Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-06881-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Pensión de ordinaria de jubilación docente: incompatibilidad con otra pensión ordinaria
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-06881-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-06881-01
Consejero ponente: William Hernández Gómez
5 de julio de 2018
PENSIÓN DE ORDINARIA DE JUBILACIÓN DOCENTE – Incompatibilidad con otra pensión ordinaria / PENSIÓN GRACIA Y PENSIÓN ORDINARIA DOCENTE- Compatibilidad
Tal como lo ha reiterado esta Corporación que es improcedente el reconocimiento de dos pensiones ordinarias de jubilación, así la normativa aplicable a los docentes permita a éstos percibir simultáneamente pensión de jubilación, pensión de gracia y el salario por los servicios docentes que pueden seguir prestando, toda vez que no existe norma alguna que así lo permita. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 3 de mayo de 2001, número interno 2841 de 2000, Consejera ponente Ana Margarita Olaya Forero.
RÉGIMEN PENSIONAL DOCENTE – Regulación / RÉGIMEN PENSIONAL DOCENTE – Aplicación del régimen aplicable a los empleados públicos del orden nacional
De conformidad con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, las personas vinculadas al servicio educativo, a partir de la entrada en vigencia de dicha norma, se encuentran amparadas por el régimen pensional de prima media contemplado en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.Ahora bien, los docentes vinculados con anterioridad a la misma, se les aplica la normativa anterior a la ley en cita. Criterio que fue ratificado por el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 001 de 20058…) Así las cosas, toda vez que en el presente asunto la demandante se encontraba vinculada en el servicio docente con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, esto es, antes del 26 de junio de 2003, pues su vinculación se efectuó el 27 de agosto de 1986, se colige que en lo correspondiente al régimen pensional de esta, se rige por la Ley 91 de 1989. Sin perjuicio de lo anterior, dado que la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que el régimen de los docentes corresponde al mismo que se aplica a los empleados públicos del orden nacional, las prerrogativas que regulan las pensiones de invalidez y jubilación en el presente asunto se encuentran señaladas por la Ley 33 de 1985 y los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969
PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN DE INVALIDEZ - Incompatibilidad
Determinado que en el presente asunto el régimen pensional de la demandante, en particular lo concerniente a la pensión de jubilación, es el regulado por la Ley 33 de 1985, así como en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, advierte la Subsección que dichas normas señalan la incompatibilidad entre la pensión de jubilación y la de invalidez. Al respecto, el artículo 31 del Decreto 3135 de 1968 indicó que las pensiones de jubilación, invalidez y retiro por vejez, son incompatibles entre sí y el empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya concurrencia de ellas(…)En las anteriores condiciones, se presenta incompatibilidad entre las pensiones de jubilación e invalidez bien sea de origen común o profesional, pues el ordenamiento jurídico restringe dicha posibilidad y no pueden ser disfrutadas conjuntamente por las siguientes razones: 1.- Tienen su origen en una misma relación laboral; 2.- Están condicionadas a los aportes que la demandante realice al Sistema General de Seguridad Social;3.- Su finalidad es la misma, es decir, mientras la pensión de vejez tiene como objeto cubrir la pérdida de la capacidad de trabajo por haber llegado la persona a la vejez, la pensión de invalidez se encamina a cubrir la pérdida de la capacidad laboral pero ya en razón de la invalidez, es decir cumplen la misma función protectora para permitir la subsistencia de la persona sea por su condición de vejez o invalidez.
FUENTE FORMAL : LEY 91 DE 1989 / LEY 100 DE 1993- ARTÍCULO 279 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 128/ LEY 812 DE 2003 / LEY 33 DE 1985 / DECRETO 3135 DE 1968 / DECRETO 1848 DE 1969
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018).
Radicación número: 25000-23-42-000-2013-06881-01(3870-16)
Actor: ROSA MARLENY RÍOS LÓPEZ
Demandado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y OTRO.
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Ley 1437 de 2011
Sentencia O-109-2018
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 4 de febrero de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que denegó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora Rosa Marleny Ríos López en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al distrito de Bogotá.
Pretensiones
1. Declarar la nulidad de la Resolución 6105 del 29 de octubre de 2013, mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.
Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó:
2. Ordenar al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio a que reconozca y pague las mesadas pensionales y adicionales con los correspondientes reajustes de ley, desde la fecha en que se debió reconocer la pensión ordinaria de jubilación.
3. Declarar que en el caso de los docentes es procedente el pago simultáneo de la pensión de jubilación por afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la pensión de invalidez por enfermedad profesional o accidente de trabajo, que cancela la ARL, por lo que se debe ordenar a dicho Fondo cancelar las dos prestaciones.
4. Ordenar que sobre las sumas adeudadas, se incorporen los ajustes de valor, conforme a la variación del IPC, o al por mayor, como lo autoriza el artículo 187 del CPACA.
5. Ordenar el pago de los intereses moratorios desde la ejecutoria de la sentencia condenatoria, al tenor de lo previsto en el artículo 192 del CPACA.
6. Condenar en costas y agencias en derecho.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
En el marco de la parte oral del proceso bajo la Ley 1437 de 2011, la principal función de la audiencia inicial es la de precisar el objeto del proceso y de la prueba.
En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de la reconvención. Además se conciertan las principales decisiones que guiarán el juicio.
Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
Bien podría decirse que esta figura, insertada en la audiencia inicial, es también una faceta del despacho saneador o del saneamiento del proceso, en la medida que busca, con la colaboración de la parte demandada, que la verificación de los hechos constitutivos de excepciones previas, o advertidos por el juez, al momento de la admisión, se resuelvan en las etapas iniciales del proceso, con miras a la correcta y legal tramitación del proceso, a fin de aplazarlo, suspenderlo, mejorarlo o corregirlo.
En el presente caso a folio 140 y cd visible a folio 142, en la etapa de excepciones previas se indicó lo siguiente:
«[…] las demandadas no contestaron la demanda, razón por la cual no hay en este momento excepciones previas ni de fondo que resolver. Salvo lo relacionado con la prescripción de mesadas que se revisará de oficio y con el fondo del asunto. […]»
La decisión quedó notificada en estrados y las partes no interpusieron recursos.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias; la relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo», porque es guía y ajuste de esta última.
En el sub lite a folio 140 vuelto y cd que obra a folio 142, se fijó el litigio respecto de los hechos afirmados, el hecho controvertido, la teoría del caso de la parte demandante, la teoría del caso de la parte demandada, el problema jurídico principal y asociado, de la siguiente forma:
Hechos afirmados según la fijación del litigio
«[…] que la señora Rosa Marleny Ríos López, cumplió con la edad y tiempo de servicio docente con Bogotá D.C. para acceder a la pensión de jubilación y disfruta (sic) de una pensión de invalidez reconocida (sic) el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio mediante la resolución (sic) 04886 de 23 de diciembre de 2004. Que el 31 de mayo de 2013 solicitó a las demandadas el reconocimiento y pago de la pensión ordinaria de jubilación y fue negada mediante la resolución (sic) 6105 del 19 de octubre de 2013. […]»
Hecho controvertido según la fijación del litigio
«[…] radica fundamentalmente en que la demandante considera que le asiste el derecho a la pensión ordinaria de jubilación por haber cumplido los requisitos y que se puede percibir de manera simultánea con la pensión de invalidez, el hecho de percibir esta última no es impedimento para percibir aquella. En tanto las demandadas en el acto acusado consideran que no le asiste el derecho a la pensión ordinaria de jubilación porque tiene reconocida una pensión de invalidez y las dos pensiones son incompatibles. […]» (Negrillas del texto).
