante solicitó a la entidad accionada el
reconocimiento y pago retroactivo e indexado, junto con los intereses moratorios, de
las prestaciones sociales —primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías,
bonificaciones y demás a las que hubiera lugar—, sobre el 100% de su salario
mensual, esto es, con inclusión de la prima especial de servicios y la bonificación por
compensación como salario. Sin embargo, mediante el Oficio SG No. 2761 del 18 de
julio de 2013, se negó su reclamación.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
11. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:
✓ De la Constitución Política, los artículos 2, 4, 6, 12, 23, 25, 29, 53, 55, 58, 150
—numeral 19, literal e)—, 228, 277 y 280 —numerales 1 y 7—.
Ley 22 de 1967.
✓ De la Ley 4 de 1992, los artículos 1, 2, 10, 14, 15 y 16.
✓ De la Ley 244 de 1995, el artículo 2 —parágrafo—.
✓ De la Ley 270 de 1996, el artículo 152 —numeral 7—.
✓ De la Ley 1071 de 2006, el artículo 5 —parágrafo—.
✓ De la Ley 1437 de 2011, el artículo 10.
✓ El Acto Legislativo 03 de 2002.
✓ De la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 26.
✓ Decreto 717 de 1978, el artículo 12.
✓ Decreto 610 de 1998.
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12. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante expuso que el acto
administrativo acusado desconoció y vulneró la situación jurídica de los demandantes,
por cuanto desmejoró sus derechos laborales y prestacionales.
13. Adujo que la Procuraduría General de la Nación liquidó y pagó las prestaciones
sociales sin tener en cuenta la prima especial y la bonificación por compensación, pese
a que tales emolumentos hacen parte del salario, por tratarse de conceptos que se
recibían mensualmente, como contraprestación de los servicios prestados. Ello quiere
decir que, la entidad vulneró el derecho de los accionantes a recibir de forma íntegra,
completa y oportuna sus acreencias laborales y prestacionales.
14. Agregó que el actuar de la autoridad demandada implica un desconocimiento
de la rectificación jurisprudencial4, por medio de la cual, esta corporación precisó que
la prima especial constituía factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales.
15. Sostuvo que la exclusión de la prima especial y de la bonificación en la
liquidación de las cesantías daba lugar al pago de la sanción moratoria establecida en
el parágrafo del artículo 2 de la Ley 244 de 1995, subrogado por el artículo 5 de la Ley
1071 de 2006.
2.2. Contestación de la demanda
16. La entidad accionada se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones
de «caducidad de la reclamación de reliquidación de cesantías y auxilio a las
cesantías; y prescripción parcial». Subrayó que la prima especial de servicios y la
bonificación por compensación, por mandato expreso del artículo 14 de la Ley 4 de
1992 y del Decreto 610 de 1998, respectivamente, no tienen carácter salarial. Además,
así lo disponen los decretos salariales anuales, que no han sido derogados, anulados
o sustituidos5.
17. Manifestó que, durante su vinculación laboral, a los demandantes en calidad de
procuradores judiciales II les fueron pagados todos los emolumentos y prestaciones
sociales que el Gobierno nacional dispuso.
18. Afirmó que la competencia general en materia salarial y prestacional para los
servidores del Estado está a cargo del Gobierno nacional, según lo prevé la
Constitución Política en los artículos 189 —numeral 11— y 150 —numeral 19, literal
e)—. Por tal razón le es prohibido a cualquier autoridad administrativa, como la
Procuraduría General de la Nación, efectuar reconocimientos laborales distintos a los
establecidos por el Gobierno.
19. Mencionó que la entidad liquidó las cesantías de los accionantes de acuerdo con
los factores salariales previstos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978; y reprochó
que estos no hayan recurrido ni demandado ante la jurisdicción de lo contencioso-
4 Citó: Consejo de Estado, sentencia del 2 de abril de 2009, Rad. 11001-03-25-000-2007-00098-00 (1831-07);
sentencia del 4 de agosto de 2010, Rad. 25000-23-25-000-2005-05159-01 (0230-08); y sentencia del 14 de
diciembre de 2011, Rad. 11001-03-25-000-2005-00244-01.