Teoría del caso de la parte demandante según la fijación del litigio
«[…] afirma que el acto administrativo vulnera normas de rango constitucional y rango legal, el régimen especial pensional docente, los derechos a la seguridad social, a la igualdad, los derechos adquiridos, los principios de favorabilidad y seguridad jurídica, la remuneración vital móvil, e incurre en falsa motivación; al negar el reconocimiento de la pensión ordinaria de jubilación, aduciendo incompatibilidad con la pensión de invalidez. Considera que la pensión ordinaria de jubilación y la pensión de invalidez, son prestaciones sociales diferentes y en su criterio claramente compatibles, ya que una es la pensión reconocida por la pérdida de la capacidad laboral y otra la pensión por cumplir 20 años de servicios y 55 años de edad y que dado que los docentes gozan de un régimen especial, lo que permite percibir las dos pensiones. Invoca como precedente la sentencia del 1 de diciembre de 2009 de la Corte Suprema de Justicia-Sala Laboral. […]»
Teoría del caso de la parte demandada según la fijación del litigio
«[…] De la Nación-Ministerio de Educación-Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio: No contestó la demanda. Bogota D.C.-Secretaría de Educación: no contestó la demanda. Según el informe secretarial visible en el folio 33 y 35, el buzón fue enviado y leído por la Secretaría de Educación de Bogotá. […]» (Negrillas del texto).
Problema jurídico principal fijado en el litigio
«[…] se contrae a establecer si le asiste derecho a la demandante a acceder a la pensión ordinaria de jubilación y percibir simultáneamente a (sic) la pensión de invalidez, si son compatibles. […]»
Problema jurídico asociado fijado en el litigio
«[…] En caso afirmativo, desde cuándo se debe reconocer. […]»
La apoderada de la parte demandante interviene para solicitar que se incluya lo atinente a la reliquidación de la pensión de invalidez con todos los factores salariales.
Al respecto, el Ministerio Público manifestó que ese tópico no fue objeto de la reclamación administrativa y no se encuentra incluido en la demanda.
El magistrado ponente comparte los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público y niega la petición.
La decisión quedó notificada en estrados y las partes no interpusieron recursos.
SENTENCIA APELADA
El a quo profirió sentencia escrita, en la cual denegó las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones:
Luego de realizar un recuento de la normativa aplicable, afirmó que de conformidad con el artículo 88 del Decreto 1848 de 1969, las pensiones de jubilación e invalidez son incompatibles entre sí, circunstancia que ha sido reiterada en varias oportunidades por parte del Consejo de Estado. Asimismo consideró que el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, no consagró la compatibilidad entre las dos prestaciones.
Por otro lado, analizó la providencia del 1 de diciembre de 2009 proferida por la Corte Suprema de Justicia, de la cual, solicita aplicación la parte demandante, para señalar que no se comparte del criterio de compartibilidad, habida cuenta de que al revisar la normativa general en materia pensional, se advierte que el querer del legislador siempre ha sido que las pensiones de jubilación, invalidez y retiro por vejez sean incompatibles. De igual forma, negó el pago de intereses previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Finalmente, no condenó en costas a la parte demandante.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante solicitó revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar acceder a las pretensiones, conforme los argumentos que a continuación se exponen:
Sostuvo que acorde con inciso 1, numeral 1 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, así como los artículos 7 del Decreto 2563 de 1990, 3 del Decreto 2277 de 1979 y 81 de la Ley 812 de 2003, la señora Rosa Marleny es beneficiaria de un régimen especial y por tanto, no puede haber incompatibilidad entre la prestación que devenga actualmente y la aquí solicitada, pues se desmejora el derecho que los docentes tienen para acceder a pensiones de los términos de la ley. Así entonces, de conformidad con la Constitución y la ley, la demandante a pesar de recibir pensión de invalidez, también tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación por haber cumplido los requisitos para ello.
De igual forma, expuso que la pensión de jubilación no es una mera expectativa, pues cuando se cumplen los requisitos para acceder a dicha prestación, nos encontramos frente a verdaderos derechos adquiridos, los cuales no pueden ser menoscabados por disposiciones futuras, para apoyar su argumento citó apartes jurisprudenciales de la Sentencia C-350 del 29 de julio de 1999 en la cual se precisó la noción de derecho adquirido. En este sentido, indicó que toda vez que la demandante cumplió 55 años de edad y prestó sus servicios a la educación oficial desde el 19 de septiembre de 1977 hasta el 9 de agosto de 2012, posee un derecho que no puede ser vulnerado.
Afirmó que la procedencia de la compatibilidad de las pensiones de invalidez y vejez ha sido estudiada por la Corte Suprema de Justicia, al señalar que se debe conceder dado que cubre dos riesgos distintos a decir: el paso inexorable de los años y la pérdida de la capacidad laboral. De esta forma la financiación de cada riesgo debe tener fuentes diferentes, motivo por el cual no existe incompatibilidad entre las citadas prestaciones. Resaltó que esta Corporación debe ser garante del derecho a la igualdad e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos de los trabajadores.
Conforme a lo anteriormente esbozado, concluyó que se debe reconocer la pensión de jubilación por cuanto: i) la demandante es beneficiaria de la normativa excepcional aplicable a los docentes; ii) debido a su pérdida de la capacidad laboral, le fue reconocida la pensión de invalidez; iii) cumplió los requisitos de edad y tiempo de servicios para hacerse acreedora a la pensión de jubilación; iv) las pensiones de jubilación e invalidez son compatibles por estar encaminadas a cubrir riesgos diferentes, de origen distinto y con otro pagador; v) se debe amparar la vejez de una persona que destinó su vida al servicio de la educación oficial y que cumplió los requisitos para acceder a la pensión de jubilación sin que por ello se deba dejar sin cubrimiento su invalidez, debido a su pérdida de capacidad laboral.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Parte demandada: Manifestó que al tenor de lo previsto en los artículos 31 del Decreto 3135 de 1968 y 88 del Decreto 1848 de 1969, la pensión de jubilación es incompatible con la de invalidez, porque se encuentran diseñadas para un mismo fin.
La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.
De igual forma, acorde con lo previsto por el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los planteamientos expuestos en el recurso de apelación.
Problemas jurídicos
En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se circunscribe a los aspectos planteados en el recurso de apelación, los cuales se resumen en las siguientes preguntas:
¿La señora Rosa Marleny Ríos López en calidad de docente oficial a quien le fue reconocida la pensión de invalidez, tiene derecho al reconocimiento y pago simultáneo de la pensión de jubilación?
¿Es procedente aplicar el criterio desarrollado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de 1 de diciembre de 2009 que refiere la posibilidad de percibir simultáneamente la pensión de jubilación y la de invalidez?
Primer problema jurídico
¿La señora Rosa Marleny Ríos López en calidad de docente oficial a quien le fue reconocida la pensión de invalidez, tiene derecho al reconocimiento y pago simultáneo de la pensión de jubilación?
La Subsección sostendrá la siguiente tesis: La pensión de jubilación y la de invalidez no son compatibles, toda vez que se trata del reconocimiento de dos pensiones de jubilación de carácter ordinario y, su finalidad es la misma, esto es, proporcionarle a la persona lo necesario para subsistir, como a continuación se argumenta.
Compatibilidad en el reconocimiento pensional de los docentes
En relación con las pensiones de los docentes el ordinal 2.º literal a) del artículo 14 de la Ley 91 de 1989, indicó:
«[…] Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación. […]»
Por su parte, el artículo 6 de la Ley 60 de 1993, señaló:
«[…] El régimen prestacional y aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial. […]»
A su vez, el parágrafo 2.º del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, trae como excepciones a la aplicación del régimen de seguridad social, entre otros, a los afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio «[…] cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. […]»
Finalmente, el artículo 128 de la Constitución Política señala: «[…] Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en la que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas. […]»
Se colige por tanto, tal como lo ha reiterado esta Corporación que es improcedente el reconocimiento de dos pensiones ordinarias de jubilación, así la normativa aplicable a los docentes permita a éstos percibir simultáneamente pensión de jubilación, pensión de gracia y el salario por los servicios docentes que pueden seguir prestando, toda vez que no existe norma alguna que así lo permita. En efecto, en dicha providencia, señaló:
«[…] Reiteradamente esta Corporación ha expresado que es improcedente reconocer dos pensiones ordinarias de jubilación, así la preceptiva jurídica aplicable a los docentes permita a éstos percibir simultáneamente pensión de jubilación y el sueldo por los servicios docentes que pueden seguir prestando. Así, en la sentencia del 10 de abril de 1997, Actora: Eunice Arias de Arias, Exp. No. 12.776, Consejera Ponente Dra. Dolly Pedraza de Arenas, luego de determinar que la pensión cuyo reconocimiento requería la demandante era la pensión ordinaria de jubilación, puntualizó que la misma podría ser compatible con otras pensiones, por ejemplo con la pensión gracia del orden nacional pero no con otra pensión ordinaria de jubilación. Se tiene entonces, que ni las normas a que se ha hecho referencia ni ninguna otra disposición superior, establece la compatibilidad de la percepción de la pensión gracia con dos pensiones ordinarias de jubilación, o la compatibilidad de percibir dos pensiones ordinarias de jubilación, categoría que se reitera, tendría la pensión cuyo reconocimiento reclama el demandante. […]» (Subraya la Sala).