5 Expediente físico, folios 124 a 142.
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administrativo, dentro del término dispuesto en el CPACA, los actos administrativos a
través de los cuales se les reconoció anualmente el auxilio de cesantías.
20. Resaltó que, dentro de los periodos reclamados por los demandantes, se les
cancelaron los salarios y prestaciones sociales con el monto máximo autorizado en el
ordenamiento jurídico, esto es, un 80% de lo que por todo concepto devengaban
anualmente los magistrados de alta corte.
2.3. Sentencia de primera instancia
21. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria,
mediante sentencia del 31 de julio de 2019, negó las pretensiones de la demanda y no
condenó en costas, bajo los siguientes argumentos6:
22. Afirmó que el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 creó la prima especial de servicios
sin carácter salarial; disposición que fue declarada exequible por la Corte
Constitucional en la sentencia C-279 de 1996. Tal criterio tiene respaldo en la
sentencia del 12 de septiembre de 2018 proferida por el Consejo de Estado7, en la que
en un asunto similar al presente se negó el reajuste del salario y la reliquidación de las
prestaciones sociales con la inclusión del 30% de la prima especial.
23. Indicó que de acuerdo con el artículo 1 del Decreto 1102 de 2012, que modificó
la bonificación por compensación, este emolumento «sólo constituye factor salarial
para efectos del ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y del
Sistema General de Seguridad Social en Salud en los mismos términos de la Ley 797
de 2003».
24. Explicó que, por lo expuesto, la prima especial de servicios y la bonificación por
compensación no tienen carácter salarial a efectos de la liquidación y pago de las
prestaciones sociales.
25. Señaló que de acuerdo con los documentos que obran en el expediente:
• El señor Víctor Rafael Buitrago Moré ingresó a la Procuraduría General de la
Nación, en calidad de procurador judicial II, desde el 1 de noviembre de 2001
hasta el 1 de septiembre de 2013.
• El señor Carlos Mauricio González Arévalo ingresó a la Procuraduría General de
la Nación, en calidad de procurador judicial II, desde el 1 de marzo de 2004 hasta
el 19 de septiembre de 2016.
26. Adujo que como lo pretendido en la demanda es la reliquidación de las
prestaciones sociales de los accionantes con la inclusión de la prima especial y la
bonificación por compensación con carácter salarial, sin que según la normativa que
los rigen lo tengan, más que para efectos pensionales; negaría las pretensiones de la
demanda.
6
Expediente físico, folios 226 a 237.
7 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, Rad. 73001-23-33-000-2012-00183-02 (3546-
2015).
5
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2.4. Recurso de apelación
27. La parte accionante solicitó que se revoque el fallo de primera instancia. En su
lugar, se reconozca y pague el retroactivo indexado, con los respectivos intereses, de
las prestaciones sociales —prima de navidad, vacaciones, cesantías, intereses de las
cesantías, bonificaciones y las demás a las que hubiera lugar— teniendo en cuenta el
100% de su salario mensual, con inclusión de la prima especial de servicios y de la
bonificación por compensación, como factor salarial8.
28. Sostuvo que la prima especial es factor salarial, puesto que el Consejo de Estado
desde el año 20029, en una sentencia de rectificación jurisprudencial, declaró la
nulidad de la expresión «sin carácter salarial» contenida en los decretos salariales que
regularon el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 de los fiscales delegados ante el Tribunal,
cuyos efectos se extienden a los demandantes, por encontrarse en una situación igual.
29. Alegó que esta corporación rectificó su jurisprudencia10 en el sentido de precisar
que la prima especial de servicios constituía factor salarial; no obstante, dicho criterio
no fue tenido en cuenta por el Tribunal al dictar sentencia impugnada, por cuanto «se
limitó a reproducir la posición superada», vulnerando con ello los principios de
legalidad e igualdad.
30. Señaló que de acuerdo con la sentencia dictada el 29 de abril de 2014 por la Sala
de Conjueces, un error en la regulación de la prima especial desmejoró salarialmente
a los funcionarios que tienen derecho a recibirla, puesto que se les disminuyó la
asignación básica en un 30% por concepto de la prima.