Es decir, que los docentes pueden adquirir el estatus pensional, obtener el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación y a la vez seguir ejerciendo la actividad, toda vez que en el caso especialísimo de estos, no existe incompatibilidad entre la pensión ordinaria de jubilación y el salario, así como tampoco entre la pensión gracia, el salario y la pensión de jubilación.
En conclusión: A los docentes no los cobija la prohibición de no recibir doble asignación del tesoro público por disposición de la ley, en el entendido que el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 dejó a salvo la compatibilidad entre la pensión de jubilación, la pensión gracia y el salario. Dicho en otros términos, se mantiene la posibilidad de que los docentes a los cuales se les ha reconocido una pensión puedan disfrutar de dicha prestación y, continuar laborando hasta su retiro definitivo.
Así mismo, la compatibilidad de pensiones para los docentes es procedente para la pensión especial de gracia y una pensión ordinaria.
Régimen pensional aplicable a los docentes
De conformidad con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, las personas vinculadas al servicio educativo, a partir de la entrada en vigencia de dicha norma, se encuentran amparadas por el régimen pensional de prima media contemplado en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
Ahora bien, los docentes vinculados con anterioridad a la misma, se les aplica la normativa anterior a la ley en cita. Criterio que fue ratificado por el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 001 de 2005, que señala:
«[…] Parágrafo transitorio 1º. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003. […]»
Así las cosas, toda vez que en el presente asunto la demandante se encontraba vinculada en el servicio docente con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, esto es, antes del 26 de junio de 2003, pues su vinculación se efectuó el 27 de agosto de 1986 (folios 66 y 67), se colige que en lo correspondiente al régimen pensional de esta, se rige por la Ley 91 de 1989.
Sin perjuicio de lo anterior, dado que la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que el régimen de los docentes corresponde al mismo que se aplica a los empleados públicos del orden nacional, las prerrogativas que regulan las pensiones de invalidez y jubilación en el presente asunto se encuentran señaladas por la Ley 33 de 1985 y los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
En conclusión: En el presente caso toda vez que la demandante ingresó al servicio docente con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 el régimen para el reconocimiento pensional se encuentra señalado en la Ley 33 de 1985 y en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
Incompatibilidad entre la pensión de jubilación y la pensión de invalidez
Determinado que en el presente asunto el régimen pensional de la demandante, en particular lo concerniente a la pensión de jubilación, es el regulado por la Ley 33 de 1985, así como en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, advierte la Subsección que dichas normas señalan la incompatibilidad entre la pensión de jubilación y la de invalidez.
Al respecto, el artículo 31 del Decreto 3135 de 1968 indicó que las pensiones de jubilación, invalidez y retiro por vejez, son incompatibles entre sí y el empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya concurrencia de ellas en los siguientes términos:
«[…] Las pensiones de jubilación, invalidez y retiro por vejez son incompatibles entre sí. El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya concurrencia de ellas. […]»
Ello tiene su razón de ser en la prohibición consagrada desde la Constitución anterior de percibir más de una asignación que provenga del tesoro público conforme el artículo 128 de la Constitución Política, disposición ratificada por el artículo 88 del Decreto 1848 de 1969, así:
«[…] ARTICULO 88. INCOMPATIBILIDAD. Las pensiones de invalidez, jubilación y retiro por vejez, son incompatibles entre sí. En caso de concurrencia del derecho a ellas, el beneficiario optará por la que más le convenga económicamente. […]» (Subraya la Sala).
Por su parte, la Ley 100 de 1993 al consagrar las características del Sistema General de Pensiones en el artículo 13, literal j) señala: «Ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez».