31. Argumentó, en relación con la bonificación por compensación, que no se había
desvirtuado su carácter salarial, razón por la que se debía incluir en la liquidación de
las prestaciones sociales. Al respecto, indicó que no se respetó el principio de
progresividad y no regresividad, que había sido ampliamente desarrollado por esta
corporación en las sentencias del 14 de diciembre de 201111, 27 de junio12 y 28 de
noviembre de 201213, entre otras14.
32. Alegó que en la sentencia de primera instancia no se hizo referencia a los hechos
décimo tercero y vigésimo tercero en los que se expresó claramente que la entidad
demandada no liquidó las prestaciones sociales con inclusión de la prima especial y
de la bonificación por compensación, situación que desconoció que los porcentajes
8 Expediente físico, folios 242 a 252.
9 No se citó providencia alguna.
10 Citó: «Consejo de Estado, sentencia del 27 de junio de 2012, Rad. 2005-00827-02 (0477-09)»; Consejo de
Estado, sentencia del 2 de abril de 2009, Rad. 11001-03-25-000-2007-00098-00 (1831-07); sentencia del 4 de
agosto de 2010, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 21 de
abril de 2016, Rad. 05001-23-31-000-2003-01220-01.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 14 de diciembre de
2011, rad. núm. 11001-03-25-000-2005-00244-01.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 27 de junio de 2012,
rad. núm. 2005-00872-02 (0477-2009).
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 28 de noviembre de
2012, rad. núm. 41001-23-31-000-2003-00552-01 (1669-09).
14 La parte demandante también se refirió a la sentencia del 29 de abril de 2014, dictada por esta corporación en el
proceso con número de radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07).
6
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correspondientes a estos emolumentos constituían salario. Lo anterior, no respetó el
bloque de constitucionalidad.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
33. Mediante auto del 9 de septiembre de 2021, los magistrados entonces
integrantes de esta Subsección presentaron manifestación de impedimento, con
sustento en el numeral 1 del artículo 141 del CGP, esto es, tener interés directo en el
proceso, porque fueron beneficiarios de la prima especial en condición de funcionarios
de la Rama Judicial15.
34. A través de auto del 31 de marzo de 2022, la Subsección A de la Sección
Segunda de esta corporación declaró fundado el impedimento manifestado. A su vez,
los magistrados que conformaban esa Sala se manifestaron impedidos para conocer
el asunto, por la causal prevista en el numeral 1 del artículo 141 del CGP16.
35. Por medio de auto del 12 de septiembre de 2022, tres conjueces de la Sección
Segunda de esta corporación declararon fundado el impedimento propuesto. En
consecuencia, se ordenó que una vez ejecutoriada la providencia el expediente pasara
al despacho17.
36. Mediante auto del 28 de febrero de 2023, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante, de conformidad con el artículo 247 de la Ley 1437
de 201118.
37. A través de auto del 11 de julio de 2023, se corrió traslado a las partes por el
término de 10 días para presentar alegatos finales, y luego de vencido este, al
Ministerio Público para rendir concepto19.
38. En auto del 17 de marzo de 2025, el conjuez ponente del proceso ordenó
devolver el expediente al despacho de la magistrada titular, al que este fue inicialmente
repartido, atendiendo al cambio de composición de la Sección Segunda del Consejo
de Estado20.
39. En este escenario, se estima pertinente precisar que las Subsecciones A y B de
la Sección Segunda, en providencias recientes, han declarado infundado el
impedimento manifestado por magistrados de distintos tribunales del país en asuntos
relacionados con el reconocimiento de la prima especial de servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
40. La mayoría de los integrantes de la Sala, en sesión celebrada el 29 de agosto de
2024, decidieron en igual sentido los impedimentos manifestados por los integrantes
de esta, en procesos con supuestos similares al que se analiza en el presente asunto,
por tres razones, a saber10:
15 Samai, índice 10.
16 Samai, índice 18.
17 Samai, índice 26.
18
Samai, índice 32.
19 Samai, índice 42.
20 Samai, índice 52.
7
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i. Las manifestaciones de impedimento se sustentan en consideraciones
generales que resultan insuficientes para encuadrar el caso particular en el
supuesto descrito en la causal;
ii. no exponen situaciones actuales y concretas que acrediten la configuración de
la causal;
iii. no mencionan el beneficio que sustenta «el interés directo o indirecto en el
proceso» ni precisan cómo la decisión del caso puede resultar útil para los
intereses de quien manifiesta el impedimento.