En las anteriores condiciones, se presenta incompatibilidad entre las pensiones de jubilación e invalidez bien sea de origen común o profesional, pues el ordenamiento jurídico restringe dicha posibilidad y no pueden ser disfrutadas conjuntamente por las siguientes razones:
1.- Tienen su origen en una misma relación laboral;
2.- Están condicionadas a los aportes que la demandante realice al Sistema General de Seguridad Social;
3.- Su finalidad es la misma, es decir, mientras la pensión de vejez tiene como objeto cubrir la pérdida de la capacidad de trabajo por haber llegado la persona a la vejez, la pensión de invalidez se encamina a cubrir la pérdida de la capacidad laboral pero ya en razón de la invalidez, es decir cumplen la misma función protectora para permitir la subsistencia de la persona sea por su condición de vejez o invalidez.
Aplicados los razonamientos normativos y jurisprudenciales al presente caso, se observa lo siguiente:
A través de Resolución 04886 del 23 de diciembre de 2004, obrante de folios 97 a 98 el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconoció a la señora Rosa Marleny Ríos López, pensión de invalidez, por la pérdida de capacidad laboral del 96%, a partir del 11 de octubre de 2004.
En el mismo acto administrativo se advirtió que mediante Resolución 1095 de 6 de octubre de 2004 la demandante fue retirada del servicio el 11 de octubre de 2004.
De folios 51 a 55 se aportó la Resolución 3196 del 21 de junio de 2012, mediante la cual la Secretaría de Educación de Bogotá en representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en cumplimiento de un fallo judicial, ajustó la pensión de invalidez. Dicho acto administrativo fue aclarado a través de Resolución 4060 del 19 de julio de 2012, visible a folios 56 y 57. Aclarada nuevamente por medio de Resolución 5717 del 18 de septiembre de 2012, obrante a folios 58 y 59.
De igual forma, a folios 65 a 68, se aportaron los Formatos Únicos para la Expedición de Salarios y de Historia Laboral de los años 2003 a 2004, así como los factores salariales devengados por la demandante en los citados años.
De folios 101 a 103 se encuentra que el 31 de mayo de 2015 la demandante solicitó ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.
La prestación peticionada, fue negada por medio de Resolución 6105 del 29 de octubre de 2013, conforme se observa de folios 3 y 4 del expediente, por parte de la Secretaría de Educación del distrito de Bogotá, en representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que consideró:
«[…] De acuerdo con la norma citada, la pensión por invalidez reconocida al (la) señor (a) ROSA MARLENY RIOS (sic) LOPEZ (sic) es incompatible con la pensión de jubilación solicitada por el (la) educador (a). […]»
A folios 73 y 105 del expediente se observa que la señora Rosa Marleny nació el 28 de septiembre de 1957.
Ahora bien, una consecuencia lógica de la invalidez absoluta es que al funcionario impedido se le reconozcan las prestaciones económicas y asistenciales a que haya lugar, entre ellas la pensión de invalidez como ocurrió en el presente caso; sin embargo, a la entidad demandada le era imposible proceder al reconocimiento de la pensión de vejez solicitada por la demandante, toda vez que las pensiones pretendidas en el presente asunto provienen de una misma causa, esto es, de los aportes a pensiones efectuados por la demandante al Sistema General de Seguridad Social y tienen la misma finalidad, es decir, cubrir la pérdida de capacidad de trabajo.
Sumado a lo anterior, no existe norma que consagre expresamente la compatibilidad entre la pensión de invalidez y la pensión de jubilación, por el contrario, tal como se indicó en acápites anteriores, los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 expresamente la prohíben.
Por tanto, como lo ha señalado esta Corporación en reiterada jurisprudencia, la señora Ríos López tiene la posibilidad ante la administración de optar por la que más le convenga económicamente, siendo una actuación administrativa ajustada al ordenamiento jurídico, pues la norma la faculta para escoger cuál de esas pensiones le es más favorable. Lo anterior de conformidad a lo consagrado en los artículos 31 y 88 de los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, respectivamente, y por tanto, no se vulneran principios constitucionales como el de favorabilidad o derechos adquiridos.
En conclusión: Conforme a la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado y con base en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 normativa aplicable a los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003 existe incompatibilidad entre las pensiones de jubilación e invalidez toda vez que cumplen con la misma finalidad, es decir la pérdida de capacidad de trabajo.
En el presente caso, toda vez que a la demandante se le reconoció pensión de invalidez, no es procedente el reconocimiento de la pensión de jubilación de forma concurrente. No obstante, conforme a la reiterada jurisprudencia de esta Corporación la demandante puede ante la administración optar por la que más le favorezca.
Segundo problema jurídico
¿Es procedente aplicar el criterio desarrollado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de 1 de diciembre de 2009 que refiere la posibilidad de percibir simultáneamente la pensión de jubilación y la de invalidez?
La Subsección sostendrá la siguiente tesis: No es procedente aplicar el criterio desarrollado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con base en los siguientes argumentos.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de 1.º de diciembre de 2009 dentro del proceso radicado 33558 señaló la compatibilidad entre las pensiones de jubilación y la de invalidez. Para el efecto, indicó:
«[…] Ciertamente, si una de las bases de la línea jurisprudencial de la Corte sobre el tema de la incompatibilidad entre una pensión de invalidez y otra de vejez, ha sido la afectación de la sostenibilidad del esquema de seguridad social, diseñado sobre principios como los de la unidad y la universalidad, en el caso presente tal argumento se desvanece, dado que, se reitera, la jubilación está a cargo del empleador, y la de invalidez, será cubierta por una entidad que sí forma parte del Sistema.
Desde otra óptica, pero dentro del mismo contexto, conviene decir que la pensión de jubilación contemplada en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, es una obligación pura y simple, que nace a cargo del empleador, una vez concurran las exigencias allí previstas, y no se encuentra sometida a condición extintiva o resolutoria diferente a la generada en el reconocimiento de la prestación por vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales, siempre y cuando, desde luego, confluyan los requisitos establecidos por los reglamentos respectivos; de no suceder así, cuando el ISS no lo subroga por alguna circunstancia, la pensión de jubilación a cargo del empleador se torna vitalicia, y se transmite a las personas llamadas a sustituir en el goce del derecho al jubilado. Ninguna otra hipótesis consagra la ley como susceptible de enervar los efectos de la concesión de la pensión jubilatoria, ni tampoco, como impedimento de ese reconocimiento una vez se han reunido los requisitos previstos.
[…]
Las pensiones de jubilación y de invalidez son compatibles, pues el sujeto pasivo de esas obligaciones es diferente, siendo que además, la segunda no está destinada a mutar la pensión de vejez, puesto que ampara un riesgo diferente. En consecuencia, la sentencia cuestionada no incurre en la trasgresión jurídica que le enrostra la censura, sin que sobre anotar que el interés que le asiste al ente bancario accionado para solicitar la compartibilidad se ve seriamente comprometido, dado que quien eventualmente estaría interesado en la integración de las dos pensiones es la entidad de seguridad social que reconoció y actualmente paga la prestación por invalidez, dado que al momento en que asuma el pago de la pensión de vejez, será quien deba sufragar las dos prestaciones. […]»
De lo anterior se colige que la Corte Suprema de Justicia contempla la procedencia de percibir simultáneamente esas dos pensiones toda vez que:
1.- La pensión de jubilación es una obligación pura y simple que nace a cargo del empleador una vez cumpla con las exigencias legales sin que se presente impedimento legal para que se reconozca otra pensión si ésta reúne los requisitos.
2.- El sujeto pasivo es diferente y porque la pensión de invalidez no está destinada a mutar la pensión de vejez, puesto que ampara un riesgo diferente.
En el presente caso no es aplicable la posición de la Corte Suprema de justicia, toda vez que como lo ha señalado esta Corporación, los supuestos fácticos y jurídicos son distintos, en la medida que las pensiones pretendidas en el presente asunto acaecen de una misma causa, esto es, los aportes a pensiones efectuados por la demandante al Sistema General de Seguridad Social y tienen la misma finalidad, es decir, cubrir la pérdida de capacidad de trabajo.