2.6. Alegatos de conclusión
2.6.1. La parte demandante
41. Reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación. Adujo que los
accionantes tienen derecho a la reliquidación de sus prestaciones sociales con la
inclusión de la prima especial de servicios y la bonificación por compensación,
teniendo en cuenta que constituyen factor salarial21.
42. Sostuvo que el Tribunal desconoció la rectificación de la jurisprudencia del
Consejo de Estado que reconoció el carácter salarial a los emolumentos antes
mencionados. Pidió que por tales razones se revoque la sentencia de primera
instancia.
2.6.2. La Nación, Procuraduría General de la Nación
43. Solicitó que se confirme el fallo apelado22. Manifestó que el acto acusado goza
de legalidad, toda vez que la entidad liquidó las prestaciones sociales de los
demandantes de conformidad con el ordenamiento jurídico, de manera que respetó el
límite del 80% de la remuneración, fijado por el Gobierno nacional.
44. Pidió que, si en gracia de discusión, se accede al reconocimiento de los derechos
pretendido, se declare la prescripción trienal de las sumas causadas con anterioridad
al 3 de julio de 2010, toda vez que la reclamación administrativa se presentó el 3 de
julio de 2013.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
45. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
21 Samai, índice 47.
22 Samai, índice 48.
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3.2. Problema jurídico
46. De acuerdo con el recurso de apelación, y teniendo en cuenta que, según el
artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la alzada, corresponde a
la Sala definir si:
47. ¿Los demandantes, en su condición de procuradores judiciales II, tienen derecho
a la reliquidación y pago de las prestaciones sociales con inclusión de la prima especial
de servicios y de la bonificación por compensación?
48. Para resolver el interrogante planteado, a continuación, se realizan algunas
consideraciones sobre la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992
y la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998. Luego, se
destacarán los hechos probados más relevantes y en el acápite de análisis del caso
concreto, se resolverá el problema formulado.
3.3. Marco normativo y jurisprudencial
49. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30% ni superior
al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales
superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados
ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal
Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos
a partir del 1 de enero de 1993.
50. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992,
expidió el Decreto 57 de 199323 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional
aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar
vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse al nuevo régimen
a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció:
Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%)
del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la
República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de
Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar.
Artículo 7. El treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes
servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial: […].
51. El referido artículo 14 de la Ley 4 de 1992 fue objeto de revisión por parte de la
Corte Constitucional, en la sentencia C-279 de 1996. Dicha autoridad declaró la
exequibilidad de la expresión «sin carácter salarial», al considerar que no existía
«ningún motivo fundado en los preceptos constitucionales que rigen la materia […] que
23 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama
judicial y de la justicia penal militar».
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impida al legislador disponer que determinada prestación social o indemnización se
liquide sin consideración al monto total del salario del trabajador»24. Lo anterior, en la
medida en que «el legislador conserva una cierta libertad para establecer, qu[é]
componentes constituyen, o no salario, así como la de definir y desarrollar el concepto
de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución»25.
52. Posteriormente, la Ley 4 de 1992 fue modificada por la Ley 332 de 1996, en el
sentido de determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el
artículo 14 de dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de
la pensión de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes y (ii) se
aplicaría, con las mismas limitaciones, a los magistrados auxiliares y abogados
asistentes de las altas cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la
Judicatura, magistrados del Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal
Disciplinario y los procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación.
53. Esta última norma también fue objeto de revisión26, en la sentencia C-444 de
1997; oportunidad en la que, la Corte Constitucional reiteró y reafirmó la potestad del
legislador para «establecer las sumas de dinero que habitualmente puede percibir el
empleado, [y] que no se tendr[ían] en cuenta para efectos de liquidar determinadas
prestaciones sociales, o que no se tendrían] como salario»27.
54. A su vez, esta corporación, en diferentes providencias, ha estudiado la naturaleza
de la prima especial. Así, en la sentencia del 12 de septiembre de 2018 28 indicó que,
«[e]n cuanto a las prestaciones sociales, [el mencionado concepto] no [era] un factor
salarial, de manera que [no debía] ser sumada ni excluida para establecer la base
sobre la cual se van a liquidar las prestaciones sociales», y precisó que estas deberían
«ser liquidadas sólo sobre la base del 100% del salario básico mensual» 29. De igual
forma, en el fallo del 2 de septiembre de 201930 explicó que la prima especial «solo
constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación»31.
55. Por otra parte, en cuanto a la bonificación por compensación, la Sala resalta que
se trata de una acreencia creada por el Gobierno nacional dentro de una política de
nivelación para los destinatarios de la prima especial de servicios del artículo 14 de la
Ley 4 de 1992.
56. En ese orden, el Gobierno nacional, en desarrollo de las normas generales de la
Ley 4 de 1992, en la que se establecieron las normas, objetivos y criterios que debía
observar para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, y se
dictaron otras disposiciones «de conformidad con lo establecido en el artículo 150,
24 Corte Constitucional, sentencia C-279 de 1996.
25 Ibidem.
26 Corte Constitucional, sentencia C-444 de 1997.
27 Ibidem.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 12 de septiembre
de 2018, rad. núm. 73001-23-33-000-2012-00183-02 (3546-2015).
29 Ibidem.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de
2019, rad. núm. 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018).
31 Ibidem.
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numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política», expidió el Decreto 610 de
199832, que creó la bonificación por compensación, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 1o. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo 2o del presente
decreto, una Bonificación por Compensación, con carácter permanente, que sumada a
la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al sesenta
por ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional
y Consejo Superior de la Judicatura. La Bonificación por Compensación sólo constituirá
factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y
sobrevivientes, en los mismos términos de la prima especial de servicios de los
Magistrados de las Altas Cortes.
La Bonificación por Compensación sólo constituirá factor salarial para efectos de
determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, en los mismos
términos de la prima especial de servicios de los Magistrados de las Altas Cortes
(negritas y subrayado por fuera de texto).
57. El citado Decreto 610 de 1998 fue derogado por el Decreto 2668 de 1998, y en
esa medida, el Gobierno nacional expidió, año a año, los decretos por medio de los
cuales se reguló la bonificación por compensación33, con valores fijos anuales en lugar
de porcentajes —por ejemplo, para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden
Público fueron los siguientes montos: $2.030.717 (1999), 2.218.153 (2000), 2.299.560
(2001), 2.407.410 (2002) y 2.491.911 (2003)—. Ahora bien, el Decreto 2668 de 1998
fue anulado por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
el 25 de septiembre de 200134, con efectos «ex tunc». Por consiguiente, el Decreto
610 de 1998 volvió a ser aplicable.
58. Frente a este concepto, la jurisprudencia de esta corporación también ha
precisado que, de acuerdo con el contenido del artículo 1 del Decreto 610 de 1998, se
trata de un emolumento que «sólo constituye factor salarial para efectos de determinar
el valor de las pensiones de cualquier naturaleza»35.
59. El presidente de la República dictó el Decreto 1102 de 201236 según el cual a
partir del 27 de enero de 2012, la bonificación por compensación que venían
percibiendo los beneficiarios37 equivaldría al 80% de lo que por todo concepto
devengaran los magistrados de alta corte, con la connotación de «factor salarial para
32 Por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
Los Decreto 610 y 1239 de 1998 fueron derogados por el Decreto 2668 de 1998, sin embargo, este último fue
declarado nulo por el Consejo de Estado, en sentencia de la Sección Segunda del 25 de septiembre de 2001,
ejecutoriada el 5 de octubre de 2001, rad. núm. 395-99, M.P. Álvaro Lecompte Luna.
33 En efecto, el Gobierno nacional expidió los Decretos 664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de 2001,
663 de 2002 y 3570 de 2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales, por ejemplo,
para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los siguientes montos: $2.030.717 (1999),
2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001), 2.407.410 (2002) y 2.491.911 (2003).
34 Expediente con número de radicado 395-99.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de
2021, rad. núm. 47001-23-31-000-2011-00072-02 (2107-2015).
36 Por la cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
37 Magistrados de Tribunal, Magistrados de Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado,
Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, Directores
Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo
de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y los funcionarios
vinculados a la Procuraduría General de la Nación.