Aunado a lo dicho, las referidas pensiones se encuentran a cargo de una misma entidad, esto es, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Porque contrario a lo señalado, no existe norma que consagre expresamente la compatibilidad entre la pensión de invalidez y la pensión de jubilación, pues tal como se indicó en acápites anteriores, los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 expresamente la prohíben.
En conclusión: El criterio desarrollado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de 1.º de diciembre de 2009 que refiere la posibilidad de percibir simultáneamente la pensión de jubilación y la de invalidez no es aplicable al caso concreto toda vez que los supuestos fácticos y jurídicos son distintos. Ello, porque tratándose de los docentes las pensiones de jubilación y de invalidez provienen de una misma causa, tienen la misma finalidad, se encuentran a cargo de una misma entidad y existe prohibición legal para su compatibilidad.
Decisión de segunda instancia
Por lo anterior, se confirmará la sentencia de primera instancia, toda vez que no prosperan los argumentos del recurso de apelación, pues la demandante no tiene derecho a percibir pensión de jubilación dado que ya percibe pensión de invalidez, tal y como lo consideró el a quo.
De la condena en costas
Esta Subsección en providencia con ponencia del Magistrado William Hernández Gómez sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo-valorativo para la imposición de condena en costas por lo siguiente:
El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-.
Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.
La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Por tanto, y en ese hilo argumentativo, en el presente caso se condenará en costas a la parte demandante en segunda instancia y a favor de la parte demandada, toda vez que resulta vencida en el proceso de la referencia, pues no prosperaron los argumentos del recurso de alzada y La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio intervino en el trámite de la segunda instancia tal como lo señala el ordinal 1 del artículo 365 del Código General del Proceso. Las costas serán liquidadas por el a quo en atención a lo preceptuado en el artículo 366 del citado código.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia de 4 de febrero de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que denegó las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por la señora Rosa Marleny Ríos López contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el distrito de Bogotá.
Segundo: Condenar en costas de la segunda instancia a la parte demandante y a favor de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Las costas serán liquidadas por el a quo.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa Justicia Siglo XXI.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Folios 6, 7, y 75. Hernández Gómez William, consejero de Estado, Sección Segunda. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. (2015) EJRLB. Ramírez Jorge Octavio, consejero de Estado, Sección Cuarta. Módulo El juicio por audiencias en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. EJRLB. Hernández Gómez William, consejero de Estado, Sección Segunda (2015). Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB
Folios 165 a 169 vuelto. Para tal fin citó apartes jurisprudenciales de la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2010. Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. Radicación: 17001-23-31-000-2007-00187-01 (1067-09). Folios 198 a 212. Sentencia del 1 de diciembre de 33550 del 1 de diciembre de 2009. Magistrado ponente: Camilo Tarquino Gallego. Folios 268 y 269. Ver constancia secretarial obrante a folio 270. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
Radicación 33558, Magistrado Ponente Camilo Tarquino Gallego. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 3 de mayo de 2001, número interno 2841 de 2000, Consejera ponente Ana Margarita Olaya Forero.
«[…] Artículo 81. Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres. […]». Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve Bogotá D.C., trece (13) de noviembre de dos mil catorce (2014). Radicación número: 15001-23-33-000-2012-00170-01(3008-13). Según se señaló en el acto administrativo demandado, Resolución 6105 del 29 de octubre de 2013, visible a folios 3 y 4. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 21 de julio de 2016, Consejera Ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, número interno 1793-2015 ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección A sentencia de 18 de febrero de 2016, número interno:
2415-2013, Consejero Ponente Gabriel Valbuena Hernández; iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 13 de noviembre de 2014, Consejero Ponente Gerardo Arenas Monsalve, número interno 3008-2013; iv) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 25 de marzo de 2010, Consejero Ponente Luis Rafael Vergara Quintero, número interno 3058-2004; v) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 30 de septiembre de 2010, Consejero Ponente Gerardo Arenas Monsalve, número interno 1067-2009. Radicación 33558, magistrado Ponente Camilo Tarquino Gallego. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 21 de julio de 2016, Consejera Ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, número interno 1793-2015 ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección A sentencia de 18 de febrero de 2016, número interno: 2415-2013. Consejero ponente Gabriel Valbuena Hernández.
Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:[…]»
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