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efecto del ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema
General de Seguridad Social en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de
2003».
60. Las normas citadas evidencian el trabajo armónico entre el Congreso de la
República y el Gobierno nacional. En virtud de esta colaboración, el primero establece
el marco dentro del cual debe actuar el segundo al fijar el régimen salarial y
prestacional de los servidores públicos, incluidos los de la Rama Judicial, como lo
señala expresamente el artículo 1, literal b) de la Ley 4 de 1992.
61. El artículo 2 de la misma ley enuncia los objetivos y criterios que debe observar
el Gobierno al ejercer dicha potestad: el respeto a los derechos adquiridos, la
prohibición de regresividad, la sujeción al marco general de la política macroeconómica
y fiscal, la racionalización de los recursos públicos según su disponibilidad, entre otros.
Estos parámetros orientan al Ejecutivo para definir, entre otros aspectos, qué
conceptos constituyen o no factor salarial.
3.4. Hechos probados relevantes
62. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
63. El señor Víctor Rafael Buitrago Moré se vinculó a la Procuraduría General de la
Nación, en el cargo de procurador judicial II, código 3 PJ-EC, en la Procuraduría 10
Judicial II Administrativa de Bogotá, desde el 1 de noviembre de 2001 hasta el 1 de
septiembre de 201338.
64. El señor Carlos Mauricio González Arévalo se vinculó a la Procuraduría General
de la Nación, en el cargo de procurador judicial II, código 3 PJ-EC, en la Procuraduría
6 Judicial II Administrativa de Bogotá, del 1 de marzo de 2004 al 19 de septiembre de
201639.
65. El 3 de julio de 2013, los accionantes solicitaron a la Procuraduría General de la
Nación, la reliquidación y pago retroactivo e indexado, con los respectivos intereses
moratorios, y las sanciones establecidas en la ley, de todas las prestaciones sociales
—primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, y demás a las que hubiera
lugar—, sobre el 100% del salario, esto es, con inclusión de la prima especial de
servicios y de la bonificación por compensación, como factor salarial40.
66. Mediante el Oficio SG No. 2761 del 18 de julio de 2013, la entidad demandada
negó lo peticionado, bajo el argumento de que la prima especial de servicios y la
bonificación por compensación no constituían factor salarial para la liquidación y pago
de las prestaciones sociales41.
38 Según la certificación del 8 de junio de 2018 expedida por la División de Gestión Humana de la Procuraduría
General de la Nación, vista en el expediente físico, folio 189.
39 Conforme la certificación del 8 de junio de 2018 expedida por la División de Gestión Humana de la Procuraduría
General de la Nación, vista en el expediente físico, folio 188.
40 Expediente físico, folios 2 a 8.
41 Expediente físico, folios 9 a 17.
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3.5. Caso concreto
67. De conformidad con el artículo 328 del CGP, la Sala delimita su competencia,
como juez de segunda instancia, a los argumentos expuestos en el recurso de
apelación presentado por la parte demandante.
68. En síntesis, la parte demandante apeló la sentencia de primera instancia porque
considera que la prima especial de servicios y la bonificación por compensación
constituyen factor salarial. Alega que los accionantes tienen derecho a que las
prestaciones sociales que percibieron mientras laboraron en calidad de procuradores
judiciales II al servicio de la Procuraduría General de la Nación, se les reliquiden con
la inclusión de dichos conceptos.
69. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que de conformidad con las normas que
rigen la prima especial y la bonificación por compensación, esto es, el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992, el artículo 1 del Decreto 610 de 1998 y el artículo 1 del Decreto 1102
de 2012, respectivamente, estas no tienen carácter salarial. Razón por la cual no
pueden incluirse en la liquidación de las prestaciones sociales que percibieron
mientras desempeñaron el cargo de procurador judicial II.
70. Ahora bien, la Sala destaca que las normas que regulan la prima especial de
servicios y la bonificación por compensación establecieron con claridad que no
tendrían carácter salarial, salvo para efectos pensionales.
71. Respecto a la prima especial de servicios, conforme se expuso en el marco
normativo y jurisprudencial de esta providencia, el primer inciso del artículo 14 de la
Ley 4 de 1992 estableció dicho emolumento, en un porcentaje «no inferior al 30% ni
superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial» (negrita fuera de texto).
Asimismo, dicha norma, en virtud de la modificación introducida por la Ley 332 de
1996, de manera inequívoca indicó que la prima hará «parte del ingreso base
únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación» (se destaca).
72. En cuanto a la bonificación por compensación, el segundo inciso del artículo 1
del Decreto 610 de 1998 precisó que dicho concepto «sólo constituiría factor salarial
para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, en los
mismos términos de la prima especial de servicios de los magistrados de las altas
cortes» (negritas y subrayado por fuera de texto). Al respecto, en la jurisprudencia de
esta corporación se consideró que el adverbio «sólo» impuso una limitación o
restricción que daba lugar a entender, claramente, que dicho emolumento constituye
factor salarial para efectos pensionales42.
73. En los mismos términos, el artículo 1 del Decreto 1102 de 2012 prescribe lo
siguiente: «La Bonificación por Compensación, pagadera mensualmente, sólo
constituye factor salarial para efecto del ingreso base de cotización del Sistema
General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en los
mismos términos de la Ley 797 de 2003».
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 2 de noviembre de
2021, rad. núm. 08001-23-33-000-2013-00575-02 (4501-18).
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74. Por otro lado, la Sala no pierde de vista que la parte demandante hizo referencia
a las sentencias del 4 de agosto de 201043, 27 de junio de 201244 y del 21 de abril de
201645, porque estimó que las conclusiones allí establecidas «avalaban» sus
pretensiones, al «rectificar» y reiterar el criterio relativo al carácter salarial de la prima
especial de servicios. En punto, la Sala resalta que, en esas oportunidades, se precisó
que el 30% correspondiente a la prima especial de servicios que percibían los
funcionarios de la Fiscalía General de la Nación atendía a un sobresueldo, es decir, a
una suma adicional al salario que recibían mensualmente.
75. En la providencia del 4 de agosto de 2010, en particular, se indicó que en los
decretos salariales que fijaron el régimen salarial de los funcionarios de la Fiscalía
General de la Nación se estableció una asignación básica correspondiente al 70% y
una prima especial del 30% restante, que no fue tenido en cuenta para la liquidación
de las prestaciones sociales. Por esa razón, se precisó que, en la medida en que el
referido concepto era una suma que se debía pagar de forma adicional al salario, el
monto que se había cancelado como prima especial era el que tenía carácter salarial,
y que por esa razón había lugar a la reliquidación de prestaciones sociales.
76. En esa medida, en la mencionada providencia se corrigió una situación particular
que se presentó frente a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, que
durante el periodo comprendido de 1993 a 1997 y en el año 2000, recibieron el pago
de sus prestaciones sociales sobre el 70% de su salario y no sobre el 100% como
correspondía, toda vez que el 30% restante fue cancelado a título de prima especial
sin carácter salarial.
77. En ese mismo contexto se dictaron las demás providencias citadas por la parte
demandante, de manera tal que las afirmaciones que realizan ellas no pueden
analizarse aisladamente; por ejemplo, desatendiendo el tenor literal de los artículos 14
de la Ley 4 de 1992 y 1 de Ley 332 de 1996, que limitaron el carácter salarial de la
prima especial para efectos pensionales.
78. En todo caso, se reitera que el criterio jurisprudencial vigente en la materia,
contenido en la sentencia del 2 de septiembre de 2019, rad. 41001-23-33-000-2016-
00041-02 (2204-18) CE-SUJ-016-S2-19, consiste en que «[l]a prima especial sólo
constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación».
79. Dicho de otro modo, el hecho de que se haya precisado en las referidas
providencias, que el monto de la prima especial incorrectamente se incluyó como parte
salario, aunque es una acreencia adicional a este sin carácter salarial, no puede
desprenderse que la referida prima tiene naturaleza salarial para todos los efectos,
como lo indica la parte recurrente.
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010,
Rad. 25000-23-25-000-2005-05159-01 (0230-08).
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 27 de junio de 2012
Rad. 25000-23-25-000-2005-00827-02 (0477-2009).
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 21 de noviembre de
2016, Rad. 05001-23-31-000-2003-01220-01 (0239-2014).
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80. Ahora bien, la Sala tampoco pierde de vista que la parte demandante estimó que
la prima especial debía ser considerada como factor salarial, a la luz del bloque de
constitucionalidad, para lo cual recurrió a disertaciones generales sobre derechos y
principios que hacen parte de este, exponiendo argumentos que no atienden las
particularidades de la referida prestación, por ejemplo, que sobre el asunto existe cosa
juzgada constitucional, es decir, «inmutable, vinculante y definitiva»46, a partir de la
sentencia en la que se declaró la exequibilidad de la expresión «sin carácter salarial»
contenida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
81. Similares consideraciones se aplican al hecho de que de la bonificación por
compensación solo sea factor salarial para efectos pensionales, en la medida en que
corresponde a una limitación producto de la facultad que ejerce el Gobierno nacional
al fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos; potestad que a
partir de los argumentos expuestos en la demanda, no se advierte se haya ejercido de
manera contraria a los mínimos establecidos por el Congreso de la República y/o en
la Constitución, como para considerar una eventual inaplicación de la expresión «sólo
constituirá factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez
y sobrevivientes» del artículo 1 del Decreto 610 de 1998.
82. Así las cosas, si bien la parte accionante en los hechos décimo tercero y vigésimo
tercero del escrito de la demanda, insistió en que la entidad al liquidar las prestaciones
sociales de los accionantes no incluyó la prima especial de servicios y la bonificación
por compensación, lo cierto es que tal argumento fue resuelto por el Tribunal al definir
que dichos conceptos no tienen carácter salarial, sino solo para efectos pensionales,
como en efecto se analizó en precedencia.
83. A su vez, se estima que los principios de progresividad y no regresividad no se
desconocen en el presente asunto, en la medida en que a la prima especial y a la
bonificación por compensación nunca, desde su creación, se les ha dado el carácter
de factor salarial; por ende, no podría considerarse que se han desmejorado las
condiciones laborales de los accionantes, con la decisión de negar la reliquidación de
sus prestaciones incluyendo esos conceptos.
84. Por último, frente a las pretensiones de la demanda y a la petición planteada en
el recurso de apelación, cabe destacar, tal y como lo hizo el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que los demandantes, en efecto, solicitaron la reliquidación de las
prestaciones sociales con inclusión de los conceptos mencionados. Para que ello fuera
posible, la prima especial de servicios y la bonificación por compensación tendrían que
ser, necesariamente, factor salarial, no solo para efectos pensionales; circunstancia
que, como se explicó, no fue prevista en las normas que crearon tales emolumentos,
por cuanto aquellas dispusieron, expresamente, que constituirían factor salarial para
efectos pensionales. En ese orden de ideas, acceder a la reliquidación de las
prestaciones teniendo en cuenta los factores referidos no es posible en la medida en
que se contrarían las normas y la jurisprudencia constitucional y contenciosa-
administrativa dictada en la materia.
46 Corte Constitucional, sentencia C-312 de 2017, M.P. Hernán Correa Cardozo (e).
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3.6. Conclusión de la decisión
85. En atención a lo expuesto, la Sala concluye que la prima especial y la bonificación
por compensación solo constituyen factor a tener en cuenta para la liquidación de
aportes a pensión. Por esta razón, confirmará el fallo apelado que negó las
pretensiones de la demanda, en la medida en que no es posible ordenar la
reliquidación de las prestaciones sociales, con inclusión de los referidos conceptos,
por cuanto, como se indicó, solo constituyen factor salarial para efectos pensionales.
3.7. Costas
86. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario47 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, el 31 de julio de 2019, que negó
las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia.
TERCERO: RECONOCER personería a la abogada Sandra Patricia Duarte
Hernández, identificada con la cédula de ciudadanía 51.997.263, portadora de la
tarjeta profesional 190.461 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como
47 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia
en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la
aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-06702-02 (1511-2020)
Demandante: Víctor Rafael Buitrago Moré y otro
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación
apoderada de la Nación, Procuraduría General de la Nación, en los términos del poder
conferido que obra a índice 58 de SAMAI.
CUARTO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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